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PNC y Mindef difieren sobre hechos armados en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Un informe de la PNC y declaraciones del Gobierno exponen versiones distintas sobre los hechos armados del 13 de diciembre en Nahualá, Sololá.

Glenda Burrión, Lucero Sapalú y Carlos Gómez

18 de diciembre de 2025

|

01:00h

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PNC y Ministerio de la Defensa exponen versiones distintas sobre los hechos armados del 13 de diciembre en Nahualá, Sololá, que dejaron 13 fallecidos y derivaron en el Estado de Prevención. (Foto, Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Aunque el presidente, Bernardo Arévalo, aseguró ayer en conferencia de prensa que los sucesos del pasado fin de semana en Sololá no eran un enfrentamiento comunitario, sino la intervención del Ejército ante grupos criminales con armas de alto poder, el informe de la Policía de ese día presenta una versión distinta.

El informe circunstanciado de la Policía Nacional Civil (PNC), al cual Prensa Libre tuvo acceso, contradice la versión oficial del Gobierno sobre los sucesos que se registraron el pasado sábado en Nahualá, Sololá.

La Subestación 72-1-1 de la PNC consignó en su informe circunstanciado los hechos en la aldea Pachipac, Nahualá, Sololá, en donde, según la población, murieron 13 personas. Ahí se consignó que alrededor de las 11 horas, aproximadamente 16 mujeres se presentaron en la sede policial para solicitar apoyo urgente, al alertar sobre un ataque armado contra los pobladores de la aldea y la posible existencia de personas fallecidas. Minutos después, varios hombres también acudieron a la subestación para reiterar la solicitud.

Ante la gravedad de la denuncia, agentes de la subestación en la autopatrulla SOL-128 salieron a brindar acompañamiento, mientras se coordinó apoyo con el jefe de la estación 72-4. A las 11.25 horas se sumó el jefe del núcleo de reserva de Sololá y nueve agentes, en la unidad SOL-115.

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Búsqueda en zona montañosa bajo disparos

Según el informe policial, a las 11:46 horas los agentes llegaron a la aldea Pachipac para participar en la búsqueda y rescate de cinco personas desaparecidas en una zona montañosa, donde se escuchaban detonaciones de armas de fuego de distintos calibres.

Los pobladores indicaron a la PNC que desde la cima de la montaña había personas armadas provenientes de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes, según su versión, actuaban junto a miembros del Ejército de Guatemala.

Al ascender al área, indica el documento al que tuvo acceso Prensa Libre, los agentes activaron luces de emergencia y señales acústicas para identificarse como personal policial y proceder a la evacuación de cinco personas fallecidas, cuyos cuerpos iban a ser trasladados a la escuela de la comunidad de Pachipac.

El documento señala que, pese a las señales de advertencia, los disparos no cesaron, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes policiales y de los pobladores que participaban en las diligencias.

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Entre disparos

Según el informe policial, a las 11.46 horas llegaron a la aldea Pachipac para participar en la búsqueda y rescate de las cinco personas desaparecidas en una zona montañosa, donde se escuchaban detonaciones de armas de fuego de distintos calibres.

Al ascender al área, indica el documento, los agentes activaron luces de emergencia y señales acústicas para identificarse como personal policial y proceder a la evacuación de las cinco personas fallecidas, cuyos cuerpos iban a ser trasladados a la escuela de la comunidad de Pachipac.

El documento señala que, pese a las señales de advertencia, hicieron “caso omiso a las señales de advertencia, no cesando los disparos en contra de la integridad física de la fuerza policial”.

Desde el helicóptero

El mandatario declaró que el Ejército de Guatemala no atacó a la población civil, sino que respondió con fuego defensivo tras ser atacado por estos grupos ilegales, y aseguró que durante el Estado de Prevención se buscará desarticular a estas estructuras armadas.

No obstante, el informe policial consigna que alrededor de las 14.40 horas, cuando pobladores se disponían a realizar una transmisión en vivo para documentar los hechos, se observó el sobrevuelo de un helicóptero del Ejército de Guatemala. Según la versión consignada por la PNC, desde la aeronave se habrían realizado disparos que pusieron en peligro a la población civil y al personal policial presente en el área.

Ante esta situación, los agentes informaron que realizaron coordinaciones con mandos superiores, solicitando que se notificara al Ministerio de la Defensa para que el helicóptero dejara de sobrevolar la zona y cesaran los disparos, con el fin de evitar más muertes violentas.

Posteriormente, a las 16.50 horas, los pobladores informaron que, tras los sobrevuelos y disparos aéreos, tres hombres más habían fallecido, por lo que solicitaron nuevamente el apoyo de la PNC para la búsqueda y rescate de los cuerpos.

A las 17.30 horas, los agentes retomaron las diligencias y, una hora después, localizaron otro cuerpo sin vida, que fue evaluado y trasladado a la escuela de la aldea Pachipac.

