Juzgado de Mayor Riesgo C

Juicio por asesinato de Melisa Palacios: En qué consisten las 209 pruebas contra Fernanda Bonilla

Wed, 07 Jan 2026 01:30:00 +0000

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Juicio por asesinato de Melisa Palacios: En qué consisten las 209 pruebas contra Fernanda Bonilla

Aunque aún no se ha fijado fecha para el juicio por el asesinato de Melisa Palacios, el Ministerio Público presentó un conjunto de evidencias para sustentar su acusación contra Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle.

la Redacción

6 de enero de 2026

19:30h

El Ministerio Público detalló los 209 medios de prueba que presentará contra María Fernanda Bonilla por el asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en 2021. (Foto, Prensa Libre: Elmer Vargas)

En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, realizada el 05 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) detalló los 209 medios de prueba que presentará en el juicio contra María Fernanda Bonilla, por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón. La joven universitaria desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa y el siguiente día fue localizada sin vida en Río Hondo, en el mismo departamento.

De acuerdo con el fiscal Billy Oxóm, estos medios fueron seleccionados tras un análisis exhaustivo, técnico y objetivo de la investigación, con el fin de presentar únicamente pruebas pertinentes, útiles y relevantes para el debate oral.

Ocho peritos forenses y médicos

Entre los medios ofrecidos figuran ocho peritos, entre ellos especialistas en medicina forense, quienes declararán sobre las causas de muerte de Melisa Palacios. Según el MP, el peritaje practicado al cadáver determinó como causa directa de muerte una hemorragia subaracnoidea, derivada de un traumatismo craneoencefálico.

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También se contará con peritos toxicológicos, quienes confirmarán la presencia de acetaminofén en el organismo de la víctima, sustancia mencionada en mensajes enviados por Melisa antes de su fallecimiento. A esto se suman peritos químico-biólogos que analizaron las prendas de vestir y otros indicios recolectados.

Asimismo, declararán peritos del Inacif que recibieron y procesaron el cuerpo, así como médicos cirujanos que practicaron pruebas de sangre a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

26 testigos: familiares, amigas y agentes policiales

El MP ofreció 26 testigos, entre ellos familiares de la víctima. La madre de Melisa Palacios relatará las circunstancias de la desaparición de su hija, el hallazgo del cuerpo y aspectos relacionados con su vestimenta.

También declararán amigas y conocidos que aportarán información sobre la relación entre Melisa Palacios y Fernanda Bonilla, así como personas que mantuvieron comunicación con ambas el día de la desaparición.

El listado incluye agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP que participaron en el procesamiento de la escena del crimen, el levantamiento del cuerpo y otras diligencias iniciales. Además, se presentarán testigos que habrían recibido videollamadas de Bonilla, con el fin de corroborar que ambas jóvenes estaban juntas el día de los hechos.

Entre los medios de prueba figuran informes y documentos redactados por agentes de investigación criminal y técnicos especializados que elaboraron informes sobre perfilación de víctimas, análisis de cámaras de videovigilancia, redes sociales, posicionamiento GPS y registros de llamadas telefónicas.

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Uno de los informes centrales es el análisis telefónico, compuesto por 15 folios y un CD con archivos multimedia, imágenes y conversaciones de WhatsApp, relacionados con la extracción de información del teléfono celular entregado voluntariamente por Fernanda Bonilla, según el MP.

175 pruebas documentales y materiales

El MP ofreció 126 medios de prueba documentales, entre ellos actas de procesamiento de la escena, informes del Inacif y un registro de 65 fotografías que documentan el levantamiento del cuerpo y la individualización de indicios.

También se incluyen informes sobre indicios embalados, el destino de cada evidencia, hallazgos en prendas de vestir, la entrega voluntaria del celular de Bonilla y la extracción de imágenes de cámaras ubicadas en la vía pública.

En cuanto a evidencia física, el MP propuso 18 medios de prueba materiales, como la ropa que vestía Melisa Palacios, una piedra con manchas de sangre, teléfonos celulares, tarjetas SIM y memorias SD, los cuales deberán ser exhibidos durante el debate oral.

Además, se incorporarán 31 medios de prueba visuales, como discos con fotografías y otros archivos digitales, que serán reproducidos ante el tribunal con la intervención de peritos.

Defensa rechaza medios de prueba

Saúl Zenteno Téllez, defensor de Fernanda Bonilla, manifestó su oposición a varios de los medios propuestos por el MP, al considerar que algunos resultan abundantes, innecesarios, impertinentes o ilegales.

El abogado defensor también citó el artículo 183, que establece la inadmisibilidad de pruebas obtenidas por medios prohibidos, especialmente aquellas relacionadas con comunicaciones y archivos privados, al considerar que podrían vulnerar derechos constitucionales de Fernanda Bonilla.

Jueza admite todos los medios de prueba del MP

La jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, admitió los 209 medios de prueba que serán utilizados durante el juicio contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle.

En desacuerdo con la resolución, el abogado Zenteno recusó a la jueza al considerar que al no admitir las objeciones planteadas a algunas de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público se vulneró el derecho de defensa de su patrocinada.

La jueza rechazó la recusación y explicó que trasladará la solicitud a la sala que corresponde para el trámite que establece la ley.

