Estados Unidos
El salón de baile de la Casa Blanca de Trump se alza sobre el suelo, pero la batalla legal no ha terminado
Un fallo judicial ordenó dejar la obra en pausa, pero una apelación permitió la reanudación mientras se conoce definitivamente.
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El 5 de junio próximo tendrá lugar una audiencia judicial que determinará si la construcción debe continuar, o bien, esperar la autorización del Congreso de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Defensores del patrimonio histórico estadounidense interpusieron una demanda para detener el proyecto, y un juez federal ordenó su paralización. Sin embargo, la construcción del salón de baile que el presidente Donald Trump planea construir en la Casa Blanca sigue adelante, y las primeras secciones de la estructura ya se están elevando sobre el nivel del suelo, en medio de una batalla legal en curso y una disputa en el Congreso sobre cómo financiarlo. Por primera vez, los trabajadores han construido parte de la obra que será visible una vez finalizado el proyecto, según dos personas familiarizadas con este, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a conversar públicamente sobre el asunto.
Entre las obras recientes se incluye el comienzo de la primera planta, donde los planificadores tienen previsto instalar una cocina de calidad profesional y un conjunto de oficinas para las primeras damas y su personal, según ha indicado una de las fuentes. Las fotografías tomadas en los últimos días muestran que los operarios han erigido una estructura de hormigón rematada con columnas de barras de refuerzo a la vista, utilizadas para reforzar los pilares que soportarán los pisos adicionales. En marzo último, un juez federal ordenó que se detuvieran las obras en superficie, pero la orden quedó suspendida mientras un tribunal de Apelaciones examina el caso. Los trabajos en superficie marcan una nueva fase para un proyecto que comenzó hace ocho meses con la tala de árboles y la excavación.
Hasta hace poco, la construcción había sido prácticamente invisible para el público, centrada en la infraestructura subterránea necesaria para dar soporte a la construcción de 90 mil pies cuadrados y a lo que Trump ha descrito como un complejo militar "enorme". Según una fuente, esos trabajos subterráneos siguen siendo el foco principal del proyecto. En su orden que paraliza la construcción, el juez federal Richard Leon dictaminó que el proyecto requiere autorización del Congreso, y determinó que las obras relacionadas con la seguridad nacional podían continuar, pero que el salón de baile en sí, no. Los alegatos orales de la apelación están programados para el 5 de junio próximo.
Con la orden de Leon en suspenso, funcionarios de la Casa Blanca declararon el mes pasado que continuarían la construcción del salón de baile, incluidos sus componentes sobre el nivel del suelo. Conservacionistas históricos y arquitectos externos han señalado que, a medida que avance la construcción del proyecto, será cada vez más difícil modificarlo o deshacerlo, salvo que se demuela por completo. La Administración se ha apoyado firmemente en argumentos de seguridad nacional para justificar que el proyecto siga adelante. Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que cualquier pausa podría poner en peligro a Trump, a su familia y al personal de la Casa Blanca, y que el edificio proyectado está diseñado para defenderse de "ataques hostiles mediante drones, misiles balísticos, balas, agentes biológicos" y otras amenazas potenciales.
Después de que un hombre armado burlara un puesto de control de seguridad en las afueras del hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, los abogados del Departamento de Justicia le pidieron a Leon que revocara su orden, con el argumento de que el tiroteo demostraba por qué el mandatario necesitaba un gran espacio para eventos dentro del perímetro de seguridad de los terrenos de la Casa Blanca. Leon no se ha dejado convencer y ha dictaminado en dos ocasiones que la Administración no ha justificado su argumento de seguridad nacional. El National Trust for Historic Preservation, que presentó una demanda en diciembre último para bloquear el proyecto, se ha mostrado igualmente escéptico.
“En pocas palabras, este caso no pone en peligro la seguridad del presidente, de ninguna manera”, escribió Gregory Craig, abogado de Foley Hoag —que representa al National Trust— a los abogados del Departamento de Justicia el mes pasado. El conflicto legal se ha extendido ahora al Congreso. La semana última, los republicanos del Senado propusieron US$1 mil millones para financiar nuevas medidas de seguridad en la Casa Blanca, vinculadas a lo que el Gobierno denomina el Proyecto de Modernización del Ala Este. Sin embargo, los legisladores y la Casa Blanca discreparon de inmediato sobre qué se destinaría realmente a ese dinero.
El senador Chuck Grassley —republicano por Iowa—, presidente del Comité Judicial del Senado, presentó el paquete de financiación con una cláusula explícita que prohíbe su uso para "elementos no relacionados con la seguridad" del proyecto, en referencia directa al salón de baile de Trump. "Este proyecto de ley no financia la construcción del salón de baile", declaró Clare Slattery, portavoz de Grassley. La Casa Blanca declaró inicialmente que la legislación, de aprobarse, autorizaría y financiaría la totalidad del proyecto. El jueves de la semana recién pasada, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, rectificó, al afirmar que se destinaría a mejoras de seguridad, mientras que la construcción del edificio se financiaría con fondos privados.
La disputa contradice las garantías previas de la Casa Blanca de que el proyecto se financiaría íntegramente con fondos privados. Trump se había comprometido a no gastar dinero público en el salón de baile, que —según él— podría costar US$400 millones y sería financiado por él y otros donantes. Los republicanos declararon el martes pasado que las medidas de seguridad del proyecto no deberían recaer en donantes privados, pero no llegaron a respaldar la financiación pública del salón de baile en sí. Los demócratas argumentaron que la propuesta demuestra que las prioridades republicanas no están en sintonía con los votantes, quienes se centran en costear la vivienda, la atención médica y la alimentación.
Una encuesta realizada el mes pasado por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 56% de los estadounidenses se opone a la decisión de Trump de demoler el ala este de la Casa Blanca para dar paso al proyecto, mientras que un 28% la apoya. “Es asombroso lo que está sucediendo”, dijo el legislador Steve Cohen —demócrata por Tennessee— quien ha criticado el salón de baile junto con otros proyectos emblemáticos de Trump. “No tiene respeto por nadie, por la memoria, por la historia. Todo gira en torno a él”. El paquete propuesto de US$1 mil millones se incorporaría al proyecto de ley de conciliación presupuestaria del Senado, lo que permitiría su aprobación por mayoría simple y evitaría cualquier posible obstrucción parlamentaria por parte de los demócratas.
Antes de su tramitación, el parlamentario del Senado revisará si cumple con las normas que limitan la conciliación a las disposiciones sobre gastos e ingresos. Los miembros de base del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes han expresado en privado su preocupación por la solicitud, que llega seis meses antes de las elecciones de mitad de mandato y en un momento en que los estadounidenses están cada vez más ansiosos por la economía y la guerra en Irán.
La construcción del proyecto continúa a pesar de todo. Donde antes se alzaba el ala este, se están levantando los primeros muros sobre el nivel del suelo, superando, por ahora, los procesos legales y legislativos destinados a regularlos.