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Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Giovanni Martínez Milán, aseguró que no han sido demostrados los señalamientos en contra del Ejército y negó que se haya disparado contra civiles o de la PNC.

El funcionario explicó que el helicóptero observado en la zona fue utilizado como ambulancia aérea, con el objetivo de evacuar a los militares heridos de mayor gravedad, mientras que otros lesionados fueron trasladados a Quetzaltenango por distintos medios.

El informe policial establece que, como resultado de los hechos violentos, murieron 12 personas, aunque el día siguiente medios detallaron que el número eran de 13 fallecidos. Al terminar el documento, los comunitarios solicitaron que se mantuvieran las actividades policiales preventivas y pidieron el retiro del destacamento militar del área. 

Mientras tanto, ayer aseguró Arévalo que los hechos continúan bajo análisis, mientras se mantienen las medidas de seguridad y el Estado de Prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Violencia en Nahualá: MP sin acceso a escenarios criminales y el Inacif sin cuerpos que analizar

El MP informó que no ha podido realizar diligencias por los enfrentamientos armados registrados en Nahualá, y el Inacif asegura que no recibió cadáveres de esa zona.

César Pérez Marroquín y Andrea Domínguez

16 de diciembre de 2025

|

15:22h

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Captura de uno de los videos difundidos por el Gobierno durante una conferencia de prensa el domingo 14 de diciembre del 2025, en los que se observa a hombres armados desplazándose en una zona montañosa, en el contexto de la violencia entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto Prensa Libre: captura de video)

El Ministerio Público (MP) aún no ha logrado ingresar a los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, para llevar a cabo diligencias relacionadas con los enfrentamientos ocurridos entre el 11 y el 13 de diciembre, que dejaron al menos 14 muertos, según reportes de autoridades locales.

A través de la Fiscalía de Distrito de Sololá, el MP ha coordinado acciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y con el alcalde de la localidad para asegurar el área y facilitar el ingreso de los fiscales. El objetivo es procesar las escenas del crimen, recabar indicios e individualizar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos ocurridos contra autoridades.

“Se solicitó apoyo a la PNC, pero aún no se ha concretado”, indicó la fiscalía.

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que no ha realizado necropsias a cadáveres provenientes de la zona del conflicto. La institución aseguró que no recibió ningún cuerpo en su morgue ni se le requirió la intervención de personal forense.

“El Inacif, conforme a su mandato legal, actúa únicamente a requerimiento del MP o del Organismo Judicial, y no puede iniciar actuaciones de oficio”, señaló.

Además, indicó que todos los dictámenes forenses son enviados electrónicamente a las instituciones requirentes, que son responsables de los procesos de investigación criminal. La información que puede compartirse públicamente —cuando se trata de adultos— está limitada al nombre, edad, sexo y causa de muerte, siempre que no contravenga ninguna disposición legal. En casos de menores, solo pueden difundirse el sexo y la causa de muerte.

“En el caso de Nahualá, es posible que el MP no haya tenido acceso a los cuerpos, lo que habría impedido realizar las diligencias iniciales y, por tanto, solicitar la práctica de necropsias”, puntualizó el Inacif.

El domingo, el presidente Bernardo Arévalo de León decretó estado de prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, lo que permite a las autoridades restringir reuniones públicas, disolver manifestaciones y limitar ciertas publicaciones, entre otras medidas extraordinarias. Según medios locales, el enfrentamiento ocurrió entre miembros de ambas comunidades, inmersas desde hace más de un siglo en una disputa territorial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el ataque fue dirigido contra el Ejército por parte de grupos armados que aprovecharon esa pugna histórica para provocar violencia.

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Inicialmente se dio aviso a los Bomberos Voluntarios y la PNC sobre una persona, quien no fue identificada, que resultó herida por proyectil de arma de fuego, al parecer por balas pérdidas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 165 la ruta Interamericana, cerca de la aldea Chirijox.

La víctima, quien sufrió lesiones de bala en el frontal de su cráneo, fue estabilizada en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango para recibir atención médica especializada.

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En el mismo incidente, se reportó que un vehículo de color rojo fue alcanzado por varios disparos, aunque aún se desconocen las razones detrás de este ataque armado.

Las autoridades no determinaron la procedencia de los disparos, pero indicaron que el episodio parece estar vinculado a un conflicto territorial entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, según lo que informó la comisaría local.

Alrededor de la misma hora del incidente, unidades policiales se desplazaban hacia la zona para investigar informes de personas lesionadas y el vehículo con dañado por la perforación con arma de fuego.

Fue entonces que un agente policial también resultó herido, identificado como Ananías Ismael Retana Guevara, quien sufrió una lesión de bala en la mano izquierda mientras se encontraba a bordo del vehículo. La unidad también fue perforada por un proyectil.