Caso Melisa Palacios: Defensa de Fernanda Bonilla pide excluir pruebas del celular

Mon, 05 Jan 2026 19:42:46 +0000

JUSTICIA

Caso Melisa Palacios: Defensa de Fernanda Bonilla pide excluir pruebas del celular

La defensa de Fernanda Bonilla pidió excluir pruebas clave del Ministerio Público durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas por el asesinato de Melisa Palacios.

la Redacción

5 de enero de 2026

13:42h

Fernanda Bonilla conversa con su abogado defensor, Saúl Zenteno, durante la audiencia de ofrecimiento de prueba que se desarrolla el 5 de enero de 2026. (Foto, Prensa Libre: Elmer Vargas)

El caso se remonta al 4 de julio del 2021, cuando Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció luego de salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con señales de violencia, lo que motivó a su familia a activar la alerta Isabel-Claudina.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron como principales sospechosos a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes fueron capturados en agosto del 2021 y posteriormente ligados a proceso penal.

Tras casi cuatro años del inicio del proceso, este 5 de enero del 2026 se celebra la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que el nuevo abogado defensor de Bonilla, Saúl Zenteno, solicitó la exclusión de los medios de prueba obtenidos del teléfono celular de su defendida, al argumentar que cuando fue entregado al MP no se le informó que era sospechosa, lo que, según la defensa, vulneró sus derechos fundamentales.

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Defensa señala irregularidades en pruebas tecnológicas

Durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el abogado Zenteno cuestionó los medios probatorios presentados por el MP, especialmente la extracción de información de los teléfonos celulares.

El defensor argumentó que el ente investigador excedió el plazo autorizado por el juez para realizar dichas diligencias, por lo que, a su criterio, la información obtenida no debería considerarse prueba, al compararlo con los plazos legales para allanamientos. Según explicó, los tiempos autorizados datan de julio del 2021 y no fueron respetados.

Zenteno también señaló que existe una solicitud fechada el 9 de junio, relacionada con la extracción de información del teléfono de Bonilla, la cual, según indicó, fue realizada antes del fallecimiento de la víctima, lo que a su juicio genera inconsistencias procesales.

Alegan vulneración de derechos fundamentales

Respecto al teléfono celular de Fernanda Bonilla, la defensa sostuvo que cuando el dispositivo fue entregado al MP, no se le informó que figuraba como presunta implicada, lo que habría vulnerado su derecho de defensa y la presunción de inocencia.

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El abogado aseguró que se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y el debido proceso, por lo que solicitó la exclusión de estas pruebas, al considerarlas ilegales por falta de autorización y por haberse practicado fuera del plazo fijado por el juez.

Traslado del caso y envío a juicio

En junio del 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó el traslado del expediente a la capital, al considerar que existían riesgos para la imparcialidad del proceso. Posteriormente, el 2 de septiembre del 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió enviar a juicio a ambos sindicados, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, el querellante adhesivo y la defensa.

Entre los principales indicios presentados por el MP figuran las últimas comunicaciones entre Palacios y Bonilla, así como un audio grabado minutos antes del crimen, considerado una pieza clave dentro del expediente y que su actual abogado está solicitando que sean descartados como pruebas.

Audiencia de ofrecimiento de pruebas continúa en proceso

Al cierre de esta nota, la audiencia entró en receso para que los sindicados pudieran almorzar y estaba previsto que se retomara a las 14.30 horas.

La jueza Carol Berganza deberá resolver si acepta la solicitud planteada por el abogado defensor de Fernanda Bonilla.

Caso Melisa Palacios: jueza fija fecha para audiencia de ofrecimiento de prueba

Thu, 27 Nov 2025 00:07:23 +0000

justicia

Caso Melisa Palacios: jueza fija fecha para audiencia de ofrecimiento de prueba

La jueza Carol Berganza cita a Fernanda Bonilla y Luis Marroquín para el ofrecimiento de prueba en el caso Melisa Palacios, paso previo al juicio por su asesinato.

la Redacción

26 de noviembre de 2025

18:07h

La jueza Carol Yesenia Berganza citó a las partes para continuar la audiencia de ofrecimiento de prueba el 11 de diciembre, en el proceso por el caso Melisa Palacios. La fotografía corresponde al 2 de septiembre durante la audiencia de etapa intermedia. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González)

La jueza Carol Yesenia Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, le notificó a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín que la audiencia de ofrecimiento de prueba será el próximo 11 de diciembre a las 9 horas, en el proceso por el asesinato de Melisa Palacios.

La juzgadora convocó el 24 de noviembre a las partes para retomar la etapa procesal pendiente.

Aunque la defensa mantiene dos amparos en trámite contra la jueza, el abogado Juan Carlos Aquil explicó a Prensa Libre que la jurisprudencia establece que estos recursos no suspenden el proceso principal, por lo que no existe impedimento legal para que la audiencia continúe.

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El 9 de diciembre, Bonilla y Marroquín deberán exponer sus argumentos relacionados con los amparos, y dos días después se llevará a cabo la diligencia en la que se conocerán las pruebas en su contra.

¿Qué es una audiencia de ofrecimiento de prueba?

Según el artículo 343 del Código Procesal Penal, en esta audiencia la parte acusadora —el Ministerio Público (MP) y el querellante adhesivo, representado por el Instituto de la Víctima— presenta y detalla los medios de prueba que buscará utilizar en el juicio, como testigos, peritos, documentos y otros elementos relevantes.

La defensa puede objetar las pruebas ofrecidas por la fiscalía. Luego, el juez evalúa y decide cuáles medios se admiten por ser útiles, pertinentes y legales, y cuáles se rechazan por resultar impertinentes, ilegales o abundantes.

El artículo 344 establece que, ese mismo día, el juez debe fijar la fecha del juicio oral y público, el cual debe desarrollarse entre 10 y 15 días después de la audiencia.

Los hechos del caso Melisa Palacios

El caso se remonta al 4 de julio de 2021, cuando Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció tras salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa. Su familia activó una alerta Isabel-Claudina, y el 5 de julio su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con señales de violencia.

