Algunas de las prebendas otorgadas en el Pacto Colectivo firmado entre el Gobierno y la Asamblea Nacional del Magisterio constituyen un nuevo golpe a la calidad del proceso educativo del país, porque significan en la práctica que la cantidad de veces que los maestros pueden ausentarse de sus labores reduzca el calendario lectivo, en algunos casos, a más de la mitad de los días que los estudiantes reciben clases.

Por ejemplo, los dirigentes magisteriales tienen autorización legal de abandonar su puesto para realizar actividades durante nueve días del mes, es decir, equivalentes a 45 por ciento de los 20 días que tiene el mes lectivo. Las maestras embarazadas tienen ahora, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 83 días de permiso pre y posnatal, pero con el Pacto agregarán 30 días anteriores y 60 posteriores, lo cual eleva a 143 días los que estarán ausentes de su aula, equivalentes al 79 por ciento del total del ciclo escolar.

Por aparte, los maestros podrán tener entre dos y 10 días de permiso si ocurre el fallecimiento de un cónyuge, hijos, padres o abuelos, así como por razones de hospitalización. Al hacer estas cuentas, se evidencia que las conquistas laborales logradas por la mezcla de miopía de las autoridades, y de incapacidad sindical de analizar el efecto a largo plazo, se convierten en daños muy serios a la realidad educativa nacional.

Los expertos en Pedagogía están de acuerdo con señalar la inconveniencia de que los educandos, sobre todo, de primaria, comiencen el año lectivo con un docente y terminen con otro. También es notorio y evidentemente inconveniente que las clases se ven interrumpidas por la ausencia de los maestros. Según eso, los escolares que tengan una docente con edad de tener familia, o un dirigente sindical, tienen muy altas posibilidades de que su educación sea muy pobre, por la falta de días de clase o los cambios de maestros.

Nadie puede criticar a los maestros ni a sus dirigentes sindicales por luchar porque les sean aumentados los salarios, pero el asunto es totalmente distinto cuando se trata de obtener beneficios que, en la práctica, afectan la calidad y la cantidad de la enseñanza. Esto es sobre todo grave porque estadísticas indican con toda claridad que la educación pública de Guatemala cada vez tiene menor calidad, debido a la mezcla de aulas con demasiados estudiantes, pero carentes de condiciones adecuadas, a lo que se agrega en demasiados casos la ausencia de los educadores.

El pacto firmado el martes tiene muchos motivos para no ser aceptado por la población, no sólo por las razones ya apuntadas, sino porque, al haberlo firmado en esas condiciones, el Gobierno beneficia a un cuñado del presidente Colom, que podrá cobrar entre Q2.9 millones y Q17 millones, según lo negocie. Esto se convertirá en fuente de críticas y de innecesario desgaste.

Por estas razones, lo ocurrido el martes se puede considerar realmente un golpe a la educación del país, cuyos efectos son los pedagogos quienes deben calcularlos en su verdadera magnitud.