El magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, en entrevista este viernes 24 de abril en Prensa Libre Radio, amplió detalles de la resolución que anula la nómina para candidatos a fiscal general y explicó bajo qué argumentos resolvieron. Además, fue consultado sobre su punto de vista tras la reacción del presidente Bernardo Arévalo por lo resuelto.

El jueves 23 de abril, la CC resolvió repetir la evaluación de aspirantes y rehacer la nómina bajo un nuevo criterio, tras otorgar un amparo provisional.

En su resolución, la CC consideró que es un hecho notorio que en las sesiones de la Comisión de Postulación no se cumplió con la verificación de los requisitos exigidos por el artículo 251 de la Constitución, específicamente porque no podía computarse el tiempo de desempeño como juez dentro del ejercicio de la profesión de abogado.

En ese sentido, Molina Barreto indicó que si la Corte resolvió hasta el jueves fue por omisión, pues la presidencia saliente y la actual no habían convocado, como lo habían solicitado desde hace varios días.

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Añadió que la solicitud de que se convocara con tiempo era para crear menos problemas al proceso que se vive para el nombramiento del nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP).

Recordó que el amparo ingresó a la CC desde hace tiempo, por lo que tres magistrados ya habían manifestado la urgencia de resolver, al recordar que era un criterio no nuevo, sino que la Corte ya lo había mencionado desde el 2022.

Afirmó que desde el primer día que asumieron la nueva magistratura también hicieron la solicitud, pero no se convocó sino hasta el 23 de abril.

“Esto nos obliga, pues, a retrotraer cabalmente el proceso a una etapa anterior”, indicó.

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De acuerdo con el magistrado, si se hubiera resuelto a tiempo, habría sido cuando la Comisión de Postulación aún evaluaba cómo calificar a los aspirantes a fiscal.

Afirmó que la resolución no está dirigida a ninguna persona en particular, sino que busca cumplir con la función de la Corte, que es resguardar el orden constitucional. Añadió que también hay más responsables de este retroceso, como algunos miembros de la Comisión de Postulación.

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Molina Barreto recordó que es de conocimiento público que fue ampliamente discutido el tema de si se podía o no acumular la experiencia del ejercicio de la profesión liberal con la práctica de la judicatura. Según él, algunos lo interpretaron correctamente, al recordar lo que la Corte ya ha establecido, mientras otros mantuvieron una postura opuesta, lo que derivó en esta consecuencia en el proceso.

Agregó que la CC analizó que la Comisión de Postulación no cumplió con hacer esa calificación debida, y por eso fijó un plazo para que el presidente devuelva la nómina y, en 48 horas, la Comisión vuelva a revisar los expedientes de los aspirantes.

Explicó que lo resuelto no implica revisar en absoluto el expediente de cada candidato, sino únicamente aquellos casos en los que hubo una indebida calificación; es decir, quienes fueron jueces y a quienes se les acumuló ese tiempo para sumar puntos.

Dijo que desconoce qué resultado tendrá esa revisión y a quién podría afectar, pues no tiene acceso a todos los expedientes.

Explicó que no se trata de una situación en la que la Corte esté calificando personas, sino el cumplimiento de la Constitución, y que ese cumplimiento no puede quedar sin efecto. Añadió que no se puede dejar un precedente que permita viciar procesos futuros.

Recordó que la Corte fue instada a conocer el amparo en tiempo adecuado, ante la amenaza de que los requisitos fueran mal calificados o identificados, pues si se hubiera resuelto cuando la Comisión elaboraba la tabla de gradación, esto no habría ocurrido.

Afirmó que la Corte no tiene intención de afectar a ningún profesional de la nómina, pero no puede dejar de resolver ni declarar el caso sin materia.

Molina Barreto dijo que la Corte o los magistrados no reaccionan a redes sociales ni a opiniones de activistas jurídicos. Señaló que, si fueran juristas, se podría debatir; sin embargo, considera que hay activismo que busca desprestigiar a la CC o a sus integrantes por inconformidad con las resoluciones.

Para el magistrado, hay una evolución del criterio, no una contradicción; es totalmente complementario no solo al fallo del 23 de abril, sino también al del 2022, cuando se presentó una situación similar.

Indicó que la Constitución establece los requisitos y que, si se analiza el artículo 216, este señala claramente que se debe tener un período completo como magistrado de Sala o más de 10 años de ejercicio profesional. Consideró que sería ilógico que el constituyente estableciera dos condiciones para un mismo requisito.

"Un juez no es abogado"

El magistrado aclaró que "un juez no es abogado", sino un árbitro que resuelve conflictos entre partes o entre el Estado y una persona.

Dijo que, si tras la revisión y la votación final se determina que son los mismos seis candidatos, esa es la función de la Comisión; y si cambia, también responde a su finalidad.

Recordó que el proceso tenía un vicio de origen que no puede mantenerse en los procesos constitucionales para el cargo de fiscal general ni para otros cargos establecidos en la Constitución.

Remarcó que no es aconsejable permitir vicios que atenten contra el orden constitucional.

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Advirtió que cualquier amparo, si no se cumple, tiene consecuencias, según la ley de amparo, que es de rango constitucional, y puede derivar en responsabilidades penales y civiles.

El magistrado fue consultado sobre la reacción de Bernardo Arévalo. Molina Barreto indicó que respeta la figura del presidente de la República y su libertad de expresión, y que no juzgará sus declaraciones.

Añadió que percibe en el comunicado de Arévalo “un poco de resentimiento por este amparo”, y consideró que “debería estar agradecido, porque podría realizar su nombramiento en un proceso no viciado”.

Recordó que algo similar ocurrió durante la asunción de Arévalo y su equipo al gobierno, cuando —según Molina Barreto— los amparos fueron valorados porque permitieron su llegada a la Presidencia.

Barreto fue cuestionado sobre si el nombramiento del presidente “pertenecerá a él” y si “tendrá la potestad de elegir”. El magistrado respondió: “No es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución Política de la República”, aseveró el togado.

Cuál fue la reacción del presidente

“El régimen de abuso y miedo está por terminar. Próximamente nombraré a un nuevo fiscal general para el Ministerio Público”, publicó el mandatario en redes sociales.  

“El amparo que dio marcha atrás a la lista de candidatos remitida, pone en evidencia que algunos se resisten a perder. Pero lo cierto es que estamos a las puertas de un cambio de tiempo, un cambio de autoridades. Aliento a los comisionados a continuar con su tarea crucial para el futuro de Guatemala, no se dejen doblegar”, añadió.  

“La nueva lista debe ser integrada por profesionales íntegros, éticos e independientes, y dejar fuera a quienes han servido a la impunidad, a los operadores de intereses oscuros y a quienes han traicionado el mandato de justicia del pueblo”, afirmó.

Se consultó a Presidencia para conocer su postura tras lo indicado por el magistrado Molina Barreto:  

"Ninguna opinión. El Presidente de la República ya fijó su postura sobre el amparo y el momento que atraviesa el proceso.
No corresponde a la Presidencia valorar opiniones. El Ejecutivo está enfocado en cumplir con lo que le corresponde para que Guatemala tenga un Fiscal General íntegro, ético y a la altura de lo que merece la población"

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