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La PNC informó que se tomaron medidas adicionales en respuesta, coordinándose con el mando del destacamento de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes están en camino con vehículos blindados para garantizar la seguridad en la zona y tomar precauciones tras el ataque.

La intervención de unidades especiales del Ejército de Guatemala fue para rescatar a seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de ellos herido de bala, que quedaron retenidos durante los incidentes.

Se informó que durante el enfrentamiento también se observaron varias unidades de la PNC y del Ejército con perforaciones de bala.

Además, se detalló que para desalojar a los agentes de la zona fue necesario cerrar temporalmente la ruta Interamericana en la Cumbre de Alaska, para retomar el control.

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Rubén Téllez, portavoz del Ejército, informó que luego de la reactivación de los ataques se destacaron dos vehículos blindados para responder y evacuar a los agentes policiales.

“La tripulación del Ejército respondió al fuego y solo se reportaron daños por los impactos de bala en uno de los dos vehículos blindados”, detalló Téllez.

“Este ataque a los vehículos blindados sucedió mientras transitaban también vehículos de civiles”, describió Téllez haciendo ver el nivel de riesgo al que estuvieron expuestos los conductores y vecinos del sector.

En los videos compartidos por el Ejército se muestra el momento exacto en que los efectivos llevan a cabo la operación de rescate, en la que se escucha a uno de los soldados decir de forma angustiada “¡Falta uno, falta uno!”.

“Cierren las escotillas” y “pónganse casco” se escucha decir a otro de los efectivos castrenses que integran el equipo que rescató a los agentes de la PNC.

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El Ejército de Guatemala hizo la compra de cuatro vehículos, que recientemente fueron entregados por el presidente Alejandro Giammattei y que tuvieron un costo de Q24 millones 800 mil, según detalla el portal de Guatecompras.

“Estos son unos vehículos blindados para transporte de personal, están capacitados para transportar hasta a doce personas dentro del vehículo, todos debidamente equipados para la operación”, explicó Rubén Téllez, vocero del Ejército de Guatemala.

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Los planes del Ejército guatemalteco es ubicar cada auto en una zona con alto conflicto territorial, seleccionando para ello Ixchiguan, Tajumulco, Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.

“El tipo de misiones que va a cumplir es el transporte de personal militar en situaciones de disturbios y donde pueda estar en riesgo la integridad del personal mientras cumple otras misiones”, agregó el portavoz del Ejército.

Este tipo de vehículos robustos permiten que una docena de elementos militares se muevan en zonas de alto peligro, teniendo la capacidad para recibir y soportar armas de fuego.

“El rol principal de estos vehículos es proteger a sus pasajeros contra impactos de proyectiles de arma de fuego, objetos contundentes e incluso bombas incendiarias”, señaló.

Las Fuerzas Armadas de México también mantienen al Vehículo Táctico Pesado de Transporte de Personal “Pitbull” como un transporte clave para operaciones de seguridad en zonas de alto riesgo.

La mesa de diálogo tuvo lugar este martes 18 de enero en Santa Catarina Ixtahuacán, lugar que fue seleccionado la semana pasada mediante el uso de una moneda que fue lanzada al aíre por Giammattei en un sorteo improvisado al finalizar el evento.

En esta oportunidad hubo algunas inconformidades por parte de los representantes de dichos municipios, por lo que el mandatario intervenía para evitar que las confrontaciones se salieran de control.

“Miren, en primer lugar, señores, deveras parecen güiros”, les dijo el mandatario cuando los pobladores no se ponían de acuerdo con la agenda de la próxima reunión.

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Los inconformes alegaban que no se permitiera el ingreso de agricultores para que trabajaran sus terrenos, pero el mandatario señaló que eso aún no se ha acordado, pero que en algún momento tiene que ocurrir.

“Algún día tienen que regresar a lo que es de ellos a trabajarlo, pero si nos vamos a poner en el papel de que aquí nos sentamos y nos cerramos y nos agarramos a balzos, al primero que agarre un arma yo soy el primero en venirlo a traer y me lo llevo preso”, les dijo Giammattei en tono serio.

Agregó que “aquí vamos a hacer que se respete la ley y los derechos, pero vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a llegar a consensos, lo que no podemos permitir es que le gane el hígado a la razón, guardemos el hígado, pongamos la cabeza, porque hoy de lo que estamos hablando es de vidas humanas, y olvídense de las de ustedes, estamos hablando que si no corregimos esto vamos a ver un hijo de ustedes muerto o un hijo de otro”, dijo el presidente antes de que se diera lectura al acta.

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“Ahorita estamos llegando a un acuerdo sobre los límites, vamos caminando, ahora vamos a ver los problemas uno por uno, cuáles problemas hay. Que si es muy feo y no quiero porque es muy feo ¿Qué culpa tienen ese pobre de ser feo?, ironizó el mandatario, quien añadió que “no podemos estarnos oponiendo a que la gente haga y viva en paz, con que una persona compre un terreno y vaya a trabajarlo no implica que le esté quitando nada a nadie”.

