Editorial

NOTAS DE Editorial

El manejo transparente de recursos y el carácter apolítico del Intecap son factores fundamentales para su prolongada existencia, en constante evolución y con un compromiso de excelencia.
Es vano repetir los nombres de diputadas, exdiputadas y excandidatas que pervirtieron una norma noble y la tornaron en arma contra la sociedad.
Nuevamente las críticas se centran en la falta de avances en las libertades democráticas del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, gobernante que ha endurecido la represión, sobre todo contra jóvenes participantes de las multitudinarias jornadas de protesta y reclamo de derechos ciudadanos ocurridas en julio de 2020.
El combate a la violencia no solo es cuestión de lucir patrullas con luces que centellean en áreas rojas ni de detener a unos cuantos facinerosos que al rato ya están fuera por falta de pruebas. Se necesita fortalecer la investigación científica del Ministerio Público, así como los procesos judiciales.
La algarabía y felicitaciones recibidas en el Palacio Nacional de la Cultura, en compañía de las presidentas de los otros dos poderes del Estado, pueden ser la euforia de un momento, pero allí mismo en esa ceremonia estaba presente un ministro señalado por un caso de fraude, contra quien se solicitó su desafuero.
El TSE, por su trayectoria histórica e institucional, no debe apañar una arbitraria denegación de datos públicos con pretextos leguleyos, pues existen antecedentes de entrega de reportes detallados.
Si dejan pasar este suceso como si nada, en vano habrá sido la muerte de tantos universitarios, de tantos maestros y rectores que buscaban, ante todo, la dignidad de su Alma Máter.
Los comunicadores de la provincia están expuestos a agresiones verbales y físicas sin que el MP actúe con celeridad.
Con cada día que pasa se comprueba el pésimo planteamiento estratégico de la llamada Ley de Apoyo Social a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular.
El mandatario se ufanó de los que considera sus logros, entre los cuales figura la entrega del situado constitucional a las comunas, lo cual, en realidad, es solo su obligación.
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