Byron Lima Oliva

Así operaban Los Mexicanos, una banda señalada de secuestros, asesinatos y usaba uniformes de la PNC

Sun, 26 Oct 2025 13:13:00 +0000

Guatemala

Así operaban Los Mexicanos, una banda señalada de secuestros, asesinatos y usaba uniformes de la PNC

Marco Aurelio Acosta, alias “el Mexicano”, mano derecha de Byron Lima, lideró una red criminal de secuestros, robos y asesinatos.

Rubén Lacán

26 de octubre de 2025

07:13h

Ocho presuntos integrantes de “Los Mexicanos” escuchan la resolución del juez Eduardo Orozco durante la audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Marco Aurelio Acosta Sosa, alias “el Mexicano”, colaboró con Byron Lima, capitán del Ejército condenado en el 2001 a 30 años de prisión por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.

Las investigaciones indican que Acosta Sosa, considerado la mano derecha de Lima, dirigía una estructura criminal que secuestraba a comerciantes, los torturaba y asesinaba. En el 2010 fue capturado por homicidio, pero en el 2015 fue absuelto por el Juzgado Unipersonal de Sentencia Penal de Santa Rosa.

Años después, Acosta murió durante un atraco, y su esposa, Karen Lisbeth Martínez Campos, asumió el mando de la estructura denominada “Los Mexicanos”.

De acuerdo con la fiscalía, la banda usaba uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil y falsificaba documentos para simular órdenes de allanamiento con el fin de cometer robos a comerciantes, agencias bancarias y perpetrar secuestros.

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“Eso lo hacían principalmente para evitar que la Policía los detuviera y hacerse pasar por agentes”, explicó Dennis Cisneros, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.

Se estima que Los Mexicanos robaron al menos Q40 millones en atracos cometidos en Cobán, Alta Verapaz; en la capital, Amatitlán y Palín, Escuintla.

“Al extraer la información telefónica, detectamos múltiples hechos delictivos. Hicimos una recopilación exhaustiva de todas las fuentes posibles y nos enfrentamos a casos de robo agravado, plagio o secuestro, tortura y asesinato”, agregó Cisneros.

La fiscalía sostiene que los miembros de la banda asesinaban “por placer” tras cometer los atracos.

“El sello de la estructura era matar a alguien cada vez que asaltaban una unidad de transporte de valores. Mataban por diversión”, aseguró el fiscal.

La mayoría de las víctimas eran guardias de seguridad privada. “No había necesidad de asesinarlos, pues ya tenían control de la situación. Aun así, antes de huir, les disparaban en la cabeza”, señaló Cisneros.

El fiscal añadió que los integrantes del grupo posiblemente tenían acceso a las radiofrecuencias de la PNC.

“Sospechamos que quienes les proporcionaban las indumentarias también les facilitaban acceso a las radiofrecuencias, lo que les permitía evadir a la Policía durante los hechos delictivos”, detalló.

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió el 29 de septiembre ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de integrar la estructura criminal.

Ligados a proceso penal:

Karen Lisbeth Martínez Campos: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.
Jairo Raúl Chacón Lara: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.
Edi Alexander Melgar Hernández: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.
Martín Enrique Corado González: plagio o secuestro y tortura.
Elder Rodolfo de León Ramírez: asociación ilícita.
Víctor Manuel Barrera Chamalé: asesinato, robo agravado, asociación ilícita y falsificación de placas.
Kelvin Daniel García: asesinato en grado de cómplice, asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos.
Alba Odelia Aldana Hidalgo: asesinato en grado de cómplice, asociación ilícita, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y falsificación de placas y distintivos.

Falta de mérito

El juez dictó falta de mérito a varios sindicados, pese a que el Ministerio Público aseguró haber presentado suficientes indicios para ligarlos a otros delitos.

“El MP ya presentó las apelaciones correspondientes. Estamos 100% convencidos de que los indicios son contundentes y acreditan la participación de los sindicados. No entendemos por qué el juez dictó falta de mérito”, declaró Cisneros.

Falta de mérito por los delitos de:

Karen Lisbeth Martínez Campos: asesinato, plagio o secuestro (otros dos hechos) y falsedad material.
Jairo Raúl Chacón Lara: asesinato, plagio o secuestro (otros dos hechos) y falsedad material.
Edi Alexander Melgar Hernández: asesinato, plagio o secuestro (otros dos hechos) y falsedad material.
Elder Rodolfo de León Ramírez: plagio o secuestro y tortura (zona 18).
Víctor Manuel Barrera Chamalé: plagio o secuestro, tortura (otros dos hechos) y falsedad material.
Kelvin Daniel García: falsedad material.
Alba Odelia Aldana Hidalgo: falsedad material y testimonio falso.

Pareja es detenida con arsenal en automóvil interceptado frente a cárcel Renovación 1

Tue, 26 Aug 2025 03:37:39 +0000

Justicia

Pareja es detenida con arsenal en automóvil interceptado frente a cárcel Renovación 1

Una pareja fue capturada cuando transportaba municiones de uso exclusivo militar en un vehículo interceptado frente al centro carcelario Renovación 1, en Escuintla.

César Pérez Marroquín y Rubén Lacán

25 de agosto de 2025

21:37h

El automóvil en el que se transportaban Mónica “C” y Édgar “C” fue interceptado por agentes de la Comisaría 31 frente a Renovación 1. En el baúl se hallaron municiones de uso exclusivo militar. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una pareja fue capturada este lunes 25 de agosto en un operativo conjunto en el kilómetro 68 de la ruta CA-2 Oriente, frente al ingreso del centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La acción fue coordinada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), Inspectoría General (IG), la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y personal operativo de la Comisaría 31.

Durante la inspección a un automóvil con placas P-218FTR, las autoridades localizaron en el baúl dos cajas plásticas que contenían municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas y accesorios para armamento.

Los detenidos fueron identificados como Mónica “C”, de 49 años, residente en San Lucas Sacatepéquez, y Édgar “C”, de 42, originario de Boca del Monte, Villa Canales. A cada uno se le incautó un teléfono celular. Este último hay había sido detenido por el caso de la muerte del capital Byron Lima Oliva, durante un motín en Pavón.

Según el reporte preliminar, en la primera caja se hallaron 148 municiones útiles calibre 2.23, 20 municiones calibre 9 mm y un cañón para pistola, posiblemente del mismo calibre. En la segunda caja se contabilizaron 297 municiones útiles calibre 7.62.

El operativo fue parte de una intervención multidisciplinaria programada por las fuerzas de seguridad, ante reportes de tráfico de armas y traslado ilegal de municiones hacia centros carcelarios del país.

La aprehensión tuvo lugar a las 16.00 horas. Personal del Núcleo de Reserva y elementos de la SGAIA de la Comisaría 31 procedieron a consignar a los sospechosos y trasladarlos a un juzgado de turno.

Además, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Édgar “C” estaría vinculado al asesinato del capitán Byron Lima Oliva, ocurrido el 18 de julio del 2016 en la cárcel Pavón, Fraijanes. De confirmarse esa hipótesis, Contreras sería el séptimo implicado en el crimen.

El Ministerio Público y las unidades de investigación continúan las diligencias para determinar si las municiones incautadas estaban destinadas a internos dentro del centro carcelario o si formaban parte de una red de tráfico de armas más amplia.

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Quién era Byron Lima Oliva: su vida como recluso y los casos en los que estuvo implicado

Wed, 05 Feb 2025 02:06:17 +0000

Guatemala

Quién era Byron Lima Oliva: su vida como recluso y los casos en los que estuvo implicado

Byron Lima Oliva era un excapitán del Ejército guatemalteco condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi. La reseña de su vida incluye su labor como escolta presidencial, y su muerte violenta en el 2016.

Sandy Pineda

4 de febrero de 2025

20:06h

Byron Lima con uniforme militar en 2001, durante el proceso judicial en su contra por la muerte de monseñor Gerardi Conedera. (Foto: Hemeroteca PL)

Byron Lima Oliva fue un excapitán del Ejército que sobresalió en ciertos momentos políticos en la historia reciente de Guatemala.

Lima Oliva murió en la cárcel de Pavón, en 2016, atacado con una granada y a tiros, junto a otras 13 personas, entre ellas una modelo con la que conversaba. Cumplía entonces 15 años desde que había sido sentenciado por el crimen contra el obispo Juan Gerardi Conedera, un suceso que ocurrió en 1998 y provocó una gran conmoción en el país.

Al hacer un repaso, se conoce que los orígenes de Byron Lima Oliva estuvieron en el Ejército, donde forjó su base de formación militar. Esa trayectoria lo llevó a convertirse en capitán del Kaibil y posteriormente en guardaespaldas del presidente Álvaro Arzú.

Posteriormente, sería juzgado y condenado por el crimen contra el líder religioso Gerardi Conedera, lo que marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida en prisión. En prisión volvió a hacerse notar al impulsar negocios y tejer influencias. Con el paso de los años, no solo consolidó una red económica, sino que también fue señalado como el cabecilla de una estructura que ejercía un fuerte control dentro de las cárceles del país.

Quién era Byron Lima Oliva

Lima Oliva se formó en las Fuerzas Especiales Kaibil y fue un oficial de inteligencia. Su primer mención en la prensa fue en 1996, cuando estando designado como guardaespaldas del entonces presidente Álvaro Arzú, y protagonizó un incidente con un lechero de nombre Pedro Sas Rompich.

Era el 4 de febrero de ese año cuando el sargento del Estado Mayor Presidencial, José Obdulio Villanueva, también miembro de la seguridad presidencial, dio muerte a Sas Rompich, de quien sospechó que supuestamente quería atentar contra el entonces mandatario y su esposa, Patricia de Arzú, mientras ambos daban un paseo a caballo en San Juan del Obispo, Sacatepéquez.

El fiscal a cargo de la investigación, determinó que la escolta presidencial disparó nueve veces contra Sas Rompich. En el hecho, Lima Oliva resguardó al mandatario y su esposa y presenció los hechos, razón por la que luego fue llamado a declarar por el caso. Finalmente solo Villanueva fue responsabilizado y sentenciado.

Sería el primer caso en el que ambos se vieron involucrados.

Posteriormente, en el 2000, el excapitán fue detenido y posteriormente, en 2001, fue condenado a 30 años de prisión junto a su padre, el coronel Byron Disrael Lima Estrada, el especialista del Ejército José Obdulio Villanueva, y el sacerdote Mario Orantes, todos señalados de haber estado involucrados en el asesinato de monseñor Gerardi Conedera.

Byron Lima, entonces miembro de la guardia presidencial escoltando al presidente Alvaro Arzú, en una tarima en la Plaza de la Constitución, tocando guitarra el 14 de septiembre de 1997. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Pasados los años, su vida como recluso tuvo distintas facetas en la buscó emprender diferentes proyectos y con una presencia, con la que logró mantener un nivel de influencia logrando integrar a otros reclusos en distintos emprendimientos. Sin embargo, eventualmente, las autoridades lo señalarían de haber promovido estas actividades como un mecanismo de operación y poder coercitivo para tener dominio de las cárceles.

Los datos y los registros hemerográfico, en imágenes, muestran que una vez en prisión, Lima Oliva adoptó un acercamiento a los otros privados de libertad y que incluso dirigió comités de orden dentro del centro preventivo Pavón. Su influencia cobró relevancia en el 2003, cuando las autoridades los señalaron de participar en un motín en una prisión.

En 2014, nuevamente fue objeto de atención mediática al darse a conocer que instaló un maquila en el interior de la cárcel, la cual se encargó de confeccionar playeras que el Partido Patriota utilizó en su campaña para las elecciones de 2011, proceso que finalmente llevó a la Presidencia de Guatemala a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

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Control de cárceles

En septiembre del 2014, Lima Oliva es acusado, junto a otras ocho personas, de liderar una estructura criminal que dirigía los centros de privación.

Debido a los hechos denunciados en su contra, respondió con un cruce de señalamientos al entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, de quien declaró que supuestamente lavaba dinero.