Durante estos encuentros se acordó empezar con los estudios para la definición de los límites territoriales entre ambos municipios y se informó que se determinó que el Registro de Información Catastral haga un diagnóstico del territorio de una finca ubicada entre las comunidades Chiquisis, en Santa Catarina Ixtahuacán, y Pachutiquim, en Nahualá.

Para la próxima reunión se tiene previsto que se trate el tema de las canteras que operan en el área y los trabajos agrícolas entre comunidades, dos actividades que han detonado en conflicto en otras oportunidades.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) reconocieron la semana pasada ante diputados de oposición que comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, operan grupos dedicados al tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero y tráfico de personas.

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Ambas comunidades se han enfrentado durante décadas y analista en temas de seguridad han asegurado que, debido a la debilidad estatal, no se conoce el fondo de las diferencias que, en apariencia tienen su origen por temas limítrofes; sin embargo, en los últimos días, las disputas han subido de todo y se han cobrado la vida de por lo menos 14 personas, entre ellos dos policías y varias mujeres y niños.

El pasado 17 de diciembre, un policía fue asesinado en Nahualá junto a un campesino y el 18 de diciembre las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de 11 personas masacradas a balazos.

La matanza, aún no aclarada y por la cual ya se detuvo a tres personas, provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, una medida que limita garantías constitucionales según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y que concluye el próximo 20 de enero.

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De igual forma, el 7 de enero fueron atacados con armas de fuego nueve policías cuando realizaban un operativo en Nahualá. En el atentado murió el inspector de la Policía Nacional Civil Mauricio Canahuí.

Ambas comunidades se han enfrentado durante décadas y analista en temas de seguridad han asegurado que, debido a la debilidad estatal, no se conoce el fondo de las diferencias que, en apariencia tienen su origen por temas limítrofes; sin embargo, en los últimos días, las disputas han subido de todo y se han cobrado la vida de por lo menos 14 personas, entre ellos dos policías y varias mujeres y niños.

El pasado 17 de diciembre, un policía fue asesinado en Nahualá junto a un campesino y el 18 de diciembre las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de 11 personas masacradas a balazos.

La matanza, aún no aclarada y por la cual ya se detuvo a tres personas, provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un estado de Sitio el 20 de diciembre en ambos municipios, una medida que limita garantías constitucionales según la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y que concluye el próximo 20 de enero.

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De igual forma, el 7 de enero fueron atacados con armas de fuego nueve policías cuando realizaban un operativo en Nahualá. En el atentado murió el inspector de la Policía Nacional Civil Mauricio Canahuí.

Por lo anterior, este miércoles diputados de la bancada UNE citaron al Congreso a las autoridades de los ministerios de la Defensa y Gobernación, así como de la PNC quienes revelaron detalles de las operaciones ilegales que se registra en la zona de conflicto, pero no profundizaron en los posibles errores que se cometieron en el operativo del pasado 7de enero.

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Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, señaló que aparte de los conflictos territoriales que por años han afectado a esas comunidades hay operaciones del crimen organizado.

“Si existe crimen organizado en el sector. Las rutas se prestas para ello, sabemos que en el área hay casos de tráfico de personas y ya hay casos judicializados en el MP con personas con orden de aprehensión”, refirió el jefe policial, quien agregó que ejecutarlas es complicado por la conflictividad que afecta la zona.

Rodríguez añadió que “las rutas se prestan para el tráfico de armas. Hay tráfico de armas, lavado de dinero, hay grupos armados y hay varios antecedentes en el lugar, incluso en temas de contrabando, ya hay varios casos ya procesados en el MP”.

Rodríguez aseguró que todos los agentes de la PNC que participaron en el operativo en Nahualá iban armados y que los heridos posiblemente fueron alcanzados por proyectiles de 9mm, aunque no descartan el uso de armas largas y escopetas.

Agregó que en total hay 57 policías heridos, nueve por arma de fuego y el resto por objetos contundentes como palos y piedras. Añadió que solo hay un agente en estado crítico por una herida en el ojo, el resto está en recuperación en su hogar.

Con respecto a la presencia de grupos del narcotráfico, las autoridades aseguraron a los diputados que no hay evidencias en la zona, lo que se demuestra con la no incautación de narcóticos o la localización de plantaciones de amapola.

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“Tenemos inteligencia en el lugar y no tenemos erradicación alguna en el área porque no existe amapola. Tenemos grupos de inteligencia antinarcótica recabando información y hasta el momento no tenemos ni un indicio de que haya algún tipo de organización o delincuencia organizada en el tema de narcotráficos”, dijo Fernando Rodas, viceministro Antinarcótico del Ministerio de Gobernación.

Los parlamentarios cuestionaron al directore general de la PNC, Edwin Ardiano, sobre cuál es la naturaleza del conflicto, pero el jefe policía señaló que ese es un tema de inteligencia dejando entrever que no se pueden compartir detalles de forma pública.

