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Usac elige magistrados con 26 consejeros con período vencido y voto secreto

El CSU de la Usac elegirá magistrados a la Corte de Constitucionalidad con 26 consejeros con periodo vencido y bajo voto secreto, en medio de acciones legales y señalamientos de opacidad.

Fachada del edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sede de decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Consejo Superior Universitario (CSU) está convocado para votar hoy en un hotel de la Antigua Guatemala. Veintiséis de los 41 integrantes del CSU tienen vencido su periodo de representación, mientras se niega la participación a un representante de catedráticos que fue criminalizado por la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), aunque fue liberado por falta de mérito.

El CSU que este lunes elegirá magistrados a la Corte de Constitucionalidad es uno de los más cuestionados de los últimos años. No solo lo antecede la sombra de la elección anómala de Walter Mazariegos como rector, sino también la persecución contra estudiantes y profesores críticos. Además, 26 de los 41 miembros tienen vencido el plazo para ejercer su cargo, y la mayoría de ellos ha conformado una aplanadora que favorece cualquier votación.

Varias acciones legales buscan frenar esta designación, ya que el CSU ha bloqueado la elección de nuevos representantes de decanos, profesionales, docentes y estudiantes, e impide la integración de quienes sí han sido electos. Tal es el caso de Marco Vinicio de la Rosa, representante de profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, acusado en el caso denominado “Usac: botín político” en 2023, aunque fue liberado por falta de mérito.

Otras acciones legales han sido presentadas contra la convocatoria porque no se informó con anticipación el lugar ni la hora de la votación. A diferencia de 2021, cuando se promovió la auditoría ciudadana y foros públicos para conocer a los aspirantes, esta vez los expedientes y la notificación del evento fueron entregados el miércoles 12 de febrero, apenas cuatro días antes. La cita es en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, a las 9.00 horas.

Además, el CSU realizará la elección bajo total secretividad. Solo se conocerá el número de votos que obtenga cada aspirante a magistratura titular y suplente. En total son 14 aspirantes, entre ellos Leyla Lemus, actual magistrada titular electa por el gobierno de Alejandro Giammattei, y María Consuelo Porras, señalada por su actuar antidemocrático, a quien el expresidente reeligió como fiscal general.

La opacidad del proceso actual es consecuencia de un modelo impuesto desde 2021, con respaldo judicial. Ese año, Gloria Porras fue electa magistrada titular, pero se le impidió asumir con el argumento de carecer de experiencia docente, aunque la Constitución establece que ese requisito es solo preferente. También se interpusieron recursos contra el voto a viva voz.

En ese contexto, las resoluciones judiciales fueron ágiles para frenar la decisión del CSU, e incluso el Ministerio Público interrogó a varios de los consejeros. En 2022, cuando el CSU eligió a Héctor Hugo Pérez Aguilera en lugar de Porras, lo hizo de forma acelerada y con voto secreto.

Actualmente, los recursos legales no han tenido la misma celeridad para hacer cumplir un amparo que ordena renovar a los consejeros con plazo vencido.

Ana Lorena Delgadillo, del Panel de Expertos Independientes (PEI), que observa las elecciones de segundo grado, señala que la Corte de Constitucionalidad puede cambiar el rumbo negativo de la designación de magistrados en la Usac.

“La Corte de Constitucionalidad tiene el poder de cambiar el rumbo de lo que pueda pasar en la Universidad de San Carlos, porque hay amparos que ordenan el cambio de autoridades, pero no se han ejecutado. La Corte podría jugar un papel relevante y democrático en los próximos pasos de la elección. Preocupa que el poder judicial sea activo y rápido cuando se trata de bloquear procesos, pero no cuando se trata de destrabar situaciones ilegales como las que ocurren en la Universidad de San Carlos”, afirmó.

La jurista mexicana, experta en derechos humanos, advirtió que esta elección es crucial para el futuro democrático del país. “La elección de perfiles adecuados es esencial para rescatar la legitimidad de este órgano”, concluyó.

Un CSU sin oposición

Desde que Walter Mazariegos asumió como rector, la oposición en el CSU ha disminuido. Con el respaldo del Ministerio Público, se ha perseguido a estudiantes, docentes y decanos. El CSU ha avalado la expulsión de varios estudiantes críticos de la elección anómala, lo cual ha reducido aún más la participación estudiantil.

Marco de León, representante docente de la Facultad de Arquitectura, describe al CSU como un sistema “apalabrado”. Aunque fue electo en abril de 2025, asumió hasta noviembre del mismo año. Nunca recibió inducción ni bienvenida. Todas las sesiones han sido virtuales, con baja participación y sin cámaras activadas. Además, sospecha que se realizan reuniones presenciales extraordinarias a las que no es convocado.

Se identifica como parte de la oposición en un CSU dominado por una mayoría. Relata que, en la sesión del lunes 9 de febrero, se introdujeron nuevos puntos a la agenda de forma inesperada. “A última hora propusieron el traslado de profesores interinos a titulares con contrato indefinido, sin concurso de oposición ni control de calidad”, indicó.

La Usac se prepara para una nueva elección de rector, en la que votarán estudiantes, docentes y egresados. Como en 2022, se anticipa un proceso complejo, con obstáculos para la participación de planillas que buscan ser electas como cuerpos electorales.

Wider Santos, representante estudiantil de Arquitectura —con periodo vencido, pero que participará el lunes 16 de febrero para evitar sanciones—, señala que entre los estudiantes hay desesperanza. “En la Usac se repite un patrón visto en otras instituciones en los últimos años, con un irrespeto total al estado de derecho. Desde las cortes se han impuesto candidaturas, excluido electores y modificado padrones, como en el Colegio de Abogados”.

Santos y De León, así como otros consejeros que prefirieron el anonimato por temor a represalias, coinciden en que no visualizan una solución inmediata para rescatar a la Usac. Depositan su esperanza en una participación estudiantil activa que, en el futuro, permita sacar a la universidad del proceso de designación de magistrados que se ha politizado.

El CSU bajo la lupa

Entre los miembros con periodo vencido está Urías Amitai Guzmán García, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y de Administradores de Empresas desde 2004. Lleva 22 años en el cargo debido a que, en paralelo, existe el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, y no han llegado a un acuerdo para nombrar a un representante conjunto ante el CSU.

Guzmán fue electo en mayo de 2024 como representante del CSU ante la Junta Monetaria, en una elección apresurada. Fue investigado durante el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por avalar la compra presuntamente sobrevalorada de una finca en la zona 17 de la capital.

Por su parte, Carlos Humberto Aroche Sandoval, representante de los profesionales de Ingeniería, fue candidato a diputado por Lista Nacional del partido Vamos y fue designado suplente ante la Junta Monetaria, pese a no ser economista. Desde 2021 también dirige el Centro Universitario de Totonicapán.