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La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en conjunto con el Ministerio Público (MP), señaló que Lima Oliva mantenía una supuesta complicidad con las autoridades del Sistema Penitenciario de esa época.

Los señalamiento decían que los integrantes de la red se dedicaban al lavado de dinero y cobros ilegales para favorecer a reos y presuntamente garantizarles un traslado controlado entre los distintos centros penales del país. Por el caso, denominado “Botellas”, un exdirector del Sistema Penitenciario y otras seis personas fueron condenadas a penas entre 5 y 22 años de cárcel.

En el 2015, Lima Oliva declaró mediáticamente su intención de llegar a ser presidente de Guatemala.

Un año después, en julio del 2016, el excapitán fue ejecutado durante un ataque encabezado por Marvin Montiel Marín, alias el Taquero.

La investigación de la Cicig y del MP estableció que entre los reclusos Montiel Marín y Lima Oliva existía un enfrentamiento por obtener el control de la Granja de Rehabilitación Pavón.

Según la reseña del caso, Lima Oliva en su pretensión por controlar el centro penal para su beneficio, impulsó medidas coercitivas en contra de la población reclusa y de los funcionarios del Sistema Penitenciario.

Las acciones de Lima Oliva habrían afectado e incomodado los negocios y operaciones que realizaba Montiel Marín. El resultado de esa pugna concluyó con el asesinato de Lima Oliva y otras 13 personas. Se nombró entonces el caso Asesinatos por Poder.

Otro hecho vinculado ocurrió este martes 4 de febrero del 2025, cuando se confirmó la muerte de Maher Moisés Montenegro Cardona, uno de los presuntos responsables del crimen contra el excapitán del Ejército.

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Tue, 04 Feb 2025 18:09:05 +0000

Guatemala

Crimen en cárcel de Escuintla: reo asesinado en Canadá era presunto responsable de matar al capitán Byron Lima

En un cuarto de aislamiento de la cárcel Canadá, en Escuintla, se encontraba Maher Moisés Montenegro Cardona, presunto responsable de la muerte del capitán Byron Lima, cuando fue asesinado, supuestamente, por dos de sus compañeros.

Rubén Lacán

4 de febrero de 2025

12:09h

Byron Lima murió en la cárcel de Pavón durante una pugna entre reos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En un área de asilamiento que mide menos de 9 metros cuadrados, a un costado del hospitalito que está dentro de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, se encontraban recluidos los privados de libertad Maher Moisés Montenegro Cardona, de 31 años; Paulino Manuel Osorio Arrolló, 30 y Pedro Arnoldo Chamorro Velásquez, 31.

Durante la madrugada de este martes 4 de enero los guardias del Sistema Penitenciario (SP) localizaron sin vida a Montenegro Cardona, quien era el presunto responsable de la muerte del capitán Byron Lima.

El reo estaba a la espera de enfrentar un juicio, que iniciaría el 5 de mayo de 2026, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C. En el caso se encuentran otros 13 implicados.

El personal del SP indicó que Montenegro tenía varias heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Montenegro guardaba prisión desde el 11 de agosto del año 2016 por los delitos de lesiones graves, resistencia con agravación específica y encubrimiento propio.

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Mientras que Paulino Osorio se encuentra recluido desde el 2017 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo equipo terminal móvil y robo agravado y Pedro Chamorro, desde el 2013 por los delitos de femicidio, violencia contra la mujer y maltrato a personas menores de edad.

“Ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para que solventen su situación legal en torno a este nuevo proceso”, señaló la PNC.

Las autoridades del SP indicaron que colaboran con el Ministerio Público en las investigaciones.

Caso La Sexta

La mañana del 18 de julio de 2016 se produjo una masacre en la Granja Penal de Pavón por la pugna de dos estructuras que querían tomar el control del penal.

Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero” era el cabecilla de una banda y uno de los responsables de planificar la muerte de Lima, el cabecilla de la estructura rival y que controlaba cárcel.

La pugna provocó la muerte de 13 personas, entre las víctimas se encontraba Lima y el grupo de reos que lo protegía.

Durante las audiencias un testigo protegido dijo que el reo Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, pagó a otro convicto unos 100 mil por haber matado al capitán Byron Lima Oliva.

Las instrucciones eran que debía disparar a la cabeza del capitán, porque él utilizaba un chaleco antibalas, con lo cual se haría un ataque efectivo.

El testigo afirmó que, Montiel Marín habría comenzado a vender drogas dentro de Pavón, lo cual causó el enojo de Lima, quien le obligó a destruir ese ilícito.

Ese testigo dijo que Maher Moisés Montenegro Cardona habría sido quien ultimó al militar y que la orden que había recibido era que disparara a la cabeza, porque el capitán Lima usaba chaleco antibalas.

Amiga de Montiel Marín

La relación entre María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama Sandra Torres, y el reo Marvin Montiel Marín habría sido tan fuerte que ella presuntamente guardado armas de fuego y llevó drogas al recluso, declaró el testigo protegido identificado por la Fiscalía como C.

La sobrina de la expresidenciable se encuentra implicada en la muerte de Lima y espera enfrentar juicio el 5 de mayo de 2026.

Tribunal beneficia con libertad condicional a hermano de Byron Lima y otros sindicados en caso Caja de Pandora

Thu, 02 Dec 2021 21:01:02 +0000

El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Jeannette Valdés, por unanimidad resolvió dictar medidas sustitutivas a favor de Luis Lima y Moisés Galindo junto a otros cuatro implicados en el caso Caja de Pandora, quienes obtuvieron la libertad condicional informaron este jueves 2 de diciembre fuentes judiciales.

Los procesados quedaron sin arresto domiciliario, pero tienen prohibido salir del país, así como acercarse a otros imputados, a la Municipalidad de Guatemala, al Sistema Penitenciario (AP) y al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y tienen obligación de firmar un acta cada mes en el Ministerio Público (MP).

El MP había solicitado una caución económica para cada uno de los sindicados, pero el tribunal no la aprobó, por lo que estos no pagaron ni un centavo. El juicio del caso Caja de Pandora está programado para el 10 de abril de 2023.

Las pesquisas de ese caso empezaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el MP y la Cicig desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva.

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En la organización participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.

En el caso también fue implicado el entonces ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, designado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien llegó al poder con el extinto Partido Patriota (PP).

La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012, según la investigación.

Además, el nombramiento de Héctor Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro de la DGSP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

Clausuran cooperativa Torre Fuerte, del excapitán Byron Lima Oliva

Sat, 23 Feb 2019 19:48:24 +0000

Entidad que operaba en recinto carcelario y que suministraba insumos y material de campaña a varios políticos ya no puede operar, al haber quedado fuera del sistema cooperativo.

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La cooperativa Torre Fuerte, que era propiedad del excapitán Byron Lima Oliva, quien murió el 18 de julio de 2016 durante un enfrentamiento por el control de la Cárcel Pavón, fue dada de baja en el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop).

Eso significa que la entidad ya no puede operar, ni prestar ningún tipo de bienes y servicios.

Milton Díaz Visquerra, gerente general de Inacop, confirmó que el Consejo de esa institución decidió clausurar la cooperativa, luego de encontrarse razones que motivaron el cierre.

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La primera, explicó el directivo, es que la cooperativa nunca fue objeto de fiscalización parte de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop). Los personeros de Torre Fuerte no permitieron conocer los balances y qué tipo de negocios se realizaban, según el expediente.

“Nunca se permitió de parte de ellos hacer la fiscalización, porque se negaron, que incluso generó amenazas en su tiempo al personal”, recordó Díaz Visquerra.

Detalló que tanto Inacop como Ingecop nunca supieron que tipo de negocios realizó Torre Fuerte, pero aclaró que el cierre es administrativo.

No obstante, se sigue un proceso de investigación penal que llevan a cabo las autoridades del Ministerio Público y la Cicig.

El gerente explicó que, de acuerdo a la normativa, puede ser motivo de cierre una cooperativa que se resista a ser fiscalizada, tal como ocurrió con Torre Fuerte.

En los registros, el exmilitar aparecía como representante legal de la cooperativa.

Fachada

El 24 de octubre del 2018, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en una audiencia sobre la estructura de poder de Lima Oliva, y el juicio contra un grupo de personas por el caso Botellas, se conoció que la cooperativa Torre Fuerte era una fachada para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, según los resultados de la investigación.

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La cooperativa realizaba trabajos de serigrafía y otro tipo de material, que surtían a diferentes partidos políticos.

Además, se presentó un análisis financiero del exmilitar, su esposa Alejandra Reyes y la cooperativa Torre Fuerte, donde las cuentas no coincidían de acuerdo al perfil económico.

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Exdirector del Sistema Penitenciario es condenado a 22 años de cárcel

Thu, 08 Nov 2018 18:11:53 +0000

Asimismo, Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, y otros cinco particulares fueron condenados por gestionar la venta de beneficios a privados de libertad, entre lo que se incluye permitir el ingreso de bebidas alcohólicas y electrodomésticos, así como autorizar el traslado a otras prisiones.

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La estructura, concluyó el tribunal, fue dirigida por el recluso Byron Lima Oliva, quien murió en un enfrentamiento armado dentro de prisión y cumplía una sentencia por el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi.

El Tribunal sentenció a los sindicados a las siguientes penas:

Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, a siete años con seis meses por el delito de asociación ilícita; por el delito de por cohecho pasivo a una pena de siete años y seis meses y multa de Q100 mil; y siete años y seis meses por lavado de dinero.
Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de deberes a cinco años inconmutables e inhabilitación especial
Juan Fernando de León Amézquita, por cohecho activo a 5 años inconmutables y multa Q50 mil.
Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado de Byron Lima Oliva, por Asociación ilícita 6 años; lavado de dinero, siete años y multa de US$220 mil.
Christian René Picón Cifuentes por lavado de dinero, siete años.
Martín Arévalo Godoy, por lavado de dinero, seis años y multa de US$220 mil
José René Ávila Mazariegos por asociación ilícita, seis años.

Los sindicados serán enviados a la cárcel de Mariscal Zavala mientras queda en firme la sentencia.

Defiende su inocencia

Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, aseguró que su condena y el proceso penal en su contra es político. “Mi inocencia fue demostrada durante el proceso”, comentó.

“Recordemos que mi caso lo revelaron cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad necesitaba un proceso para justificar su permanencia en el país”, dijo el exfuncionario.

Aseguró que realizará una huelga de hambre hasta que se expulse a la Cicig del país.

La investigación

La investigación del Ministerio Púbico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) señaló que la Cooperativa Torre Fuerte, fundada por el recluso Lima Oliva, era una fachada para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los mecanismos para lavar los activos era a través de la adquisición de bienes que eran subastados por el Organismo Judicial, como vehículos o caballos finos que habían sido extinguidos y los vendía.

En este sentido, las pesquisas indicaron que el Salón y Spa B-Fashion, en zona 10, propiedad de la pareja de Lima, Alejandra Reyes Ochoa, era utilizado como centro de operaciones para coordinar los pagos. Ahí se gestionaban los vehículos de la presunta red, salían a visitar las propiedades que la red y recibían las coimas.

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MP pide penas de entre 5 a 25 años a exfuncionarios de presidios

Wed, 07 Nov 2018 20:30:39 +0000

La Fiscalía solicitó para Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, una condenada de siete años con seis meses por asociación ilícita, ocho años por cohecho pasivo y diez años por lavado de dinero. Para un total de 25 años con seis meses.

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Asimismo, para el exsubdirector del Sistema Penitenciario, Edy Fisher Arbizú, se pidió una pena de seis años por incumplimiento de deberes.

En este mismo sentido, para Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado del reo Byron Lima Oliva, se solicitaron condenas por asociación ilícita, 6 años; tráfico de influencias, 2 años; y lavado de dinero, 8 años. Haciendo un total de 16 años de cárcel.

Se pidieron penas de seis y ocho años respectivamente para Martín Arévalo Godoy y Christian René Picón Cifuentes, por lavado de dinero.

Así pues, para José René Ávila Mazariegos el MP solicitó una condena de cuatro años para tráfico de influencias y seis años por asociación ilícita, para un total de 10 años en prisión.

