MP investiga supuesto atentado en contra del ministro de Salud y el presidente le otorga seguridad

El Ministerio Público investiga un supuesto atentado en contra del ministro de Salud, Joaquín Barnoya quien, por órdenes del presidente, recibió seguridad y un vehículo blindado.

Pavel Arellano y Andrea Domínguez

10 de abril de 2025

|

13:13h

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Fotografía del actual ministro de salud, Joaquín Barnoya. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, investiga un supuesto atentado contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

De acuerdo con las primeras declaraciones recibidas por el ente investigador, el pasado 2 de abril el ministro se encontraba en su oficina cuando una bala ingresó por una de las ventanas, lo que habría generado peligro, ya que, según indican los testigos, “pasó relativamente cerca de él”.

La supuesta bala que impactó en una de las ventanas habría terminado dentro de la oficina del funcionario.

Los detalles a los que han tenido acceso Noticiero Guatevisión y Prensa Libre indican que, el mismo día del supuesto atentado, el ministro de Salud se presentó ante las autoridades para interponer la denuncia.

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Posteriormente, los investigadores solicitaron las imágenes de entre 28 y 30 cámaras de seguridad del edificio, con el objetivo de determinar el origen del aparente proyectil que fue localizado.

El MP indica que, hasta el momento, se manejan dos hipótesis sobre lo ocurrido: un posible ataque directo contra el ministro Barnoya o una bala perdida que pudo haber provenido de algún lugar cercano al mercado El Guarda.

Sin embargo, ese día las autoridades o cuerpos de socorro no notificaron sobre algún hecho armado ocurrido en ese sector.

Protección y carro blindado

Ante esta situación, el 2 de abril el presidente Bernardo Arévalo ordenó a Iván Carpio, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que se brindara seguridad y un carro blindado al ministro Barnoya, información que fue confirmada por fuentes de la secretaría.

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Por orden presidencial, desde ese día se le asignó al ministro ocho agentes de seguridad de la SAAS, distribuidos en dos grupos, además de un vehículo blindado.

Barnoya, quien desde que asumió el cargo ha contado con vehículo y guardaespaldas asignados por el Ministerio de Salud, ahora estará bajo el resguardo de la SAAS.

Se ha intentado obtener una postura del ministro Barnoya sobre el supuesto atentado, pero hasta el cierre de esta nota no ha sido posible.

Sin embargo, el Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud indicó que el ministro se encuentra bien y que se mantiene al frente de sus funciones.

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Análisis: ¿Cuáles son los desafíos de la nueva ministra de Salud?

Quién ocupe el cargo de ministro de Salud deberá apagar varios incendios en la red de servicios de salud pública.

Ana Lucía Ola

17 de junio de 2024

|

05:00h

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El abastecimiento en hospitales es una de las prioridades que debe atender quien asuma el cargo de ministro de Salud en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sandra Aparicio recibe un Ministerio de Salud con varios problemas que debe atender de inmediato, de acuerdo con las expectativas de los usuarios de la red hospitalaria.

La cartera en mención ha estado y sigue estando en el ojo público desde el comienzo del nuevo gobierno, en especial por la crisis hospitalaria que se complicó en enero a causa del desabastecimiento de medicamentos e insumos, y también por emergencias sanitarias como el brote del Síndrome de Guillain-Barré, que forzaron a las autoridades a tomar medidas.

Por 151 días el médico Óscar Cordón estuvo al frente de Salud y fue sustituido por Sandra Aparicio, administradora de empresas con especialización en Administración pública.

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La funcionaria afrontará retos mayúsculos, pues llega a mitad del año con un presupuesto ejecutado en un 42.63% —hasta el 14 de junio— que no ha sido suficiente para paliar las falencias estructurales del sistema de salud.

Tendrá que apagar fuegos avivados por la población que demanda servicios eficientes, con carencias en insumos y medicamentos y falta de recurso humano, además de posibles actos de corrupción en compras y contrataciones.

A ello se suma que deberá saldar el pago de una deuda millonaria con proveedores de la red hospitalaria, lo cual condiciona el suministro de medicamentos e insumos y que en anteriores ocasiones han interrumpido las entregas hasta que no reciban lo que se les debe.

Cordón también dejó firmado un convenido por US$943 millones 944 mil 469 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) destinados a adquirir medicamentos y equipo médico.

Sin embargo, está pendiente de darse el primer desembolso de US$110 millones para que el proceso dé inicio.

Dicho proyecto ahora está paralizado porque se espera que los fondos salgan de la ampliación presupuestaria que está en discusión en el Congreso o de una readecuación interna de los recursos del ministerio, pero que no dejó definido el exministro.

Asimismo, otro asunto pendiente se relaciona con reforzar el Programa de Salud Escolar, que no logra satisfacer las expectativas de los padres de familia de estudiantes del sector público, por su débil cobertura.

Entre los planes pendientes de implementar están los establecidos en la Ley de atención Integral del cáncer y en la Ley para la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas, que aprobadas en fechas recientes por el Organismo Legislativo, pero por el momento sin presupuesto para ejecutarlos.

La renuncia de Cordón, expresa Alejandro Quinteros, analista independiente, es muestra de “la falta de preparación de Movimiento Semilla para gobernar”, pues no se aprovechó el período de transición para conformar equipos de trabajo con personas conocedoras de la administración pública, y ahora, ante la presión que hay en los ministerios, se dan estas salidas.

El 13 de junio trascendió que el viceministerio de Hospitales también quedó acéfalo con la renuncia del cargo de Linda Valencia. Al igual que Cordón, la justificación para su retiro del cargo fueron quebrantos de salud.

En este marco, Quinteros prevé que cualquier inversión nueva en Salud podría retrasarse. “Se convierte en un año perdido”, y el reto para quien asuma será recuperar el ritmo en los próximos meses, hizo ver.

Por otra parte, se tendrá que cumplir con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que ordena a la referida cartera el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red hospitalaria del país.

Demandas

Entre los temas que Aparicio debe atender con urgencia están el suministro de insumos, medicamentos y material médico-quirúrgico en los servicios de salud pública; mejorar el recurso humano y que el personal trabaje con base en metas, enfatiza Carmen Salguero, analista de la Comisión de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Salguero también considera relevante la necesidad de mejorar la infraestructura y equipamiento de los distintos centros de atención, los procesos y sistemas de información, además de la planificación financiera, porque si el Congreso no aprueba la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo, no se conoce cuál sería la alternativa.

Erika Pérez, directora del Hospital General San Juan de Dios, estima importante dar seguimiento al incremento del plan de gasto, el recurso humano, el abastecimiento, infraestructura y mantenimientos del nosocomio.

A su vez, el director del Hospital Roosevelt, Luis Arturo Chávez, dice el cambio de ministro y viceministro puede representar un “retraso” en las gestiones trabajadas con las autoridades salientes, como la ampliación por Q124 millones que fue aprobada y está pendiente de hacerse efectiva.
Espera que Aparicio tome en cuenta las necesidades de los hospitales y fortalezca la atención primaria.

Renuncia ministro de Salud, Óscar Cordón, según el Ejecutivo

Quebrantos de salud habrían sido la causa para que Óscar Cordón dejara la cartera de Salud.

Óscar García y Leslie Sánchez

12 de junio de 2024

|

20:18h

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Óscar Cordón, en una conferencia de prensa cuando ra ministro de Salud. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

Fuentes del Ejecutivo informaron que el ministro de Salud, Óscar Cordón, renunció al cargo al frente de esa cartera a partir de este miércoles 12 de junio.

Añadieron que la renuncia fue por cuestiones de salud del funcionario.

Preliminarmente se conoce que tuvo quebrantos de salud la semana pasada.

Cordón asumió el jefatura de la cartera el 14 de enero recién pasado, cuando el presidente Arévalo tomó posesión junto a su Gabinete.  

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El recién pasado 6 de junio, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la República definieron la fecha y hora para interpelar a algunos ministros de Estado, entre ellos al de Salud, Óscar Cordón.

Esta decisión la tomaron legisladores luego de que el pleno con 81 votos aprobó una moción privilegiada para definir esos puntos.

Para el 25 de julio a las 18 horas estaba programada la interpelación para el exministro de Salud, Óscar Cordón, solicitada por el subjefe de Todos, Byron Rodríguez, quien señaló irregularidades en plazas en centros asistenciales del país.

