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Defensa cuestiona interceptaciones para pedir cierre del caso por secuestro de Julio Amílcar Martínez Murillo
Aunque el MP presentó armas, videos, fotografías y otras evidencias, los abogados defensores señalaron deficiencias en la investigación y pidieron cerrar provisionalmente el caso del odontólogo Martínez Murillo.
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Abogados del supuesto cabecilla y operador de una estructura de secuestradores solicitaron la clausura provisional del caso durante la audiencia de etapa intermedia por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
La defensa de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda y Carlos Antonio González y González, señalados por el Ministerio Público (MP) como presunto cabecilla y operador en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, solicitó este martes la clausura provisional del proceso durante la audiencia de etapa intermedia.
El abogado de Girón, Saúl Zenteno, argumentó ante el juez que la acusación de la fiscalía carece de precisión y que aún existen diligencias pendientes de investigación, además de cuestionar la legalidad de las interceptaciones telefónicas utilizadas dentro del caso.
Según el abogado, el MP promovió métodos especiales de investigación bajo la hipótesis de que existía una estructura criminal organizada; sin embargo, posteriormente no imputó el delito de asociación ilícita y únicamente presentó acusación por plagio o secuestro.
“El Ministerio Público omite hacer un pronunciamiento sobre el delito de asociación ilícita”, comentó Zenteno.
El defensor sostuvo que la acusación fiscal se basa principalmente en seguimientos de vehículos, análisis telefónicos y reconocimientos realizados por familiares de la víctima, pero aseguró que no se individualizan acciones concretas atribuidas a Girón Castañeda.
“La acusación en ningún momento explica qué decisión tomó Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, qué orden dio y a quién”, señaló.
Los pasos contra la acusación
Durante la audiencia, Zenteno dividió la acusación del Ministerio Público en seis pasos y sostuvo que la Fiscalía no individualiza las acciones atribuidas a su patrocinado dentro del secuestro del odontólogo.
Según explicó, el primer paso planteado por la Fiscalía corresponde al supuesto seguimiento a la víctima. El segundo sería la presunta participación de Girón en la interceptación y privación de libertad del odontólogo.
El tercer paso, agregó, corresponde al traslado luego del secuestro y el abandono del vehículo de la víctima. Sin embargo, sostuvo que la acusación no establece quién ejecutó materialmente esas acciones ni el lugar exacto de cautiverio.
“El Ministerio Público utiliza expresiones genéricas como ‘en compañía de otras personas’, ‘compartimientos’ y ‘planificación’, pero no establece dónde se planificó el hecho ni qué decisión tomó mi patrocinado”, indicó.
De acuerdo con la defensa, el cuarto paso corresponde a la coordinación para exigir dinero a cambio de la liberación de la víctima y la relación con Anelsy Adeli Quiñónez Corado, quien permanece prófuga.
Zenteno sostuvo que no existe precisión sobre el supuesto alcance de Girón Castañeda dentro de las negociaciones.
“El Ministerio Público no explica qué orden dio y a quién. Tampoco cómo controló la privación de libertad de la víctima”, manifestó.
En el quinto punto, el abogado cuestionó que la Fiscalía intente vincular a su cliente con una supuesta estructura criminal organizada sin haber acreditado elementos de permanencia, estabilidad y organización.
Además, Zenteno cuestionó la supuesta vinculación telefónica entre Girón Castañeda y Quiñones Corado.
Cuestiona análisis de antenas y pruebas
El abogado también cuestionó un análisis de antenas telefónicas incorporado por el MP, el cual ubica el teléfono de Girón Castañeda a 500 metros del lugar donde fue abandonado el vehículo del odontólogo. “Se omite detallar la hora. Él ahí vive y se transita a diario”, comentó.
Durante las diligencias de investigación, las autoridades allanaron dos viviendas vinculadas con Girón Castañeda y en una de ellas localizaron rastros de sangre, según la investigación del Ministerio Público.
Peritajes y escuchas telefónicas
Durante la audiencia, la defensa también cuestionó un peritaje lofoscópico relacionado con impresiones dactilares. Según Zenteno, el propio informe pericial señala limitaciones técnicas debido a problemas con el acceso a bases de datos.
“Este dictamen pericial no es concluyente”, dijo ante el juez.