Finalmente para Fernando de León Amézquita, por cohecho activo, se pidieron cinco años conmutables a Q30 por día.

El caso

El recluso Byron Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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Salón de belleza funcionaba como centro de operaciones de red ilícita de Presidios

Tue, 30 Oct 2018 22:20:10 +0000

Según el investigador Walter Lozano, los vehículos utilizados por la supuesta red dirigida por Byron Lima Oliva eran coordinados desde el Salón y Spa B-Fashion, zona 10, propiedad de Alejandra Reyes Ochoa, pareja de Lima.

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¿La Cooperativa Torre Fuerte, fundada por Byron Lima Oliva, era una fachada?

“Ese era el centro de operaciones de la estructura. Ahí ingresaban electrodomésticos, pagos y la familia de Lima podía disponer de los vehículos”, le aseguró a Tribunal de Mayor Riesgo A. “Por ejemplo, cuando visitaban sus propiedades en el Puerto Quetzal, salían del spa”, comentó Lozano.

Según el relato del investigador, que observó por seis meses la actividad de los vehículos vinculados con Lima Oliva y su familia, uno de los vehículos que entraba y salía todos los días de la Granja Penal Pavón llegaba también al spa.

El MP señala que desde dicho negoció se coordinaban supuestos sobornos para funcionarios de Presidios a cambio de traslado de reclusos a otras prisiones e ingreso de ilícitos como licor y electrodomésticos.

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El caso

Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.

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Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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Fiscalía revela detalles de estructura de poder de Byron Lima desde Pavón

Wed, 24 Oct 2018 21:00:00 +0000

Durante el juicio en contra 11 exfuncionarios, privados de libertad y particulares que habrían instalado en el Sistema Penitenciario una estructura dedicada a la venta de privilegios a privados de libertad, denominado caso Botellas, la Fiscalía presentó un análisis financiero de las cuentas Byron Lima Oliva, su esposa Alejandra Reyes y la Cooperativa Torre Fuerte.

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Según las conclusiones del peritaje, los desembolsos realizados por la empresa de serigrafía que funcionaba dentro de la Granja Penal Pavón no coincidían con el perfil económico de ninguno de los trabajadores, ni de las actividades comerciales que realizaba.

“Se han detectado anomalías en los estados financieros de los involucrados que son propias del lavado de dinero”, aseveró en el análisis.

Uno de los mecanismo descritos al Tribunal de Mayor Riesgo “A” involucra bienes que fueron subastados por el Organismo Judicial. De acuerdo con las pesquisas, la estructura adquiría vehículos o caballos finos que habían sido extinguidos y los vendía.

La investigación reveló que Reyes adquirió una yegua fina llamada Luna y un potrillo a Q119 mil y luego lo revendió a Q10 mil a un testaferro para ocultar la verdadera propiedad del animal.

El caso

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.

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Estructura de exfuncionarios que lideró Byron Lima enfrenta juicio

Tue, 23 Oct 2018 21:35:52 +0000

El pasado 18 de julio de 2016 fue asesinado Byron Lima Oliva, supuestamente, durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, no obstante, los procesos penales en los que presuntamente estaba involucrado el reo continuaron y este martes el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, escuchó la declaración de los sindicados en el caso de corrupción.

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Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, junto con otros cinco particulares, son acusados de conformar una estructura dedicada a otorgar beneficios a privados de libertad a cambio de dinero, automóviles o propiedades.

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos, como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.

Además, Camargo Liere, en complicidad con Lima Oliva, coordinaba el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido a cuatro personas.

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario.

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014. En total 11 personas enfrentan la justicia entre funcionarios públicos, reclusos y particulares. Se les persigue por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícito y lavado de dinero.

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Caja de Pandora | Envían a prisión preventiva a 10 sindicados del caso

Sat, 02 Dec 2017 01:24:40 +0000

La jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán favoreció con fianza de Q15 mil a Patricia Orozco y Militza Viera Juárez, mientras que a Dora Pineda quedó debió pagar caución.

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Las pesquisas del caso Caja de Pandora evidencian una red de corrupción liderada por el fallecido Byron Lima Oliva en el Sistema Penitenciario, que vinculan al alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.

Las 10 personas que irán a prisión preventiva son:

Luis Lima, hermano de Byron Lima
Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación
Moisés Galindo
Amando Randeli
Oswaldo Pop
Norberto Ortega
Luis Alberto González Pérez
Luisa María Salas Bedoya
Marco Antonio Rossell Orozco
Zorayda Henricx

Entre los delitos que se les sindican a los 13 detenidos y ligados a proceso están peculado por sustracción, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo, lavado de dinero, fraude e incumplimiento de deberes.

Inicialmente eran 16 los detenidos por el caso Caja de Pandora, sin embargo tres quedaron libres, Ana María Ruiz, Manfredo Cecilio Juárez y Leonel Francisco Boror Gatica.

Antecedentes del caso

Una investigación revelada el 5 de octubre por la Cicig y el MP, señalaron al alcalde capitalino Álvaro Arzú de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte del fallecido Byron Lima, que eran pagados con fondos municipales.

La cooperativa Torre Fuerte, propiedad del excapitán del Ejército Byron Lima, prestó servicios entre 2013 y 2015 para la campaña política del Partido Unionista, por el que se postuló Arzú y ganó la reelección.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig detalló que Alejandra Reyes, pareja de Byron Lima, conseguía facturas en blanco que eran entregadas a la Municipalidad de Guatemala, para recibir los pagos, las cuales se llenaban por pagos de otros servicios que no tenían relación con la propaganda del Partido Unionista.

Esos gastos supuestamente fueron pagados con dinero de la Municipalidad de Guatemala, perteneciente al fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.

La Caja de Pandora devela sus secretos

Fri, 20 Oct 2017 06:00:00 +0000

Como exacto reflejo del mito griego de la caja de Pandora, del caso judicial clasificado bajo ese nombre empiezan a salir no solo figuras fantasmales sino nombres, relaciones, lujos, pagos sospechosos y vinculaciones entre abogados, políticos, exfuncionarios y funcionarios con uno de los más poderosos reos de las últimas décadas: Byron Miguel Lima Oliva.

Asesinado en el 2016 en extrañas circunstancias, cobró fama sobre todo por ser uno de los sentenciados por su estrecha complicidad con el crimen contra el obispo Juan Gerardi, durante la presidencia de Álvaro Arzú.

Ayer, la jueza Éricka Aifán, del Juzgado D de Mayor Riesgo, autorizó que se reprodujera el testimonio de Alejandra Reyes, exconviviente de Lima Oliva, grabado el pasado 4 de octubre como prueba anticipada, y en el mismo aflora un cuadro tenebroso sobre las relaciones entre políticos, abogados y funcionario de un sistema criminal.

En esas declaraciones se ratifica el testimonio que ha servido para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala planteen la solicitud de antejuicio en contra del alcalde Arzú por supuestamente haber utilizado recursos públicos para financiar su campaña electoral, caso que está en manos de una sala señalada y vinculada con resoluciones dudosas, por lo cual cualquier fallo anómalo tendrá repercusiones.

El testimonio, aunque no deja de ser sorpresivo, solo ratifica muchas de las versiones que desde 1996 empezaron a circular en torno a la figura del entonces presidente, tras la muerte del lechero Pedro Sas Rompich, quien murió a manos de quienes escoltaban a la pareja presidencial en ese año: el capitán Lima Oliva y el especialista Obdulio Villanueva.

Posteriormente ambos volvieron a verse involucrados en un nuevo hecho de sangre: el asesinato del obispo Gerardi, en 1998, por el cual fueron condenados. Esos antecedentes y las potenciales relaciones empiezan a tener explicaciones racionales con el testimonio de Reyes, quien afirmó por medio de una grabación que Lima Oliva le confesó dos meses antes de su muerte que “Arzú lo había enviado a alterar la escena del crimen”.

El testimonio explicaría la razón por la cual el actual alcalde mantuvo una relación de negocios con quien impuso su voluntad en el Sistema Penitenciario y ayudó a los parientes de los militares que estuvieron cerca de él en dos hechos sangrientos. Al punto que, durante su intempestiva aparición en la sede del MP cuando se presentaban los cargos en su contra, ante los reporteros manifestó que lo hacía como un reconocimiento a quienes buscaban reinsertarse en la sociedad y también a las viudas.

Hoy, de Caja de Pandora han salido los primeros fantasmas, y aún se desconoce qué otras sorpresas podrían aparecer en relación con otros políticos, pues Lima tejió una intrincada red de relaciones, tráfico de favores y complicidades. La clave para seguir conociendo los secretos de este submundo es que las investigaciones avancen con independencia, libres de presiones y con el afán de que prevalezca la justicia. Por ahora está en manos de la Sala Tercera de Apelaciones, en el proceso de antejuicio en contra de Arzú.

De defensores a sindicados: Moisés Galindo y los abogados del caso Caja de Pandora

Tue, 10 Oct 2017 17:53:18 +0000

El jueves pasado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizaron una serie de capturas y revelaron el caso Caja de Pandora.

Abogados, exfuncionarios de presidios y el hermano del recluso Byron Lima Oliva estarían presuntamente involucrados en una red de corrupción en el Sistema Penitenciario que negociaba traslado de reclusos a cambio de dinero y bienes.

No obstante, varios de los implicados tienen un pasado en común y se conocían desde hace varios años antes.

Estos son los perfiles de los capturados:

Moisés Galindo

Moisés Galindo fue durante 25 años oficial del Ejército de Guatemala y piloto aviador de la Fuerza Aérea. Trabajó en Ministerio Público como fiscal de la región metropolitana durante los años de la década de 1990. De manera reciente se dedicó al litigio como defensor de exmilitares.

Galindo representó al exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt, acusado de delitos de lesa humanidad, y al detenido expresidente Otto Pérez Molina señalado de actos de corrupción. También defendió a Byron Lima Oliva, asesinado en prisión en julio de 2016, y a su padre Byron Disrael Lima Estrada, sindicados por el asesinato del obispo Juan Gerardi en abril de 1998.

El abogado enfrentó juicio junto con otros ocho militares acusado de apropiarse de Q471 millones del Ministerio de la Defensa en 2001, durante la administración de Alfonso Portillo. El proceso fue resulto a su favor.
Forma parte de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de la que Ricardo Mendez Ruiz es presidente.

Marco Antonio Rossell

El abogado penalista Marco Antonio Rossell también defendió a Pérez Molina y Byron Lima, no obstante es más conocido por haber sido parte de la defensa Blanca Stalling, quien fungió como la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Rossell es cercano a Galindo y a varios exmilitares. Esto se evidenció cuando él personalmente llegó a una audiencia del Caso Cooptación Del Estado a comunicarle a Otto Pérez Molina la noticia del asesinato de Lima Oliva.

Luis Lima

Es hermano de Byron Lima Oliva. Fue uno de los capturados el jueves pasado. Luego de la condena a 20 años de prisión de su Byron Lima por el asesinato del obispo Gerardi, Luis Lima se dedicó a buscar pruebas para probar su inocencia.

Después de la muerte de Byron, en Julio de 2016 en el interior de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, acusó al gobierno de planear su muerte. Se presentó a la sede de la Cicig para entregar de manera personal evidencia para contribuir en la investigación en el caso de asesinato de su hermano.

En este caso, la Cicig acusó a Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero” un peligroso narcotraficante, de planear y ejecutar el asesinato de Byron, Lima se convirtió en querellante adhesivo en el proceso penal que se lleva por eso caso.

Alejandra Reyes

Ella fue la pareja de Byron Lima por más de diez años. Durante las audiencias de Lima en la Terre de Tribunales, ella fue su fiel acompañante, no obstante su historia comenzó mucho más atrás.

Reyes estudió belleza, maquillaje, política y, según Lima, es una de las cinco grafólogas certificadas en el país. La mujer conoció a Lima cuando ella tenía apenas 14 años de edad y su relación empezó cuando ella cumplió 18 años de edad. Tuvo una hija con el recluso.