Ministra interina

El Gobierno informó que de forma interina asume el cargo la viceministra administrativa Sandra Angelina Aparicio Sical.

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/2kjjgrresN

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 13, 2024

Fuentes del Ejecutivo confirman la renuncia de @DrOscarCordonGT como ministro de Salud. Preliminarmente se conoce que tuvo quebrantos de salud la semana pasada. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/OWT04IhguL

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) June 13, 2024

Salud deberá hacer readecuaciones internas para cumplir con amparo

Sin la posibilidad cercana de una ampliación presupuestaria, las autoridades de Salud tendrán que hacer modificaciones en su presupuesto para cumplir con lo ordenado por la CC.

Ana Lucía Ola, Douglas Cuevas, Mike Castillo y Andrea Domínguez

10 de mayo de 2024

|

05:00h

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Los hospitales continúan con problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El desabastecimiento de medicamentos e insumos en la red pública de salud ha impactado en la atención a la población. No solo son los hospitales, la escasez de recursos también es evidente en los centros y en los puestos de salud, tanto en el área central como en la provincia.

La falta de medicinas en los servicios ha sido expuesta por los pacientes y los médicos. Hace 15 días eran las personas diagnosticadas con cáncer las que denunciaba la falta del fármaco Trastuzumab para ser tratadas en el Hospital Roosevelt, carencias que ahora se trasladan a otras áreas del centro asistencial, como Pediatría y Laboratorio.

Pero semanas atrás era el Hospital General San Juan de Dios el que se quedó sin insumos para atender a los enfermos, al punto que se suspendieron las cirugías programadas por falta de anestesia.

Las carencias también se han visto en otros hospitales, aunque por ahora la mayoría tiene insumos para un corto plazo. Información del Ministerio de Salud indica que de los 47 hospitales de la red pública solo el de Santa Bárbara, en Izabal, tiene baja existencia de medicamentos, está en 52%. El resto se encuentra por arriba del 70%.

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Sin embargo, al evaluar el abastecimiento para tres meses, 12 están por abajo del 70%, y los más críticos son el General y el de Mazatenango. Únicamente 25 hospitales tienen en un nivel superior al 80%.

Ante dicha crisis de atención en salud, el diputado José Chic interpuso un amparo contra el presidente de la República y los titulares de los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Finanzas Públicas para que garanticen el abastecimiento en los centros asistenciales públicos.

Este 9 de mayo, Chic hizo pública una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se le otorga el amparo de manera provisional. La resolución del máximo tribunal ordena a dichos ministerios efectuar las acciones y procedimientos necesarios para asegurar la dotación de insumos médicos, quirúrgicos y medicamentos a toda la red hospitalaria del país.

Resalta la necesidad de garantizar los recursos en los hospitales General San Juan de Dios, Roosevelt y en el Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de Ixcán, en Quiché.

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“La medida busca garantizar la prestación del servicio público de salud y resguardar la salud y vida como derechos fundamentales”, refiere la CC.

Durante una citación este 9 de mayo con autoridades de Salud, el diputado mencionó que el amparo provisional le fue otorgado ante la “inacción” por parte del ministro de Salud, viceministros y directores de áreas para atender la problemática.

Solicitó a Oscar Cordón, titular de la cartera, que nombre a un equipo para que dé seguimiento al desabastecimiento. “Con este amparo no necesita la ampliación presupuestaria, porque el ministro de Finanzas está obligado a dotar de los recursos que sean necesarios para poder atender la crisis hospitalaria”, dijo el diputado.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud solicita una ampliación presupuestaria de Q3 mil 500 millones, suma de la que dependería aumentar los recursos de los hospitales para compra de medicamentos y pago de deuda de arrastre, así como dar el primer pago del convenio que se firmó con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el pasado 30 de abril, el desembolso asciende a US$110 millones.

Por otro lado, Chic también presentó una segunda acción de amparo contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el retraso en la programación de citas y cirugías, que están para 2025 y 2026. Esta acción legal ingresó a una sala laboral de la Cortes Suprema de Justicia.

¿Qué hará Salud?

Cordón señaló que para dar cumplimiento al amparo desde la cartera se “monitorea” el abastecimiento en los servicios de la red pública, no solo de medicamentos sino también de suministros y equipo médico.

“Seguimos con el análisis financiero con el convenio que hemos firmado con UNOPS, que nos garantizará las compras de volumen del mayor segmento de medicamentos necesarios para dar esta atención”, dijo el funcionario.

Cordón refirió que para garantizar el derecho de salud a la población estarán en estrecha comunicación con el Ministerio de Finanzas para poder obtener los recursos suficientes que les permitan prestar el servicio a la población, fondos que provendrían de una ampliación presupuestaria que el gobierno solicita.  

Una alternativa que tardará varios meses, pues el titular de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que será en agosto que pedirá al Congreso de la República una ampliación de Q14 mil millones.

De no contar con esos fondos adicionales, el ministro de Salud indicó para garantizar el cumplimento del amparo en el corto plazo se tendría que “hacer revisiones permanentes del presupuesto identificando las áreas que puedan ser susceptibles a modificaciones y ajustes, y en algunos casos recortes”.

Sin embargo, el funcionario no especificó qué rubros o acciones se verían afectadas con esas modificaciones en el presupuesto.

Agregó que en los hospitales Roosevelt y el General San Juan de Dios se tienen conformados varios equipos con los mismos proveedores de medicamentos e insumos, y que se han realizado procesos de levantamiento de cotizaciones y de compras, algunos se han “caído”, pero se hacen los análisis para establecer qué sucedió en estos casos.

“Están ustedes siendo la punta de lanza en un proceso que va a transformar la relación entre el Mspas y comunidades en todo el país para corregir olvido históricos, discriminaciones y exclusiones históricas”, declaró el mandatario Arévalo.

Las políticas de salud serán enriquecidas con base en los conocimiento ancestrales, además que este es el inicio del diálogo permanente que las autoridades del Ejecutivo aseguraron desde el inicio del proceso de transición de mandó.

“Nosotros como Movimiento Nacional de Comadronas Vamos a seguir vigilante también, y seguimos proponiendo que esta coordinación horizontal , armónico y de respeto mutuo vamos a insistir hasta que el personal de salud cambie su actitud”, indicó Magdalena Cholotío.

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“Es esencial rediseñar estos servicios de manera que se adapten a la diversidad de comunidades, de familias y de personas que son sus usuarios, sus beneficiarios”, señaló Arévalo.

Añadió que uno de los desafíos en la salud es la adaptación cultural del servicio. Espera que las políticas puedan ser enriquecidas con las prácticas ancestrales y que estas mismas sena aprovechadas.

El presidente refirió que esta iniciativa es positiva “tanto para fortalecer la salud a nivel comunitario como para edificar un consenso nacional robusto en el ámbito de la salud”.

El alcance del Pacto es que el rol de las comadronas sea más activo en los centros de salud, así como que exista la posibilidad de que la población sea atendida en su idioma materno.

“Hoy lo estamos haciendo acá, construyendo sobre la base de los diálogos que se han venido desarrollando y el esfuerzo que se ha hecho En el área departamental de salud, el ministro ha trazado la ruta para que en el tema de salud vayamos, sigamos trabajando en todo el país”, resaltó.

Participaron las autoridades del Ministerio de salud, como el titular Oscar Cordón y el director del área de salud de Sololá, Eliú Maza.

“Ya tenemos una lista básica de medicamentos generales y medicamentos trazadores, Y ello junto con el pueblo poder aumentar y incrementar esa lista”, agregó Maza.

Visita a Sololá

Esta visita es la primera que realiza Arévalo como presidente. En el proceso de transición la alcaldía indígena del departamento fue relevante en los movimientos ciudadanos que apoyaron la toma de posesión de Arévalo y el plantón frente al Ministerio Público.

Al evento fueron invitados las autoridades ancestrales como los 19 jefes ediles  del departamento. Algunos de ellos también firmaron el Pacto como testigos del acuerdo.

Algunos alcaldes que lograron ser electos por Vamos comentaron a Prensa Libre que estaban en descontento con el gobierno central, pues les convocaron a la actividad, pero no fueron mencionados entre los saludos protocolarios.

