Requisitos estrictos y presupuesto insuficiente limitan cobertura del programa Vida para madres menores de edad

De cien niñas menores de 14 años que se convierten en madres, solo seis son incluidas en el programa Vida del Mides.

Ana Lucía Ola

19 de febrero de 2025

|

00:05h

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En el primer semestre del 2024 solo el 6 por ciento de las menores de 14 años que se convirtieron en madres fueron alcanzadas por el programa Vida, del Ministerio de Desarrollo, según el informe de Human Rights Watch. (Foto Presa Libre: Shutterstock)

En el primer semestre del año pasado se registraron mil 953 nacimientos en niñas menores de 14 años, ellas debían ser cubiertas por el programa Vida, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que da un estipendio económico a las menores para cubrir sus necesidades y las de su hijo, sin embargo, solo 129 fueron inscritas, es decir el 6 por ciento.

La baja cobertura obedece a que los requisitos para ser elegibles son estrictos y no se aplican a la realidad del país, además de que hay un bajo e insuficiente presupuesto para esta asistencia social, como indica el informe Forzadas a renunciar a sus sueños. Violencia sexual contra niñas en Guatemala de Human Rights Watch.

Se menciona que este es el “único” programa de política pública que apoya a las menores embarazadas, como producto de una violación sexual. La asistencia económica que reciben es de Q1 mil 500 por medio de una trasferencia bancaria, que debería de ser periódica. Son hasta ocho transferencias las que pueden recibir.

Dicho estipendio, según el estudio, cubre nada más entre el 50% y 55% del umbral nacional de la pobreza, pues el Banco Mundial establece que este es de US$5.5 al día, lo que representa Q1 mil 500 mensuales. Pero debido a que la frecuencia con que se entrega el monto a las beneficiarias no es clara, no se tiene certeza de la cantidad que pueden llegar a recibir.  

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Para tener este beneficio, las niñas madres tienen que cumplir con estrictos requisitos que no todas pueden completar, además de que el proceso para ser incluidas puede tardar meses.

El primer obstáculo al que se enfrentan las jovencitas es que su caso sea judicializado —que tenga medidas de protección y seguridad—, pues como refiere el informe de Human Rights Watch son pocos los que llegan a esta instancia.

Se debe considerar que no todos los casos de menores de 14 años encinta son denunciados, pese a que el Código Penal establece que todo embarazo en una niña es una violación sexual, lo que es un delito. Aún si hubiera una denuncia, hay riesgo de que sea desestimada.

Entre 2018 y octubre del 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos en niñas madres. De los casos que fueron denunciados se desestimaron seis mil 697, cuatro de cada 10 fueron desechados por fiscales del Ministerio Público (MP), los demás se archivaron por orden de un juez.

Que el caso de una menor embarazada no ingrese al sistema de justicia le veda la oportunidad de ser parte del programa Vida.

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Pero hay otro inconveniente para cumplir con este requisito. Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), ha señalado en anteriores ocasiones que estos casos solo pueden ser conocidos por un Juzgado de la Niñez y Adolescencia, pero para que esto ocurra bien puede transcurrir el tiempo que dure el embarazo.

Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Human Rights Watch, señala que en Guatemala hay retrasos en la judicialización de los casos y que estos se quedan estancados por falta de recursos, pues hay departamentos en los que únicamente hay un juez para atender temas que involucran a menores de edad. Agrega que los temas de niñez deben ser una “prioridad” para el Estado, lo que no ocurre.

Otros requisitos

Que el caso de una niña embarazada pase por el sistema judicial puede alargar el proceso para que sea aceptada por el programa Vida del Mides, pero no es el único requisito que se debe cumplir.

La menor tiene que presentar una partida de nacimiento para demostrar su identidad, y no debe estar viviendo con el padre del bebé, pese a que muchas se ven forzadas a cohabitar con su agresor o pareja por sus limitaciones económicas.

Por otro lado, solo las ciudadanas guatemaltecas son elegibles ―quedan excluidas las jovencitas indocumentadas―, y quedan fuera si ellas o su familia ya son beneficiadas por algún otro programa del Mides.  

Los requisitos, según el informe, no son acorde a las realidades en que viven muchas niñas. En las áreas rurales no hay acceso a documentación oficial, como partidas de nacimiento, y para conseguirla deben movilizarse a las cabeceras departamentales, lo que implica un gasto.

Irma Salazar, de Mujeres Transformando el Mundo, indica que el programa Vida es “una acción afirmativa”, pero este debe caminar sin la judicialización de los casos; claro que la justicia debe intervenir, pero no tiene que ser prioridad para que las niñas madres sean atendidas. Señala que es necesario que todas las instituciones del Estado se involucren para dar una respuesta inmediata e integral.

Presupuesto limitado

El presupuesto que el Mides ha asignado desde el 2018 al programa Vida es bajo, ese año se destinaron Q1.24 millones y solo se benefició a 93 niñas embarazadas. Para el siguiente año el monto incrementó a Q1.6 millones y la cobertura fue de 117 menores.

Sin embargo, entre 2020 y 2021 la asignación disminuyó a Q1.34 millones. El año en que más presupuesto se ha tenido fue en el 2022, pues la suma llegó a Q1.78 millones, a partir de allí descendió un 15% y se estancó en Q1.5 millones entre 2023 y 2024.

Mientras que de enero 2023 a junio del 2024 se contabilizaron 14 mil 696 embarazos en niñas menores de 14 años, el programa del Mides únicamente atendió a 998 menores, es decir, únicamente el 6 por ciento de los casos.

“Excluir a las niñas del programa Vida las deja con aún menos oportunidades de independencia financiera y las aísla aún más de un apoyo económico vital, atrapándolas en situaciones de abuso”, refiere el informe, por lo que plantea una reforma al programa para ampliar el alcance, los cambios pasan por el incremento financiamiento, pero también que se simplifiquen los requisitos.

Se consultó al Mides respecto la baja cobertura de la asistencia que da a las niñas que son forzadas a la maternidad, y a través de la Unidad de Comunicación respondió que “el problema radica en la referencia de casos por parte de juzgados, ya que el 100% de la población del Programa Vida son casos judicializados. Por otro lado, es poca la cantidad de niñas que se atreven a denunciar”. Además, que cerró el 2024 con182 niñas incluidas al programa.

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Entre 2018 y 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos de madres menores de 14 años, pero de los casos que han sido denunciados por violación sexual son contados los que han llegado a una condena, según informe de Human Rights Watch.

Ana Lucía Ola

18 de febrero de 2025

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El Código Penal establece que los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de abuso sexual y deben ser denunciados ante las autoridades, sin embargo, no sucede en todos los casos, y aquellos en los que sí existe una acusación formal y llegan ante un juez, no siempre el victimario es castigado.

Entre 2018 y octubre del 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos en niñas guatemaltecas entre 10 y 14 años, en los casos que fueron denunciados únicamente el 0.8% de los agresores fueron condenados, según el informe Forzadas a renunciar a sus sueños, violencia sexual contra niñas en Guatemala, realizado por Human Rights Watch y que se presentará este martes 18 de febrero.

De los casos que fueron denunciados, el reporte es que seis mil 697 resultaron en desestimación, cuatro de cada 10 fueron desechados por fiscales del Ministerio Público (MP), el resto fueron archivados por orden de un juez, con lo que las niñas no lograron tener justicia ni una reparación digna ante el abuso sufrido, según el informe.

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Ana Victoria Maldonado, coordinadora de programas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), señala que como parte del acompañamiento que dan a las niñas víctimas de violencia sexual, el fallo que dictan los jueces es tardío. “Un caso puede tardar cinco años para que podamos tener alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria”, menciona.

En el caso de Alta Verapaz, agrega que cada año son registrados más de 300 bebés de madres menores de 14 años; sin embargo, los casos que inician un proceso legal por violación a duras penas son 10 y el número de los que llegan a sentencia se reduce a dos.  

A este dato se agrega que hay fallos que son apelables, lo que implica que podría llevarse otros cinco años más en el proceso judicial.