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Las investigaciones del MP señalaron como principales sospechosos a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes fueron capturados en agosto de 2021 y posteriormente ligados a proceso penal.

En junio de 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó trasladar el caso a la capital por riesgos a la imparcialidad del proceso. Luego, el 2 de septiembre, el Juzgado de Mayor Riesgo C resolvió enviar a juicio a ambos señalados tras escuchar a la fiscalía, al querellante y a la defensa.

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Entre los indicios presentados por el MP destacan las últimas comunicaciones entre Melisa y Bonilla, así como un audio grabado minutos antes del asesinato, considerado una pieza clave del expediente.

Desde entonces, la defensa ha promovido recusaciones y amparos, basados en argumentos que ya han sido declarados sin lugar.

Con la nueva fecha para el ofrecimiento de prueba, el proceso entra nuevamente en una fase decisiva, paso previo al juicio que determinará la responsabilidad penal de los acusados.

Caso Melisa Palacios: Chats y videollamada revelan los momentos previos al crimen

Fri, 05 Sep 2025 14:00:00 +0000

Guatemala

Caso Melisa Palacios: Chats y videollamada revelan los momentos previos al crimen

Los mensajes y una videollamada muestran según la Fiscalía cómo se planificó el asesinato de Melisa Palacios. La vestimenta, amenazas y coordenadas del crimen: todo quedó registrado.

Sandy Pineda

5 de septiembre de 2025

08:00h

El MP sostiene que el asesinato de Melisa Palacios no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una planificación previa que se evidencia en mensajes. (Foto Prensa Libre: cortesía/Juan Diego González)

En la audiencia de etapa intermedia del caso Melisa Palacios, un representantes del MP y del Instituto de la Víctima expusieron que los mensajes y videollamadas previas al crimen ocurrido en 2021 podrían evidenciar indicios de planificación y premeditación.

Según el MP, desde la noche del 3 de julio del 2021, María Fernanda Bonilla y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, acordaron “tomar ciertas acciones” que culminarían en el asesinato de Melisa.

Paralelamente, la acusada intercambiaba mensajes con la víctima: “la planificación y concertación que en algún momento se estaba plasmando a través de los dispositivos móviles y así mismo a través de los hechos”, declaró el fiscal del MP.

Los testimonios recabados en la audiencia permiten establecer la reunión pactada entre Melisa y María Fernanda para el día siguiente, el 4 de julio del 2021.

Según la Fiscalía, los mensajes de WhatsApp y registros de llamadas evidencian que Bonilla y Marroquín coordinaron una supuesta “cita” como señuelo para engañar a la víctima, sacarla de su casa y trasladarla en vehículo hasta un área boscosa y de difícil acceso, donde finalmente le habrían ocasionado la muerte.

Los fiscales también hicieron hincapié en que los acusados contaron con tiempo suficiente para reflexionar antes de ejecutar el crimen.

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La videollamada que mostró a la víctima

Durante la audiencia, se destacó que la víctima llevaba un vestido verde, un dato confirmado por los testigos.

Una amiga relató que recibió una videollamada de Bonilla desde el vehículo en el que transportaba a Melisa: “Lo curioso es que era una videollamada en la que ella no se miraba sino que estaba enfocando a alguien, y quién era esa persona. Era la víctima, quien venía caminando para poder ingresar al vehículo en el cual se dirigía María Fernanda Bonilla Archila”.

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El recorrido documentado por cámaras de seguridad mostró paradas, cambios de dirección y lapsos prolongados entre cada movimiento. Para el MP, estos intervalos demuestran que hubo oportunidad de desistir, lo que contradice cualquier versión de un arrebato.

El fiscal explicó que ambos se dirigieron a un terreno despoblado: “se posicionan en un terreno con arbusto, ubicado en el basurero en camino de terracería… lugar donde en este caso, María Fernanda Bonilla Archila, conjuntamente con José Luis Marroquín, agrede, en primera línea, de forma verbal, y posteriormente de forma física a la señorita Melisa Palacios”.

La brutalidad del crimen también fue descrita. Peritajes forenses confirmaron que Melisa fue asfixiada, arrastrada más de 22 metros, obligada a atravesar un alambre de púas y, finalmente, golpeada en la cabeza con una piedra hasta provocarle fracturas fatales.

Además, los acusados exigieron la contraseña de su celular y grabaron audios, lo que a criterio del MP demuestra que actuaron con un objetivo instrumental y calculado, más allá de la agresión física.

El examen forense confirmó que Melisa estaba viva al momento de ser estrangulada: “la víctima, previo a darle muerte con un objeto contuso, fue sometida a circunstancias y hechos de violencia y vejámenes, y derivado a eso fue sometida a un proceso de estrangulación“.

“Efectivamente, se logra establecer que presentaba un surco, una marca que deja en algún momento un material, que pudo haber sido un lazo o pita”, detalló el fiscal.

Enviados a juicio

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió el 2 de septiembre del 2025, enviar a juicio a Bonilla y Marroquín, señalados como responsables del asesinato de Melisa, ocurrido en un paraje despoblado de Río Hondo, Zacapa.

La investigación apunta a un asesinato premeditado, sustentado en mensajes, videollamadas, peritajes y registros de cámaras de seguridad que reconstruyen los últimos momentos de la víctima.

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Quién es Fernanda Bonilla, la acusada del crimen contra Melisa Palacios y cuál es su situación judicial

Tue, 02 Sep 2025 23:35:17 +0000

Guatemala

Quién es Fernanda Bonilla, la acusada del crimen contra Melisa Palacios y cuál es su situación judicial

Mientras su caso avanzaba en tribunales, Fernanda Bonilla, acusada de la muerte de Melisa Palacios, acaparó la atención mediática por su declaración y el uso de un celular en prisión.