Según el funcionario, el 85% de los pacientes que han sido ingresados a un hospital por covid-19 del 20 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022 no tenía ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Por ello, insistió en la necesidad de vacunar a la mayoría de la población para prevenir complicaciones al momento de contagiarse con la enfermedad.

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“La vacuna no mata, al contrario, está salvando vidas” aseguró Coma y explicó que considera que la inoculación es la manera más eficaz de combatir la variante ómicron.

Según las autoridades de salud, la variante ómicron solo ha provocado hospitalización en el 1.4% de los casos, muy por debajo de lo que provocaba la variante delta, que era de 4 a 5%.

En las últimas horas, se han observado largas filas de personas buscando recibir la vacuna contra el covid, pero han tenido que realizar filas por varias horas debido a la afluencia y a problemas con el sistema de registro del Ministerio de Salud.

Vacunación atrasada

Pese al llamado del ministro de Salud, quien asegura que hay vacunas suficientes en el país para avanzar en el proceso, Guatemala está rezagada en comparación con los países de la región.

Los datos oficiales del Ministerio de Salud son que hasta el viernes 7 de enero, 6.6 millones de personas ya habían recibido la primera dosis y de estas, 4.8 millones ya completaron el esquema de vacunación.

Respecto a la tercera dosis, 199 mil 827 personas la han recibido en Guatemala.

Pero, en Centroamérica todos los países han vacunado con al menos una dosis al 50% de su población, excepto Guatemala que solo ha alcanzado el 36%.  Costa Rica es el más avanzado con 77%.

Mientras tanto, con las dos dosis aplicadas, Guatemala también es el último lugar con tan solo el 26%. Mientras que Costa Rica ya alcanzó el 69% y El Salvador el 64%, según datos de ourworldindata.org.

Entre algunos de los problemas actuales destaca un Plan Nacional de Vacunación que comenzó en febrero pasado, y que a decir de los fiscalizadores en materia de salud ha priorizado a comunidades urbanas olvidando las provincias.

Otro de los problemas es el colapso en la red hospitalaria. Los hospitales están completamente llenos, sin medicamentos y aquellos que aún cuentan con insumos en sus bodegas no tienen el personal médico para que se haga cargo de aplicar los tratamientos.

Los diputados con la aprobación del decreto 11-2021 esperan que la crisis se mitigue en los próximos meses, ya que dan mayores facilidades de compras y contrataciones al MSPAS y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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Trabajo con ONU

El Seguro Social ha trabajado con la Oficina de Naciones de Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en el combate a la pandemia, lo que les ha llevado a almenos ahorrarse Q100 millones en la compra de medicamentos e insumos que están fuera de Guatemala.

La nueva ley le dice al MSPAS en su artículo 4 que “deberá de gestionar convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas para realizar sus adquisiciones”, donde Unops podría ser la alternativa más cercana por la experiencia ya tienen con el IGSS en el combate del covid-19.

Andrea Calvaruso oficial de Unops para Guatemala afirma que están dispuestos a trabajar en busca del bien común, por lo que están anuentes a cualquier tipo de acuerdo de trabajo en que pueda estar interesado el Ministerio de Salud.

“Somos una agencia del sistema de Naciones Unidas que es una representación de los países y estamos para apoyar a los países, claramente con mucho entusiasmo vamos a ver cómo podemos ayudar. Tenemos convenios de colaboración con el IGSS pero no con el MSPAS, con el Seguro Social hemos ayudado a tener abastecimiento de medicamentos para el tratamiento del covid, insumos de protección personal, insumos y ahora estamos construyendo unos hospitales modulares”, explicó Calvaruso.

Esta unión de fuerzas podría ayudar a que los hospitales nacionales cuenten con las medicinas suficientes, pero existe otra metodología que también podría ser útil según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y es continuar con la aplicación del Módulo Sugerido de Compra.

Compra estratégica

Aunque el Pleno del Congreso no aprobó una enmienda que buscaba dar transparencia al gasto de los recursos públicos que serán utilizados en esta ley temporal, esto no significa que una de las herramientas que utiliza el MSPAS quedará fuera.

Al menos esa es la lectura de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, institución que en 2016 propuso al MSPAS una herramienta titulada Modulo Sugerido de Compra, un sistema computarizado que permite compras estratégicas en los hospitales.

Actualmente este método ya se aplica en 45 centros asistenciales, gradualmente se implementará en todos los hospitales tras un acuerdo gubernativo emitido en el 2019.

La enmienda rechazada buscaba que se emitiera un acceso público para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a las compras para llenar las bodegas hospitalarias, aunque la mayoría de diputados le dijo no a ese insumo de transparencia.

Pero Zapata indica que la metodología se continuará usando, destacando que en los años que ya lleva esta herramienta le ha permitido al Estado de Guatemala ahorrar una cantidad considerable de dinero al ejecutar compras con más análisis.

“Ha sido transformador. Le diría que primero ha generado un ahorro al sistema de salud por casi Q350 millones en la mejora de la eficiencia de los inventarios, se ha reducido en 25% los días de cama por paciente, esto lo que hace es que genera mayor capacidad para que los hospitales puedan atender a más gente y ayuda a visualizar cuales son las unidades de los hospitales que están comprando a diferente precio, lo que ayuda a garantizar transparencia en el proceso”, señaló.

El sistema se encarga de responder que medicamentos se consumen con mayor velocidad y cuáles no, cuanto tiempo llevan ciertos fármacos en bodega y en base a esos datos, sugerir la cantidad de insumos a comprar.

Pero de la mano también debe de ir la contratación de más médicos y enfermas, a criterio de Marvin Flores de Acción Ciudadana, este insumo no servirá de nada si no se cuenta con los expertos que apliquen esas medicinas.

“Si tendría que ser útil pero va a depender mucho de las unidades ejecutoras. No es solo un tema de medicamentos, es un tema de insumos hospitalarios, es también un tema de contratación de recurso humano, personal que se pueda hacer cargo en primera línea; médicos y enfermeros por ejemplo, para comenzar a atender esta crisis. Los profesionales de la medicina han dicho que la crisis puede ser más grave de lo que está ahora”, argumentó.

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Tiene dudas

Aunque los Jefes de Bloque del Congreso afinaron la iniciativa de ley el pasado fin de semana, durante la sesión de Pleno donde fue discutida una lluvia de enmiendas complicó su discusión.

Algunas fueron rechazadas pero otras se aprobaron, sin contar con un respaldo técnico de su posible eficacia o inversión, porque algunas de esas enmiendas van a necesitar ejecución presupuestaria.

Eso según la perspectiva de la diputada Lucrecia Hernández Mack, integrante de Movimiento Semilla y exministra de Salud, quien teme que la ley venga a complicar las tareas a la cartera salubrista por toda esa lluvia de ideas a último minuto.

Incluso el Modulo Sugerido de Compras, a criterio de Mack, no es la mejor referencia cuando se habla del combate a una pandemia, ya que ese sistema genera compras en base a predicciones, pero con el covid-19 los escenarios cambian de manera abrupta.

“La herramienta le puede a uno sugerir cuando y cuanto comprar, si el medicamento es de alta rotación, mediana o baja, considerando esto no es la mejor herramienta para medicamentos que se está utilizando en una pandemia porque dependiente de la ‘ola’ la data varia, no es la mejor herramienta. Si ayuda a transparentar pero no para compras de emergencia”, indicó la diputada.

La congresista está clara que esta nueva ley no dará una solución de fondo, incluso la normativa hará poco o nada si no va de la mano con medidas de contención que tienen que salir desde el Organismo Ejecutivo que se encuentra estrenando a su tercer ministro de Salud.

Cómo se cuentan los muertos por coronavirus (y por qué las cifras oficiales no son comparables ni precisas)

En su carta de renuncia, Sagastume señala que el 28 de mayo envió al despacho de Monroy un oficio con fecha 27 de mayo “en el cual le notifiqué y doy a conocer la situación de la mortalidad por covid-19 en el Hospital Roosevelt y en el cual le expreso mi recomendación para la oficialización de esos datos“. Hasta ese día se registraban 80 fallecidos por coronavirus, según el Ministerio de Salud, pero ese mismo día la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló que existía un desfase en la cifra de muertos solo en la morgue de dicho centro asistencial.