Para Maldonado este dato es un reflejo de que hay una respuesta tardía para las niñas víctimas de violencia sexual, pero también le envía un mensaje a la sociedad de que los embarazos en las menores son “un comportamiento normal, porque al agresor no le pasa nada”.  

Cristina Quijano Carrasco, investigadora de Human Rights Watch, refiere que el retraso en la judicialización es un problema sistemático y generalizado del sector judicial en Guatemala, pero los casos que involucran a niños deberían de ser una “prioridad para el gobierno”, lo que no ocurre, y para que las víctimas lleguen a tener audiencia pasan años.

“En la institución fiscal los casos se quedan estancados por falta de recursos. Hay departamento en los que solo hay un juez para trabajar temas de niñez, entonces, obtener una fecha de audiencia se vuelve imposible”, dice Quijano Carrasco.

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Barreras para denunciar

Si bien hay casos que son denunciados, hay un buen número que se mantiene oculto. La inscripción de los bebés en el Registro Nacional de las Personas (Renap) puede dar una idea de cuantas niñas menores de 14 años resultan embarazadas, pero no todos los embarazos llegan al término y no todos los bebés son registrados por la madre.

Maldonado indica que hay barreras que impide a las familias denunciar y continuar con el proceso hasta el final, como la falta de recurso económico, ya que los juzgados especializados, los tribunales y demás instancias del sistema de justicia están centralizados en las cabeceras departamentales, y para que la niña se haga presente en las audiencias representa dinero para movilizarse desde su comunidad, y para los padres significa perder días de trabajo.

“El obstáculo mayor que enfrentan es el económico. No tenemos un Estado que les diga: vamos a llegar hasta su casa a tomar la denuncia, vamos a tener un intérprete, y darles apoyo en el proceso”, agrega la coordinadora de programas del Osar.

El informe revela que los obstáculos para denunciar, enjuiciar a un agresor y hallar justicia en Guatemala son complejos, pero el proceso es más “crítico” para las menores que viven en comunidades rurales e indígenas, para quienes tienen alguna discapacidad.

De enero 2018 a junio 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo 24 mil 411 evaluaciones de violencia sexual o embarazo en niñas menores de 14 años, lo que representa 312 análisis mensuales. Esto da una dimensión del problema.

En busca de justicia

Sucedió en Huehuetenango. Fátima tenía 12 años cuando fue abusada sexualmente. Su agresor era un hombre reconocido en la comunidad, catedrático universitario. La niña quedó embarazada. Fue señalada por los vecinos, excluida de la escuela, y cuando llegó el momento de dar a luz en el servicio de salud la trataron como una adulta. No se siguió el protocolo establecido para atender embarazos en menores de 14 años.

La familia de la menor denunció al agresor hace 15 años, hay una orden de captura en su contra; sin embargo, por influencias dentro de las instancias encargadas de la investigación no ha sido capturado. Es más, se sabe que se moviliza entre Guatemala y México.

“Las autoridades no ha querido esforzarse por capturar al agresor, son delitos de poca importancia para las instituciones como para movilizar personal. A nivel nacional no hemos tenido avances en su captura”, dice Paula Barrios, de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, que dieron acompañamiento a Fátima para que su caso llegara a la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Se espera que en marzo próximo el Comité dé una sentencia, que no solo beneficiaría a Fátima, sino que llevaría a que en Guatemala se establezcan mecanismos de prevención y atención efectiva a niñas víctimas de violencia sexual y que han sido empujadas a una maternidad forzada.  

“Es prioridad para las víctimas que por lo menos el sistema de Naciones Unidas les responda de manera inmediata. Esperamos que se resuelva en marzo, si no tendría que quedar para la siguiente sesión en octubre”, agrega.  

Fátima es hoy Licenciada en Pedagogía, gracias a que recibió acompañamiento de largo aliento logró restituir su proyecto de vida, y espera que se haga justicia en su caso como en el de cada niña que es violentada y forzada a la maternidad. La sentencia de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un luz de esperanza para a ella.

La mayoría de sus pacientes nunca habían hablado de sus agresiones. Ella les ayudaba a ponerles nombre a las emociones y traumas vividos. Es por esas experiencias que decidió prepararse más y especializarse en otras materias para atender a esta población que ha sido vulnerada en sus derechos.

Su profesión actual es de psicóloga forense, una profesional con experiencia en contextos clínicos, psicosociales y jurídicos referentes a población vulnerable. Ofrece atención individual, grupal y comunitaria, tiene experiencia en atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y en niños, niñas y adolescentes víctimas de violación. Además, es especialista en peritajes, en abordaje para niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales.

La profesional es egresada actualmente de cuatro universidades de Guatemala, con estudios en Guatemala, México y Chile.

En su profesión dota al sistema judicial de principios, técnicas e instrumentos psicológicos que permiten una valoración más objetiva de la conducta humana y que también ayuden al juez a dictar sentencias apegadas al derecho de los agredidos.

“En este proceso ayudamos a darle voz a la víctima de un hecho traumático que vivió”, explica.

¿Cómo llega a esta especialidad y toma este camino?

Comienzo hace una década en temas propios de niñez y adolescencia y voy haciéndome consciente al escuchar las historias de vida y hechos que a temprana edad estaban viviendo los niños, y me empiezo a dar cuenta de que, como psicóloga clínica o psicóloga, este relato era la primera persona a quien se lo contaban, un delito que impactaba en ellos, tanto a nivel psicológico como físico. Tenían una pérdida de su identidad, de la propia seguridad, y sin duda era experiencia aterradora.

Ahí me doy cuenta de que mi testimonio e informe ayudaba a que se les hicera justicia y que fueran sacados de un entorno abusivo y agresivo.

Empecé a trabajar con víctimas de violencia sexual, entre ellas niñas embarazadas por violación y que en ocasiones criaban a los hijos de sus padres, un caso completamente abrumador. Por ello empiezo a trabajar también el tema de la maternidad, tenía que prepararme de manera integral para poder apoyarles mejor y, además, acompañarles para que en el sistema de justicia se obtenga una reparación digna para ellas.

Desde el 2011 empiezo a acompañar procesos judiciales en el juzgado y acompañamiento a víctimas. Se trata de un crimen que deja daños en la vida de ellos que son difíciles de reparar. La mejor manera es ser una terapeuta especializada. Doy charlas a padres, otros profesionales y estudiantes de universidades para que conozcan a profundidad el tema de violencia sexual.

Todos los casos son difíciles, pero ¿existe alguno que le haya impactado más?

El solo pensar que hay una niña de 10 años que cría al hijo de su papá me hace ser más consciente y me hace reflexionar que necesitamos ser más empáticos con la víctima.

En ocasiones, como sociedad, nos limitamos a pensar en soluciones como la pena de muerte para los abusadores, pero se deja de lado el tomar acciones de cómo proteger más a nuestros niños y jóvenes para que no sean víctimas de estos delitos.

Esta niña no sabía cómo amamantar, no escuchaba el llanto de su hijo, no porque no quisiera al bebé, sino porque se disociaba en su personalidad, por el trauma que vivía. Es importante dejar de lado la idea romántica de la maternidad y no culparlas a ellas, pues por su edad, condición y vulneración no están preparadas para ser madres.

“Es necesario darles a los sobrevivientes un espacio para que se sientan acompañados y no señalados ni estigmatizados. Muchas veces se sienten culpables y solos… En cualquier lado puede haber un depredador”.
Regina Villagrán, psicóloga forense

El trabajar siempre con este tipo de casos me ha hecho ver los distintos tipos de procedimientos para asegurarle a la víctima o sobreviviente su proceso de sanación propia.

En ocasiones son juzgadas por hablar hasta 10 o 15 años después, pero ellas podrían haber estado en completo terror, tener al agresor en casa; están bajo amenazas. Por ello, desde el momento en que hablan es importante que sean respetadas. Ese es el primer punto esencial.

También podrían pasar una indefensión aprendida; es decir, esa condición de un ser humano en la que se aprende a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener la capacidad para cambiarla.