“Es un tema de materia de investigación, realmente es un trabajo de inteligencia y de investigación criminal que está bajo el liderazgo del Ministerio Público”, afirmó.

De dónde saldrán los Q100 millones

El pasado martes, el presidente Giammattei ofreció Q50 millones para cada comunidad si se pone fin al conflicto, fondos que serán invertidos en temas de desarrollo, por lo que este miércoles las autoridades del Ministerio de Finanza señalaron que cuenta con fondos suficientes para cumplir con esa promesa.

Henry Reyes, ministro de la Defensa, dijo que con respecto al ofrecimiento del presidente es un tema que le compete al Ejecutivo y que ellos solo se encargan de garantizar la gobernabilidad de la zona.

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“En relación con ese ofrecimiento lo maneja directamente el Ejecutivo, nosotros como Ministerio de la Defensa damos acompañamiento al diálogo, porque estamos en un estado de Sitio y por medio del Ministerio de la Defensa se mantiene la gobernabilidad en el lugar”, añadió el funcionario, quien reiteró que los soldados no han abandona el área.

En tanto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, señaló que el presupuesto les es suficiente para cubrir ese ofrecimiento, aunque dejó abierta la posibilidad de hace readecuaciones presupuestarias para dicha asignación.

“Si tenemos los fondos, lo que tenemos que ver es qué proyectos son. Recordemos que ahí ya están trabajando en una carretera que divide los dos municipios y el presidente tiene otra visita y lo que se pretende es apoyar a la población. No son recursos que no tengamos o que tengan un destino nuevo, creo que donde falta paz y desarrollo es donde el Gobierno tienen que invertir. Tenemos un presupuesto que tienen los recursos necesarios para atender estas prioridades y si hay que readecuar, pues vamos a readecuar en los lugares más prioritarios”, comentó González.

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#CongresoGT | Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de ⁦@PNCdeGuatemala⁩ señala que en Sololá el conflicto es limítrofe, pero reconoce qué hay crimen organizado, tráfico de personas, contrabando y tráfico de armas. ⁦@prensa_libre⁩ ⁦ pic.twitter.com/3yw39Dx1cO

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) January 12, 2022

Tres de los detenidos son guardabosques de Totonicapán y se trata de Miguel Santiago Aguilar, de 21 años; Miguel Santos Barreno, 21; y Lucas Batz Vásquez, 32.

En tanto, Felipe Isaías Sohom Ajtzalam, 19, vecino de Paraxquim, Nahualá, fue el único que declaró que trabaja para una emisora local y que se dirigía a inscribirse a una universidad en Quetzaltenango cuando fue capturado.

Los cuatro fueron capturados a inmediaciones de la comunidad Chuitinabaj, jurisdicción de Totonicapán, el pasado 7 de enero, cuando pobladores de Nahualá atacaron a las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público (MP) que se dirigían a efectuar allanamientos por el caso de la masacre de 13 personas.

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En su intimación el representante del Ministerio Público argumentó que existe indicios suficientes de que los hombres pudieron haber cometido atentado, ya que habrían agredido con piedras a los agentes en la comunidad mencionada, por la cual se transita para llegar a Pachutiquim, Nahualá.

Ante esto el fiscal pidió que fueran ligados a proceso penal por dicho delito.

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Doce miembros de diferentes divisiones de la Policía Nacional Civil ofrecieron su declaración ante el juez, todos coincidieron en que los cuatro capturados agredieron a las fuerzas de seguridad con piedras, además de expresar que podían convocar a la población si no se retiraban del lugar.

La defensa técnica argumentó por su parte que la PNC cometió una arbitrariedad al detener a los tres hombres que han sido designados por la comunidad como guardabosques.

Por su parte el abogado defensor de Sohom dijo que hay contradicción en las declaraciones de los agentes policiales, ya que no coinciden los datos sobre la ubicación de su detención.

Con base en estos argumentos, el juez de primera instancia penal dictó auto de procesamiento penal por el delito de atentado ya que cualquier persona que agreda a las autoridades incurre en este delito.

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El Ministerio Público también pidió que se concediera medida sustitutiva de arresto domiciliar ya que no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad, a lo que accedió el juez.

Los tres guardabosques deberán presentarse para firmar el libro de asistencia a cada 15 días en el juzgado de paz de Totonicapán y Sohom de la misma forma en el juzgado de paz de Nahualá.

Edwin Norato, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien estuvo presente durante la audiencia, al respecto indicó que la institución que representa velará porque se respete el debido proceso.

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Sobre si hubo violación a los derechos de los detenidos, comentó que los hechos se aclararan en los tribunales.

Miguel García, vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, sobre lo resuelto por el juzgador, comentó que velarán porque se respeten los derechos de los detenidos y se solidarizó con las familias.