Ese día, al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre que los datos de muertos dados durante varios días no concordaban con la cifras de decesos del Roosevelt, Monroy explicó que la incongruencia entre los datos del hospital y los de la cartera que dirige se debían a “un problema tecnológico en el sistema de ellos”. De acuerdo con el funcionario, el 26 de mayo se dieron cuenta de que había un desfase en los tiempos de actualización de cifras.

Datos no se han oficializado

Sagastume aseguró que el 30 y 31 de mayo realizaron junto al viceministro de Atención Primaria en Salud, Erick Muñoz, “una exhaustiva revisión de la mortalidad en los hospitales y áreas de salud”, y que luego se informó de los resultados, y le recomendaba al ministro que la oficialización y difusión de los datos ahí presentados, “pero que lamentablemente el tiempo sigue transcurriendo y esos datos no se han oficializado y en consecuencia no se han hecho públicos“. Para el 31 de mayo el Ministerio cerraba la cifra de fallecidos en 108. 

El jefe de Epidemiología destacó que cada viernes enviaba la información completa de la realidad de los casos a una diputada del Congreso de la República -Lucrecia Hernández Mack–, y que eran los datos reales. “Ya que de lo contrario estaría cometiendo una ilegalidad en prejuicio de mi persona”, expresó Sagastume en su carta.

Ministro lo removió de su cargo

Es ante las contantes solicitudes de oficializar las cifras reales, que de forma verbal el 1 de junio Monroy le indicó a Sagastume que sería removido de su cargo sin dar motivos, pero que luego de no tener nada por escrito, el 4 de junio decidió “entregar el cargo”, señalando que sus principios y valores no le permiten continuar como titular del área de Epidemiología.

La vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera, indicó sobre el asunto: “Sí, él -Sagastume- presentó la carta, pero no se ha tomado aún una decisión al respecto”.

En tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos afirmó conocer que el profesional estaba bajo un renglón 011, por lo que no puede ser despedido, y que “solo lo cambiaron de puesto”.

“Solo mi Dios es el único que podrá juzgarme”

Sagastume respondió a Prensa Libre y confirmó la entrega de la carta al ministro de Salud.

“Ustedes deben saber que en mis 33 años de trabajar en el MSPAS siempre me he guiado por los principios y valores que me fueron entregados en el seno de mi hogar por parte de mi madre y mi padre (QEPD), y hoy mas que nunca los tengo como mi mejor presentación”, expone el epidemiólogo.

“Sí, yo envié esa nota al Sr. ministro y humildemente creo que es muy profesional y ética de mi parte. Estoy tranquilo y solo mi Dios es el único que podrá juzgarme”, añade.

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Asturias tendrá doble voto en la toma de decisiones y trabajará junto a los ministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Social, así como con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Un médico que presta servicios en la primera línea de la emergencia en el hospital provisional del Parque de la Industria, quien por temor a represalias prefirió no ser citado, espera que la Comisión Presidencial agilice la contratación del personal médico necesario para la emergencia y que tenga una hoja de ruta clara por los pacientes asintomáticos.

“Yo esperaría que esta comisión resuelva el problema de los asintomáticos, que no solo están ocupando el espacio hospitalario que va a ser requerido para las personas que lo requieran más, sino que también está generando una crisis de ansiedad colectiva en los pacientes, algunos llevan más de 40 o 50 días en espera de sus resultados que también tardan mucho y no tienen ninguna complicación”, refirió.

José Ortiz, epidemiólogo del observatorio del covid-19 en Guatemala, considera que la Coprecovid no cuenta con un reglamento, lo que asegura que es necesario para un esfuerzo de este tipo, considerando que los integrantes podrán hacer uso de los recursos económicos destinados para la crisis.

“El director tiene doble voto y de una vez manejo de fondos, el director no es cuentadante y todas las decisiones que se tomen en el seno de esa comisión van a repercutir en ejecución presupuestaria, hay un vacío legal y un conflicto de intereses por una persona que no es cuentadante y va a tomar decisiones políticas y técnicas que van a repercutir en la ejecución presupuestaria”, manifestó Ortiz.

Decisión tardía

Guatemala lleva poco más de dos meses enfrentando la pandemia del covid-19 que han puesto en evidencia la carencia de un fortalecido sistema de salud que es clave para sobrellevar la presente crisis.

La decisión de crear esta comisión de trabajo es acercada, a criterio de Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), aunque considera que hubiese dado mejores resultados si la decisión no se hubiera tomado demasiado tarde.

“Miramos con optimismo el que se instaure una comisión de esa envergadura, esperábamos una decisión así desde hace ya unos meses que empezó esta crisis, pero nunca es tarde y ahorita tienen ese reto de hacer eficiente, no solamente el tema de atención sanitaria, sino también la parte administrativa que tanto ha afectado al ministerio y que realmente ha hecho que los médicos y toda la primera fila del coronavirus no tenga los insumos necesarios”, explicó.

Dudan de Coprecovid

En el Congreso de la República las opiniones que diferentes diputados tienen de la comisión no es alentadora, pues aseguran que contar con tantos funcionarios del Ejecutivo en ella podría restarle independencia a su director ejecutivo.

“Al doctor Asturias lo colocan como director de esta Comisión, lo cual consideramos, al menos nuestra bancada, que él iba a dirigir toda esa hoja de ruta para la atención sanitaria y creo que no se está cumpliendo a cabalidad con todo lo que había anunciado el señor presidente de la República”, comentó Sonia Gutiérrez, jefa del bloque legislativo Winaq.

En un sentido similar se manifestó la congresista Evelyn Morataya, integrante del partido Bienestar Nacional (Bien), quien considera que esta comisión debe hacer el trabajo que hasta ahora no ha hecho el Ministerio de Salud.

“Creo que lo principal que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto, es impresionante que el Ministerio de Salud esté actuando con esta lentitud, si ustedes ven, todas las quejas que hay, todas las renuncias que hay es porque el personal médico, el personal sanitario está siendo totalmente desprotegido, cómo es posible que a estas alturas todavía no les estén pagando”, manifestó Morataya.

También el diputado Julio Lainfiesta, del bloque UCN, duda de la efectividad que tendrá la mesa que  encabezará Asturias, al considerar que esta podría generar gastos y muy pocas soluciones a la crisis sanitaria.

“Es un mini gabinete, yo no le encuentro lógica, es más burocracia, van a alquilar o Senabed les va a dar un local o una casa en zona 10, pero ahí se paga agua, luz, teléfono, los ministros pregunto si van a recibir alguna dieta por asistir a esa reunión, qué personal van a contratar para ello, es más burocracia. Para esto con todo respeto, hubieran contratado como asesor al prestigioso doctor Asturias en el Ministerio de Salud y ya”, enfatizó.

Pedirán destituir al ministro

Este fin de semana el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pidió públicamente que se considere remover de su puesto al doctor Hugo Monroy como titular de Salud, luego de una serie de auditorías que ponen al descubierto la precaria situación con la que médicos y enfermeras afrentan la pandemia.

No es solamente el magistrado de conciencia quien pide la destitución de Monroy, ayer diputados que integran la Comisión de Salud en el Congreso acordaron enviar una recomendación al presidente para pedir el cambio de ministro, por considerar que no ha podido dar una respuesta eficiente.

“Los hospitales no tienen insumos, los médicos están renunciado y nosotros creemos que ya el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto, lamentablemente esto está sucediendo y creo que se necesita hacer cambios para que realmente funcione -el Ministerio de Salud-”, manifestó Nery Mazariegos, presidente de la comisión de Salud.

De igual manera, la diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, explicó que el cambio es necesario, porque no se está atendiendo de manera adecuada a los pacientes que intentan sobrevivir luego de haberse contagiado de covid-19.

“Ya hay un consenso y vemos que el Ministerio de Salud no ha logrado dar una respuesta efectiva a la emergencia y sí vamos a estar realizando un informe para el cinco de junio, cuando se cumplen ya tres meses del Estado de Calamidad, y nuestra recomendación va a ser que el Gobierno haga un cambio en su equipo de salud, porque hemos visto que la conducción del Ministerio no ha sido adecuada, hay demasiadas quejas respecto a que no se han podido habilitar hospitales covid-19, no hay personal y no se tiene contratación, y no se han podido ejecutar los eventos de compra”, refirió.