El hecho de que hablen les hace ser personas valientes. Ahí comienza su proceso, que no es un camino sencillo de abordar, se requiere de un apoyo, no solo de un terapeuta, sino a nivel integral y de la sociedad, de tener acompañamiento de un tutor resiliente que puede ser un maestro, una madrina u otras figuras. Además, que el Estado garantice este proceso desde el momento en que la víctima se atreve a hablar, al creerle. Un niño no tiene la capacidad de inventar algo como una violación.

Qué errores podría señalar que se cometen en la sociedad. ¿Cuál sería el papel de los adultos responsables?

Uno de los principales errores que cometemos es no aceptar que la víctima dice la verdad. En ocasiones porque son realidades que nos pueden sobrepasar como padres, tíos, amigos; entonces se esconden, se tratan de ocultar e incluso se llega a vivir como si esto jamás hubiera pasado.

Además se hace importante fortalecer la educación sexual a todo nivel. Esta no existe actualmente y vivimos en una cultura patriarcal de violación. Necesitamos aprender a educarnos, prevenir el abuso sexual, empezando por reconocer al niño como una persona con plenos derechos.

Esto empieza desde la crianza respetuosa, dejar de culpar a las niñas y adolescentes por cómo visten, por ejemplo, porque esto las culpa a ellas y se deja por un lado al agresor.

Esto nos lleva también a hablar con los niños de su cuerpo, a enseñarles a llamar a las partes de su cuerpo por su nombre, a conocer su anatomía.

Tenemos que enseñarles cómo se diferencia una caricia de cariño a una caricia sexual. Enseñarles que no siempre deben obedecer a los mayores cuando piden algo extraño o inusual. Enseñarles que nadie debe hacerles sentir cosas raras ni deben tolerarlo. Enseñarles, especialmente, que nosotros como adultos podemos ser un canal abierto de comunicación y que no teman que les vayan a decir que están mintiendo.

La buena crianza también incluye, por supuesto, el demostrarles cariño y afecto.

¿Cuál sería su sueño en el futuro para la niñez y adolescencia?

Esta pregunta me toca mucho, y aunque por momentos no puedo dejar de ser la terapeuta, soy una mujer que tengo alrededor niños, sobrinos, amigos que están creciendo… Mi sueño es que comprendamos la importancia de la salud mental para ellos, que se sientan seguros y que pueden contar incondicionalmente con sus padres, con los adultos que les rodean.

Apuesto por la crianza respetuosa para proteger los derechos de los niños. Todos tienen los mismos derechos. Mi trabajo se mueve en torno a esta certeza. La finalidad es que estos derechos sean una realidad, para que estén protegidos. Mi sueño es ver crecer niños que no tengan que repararse y que no lleguen a ser adultos rotos. Mi sueño es que ya no existan las niñas madres, sino darles la oportunidad de crecer como niñas.

Un punto importante es proteger también a los varones. Ellos son vulnerados, pero casi no hablan al respecto, por las presiones sociales que existen.

¿Cómo apoyar a familia, niños y adolescentes?

La mejor manera de involucrarnos como sociedad en trabajar es la prevención en todo momento, el proteger a los niños, acompañarles a que ese empoderen y tengan las herramientas necesarias.

No abandonar a nuestra niñez es importante, que tengan redes seguras, y reconocer que el amor es la mayor protección porque a través de él se da respeto y cuidado.

Aquí se vuelve indispensable el criar como familia y comunidad a través de los valores. ¿Qué hace la niña que a los 18 años sale de una casa hogar con un niño pequeño a enfrentar al mundo y a la maternidad que, sabemos, es una tarea desbordante?

Existimos trabajadores que buscamos orientar a la población sobre estos temas, en donde es claro que el cuerpo de los niños y niñas no se toca bajo ninguna circunstancia, pero falta mucho camino por recorrer.

Es necesario darles a los sobrevivientes también un espacio, para que se sientan acompañados y no señalados y estigmatizados. Muchas veces se sienten culpables y solos. El mensaje final es que en cualquier lado puede haber un depredador, y por eso es importante empoderar a la infancia.

En su vida ¿qué le hace sentir que está en el lugar correcto?

Esto se da cuando los pacientes me dicen que están escogiendo el camino de la sanación, que les duele, pero es un dolor terapéutico y ya no están anestesiados.

En algunos casos aprenden a lidiar con diferentes momentos, me impresiona la resiliencia que van adquiriendo durante su proceso y el coraje de sanar.

Cuando escuchan una sentencia a su favor, veo los rostros diferentes, diciendo: “Me hicieron justicia”. En nuestras manos muchas veces está mejorar la historia de vida de las víctimas… y su proceso de sanación es más impactante cuando se le ha creído desde el principio.

En esta profesión cambiamos vidas y hacemos la diferencia, y buscamos el bien superior de niños, ante todo.

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Elmer Obdulio Cáceres Barreira fue sentenciado a 14 años de prisión por violación con circunstancias especiales de agravación contra su hijastra.

La Fiscalía Municipal de Lívingston logró demostrar que Cáceres Barreira empezó a violar a su hijastra cuando ella tenía 11 años.

La primera ocasión habría sido el 4 de abril de 2017 en la residencia de Cáceres ubicada en la aldea Ciénaga, en Lívingston.

Las violaciones contra la niña continuaron en varias ocasiones, hasta que ella quedó embarazada y dio a luz a una niña.

Según informó el Ministerio Público (MP), la prueba de paternidad y el testimonio de la niña fueron claves para lograr la condena de 14 años inconmutables.

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Ante esa situación, organizaciones sociales de Izabal denunciaron un alza en los casos de embarazos en menores de edad, los cuales, según el Ministerio de Salud, en Izabal sumaron dos mil 105 hasta octubre del 2019, teniendo como factor principal la trata de personas y la pertinencia cultural.

Una mesa técnica institucional busca brindar prevención, control y resguardo de las mujeres en prevención de embarazos en Izabal, donde el ascenso de casos en menores de edad “es alarmante”.

Por medio del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (Planea) se ha detectado la muerte materna de dos menores, una de 14 y otra de 19 años.

Janet Conde, del departamento de promoción del Área de Salud de Izabal, señala que los índices son altos, por lo que buscan reducir el porcentaje con acercamientos con jóvenes a quienes se les da a conocer temas como el embarazo precoz y las consecuencias de la maternidad en la adolescencia.

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“Lo que buscamos es formar grupos de jóvenes para que ellos sean un ente replicador entre sus amigos, ya que hemos detectado que entre ellos hay un mejor entendimiento”, agregó.

Gustavo Adolfo Batres, director de la Secretaria de Bienestar Social (SBS) en Izabal, indicó que las cifras de años anteriores ya fueron superadas, lo que calificó de preocupante; además, dijo que es necesario implementar programas de prevención porque las niñas están siendo víctimas de abusos.

Batres agregó que estadísticamente Izabal tiene más niñas embarazadas en relación a otros departamentos, por lo que también hay más agresores. Explicó que cuentan con 12 expedientes, en cuyos casos las menores huyeron junto a sus agresores (mayores) a otros departamentos.

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El delegado de la SBS también detalla que existe un factor cultural que puede estar generando un subregistro de casos, ya que en comunidades indígenas es “hasta cierto punto normal” que una menor quede embarazada, porque a temprana edad muchas contraen matrimonio, por lo que implementan campañas para concienciar a los padres de familia.

“Somos un país que agrede a las niñas, por lo que se debe de reforzar la prevención y socialización. Existen también muchas adolescentes garífunas que no acuden a los centros de Salud y por ello el registro no cuenta con el dato de esa población, algo que también ocurre con las -comunidades- Q’ eqchí”, añadió.

Casos

En un caso, una niña, de 13 años, en El Estor acudió a clases con su bebe, esto ante una orden del juez que le otorga el derecho a la educación a la madre adolescente. También se conoce un caso donde una niña que denunció que tenía un novio y al quedar embarazada este desapareció, según las autoridades es uno de los casos más comunes a nivel nacional, donde la mayoría puede ser señalada de agresiones sexuales.