Fue señalada junto con Lima y exfuncionarios de presidios por presuntamente pertenecer a una red de corrupción en el Sistema Penitenciario.

Es colaboradora eficaz en el Caso la Caja de Pandora y se encuentra fuera del país.

Álvaro Arzú y la relación que lo une a Byron Lima Oliva y Obdulio Villanueva

Mon, 09 Oct 2017 21:05:21 +0000

Lima Oliva y Villanueva pertenecieron al Estado Mayor Presidencial y fueron escoltas personales de Alvaro Arzú cuando este era presidente. Quizá el primer hecho que ayudó a forjar la relación fue la muerte de Pedro Haroldo Sas Rompich el 4 febrero de 1996.

Recuerde

¿Quién fue Pedro Haroldo Sas Rompich?: Su controversial muerte puso en aprietos a Arzú

Villanueva fue capturado y acusado de haber asesinado a Sas Rompich luego de haber enfrentado un proceso penal calificado de controversial. El 2 de febrero de 1998 se dictó sentencia y se le declaró culpable de la muerte del lechero que según la versión oficial de la época, no obedeció una señal de alejarse de la vía por dónde se conducía Arzú y su esposa Patricia de Arzú en San Juan del Obispo, Sacatepéquez.

El escolta presidencial fue condenado a cinco años de prisión conmutables, además del pago de Q1 millón por responsabilidades civiles. El 8 de abril del mismo año obtuvo su libertad.

Durante el proceso, el exmandatario defendió la inocencia de Villanueva. Mientras se desarrollaba el juicio oral y público, el entonces presidente, envió una carta en la que narró los hechos y justificó el actuar del escolta presidencial. Su actitud le valió muchas críticas.

Esta no sería la única ocasión en la que Arzú defendería a Villanueva y a Lima Oliva.

El 20 de enero del 2000, ambos militares fueron capturados acusados del asesinato de monseñor Juan José Gerardi, hecho que sucedido el 26 de abril de 1998 durante la administración de Arzú.

El 8 de junio de 2001 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Byron Lima Oliva y a José Obdulio Villanueva a 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial y al sacerdote Mario Orantes Nájera a 20, por complicidad.

Recuerde: Condenan a tres militares y a un sacerdote por crimen contra monseñor Gerardi

Aunque en agosto de 2002 la corte admitió una apelación presentada por la defensa de Villanueva y anuló la sentencia, el exmilitar nunca salió libre. Murió decapitado en un motín en la cárcel del Preventivo de la zona 18, en febrero del 2003.

Byron Lima Oliva tuvo un destino similar que el de Villanueva, murió baleado, en julio de 2016, en el interior de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón.

La semana pasada, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público anunciaron la solicitud del retiro de inmunidad a Arzú por peculado y financiamiento electoral ilícito.

Hasta ahora, Arzú ha admitido haber dado trabajo a la viuda Villanueva y a la pareja de Lima Oliva. Su justificación es que que ambos “habían sido injustamente encarcelados” y dijo: “había querido ayudar”.

Con el Taquero haz tacos

Tue, 08 Aug 2017 06:00:00 +0000

Si un servicio de inteligencia, o un conspirador eficiente y profesional, tuvieran que haber elegido a alguien para asesinar a Byron Lima, hubiese sido, sin duda alguna, a el Taquero. Un personaje condenado a más de 800 años de prisión es el protagonista perfecto para no importa que escena de riesgo. No tiene nada que perder, cualquier cosa le puede servir para mejorar las condiciones de vida que le esperan en la cárcel hasta su muerte y no importa qué culpa o acción se le endilgue, ya que será avalada por una sociedad que rechaza contundentemente a esos personajes.

El Taquero, por su parte, sabía que con Lima en prisión tendría siempre un competidor, un contrincante. Alguien con quien convivir en condiciones de desigualdad, lo que no le permitiría la libertad de acción a que aspiraba para acomodar su triste futuro de ocho siglos de condena. De esa cuenta, cualquier oferta para hacerlo desaparecer sería bienvenida porque se podían matar —nunca mejor dicho— dos pájaros de un tiro: anular la competencia y quedar bien con quienes ordenaban el “servicio”.

Si se acepta que los señalados fueron capaces de introducir las armas y los explosivos sin ayuda externa y que se pudo asesinar a Lima y a 10 de sus guardaespaldas —con solo dos bajas del contrario—, amén de desaparecer las armas, cambiar los cadáveres e ignorar cuatro informes de inteligencia que avisaban de ello, resulta que deberían disolver la unidad de investigación policial y contratar a esos delincuentes que fueron capaces de burlar el sistema por meses y actuar con una precisión difícilmente igualable.

El caso Lima terminará, seguramente, en igual nivel en el que se dio por finalizado el de monseñor Gerardi. Es decir, con la detención de los “autores materiales” del crimen, pero no los intelectuales, y será percibido —lo es ya— con la desconfianza de la solución que dieron al caso Rosenberg o con la imperceptible crítica a la nula investigación en el caso Musa. ¡Cosas veredes —repetidas—, amigo Sancho!

Lima era odiado por muchos. La administración del PP dejó claro quiénes eran y qué perseguían. Conocía información detallada de tumbes de droga, asesinatos de narcos y apoyo al crimen organizado por parte de políticos y “amigos” de antaño. Tenía enemigos por doquier y una estrategia externa de buscar como amigo al enemigo de mi enemigo —el Taquero—, no debe descartarse de la investigación. Parece ser que el Taquero y sus “tigres” fueron quienes asesinaron a Lima, pero de apretar el gatillo contra un personaje muy protegido —y condenarse a muerte desde ese instante por los seguidores de Lima— a planificar una operación de eliminación de alguien que sabía demasiado, controlaba prisiones y podía hacer imposible la vida a muchos que hoy están dentro, hay un abismo a cuyo fondo parece que no llegará nunca la justicia. Es posible que los capturados por el asesinato de Byron Lima y otras personas no sean más que autores intermedios. Por el grado de perfección y consecuente planificación con que se ejecutó, pareciera ser que hay autores intelectuales de mucho mayor nivel y sofisticación.

Pero, si se “superó” el caso Gerardi, este no lo será menos. Ya cuenta con investigación aclaratoria, culpable, modus operandi y causas. Se detalla cómo se asesinó a Lima pero no queda claro quién lo hizo, y el Taquero no ha heredado el poder que supuestamente lograría. ¿Entonces para qué lo hizo?

Fin del acto. ¡A otra cosa, mariposa!

www.miradorprensa.blogspot.com

Los tentáculos de las redes criminales

Sat, 05 Aug 2017 06:00:00 +0000

La masiva captura de personas vinculadas con el asesinato de Byron Lima complementa un tenebroso rompecabezas en el cual se percibe la imagen de un sistema derruido, a merced de mafias enquistadas en el Estado, lo cual explica los vasos comunicantes entre distintas redes criminales que operan en todos los niveles.

El asesinato de Lima se constituyó en un caso estremecedor, porque este militar era considerado como el amo y señor de las prisiones y sobre él pesaban denuncias por extorsiones que ejercía para arreglar traslados, ubicaciones y protección dentro de los distintos reclusorios del país.

El último hecho en el que se le vio involucrado fue cuando lo detuvo un grupo de agentes y fiscales, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fuera del presidio donde se suponía debía estar, y además mintió respecto del destino al que supuestamente se había dirigido, lo cual desveló el abuso y libertad con la que operaba, pese a existir denuncias previas sobre su libertad de movimiento.

Con esos antecedentes es que resulta mucho más difícil explicar que otro comando, dirigido por otro poderoso reo hubiera tenido las agallas de ordenar su muerte en el penal y matar a otras 13 personas, con una frialdad y espectacularidad que a la vez ponen en perspectiva el poderío de la delincuencia para eliminar de su camino a gente con poder, no solo dentro de los reclusorios, sino que además tiene nexos con los más altos niveles de autoridad.

Esa facilidad para liquidar a más de una docena de personas, en un lugar donde ni siquiera se concibe que pueda ingresar un lote de armas y explosivos, es muestra de las siniestras interrelaciones entre delincuencia, autoridades y quienes a su vez se benefician de las operaciones ilegales, porque al final el hecho se reduce a una pelea de territorio entre capos que se disputaban los recursos que se obtenían de las ilegalidades cometidas en los penales o del tráfico de drogas, dentro y fuera de las rejas.

Este sería uno de los papeles de María Martha Patricia Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, quien está sindicada de haber ingresado explosivos en la Granja Penal Pavón, donde ocurrió la matanza, lo cual habría logrado con la colaboración de un funcionario de menor rango. De hecho, Lima, quien temía ser atacado, se protegía con un chaleco antibalas, y a eso obedece que supuestamente el sindicado de haber ordenado su muerte pidió que le dispararan a la cabeza.

Hasta allí la turbia interrelación en los penales entre jerarcas del crimen, pero deben destacarse los vínculos de Lima con figuras relevantes del gobierno patriotista, partido al que habría ayudado de manera dispendiosa para que alcanzara la Presidencia, con la condición de que le permitiera controlar las prisiones, lo cual se concretó con la victoria de esa agrupación.

En esta red, a la que bien ha denominado la Cicig Asesinatos por poder, control y negocios, confluyen figuras emblemáticas de la criminalidad más atroz, pero hacia lo externo los nexos son mucho más preocupantes, porque existe suficiente evidencia de los aportes que Lima hizo a la campaña del patrioterismo, cuyos máximos dirigentes se encuentran hoy tras las rejas o prófugos.

La vida de Byron Lima Oliva, en imágenes

Tue, 18 Jul 2017 22:19:57 +0000

Lima Oliva fue encontrado culpable en 2001 del crimen contra el obispo auxiliar Juan Gerardi Conedera y guardaba prisión en ese centro carcelario.

El día de los hechos se dijo que el militar conversaba con la modelo argentina Joanna Elizabeth Birriel, de 24 años, quien murió durante el enfrentamiento a manos de un grupo de prisioneros encabezado por Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, quien fue acusado de esa masacre.

En esta nota repasamos algunos hechos en la vida del polémico militar.

El 4 de febrero de 1996, Byron Lima, quien fungía como guardaespaldas del entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen, se ve involucrado en la muerte del lechero Pedro Haroldo Sas Rompich, de 26 años, en un confuso incidente en la carretera a San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El presidente Alvaro Arzú se subió a una tarima colocada frente al parque Central con una guitarra el 14 de septiembre de 1997, lo escolta Byron Lima, miembro de la guardia presidencial.

El 18 de mayo del 2000, el capitán Byron Lima Oliva y el especialista del Ejército Obdulio Villanueva, ambos involucrados en el asesinato de monseñor Juan Gerardi, acudieron a los tribunales a rendir declaración.

Lima Oliva en el penal de la zona 18 dirigiendo a un grupo de reos durante un motín el 12 de febrero de 2003. En este hecho perdieron la vida siete internos.

El 15 de junio de 2008 Byron Lima junto a otros reos del centro penitenciario Pavoncito recibieron un donativo de libros por parte de alumnos del tercer semestre de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, extensión Antigua Guatemala. El material era para instalar una biblioteca en el centro carcelario.

Byron Lima instala una miniabarrotería dentro de las instalaciones de la cárcel Pavón, con la cual inicia un proyecto de reinserción el 16 de septiembre 2002.

En 2012, Byron Lima Oliva fue el encargado de confeccionar las playeras del Partido Patriota para las elecciones de ese año en su maquila que tenía dentro de Pavoncito.

El 24 de octubre de 2014 inicia un nuevo juicio en contra del capitán Byron Lima Oliva, quien portaba una playera negra con la leyenda “Soy preso político”. Lima fue señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de falsificar documentos para salir de la cárcel.

El 15 de febrero de 2016 Byron Lima Oliva y su esposa Alejandra Ochoa, junto a otras ocho personas, enfrentaron juicio por un caso de corrupción en el Sistema Penitenciario.

