El problema no es que el Congreso decida, como por ley le corresponde; el problema es que maneje con displicencia el dinero de todos los guatemaltecos.

Con todo y sus defectos, el actual mecanismo para obtener información pública ha funcionado porque obliga a todas las entidades del Estado a contar con unidades para la atención de los requerimientos de ciudadanos.

Esta vez la alerta temprana no viene del Gobierno sino de la agencia de calificación de riesgo Moody´s, que emitió el martes último un boletín en el cual modifica la perspectiva de calificaciones del Gobierno de Guatemala de estable a negativo.

Ninguna ayuda humanitaria puede ni debe ser promocionada con fines proselitistas, sobre todo si proviene de donaciones anónimas, fruto de una sincera caridad que no necesita presumirse.

En este momento es preciso una reacción ágil de ministerios como el de Desarrollo, de Comunicaciones, de Economía y de Trabajo, pero se trata justo de los mismos que no han podido cumplir a cabalidad con las expectativas y necesidades generadas por la pandemia.

En todo caso, para Guatemala, las políticas de apoyo a través de programas de desarrollo, gobernanza, transparencia y combate al narcotráfico no dependen de la continuidad de Trump, pues se trata de acuerdos bipartidistas con una visión de seguridad hemisférica.

Los reclamos ciudadanos son simples y directos: que se utilicen los recursos del Estado de inmediato para atender a los damnificados, no solo para proveerles albergue pronto, sino para ayudarles a retomar su vida, que quedará atada, en numerosos casos, a las pérdidas sufridas.

Cada gobierno culpa a sus predecesores de la desorganización, de la falta de registros y de la ausencia de planes de advertencia. Sin embargo, quizá es el momento de tomar en serio las advertencias de la naturaleza, pues sus impactos no se detendrán.

En el segundo mes de reactivación total, la tendencia a la mejora en la confianza en el clima de negocios se mantiene, aunque todavía no está en niveles óptimos.

Uno de los principales detonantes de este reavivado combate es el peligro que implica para la seguridad nacional estadounidense el socavamiento de la institucionalidad, uso venal de cargos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero sucio.