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Otros de los casos “Julia” (nombre ficticio), una menor de 14 años que llegó a su escuela una mañana y alertó a sus compañeras de que se sentía mal. Las molestias persistían y decidió practicarse una prueba de embarazo y junto a sus compañeras constataron que la misma dio positivo.

La maestra de “Julia” encontró la prueba y notificó a las autoridades de Educación, quienes le dieron seguimiento al caso y se determinó que el victimario era un joven de 21 años, quien contaba con el permiso de los padres de la menor para un noviazgo.

Según la investigación de las autoridades, la madre explicó que pensó que, autorizando a su hija a tener novio, el embarazo no llegaría, pero fue todo lo contrario.

De acuerdo con autoridades de Educación, los maestros al conocer de un caso de violencia en contra de menores deben dar aviso inmediato a los entes correspondientes, aunque en muchos casos existe temor por parte de ellos, porque reciben amenazas de los agresores.

“El juez ordena a las instituciones a intervenir de forma inmediata, porque las niñas están siendo vulneradas, algo que ha contribuido para lograr una asistencia inmediata y se ha rescatado a muchos jóvenes que han sido violentados”, expresó María Estela Gómez, comunicadora de la Dirección Departamental de Educación de Izabal.

Redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación relevante entre los jóvenes, pero también ha sido un factor de vulnerabilidad para malas prácticas, especialmente porque son utilizadas por acosadores que se esconden detrás de perfiles falsos, según lo explicó Sharon Franco, delegada de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación.

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Franco agregó que se organizan jornadas para dar a conocer el riesgo al que los jóvenes están expuestos en las redes sociales, donde constantemente reciben acoso y muchos por desconocimiento han caído en manos de agresores.

“Muchas redes mal informan, no educan y promueven la pornografía, debemos de ser responsables todos los padres de familia, maestros y personeros de instituciones e involucrarnos en la protección de los adolescentes y enseñarles a que no pueden dejarse violentar”, comentó.

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Uno de los problemas más graves sería la reducción de la inversión pública para la niñez y adolescencia, según un análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Ese estudio señala que, del presupuesto vigente en el 2019, el 3.6% del PIB está destinado a la niñez y adolescencia, pero para el 2020 se proyecta un porcentaje de 3.4.

El gasto público destinado para esta población también se reduce del 27% del total del presupuesto vigente a 26.7% el próximo año.

Este plan de presupuesto también recorta asignaciones a secretarías que trabajan temas de niñez y adolescencia.

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Uno de los programas más afectados por esta baja, según el análisis de Icefi, es el de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica, a cargo del Ministerio de Salud, que se vería afectado en la aplicación de vacunas, monitoreo de crecimiento, entrega de micronutrientes para mujeres en edad fértil, vigilancia del agua y atención a las infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, entre otros.

El proyecto de presupuesto para el otro año también plantea reducción en Educación, lo que impactará en la gratuidad en la educación, becas con útiles escolares, valijas docentes, reparación de establecimientos educativos y mobiliario y textos.

El Icefi lamenta que, contrario a priorizar la inversión en la niñez y adolescencia, el presupuesto se centra en incrementar el presupuesto del Ministerio de la Defensa para la compra de aviones militares, así como el Ministerio de Agricultura que aportaría a oenegés.

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Algunos problemas

Este año, hay 15 mil 407 niños que demuestran la poca atención del Estado a la niñez, se trata de 13 mil 591 niños menores de 5 años que están en riesgo por la desnutrición aguda y mil 816 niñas que fueron madres antes de cumplir los 14 años.

Además, un estudio de Oxfam en Guatemala revela que la desnutrición crónica se incrementó en 6.9% en siete municipios del corredor seco.

Según datos del Ministerio de Salud, en 18 de los 22 departamentos del país hay un aumento, en comparación con el año pasado, de casos de niños desnutridos agudos, quienes están en riesgo de morir por la falta de alimentos.

En total, son dos mil 323 niños más los que se registran a través del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Los departamentos con más casos registrados de desnutrición aguda son:

• Guatemala (1,602)
• Alta Verapaz (1,371)
• Escuintla (1,357)
• San Marcos (1,239)
• Huehuetenango (1,086)

Además, en el Registro Nacional de las Personas se cuentan mil 816 niñas de 10 a 14 años que ya tuvieron un hijo, lo que significa que fueron violentadas sexualmente. El año pasado, el registro de partos llegó a mil 50. Esos datos son recopilados por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva.

Los departamentos con más nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años son:

• Huehuetenango (230)
• Alta Verapaz (202)
• Guatemala (183)
• Petén (163)
• Quiché (153)

Menos de Q5 para las niñas

Otto Rivera, director de la Comisión ProConvención sobre los Derechos del Niño (Cipronedi), asegura que el presupuesto para la niñez y adolescencia ya es insuficiente y la reducción que se plantea para el 2020 afectará en programas sensibles, como educación, programas de alimentación escolar y combate a la desnutrición crónica y aguda, así como en la prevención de muertes neonatales y maternas.

Rivera afirma que, para el 2019, el gasto público para la niñez y adolescencia es en promedio de Q8.89 diarios, para cubrir los derechos de salud, educación, alimentación saludable, cultura, deporte y recreación, lo cual es insuficiente.

Más grave es, señala el experto, que el presupuesto de inversión específico para las niñas y adolescentes mujeres es de Q5 diarios en promedio, lo que significa que en algunos departamentos y municipios este monto es menor.

“Reducir y volver poco transparente el presupuesto perjudica en especial a la niñez y adolescencia”, dice Rivera.

El director de Ciprodeni recuerda que en el 2019 el Comité de Derechos del Niño, del que Guatemala es signataria, hizo una exhortación a sus estados miembros para hacer una mayor y mejor inversión en la niñez, pero en el país ocurre lo contrario.

Pero, además de aumentar la cantidad de recursos, lo que se necesita es eficientizar el gasto y que el poco presupuesto destinado a la niñez y adolescencia se use de forma eficaz, eficiente, transparente y urgente, pide Rivera.

No es acorde

En el Congreso está pendiente la aprobación del presupuesto, pero son deficiencias como estas y rumores de pagos para su aprobación y condiciones para apoyarlo lo que pone en duda que el gobierno de Alejandro Giammattei comenzará su gestión con un nuevo plan de gastos.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, asegura que el presupuesto propuesto no debe ser aprobado porque está desfinanciado y eso implicaría mayor endeudamiento para el país.

Además, señala la diputada, la reducción al gasto social y la poca claridad del destino de algunos rubros hace que se no se apoye esa aprobación.

Para el congresista Walter Félix tampoco es recomendable la aprobación pues el Congreso estaría avalando entregar fondos que no tienen un destino claro, así como beneficiar a algunas oenegés.

De parte de la bancada más grande en el Congreso, La Unidad Nacional de la Esperanza, el diputado Oscar Argueta, jefe de ese bloque, asegura que a menos que se hagan cambios a la propuesta, que tengan análisis técnicos y consensuados con el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, este no será aprobado.

El mandatario electo ha reiterado en varias ocasiones que no apoya este proyecto porque no es acorde a los intereses del país.

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Cecilia Mérida, coordinadora del Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, expuso que del año 2015 al 2018, 27 mil 88 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años en Huehuetenango resultaron embarazadas; 619 niñas de 10 a 13 años fueron obligadas a dar a luz, producto de una violación.

Otras cifras señalan que 24 mil 657 adolescentes de 15 a 17 años y mil 812 menores de 14 años, también quedaron embarazadas. Los municipios con más casos de embarazos en niñas y adolescentes son, Santa Cruz Barillas y San Pedro Soloma, según datos del Ministerio de Salud.

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Mérida dijo que, en las tres clínicas de atención integral a víctimas de violencia sexual del departamento fueron atendidas 769 víctimas de 2 a 76 años, el 75 por ciento fueron menores de edad.

La entrevistada señaló que el 78 por ciento de los violadores sexuales, son conocidos de las víctimas, padres, hermanos, abuelos, tíos, novios, vecinos, maestros o empleadores. “Los agresores viven en el círculo más cercano de las niñas y mujeres”, lamentó.