Apoyan al ministro

El Colegio de Médicos manifestó su respaldo a Monroy al asegurar que un cambio en la cartera en estos momentos, no sería lo ideal, por el contrario, el gremio estimaría oportuno a reorientar la línea de esfuerzos.

“Más creo que una remoción en este momento, sería de asesorarse de una mejor forma por sociedades científicas, gente que está interesada en colaborar, no solo es de quitar a un ministro y poner a otro, si no se tiene apoyo, va a ser exactamente lo mismo”, argumentó Jorge Luis Ranero, presidente Colegio de Médicos.

También Monseñor Raúl Martínez, a cargo de la Arquidiócesis de Santiago, dio un voto de confianza al ministro. “Yo creo que él ha puesto lo mejor que ha tenido y el equipo que tiene es un equipo bueno, lo que pasa es que siempre, ante una eventualidad, es difícil de enfrentarla, no es una cosa fácil, ciertamente ya tenía algunas carencias el Ministerio siempre ha sido muy limitada la atención, pero algo que sí tiene Guatemala es la calidad humana de nuestros médicos”.

Trabaja en soluciones

Asturias da clases en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y es parte del Equipo de Enfermedades Infecciosas que está trabajando para ayudar a mitigar los efectos del virus.

Desde que comenzó la emergencia del coronavirus en Guatemala, Asturias ha observado las acciones del Gobierno para evitar que el covid-19 se siga extendiendo.

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El inciso “d” del artículo 5 establece como una de las medidas: Limitar las concentraciones de personas, prohibir o suspender toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República de Guatemala, previa resolución del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, afirmó en conferencia de prensa que por el momento no están prohibidos los eventos masivos, debido a que no se ha confirmado ningún caso de covid-19 en el país.

El funcionario dijo que los cultos o misas no necesitan autorización, pero las procesiones sí necesitan tramitar el permiso y, si se llegara a confirmar un caso de coronavirus, el ministerio de Salud evaluará si se suspenden.

Otros eventos que reúnan a más de 150 personas deben realizar el trámite de autorización.

“Por el momento toda clase de espectáculos públicos, reuniones o eventos programados para el sábado 7 y domingo 8 de marzo del 2020 se podrán realizar sin efectuar ninguna gestión en este ministerio”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

“Asimismo se informa que: A partir del lunes 9 del presente mes se dará inicio a la recepción de las solicitudes de autorización para el desarrollo de los diferentes eventos que se tengan programados”, añadió.

Las procesiones y demás actividades por la Semana Santa se podrán llevar a cabo con normalidad, excepto alguna disposición que emita la cartera de Salud. De igual manera, conciertos, partidos de futbol u otros eventos pueden realizarse sin ninguna restricción, siempre y cuando tramiten el permiso.

En el caso de los conciertos los organizadores deberán informar de dónde viene el artista y dónde ha estado, y si presenta síntomas o se considera que representa un riesgo, no se otorgará el permiso.

Monroy indicó que cuando se confirme algún caso de covid-19, si se diera el caso, se cancelarán todas las actividades masivas en el departamento donde esté el paciente.

Un ejemplo de la incertidumbre que generó la decisión gubernamental es el caso de la Asociación Civil Paz Joven Guatemala, ya que el fin de semana (del 13 al 15 de marzo) tendrá un encuentro regional de jóvenes y adolescentes en Río Hondo, Zacapa, y existía la duda si se llevaría a cabo o no el evento.

El evento concentrará a entre 125 y 150 personas, quienes tendrán talleres y congresos sobre diversidad sexual, equidad de género y medio ambiente. Ante las declaraciones del ministro Monroy, esta actividad se podría llevar a cabo, pero debe hacer el trámite de autorización.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) suspendió hasta nuevo aviso el evento Motorista Seguro San José, Escuintla, 2020, el cual estaba programado para el 7 y 8 de marzo.

Está pendiente de que los diputados ratifiquen, rechacen o modifiquen el decreto del estado de Calamidad, para lo cual tienen tres días a partir de que el Congreso reciba el documento.

Vea la conferencia de prensa:

Este es el comunicado que emitió el Ministerio de Salud:

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa a la población en general: pic.twitter.com/nVaRndjnlb

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) March 6, 2020

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CSJ rechaza retiro de antejuicio contra Ministro de Salud

La suma bien podría destinarse para mejorar la atención de los pacientes en los servicios de salud, pero ha sido destinado al pago de planilla. Carlos Soto, ministro de Salud, reconoce que esta situación podría mejorarse, pero las presiones para cumplir con las demandas de los trabajadores han recaído en su gestión.

“Es una situación legal que viene desde varios años atrás, y ahora la sentencia me cae a mí, para variar. Es una orden de juez, y hay que pagarla. Nadie quiso tramitar esto, y ahora vienen los recursos, los amparos”, dice.

El laudo arbitral aprobado en el 2014 y que debe ser acatado incluía tres requerimientos: incremento salarial de Q2 mil para cada trabajador, un fideicomiso de Q10 millones y que los trabajadores pudieran elegir la institución bancaria que administraría sus cuentas.

Según Alexander Patzán, del departamento jurídico laboral, solo quedó en firme el aumento, pero de Q1 mil quetzales, que ahora debe darse a 3 mil 100 trabajadores. El laudo se encuentra en firme, luego de agotar todas las instancias judiciales, incluso el amparo, en primera y segunda instancia. Así que se debe pagar Q66.6 millones a los empleados.

La gestión de Soto ha sido convulsionada y ha enfrentado paros laborales de médicos, manifestaciones de salubristas y presiones de sindicalistas, pero ahora de no acatar la orden de juez podría perder el antejuicio e ir a prisión.

“Es un problema, tengo tantas solicitudes de quitadas de antejuicio o me ponen amparos que no fueron en mi tiempo, pero eso no importa. Ahorita, ya me apercibieron y si no lo pago me pueden quitar el antejuicio y me iría mal. Esas son cosas que no deberían pasar, pero así es la ley, y yo tengo que respetar la ley”, dice.

Ante esta situación el ministro se siente presionado. “No solo me siento acorralado por esto, sino también por el Congreso, por un montón de cosas, que obviamente han venido a desembocar en estos últimos meses.

Carlos Enrique Soto Menegazzo

• Graduado de médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1975.
• Postgrado de medicina interna en el Hospital Roosevelt, entre 1975-1977.
• Postgrado de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1977 y 1979.
• Experiencia laboral en Salud Pública.
• Cardiólogo de la Liga Guatemalteca del Corazón, entre 1996-2012.
• Médico y jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Roosevelt.
• Coordinador y supervisor de hospitales del Ministerio de Salud, en el 2014.
• Director ejecutivo del Hospital Roosevelt, entre el 2014 al 2017.

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El exdirector del área de salud explicó que su destitución fue ordenada cuando Soto todavía no era ministro y por se sin causa justificada apeló ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual ordenó su restitución.

Debido a que esta orden no se respetó, el profesional acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se le otorgó un amparo provisional que debía ser cumplido por Soto, quien para entonces ya estaba en el cargo.

Según el relato de Reyes, cuando debía presentarse a tomar posesión del cargo, durante los primeros días de febrero, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala tomaron las instalaciones del área de salud y seis días después, sin poder ingresar a la oficina, el médico fue notificado de su nueva destitución.

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Al ser consultado previamente sobre el caso, el ministro de Salud afirmó que la destitución procedió debido al mal desempeño del médico, pero el aludido afirma que Soto no pudo evaluar su gestión pues no era ministro de Salud en la primera notificación y en la segunda solo habían pasado seis días y nunca pudo ingresar a la oficina.

El médico afirma que Soto incumple la orden de la CSJ, pues el amparo provisional sigue vigente pese a que la cartera solicitó a la Corte de Constitucionalidad que se anulara el fallo, pero esto fue rechazado.

Por la situación, Reyes acudió al Colegio de Médicos a solicitar una amonestación pública para Soto debido a los daños causados.

El colegio puede emitir varios tipos de sanciones, entre ellas una amonestación verbal, privada o pública o también la inhabilitación para ejercer la profesión, pero la acción administrativa contra el ministro no tiene repercusión alguna hacia su cargo como tampoco a ejercer su profesión.

