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Nuevo Fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, y el plan para el MP que planteó ante la postuladora
Con énfasis en modernización y meritocracia, Gabriel Estuardo García Luna, planteó en su plan de trabajo recuperar la confianza ciudadana y reducir la impunidad mediante una persecución penal “selectiva e inteligente”.
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Recién designado como fiscal general para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna presentó el 6 de abril pasado su plan de trabajo, centrado en independencia, modernización y atención a víctimas.
En este contexto, el sector empresarial —como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara del Agro de Guatemala— pidió una gestión con “estricto apego a la ley”, transparencia y rendición de cuentas, y subrayó la importancia de estos aspectos para la certeza jurídica.
Durante su exposición, García Luna definió varios ejes, pero fue en la ronda de preguntas donde aterrizó los principales retos.
“Que exista la transparencia en todas las actuaciones” y evitar la opacidad fueron los primeros puntos que marcó, junto con la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución.
Independencia y confianza
Como punto de partida, García Luna centró su discurso en la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público y recuperar la confianza ciudadana mediante mayor transparencia en su funcionamiento.
“El Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, por lo que no debe recibir instrucciones externas y debe actuar libre de presiones políticas y de cualquier otra índole", aseguró.
“Debe actuar a favor o en contra del imputado según la prueba y cero injerencia externa", expuso también.
La atención a víctimas fue uno de los puntos más críticos. Reconoció fallas actuales, como desestimaciones sin investigación previa, y fue directo: “ese es un trato que no es para las víctimas”. Planteó mejorar el acompañamiento, los peritajes y evitar la revictimización.
“Lograr generar confianza en la población a través del mejoramiento de todos los mecanismos, no solo de recepción de denuncias, sino el tratamiento que se le da a cada denuncia", aseguró.
Investigación penal y uso de recursos
En el plano operativo, el aspirante planteó una modernización de la investigación penal, enfocada en resultados, mejor uso del presupuesto y fortalecimiento técnico de los equipos.
Sobre la modernización de la investigación penal, planteó fortalecer equipos multidisciplinarios y la coordinación técnica. El objetivo, dijo, es contar con “sustento probatorio” sólido que permita llevar casos bien estructurados hasta su judicialización.
“Todo se orienta a una persecución penal selectiva e inteligente, priorizando casos de alto impacto social sin dejar de dar seguimiento proporcional al resto de delitos que afectan a la población", afirmó.
En materia de recursos, evitó hablar de más presupuesto y propuso primero evaluar resultados.
“Ese es el primer parámetro frente al recurso financiero”, afirmó, al tiempo que señaló posibles ineficiencias —como infraestructura sobredimensionada en algunas sedes— y apostó por redistribuir recursos hacia tecnología e investigación criminal, priorizando impacto sobre expansión.
“Lo primero que habría que hacer es una evaluación de los resultados que están dándose (…) ese es el primer parámetro versus el recurso financiero que está siendo asignado", dijo.
“Podría revisarse, por ejemplo, los arrendamientos. Estoy de acuerdo con que hay presencia fiscal en Guatemala, pero en algunos casos la infraestructura o el alquiler no va de acuerdo a la cantidad de población y, por ende, de delincuencia en un municipio. Entonces, contamos con agencias fiscales grandes, con costos altos, mientras un juzgado de paz está bastante reducido y propio”, expuso como ejemplo.
Atención a casos, reserva y carrera fiscal
Al abordar el funcionamiento actual del MP, otros asuntos sensibles que abordó fue la atención a víctimas, el uso de la reserva de las actuaciones y las dinámicas internas de la carrera fiscal.
“Se ha desatendido la atención a la víctima y se le ha dado la respuesta más por requisito legal, principalmente con desestimaciones", aseguró para luego ampliar que se han "tenido respuestas en cinco días donde rechazan la denuncia (…) por no aportar medios de prueba".
"Ese es un trato que no es para las víctimas (…) sin siquiera una llamada telefónica o lo mínimo de una investigación", agregó.
García Luna consideró que su uso excesivo ha generado desgaste institucional y planteó limitarla a lo estrictamente necesario, para evitar “una sensación de ocultamiento”.
Finalmente, al referirse a la carrera fiscal, señaló la percepción de bloqueos en ascensos y advirtió que deben reforzarse criterios de meritocracia.
Señaló que el problema surge cuando algunos funcionarios que cumplen con su labor de forma objetiva y reconocida no logran avanzar dentro de estos concursos, lo que genera percepciones de bloqueo en el sistema.
“Tenemos un gran número de fiscales que han renunciado, o han sido destituidos, pero casos como de renuncia, un par de renuncias que yo conozco, fueron porque recibieron órdenes de que se desestimaran denuncias, en este caso de violencia contra la mujer, de años anteriores”, puntualizó.
Aunque evitó hablar de ilegalidades, reconoció que ciertas prácticas “empiezan a opacar esa oportunidad” dentro del sistema.
En síntesis, explicó que existe una sensación de que hay fiscales que "están bloqueados".
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