“Construir un mundo mejor pasa por cambiar actitudes misógenas y erradicar el machismo que está construido como patrón que no permite un desarrollo pleno para las mujeres”, expresó la investigadora.

Julia María Arias, asesora en derechos humanos para las mujeres, manifestó que, del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018, según datos del Ministerio Público (MP), tres mil 378 hombres cometieron igual número de delitos de índole sexual en contra de mujeres de todas las edades en Huehuetenango. “El 99 por ciento fueron delitos de agresión sexual y violación con agravantes”, reveló.

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Señaló que mil 887 hombres habrían cometido el delito de violación sexual en contra de mil cien menores de edad y 787 mujeres adultas.

Arias afirmó que en los últimos cuatro años, 49 mujeres murieron de forma violenta en Huehuetenango; el año pasado hubo 20 crímenes.

Del 2015 al 2018, La Fiscalía en este departamento documentó 13 mil 991 denuncias por violencia contra mujer, de esa cifra, seis mil 314 hombres fueron denunciados por agresión y cuatro mil 840 por violencia psicológica.

Según las estadísticas, Huehuetenango, La Democracia, La Libertad, San Sebastián Huehuetenango y San Pedro Soloma, son los municipios donde las mujeres son más vulnerables.

Rezagos en educación

Brenda Rodríguez, delegada de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), expresó que además de la violencia que afecta a las mujeres, otro problema que enfrentan son los obstáculos para para acceder al sistema educativo.

Según la funcionaria, el  77.6 por ciento de los estudiantes inscritos en el departamento logra finalizar la primaria; el 35 por ciento de mujeres mayores de 15 años en el departamento es analfabeta, mientras que el 25.3 por ciento de mujeres no tienen acceso a la educación.

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, en Huehuetenango en el año 2000 se inscribieron 104 mil 323 hombres y 88 mil 608 mujeres; en el 2010 fueron 150 mil 872 mujeres y 164 mil 134 hombres. En el actual ciclo escolar fueron inscritos 145 mil 976 hombres y 138 mil 679 mujeres. “Cada año son menos mujeres las que tienen acceso a educación”, señaló Rodríguez.

“El trabajo de organizaciones pro derechos de la mujer, es una muestra de la lucha constante ante un panorama poco favorable”, destacó Rodríguez.

Para Montserrat Noval, integrante del colectivo, la violencia en la que viven cientos de mujeres es producto del orden patriarcal y heterosexual que menosprecia la capacidad que tienen los seres humanos de construir y convivir desde el respeto y el reconocimiento de lo que las mujeres quieren ser desde los mandatos religiosos, familiares y la cultura masculina.

“Exigimos nuestro derecho a proponer y construir nuevas relaciones entre nosotras, con los hombres y las instituciones, de modo que, ninguna mujer vuelva a ser golpeada, abusada, asesinada, que ninguna pase hambre, enfermedad o dar a luz en condiciones inhumanas”, puntualizó.

Añadió: “Ya no pueden vivir – las mujeres – bajo regímenes patriarcales en relaciones de pareja, en organizaciones o trabajo, familias y las comunidades, que ninguna niña, adolescente o  mujer sufra las consecuencias de desigualdad, exclusión, racismo o sea considerada como objeto sexual”.

Alzan la voz

Blanca Miculax, representante de la organización Pop Noj, manifestó que, mujeres indígenas, niñas y de la tercera edad, sufren por la opresión y violencia de un sistema patriarcal

“La violencia de género es una construcción histórica que no es natural ni debe ser tolerada, las mujeres alzan su voz para exigir respeto a tener una vida libre”, analizó Miculax. Añadió que decidieron organizarse para reclamar sus derechos ante el Estado de Guatemala y los hombres para poner un alto a la opresión de la cual las mujeres en este país han sido históricamente sometidas.

“Que se garantice la salud para las mujeres, acceso a la justicia pronta en nuestro idioma materno y se nos dé el valor que tenemos”, concluyó.

Campaña

Grupos de mujeres y colectivos llevarán a cabo una serie de actividades este mes como parte de la campaña 25 de Noviembre, la cual incluye la reproducción de películas en la plaza de armas de la cabecera departamental, exposiciones, muestras de arte y una caminata para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las integrantes del colectivo explicaron la iniciativa se efectúa desde hace 10 años y es una forma de buscar respeto a sus derechos, reivindicar su lucha a favor de este sector para vivir en paz y con pleno desarrollo.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que activen y cumplan con los mandatos que tienen para detener el flagelo de la violencia en contra de las mujeres”, dijo Cecilia Mérida, coordinadora del Colectivo Vida,  Justicia y Libertad  para las Mujeres.

#Ahora| Organizaciones de mujeres de Huehuetenango lanzan campaña para reivindicarse en el contexto del día de la no violencia contra la mujer @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/TYmgfS0jfX

— MikeCastillo (@MikeCastillo_PL) November 4, 2019

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En números absolutos, el departamento de Guatemala es el que presenta más niñas y adolescentes madres, aunque esto no necesariamente refleja la realidad debido a que este departamento tiene la mayor cantidad de población del país.

Prensa Libre intentó establecer, por tasa, cuáles son los departamentos y municipios con más mujeres menores de edad que son madres, pero la información que el INE presenta impide encontrar el dato, pues no hay información de la cantidad de hombres y mujeres, por edades y por departamentos.

Las reformas al Código Civil, aprobadas por el Congreso en el 2017, establecieron que “no podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad”, con lo que se buscaba evitar las alarmantes cifras de embarazos en menores de edad.

Lo que no se logró con esta reforma fue elevar a 16 años la edad en la que está permitido sostener relaciones sexuales con una adolescente, por lo que continúa en 14 años. El censo de la población censada señala que son 82 mil 201 niñas las que han sido víctimas de violencia sexual.

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Hasta el 3 de julio de este año se han registrado dos mil 116 embarazos y registros de nacimiento de madres de entre 10 y 14 años, según el reporte del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

En el caso de las niñas que este año se convirtieron en madre a los 10 años, el dato es de ocho casos: dos en Sololá y uno en Alta Verapaz, Petén, Escuintla, Huehuetenango, Jalapa y San Marcos.

La reforma a la Ley tampoco tuvo un efecto inmediato, pues en el primer trimestre del 2017 hubo 578 casos de niñas madres entre 10 y 14 años, en el mismo periodo del 2018 el dato fue de 569, pero para el 2019 la cifra subió a 641 casos.

Faltan datos específicos

Entre el 2018 y el 2019, los casos de violencia sexual en contra de menores de 14 años tuvieron un repunte grave, señala Leonel Dubón, director de El Refugio de la niñez.

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La preocupación del activista es que las instituciones encargadas de dar protección a los niños y adolescentes no agilizan las respuestas y tienen poca capacidad de reacción.

Sobre los datos que presenta el censo, Dubón afirma que estos deberían ser más específicos, debido a que el Censo ayuda a tomar decisiones, pero la información general impide que esto se cumpla.

Los datos estadísticos de la población censada también revelan que 951 mil 159 guatemaltecas tienen cinco hijos o más, mientras que 15 mil 743 no tienen hijos vivos.

Familias más pequeñas

El censo de población 2018 reveló que la cantidad de personas que integran un hogar se redujo a 4.5, en comparación con el dato que se presentó en el censo del 2002 que era de 5.1.

Esto se explica, según técnicos del INE, porque hay una mayor esperanza de vida y las familias deciden tener menos hijos.

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Junto a este dato se evidencia el llamado bono demográfico, un suceso que ocurre solo una vez en la historia de los países y por el cual atraviesa Guatemala.

En el censo 2018, la pirámide de población presenta una “anormalidad” pues la población de 15 a 19 años es mayor a la de 0 a 14 años, lo que hace que esa barra sobresalga en la pirámide.

La explicación técnica es que, debido a la alta probabilidad de mortalidad neonatal e infantil, las familias tenían más hijos, pero los avances médicos lograron reducir esos índices de muerte; sin embargo, los hogares siguieron teniendo más hijos hasta darse cuenta de que ya no era necesario.