El 18 de julio de 2016 bomberos levantan al lado de la garita de ingreso al penal de Pavón cinco cuerpos, entre ellos los de Lima Oliva y la modelo argentina Joanna Birriel, quienes fueron asesinados por otros reos durante un motín.

Muerte de Byron Lima Oliva (Video: Prensa Libre TV)

Niegan el valor de bienes de Byron Lima

Tue, 28 Feb 2017 06:00:00 +0000

La publicación indica que se buscó su versión oportunamente; sin embargo, no fue posible obtenerla.

Luis Lima Oliva, quien dijo ser el administrador de los bienes de su hermano en un proceso de intestado, trajo consigo el supuesto expediente de extinción de dominio con el que aseguró que las propiedades de su hermano no suman el monto referido.

“Como ciudadano y agraviado de esta situación que afecta a mi familia, me veo en la necesidad y obligación de denunciar a miembros de la fiscalía especial contra la impunidad por primero filtrar información que está siendo investigada y segundo por poner en peligro por segunda vez la vida de mi familia”, se lee en un documento que entregó a Prensa Libre.

Añade: “No es justo que entes como la CICIG y la FECI se presten a infundir mentiras completas y verdades a medias dejando en medio a menores de edad inocentes en peligro, no es justo que con los altos índices de criminalidad en el país, se exponga de esta manera la vida de una familia a ser posibles víctimas de secuestro, extorsiones o cosas peores”.

Respeta depuración

En su carta, Lima Oliva señala que se considera una persona sujeta al imperio de la ley y que respeta los procesos de depuración del Estado, pero aseguró que se debe velar por “un debido proceso, por el respeto de las normas y sobre todo porque el sistema de justicia y sus actores, jamás se presten a actos de impunidad o que riñan con la ley”.

Byron Lima-ficción

Tue, 26 Jul 2016 06:00:00 +0000

La justificación de que una reyerta carcelaria termine con la vida de varios internos y nadie sepa nada la alimenta el destituido director del Sistema Penitenciario que declaró el pasado febrero: “Vamos a tener los primeros resultados en menos de los cien días”; admitió no haber podido pasar lista en un centro de detención; al hacerlo descubrió que faltaban presos; ciertos reos son jefes de galería o bloque y requisas revelan que en las prisiones entra cualquier cosa. Endilgarle inmediatamente el crimen al Taquero, además de una irresponsabilidad ministerial, fue un sospechoso señalamiento que pone en peligro la vida de aquel.

Las cárceles del país —como todas— tienen sectores repartidos entre presos o bandas. Espacios estancos en los que nadie interfiere porque el precio a pagar es muy alto y en los que cada cual mantiene el control. Una suerte de dominio consentido que sostiene el equilibrio inestable existente.

Si analiza información pública —dispersa en papel y en la web— observará que el MP cursó orden de detención contra ciertas personas entre las que había alguien investigado —algunos— por el país del norte. Cuando aquello ocurrió, la preocupación y la decepción de ciertas agencias USA —también la solicitud de información sobre qué estaba pasando— fueron inmediatas porque acababan de echar por tierra procesos que allí se llevaban, tiempo de investigación y cargos documentados, por inesperadas detenciones aquí.

Los arrestos generaron desencanto con el proceder de la “justicia nacional” que, aunque actuaba correctamente y de buena fe, evadía la dirección norteamericana en material de narcopersecución. ¿Qué había pasado? De eso a que la Fiscal General se perdiera por un tiempo y se calmara el oleaje Cicig/MP apenas transcurrieron unos días. Procedía un llamado al orden, aclarar las cosas y reconducir el tema. Simultáneamente, un medio escrito nacional desviaba interesadamente la atención.

Pareciera ser que el señor Lima colaboraba (o tenía intención de hacerlo) con alguna de esas agencias, quizá de ahí el inexplicable e inmediato rumor del “periodista extranjero” asesinado y cómo algún forastero se dio por aludido. Tenía (o decía tener) información —videos/audios— que significaba la condena decisiva de alguien —o algunos— por asuntos relacionados con tumbes a narcotraficantes en el pasado reciente. Quizá una baza de Lima para salir de un recinto en el que, según muchos, no debería haber estado nunca porque no cometió el delito que se le imputó. Su testimonio podría ser clave para condenar a varios y evidenciarlos ante poderosos carteles mexicanos que seguramente querrían, en algún momento, cobrarse el adeudo. Desaparecido Lima, creyó, quienes así lo planificaron, que se perdía la evidencia condenatoria y se generaba un clima “más propicio” para sobrevivir dentro del sistema carcelario nacional. Se generó una crisis que exacerbó los ánimos de seguidores de Lima, puso en jaque al Gobierno y promovió las distractoras y prefabricadas ideas de una reyerta o un crimen de Estado. La carrera ahora es qué será primero: el asesinato de el Taquero —y caso cerrado—, la investigación y resolución por Cicig/MP sin presión interesada o el olvido de los hechos. ¿Cómo suena Rosenberg?

Usted que vive el tráfico y sufre la ola de criminalidad, igual se conforma con la versión oficial de la trifulca. Yo que leo más ficción, gusto elucubrar y no soy amigo de las “conspiraciones”, porque lo simple me convence más; en esta ocasión las creo.

Con Lima asesinado casi “todos” ganan. Algunos más que otros, aunque los del Norte todo lo saben.

www.miradorprensa.blogspot.com

Los enredos de las redes

Mon, 25 Jul 2016 06:00:00 +0000

El asesinato de Byron Lima, en un operativo tan sofisticado y eficaz como misterioso, ha comenzado a develar una serie de intrigas en donde se vincula a varios personajes oscuros del mundo criminal, algunos instalados en posiciones de enorme influencia. Lo que la opinión pública ha visto desfilar son hipótesis de las cuales podría extraerse una miniserie de enorme impacto televisivo.

Lo curioso de este maremágnum de enredos a cuál más repugnante es el hecho de no haber sorprendido gran cosa a la ciudadanía, la cual —después de tener a la cúpula del anterior gobierno a punto de caer estrepitosamente ante la montaña de evidencias esgrimidas por la parte acusadora— ya espera una nueva serie de escándalos.

Pero volviendo a lo anterior, llama la atención la manera como algunos estrategas del lado oscuro de la política han comenzado a utilizar las redes sociales en campañas negras con el objetivo de descalificar el trabajo realizado por el Ministerio Público y la Cicig, pero especialmente destinadas a bajar a la Fiscal General de su peana, convencidos de insertar una cuña suficientemente poderosa como para detener la ola de revelaciones y escándalos de corrupción, así como de crímenes de alto impacto puestos en evidencia por el MP.

Los recursos informáticos han sido la novedad en esta saga que el país observa con asombro. De algún modo, la tecnología, tan útil para las organizaciones criminales en cuanto a llevar controles financieros y contables de sus innumerables actos de corrupción, ha sido también su delatora, proporcionando a investigadores y fiscales el material necesario para armar casos prácticamente blindados contra el tráfico de influencias dentro del sistema judicial.

Es pertinente preguntarse qué hubiera sucedido en investigaciones sobre el desempeño de gobiernos anteriores si toda la ruta de sus actos se hubiera grabado en plataformas digitales. Es de todos conocida la antigua tradición de eliminar archivos cada cuatro años, con el propósito de borrar rastros y dejar un aparato administrativo del Estado casi en punto cero para el siguiente equipo al mando. Recuerdo haberle preguntado a un coronel —quien había servido en el Estado Mayor Presidencial— sobre los archivos de esa dependencia, y me respondió muy tranquilo: “Ahí no hay nada”.

El registro de los actos de un equipo de gobierno debería estar bajo la estricta vigilancia de una instancia independiente y altamente especializada en el uso de recursos tecnológicos. Los misterios ya no tienen cabida en un sistema democrático en donde impere el estado de Derecho, como tampoco los obstáculos para el acceso a la información pública por parte de la prensa o de cualquier ciudadano interesado en conocer las acciones y decisiones de sus autoridades.

En estos tiempos es imprescindible poner cada vez mayor énfasis en la importancia de la fiscalización y el control por medio de instancias creadas para el efecto, quizá como un apoyo adicional a la Contraloría General de Cuentas, la cual al parecer nunca ha tenido la capacidad para controlar a fondo lo que está bajo su jurisdicción. Es obvio que de haber hecho una labor exhaustiva, algunos casos de defraudación del Estado actualmente en proceso nunca se hubieran producido.

La naturaleza humana tiene ese lado material que la lleva a buscar ventajas y privilegios a costa de sus semejantes. Si esa fuerza es poderosa en el ciudadano común, en sus autoridades es avasalladora. Por lo tanto, el único freno posible a la ambición desmedida es un sistema de justicia probo y eficiente.

elquintopatio@gmail.com

Lúgubre retrato del poder público

Sat, 23 Jul 2016 06:00:00 +0000

Pinceladas, aunque con trazos muy acentuados, ha dado el juez Miguel Ángel Gálvez sobre una de las redes de corrupción más impresionantes de que se haya tenido noticia en Guatemala, y hasta ahora lo ha hecho, como ha dicho reiteradamente, y así nadie dude de su resolución, la cual probablemente emitirá el lunes.

En realidad, lo conocido hasta ahora en la etapa de primera declaración en el caso Cooptación del Estado ratifica mucho de rumorado en pleno gobierno patriotista y en la información que ha fluido en los otros casos por los cuales también están vinculados los exmandatarios y varios exfuncionarios.

Sin embargo, no deja de sorprender la información cotejada y descrita por el juez Gálvez. Como cuando dice que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti debió trabajar durante 25 años en ese puesto para poder pagar un helicóptero o al exponer el origen y alambicada ruta de millonarios recursos usados para la construcción de residencias de lujo.

Todo ese cúmulo de indicios racionales se constituye en materia prima para que a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, se consolide en el imaginario social una postura de repudio hacia el latrocinio al cual fue sometido el país durante la administración patriotista, así como ocurrió, presumiblemente, durante los gobiernos anteriores. Ello implica directamente el rechazo hacia cualquier práctica opaca en el presente o futuro.

Otra pieza de ese entramado de oscuras y repudiables negociaciones también se pudo conocer ayer en boca del juez Gálvez, quien dejó sembrada la duda sobre la designación, por segunda ocasión, del actual jefe de la Contraloría General de Cuentas, de quien refirió que existían llamadas y registros que dejan entrever que su nombramiento en el cargo ya estaba negociado cuando apenas empezaba la discusión para esa elección.

Ciertamente, en torno de la designación de Mencos como contralor siempre hubo mucho ruido y él mismo debió acudir a instancias superiores para poder participar, porque había una clara prohibición constitucional respecto de la reelección. No obstante, al igual que muchos de los fallos judiciales, hubo un conveniente ajuste legalista, mas no moral, a las circunstancias, a tenor con quienes ejercían el poder y con quienes hasta hace un año ya se daban por seguros ganadores de las elecciones.

Esa polémica perduró hasta el día de la designación del nuevo contralor, pues era cuando más aceitada se encontraba la maquinaria electorera de los partidos Patriota y Líder, los que no solo designaron a Mencos para repetir en el cargo, sino también eligieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, todo lo cual sucedió en medio de denuncias de tráfico de influencias por listados dados a conocer.

Al final, aunque lo conocido ahora en la audiencia del caso Cooptación del Estado no son datos nuevos, tampoco dejan de sorprender porque revelan los alcances perversos que pueden llegar a tener las redes de funcionarios que se creen intocables dueños del poder.

Aquí falta mucho por hacer

Sat, 23 Jul 2016 06:00:00 +0000

Si bien es cierto las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público han arrojado resultados positivos que han puesto al descubierto lo mal que funciona el Estado, hablamos del ayer, pero no debemos descuidar lo que pasa en el presente.