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Retiro de Antejuicio

El 8 de febrero, el Ministerio Público (MP) solicitó en la CSJ el retiro de la inmunidad a Soto, con el fin de investigar si incurrió en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

La Fiscalía señaló que el ministro intentó imponer a un médico en el hospital de Nebaj, Quiché, y al no lograrlo despidió a la directora del centro, Miriam Segura.

Después de 12 días, el pleno de magistrados de esa corte se dividió, pero resolvió que no se daría trámite a la solicitud del MP y fue rechazado sin entrar a conocer los motivos de la solicitud.

El señalamiento indica que el ministro llamó por teléfono a Segura y “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.

Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar en el Hospital Regional de Quiché porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería de ese centro.

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MP señala a ministro de Salud de influir en la contratación de un médico de Nebaj

Se le señala de abuso de autoridad y tráfico de influencias, al supuestamente haber presionado a la directora del hospital de Nebaj, Quiché, Miriam Segura, a contratar a un médico Jorge Raymundo Matóm, hermano de Pedro Raymundo, alcalde del municipio. Al ella negarse a hacerlo fue destituida.

Soto indicó no recordarse del caso, pero que tiene la “potestad” de contratar y remover a las personas, y en el caso de Segura fue removida del cargo por encontrar fallas en su desempeño, luego revisar su evaluación al final de año.

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“Lo que evaluamos (en la médica) era cómo estaba funcionando el hospital, cómo estaba funcionado ella como directora.  Encontramos que tenía algunos problemas, que tomaba el carro, que no ejecutó bien. Todas esas evaluaciones se hacen y en base a eso tomamos la decisión de quién se va y quién se queda”, refirió el funcionario, luego de la firma de un convenio con los representantes de los profesionales de salud, en el cual se formalizan los procesos que se seguirán para el incremento salarial del gremio.

El funcionario presentará pruebas de descargo y serán sus abogados, aclaró, quienes se encargarán de llevar este caso.

Arremete contra la Feci

Durante sus declaraciones, el ministro confundió la Fiscalía contra la Corrupción, que presentó este antejuicio, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de la que, señaló, persigue a los funcionarios de Gobierno.

“Siempre uno de ministro vive una tormenta política. Andan viendo cómo le hacen daño, que está trabajando, La gente, molestando y tratando de quitar el antejuicio”.

Agregó: “Estoy convencido de que no hice nada malo, a menos que me estén grabando las cosas -llamadas-, que es ilegal, porque nunca hablé por teléfono con ella -Segura- de ese tema -supuestamente para influenciar para conseguir la contratación del médico-. Acuérdense que yo tengo derecho de antejuicio. No me pueden investigar. Las cosas que hago siempre siempre son legales. ¿Errores? Todos cometemos en la vida. Así que esperaré tranquilamente que mis abogados vean este tema. Y si no -si no hay comisión de delito-, yo voy a responder con la misma moneda”.

Y continuó con su crítica a la Feci: “No puede ser que investigadores de la Feci estén en este tema con nosotros, es un tema que esta gente esté fregando a la gente de Gobierno. Ya se terminó su periodo con ellos, ya se fueron, que dejen de fregar, que se dediquen a perseguir a la gente que tienen que perseguir”, dijo.

Soto refirió que no busca un cargo político y que espera culminar con su periodo como titular de la cartera. “Yo quiero terminar este año, si Dios quiere, como ministro de Salud, y si no quiere, no termino.  La cosa es fortalecer el servicio de atención a las personas. Lo demás para mí, es lo de menos”.

Respecto a su gestión, enumeró el acuerdo salarial con los médicos, además de que se ha fortecido el ministerio y se han cumplido las expectativas.

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Soto hizo un llamado a la población para que se una y actúe de manera pacífica. “Uno cuando es macho, se quita las capuchas y se quita las gorras. Cuando uno va a confrontar a la población lo debe hacer de frente”, mencionó, haciendo referencia a aquellos manifestantes que llegaron con el rostro cubierto el pasado martes.

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“Voy a hacer una denuncia. No voy a decir contra quien, porque va a ser sorpresa”, dijo, y continuó: “Hay una líder mala, la conocen todos, es gritona, hace lo que le da la gana en Guatemala, manipula al rector, manipula a todo el mundo”.

Acorralado

El martes último, Soto fue citado al Congreso de la República para participar en la mesa de trabajo que busca encontrar solución al tema de la dignificación salarial de los profesionales de la salud. Al salir, el funcionario fue acorralado por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos que mostraba su descontento contra las reformas a la Ley en Material de Antejuicio.

Lo insultaron, le tiraron objetos y agua. El ministro buscó refugio en una cafetería y luego en una zapatería. Después de varios minutos de tensión, elementos de la Policía Nacional Civil lograron sacarlo y escoltarlo a un vehículo en el cual logró escapar de los manifestantes.

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El funcionario tuvo que caminar entre una valla de agentes de la Policía Nacional Civil que intentó resguardarlo, pero no pudieron evitar que los estudiantes, algunos con capuchas y otros cubriéndose el rostro con pañuelos, le gritaran insultos subidos de tono y le lanzaran botellas plásticas y agua.

Conforme el ministro avanzaba, los ánimos se caldeaban, y Soto no tuvo opción que refugiarse en uno de los negocios cercanos: una cafetería. Los elementos de la PNC impidieron el paso de los manifestantes, pero en el interior, personas descontentas con la gestión del funcionario vocíferaron consignas en contra de la corrupción, también le gritaron: “!Fuera corrupto!”.

La seguridad que acompañaba al ministro intentó sacarlo por una puerta que da a la 9a. avenida, pero los estudiantes se percataron del intento y nuevamente lo acorralaron. Soto se escondió en otro negocio. Esta vez en una zapatería, donde la propietaria atendía a un cliente, que al ver el tumulto salió corriendo.

El ministro se atrincheró en el lugar. Una puerta de vidrio evitó que las estudiantes ingresaran, aún así, se les escuchó gritar: “Renuncie”, “corrupto”.  Desde afuera se podía observar al funcionario sentado en uno de los sillones donde los clientes suelen probarse los zapatos.

El escape

“Están bravos”, dijo sobre los manifestantes. “No hay que ser agresivos con la gente”, señaló. Nervioso, pálido y con el rostro desencajado, el funcionario esperó poco más de 30 minutos hasta que un grupo de agentes de la PNC se animó a sacarlo del lugar. Hicieron valla hasta la puerta del vehículo gris que lo sacaría de allí. 

Al ver movimiento en la entrada de la zapatería, los manifestantes, que en ningún momento dejaron de exigir y reclamar por la precariedad del servicio de Salud Pública, volvieron a frenar el paso de Soto, que entre empujones logró subirse al auto. 

Botellas de agua y piedras impactaron en el automóvil que intentaba huir. El saldo fue un vidrio y las luces delanteras del vehículo rotas. 

Para detener el paso del ministro, uno de los estudiantes se subió al bumper y se aferró por un recorrido de dos cuadras. 

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El pasado 30 de agosto, el Procurador de derechos Humanos, Jordán Rodas, hizo un llamado al mandatario para mediar en la problemática que se viven el Sistema Nacional de Salud; sin embargo, no se ha recibido respuesta al respecto.

En el comunicado, los profesionales mencionaron que aceptan la medicación de Rodas, así como del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Héctor Fong.

#CrisisEnSalud | Profesionales de la Salud urgen al presidente Jimmy Morales a dar solución a sus demandas, y divulgan este comunicado. pic.twitter.com/X4pvOO0iA9

— Ana Lucía Ola (@aola_pl) September 4, 2018

Piden, además, a Morales que instruya al Ministro de Finanzas, al presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), al Ministro de Salud y Dirección Técnica del Presupuesto, para que evalúen los “montos del presupuesto asignado que no se ejecutará de septiembre a diciembre del presente año, y con ello cubrir las justas demanda de los profesionales de Salud”.

#CrisisEnSalud | En las proximas 48 horas, los profesionales de la Salud darán a conocer si tomarán nuevas medidas, por ahora, continúa la restricción de la consulta externa. pic.twitter.com/HrU8z98w2v

— Ana Lucía Ola (@aola_pl) September 4, 2018

Si el monto no fuera suficiente, agregan que la situación puede resolverse con “los más de 8.5 millardos que fueron aprobados en Bonos del Estado y que aún siguen sin utilizarse”. 