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En el consolidado del año pasado, en el Registro Nacional de las Personas (Renap) se reportaron dos mil 256 nacimientos de madres de 10 a 14 años, lo que da un promedio de seis nacimientos por día. Tomado como referencia los datos de los primeros tres meses del 2019 la cifra aumentó a siete.

Con una constante en el incremento de casos, Huehuetenango aparece a la cabeza de la lista con los reportes más altos de este trimestre, con 81 nacimientos. Alta Verapaz reporta 66, en Quiché se contaron 61, Petén con 59 y San Marco con 51.

Según Mirna Montenegro, directora del Osar, varios son los factores que llevan a que la cifras de niñas embarazadas sean más altas en estos departamentos, entre ellos, la cantidad de población, la pobreza y pobreza extrema, el poco acceso a educación y a la salud, la escasa información de anticonceptivos y la falta de educación integral en sexualidad, así como la cultura patriarcal que impera en las comunidades rurales.

El factor de violencia sexual contra las niñas es parte del problema, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registra en su informe del primer trimestre del 2019 un total de 567 reconocimientos médicos por delito sexual en menores entre los 10 y 14 años.

Al otro extremo de la lista de departamentos con reporte de nacimientos de madres adolescentes, está El Progreso que solo reportó un caso.

Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza que atiende a  víctimas de violencia sexual y trata, indicó que los embarazos en niñas y adolescentes es un flagelo que no ha sido comprendido por la clase política ni por la sociedad en general.

“El tema de embarazos forzados y maternidades impuestas no es algo menor, es un tema de salud pública. Entre más obvie la clase política la importancia de atender el problema, más resultados como este (de incremento de casos) vamos a tener. Esto debería de ser una política de estado”, dijo Escobar Sarti, para quien es necesario establecer una política de niñez y adolescencia, para proteger a este sector de la población, con especial atención en las niñas y adolescentes.

Edad de la madre	Nacimientos, primer trimestre 2019
10 años	1
11 años	8
12 años	32
13 años	108
14 años	492
Total	641

Se amplia el rango de edad

El número de recién nacidos que vienen al mundo por madres adolescentes se incrementa drásticamente cuando el rango de edad se extiende a 19 años. En esa población el aumento es superior incluso desde tres años atrás.

Los nacimientos durante el primer trimestre del 2017 fueron 18 mil 279, mientras que al año siguiente se reportaron 21 mil 467, un aumento del 15 por ciento. Este año cambió a 24 mil 590, un incremento del 12 por ciento en relación con el año anterior.

Las cifras de menores que se convierten en madres son duras y se tornan más dramáticas al saber que hay un subregistro en los datos, pues en ocasiones son familiares de las menores quienes, para ocultarlo, realizan el trámite de inscripción de nacimiento y quedan inscritas ellas como la madre del niño o niña, según ha reportado el Osar.

Los embarazos en niñas y adolescentes es uno de los temas que a criterio de la institución deben ser atendidos con urgencia por el próximo gobierno, pero hay otros puntos como la importancia de la salud reproductiva, que debe ser vista como un estado de bienestar físico, mental y social, y no como la ausencia de enfermedades relacionadas con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

Otro punto importante es la desnutrición crónica, un flagelo que condena al 46 por ciento de la población infantil menor de 5 años, por lo que es imperativo la implementación de programas que velen por el bienestar de la madre desde que está embarazada, pues regularmente las adolescentes son invisibles a estos programas, según Montenegro, quien también hace referencia a la necesidad de implementar estrategias de atención primaria en salud que satisfagan las necesidades más básicas de la población.

Escobar Sarti señaló que este proceso electoral es buen momento para presionar a los aspirantes a la Presidencia a comprometerse a abordar la problemática de embarazos forzados y maternidades impuestas como parte de una política de Estado, con una dimensión de salud pública.

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No hay menos niñas madres sino cifras oficiales malas

Hasta octubre, el Ministerio Público (MP) había recibido ocho mil 691 denuncias sobre violencia sexual. Después de Guatemala —dos mil 276 casos—, Alta Verapaz, Escuintla, Petén, San Marcos y Huehuetenango fueron los departamentos con más reportes —entre 538 y 487, cada uno—. Según cálculos, del total de las denuncias, al menos el 80 por ciento son por abusos a menores de edad.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) revela que Alta Verapaz, San Marcos, Petén y Huehuetenango son los departamentos que registran más menores de 14 años embarazadas.

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Otros números

“Aunque hay una reducción, es una situación dramática para las niñas y adolescentes expuestas a la violencia sexual. Acá solo están las que se acercan a un hospital o centro de salud y quedan registradas”, manifestó Sergio Lobos, del Observatorio de los Derechos de la Niñez.

Lobos explicó que es necesario brindar educación sexual, y aunque el Ministerio de Educación ya tiene una política al respecto, no se puede aplicar en todos los planteles, ya que los padres se oponen a que se trate el tema en las aulas.

“Se tiene una concepción muy conservadora de que no deben tener relaciones sexuales, pero las tienen. Por otro lado, se condena o no se permite el uso de anticonceptivos en adolescentes y la consecuencia son los embarazos”, advirtió Lobos.

Los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al 30 de noviembre muestran que se practicaron 129 evaluaciones por delito sexual en niñas de 0 a 1 años, 264 en menores de 1 a 4 años y 493 en niñas de 5 a 9 años.

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Además, el Inacif ha evaluado a mil 869 adolescentes de 10 a 14 años y mil 507 de 15 a 19 años.

El aumento más significativo en este tipo de exámenes se dio en niñas de hasta 1 año, ya que en 2016 solo fueron 57. La Svet documentó que el repunte de evaluaciones originadas en alguna agresión o abuso sexual se reportó en Quetzaltenango —370—, Escuintla —361—, Alta Verapaz —306— y San Marcos —275—.

“Cuando una niña menor de 14 años llega embarazada al sistema de Salud, se debería hacer una investigación de oficio”, comentó Lobos.

Mortalidad

Los embarazos en menores de 14 años son de especial relevancia para Salud, por el riesgo de mortalidad materna.

“Este es un asunto de tipo sociocultural y económico. Salud tiene la función de prevención y la atención de las niñas”, explicó Roberto Molina, viceministro técnico de Salud.

Molina afirmó que desarrollan el programa de educación en sexualidad, promueven el acceso a métodos anticonceptivos y desarrollan campañas para evitar relaciones sexuales a temprana edad. Para 2018 unirán esfuerzos con la Vicepresidencia.

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Más riesgo

Las niñas del área rural son las más vulnerables a los abusos y a convertirse en madres, riesgo que aumenta cuando no reciben educación o no la completaron, como lo evidenció en el 2015 la Encuesta de Salud Materno Infantil, donde evidencia que solo dos de cada 10 mujeres de 15 a 19 años completaron la primaria.

“Hay menos casos reportados, pero no quiere decir que el problema ha disminuido o cambiado. Persiste la violencia sexual en las niñas y adolescentes, y por lo tanto el Estado, por medio de todas sus instituciones, debe intervenir desde sus mandatos institucionales y promover las coordinaciones para dar respuesta”, opina Gabriela Tuch, defensora de la Mujer, de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

San Benito, Petén, donde solo 7 de 10  niños terminan la primaria y la deserción escolar de niñas es alta, se registró en el 2010 una tasa de 4 mil 418 embarazos de niñas y adolescentes por cada 10 mil mujeres entre 10 y 17 años.

Al otro extremo está Santa Apolonia, Chimaltenango,  que llegó a registrar 6 embarazos por cada 10 mil adolescentes, una de las tasas más bajas fuera del departamento de Guatemala, que por tener más acceso a educación y servicios de salud reporta la tasa de natalidad de niñas y adolescentes más baja del país.

El país tiene una de las tasas de natalidad adolescente más altas de Latinoamérica, solo superada por Haití y Bolivia. Édgar Hidalgo, coordinador de las Encuestas de Salud Materno Infantil, señala que aunque no hay una tendencia al alza, la cifra tampoco ha reducido en la última década.