Canahuí era parte del contingente de las fuerzas especiales de la PNC que junto con fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron a esas comunidades para efectuar las diligencias judiciales, pero fueron recibidos a balazos por pobladores que se ocultaban en casas y áreas montañosas.

Varios videos de los momentos de tensión que se vivieron en el área han sido publicados en redes sociales y en algunos de ellos se ven los últimos momentos de vida del Canahuí, a quien sus compañeros tratan de auxiliar en medio de las ráfagas de balas que llegaban desde diferentes flancos.

Una circular girada por las autoridades superiores de la PNC señala que los agentes fueron enviados a ese procedimiento desarmados, aparentemente como parte de los protocoles para ese tipo de diligencias; sin embargo, no se tomó en cuenta los antecedentes de violencia de esa zona, donde, según analistas, operan bandas de atracadores y del crimen organizado.

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“Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Mauricio Canahui (…), integrante de las Fuerzas Especiales”, informó a periodistas Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, en un informe preliminar de los hechos.

Aguilar señaló que otros cuatro agentes policiales resultaron “heridos por proyectil de arma de fuego” y fueron llevados a hospitales cercanos.

El portavoz del Ejército, coronel Rubén Téllez, dijo que luego del ataque un jefe militar de la zona contactó a los pobladores tras confirmar que miembros de las fuerzas de seguridad fueron retenidos y actualmente se negocia su liberación. Horas después fueron liberados.

“Se encuentra tensa la situación, pero en calma”, reconoció Téllez.

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El pasado 20 de diciembre, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei decretó un estado de Sitio en Nahualá y en el vecino Santa Catarina Ixtahuacán, después de que 13 personas, entre ellas tres niños y un policía, fueron asesinadas en una aldea en un hecho vinculado a un conflicto de tierras.

Las víctimas de la masacre pertenecían a Santa Catarina Ixtahuacán y fueron emboscadas en una comunidad de Nahualá cuando se dirigían a recolectar maíz. Tres hombres presuntamente responsables del crimen han sido detenidos hasta ahora.

Once de los fallecidos fueron velados en un tramo de la carretera Interamericana y sus ataúdes fueron colocados sobre la vía como protesta para exigir al Gobierno resolver el conflicto que data de más de 100 años.

Se espera que en los próximos días se retome un diálogo para resolver el problema limítrofe.

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Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, ambos de Sololá, mantienen un conflicto por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, una disputa que ha generado varios episodios de violencia.

Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.

Los agentes heridos fueron trasladados por los cuerpos de socorro a diferentes puntos médicos de Sololá, esperando su recuperación. pic.twitter.com/iKKsc3XVnq

— MinGob (@mingobguate) January 7, 2022

Con información de AFP

Un contingente policías, militares y fiscales fue emboscado con disparos en una zona montañosa de Nahualá, dijo en conferencia de prensa en la capital el ministro del Interior, Gendri Reyes.

La misión se dirigía al lugar para cumplir una serie de allanamientos y capturas en el marco de la investigación de una masacre que en diciembre dejó 13 muertos, producto de un antiguo conflicto limítrofe entre Nahualá y el poblado vecino de Santa Catarina Ixtahuacán.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de un elemento de la Policía Nacional Civil, el que cobardemente fue atacado por estructuras criminales”, declaró Reyes.

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El policía fallecido fue identificado como Mauricio Canahuí, mientras que ocho agentes resultaron heridos de bala y otros 11 fueron tratados por golpes “contundentes”, agregó el funcionario.

Videos divulgados por la Policía mostraron el momento en el que varios uniformados intentaban huir por un camino de tierra subidos en patrullas o corriendo, mientras se escuchan detonaciones de arma de fuego. Otros también fueron atacados con piedras, machetes y palos.

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Los agentes se replegaron en un campamento improvisado en el km 170 la Cumbre de Alaska, hasta donde han llegado vecinos para prender fogatas y cocinas café para los policías.

A continuación, una serie de imágenes que describen lo que se vive en esa región del país.

Con información de AFP

Contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala que formaban parte de un operativo implementado durante el estado de Sitio, decretado por el Gobierno el 20 de diciembre último tras la matanza de 13 personas durante un conflicto entre esta población y Santa Catarina Ixtahuacán, fueron atacados a balazos, con piedras, machetes y bombas caseras por los pobladores.

Este lunes 3 de enero, tanto el Ejército de Guatemala como la PNC anunciaron que los elementos y agentes que estaban destacados en Nahualá fueron retirados de ese municipio para evitar más conflictividad social en el área.

Reiteraron que, debido a eso en Nahulá, no hay presencia de la PNC ni del Ejército y se está esperando el inicio del diálogo entre autoridades y vecinos para que de nuevo puedan ingresar las fuerzas de seguridad a cumplir lo que establece el estado de Sitio.