Además, pidió ampliar diligencias y declaraciones dentro de la investigación, incluida la de la esposa del odontólogo y otros análisis relacionados con registros telefónicos y videos de vigilancia.
El abogado también criticó la inclusión de algunos medios de prueba incorporados por el MP, entre ellos videos obtenidos en un restaurante de comida rápida, al considerar que no guardan relación directa con los hechos descritos en la acusación.
Uno de los principales argumentos de la defensa se centró en las escuchas telefónicas autorizadas dentro del caso de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación del MP.
Zenteno dijo que las interceptaciones fueron autorizadas bajo una investigación relacionada con delincuencia organizada, pese a que posteriormente la Fiscalía no sostuvo esa imputación.
Según la defensa, esto impediría aplicar válidamente la Ley contra la Delincuencia Organizada y los métodos especiales de investigación derivados de esta normativa.
Defensa de Carlos González cuestiona identificación telefónica
Durante la audiencia también intervino la defensa de Carlos Antonio González y González, señalado por la Fiscalía como supuesto negociador dentro del secuestro.
El abogado cuestionó la forma en que el MP relaciona a su patrocinado con el denominado “emisor 2”, un número telefónico que, según la investigación, fue utilizado durante las negociaciones con la familia del odontólogo.
“Cuando el Ministerio Público realiza una acusación en contra del emisor 1 y emisor 2, no se tiene la certeza de quién es esa persona”, argumentó la defensa.
Explicó que la Fiscalía sostiene que logró identificar a González y González mediante activaciones de antenas telefónicas y seguimientos realizados entre Jutiapa y Guatemala; sin embargo, afirmó que no existe certeza de que el teléfono atribuido al “emisor 2” estuviera realmente en poder de su patrocinado.
“¿Cómo logra identificar que específicamente Carlos Antonio González y González es el emisor 2 y que viene viajando de regreso de Jutiapa hacia Guatemala?”, cuestionó el abogado.
La defensa también señaló inconsistencias en los horarios de activaciones telefónicas y movimientos atribuidos al acusado.
“Tenemos la fotografía del documento de identificación, pero no tenemos la fotografía del teléfono que supuestamente corresponde al emisor 2”, afirmó.
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Además, cuestionó un seguimiento realizado el 4 de junio del 2025, cuando investigadores observaron a González y González hablando por teléfono en la zona 5 capitalina.
“El Ministerio Público establece que a esa hora mi patrocinado está realizando una llamada y que casualmente a esa hora la esposa de la víctima recibe una llamada. Eso únicamente podría ser una casualidad”, argumentó.
El abogado añadió que, si las autoridades tenían certeza de que el teléfono era utilizado para negociar la liberación del odontólogo, pudieron haber decomisado el aparato en ese momento.
“En ese momento pudieron haberle solicitado el teléfono que tenía en la mano y así tener certeza de que el emisor 2 y Carlos Antonio González eran la misma persona”, afirmó.
Por ello, la defensa también solicitó la clausura provisional del proceso contra González y González, al considerar que la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación en un eventual juicio.
La evidencia del caso
Durante la audiencia, el MP presentó evidencias materiales que, según la Fiscalía contra Secuestros, fortalecen la hipótesis de una estructura organizada detrás de la desaparición del odontólogo. Entre los indicios expuestos figuran teléfonos celulares, armas de fuego, uniformes con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC), videos de vigilancia, huellas dactilares y estados de cuenta bancarios.
La Fiscalía detalló que la evidencia mantiene cadenas de custodia y que entre los objetos decomisados figuran siete pistolas, un fusil, una mira para arma, nueve cargadores, al menos 680 cartuchos de arma de fuego, intercomunicadores, un casco y prendas similares a uniformes policiales. Además, incorporó audios de audiencias, información bancaria y grabaciones de cámaras de vigilancia obtenidas en residenciales y comercios.
Caso continúa en etapa intermedia
El Ministerio Público señala a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda como presunto cabecilla de la estructura vinculada con el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, desaparecido desde el 28 de mayo del 2025.
Según la investigación, el odontólogo fue interceptado cuando se dirigía hacia su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. La Fiscalía sostiene que Girón Castañeda mantenía una relación cercana con la víctima desde hacía más de 12 años.
Por este caso también son acusados Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzul Castillo, Juan Oswaldo Tzul Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. Además, Anelsi Adelí Quiñones Corado continúa prófuga.
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