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Contraloría denuncia también a 24 miembros del CSU, que junto a Walter Mazariegos son señalados por irregularidades en la Usac
La Contraloría accionó contra los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y el rector Walter Mazariegos, luego de detectar posibles irregularidades en contrataciones y manejo de fondos, según auditorías recientes.
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Los cuestionamientos por la última constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —conocida como finiquito— de Walter Mazariegos, reelecto como rector de la Universidad de San Carlos (Usac), continúan y se confirmó que no es el único señalado por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Dos delegados de la institución confirmaron que, junto a él, otros 24 representantes del Consejo Superior Universitario (CSU) figuran en una serie de denuncias presentadas por la entidad fiscalizadora a finales de marzo de este años. Esto durante una citación con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Nery de León Góngora, jefe de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias de la CGC confirmó que son 24 personas denunciadas además de Mazariegos.
Los funcionarios indicaron que los hallazgos están relacionados con temas de contrataciones y actos vinculados a la administración de recursos, aunque evitaron profundizar debido a que las tres denuncias fueron declaradas bajo reserva por el Ministerio Público (MP).
Según mencionaron los diputados, los hallazgos fueron notificados previamente y se otorgó un plazo —que pudo ser entre enero y febrero— para desvanecerlos. Sin embargo, al no hacerlo, se interpusieron tres denuncias para investigar y formular cargos.
En ese contexto, el diputado Orlando Blanco señaló que, bajo la condición de “denunciado”, Mazariegos ya no podría solicitar un nuevo finiquito. “Si a partir de estas denuncias solicitaba una certificación, ya no se la pueden extender hasta que no dilucide los cargos que le formula la Contraloría General de Cuentas”, afirmó.
Mazariegos no podría optar al cargo
Blanco agregó que, conforme a la información trasladada por la CGC, el estatus actual en los registros es precisamente el de “denunciado”, lo que bloquea la emisión del documento. “Cuando una persona tiene denuncias, no se le otorgaría finiquito y, por lo tanto, no podría postularse ni optar al cargo”, cuestionó.
En la misma línea, el asesor jurídico de la CGC, Ricardo Villatoro, explicó que la Ley de Probidad es clara respecto a este requisito.
"Ninguna persona podría optar al cargo. La ley es clara en ese sentido, como se menciona justamente en el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Optar y tomar posesión son dos etapas diferentes, y en ninguno de los casos podría optar”, indicó Villatoro.
Se confirmó además que Mazariegos no cuenta con un finiquito reciente, ya que la última constancia fue emitida hace más de seis meses, el 19 de septiembre de 2025.
Los diputados también cuestionaron que instituciones como la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos y la propia Contraloría no hayan solicitado documentación importante, como el acta misma, del proceso electoral en el que Mazariegos fue reelecto el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala.
A criterio de los congresistas, si no se verificó el cumplimiento de requisitos como el finiquito, podrían existir responsabilidades legales. Incluso señalaron que se debería evaluar la presentación de denuncias contra quienes dirigieron el acto electoral.
Además, criticaron el papel de la PGN. “Va tarde en estos procesos”, señaló Blanco, al confirmar que la institución no ha recibido instrucciones del presidente Bernardo Arévalo para accionar en el caso.
En esa línea, el diputado Jairo Flores cuestionó: “No vemos que el Gobierno de Guatemala tenga la intención de la defensa de la universidad. ¿Ha recibido instrucciones superiores directas para defender con todas las instancias legales lo que está ocurriendo en la Universidad de San Carlos?”.
Lourdes Samayoa, jefa de Abogacía Penal de la PGN, respondió: “Yo directamente no”, y descartó que exista alguna solicitud en ese sentido al procurador Julio Saavedra.
Arévalo se pronuncia
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el tema y reiteró que corresponde al sistema de justicia resolver las impugnaciones. “Es muy importante que la renovación del sistema de justicia responda a los recursos y amparos que se han presentado sobre las elecciones en la Universidad de San Carlos”, indicó, al tiempo que hizo un llamado a las Cortes a actuar “con criterio y celeridad”.
Asimismo, descartó cualquier acuerdo con Mazariegos: “Es absolutamente falso. No ha habido ni habrá ningún pacto arriba de la mesa o abajo de la mesa con Walter Mazariegos”.
El mandatario subrayó que, como presidente, tiene límites en su actuación, pero instó a las autoridades judiciales a investigar las denuncias: “Que examinen e investiguen la serie de denuncias que han existido a lo largo de todo el proceso (...) para que se dictamine efectivamente cuál es la situación”.
Inician auditoría especial
La Contraloría confirmó el viernes 10 de abril que, ante la existencia de tres denuncias interpuestas ante el MP, la Subcontraloría de Calidad del Gasto nombrará una comisión de auditoría para realizar un examen especial.
Este proceso tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley de Probidad y otras normas afines.
“No es que la Contraloría busque establecer la ilegalidad, sino establecer si cumple con los requisitos para su postulación; eso ya lo determinará la comisión que sea nombrada para la auditoría y, en materia de probidad, si no cumple, procede denuncia”, indicó la institución el pasado viernes 10 de abril.
La entidad también reiteró que el finiquito no tiene un tiempo de vigencia definido, sino que su validez depende de que no surjan nuevos cargos en contra del funcionario.
Figura con peso determinante
El rector de la Usac no solo dirige la única universidad pública del país, sino que tiene un papel importante en el ámbito institucional y en procesos que inciden en el sistema de justicia.
Como máxima autoridad, administra y define la política académica y financiera —con un presupuesto que en 2025 superó los Q3 mil 500 millones— y preside el CSU.
Además, por mandato constitucional, su figura tiene influencia en estructuras relevantes del Estado como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y tanto la Corte Suprema de Justicia, así como de las Cortes de Apelaciones, entre otras.
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