Las acciones han sido loables, pero si queremos recalcar que todo debe estar acorde a nuestra Constitución y a nuestras leyes, se debe respetar el debido proceso y hasta la misma Cicig debe ceñirse a su mandato y revisar su estatus, ya que actualmente no está de acuerdo con la Convención de Viena y gozan sus funcionarios de una inmunidad diplomática que no cabe dentro de nuestra legislación. Sí estamos de acuerdo en que deben tener derecho de antejuicio, para protegerlos de acciones legales espurias e improcedentes. Me decía un diputado que la razón es porque son miembros de Naciones Unidas. Entonces los empleados de FAO, Unicef y Unesco tendrían el mismo derecho. Por supuesto, no, mi sugerencia no va en contra de las acciones contra la impunidad y la corrupción que creo que se encuentran apenas en la fase embrionaria, pues las denuncias y corruptela siguen en aumento.

Los comerciantes, importadores y exportadores, a diario se quejan de que ahora las tarifas de los corruptos son más altas y los periodos para sacar de aduana un contenedor son ahora del doble. A las dos entidades, tanto al Ministerio Público como a la Cicig les queda mucho por hacer.

Su quehacer se ve dificultado por la ausencia de Estado en la mayor parte del país, donde reina la impunidad y jueces y magistrados siguen en desacato a órdenes judiciales, lo que estimula a usurpadores a invadir fincas y destrozar instalaciones. A esos temas aún no les ha entrado la Cicig y los líderes de los movimientos siguen sin ser ligados a proceso, a pesar de claras denuncias de delitos flagrantes.

Nos gustaría ver una investigación de cada uno de los ministerios y alcaldías que contratan obra y/o insumos. Las carreteras son una vergüenza en la mayor parte del país, hasta las autopistas de reciente construcción presentan baches, rajaduras y derrumbes; los lagos Atitlán y Amatitlán se están perdiendo, pues las municipalidades no cumplen con su función y ahora quieren entrar a ser parte fiscalizadora del manejo de las aguas, mientras ellos son los principales contaminadores. Pero allí, ¿dónde está el Estado? Ausente, como en todos lados; presente donde hay plata y posibilidad de enriquecimiento.

Vimos cómo el Estado se zafó de las cárceles entregando el control a los guardias del Sistema Penitenciario y allí está el resultado, una de las piezas claves de muchas investigaciones era el capitán Byron Lima Oliva, quien gracias a presiones de ciertas ONG fue acusado de un crimen que no cometió, pero ese es un tema que pesa en manos de una justicia agobiada por presiones externas y mediáticas. Producto también de la ausencia de Estado, que recordemos no es solo el Ejecutivo a quien se acusa como resultado de nuestro régimen presidencialista.

Da grima ver cómo en el Legislativo se autorizan sueldos a conserjes, superiores a los de un cirujano cardiovascular del sistema de Salud, y todavía vemos que muchos de los culpables de estos sueldos, que definitivamente eran compartidos con sus jefes, allí siguen. ¿Dónde estaba el Estado? Estamos llenos de instituciones que supuestamente regulan, controlan y fiscalizan: la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Administración Pública. Pero, ¿dónde están para defender los intereses del Estado? ¿Quién fiscaliza su accionar?

Aquí falta mucho por hacer.

induagro@yahoo.com

Las realidades del Xibalbá carcelario

Fri, 22 Jul 2016 06:00:00 +0000

DENTRO DE LA VORÁGINE de información y de comentarios de todo tipo relacionados con el asesinato del capitán Byron Lima dentro de la granja penal Pavón, uno de los más importantes se refiere a las realidades del submundo de los centros carcelarios del país. En ese sentido, es digno de mención el trabajo del columnista Salvador Paiz, publicado ayer: 3,811 agentes con un sueldo de Q1,725 mensuales atienden a 20 mil reos en 22 centros con lugar para 6,500. Casi no hay dinero para la rehabilitación, solo alcanza para gastos de mantenimiento, y el robo de los fondos es común, por lo cual solo alcanza para funcionamiento. La ausencia de autoridad es clara y los reos peligrosos siguen sus actividades criminales dentro de la prisión.

LAS NOTICIAS DE LA PRENSA muestran otra realidad de este inframundo. Las autoridades encontraron armas de fuego, ojivas de balas, granadas, puñales, además de mariguana, cocaína, radios portátiles, celulares. Las versiones oficiales hablan de un tiroteo de 45 minutos, manchas de sangre en patios traseros —lo cual comprobaría violento traslado de varios de los asesinados antes de matarlos a corta distancia, así como explicaría por qué algunos de ellos fueron decapitados y el cadáver de otro estaba calcinado. Por si fuera poco, la matanza fue realizada a eso de las 9 de la mañana pero los cientos de agentes enviados solo pudieron penetrar a las cuatro de la tarde. Pavón, se comprobó, es una especie de “territorio libre” de la acción del Estado.

EN ESE ESCENARIO, es inevitable el surgimiento de bandas criminales cuya principal característica es la rivalidad para el control de las actividades delictivas de todo tipo y gravedad ocurridas desde hace mucho tiempo. La presencia de reos con las características personales de Lima permite llegar a conclusiones lógicas acerca de la cantidad de personas necesarias para participar en un asesinato de semejantes características. Pero también facilita sospechar la existencia de un plan de desinformación y de desvío de la atención pública cuando de inmediato son filtradas informaciones hacia entidades internacionales de investigaciones criminales, como es el caso de Insight Crime, el cual insiste en la lucha de bandas rivales como única causa del crimen.

ESA MISMA LÓGICA PERMITE guiar el pensamiento a otra posibilidad, mencionada también en otros artículos periodísticos, al respecto de constituir este crimen un hecho no derivado de esa lucha de poder interno, sino de la decisión de eliminar físicamente a alguien con conocimientos cuya revelación abriría una verdadera caja de Pandora. Eso se debe a la muy clara posibilidad del resurgimiento de casos cubiertos por la niebla del olvido, como el atroz asesinato de monseñor Juan Gerardi, pero también relacionados con acciones gubernativas posteriores, algunas cercanas. A todo esto contribuye el convencimiento de otra realidad: la del alivio de muchas personas a consecuencia de ser ahora imposible la revelación de hechos comprometedores.

LAS PROPIAS AUTORIDADES AÚN no han comprobado la conexión entre el crimen y quien es señalado de ser su autor intelectual y material, Marvin Montiel, el Taquero, quien cumple una condena de 820 años, ni con Guayo Cano, como lo señala un informe de inteligencia civil guatemalteca filtrado a la revista antes mencionada. El submundo carcelario es un territorio perfecto para ser cierta cualquiera de las versiones. Mi predicción, basada en cómo han sucedido tantos otros hechos de violencia en el país, es muy fácil de comprender: este caso tiene todas las posibilidades de engrosar los miles de ejemplos de incapacidad estatal de dar seguridad, de existencia de poderes paralelos y de la indefensión ciudadana, cuyo papel se reduce a la de espectadora.

¿Quién mató al capitán?

Fri, 22 Jul 2016 06:00:00 +0000

El asesinato de Byron Lima Oliva y otras 13 personas en Pavón ha levantado toda una serie de especulaciones sobre quiénes podrían ser los responsables del ataque y las motivaciones que podrían estar detrás. Con los antecedentes, es muy poco probable que algún día lleguemos a conocer la verdad sobre quién mató al capitán.

Aun así, espero que este crimen se resuelva y no sea uno más de los miles que cada año quedan sin resolver y sin que se haga justicia en nuestro país. Si ni siquiera un caso de tan alto perfil e implicaciones se puede resolver, ¿qué consuelo nos queda al resto de los guatemaltecos?

Lamentablemente veo muy difícil —aun con la participación de la Cicig— que este asesinato múltiple se resuelva satisfactoriamente. Hay demasiadas variables fuera de control, empezando por la misma cárcel.

Los responsables tuvieron suficiente tiempo para borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarlos. Las autoridades lograron “retomar el control” de Pavón 10 horas después del asesinato. Ni siquiera se puede hablar de una “escena del crimen” como tal, cuando varios de los cuerpos, incluido el de Lima, fueron arrastrados por los presos hasta la entrada.

Luego están las armas. ¿Cómo es posible que se fuera a “buscar las armas” 36 horas después de que se “retomara” el control de la cárcel y 48 horas después del asesinato? Se podría atribuir este retraso a la imposibilidad de reunir las fuerzas necesarias para lograr esa “incursión” en menos tiempo, pero lo cierto es que, indistintamente de las razones, es virtualmente imposible que se encontraran muchas evidencias tanto tiempo después.

De ahí que considero una tarea titánica averiguar y probar lo que allí sucedió. Eso ha servido para que salgan muchas hipótesis, desde las más sencillas sobre una disputa de control de la cárcel hasta las conspiracionales que involucran a funcionarios actuales y pasados, además de comandos externos que hayan entrado a Pavón a atacarlo.

Siendo Byron Lima una persona tan controversial y que había ganado muchos enemigos a su paso por varias cárceles, se hace más difícil considerar todos los posibles escenarios. Y si a eso añadimos el aura de “poderoso, influyente y muy informado” de que se rodeó en los últimos años, se complica más. Puede ser que alguien lo haya mandado a matar por odio o venganza, pero también existen muchas posibilidades de que haya sido por temor, tanto a enfrentarlo como a que pudiera divulgar información comprometedora.

En la trama de muchas novelas y películas —y de seguro en la vida real—, un recurso recurrente es el uso de información privilegiada como un seguro para garantizar la vida del poseedor de la misma.

Quizá la versión más conocida es la de la película The Firm —que no en la novela—, en donde el abogado al final logra salir avante del predicamento en que se encontraba, sin ceder la información de las transacciones corruptas de la mafia al FBI, pero manteniendo copia de todas ellas escondida en el barco de su hermano. A los mafiosos les deja la advertencia de que si algo le llega a pasar a él o a su familia, esa información sería entregada a las autoridades.

Este recurso es atingente a este caso porque muchos han especulado sobre “toda la información” que manejaba Lima Oliva. Algunos incluso han especulado que esa información estaría guardada fuera de la prisión. Las preguntas atingentes son: ¿Realmente existe tal información? De ser así, ¿a quiénes podría incriminar dicha información? ¿Iremos a conocer algún día esas revelaciones?

Las dudas son muchas y creo que el Gobierno, el MP y la Cicig, deben esforzarse por resolver este caso, ya que sus tentáculos pueden ser muy largos.

Fb/jjliber

El complejo caso de Byron Lima

Wed, 20 Jul 2016 06:00:00 +0000

MUCHOS SERÁN LOS ANÁLISIS y comentarios acerca del complicado caso del capitán Byron Lima, cuya violentísima muerte encaja dentro de una lógica macabra, por la cual, si bien provocó sorpresa, no fue a consecuencia de un hecho no contemplado en la violencia, la ilegalidad, el desprecio a la ley y a la vida humana imperantes en el país desde hace demasiado tiempo. Son numerosos los puntos de vista, muchas veces mezclados, desde los cuales se pueden explicar las razones de uno de los asesinatos político-delincuenciales más sonados de los últimos años. Fue alguien cuya eliminación convenía directa o indirectamente a demasiadas personas.

ME PARECE NECESARIO referirme a un error de uso de lenguaje al referirse a lo acontecido. Lima no fue “ejecutado”, sino simple y llanamente asesinado. No es lo mismo. La ejecución, en su sentido da dar muerte a un reo, recluso o condenado, solo la puede realizar el Estado cuando aplica un castigo legal, la pena de muerte (cuyo nombre debería ser el de pena de vida). Aunque un reo, es decir, alguien “merecedor de castigo por haber cometido una culpa que merece castigo” (Diccionario de la Lengua Española, 2014) pierda la vida a causa de la acción criminal de alguien más, el hecho no deja de ser un asesinato, es decir “matar con alevosía (traición, perfidia) ensañamiento o por recompensa”. Todo ello se cumplió en este caso.

CUANDO ALGUIEN LLEGA A tener semejante cuota de poder real, es necesario ver este factor como un efecto de causas muchas veces desconocidas o solo sabidas por un grupo muy reducido. Si se debe a haber realizado trabajos sucios, quienes se beneficiaron con estos se convierten en posibles blancos de acciones ilegales. Es el caso de las operaciones internas de “limpieza” realizadas para hacer definitivamente a un lado a quienes simplemente llegan a saber demasiado de muchas personas. Esa medalla tiene la otra cara del temor de esos hombres poderosísimos de cualquier filtración en su seguridad, un hecho cuyo único resultado es la aplicación del viejo adagio según el cual uno puede cualquier día morirse dentro de su propia ley.

