Al ser evidentes la premeditación, la complicidad y la flagrancia de este delito, dados sus efectos en todo el proceso eleccionario, es prácticamente improcedente la invocación del derecho de antejuicio.

No debería ser el temor, sino el optimismo, el que motive el refuerzo de precauciones.

Cuando en los gobiernos no hay voces disidentes, sino únicamente corifeos —por temor o zalamería—, se acrecienta el riesgo de traspiés como el que protagoniza el Ejecutivo, pero cuyas consecuencias padece la ciudadanía.

Gracias a la maestra de primeras letras. Gracias al profesor de matemática y física. Gracias al docente de música, de artes plásticas. En fin, a todos los que comparten sus saberes en aulas físicas y virtuales de preprimaria, primaria y diversificado; a los que atienden a alumnos con capacidades especiales, a los maestros que forman a maestros.

A estas alturas de la pandemia es penoso que el pueblo de Guatemala esté sujeto a la venia de las autoridades rusas para disponer de las vacunas que ya fueron pagadas.

El Estado de Guatemala, al participar en dicha declaración, también queda obligado a garantizar los derechos ciudadanos, a respetar los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.

Es allí donde el Ejército debe generar mejores oportunidades de capacitación productiva y superación académica, a fin de no solo expulsar desempleados.

Entre enero del 2015 y mayo del 2021, salas judiciales de Trabajo han emitido cuatro mil 861 resoluciones de reinstalación en diversos estamentos del Estado, incluyendo a conserjes legislativos que ganan más que un médico.

Las experiencias vividas por los maestros, los alumnos y los padres o tutores —el famoso banco de tres patas de la educación— deben ser objeto de un exhaustivo estudio por parte de las facultades de Psicología y Educación.

Reza bien aquel decir popular de “quien no te conozca, que te compre”, y en efecto, tales politiqueros logran colocarse en cargos de elección tras venderse como algo que no son.