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De acuerdo con Carlos Menocal, exministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, la “replegada” de las fuerzas de seguridad “es penosa y vergonzosa” porque eso demuestra debilidad institucional del Estado, al tiempo de destacar que en esas comunidades hay presencia de grupos armados dedicados a robos y atracos de camiones con mercadería”.

“Es preocupante porque no puede ser posible que las fuerzas de seguridad se retiren y no puedan imponer la gobernabilidad y la paz en el lugar”, señaló Menocal, quien reiteró que en ese caso las autoridades hubieran aplicado todo el peso de la ley para tomar el control.

Sin embargo, dijo que “lo más preocupante fue que las fuerzas de seguridad se retiraron replegándose”.

“No es solo enfrentamiento entre comunidades, sino que hay presencia de crimen organizado y grupos armados y eso se evidencia con los enfrentamientos de ayer, donde algunos videos -publicados en redes sociales- dan cuenta que hay personas que tienen hasta fusiles de asalto”, agregó Menocal.

Dijo que “no fue correcto el retiro porque evidencia una debilidad institucional de parte del Estado, una debilidad de parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que permite que los grupos armados sigan actuando con total impunidad en el área”.

Dijo que en la zona de conflicto confluyen varias cosas: “primero el área limítrofe y segundo, mucha presencia de grupos armados dedicados a robos, asaltos en ruta y atracos de transporte de mercadería y confluyen grupos armados dedicados al trasiego de mercados ilícitos y estos grupos están en el entorno de las comunidades y toman partida en la situación”.

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El analista considera que las unidades de inteligencia del Estado no han incursionado en el área, por lo que es un escenario donde no se sabe quiénes son los actores.

“A los grupos armados les interesa la ingobernabilidad y la inestabilidad, porque de alguna manera las comunidades toman a esos grupos armados y algunas veces prestan de sus servicios y eso los empodera en el área y al final los protegen como sucede con los narcotraficantes”, añadió.

En tanto, Mario Mérida, analista en temas de defensa, considera que no hay claridad sobre cuál es el origen de problema, en el que el Estado ha tomado parte del conflicto como un tercer involucrado.

Considera que las fuerzas de seguridad lo que debieron hacer en este caso es determinar cuál es el origen del conflicto y tener claro quiénes son las personas que “verdaderamente representan a los pueblos, saber si efectivamente la resolución de este conflicto está a cargo de las autoridades ancestrales o de otros grupos como los Codedes”.

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“No sabemos si realmente están representando los intereses de las personas o de particulares que están detrás de esa situación”, agregó Mérida, quien dijo que “el Estado terminó involucrado como un tercero interesado en que se resuelva la situación, lo que hace más complejo el tema”.

A criterio de Mérida, solo hay dos cosas por hacer, judicializar el caso y respetar la resolución de un juez o que el Gobierno pida colaboración a un organismo como el PNUD para que sea un ente ajeno, porque “el Gobierno ya no es ajeno porque ha tenido que entrar, que reprimir y ha capturado personas y eso complica la resolución del conflicto”.

“Tengo esa enorme incertidumbre de cuál es la verdadera razón por la que dos comunidades se han venido enfrentando ancestralmente, pero periódicamente hay picos en donde la situación se agrava y llegan a ocurrir muertos y heridos y al final el Gobierno sale derrotado de ahí con un camión quemado, un picop quemado, soldados y policías heridos”, dijo el analista.

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A diferencia de Menocal, Mérida no se atreve a señalar que grupos del crimen organizado sean los responsables del conflicto y que “no se pude apelar como un antecedente histórico”.

Asegura que las mesas de diálogo ya no tienen credibilidad y recuerda que el vicepresidente Guillermo Castillo aparentemente dejó arreglado todo, pero no se le ha vuelto a ver.

“Esas no son comunidades pujantes, hay pobreza, la gente vive con el día día y adelantarse a hacer criterios antes de tener establecido un contexto real de sí existe poder y control de las autoridades ancestrales y no los Codedes es otro tema que hay que investigar, para saber con quiénes han está negociando la resolución del problema”, reiteró.

En los dos municipios del departamento occidental de Sololá, la PNC tiene desplegados al menos 600 agentes, apoyados por militares, luego de que el presidente Alejandro Giammattei, decidiera el 20 de diciembre, en Consejo de Ministros, decretar el estado de Sitio durante 30 días.

La medida fue adoptada luego del asesinato de 13 personas el 18 de diciembre pasado en la aldea Chiquix, del municipio de Nahualá.

Según manifestó el mandatario al declarar el estado de Sitio, la matanza, fue “obra de un grupo ilegal armado y organizado que actuó contra civiles y fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y niños en total desafío al Estado de Derecho”.

Hechos como el ocurrido en Nahualá “ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras”, enfatizó Giammattei, quien agregó que “las fuerzas del orden perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia”.

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 8 años, dos menores de 5 y 14 años; cinco mujeres de 20, 27, 30, 40 y 43 años; un hombre de 78 años y dos más de 55 y 56 años.

