Son diferentes los requisitos establecidos en la ley para actuar como agente de retención del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA).

Con la vigencia de la Ley de Actualización Tributaria (LAT) ha cobrado relevancia el tema de las empresas relacionadas, que también se les denomina partes relacionadas o entidades relacionadas. De manera general se puede definir como relacionadas cuando dos o más sociedades tienen dueños en común, es decir pertenecen a un mismo grupo empresarial, existiendo ciertos tratos preferenciales que no se podrían dar si fuesen partes independientes. Es importante indicar que esa definición general no es la aplicable para efectos fiscales, en virtud que la que establece la ley tiene un alcance más amplio e incluye otros aspectos en los que no necesariamente se debe dar la propiedad común de las empresas.

A través del cobro del impuesto sobre la renta (ISR) que grava las utilidades o el ingreso del contribuyente, el Estado participa como socio en todas las empresas y es exigente, porque si no se paga de manera correcta el tributo, se corre el riesgo de incurrir en multas, intereses y hasta en delito fiscal, según sea el caso.

Con la publicación del la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Lefe) es importante analizar el tratamiento, desde el punto de vista fiscal, el sueldo del socio de las sociedades de emprendimiento (S.E.) cuando el mismo se constituya con un solo accionista y que hablando en términos prácticos la entidad mercantil sería de un solo dueño, lo cual es diferente al caso de una empresa o negocio de propiedad individual.

El recién pasado 29 de octubre se publicó en el Diario de Centro América el Decreto 20-2018, que contiene la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento (Lefe), la cual entrará en vigencia el 27 de enero 2019 y entre las novedades que trae dicha norma es lo relacionado con las sociedades mercantiles unipersonales, pues regula que se podrán constituir a partir de una persona, para tal efecto dicha ley reforma el Código de Comercio (CdeC) agregando una nueva figura de sociedad mercantil denominada sociedad de emprendimiento (S.E.)

La denominada Ley que Promueve el Turismo Interno fue reformada por el decreto 19-2018, el cual ya está vigente y establece el corrimiento de varios asuetos, cuyas normas son de aplicación general.

Con el nombre de Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, se denomina la iniciativa, cuya redacción final fue aprobada por el Congreso el recién pasado 2 de octubre. Está pendiente de su publicación.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece las operaciones por las cuales no permite que la base imponible sea menor al precio de adquisición o costo de fabricación de los bienes.  Una de ellas es lo relacionado con las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago.  El otro caso son los retiros de bienes muebles que efectúa un contribuyente o propietario, socios, directores o empleados de la empresa, para uso o consumo personal o de sus respectivas familias.  Puede leerse que la ley se refiere a retiros y se interpreta que también incluye la venta, obsequio, premio o similares, para los cuales debe respetarse que la base para el cálculo del IVA no puede ser menor al precio de compra o al de fabricación. También se establece lo mismo para las donaciones de bienes muebles e inmuebles entre vivos, para lo cual los contribuyentes deben tener cuidado cuando donen activos fijos por el valor en libros del bien, ya que por el efecto de la depreciación acumulada  resulta ser menor al precio de adquisición. Lo anterior es en el caso de donaciones entre personas afectas, ya que cuando se trata de donaciones a fundaciones, asociaciones y otras entidades no lucrativas, no hay problema con la base imponible, puesto que esas operaciones están exentas.

Con el transcurso del tiempo, la factura especial se ha convertido en un instrumento para documentar otras operaciones diferentes para las cuales fue creada. Originalmente la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) instituyó la obligación para aquellas compras o servicios que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia los proveedores no extiendan o no entreguen la factura correspondiente, el comprador tiene la obligación de emitir una factura especial a cuenta del vendedor o prestador del servicio; es decir, tal documento sirve para respaldar las compras y servicios, para el crédito fiscal y la deducción del gasto.

El decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria (LAT), exige efectuar repartición de costos y gastos, cuando concurren rentas afectas y exentas, para deducir solamente los que corresponden a operaciones gravadas, por lo que se debe tener presente determinar para cada ejercicio fiscal la proporción de gastos deducibles para el período de liquidación anual del impuesto sobre la renta (ISR) que corresponda. Para efectos de este análisis, clasificamos en seis grupos los contribuyentes que deben hacer la asignación de costos y gastos.