Sandy Pineda

2 de septiembre de 2025

17:35h

María Fernanda Bonilla ingresa al Juzgado de Mayor Riesgo C, donde se desarrolló la etapa intermedia del caso por la muerte de Melisa Palacios este martes 2 de septiembre del 2025. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Fernanda Bonilla es señalada como la principal implicada en la muerte de Melisa Palacios, ocurrida el 4 de julio del 2021 en Río Hondo, Zacapa.

Antes de ser señalada en el caso de Melisa, Bonilla se desempeñaba como piloto aviador y, según registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), trabajó para esa institución.

Su carrera en la aviación le dio reconocimiento y formó parte de su perfil público previo a los hechos que la involucran en el proceso judicial.

Aunque algunos reportes mencionan supuestos vínculos de Bonilla con ciertos círculos de poder local, nunca se ha comprobado legalmente que tenga conexiones con redes específicas.

Cuando se reportó la desaparición de Melisa, Bonilla ofreció apoyo en la búsqueda, colaborando con familiares y autoridades.

Uso de celular en prisión

Seis meses después de su captura, en enero de 2022, mientras permanecía en prisión preventiva en Zacapa, Bonilla fue sorprendida usando un teléfono celular sin autorización.

La acusada utilizó el móvil para sostener una conversación que transmitió en vivo, en la que hacía referencia al caso, mencionaba a la familia de Melisa y se aquejaba de la atención que se había generado.

Por este hecho fue procesada y aceptó cargos en abril del 2025, inicialmente con una condena de seis años, que luego se redujo a cuatro años, nueve meses y 18 días, con la posibilidad de suspender la pena mediante el pago de Q26 mil 220.

Además, se estableció un monto de reparación al Estado de Q12 mil 273.28.

Mientras avanzaba el proceso, Bonilla declaró que actuó bajo un estado de emoción violenta en el momento del hecho.

Aseguró que el altercado con Melisa fue impulsivo y que no planeó causarle la muerte, por lo que buscaba que se le aplicara un delito menos grave que el asesinato premeditado.

Estas declaraciones fueron públicas ante los medios de comunicación, aunque aún no han sido formalmente verificadas ni aceptadas por el tribunal.

El caso avanza en el Juzgado de Mayor Riesgo C

Después de un extenso recorrido por juzgados en Zacapa y Chiquimula, y tras diversas recusaciones y acciones legales, el caso fue elevado al Juzgado de Mayor Riesgo C por decisión de la Cámara Penal en junio del 2025.

En la primera audiencia en esta última instancia legal, la jueza Carol Berganza decidió continuar con la etapa intermedia del proceso y envió a juicio a ambos acusados.

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Aunque la defensa buscaba que Bonilla se acogiera a la aceptación de cargos para reducir su pena, la jueza permitió que la audiencia siguiera en desarrollo.

Esto dio paso al Ministerio Público (MP) para presentar la evidencia y los argumentos sobre la violencia que presentaba el cuerpo de Melisa Palacios.

Inicialmente, la acusada era procesada por homicidio en estado de emoción violenta, delito que implica actuar bajo un impulso emocional intenso. Pero, la jueza determinó que tanto Bonilla, como su guardaespaldas Luis Marroquín, sean procesados por el delito de asesinato.

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¿Qué cambia para Fernanda Bonilla tras el avance del caso Melisa Palacios?

Tue, 02 Sep 2025 19:10:42 +0000

Guatemala

¿Qué cambia para Fernanda Bonilla tras el avance del caso Melisa Palacios?

Juzgado decidió enviar a juicio a Fernanda Bonilla y a su guardaespaldas por asesinato, en el caso Melisa Palacios y con eso tienen menos posibilidades de reducir su condena.

la Redacción

2 de septiembre de 2025

13:10h

La defensa de Fernanda Bonilla pidió acogerse a la aceptación de cargos, pero la jueza decidió continuar con la etapa intermedia del caso Melisa Palacios. (Foto Prensa Libre)

El Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió este martes 2 de septiembre enviar a juicio a Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por el Ministerio Público (MP) de ser responsables del asesinato de Melisa Palacios.

Con esta decisión, quedaron sin efecto la audiencia de aceptación de cargos y la revisión de medidas de coerción.

Durante la audiencia, la defensa de Bonilla solicitó a la jueza que se dictara clausura provisional del caso, con el argumento de que su patrocinada debe someterse a exámenes psiquiátricos.

El MP mantiene su acusación contra ambos procesados por el delito de asesinato y pide que enfrenten debate oral y público.

A la audiencia también se presentó Anabella Chacón, madre de Melisa Palacios, quien ha acompañado el proceso desde su inicio.

El debate estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo C

Previamente, la jueza Berganza, decidió avanzar en la audiencia de etapa intermedia antes de conocer la solicitud de aceptación de cargos que la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín esperaban, en el caso de Melisa Palacios.

La decisión de la Jueza permitía al Ministerio Público (MP) presentar todas las pruebas recabadas que sugieren que Palacios habría cometido asesinato, incluso si hubiera existido premeditación o alevosía.

Entrar a la etapa intermedia del caso significaba para Bonilla y Marroquín perder la oportunidad de acogerse a la reducción máxima de penas que permitía la ley bajo la figura de aceptación de cargos.

El procedimiento de aceptación de cargos, consignado en el artículo 491, literal C del Código Procesal Penal, establece tres beneficios para los sindicados, según la etapa en la que acepten su responsabilidad en los hechos.

