Guatemala
El poder estatal que se define, dentro de un mes, con la elección de rector de la Usac
La Usac tiene voz y voto en 53 instituciones del Estado y en comisiones de postulación clave, mientras el CSU define esos nombramientos y administra un presupuesto de Q3 mil 522 millones.
Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sede de decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU). (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
La Universidad de San Carlos (Usac) tiene representación en 53 instituciones del Estado: instancias del Ejecutivo, federaciones deportivas, consejos de desarrollo y entidades de salud, economía y tecnología. Además, por mandato constitucional se le asigna una silla en las comisiones de postulación de los órganos de control estatal.
Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho participa en la elección de candidatos a dirigir el Ministerio Público, mientras que el de Ciencias Económicas lo hace en la comisión postuladora de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza el gasto público.
Las personas designadas por la Usac tienen voz y voto en las decisiones más relevantes del país, y su nombramiento o participación lo define el Consejo Superior Universitario (CSU), un sistema de gobierno tripartito con representación de estudiantes, profesores y egresados colegiados, bajo la presidencia del rector.
Todos los actores son elegidos mediante un sistema de cuerpos electorales, y quienes hacen mayoría pueden dominar las decisiones en la Usac.
Ese sistema funciona como un campo de batalla político, con disputas de poder a nivel de facultades, asociaciones estudiantiles y sector gremial. Docentes y estudiantes han denunciado la corrupción de los procesos de elección, a través de la compra de votos a cambio de beneficios como asignación de puntos o puestos de trabajo para estudiantes, docentes o sus familiares. También señalan amenazas de despido o traslados.
Además de la incidencia en los órganos de control del Estado, quienes integran el CSU tienen la potestad de administrar un presupuesto millonario. En el 2025 la Usac manejó Q3,522 millones. El 87% provino de ingresos tributarios, de acuerdo con el mandato constitucional.
El manejo de los fondos ha sido motivo de señalamientos. Diputados oficialistas y del partido Vos, por ejemplo, han denunciado falta de rendición de cuentas bajo la administración de Walter Mazariegos. Han reportado compras sobrevaloradas, sin respaldo y la contratación de personal con fines políticos. En varias facultades hay más profesores bajo contratos anuales que en planilla, lo cual concede a las autoridades de turno el control sobre las asignaciones de cátedras.
Datos del 2025 refieren que la Usac tiene 216,783 estudiantes en grados técnicos y de licenciatura a nivel nacional, 767 extranjeros y 10,679 de posgrado. El 50% estudia en la región metropolitana.
La Universidad no publica datos actualizados del número de trabajadores administrativos y de servicios, pero un reporte del 2022 contabilizaba 5,169. El 90% del presupuesto de la Usac se destina al pago de personal y funcionamiento.
Pugna por el poder
La situación política de la Usac se agravó en el 2022 por el mecanismo fraudulento que se utilizó para relevar al rector. El CSU bloqueó a la oposición: solo 72 de 170 electores asistieron y por unanimidad declararon ganador a Walter Mazariegos, el único candidato presente.
Los cuerpos electorales se componen de cinco representantes elegidos de estudiantes, igual número de profesores de las 10 facultades del campus central y cinco de cada uno de los 14 colegios profesionales. Esto suma 170 electores.
La elección de Mazariegos fue validada por el CSU, que funciona como una aplanadora. De sus 41 integrantes, 26 ejercen funciones con el período vencido. El mismo consejo ha impedido el nombramiento de sus reemplazos, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad ordenó la renovación de cargos.
La mayoría de consejeros vota en la misma línea y gira en torno a la figura de Mazariegos. Con esa composición de poder fueron elegidos dos magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
El próximo 8 de abril, Mazariegos puede buscar su reelección. Las votaciones para elegir a los cuerpos electores han evidenciado las dimensiones de la pugna de poder por la rectoría.
Un movimiento contra Mazariegos
A pesar del bloqueo a la participación y las sanciones que el CSU ha impuesto a sus contrarios —entre ellas procesos disciplinarios y expulsiones—, el grupo contrario a Mazariegos ha ganado 20 cuerpos electorales. Los afines al actual rector tienen ocho.