Hidalgo reconoce que el acceso a la educación tiene incidencia directa en los embarazos de niñas y adolescentes, pues de mil mujeres con primaria completa, 24 son madres, pero la cifra se reduce a 13 cuando las adolescentes logran tener acceso y finalizan sus estudios de nivel básico.

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Luchan por cambiar

Una red de protección a la niña y adolescente que trabaja desde hace cinco años podrían ser el motivo por el que Santa Apolonia figura como uno de los municipios con una baja tasa de partos en menores de edad. El municipio también es  uno de los más bajos  en casos de violencia sexual contra niñas.

La red, coordinada desde el Centro de Salud, involucra a la oficina municipal de niñez y adolescencia, a maestros y al Juzgado de Paz.

En Santa Apolonia, el 80 por ciento es población es indígena y el idioma que predomina es el Kaqchikel. Allí la mitad de estudiantes son mujeres y se superan las cuatro consultas prenatales que el Ministerio de Salud requiere como mínimo para un control adecuado.

Las charlas educativas y talleres sobre educación sexual comienzan con estudiantes de sexto primaria que son incluidos en la estrategia que la red utiliza para prevenir los embarazos tempranos. A los padres de familia se les capacita en reuniones que se programan durante la entrega de calificaciones de sus hijos.

Las visitas a las comunidades son un factor determinante, señala Adela Buc Sirín, encargada de la Dirección Municipal de la Mujer. Ella reconoce que hablar violencia sexual y educar con este enfoque todavía es un reto, pero es necesario.

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Lo reconocen

En Petén las autoridades lo tienen claro: falta educación sexual. Más de cuatro mil embarazos de niñas y adolescentes se han registrado durante 2017 en San Benito, lo que lo convierte el lugar donde más violencia sexual contra menores se registra del país.

Heidi Romero Portillo, encargada de la oficina municipal de la mujer reconoce que es la falta de educación sexual uno de los mayores desafíos para detener esta cifra. Conscientes del problema, se impulsan programas de educación, algunos en alianza con universidades, para empoderar a jóvenes y sean estos los que faciliten la información.

La distribución de métodos anticonceptivos en los centros de salud es otra de las estrategias que se apoyan, aunque de acuerdo a la directora del programa municipal Salud y Liderazgo, Helen Leiva, la cifra de niñas madres sigue creciendo.

La región petenera se encuentra entre los cuatro primeros lugares de embarazos  de niñas  de 10 a 14 años, por lo que se considera el lugar donde más violencia sexual se registra en el país, aunque la mayoría no se denuncian.|

Para evitar la discriminación a la que se enfrentan las niñas que se embarazan a temprana edad, la mamá de Brenda se hizo cargo de su nieta y los últimos seis años la ha criado como si fuera su hija. Brenda, que ahora tiene 16, hace el papel de hermana de su propia hija de seis años. Ahora viven en San Luis Petén, donde ningún vecino conoce su pasado; ellas prefieren mantenerlo así.

Ni la abuela-madre ni la madre-niña denunciaron al agresor, por lo que nunca se abrió ningún expediente judicial.

¿Qué hace que estas niñas sean víctimas de abusos sexuales? La creencia de que el hombre tiene poder sobre las mujeres y el deseo de tomar ese poder los motiva a violar. Este comportamiento está detrás del 89 por ciento de los casos donde la violación ha sido cometida por un familiar, según encuestas del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.

Muchas madres resuelven no denunciar ante las autoridades y son numerosos los casos en que, aseguran los expertos, las niñas no revelan el hecho a sus padres. La vergüenza, el miedo al rechazo y la culpa de creer que ellas han provocado los hechos están detrás de ese comportamiento. El fenómeno es peor cuando el embarazo es producto de una violación, pues en ocasiones la niña no entiende por qué se convirtió en madre, dice la psicóloga forense y experta en el tema, Meshelle Kababíe.

En la última década se han registrado casos de violencia sexual hacia menores de 14 años en todo el país, sin excepción. Sololá durante la última década tiene una de las tasas de natalidad en niñas y adolescentes más bajas de Guatemala, porque autoridades indígenas dirigen programas de concientización sobre el valor de la mujer e igualdad de oportunidades para erradicar el machismo.

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“Es un flagelo social. Los embarazos tempranos ocurren por violencia sexual, por discriminación, menosprecio y misoginia a las niña y adolescentes”, dice Dominga Vásquez, exalcaldesa indígena de Sololá. “Se  cree que es un objeto para ser tratado por un hombre”.

Exclusión dañina

Brenda no va a la escuela desde que se convirtió en mamá. Las niñas en Guatemala, sobre todo en la provincia, tienen menos posibilidades de acceder a educación pues es un privilegio al que tienen mejor acceso los hombres, por diversos factores, entre estos que la niña debe ayudar en las tareas domésticas.

Según la Encuesta de Salud Materno Infantil 2015 (Ensmi), solo dos de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años tienen estudios completos de primaria. Si son madres, como Brenda, la posibilidad de ir a clases se reduce aún más, pues no sólo deben atender a sus niños sino que cargan un estigma social por su condición, en un país donde el machismo predomina y la madre soltera es tomada con menor valor.

En Guatemala, al igual que en otros países de Centroamérica, el persistente machismo no halla extraño preguntarse ¿de qué sirve que una niña vaya a estudiar si lo que le toca es casarse y tener hijos?, argumenta Veronica Simán, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“Ese sistema no permite ver que las niñas tienen derechos, a la educación, a la recreación, a la salud”, dice. “Las niñas están en franca desventaja”.

El problema es mayor en el área rural, donde las niñas se exponen a ser discriminadas por indígenas, pobres y campesinas, y ellas crecen creyendo que no tienen otra opción más que convertirse en mamás.

La evidencia de esta exclusión a las niñas de la provincia es el departamento de Guatemala, el más urbano del país. Allí los municipios tienen la menor tasa de niñas niñas-madres por cada 10 mil mujeres menores de entre 10 y 17 años.

“Por lo general, la población en el área rural está más excluida de las oportunidades de desarrollo y tienden a tener indicadores más deprimidos; menor asistencia a la escuela, mayores tasas de embarazos adolescentes y mayor mortalidad materna”, dice Simán.

La falta de oportunidades para estudiar, el escaso acceso a educación integral en sexualidad y el simple hecho de ser mujer someten un menor desarrollo óptimo comparado con los varones.

Ser mujer en Guatemala ya es difícil: según la Ensmi, para 2015 ocho de cada 10 mujeres de 15 a 19 años no tenía trabajo; si a eso se agrega la baja escolaridad y la condición de niña madre el problema es aún mayor. Con menores posibilidades de estudiar, una niña madre tendrá una probabilidad menor de conseguir un trabajo; cuando lo consiga, será más temporal y peor pagado que los de otras mujeres sin familia y mejor educadas y significativamente menor que los de cualquier hombre.

Si esa madre niña es pobre, la brecha de pobreza crecerá. Y también aumenta las probabilidades de que el ciclo empeore: es muy posible que, cuando llegue a mujer, esa niña madre sea abuela a muy temprana edad.

El ministro de Salud entre 2012 y 2014, Jorge Villavicencio, negó que los datos hayan sido alterados, pero reconoció que  el sistema informático de la cartera “tiene dificultades”, lo que podría explicar “algún mal registro” durante ese período.
La reducción de casi el 30 por ciento, según Villavicencio, fue resultado de una política de prevención impulsada en ese período.

Implementar un protocolo de alerta al identificar casos de alto riesgo y el haber reconocido el trabajo de las comadronas en las áreas de Salud  influyó directamente en la reducción de mortalidad materna y embarazos en niñas y adolescentes, según Villavicencio.

La estrategia citada por  el exfuncionario contrasta con casos registrados en Salud desde el 2012, cuando bajó la cobertura que se ofrecía a través de organizaciones cercanas a comunidades de difícil acceso, y para 2013 los contratos con las oenegés que prestaban este servicio fueron cancelados.