¿Cómo cambia la pena según la etapa del proceso?

Si un sindicado es admitido bajo la aceptación de cargos en la fase preparatoria, es decir, antes de la etapa intermedia, se le puede reducir hasta un tercio la pena, mientras que si lo hace en la etapa intermedia solo podría obtener una reducción de un quinto de los años de cárcel.

Si la aceptación de cargos sucede durante el inicio del debate oral, solo podría beneficiarse con una reducción de una sexta parte de la pena impuesta.

En el caso de Fernanda Bonilla, que enfrenta cargos por homicidio en estado de emoción violenta, la pena contemplada es de 2 a 8 años de prisión y en un ejercicio ficticio, según el momento procesal establecido en el Código Procesal Penal, las penas mínimas y máximas podrían reducirle hasta 32 meses de prisión.

Etapa	Reducción	Pena mínima	Pena máxima
Fase preparatoria	1/3	1 año 4 meses	5 años 4 meses
Etapa intermedia	1/5	1 año 7 meses	6 años 4 meses
Inicio de debate oral	1/6	1 año 8 meses	6 años 8 meses

Asesinato

Ahora el caso de Fernanda Bonilla ya fue calificado, por un juzgado, como asesinato y no como homicidio en estado de emoción violenta.

De se hallada culpable, se aplicaría la pena que se establece en el artículo 132 del Código Penal, que es de 25 a 50 años de prisión.

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Juez Pablo Xitumul: De sentenciar a políticos, militares y pandilleros ahora destaca en la música

Sat, 28 Sep 2024 03:22:14 +0000

Comunitario

Juez Pablo Xitumul: De sentenciar a políticos, militares y pandilleros ahora destaca en la música

El juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul, conocido por sus resoluciones en casos emblemáticos en Guatemala, combina su tiempo para destacar en la música y ya suma 500 canciones.

César Pérez Marroquín

27 de septiembre de 2024

21:22h

El juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul también se dedica a la música. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla Impacto Directo)

Aunque desde niño se sintió atraído por la música, el juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul dio un impulso en su pasión por ese arte tras la muerte de madre y de uno se sus hijos, por lo que ahora distribuye su tiempo entre el Organismo Judicial (OJ) y la producción de sus melodías.

Conocido por sus resoluciones condenatorias en casos emblemáticos de corrupción, genocidio y pandillas, Xitumul ahora explota su talento musical que lo ha llevado a escribir más de 500 canciones, de las que hizo una selección de cien y de estas 20 se materializarán en una producción discográfica, según dijo el jurista durante una entrevista en el programa Impacto Directo de Guatevisión.

Durante la entrevista, el profesional dijo que en un principio fue profesor de música y recordó que desde que cursaba la primaria ya se interesaba por escribir canciones y ahora que está próximo a estrenar una producción discográfica también se aproxima la fecha de su graduación como doctor en derecho.

Xitumul fue suspendido del cargo de juez de Mayor Riesgo C desde el 13 de mayo de 2022 por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y como parte de un proceso que se sigue en su contra por un incidente con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), situación que llegó a complicar su trabajo como juez. Pese a la suspensión, acude al Tribunal para cumplir con obligaciones administrativas.

Sin embargo, dijo que la muerte de su hijo en un accidente de tránsito el 1 de mayo pasado y el fallecimiento de su madre, a quien le escribía una canción, pero no pudo concluirla, lo motivaron a explotar su pasión por la música.

Respecto a sobre qué es más complicado, si impartir justicia o escribir canciones, el juez dijo que, en su caso, le pone empeño a todo lo que hace, y eso se traduce en buenos resultados.

“No me ha costado, no ha sido nada difícil, he puesto mi empeño en todo y muestra de ello son las sentencias, y mis canciones las escribo, las releo y las repito hasta que queden bien hechas”, añadió Xitumul.

“Todo viene del ser divino, Dios dosifica y uno solo pone de su parte, porque sí me han preguntado cómo hago tiempo, pero hay canciones que las escribo en una hora, pero hay otras como ´Divina Laura´-que le escribía a su madre- la traigo escribiendo desde hace unos 15 año, para cantársela a mi madre en vivo, pero no se pudo”, agregó.

Xitumul dijo que la juventud se trae en lo interno, en la mente, en el espíritu y de ahí brota el ímpetu para hacer buenas sentencias y para la faceta de la música.

Agregó los sueños se pueden cumplir, pero hay que luchar y ante todo, conservar la humildad.

Trayectoria

Xitumul, presidente del juzgado de Mayor Riesgo C, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque la CSJ lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

Fue juez de mayor riesgo desde 2011 y durante su tiempo en el Organismo Judicial (OJ) dictó sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

Además, en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción denominado Agua Mágica.

Sin embargo, el abogado debió enfrentar procesos judiciales en su contra que finalmente lo dejaron fuera de la carrera judicial, como a muchos otros, pero que a diferencia de este, ellos salieron al exilio al denunciar persecución política en su contra.

Jueza decreta sobreseimiento de caso de militar Erick Melgar Padilla y la Fiscalía analiza acciones a emprender

Sun, 24 Sep 2023 01:26:11 +0000

La jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, decretó este 23 de septiembre el sobreseimiento del caso en contra del militar Erick Melgar Padilla quien fue señalado de obstrucción a la justicia en un caso que involucra asuntos familiares, confirma el jefe de la unidad de prensa e información del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón.

Desde febrero de 2023 la jueza había decidido cerrar el caso, sin embargo, otorgó seis meses más al MP para que fortaleciera la acusación, pero la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) a cargo de Rafael Curruchiche no presentó ningún alegato para demostrar la responsabilidad del militar y lograr enviarlo a juicio.

