Estados Unidos
El IRS divulgó indebidamente datos fiscales confidenciales de inmigrantes al DHS
El Servicio de Impuestos Internos compartió indebidamente información fiscal confidencial de miles de personas con funcionarios de control de inmigración.
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Las personas afectadas por la filtración de datos pueden exigir una indemnización. (Foto Prensa Libre : Annabelle Gordon/The Washington Post)
La divulgación errónea se descubrió recientemente, según las fuentes. El Servicio Interno de Impuestos (IRS, en inglés) está trabajando con funcionarios del Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en la respuesta de la administración. El IRS confirmó el informe de The Washington Post en una presentación judicial, el miércoles por la tarde. Dottie Romo, directora de Riesgos y Control de la agencia tributaria, escribió en una declaración jurada que el IRS proporcionó información confidencial de los contribuyentes, incluso cuando los funcionarios del DHS no pudieron brindar datos suficientes para identificar con certeza a una persona específica. La divulgación errónea se descubrió recientemente, según las fuentes.
Pero en una decisión controvertida, el Tesoro, que supervisa el IRS, acordó en abril proporcionar al DHS los nombres y direcciones de personas que la administración de Trump creía que se encontraban en el país ilegalmente, de acuerdo con las solicitudes del DHS. Desde entonces, los tribunales federales han bloqueado el acuerdo de intercambio de datos, al sostener que viola los derechos de los contribuyentes, aunque el Gobierno apeló esos fallos. Antes de que se anulara el acuerdo, el DHS solicitó al IRS las direcciones de 1.2 millones de personas. La agencia tributaria respondió con datos de 47 mil contribuyentes, según los registros judiciales.
Cuando el IRS compartió las direcciones con el DHS, también divulgó inadvertidamente información privada de miles de ellos de manera errónea, lo cual fue descubierto recientemente, según las personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias. En su declaración, Romo no dijo cuándo se enteró el IRS de su error. Afirmó que la agencia notificó al DHS el 23 de enero, para que comenzara a tomar medidas para "evitar la divulgación o difusión, y garantizar la eliminación adecuada de cualquier dato proporcionado al ICE por el IRS con base en información de dirección incompleta o insuficiente".
Se negó a decir si el IRS informaría a las personas cuyos datos fueron revelados ilegalmente a funcionarios de Inmigración, y señaló que el DHS y el ICE habían acordado "no inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, confiar en o actuar de otra manera sobre cualquier información que haya sido obtenida o revelada por el IRS" debido al litigio pendiente. Las personas afectadas podrían tener derecho a una compensación económica por cada vez que su información se haya compartido indebidamente. Además, los funcionarios gubernamentales podrían enfrentarse personalmente a severas sanciones civiles y penales por compartir información fiscal confidencial.
Charles Littlejohn, un contratista del IRS, se declaró culpable en el 2023 de haber filtrado las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump y de otras personas adineradas. Littlejohn fue sentenciado a cinco años de prisión.
En enero, Trump demandó al IRS por US$10 mil millones en daños y perjuicios relacionados con la filtración de Littlejohn. En una declaración, un portavoz del DHS indicó que, bajo el acuerdo de intercambio de datos, “el Gobierno finalmente está haciendo lo que debió haber hecho desde el principio”: “El intercambio de información entre agencias es esencial para identificar quién está en nuestro país, incluidos los criminales violentos, determinar qué amenazas a la seguridad pública y al terrorismo pueden existir para que podamos neutralizarlos, eliminar a estos individuos de los registros electorales e identificar qué beneficios públicos están utilizando estos extranjeros a expensas de los contribuyentes”, dijo el portavoz.
Hay poca evidencia de que los inmigrantes indocumentados hayan intentado participar en las elecciones estadounidenses, ni existe un vínculo entre los inmigrantes indocumentados y niveles más altos de delincuencia. “Con la información del IRS específicamente, el DHS planea enfocarse en hacer cumplir leyes penales que han sido descuidadas por mucho tiempo y que se aplican a los inmigrantes ilegales”, dijo el portavoz del DHS. Los portavoces del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, alegando políticas de la agencia que prohíben comentar sobre litigios en curso.
La Fiscalía General Adjunta monitorea el litigio en curso, pero no está tomando ninguna decisión al respecto, según una persona familiarizada con el asunto u que no estaba autorizada para hacer comentarios públicos. Cuando el IRS inició conversaciones con el DHS sobre el intercambio de datos, poco después de que Trump regresó a la Casa Blanca, empleados de alto rango del IRS advirtieron a los funcionarios de la administración de que el programa probablemente era ilegal y podría atrapar a personas mal identificadas, informó The Post.
El Gobierno finalmente está haciendo lo que debió haber hecho desde el principio.
Durante las primeras reuniones del proyecto, un miembro del personal de la agencia preguntó a las autoridades de inmigración cuántas personas con el mismo nombre podrían vivir en el mismo estado, según una de las fuentes, lo que ilustra lo fácil que sería para el gobierno de Trump violar inadvertidamente la privacidad de los contribuyentes, incluidos quienes no son objeto de investigaciones de Inmigración. El departamento de privacidad del IRS se mantuvo prácticamente al margen de las conversaciones, según dos de las fuentes, y su equipo de TI se encargó de implementar el intercambio de datos.
Este había sido absorbido en gran medida por funcionarios del Servicio DOGE de EE. UU., la oficina de "eficiencia" de la Casa Blanca encargada de reducir el tamaño del gobierno federal. Los funcionarios del Tesoro justificaron el acuerdo de intercambio de datos con el argumento de que las autoridades migratorias estaban persiguiendo a individuos que habían violado estatutos penales, aunque las violaciones migratorias son generalmente civiles, no penales. Según el acuerdo, el DHS le proporcionaría al IRS el nombre y la dirección del contribuyente. El IRS contrastaría esa información con sus bases de datos confidenciales y confirmaría la última dirección conocida del contribuyente.
Los funcionarios de Inmigración dijeron que el procedimiento era necesario porque el DHS carecía de información confiable para localizar a quienes la administración de Trump buscaba detener y deportar, según numerosos funcionarios del IRS y del DHS, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente el asunto. “Esta supuesta visualización no autorizada involucra información personal que los contribuyentes proporcionaron al IRS bajo la promesa de que el IRS priorizaría la confidencialidad de la información”, escribió la jueza Colleen Kollar-Kotelly, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una orden emitida en noviembre. “A un contribuyente razonable probablemente le resultaría sumamente ofensivo descubrir que el IRS ahora pretende compartir esa información de forma permisiva, ya que ha reemplazado su promesa de confidencialidad por una política de divulgación”.