Urias Gamarro
Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.
NOTAS DE Urias Gamarro
Una reconfiguración por Q7 mil 795 millones al presupuesto del 2026 es uno de los hallazgos que identificó un centro de investigación económica, el cual recomienda realizar ajustes.
La Junta Monetaria (JM) amplió el margen de fluctuación en las participaciones en el mercado institucional de divisas y realizó modificaciones a la política cambiaria que regirá en el 2026.
Los delegados del sector empresarial privado organizado y de los bancos privados ante la Junta Monetaria (JM) fueron elegidos para el periodo del 2026 al 2027 mediante un proceso de selección, informó la Superintendencia de Bancos (SIB).
El sector industrial mantiene expectativas sobre la fijación del salario mínimo del 2026 y reitera que esperan una decisión presidencial basada en lineamientos técnicos y mesurada, es decir, que no sea de doble dígito.
El Congreso de la República publicó la aprobación de dos préstamos con organismos financieros internacionales que suman US$750 millones para ampliar carreteras y caminos rurales.
Covial definió un programa de mantenimiento de carreteras que abarcará seis mil kilómetros, aunque usuarios señalan que el ritmo de ejecución sigue siendo insuficiente y que la estructura actual no logra cubrir las necesidades reales de la red vial.
Banguat ajusta proyecciones, al tener en cuenta el dinamismo que podría significar el acuerdo arancelario con EE. UU. incluso en el mejor desempeño de la industria manufacturera.
La recaudación tributaria alcanzó los Q103 mil 441 millones en noviembre y todo apunta a que se superará la meta establecida para este ejercicio fiscal
La economía guatemalteca cerrará con un crecimiento de 4.1%, y el mismo porcentaje se proyecta para el 2026. La actividad de construcción fue la que más creció, según el informe de evaluación de la política monetaria.
La asesoría jurídica del Banguat recomendó plantear una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85 del presupuesto del 2026, el cual avala el ingreso de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con un aporte de US$40 millones.