De acuerdo con Pantaleón por ahora el ente pesquisidor analiza las acciones a tomar en este caso que involucra al militar Melgar Padilla en una disputa familiar.

El Juzgado resolvió el 9 de febrero clausurar provisionalmente el caso Manipulación de Justicia y solicitó al MP que presentara una nueva acusación en contra de Melgar Padilla.

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El fallo de la jueza De León en febrero pasado se dio durante una audiencia en la que se determinaría si el acusado iría a juicio o no. En sus argumentos, dijo que la investigación que presentó la Feci y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) era débil y en la denuncia existían inconsistencias.

Ante la duda, De León determinó la clausura provisional y fijó un plazo de seis meses para que la Feci presentara una nueva acusación y pruebas del caso, lo cual no ocurrió hasta el 23 de septiembre.

El 19 de septiembre de 2023 Melgar Padilla se declaró inocente ante la jueza De León, y solicitó que el caso fuera cerrado para no enfrentar juicio.

Según el acusado no tuvo ninguna relación con los hechos que le imputó la Feci y la Cicig. Afirmó que los señalamientos era falsos. Criticó la investigación y dijo que “manipularon el caso para perjudicarlo”.

Melgar Padilla fue sindicado de manipular la investigación del asesinato de su padre José Armando Melgar Moreno, por motivos relacionados con disputas de propiedades. El crimen ocurrió el 9 de diciembre de 2012.

El militar fue arrestado en su casa en el Puerto San José, Escuintla, en agosto de 2018 durante un operativo coordinado por el MP, con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Lo sindicaron de obstrucción a la justicia en el caso que denominaron manipulación de la justicia.

De acuerdo con las pesquisas Melgar Padilla gestionó una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, y condicionó el curso de la misma ante el MP con el fin de involucrar como autores del hecho a determinadas personas.

De acuerdo con la Feci y Cicig en 2018, todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía, “provenían del procedimiento de manipulación de la investigación que realizaba Melgar Padilla”.

Incluso, “al inicio de la misma, algunas declaraciones de los testigos ante el MP no se llevaron en las oficinas ministeriales, sino en el en el domicilio de la víctima”.

En este caso fueron procesados Ronny Elías López Jerez, exjefe de la Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado; la abogada Dora Elizabeth Bonilla Berger; Lesbia Verónica Montufar Trejo, exfuncionaria de la Dirección General de Control de Armas y Municiones y Mynor Macario Rojas, exjefe del Departamento de Operaciones de la Secretaría Técnica de la Policía Nacional Civil.

Exministro José Luis Benito deberá continuar en prisión preventiva por el caso Libramiento de Chimaltenango, resuelve sala

Wed, 01 Jun 2022 15:33:10 +0000

Los Magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo de Apelaciones resolvieron que el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, debe continuar en prisión preventiva por el caso denominado Libramiento de Chimaltenango.

Este caso se dilucida en el Juzgado de Mayor Riesgo “C” y con la resolución de dicha sala se mantiene el fallo dictado por la jueza de Mayor Riesgo, Silvia de León, quien consideró que persistía el peligro de que el exfuncionario se dé a la fuga y evada el proceso penal.

El 6 de febrero de 2021 el Juzgado de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Silvia de León, giró orden de captura contra Benito, la segunda en su contra, por el presunto fraude en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.

Benito se entregó el viernes 21 de enero de 2022 a la Justicia que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

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El 28 de enero pasado, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal al exministro Benito por el delito de fraude. Durante la audiencia, la juzgadora recriminó al Ministerio Público (MP) porque la sindicación de la Fiscalía contra la Corrupción “es pobre”.

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El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.

El Libramiento de Chimaltenango es una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias.

Según la Fiscalía contra la Corrupción, Benito aprovechó su cargo para que la empresa Renova Ingenieros S.A. sirviera como fachada y así la constructora Conasa S.A. siguiera a cargo de la construcción del libramiento a pesar de tener impedimentos de ley por vínculos a otros casos de corrupción.

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Las pesquisas dan cuenta que el contrato con Conasa incrementó en 17 oportunidades el valor de la obra, que alcanzó una cifra de Q451 millones 737 mil, sobrepasando el 40 por ciento el valor original.

Según la investigación, Benito (en esa época) no había firmado -el 8 de octubre de 2018- contrato de modificación del tramo de vía que Conasa ya no construiría por dudas, pero ya había instruido a nuevas bases de licitación, las cuales, según el análisis de la jueza, fue un proceso que ganó Renova Ingenieros, una empresa que fue creada con capital y maquinaria de Conasa.

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Caso Libramiento Chimaltenango: Representante legal de la empresa Conasa recusa a la jueza que lleva el proceso por “enemistad grave”

Tue, 08 Feb 2022 21:24:38 +0000

Jorge Alfredo Tejada Argueta, representante legal de la entidad Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por medio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, presentó un escrito por medio del cual recusó a la juez del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, que lleva el caso Libramiento Chimaltenango.

Según se informó, en el escrito Tejada Argueta aduce tener enemistad grave con la juzgadora y con esa causal quiere apartarla de dicho proceso penal en el que se investiga la construcción del Libramiento de Chimaltenango por más de Q500 millones y en el cual el Ministerio Público considera que hubo corrupción.

Ahora, el caso se trasladó a la Sala Primera de Mayor Riesgo y ellos deben resolver la recusación.

El pasado 27 de enero del 2022, l Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción durante la construcción de libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias, informó el MP.