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Salubristas buscan aumento

Para este martes se tenía contemplada una reunión entre el Ministro de Salud, Carlos Soto, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Alpírez, para definir detalles de la propuesta de incremento salarial para los salubristas. La petición que se maneja aislada de la dignificación salarial de los médicos y profesionales de la Salud.

La junta fue cancelada, según el sindicalista, solicitaron al titular de la cartera más tiempo para trabajar el marco jurídico de una contrapropuesta que le harían llegar en los próximos días.

Los salubristas anuncieron el lunes que aceptaban el ofrecimiento del ministro de Q3 mil de incremento salarial, un bono único de Q2 mil y el traslado de 5 mil trabajadores en renglón temporal al renglón 011.  

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Iniciativa de aceptación de cargos busca espacio en el Congreso

El legislador fue consultado vía telefónica este martes y confirmó que suspenderá temporalmente el juicio político.

“Ante la voluntad y la solicitud del gremio de médicos en Cobán,  por el avance de la sala de operaciones que había sido indiferente durante 10 años y que ahora veo que es una realidad, decidí darle el beneficio de la duda y suspender la interpelación”, señaló Orellana.

El congresista confirmó que la interpelación es “suspendida temporalmente”, a la espera que se finalice con algunas peticiones que se le hicieron al funcionario.

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El parlamentario aún no ha retirado de forma oficial la interpelación en el Congreso pues al momento de ser consultado señaló que viajaba de Alta Verapaz a la capital para hacer el trámite.

Agenda se libera

Debido a que el pasado viernes Orellana había enviado a la  Dirección Legislativa y al ministro de Salud las 50 preguntas básicas que le haría durante el juicio político, se preveía que la agenda legislativa se paralizaría durante las siguientes sesiones.

Incluso hasta ayer lunes al mediodía el legislador mantenía su postura de interpelar al ministro e incluso indicó que el paro de médicos le preocupaba y formaría parte de las interrogantes que se le harían al funcionario durante el interrogatorio.

Orellana, diputado del bloque Acción Ciudadana, fue consultado sobre si el retiro de su interpelación permitiría a los demás diputados impulsar alguna ley de urgencia nacional, y comentó: “No creo que pase en estos momentos. El pleno decidirá qué agenda se puede conocer y consensuar, pero no veo que exista algo —para pasar de urgencia nacional—”.

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Ayer los jefes de bloque agendaron como único punto la interpelación al ministro de Salud Pública, debido a su preminencia constitucional.

Hasta el momento se desconoce qué podría contener el Orden del Día para la sesión plenaria de este martes.

El procedimiento que debe seguirse es que algún diputado deberá proponer una Orden del Día cuando el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, abra la sesión, y el pleno deberá votar por su propuesta.

En caso de que no sea aceptada, deberá plantearse uno diferente hasta que se esté de acuerdo con la agenda y sea aprobado para que se desarrolle la sesión plenaria.

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Cabrera espera que el gobernante acepte su renuncia a partir del 1 de agosto próximo, en medio de una crisis crónica en el sistema nacional de salud.

La semana recién pasada, el funcionario anunció su salida, pero  ayer el vocero de la dependencia, Édgar Arana, confirmó que el ministro firmó la carta el martes y la envió ayer al mandatario, en la cual expone que desea dejar el cargo por “motivo puramente personal”.

Cabrera viajó a Paraguay para participar en la 17 Reunión Interamericana Interministerial de Salud y Agricultura, actividad que terminará el próximo domingo, y espera regresar al país el lunes. El viceministro Mario Figueroa quedó a cargo del despacho.

Fragmentación

Esta cartera ya mostraba debilidad en su equipo, ya que Rodolfo Zea, viceministro de Atención Primaria en Salud, anunció su renuncia el pasado 30 de junio, pero al momento sigue en funciones debido a que aún no se ha elegido a quien ocupará su cargo.

La administración de Cabrera se ha desarrollado en medio de la crisis que afronta el sistema de salud por el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales, baja cobertura en la atención primaria, así como por la deuda con proveedores y atraso en pagos al personal.

Al nada más conocerse la renuncia empezaron a circular nombres de supuestos sustitutos.

En una reunión sostenida entre los directores de hospitales y de áreas de Salud, en el auditorio del Hospital Roosevelt, luego de una citación de directores con el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, se acordó presentar una propuesta de equipo para dirigir la cartera.

Para hoy se tiene previsto entregar el documento a Morales, en el que se solicita que Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, pase a dirigir la cartera, y Francisco Bermúdez, director de Salud de Sacatepéquez, se encargue  del Viceministerio de Atención Primaria. Como viceministro de Hospitales se sugiere a Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt.

En octubre del 2014, Bermúdez fue juramentado por el entonces presidente Otto Pérez  como viceministro técnico de Salud, durante la gestión de Luis  Monterroso.

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El viernes de la semana pasado durante una citación en el Congreso, el ministro Cabrera se desligó del acuerdo que firmó con el diputado Luis Hernández Azmitia, el pasado 28 de junio.

Con ese acuerdo, Cabrera se comprometió a renunciar si en un mes no mejoraban las condiciones en el sistema de Salud, aunque esta promesa no quedó por escrito.

El ministro aseguró que ese acuerdo lo firmó por “atención al señor diputado”, pero que el compromiso lo tiene con el presidente, Jimmy Morales y “con el pueblo de Guatemala”.

La propuesta de los directores:

• Ministro de Salud, Mario Figueroa –actual viceministro–.
• Viceministro de atención primaria en Salud, Francisco Bermúdez.
• Viceministro de hospitales, Carlos Soto –director del Hospital Roosevelt–.

Accionan contra diputado

Directores de varios hospitales públicos manifestaron por la mañana su apoyo al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, y aseguraron que el presidente de la Comisión de Salud, Luis Hernández, tenía intereses espurios al solicitar la renuncia del funcionario.

El director del Hospital de Chimaltenango, Amílcar Anleu, aseguró que Hernández no tiene la calidad moral para pedir la renuncia  por los vínculos que tuvo con el Partido Patriota, cuando fue viceministro de Desarrollo Social.

Dificultad para dirigir

Trabajó en Salud Pública entre varios cuestionamientos.

7-2-16

Nepotismo

• El ministro de Salud reconoce que familiares suyos trabajan en esa cartera, pero que tienen años de laborar allí.

6-4-16

Entrega lista

• Cabrera entrega lista de citas, luego de versiones de que había recibido presiones de diputados para contratar personal.

18-4-16

Se queja

• Afirma que personalidades políticas le han pedido renunciar, y que si el presidente lo separa, se irá tranquilo.

27-6-16

A juicio político

• Se anuncia que Cabrera sería el primero en ser interpelado en la octava legislatura.

28-6-16

Suspensión súbita

• El diputado Luis Hernández cancela juicio político al ministro, lo cual se hace de forma abrupta.

Con información de Geovanni  Contreras.

El ministro se enfrentará a 83 preguntas y entre ellas deberá explicar el promedio mensual de demanda y existencia de micronutrientes, la cantidad de menores que han fallecido este año, la cobertura de vacunación y su proyección para lo que resta del 2016, además, de la situación de los programas de atención primaria en salud.

La interpelación se hará, pese a la insistencia de la Directiva de que fuera suspendida, con el argumento de que hay otros temas que abordar, aunque en dos semanas solo se ha sesionado una vez.

La propuesta del presidente del Congreso, Mario Taracena, fue citar al ministro a la Comisión, pero Hernández Azmitia se negó a ello. Luego propuso citarlo a la instancia de jefes de bloques, y obtuvo la misma respuesta.

Según el Ministerio de Salud, la CSJ les notificó que “estima –la CSJ- prudente señalar que los argumentos señalados son evidentemente imprecisos. Los denunciantes no proporcionaron elementos de razonabilidad suficientes y debidamente sustentados”.

La resolución también establece que “no existen los referidos indicios que sustentan la posibilidad para considerar que la autoridad denunciada pudo incurrir en actos que revistan características de uno o más delitos”.

Otro proceso de antejuicio promovido contra Cabrera,  por Rudy Federico Escobar Villagrán, quien actuó como mandatario judicial en representación del Congreso de la República, también fue rechazado. 