LOS PODERES OMNÍMODOS tienen la particularidad de provocar el surgimiento de personas o de grupos interesados en hacerlos suyos y convertirse, a veces literalmente, en dueños de vidas y haciendas. Eso muchas veces los hace convencerse a sí mismos —porque constantemente son ensalzados por quienes les temen o les están agradecidos— de ser personas justas porque aplican una curiosa “justicia” muy personal y similar al ojo por ojo, diente por diente. Por estas causas, se cimienta la posibilidad de luchas intestinas imposibles de llevar a un resultado distinto de la eliminación física, es decir del asesinato, tanto de ese rey absoluto como de la mayor cantidad posible de integrantes de su corte, de sus “caballeros de la mesa redonda”.

EN TODO ESTE ANÁLISIS no se puede eliminar la posibilidad del llamado crimen por razones de Estado, ya en su momento explicado por Maquiavelo. Estos factores mencionados, al combinarse no sólo llevan al asesinato del todopoderoso, sino complican sobremanera llegar a la verdad, porque además en estos casos se confirma la existencia de varias verdades, con un centro común en una relación similar a la de la corola con los pétalos de la margarita. La eliminación de Byron Lima cierra para siempre unas puertas pero abre nuevas ventanas, y la preocupación no desaparece sino nada más se transforma, porque aunque ya no se encuentre en forma física, es imposible saber si no hay escritos comprometedores listos para salir a la luz del día.

Seguros efectos del asesinato de Lima

Wed, 20 Jul 2016 06:00:00 +0000

Conforme los ciudadanos conocen o recuerdan la agitada vida del capitán Byron Lima, se evidencia la verdadera realidad, no solo del sistema carcelario del país, donde es un hecho que las autoridades ocupan un lugar secundario, sino de la casi increíble forma en que funciona el Estado de Guatemala.

Las autoridades simplemente no tienen la capacidad de mantener el control ni siquiera en una cárcel cuya importancia en el ámbito de las prisiones es indudable y ha sido escenario de numerosas acciones criminales que envían con claridad un mensaje de temor a los ciudadanos.

Otro elemento de análisis que evidencia un poder prácticamente omnímodo es el de las actividades protagonizadas por Lima, que incluían imágenes en sus redes sociales para promocionarse como aspirante a la Presidencia pero también visitas de figuras políticas.

Entre ellas se encuentran Otto Pérez Leal, el hoy presidente Jimmy Morales, así como Ricardo Méndez Ruiz, de la tan controversial Fundación contra el Terrorismo, y aun en las que aparece junto a Álvaro Arzú, cuando le sirvió en el Estado Mayor Presidencial, entre otros muchos que llegaron a verlo para hacerle solicitudes como pedirle que actuara de tal manera que no causara molestias a quien, de proponérselo, habría provocado incomodidades muy serias. Las fotografías publicadas se convierten en pruebas de encuentros y visitas.

Una de esas imágenes, donde aparece con Otto Pérez Molina, evidencia una antigua relación, porque ambos pertenecieron al Estado Mayor Presidencial. Por eso vale la pena investigar más lo expresado por el expresidente cuando afirma que Lima estaba purgando un crimen que no cometió. Esto, poca duda cabe, tiene muchas razones para provocar el conocimiento de verdades ocultas y enterradas con el paso de los años.

Es obligado analizar y llegar a conclusiones válidas acerca de las causas por las que personas como Byron Lima pueden convertirse en centros personales de poder e influencia que les permite convertirse en mandamases despóticos y absolutos, muy al estilo de los monarcas franceses del siglo XVII.

Igualmente se deben investigar a fondo las relaciones de Lima con el financiamiento de partidos y candidatos, con la asesoría entre bambalinas que de hecho daba al sugerir nombres de personas, muchas de ellas cuestionadas, para dirigir puestos claves e intermedios, a fin de asegurarse beneficios de todo tipo, como salidas extrajudiciales, fiestas, visitas de mujeres, actividades comerciales dentro de la cárcel y, sobre todo, un verdadero ejército de guardaespaldas. Una penosa situación que ninguna autoridad ha podido corregir y mucho menos controlar.

Si las autoridades no luchan por recuperar el control de los presidios, además de postergar un cambio beneficioso para la sociedad, dentro de muy poco tiempo un nuevo capo será el todopoderoso y todo volverá a la nefasta “normalidad”. El Estado, independientemente de quién sea el mandatario, seguirá siendo un territorio donde reine la ley de la selva. Por esto el sistema carcelario, en general, solo será una escuela de perfeccionamiento del crimen cuyos “graduados” asolarán a la sociedad.

La caída del capo

Wed, 20 Jul 2016 06:00:00 +0000

ES DIFÍCIL DE CREER que el asesinato del capitán Byron Lima Oliva se haya originado por una disputa sobre la distribución al menudeo de drogas dentro de la Granja de Rehabilitación Pavón. El ataque directo tiene todos los visos de haber sido un operativo con características militares, planificado en sus más mínimos detalles y que tuvo apoyo desde el exterior para el ingreso de armas. ¿Cómo fue posible que el militar que controlaba las cárceles del país no se enterara de que se cocinaba un atentado criminal en sus propias narices? ¿Será que Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, ?que según la versión oficial habría ejecutado el crimen,? tiene esa capacidad operativa o tras el ataque habría una estructura de poder para la que Lima Oliva representaba un estorbo para ampliar sus dominios o necesitaba acallar?

SI ALGUIEN TENÍA PODER en Guatemala, ese era Lima Oliva. El capitán había logrado imponer autoridades en el Sistema Penitenciario, tenía la capacidad de efectuar traslados de reos y podía decidir sobre la vida de los reclusos, algunos de los cuales aparecieron muertos en sus celdas. También era un hábil empresario que mantenía negocios, desde maquilas hasta la distribución de productos dentro y fuera de las cárceles, y podía salir a la calle cuando le diera la gana. No solo eso, su influencia se extendía en varias esferas de la estructura del Estado, que incluía a diputados, jueces y funcionarios del Ejecutivo. Por algo había sido financista del Partido Patriota. El ahora extinto militar era consciente de su poder y entre sus próximos objetivos estaba la expulsión de la Cicig de Guatemala y convertirse en presidente de la República, además de haber acrecentado su fortuna supuestamente en forma ilícita. En febrero pasado, un juez autorizó la extinción de dominio de 15 vehículos, 18 inmuebles y ocho caballos propiedad de Lima Oliva.

ES IMPORTANTE que las autoridades investiguen a fondo esta masacre que dejó 13 muertos, para dar con los responsables intelectuales y materiales, no solo porque es una afrenta para el Estado de que en las cárceles del país operen comandos de este tipo, sino para determinar qué estructura planeó, dirigió y ejecutó el asesinato. Los hechos recuerdan cómo en el 2003, en el Preventivo de la zona 18, fueron ultimados siete presos, cuatro decapitados, entre ellos José Obdulio Villanueva, también involucrado en la muerte del obispo Juan Gerardi. En esa oportunidad se dijo que había sido un motín entre reclusos, pero se filtraron versiones de que un comando había entrado directamente a cometer la matanza.

TRAS EL NUEVO CRIMEN se encuentra la disputa del control del Sistema Penitenciario, que ahora es un campo propicio para el surgimiento de nuevos liderazgos entre los reos. Un acto simbólico de la caída del poder corruptor del capitán que fue un día después del asesinato fueron saqueadas sus pertenencias en Pavón. Por eso es fundamental una reforma del Sistema Penitenciario que pueda eliminar la posibilidad de que se entronice otra mafia al frente de las cárceles. Pero a la vez, no se puede descartar un móvil político en el atentado mortal. La muerte de Lima Oliva representa la caída de un líder político-militar que tenía en sus manos estructuras clave en la administración de la justicia y de los poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Lima Oliva era ya un estorbo para los poderes paralelos o desafiaba el dominio de estos?

@hshetemul

Crímenes en prisión

Wed, 20 Jul 2016 06:00:00 +0000

El lunes, en la Granja de Rehabilitación Pavón, se produjo un ataque directo contra uno de los privados de libertad: Byron Lima Oliva, condenado por complicidad en el asesinato de monseñor Gerardi. Primero se atacó a su “personal de seguridad” con una granada y luego por lo menos dos disparos en la cabeza terminaron con su vida. Byron Lima. de acuerdo con lo que denunció su hermano, tenía puesto un chaleco blindado y existían sospechas de un ataque.

La Granja quedó en zozobra por buena parte del día. Se habló de más de cien rehenes, que eran las visitas que estaban en ese lugar. Se señaló a una de las personas más peligrosas del país, condenado por haber quemado un bus lleno de gente y además con vínculos directos con el narcotráfico, Marvin Montiel Marín, como responsable. A la fecha, la cifra es de 13 personas asesinadas, incluyendo una mujer extranjera, varios heridos y daños cuantiosos. Al escribir estas letras no se tiene versión clara de cómo las autoridades recobraron el control del penal, cuántas armas fueron halladas y a quiénes el Ministerio Público imputará los delitos.

El hermano de Byron Lima, en declaraciones rendidas a distintos medios y disponibles en varias redes, hace acusaciones muy serias y señala la acción como un “crimen de Estado”. La vida es paradójica porque si alguien fue contrario a la Cicig fue Byron Lima, pero hoy la Cicig es la mejor garantía de todas las líneas de investigación que deban llevarse a cabo. La situación es crítica y es claro que el Sistema Penitenciario es un rotundo fracaso.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior señaló un dato que nos debe dar vuelta: en el país existe infraestructura para 6,500 reclusos y a la fecha hay más de 20,500 bajo custodia. Solo con ese dato podemos comprender la dimensión de la carga estatal y la irresponsabilidad de todos los gobiernos de la era democrática para tratar un asunto fundamental.

Dejamos que el Sistema Penitenciario tuviera un olvido de décadas y ahora parece que empezar a enderezar la nave es misión imposible porque la crisis es estructural hasta la médula. Es inútil hablar de un sistema de justicia si no se cambia de tajo el Sistema Penitenciario. Estimar que una Dirección General del Ministerio de Gobernación, como es a la fecha, cuenta con suficiente músculo para llevar a cabo una de las tareas estatales más complejas es absurdo e inútil. El esfuerzo es de toda la institucionalidad para encontrar, en el menor tiempo posible, metas a corto, mediano y largo plazos. Nuestras prisiones son centros de peligro y los hechos hablan solos.

Cualquier recluido cuenta historias de horror, mientras tanto el tortuguismo judicial es la constante, la prisión provisional es la preferida, el proceso penal es cada vez más discrecional, el discurso de confrontación de sectores ligados a la represión sube de tono y el Estado no puede garantizar el orden ni en lugares cerrados que deberían estar bajo su resguardo.

El deporte favorito de muchos es justificar los crímenes, lo cual es una canallada. Acá hubo 13 asesinatos y debe llegarse hasta las últimas consecuencias de lo sucedido. En un lugar bajo vigilancia gubernamental, un prisionero tenía guardaespaldas, las armas entran, se vende droga, los privilegios son fundamentales para la subsistencia y supervivencia, la corrupción campea, la atención médica y odontológica es un lujo, no hay programas de rehabilitación o reinserción, entre tantas otras situaciones. Si así seguimos estaremos muy pero muy lejos de hablar de una justicia para la paz. ¿Eso queremos?