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Entre los 22 implicados figura Jorge Alfredo Tejada Argueta, quien era vicepresidente y representante de Conasa y quien está procesado por el delito de fraude.

Jorge Alfredo Tejada Argueta, por el delito de fraude
Carlos Enrique Figueroa Ravanales, por el delito de fraude
Rosa Isabel Caal, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Herber GeovanniI Cahuec Velásquez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Cristian Steven Martínez Yos, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Estiben Alexander Mérida Mayen, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Francisco Monzón Cute, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Joel Olcot Burrión, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Josué Venancio Orellana, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Wilson Ottoniel Puac Joj, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Rafael Sajbochol, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Carlos Alfredo Sicay, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
Vilma Patricia Duque Estrada, por los delitos de falsedad ideológica
Gustavo Alejandro Fong Araujo, por el delito de fraude
Mario Alberto Rojas Alvarado, por el delito de fraude
Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, por el delito de fraude
Yorik Alexander Campos Morales, por los delitos de manipulación de información, falsedad material y fraude
Juan José Hanser Pérez, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
José Mario Muñoz Estrada, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
Álvaro Castillo Valdez, por los delitos de falsedad ideológica y fraude
Boris Abilio Palma Montenegro, por los delitos de falsedad ideológica y fraude

La investigación del caso

La investigación del MP estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S.A. por medio de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.

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El señalamiento agrega que esta empresa carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535.34 por la Junta de Licitación.

Además, agrega que “se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35”, dinero que fue dispuesto por los señalados a través de distintas transacciones financieras, “con el fin de ocultar su destino final”.

“También se pagó estimaciones de pago en forma anticipada, con datos falsos, por renglones de trabajo no ejecutados al momento de su emisión, por el monto de Q640 millones”, añade la Fiscalía.

Exministro vinculado al caso

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, también está vinculado al Caso Libramiento de Chimaltenango.

Benito se entregó a la Justicia, el viernes 21 de enero último, que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.

El 28 de enero el exfuncionario fue ligado a proceso pese a “pobre” argumentación del MP, según jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León.

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Durante la audiencia de este viernes, la jueza Silvia de León expuso datos de la investigación de la Fiscalía y remarcó que cuando la empresa Conasa, encargada de la construcción del libramiento de Chimaltenango, tenía dudas si podía o no seguir obteniendo adjudicaciones para esa obra, el ministro José Luis Benito pidió que se publicarán bases de licitación.

Además de haber sido ligado a proceso, la jueza determinó que Benito guarde prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zabala.

“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.

Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.

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Benedicto Lucas será procesado en caso Molina Theissen

Tue, 25 Oct 2016 19:59:43 +0000

El Juzgado de Mayor Riesgo C decidió ligar a proceso a Benedicto Lucas en el caso ya abierto en contra de otros militares que habrían participado en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, en 1981.

Lucas está procesado por crímenes cometidos en la base militar de Cobán, Alta Verapaz, durante el conflicto armado interno y se suman un segundo proceso este martes.

La fiscalía sostiene que Lucas García participó en la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, hecho que ocurrió el 27 de septiembre de 1981.

El militar retirado es el quinto implicado en este caso, en el que ya están procesados Francisco Gordillo, Edilberto Letona, Hugo Zaldaña y Manuel Callejas y Callejas, quienes enfrentan cargos por los delitos contra los deberes de la humanidad. A los dos últimos también se les imputa el delito de desaparición forzada.

La desaparición de Molina Theissen

Según la información presentada por el ente investigador, el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada y de donde logró escapar 9 días después.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres elementos del ejército vestidos de particular, llegan a la casa de la familia Molina Theissen en la 6a. avenida 2-35 zona 19, La Florida, y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Durante 10 años el MP trabajó en la investigación, utilizando como medios el peritaje militar, de derecho internacional humanitario, archivístico, declaraciones testimoniales,entre otros, e individualizó responsabilidades contra cuatro integrantes del ejército en esa época.

Baldetti se queda sin abogado en caso Lago de Amatitlán

Tue, 27 Sep 2016 16:40:36 +0000

La audiencia estaba programada para este martes y los implicados llegaron al Juzgado de Mayor Riesgo C, sin embargo la ex vicepresidenta y supuesta líder del fraude por Q137.8 millones, informó que no tenía abogado que la represente.

El Juzgado de Mayor Riesgo C concedió cinco días a la ex vicemandataria para que consiga un abogado defensor y sea el 4 de octubre la acusación. Baldetti asegura que está en busca de un defensor.

“Hay abogados que me han pedido –la defensa- pero no se lo daré a cualquiera”, explicó Baldetti sobre la ausencia de un representante legal.

El juez advirtió a Baldetti que de no conseguir un representante legal que lidere su defensa, en los próximos cinco días, será representada por un abogado de oficio.

MP acusa a 15

La acusación que tiene preparada el MP implica a 15 personas en el caso Lago de Amatitlán, incluida Baldetti y su hermano.

El Ministerio Público (MP) comenzó la pesquisa del caso en marzo del año pasado, mucho antes de la denuncia que recibió, el 15 de julio del 2015, de la Intendencia de Verificación Especial por movimientos sospechosos en las cuentas de M. Tarcic Engineering.

Baldetti fue señalada por la fiscalía de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por valor de Q137.8 millones de quetzales a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd.

Su hermano, Mario Alejandro, ejerció supuestamente de intermediario entre la empresa y el Estado, y fue quien coordinó “todas las acciones” para realizar “esta operación fraudulenta”.

Mario Baldetti Elías era identificado como el jefe de la estructura, en correos electrónicos y conversaciones; era figura determinante en el nombramiento del director, subdirector, jefas de los departamentos jurídico y administrativo de Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (Amsa).