Con información de EFE

Medios locales han publicado videos en los que se ve como pobladores arremeten contra las fuerzas de seguridad y cómo soldados y policías salen de lugar donde fueron atacados. Otras páginas reportan que son varios agentes de la PNC heridos y retenidos.

El portavoz del Ejército, Rubén Téllez, informó que los incidentes se originaron luego de que agentes de la PNC detectaran un bus que operaba sin documentos, por lo que pobladores retuvieron un autopatrulla de esa institución y un camión del Ejército.

Añadió que los hechos se registraron en la aldea Pachipac, Nahualá, y que seis soldados fueron heridos con piedras.

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Añadió que se ha determinado que algunos pobladores efectúan disparos desde terrazas de viviendas o cerros cercanos, lo que representa un riesgo para las fuerzas de seguridad y los mismos pobladores, por lo que hace un llamado a la cordura, pues eso representa un retroceso en los diálogos que se mantienen.

El portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, señaló que los pobladores lanzaron piedras a los agentes, quienes usaron métodos disuasivos como gas lacrimógeno para ponerse a salvo.

Agregó que lo pobladores se dispersaron y que un agente resultó herido en la boca por una piedra que le fue lanzada.

Agregó que, por protocolos, los agentes no utilizan armas de fuego; además, dijo que hay al menos dos bloqueos por parte de los habitantes, con quienes se tratará de entablar un diálogo.

Añadió que se contendrá la situación con los agentes que se tienen en el área que suman unos 600, aunque también cuentan con apoyo de elementos del Ejército.

Reiteró que la situación no se resolverá con violencia y se media para restablecer el orden.  La PNC rechaza las acciones violentas y se pide a la población a que no se involucren en situaciones violentas.

El presidente Alejandro Giammattei informó el lunes 20 de diciembre que en reunión de Consejo de Ministros a la que convocó de forma urgente solicitó la aprobación de un estado de Sitio para imponerlo en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, con el fin de instaurar el orden e impedir nuevos incidentes de violencia.

Ambos municipios mantienen un conflicto limítrofe que ha dejado muertos y heridos en varios enfrentamientos armados.

El último incidente fue días antes de que se decretara el estado de Sitio, cuando 14 personas perdieron la vida en Santa Catarina Ixtahuacán.

Mientras los alcaldes de ambos municipios cabildean con autoridades del Ministerio de Gobernación para encontrar una salida al conflicto y conseguir la “paz” que, según dicen, siempre han añorado, los enfrentamientos continúan en las comunidades.

Ambos alcaldes se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Gobernación con quienes acordaron la integración de mesas técnicas de seguridad en cada municipio, por medio de las cuales esperan llegar a acuerdos y que los pobladores dejen por un lado las armas.

Pascual Tambriz, alcalde se Santa Catarina Ixtahuacán, hizo un llamado a los pobladores de ambos municipios para que cesen la violencia.

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“Se va a hablar con todos los lídere de las aldeas y caseríos que están afectados -por el conflicto- y vamos a tener una mesa de seguridad en el pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán, igualmente le dijeron al alcalde Nahualá”, dijo Tambriz.

“Yo le pido a ambos pueblos que nos quitemos la capucha y que ya no sigamos atacándonos, hay una solución legal y por medio de una mesa técnica, no con armas. Yo le pido a Dios la paz”, reiteró Tambriz.

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En tanto, Miguel Guarchaj, alcalde de Nahualá, dijo que “fue un diálogo de seguridad. Como autoridades municipales hemos pedido la seguridad permanente al Estado y esperamos que con su apoyo logremos encontrar la paz que tanto hemos deseado como municipio”.

Agregó que están abiertos al diálogo; sin embargo, resaltó que en horas de la tarde de este martes aún había enfrentamientos en algunas comunidades, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades de seguridad.

“En mi municipio estos dos días ha habido un muerto y siete heridos y el Ministerio de Gobernación tomará las acciones pertinentes, pero lo que queremos es la paz”, agregó el jefe edil.

Conflicto añejo

Los dos municipios son de la etnia, k’iche’, son de la misma raza y hablan el mismo idioma; sin embargo, viven enfrentados desde hace mucho tiempo. La razón, disputas limítrofes que se han visto alimentadas por áreas donde no es claro donde comienza y termina una comunidad. El conflicto ha dejado muertos y heridos.

El conflicto entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá se originó en 1862, cuando una comunidad de Nahualá, liderada por Manuel Tzcoc, inició un proceso para separar a Nahualá del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.

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Antes de la separación de ambos municipios, los poblados que forman Nahualá eran cantones de Santa Catarina Ixtahuacán. La separación fue el resultado de un proceso en el que las tierras del actual municipio de Nahualá estaban ocupadas y labradas por pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán, quienes paulatinamente llegaron a mantener relaciones conflictivas con las autoridades de los distintos cantones.