La rescisión de esos contratos permitió al gobierno de Otto Pérez Molina un “ahorro” de más de Q470 millones, pero dejó sin servicios básicos de salud al 31 por ciento de mujeres y niños del país. Salud aún no cuenta aún con programas específicos en las áreas que quedaron sin cobertura.

Villavicencio, señalado de corrupción, fue sustituido en septiembre de 2014, por Luis Enrique Monterroso, quien  también niega que se hayan ocultado datos de manera intencionada.

“No hay programas, ni evaluaciones que demuestren que Guatemala trabaja o ha reducido los embarazos en adolescentes”, dice Mirna Montenegro, secretaria ejecutiva del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), la entidad que en Guatemala lidera la investigación sobre estos temas.

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Sin registros ni soluciones

Del total de niñas madre registradas en la última década, el 11 por ciento tiene 14 años o menos, lo que indica que han sido víctimas de violencia sexual.

Pero el número de casos registrados es solo la punta del iceberg. Las cifras corresponden solo a los partos atendidos en el sistema de salud, y cuatro de cada 10 se atienden fuera de este, de acuerdo al Osar.

La falta de datos certeros sobre la situación de las niñas y adolescentes que se convierten en madre causa que no se construyan políticas públicas para reducir los embarazos de niñas. El informe final del país sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), presentado en 2015, confirmó que la fecundidad en adolescentes es un tema aún pendiente.
Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM.

El problema tiene estrecha relación con la violencia, desnutrición y pobreza del país, un ciclo que lejos de tener respuesta se repite de forma constante.

¿Resultados mágicos?

Hasta el 2011 el registro de niñas madre creció a un ritmo de cinco por ciento cada año sin que existieran estrategias enfocadas en atender este problema.

En el 2012 la cifra bajó 31 por ciento y para el 2016 el descenso era del 62 por ciento. Pero ese descenso no era algo positivo sino todo lo contrario, pues se dejó de reportar los partos de niñas y adolescentes y se presentaban cifras erróneas sin que existieran políticas o programas para prevenir los embarazos en menores de edad.

La supuesta baja también se refleja en los datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), pues en 2013 se inscribieron 14 por ciento menos niños nacidos de mujeres de entre 10 y 19 años. La cifra se repite en todos los departamentos, algo que también genera suspicacia, pues los nacimientos se incrementan para otras edades.

Gran parte del subregistro fue provocado por la disposición ministerial de retirar a las oenegés de la extensión de cobertura en salud en el 2013.

Hasta entonces, las 67 organizaciones no gubernamentales concentraban su trabajo en comunidades de difícil acceso y principalmente rural. Pero el Ministerio tomó la decisión de liderar de manera institucional la atención y canceló los convenios, lo que produjo que nueve mil 327 comunidades se quedaran sin atención médica estatal y consecuentemente, acceso a planificación familiar y salud sexual y reproductiva y, claro, el registro.

Abilio López, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud, asegura que Q417 millones de todo el presupuesto de Salud estaba destinado a la extensión de cobertura. “Ese presupuesto lo siguió manejando el Ministerio de Salud –a partir del 2013—”, dice.

Otra causa de la falta de reportes de embarazos en niñas y adolescentes fue que a partir de 2013 hubo campañas que informaban que sostener relaciones con menores de 14 años era delito, lo que provocó que las víctimas no denunciaran al agresor, por ser un familiar o amigo cercano.

Guatemala ha tenido una “evolución contraria” en el tema de salud materna, según el indicador de los ODM, al no lograr reducir las cifras de niñas madres. 

“Nosotros contenemos los daños”

El programa Planea, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación, además de la apertura de espacios amigables para adolescentes es la propuesta del Ministerio de Salud para  prevenir los embarazos en menores de edad, explicó el viceministro técnico, Adrián Chávez.

El funcionario reconoció que durante el cambio de mando no se abordó el tema de los embarazos en niñas y adolescentes de manera específica y que fue después de tomar el cargo que se percataron del convenio con Educación, el cual busca brindar educación sexual a los adolescentes.

El viceministro indicó que no existe una fuente específica de financiamiento para atender este problema, al que considera una consecuencia de factores sociales como la educación y la pobreza, y en general las oportunidades de desarrollo de las niñas y adolescentes.

Chávez explicó que los embarazos en niñas y adolescentes tienen impacto social por el mayor riesgo  de mortalidad materna, y cree que una de las causas del descenso en los registros es la falta de denuncia.

El dinero que se recauda del 15 por ciento del impuesto a bebidas alcohólicas es  entregado al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que utiliza parte del recurso a la compra de métodos anticonceptivos, los que se ponen a disposición de la población. Según Chávez, están abastecidos para atender la demanda.

El viceministro afirmó que lo que Salud hace es “contener los daños”, pues la prevención requiere un tratamiento integral.

El registro de la organización señala que hasta agosto del año pasado había nueve niñas de 10 años embarazadas, lo que significa un incremento de más del doble de casos.

El registro de este año también detalla que solo en Huehuetenango hay 99 casos de embarazadas de entre 10 y 14 años, mientras que la cantidad de nacimientos, en el grupo de la misma edad, es de 129, el más alto entre todos los departamentos.

Abusos

Según la legislación guatemalteca, las relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas como violencia sexual y por lo general esos actos son cometidos por quienes deberían proteger a la niña.

Montenegro afirma que el 89 por ciento de los agresores sexuales son familiares o personas muy cercanas y que tres de cada 10 casos de violencia sexual son cometidos por el padre de la víctima.

“Se dio el caso de un papá que violó a la niña y él mismo la llevó al hospital”, relató la experta.

Montenegro señaló que se puede considerar como un avance el hecho de que cada vez más comunidades, alcaldes auxiliares y vecinos se involucren en la defensa de las niñas y denuncian los hechos.

También se ha mejorado el registro de casos a partir del 2012, cuando se estableció una ruta de atención integral en la que intervienen varias instituciones del Estado y la sociedad civil.

“Es ya un avance que todas las organizaciones tengan una misma estadísticas, pues antes esto no ocurría”, afirmó la experta.

Sentencias

En el Organismo Judicial aún no se resuelven varios procesos penales que comenzaron en el 2012 y el 2013, pero este año se han obtenido 596 sentencias por delitos de violencia sexual, lo que según el Osar ya es un avance.

“Es cierto que todavía venimos arrastrando muchos procesos, pero el sistema de justicia ha mejorado y en el Ministerio Público la investigación es más apegada al proceso”, manifestó Montenegro.

Donde  hay atrasos, según la activista, es en la protección a la niña, pues no hay hogares estatales que procuren la atención integral de las menores abusadas.

Otro problema es la idealización de la maternidad y creer que la niña debe aceptar ser madre solo porque es mujer, sin importar que se trate de una violación, por lo que se revictimiza, aseguró la directora de la Osar.

Ejemplar

El primer caso que contempla sentencia penal y reparación a las víctimas ocurrió en Quiché, donde dos hermanas fueron abusadas sexualmente por su abuelo, pero luego de la denuncia la comunidad expulsó a la familia.

Una jueza condenó al abuelo a 210 años de cárcel y ordenó que en la escuela se lea la sentencia contra el agresor, que la municipalidad otorgue un terreno a la familia y que el condenado aporte para la construcción de una vivienda.

Prevención

Gloria Castro, defensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó que hay necesidad y urgencia de implementar programas preventivos que estén dirigidos a hombres, padres, padrastros, primos, tíos y otros familiares que creen que tienen derecho a utilizar a una niña o adolescente como  un objeto sexual. “Se quebranta el proyecto de vida de la niña”, expresó Castro.

Problema

La Organización Mundial de la Salud considera que las adolescentes, de entre 10 y 19 años, representan el 11% de todos los partos que se producen en el mundo y acaparan el 23% de la carga global de morbilidad. Señala también que las relaciones sexuales forzadas, denunciadas por un 10% de las mujeres que han tenido su primera relación sexual antes de los 15 años, es una de las causas de embarazos no deseados.