Quedan pendientes varias votaciones. En algunos casos porque se requieren segundas vueltas y en otros porque los eventos se suspendieron debido a varias anomalías que se reportaron en instancias judiciales, entre ellas el bloqueo a la participación de planillas de la oposición.
El objetivo de quienes adversan a Mazariegos es ganar el mayor número de electores para iniciar un cambio en la correlación de fuerzas en el CSU. La votación se realizará en el Hotel Casa Santo Domingo. Para ganar, un candidato que participa por primera vez necesita la mitad más uno de los votantes presentes en el evento. Para la reelección es necesario el respaldo de las dos terceras partes.
Aunque la oposición reconoce su ventaja, todavía no canta victoria. El CSU debe avalar su participación y hay inquietud de que se repita el mecanismo que los bloqueó en el 2022, cuando Mazariegos fue nombrado rector.
Otro escenario que avizoran es que, sin mayoría de cuerpos electorales, el CSU deba elegir entre los dos candidatos punteros en contienda. Tal como está integrado, la mayoría de votos responde a Mazariegos.
La oposición se articula: el movimiento DIRE
Renato Ponciano es uno de los profesores que integran el movimiento Dignidad y Rescate (DIRE), el cual, según cuenta, surgió para promover la elección de un rector con un perfil de “honorabilidad y académico”.
El movimiento DIRE tiene tres aspirantes a la rectoría: Hada Alvarado, Rodolfo Chang y Marco Vinicio de La Rosa. Los tres fueron acusados en el caso “Toma de la Usac: botín político”, con el cual el Ministerio Público buscaba vincular las protestas contra la elección anómala de Mazariegos con los señalamientos contra el partido Semilla.
A partir de ese caso, el Ministerio Público presentó 44 órdenes de captura contra estudiantes, profesores y solicitudes de retiro de antejuicio para diputados e incluso contra el presidente Bernardo Arévalo. Un juez resolvió que no hay razón para perseguir penalmente a Alvarado y De La Rosa, mientras que el caso contra Chang sigue abierto por depredación de bienes culturales y usurpación. El Ministerio Público los acusó de asociación ilícita.
Ponciano destaca que el proceso judicial afectó la moral estudiantil y docente. Dos de sus colegas, profesores de la Facultad de Ingeniería, renunciaron tras la persecución penal que conllevó el bloqueo del pago de sus salarios.
Javier Monterroso, exdocente de la Facultad de Derecho, asegura que la intimidación sigue vigente. A él le cesaron su cátedra por ser opositor de Mazariegos y asegura que varios docentes han sido intimidados para mantener apoyo al actual rector.
Monterroso ha sido uno de los abogados que ha presentado recursos legales para impedir el bloqueo de inscripción de planillas en la Universidad y en colegios profesionales.
Pocos votos deciden las cuotas de poder
A pesar de que el poder que está en juego es de dimensiones estatales, la definición del rector se realiza con un número reducido de participantes.
Jennifer de la Cruz, estudiante de noveno semestre, quien integró la planilla opositora en la Facultad de Derecho, explicó que en la tercera vuelta ganó el grupo que se asocia con la facción de Mazariegos, a través del decano Henry Arrega. Obtuvieron 1,931 votos, mientras el grupo contrario consiguió 1,676.
Se trata del 10% y 8%, respectivamente, del padrón de votantes, compuesto por aproximadamente 19 mil alumnos.
“Hay una apatía política, pero también influyen la coacción y las amenazas”, aseguró De la Cruz.
Derecho es la segunda facultad con mayor número de estudiantes. El último reporte público indica que había 24,283 matriculados en el 2024. Tienen derecho a voto quienes han completado el primer año de la carrera.
Incremento presupuestario
El presupuesto de la Universidad de San Carlos ha incrementado en los últimos años. Hay Q1,210 millones de diferencia entre lo recibido en el 2022 y en el 2025.
El 87% de los ingresos del último año provino de fondos estatales, de acuerdo con el incremento de ingresos tributarios, y tuvo una ejecución del 100%.
La Constitución establece que la Usac debe recibir una asignación no menor al 5% de los ingresos ordinarios del Estado, pero las autoridades señalan que el monto que reciben está por debajo de ese porcentaje.





