A nivel ético, en un país de amplia mayoría cristiana, católica o evangélica, debe existir la posibilidad, por no decir la convicción, de compadecerse y brindar unas monedas, algunos alimentos o un juguete para los migrantes más pequeños en la semana previa a la Navidad, o entregar un donativo a entes de ayuda.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de noviembre de 2022 han muerto en percances viales 10 mil 599 guatemaltecos, la mayoría hombres y jóvenes.

Que el TSE suelte así como así los datos debería ameritar cuando menos una declaratoria de disculpa pública e incluso más de una destitución.

¿A quién se le puede ocurrir cerrar una licitación gubernamental tan importante y trascendental dos días antes de Nochebuena?

La pregunta es: si un procurador general de la Nación no defiende con fuerza, integridad y constancia los intereses del Estado de Guatemala —no del presidente ni de la camarilla oficial de turno—, entonces, ¿quién?

Conforme se acerca el período electoral, gobernantes, diputados y alcaldes aumentan su susceptibilidad, quieren publicidad y no denuncias, quieren flores y no verdades acerca de los fiascos en que pararon los ofrecimientos de idílicos e inexistentes planes de Estado.

El 2021 dejó un excedente presupuestario que se diluyó en opacos subsidios a los combustibles y al gas propano, aunque el destino más polémico fue el botín de Q3 mil 191 millones destinado, según dijeron, a reparar carreteras, cuyo efecto es casi imperceptible, por no decir inexistente.

Alrededor de una quinta parte de los continentes se encuentra en áreas montañosas y aproximadamente el 15% de la población vive en ellas, usualmente en comunidades rurales, aunque también hay zonas urbanas.

Hará falta ver si las restricciones devenidas de esta decisión tienen algún efecto, pues hasta ahora hay varios designados que siguen campantes.

La presidenta Boluarte tiene ante sí un panorama de polarización, desgaste y malestar ciudadano por el deterioro del poder adquisitivo.