Entre las otras 14 personas implicadas en el caso está el excomisionado presidencial del Agua Pablo Roberto González Córdova, a quien se le señala de hacer creer que el proyecto para limpiar el Lago de Amatitlán, propuesto por una empresa israelí, era la única solución.

Para él, la Fiscalía pide un procesamiento por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

???Benedicto Lucas niega su implicación y pide amnistía

Mon, 29 Aug 2016 21:43:06 +0000

Benedicto Lucas, militar retirado, rindió este lunes su primera declaración por el caso Molina Theissen, en donde su defensa solicitó que se extinga la persecución en su contra por el delito de violación, pues según la defensa, este está catalogado como un hecho amnistiado por el decreto 8-86.

El juez Víctor Hugo Rivera Ríos, a cargo del proceso, dio un receso de 30 minutos para analizar la petición de Lucas, sin embargo le rechazó esa solicitud, por lo que seguirá señalado de violación.

En su declaración, el militar retirado rechazó los señalamientos que el MP hace en su contra y dijo que le “duelen” los comentarios en contra de la institución porque él intentó que esta fuera digna.

“Yo no era Dios para controlar todo a pesar de que hice lo posible, eran cinco zonas militares y 35 mil efectivos” los que tenía el Ejército, manifestó.

“Si yo hubiese actuado en ese caso señor juez yo le digo castígueme, fusíleme, pero no participe”, sostuvo.

"El concepto de enemigo interno lo trajeron los oficiales que estudiaron en Estados Unidos", dice. @prensa_libre pic.twitter.com/dKCzXSsUSA

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 29, 2016

La audiencia, donde Rivera Ríos decidirá si Lucas es o no ligado a proceso, se suspendió a eso de las 13.00 horas y continuará este martes.

Según la información presentada por el Ministerio Público, el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada y de donde logró escapar 9 días después.

*Con información de Agencia EFE

Caso Lago de Amatitlán pasa a juzgado de alto impacto

Thu, 21 Apr 2016 20:35:51 +0000

La Cámara Penal aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) que considera que se trata de un caso de alto impacto, derivado de la posible vinculación de funcionarios de alto rango de la administración del Gobierno de Otto Pérez Molina.

El MP pidió el traslado del caso y la CSJ fijo para este jueves la audiencia para escuchar la petición de la fiscalía. A la diligencia acudieron los defensores de los señalados quienes se opusieron al traslado.

El juez Víctor Hugo Ríos en los próximos días recibirá el expediente y programada una nueva audiencia del caso.

Caso Amatitlán

El pasado 23 de febrero el MP capturó a 14 personas, entre ellas, al hermano de Roxana Baldetti y exfuncionarios de la Vicepresidencia, vinculados con la adjudicación de un contrato de Q137.8 millones para sanear el Lago de Amatitlán.

Baldetti, guarda prisión preventiva en la cárcel Santa Teresa por el caso La Línea; en este caso, está sindicada de asociación ilícita y fraude.

El 13 de mayo, la Contraloría General de Cuentas (CGC), accionó contra Amsa por la pérdida de Q22.8 millones que se pagaron a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd., por la fórmula; que de acuerdo a estudios científicos era solución salina. El contrato total era de Q137.8 millones.

El 10 de marzo de 2015, Arnoldo Orellana, juez de Villa Nueva, ligó a procesó por fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias a la ex vicepresidenta.

El juez también ligó a proceso a las 14 personas detenidas por este caso. Sin embargo, fue días después que el MP tomó la decisión de solicitar a la CSJ que el caso pasara a un juzgado de mayor riesgo lo cual fue aceptado este jueves.

Arma que mató a Francisco Palomo fue usada dos veces más

Wed, 16 Dec 2015 05:10:24 +0000

La pesquisa por la muerte del profesional determinó que José Luis González fue quien disparó. El 14 de septiembre le fue incautada una pistola con serie A141704.

Esta arma de fuego también fue utilizada para ultimar al empresario Faisal Antonio Aranky Rabanales y a Carlos Mauricio Aragón Garrido, el 7 y 25 de agosto últimos, respectivamente.

La primera vez que las autoridades supieron de la existencia de la pistola no fue tras la muerte de Palomo, porque el 13 de febrero de este año se denunció que había sido robada.

La pistola fue robada el 13 de febrero último, en la zona 9. Ese día se presentó la denuncia en la Policía.

Evidencias como casquillos y ojivas localizadas en los lugares donde ocurrieron las muertes de Francisco Palomo, Faisal Aranki y Carlos Aragón determinaron coincidencia, por la huella balística.

Se estableció que los crímenes fueron cometidos por la red de sicarios denominada el Patrón.

Fuente: Ministerio Público

González y Érick Augusto Tacén también serán procesados por la muerte de Aragón Garrido, según resolvió ayer el Juzgado de Mayor Riesgo C, por solicitud del Ministerio Público (MP).

Robo

Por el robo del arma es sindicado Isaac Álvarez Monzón, quien se la arrebató a Rony Castro, junto con Q10 mil, el 13 de febrero último, a las 11.30 horas, en la zona 9. Este delito le fue agregado ayer. El agresor viajaba en una moto junto con otro hombre.

La víctima había retirado el dinero de una agencia bancaria y con amenazas le exigieron el dinero y la pistola.

Antecedentes

Seis hombres enfrentan a la justicia por el caso, el cual fue trasladado del Juzgado Tercero al Juzgado de Mayor Riesgo C, por la gravedad de los hechos.

En el expediente se relata la comisión de las tres muertes y también la de José Antonio Meléndez, relator suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, ocurrida el 13 de junio del 2014.