Se buscó conocer la versión de la CSJ para corroborar la información que ofreció Salud con relación a los antejuicios. nu hubo respuesta de la oficina de comunicación.

Admitió que recibió “sugerencias”

El pasado 31 de marzo, el ministro de Salud  negó haber sido presionado por diputados, aunque reconoció que recibió “sugerencias” para nombrar personal y mejorar las condiciones del sistema de salubridad en algunos departamentos.

Estas sugerencias se han hecho a puerta cerrada, en su oficina; no en el Congreso, donde recibió a varios diputados cuyos nombres y partido al que pertenecen no recordó.

En una reunión de jefes de bloques, el presidente del Congreso, Mario Taracena, indicó que Cabrera se quejó de presiones de los diputados para contratar personal.

Morales destacó la importancia de una reforma migratoria, mencionó algunos logros de su gestión, cuestionó a diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y descartó que haya injerencia del embajador estadounidense Todd Robinson.

También recordó las reformas que se han implementado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que conversará con el contralor Carlos Mencos para tomar una decisión en el caso TCQ y enfatizó que hay grupos de poder incrustados en el sistema de salud que “quieren hacer lo que hacían antes”.

Estas fueron las declaraciones del mandatario respecto a los temas abordados por el periodista Fernando del Rincón en el programa Conclusiones:

Mano de obra barata

“Fue una ironía que hice entorno a la construcción de un muro que no es la solución. Generó malestar. Extiendo una disculpa. Hace dos años publique un video que decía que estamos apoyando una reforma migratoria. Admiro a todos los migrantes que se han esforzado y son un bastión para nuestra economía”.

Injerencia de Todd Robinson

“En mi caso no ha habido, ni dejaré que haya injerencia. Lo que hay es una cooperación. En el caso de la presidencia no ha habido, ni habrá, la menor injerencia”.  La relación con el embajador ha sido buena. Platicamos de temas que tenemos en común, como la migración.

Iván Velásquez al frente de la Cicig

“Él  ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos esperamos, que es luchar contra la corrupción, desarticular bandas criminales. Estamos firmando para que el mandato de la Cicig se amplíe hasta 2019 con el señor Ivan Velásquez”.

Diputados de FCN-Nación

“Yo he manifestado que no he estado de acuerdo con ese tipo de actividades. Pienso que todas las personas son responsables de sus actos. He pedido que hagan investigaciones y sin alguien es culpable, yo no defenderé a nadie. Estoy apoyando a las instancias como el Ministerio Público para que haga las investigaciones y el peso de la ley caiga sobre quienes corresponda”.

Reformas en su gobierno

“Cambiamos a todo el directorio de la SAT. Nombramos a un nuevo superintendente y se presentó una propuesta para reformar la ley orgánica de la SAT. Queremos reformar el sector justicia y de seguridad para fortalecer el estado de derecho. El Ejército ahora está haciendo escritorios y construyendo carreteras”.

Lesividad de contrato con TCQ

“Me sentaré a platicar con el contralor Carlos Mencos y la Procuradora General de la Nación para tomar una decisión. Estas son las decisiones que darán fe de que las cosas se quieren hacer bien o no. Guatemala está necesitada de acciones firmes. Es una decisión muy compleja porque las obras no son las corruptas, las corruptas son las personas. Si alguien cometió un delito debe ser castigado”.

Antejuicio contra Ministro de Salud

“El señalamiento se da porque hay cosas, honestamente, que tienen muchos interés de por medio. El ministro no estaba ocultando información. El tema de las medicinas ha sido uno de los negocios por el que están en prisión varias personas. Hay intereses de personas, de diputados, empresarios, de trabajadores, de hacer querer ver como que esto está así ahora cuando estaba peor. Hay intereses para que el negocio de las medicinas vuelva a ser lo que era siempre”.

Grupos de poder

“Hay empresarios, hay gente que trabaja y recibe comisiones con las compras del Estado. Hay personas que logran hacer negocios con todas las operaciones del Estado. No solo son poderes económicos, son poderes de muchos lados que están interesados es seguir haciendo los negocios que se hacían antes”.

Las diligencias de antejuicio contra el funcionario se originaron debido a una denuncia que presentó la diputada Nineth Montenegro por omisión de denuncia.

La jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) mencionó que Cabrera debe explicar, bajo juramento, quiénes lo visitaron para sugerirle la contratación de personal.

“Debe determinarse si existió o no coacción, extorsión, chantaje, posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en las funciones del Ministro”, enfatizó.

El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, expresó en la mañana del lunes que “personalidades” han pedido su destitución y renuncia, por lo que, si deja la cartera, se irá “satisfecho” por el trabajo efectuado.

Al funcionario se le preguntó qué hospitales mandan a los pacientes a laboratorios privados y únicamente respondió que eso sucede en la provincia.

“Personalmente me siento satisfecho… Estoy trabajando con satisfacción, y si el señor presidente, en algún momento, me separa del cargo, me voy satisfecho y tranquilo porque hemos trabajado horas extras para que el  Ministerio camine por un rumbo adecuado”, dijo.

Afirmó que el promedio de abastecimiento en la red hospitalaria es del 80 y 85 por ciento, aunque reconoció que en el Hospital General San Juan de Dios hay problemas porque solo funciona un ascensor.

Un antejuicio en su contra por omisión de denuncia, promovido por la diputada Nineth Montenegro, pasó  de la Fiscalía al  Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal.

Niega presiones

A finales del mes pasado, Cabrera negó haber sido presionado por diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aunque reconoció haber recibido “sugerencias” para nombrar personal y mejorar las condiciones del sistema de salubridad en algunos departamentos.

Afirmó que esas sugerencias se hicieron a puerta cerrada, en su oficina, no en el Congreso, donde ha recibido a varios diputados cuyos nombres y partido al que pertenecen no recordó.

El funcionario justificó que las reuniones se sostuvieron en su oficina porque “hay cosas que no se pueden hablar frente al público o los medios”.

Derivado de esas declaraciones Montenegro acudió al MP para denunciar a Cabrera pues, según ella, debió dar aviso a las autoridades.

En la lista figuran 12 de FCN-Nación, aunque al menos cuatro no son diputados.

Cabrera se había comprometido con la bancada Todos a entregar el listado en una citación en la que fue cuestionado por la denuncia de supuestas extorsiones.

En ese momento, el ministro negó haber recibido presiones. “Me han sugerido nombres y personal; nunca recibí presiones. Al final, la decisión la tomo yo”, aseguró.

La denuncia de extorsiones la hizo pública el presidente del Congreso, Mario Taracena, quien en una reunión de la instancia de jefes de bloques aseguró que se estaban recibiendo presiones.

El martes, en la sesión plenaria del Congreso, Taracena indicó que, según información de la bancada oficialista, ha habido 171 citaciones a los funcionarios, lo que calificó de abuso.

Desisten de denuncia

Luego de haber recibido la información, el jefe del bloque Todos, Mynor Cappa, dijo que no es necesaria la denuncia contra Cabrera por incumplimiento de deberes.

“Reconozco que es un caballero, porque cumplió con su palabra de informar sobre sus reuniones”, enfatizó.

La instancia de jefes de bloques instruyó a la Directiva a presentar una denuncia contra el funcionario, por no haber denunciado a quienes lo presionaban para obtener plazas.

Votación

La votación en la pesquisidora para el retiro de antejuicio al ministro tuvo mayoría, los legisladores que votaron a favor del retiro de la inmunidad fueron Ovidio Monzón de Todos, Selvin García de Creo y Joel Martínez de Líder.

Los votos en contra del retiro de antejuicio fueron por los diputados Marvin Díaz y Simon Vinicio Penados.

La decisión de retirar o no el antejuicio a Monterroso queda en manos de los 158 diputados del Congreso, para poder aprobar la medida se necesitan 105 votos.

Delitos

El Organismo Judicial envió al Congreso la solicitud de retiro de antejuicio al ministro de Salud, Luis Monterroso, por abuso de autoridad e incumplimiento de funciones.

El antejuicio se promovió luego de una denuncia presentada por la diputada de Libertad Democrática Renovada (Líder), Mirza Arreaga, por la falta de medicamentos en centros asistenciales.