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“La Corte de Constitucionalidad se está excediendo”: integrantes de Usac-Dire reaccionan a decisiones sobre elección de Walter Mazariegos
Los integrantes de la agrupación de oposición Usac-Dire, que impugna la elección de rector, consideran que las recientes resoluciones reflejan criterios políticos y advierten de posibles efectos para el sistema de justicia.
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Integrantes de Usac-DIRE durante una manifestación frente a la Corte de Constitucionalidad mientras continúan las acciones legales contra la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Jero Flores)
Luego de que se notificaran nuevas resoluciones adversas en acciones legales relacionadas con la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), este martes 3 de junio, abogados de Dignidad y Resistencia (Usac-Dire), consultados, cuestionaron el papel de la Corte de Constitucionalidad (CC), y el criterio utilizado para resolver algunos de los expedientes.
Entre las resoluciones recientes figuran seis amparos que se encontraban en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, y que fueron suspendidos por los magistrados, según las notificaciones enviadas a las partes.
Además, en días recientes también fueron notificadas otras acciones legales rechazadas, mientras que en la Corte de Constitucionalidad avanzan expedientes vinculados con la elección rectoral.
Ante este panorama, el abogado Aníbal García, integrante de Usac-Dire, afirmó que las decisiones conocidas en las últimas semanas reflejan una tendencia desfavorable para las acciones impulsadas por la agrupación.
Según explicó, también han tenido conocimiento de resoluciones relacionadas con amparos promovidos para dejar sin efecto la elección de Walter Mazariegos realizada el pasado 8 de abril.
"Nos parece que la Corte de Constitucionalidad se está excediendo, y los argumentos por medio de los cuales se rechaza y suspende esos amparos son totalmente inaceptables", afirmó.
García sostuvo que los criterios utilizados para resolver estos expedientes carecen de sustento jurídico, y consideró que las decisiones responden más a intereses políticos que a un análisis estrictamente legal.
"Creemos nosotros que la resolución tiene una carga política y no necesariamente es una resolución jurídica", añadió.
Consultado sobre el panorama que enfrentan las acciones promovidas por Usac-Dire, luego de una serie de resoluciones desfavorables, García reconoció que las decisiones adoptadas por los tribunales y por la CC representan un escenario complejo para los planteamientos de la agrupación.
"Lamentablemente, frente a las resoluciones de la Corte, nos guste o no nos guste, no podemos plantear nada […] pareciera que la propia Corte de Constitucionalidad está de rodillas frente a esos sectores vinculados con la corrupción", afirmó García.
A pesar de las resoluciones adversas, el abogado indicó que la agrupación que representa mantiene otras acciones pendientes relacionadas con el proceso electoral universitario, entre ellas mencionó amparos promovidos contra decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU), vinculadas con la integración de cuerpos electorales.
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"Un precedente equivocado"
Por su parte, Edwin Orozco, también abogado de la agrupación Usac-Dire, sostiene que las irregularidades en la elección de rector "han sido tan claras" que "ni el peor sistema de justicia podría convalidar esas arbitrariedades que se dieron a toda luz".
Orozco advirtió que una eventual validación de las actuaciones cuestionadas tendría implicaciones más amplias para el sistema de justicia guatemalteco. "El estado de Derecho en Guatemala estaría totalmente vulnerado", afirmó.
El abogado también cuestionó la forma en que algunos de los expedientes están siendo conocidos en las distintas instancias judiciales. Según su interpretación, existen etapas procesales que deberían respetarse antes de adoptar determinadas decisiones sobre los amparos.
"No se encuentra… en el momento procesal oportuno para suspender amparos" de forma definitiva, sostuvo.
A criterio de Orozco, modificar la forma en que tradicionalmente se tramitan este tipo de acciones constitucionales sentaría un precedente equivocado y afectaría la certeza jurídica que debe garantizar el máximo tribunal constitucional.
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