@Alex_balsells

Byron Lima: poderoso y polémico

Tue, 19 Jul 2016 06:00:00 +0000

Byron Lima Oliva fue controversial desde el principio, ya que en varias ocasiones señaló que se consideraba un preso político; sin embargo, fueron muchos los señalamientos y pruebas sobre el control que ejercía dentro y fuera del Sistema Penitenciario.
Él siempre aseguró que su familia pagaba por un crimen que no había cometido.
Lima Oliva era capitán del Ejército, y su formación destacaba en su personalidad, ya que incluso el 8 de junio del 2011, cuando recibió la sentencia de 20 años de prisión, portaba uniforme militar.
En sus apariciones en público siempre exhibía su condición castrense, con playeras verde olivo o alusivas a las fuerzas especiales Kaibil.
Luego de que fue ligado con una red criminal de control, Lima Oliva se caracterizó por señalar al entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de narcotraficante y lavador de dinero.
“Él es un comunista, un infiltrado en el Ejército. Es el asesino de la operación Xibalbá. Es don Damián, que es seudónimo de guerra”, declaró Lima.
“Temo por mi vida y no de ser trasladado, porque Byron Lima pone orden donde va. Tengo miedo de que López Bonilla me mande a matar”, afirmó. El exministro de Gobernación, consultado sobre la muerte de Lima Oliva, manifestó que lo lamentaba.

Activo en redes

El capitán se distinguía por su desafío a las autoridades y por demostrar que tenía el control dentro de las cárceles, ya que incluso era activo en las redes sociales, pese a ser recluso.
En su momento llegó a decir que se lanzaría para presidente del país.
Desde su cuenta de Facebook, Lima Oliva posteó fotografías donde mostraba su relación con el actual presidente, Jimmy Morales, cuando este era comediante, y lo señaló de ser la única opción parala Presidencia.
“A Jimmy Morales lo consideramos un amigo. Si no, Guatemala no hubiera votado por él. La humildad de ese hombre es lo que lo está llevando cerca de la presidencia”, indicó antes de que Morales ganara en la segunda vuelta. Junto a Lima fue ultimada la modelo argentina Joanna Birriel, quien según versión oficial, lo visitaba una vez al mes.

De la milicia a las prisiones

Byron Lima Oliva nació el 2 de octubre de 1969. Llegó a tener el grado de capitán del Ejército.

Byron Miguel Lima Oliva es hijo del coronel Byron Disrael Lima Estrada.
Fue un oficial destacado y sirvió en el Estado Mayor Presidencial, donde se desempeñó como edecán en actos oficiales de los presidentes Ramiro de León y Alvaro Arzú.
Durante cuatro meses sirvió en los Cascos Azules de las Naciones Unidas, destinado en Chipre, y era especialista en artes marciales.

Culpable en caso Gerardi

Luego de presentar el informe Guatemala, Nunca más, donde se denunciaban abusos cometidos durante el conflicto armado, sobre todo de parte del Ejército, el obispo Juan José Gerardi fue asesinado, el 26 de abril de 1998, en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián.
El 21 de enero del 2000, Lima Oliva fue capturado, señalado de haber participado en el crimen contra Gerardi. El militar estaba de alta en el desaparecido Estado Mayor Presidencial.
Lima Oliva fue procesado junto con su padre y el sargento Obdulio Villanueva.
En el 2001 se ordenó que los tres debían enfrentar juicio ante un tribunal de sentencia por el mencionado crimen.
El 12 de febrero del 2003, los internos del Preventivo para Hombres de la zona 18 organizaron un enfrentamiento, el cual dejó siete reos muertos, cuatro de los cadáveres fueron decapitados. Una de las víctimas fue Villanueva. El ataque habría estado dirigido contra Lima Oliva.
Los militares fueron declarados culpables del crimen. La sentencia fue emitida el 8 de junio del 2001 y Lima Oliva fue condenado a 20 años de cárcel.

Hegemonía en prisión

Lima Oliva desarrolló liderazgo entre los reos con quienes convivió, al extremo de ser su vocero, lo cual demostró en el 2003 cuando amenazó con que mataría a un grupo de pandilleros identificados como los Cholos, ya que rechazaba su presencia en el Preventivo.
Presidía la cooperativa penitenciaria Torre Fuerte, la cual fabricó playeras para la campaña del Partido Patriota. Durante la campaña electoral de 2015 se pronunció en favor del candidato Jimmy Morales, pero este rechazó todo vínculo.

El reino de Lima

En el 2012 solicitó una reducción de su pena, pero el MP lo acusó de haber utilizado documentos falsos en el expediente para justificar su buena conducta.
En febrero del 2013, Lima Oliva fue capturado junto a seis guardias de Presidios y dos personas más cuando retornaban de una supuesta cita médica, a bordo de un vehículo blindado. En esa ocasión aseguró que volvía de un tratamiento odontológico y que había salido bajo esas condiciones de la prisión en 37 oportunidades. Se le acusó de evasión.
Lima Oliva se convirtió en el amo del Sistema Penitenciario (SP) al colocar a por lo menos 36 personas en puestos clave de Presidios. Las autoridades lo llamaban Jefe o Capi.
El 3 de septiembre del 2014, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo acusaron de liderar una red criminal dedicada a efectuar cobros ilegales en las cárceles. También fue acusado, entre otros funcionarios, el entonces director del SP, Édgar Camargo.
En teoría, Lima Oliva y su grupo recibían US$7 mil por cada traslado que gestionaban.
En febrero último, el MP pidió la extinción de los bienes que Lima Oliva habría obtenido en forma ilícita. Se inmovilizaron 41, además de 15 vehículos de lujo y ocho caballos.

Otra matanza en la granja Pavón

Tue, 19 Jul 2016 06:00:00 +0000

La eliminación física de 13 personas, entre ellas el capitán Byron Lima, quien purgaba condena por el alevoso asesinato de monseñor Juan Gerardi —que en rigor no ha sido aclarado totalmente—, comprueba una vez más que la granja penal Pavón constituye una especie de territorio que no reúne las condiciones mínimas para garantizar la vida de quienes se encuentran recluidos o de los familiares y amigos que los visitan.

Aunque es muy pronto para conocer todas las circunstancias que antecedieron a estos crímenes, es claro que se trató de un hecho dirigido a quien era el reo más poderoso del país, cuya manera desafiante de actuar y de hablarle hasta a los jueces provocaba temor tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Incluso, las acciones tomadas en su contra por anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación fueron consideradas una prueba de indudable valor y éxito.

Lo ocurrido ayer demuestra la realidad de la situación en esa granja penal y en cierto sentido refleja lo que ocurre en el Sistema Penitenciario del país. En el ataque hubo al menos una explosión de granada, disparos y una acción específica dirigida a Lima y a los guardaespaldas que tenía dentro de la prisión, en una evidente prueba de poder. Era descrito como una especie de soberano e incluso la versión inicial del asesinato giró en torno a que el autor intelectual fue un narcotraficante que intenta controlar el lucrativo negocio de la venta de drogas dentro de la prisión.

Sin embargo, es claro que Lima tenía información, o al menos decía tenerla, cuya revelación habría provocado serios problemas legales a numerosas personas influyentes, o que hubiera aumentado los dolores de cabeza de quienes ya se encuentran encarando juicios. Por esa causa este crimen tiene en numerosos casos, como consecuencia indirecta, una sensación de alivio para muchos. No es exagerado predecir que el asesinato quedará sumido en el enorme porcentaje de crímenes que no han sido resueltos, característica que es un baldón para el sistema judicial y de seguridad interna del país.

Tampoco es aventurado indicar que esta muerte violenta provocará un renacido interés por la vida y hechos por los que Lima fue acusado, así como por los personajes políticos o militares y las circunstancias que precedieron y continuaron después de la brutal muerte a golpes de monseñor Juan Gerardi, aunque es claro que pasados tantos años y con la desaparición de quien fue condenado por ese oscuro hecho, difícilmente podrá llegarse al esclarecimiento definitivo de lo que ocurrió.

Es válida la pregunta acerca del peligro que corren los reos que llegan a purgar sus condenas a la granja Pavón, porque a la segura posibilidad de que salgan convertidos en delincuentes se suma que las pandillas de criminales allí residentes pueden actuar, seguras de la impunidad. No puede olvidarse que en Pavón se llevó a cabo la Operación Pavo Real, por la que dos altos funcionarios del gobierno de Berger se encuentran en prisión, condenados o a la espera de un veredicto en Europa. En resumen, el asesinato de Lima abre la puerta a una larga serie de revelaciones relacionadas con numerosos casos muy sonados.

Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala

Mon, 18 Jul 2016 18:03:29 +0000

Hasta entonces lo fue. Pero el excapitán del Ejército de Guatemala, condenado a 20 años de prisión por colaborar en el asesinato de monseñor Juan Gerardi, había sido recapturado, por “evasión”, que no fuga. Por salir “a pasear”, algo que aparentemente hacía con frecuencia.

Así lo anunció el ministerio de Gobernación, a bombo y platillo. Y el caso también le costó el cargo al entonces director del sistema penitenciario.

Pero la noticia caducó en un día. El 16 de febrero el juez de turno desestimó el cargo que le imputaba el ministerio Público, la Fiscalía, de la misma manera que en otras 13 ocasiones anteriores.

Byron Lima, el reo “paisa” más poderoso, el prisionero más fuerte entre quienes no pertenecen a las pandillas, seguía estando blindado.

Hasta hoy

Estos días Lima intenta poner en “ridículo”, como prometió aquella vez, a quienes osaron imputarlo.

“Líder” de red criminal

La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), un órgano temporal de Naciones Unidas, logró volver a llevarlo ante el juez; algo que los tres últimos gobiernos no pudieron.

Este organismo, que posee los atributos de un fiscal internacional pero opera bajo las leyes guatemaltecas, pudo presentar pruebas que sitúan a Lima a la cabeza de una organización criminal y en la que supuestamente estaba involucrado el titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.

Según la investigación, la principal actividad delictiva del grupo era la transferencia de presos de un penal a otro. Y por
cada uno de los traslados Camargo cobraba unos US$6.000.

Camargo fue detenido el 3 de septiembre.

Además, Lima está imputado por lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de influencias y uso de teléfonos móviles de manera ilegal en prisión.

Antes de que la Cicig “reorientara” la investigación, durante años la Fiscalía había abierto contra el exmilitar 12 causas penales, por casos que iban desde amenazas, extorsiones y agresiones, hasta tráfico de drogas.

En septiembre de 2009 la Procuraduría de Derechos Humanos le abrió un expediente. Se le acusaba de someter a 12 reos de Pavoncito, la cárcel en la que está convicto, a castigos físicos y psicológicos. Según una denuncia, Lima daba las órdenes y 50 presos a sus órdenes las cumplían al pie de la letra.

Sin embargo, todos estos intentos fueron desestimados – como la relativa a la “evasión”-, archivados o no se obtuvieron pruebas suficientes para llevarlo ante un juzgado.

Ni siquiera trasladaron a Lima a otra cárcel. Y eso teniendo en cuenta, además, que Pavoncito es un centro preventivo y Lima ya fue condenado, por lo que no debería estar allí.

“Conozco bien el negocio”

Así que, ¿cómo ha podido terminar la investigación de la Cicig en una imputación? ¿Cuál ha sido la clave?

Es el comisionado Iván Velásquez, quien encabeza el organismo, el que contestó a las preguntas de BBC Mundo.

“Lo sencial es que llegamos, con mucha confidencialidad, a poder verificar cada uno de los elementos encontrados y presentar así una investigación muy bien sostenida”, explicó por teléfono desde Guatemala.

“La clave fue no presentar pruebas testimoniales, sino verificaciones de hechos delictivos”.

Uno de estos fue una llamada que Lima hizo el 16 de agosto desde Pavoncito.

“Si no hubiera problema ya estarían aquí los otros dos, ¿no?”, le preguntaba desde prisión a Carlos Cermeño, uno de los supuestos enlaces entre el exmilitar y el entonces director del sistema penitenciario.

Lima hacía referencia al traslado de los hermanos Édgar Enrique y Silverio Otto Chicas de León, procesados por tráfico de drogas. La transferencia no se hizo con la misma celeridad que en otros casos.

“Yo tengo 15 años de saber de este negocio. La verdad es que no necesito la cola de nadie, vos”, se escucha en la grabación, según el diario Prensa Libre.

El preso más poderoso

“¿Es Byron Lima es preso más poderoso del país, tal como se está diciendo?”, preguntó BBC Mundo a Velásquez.

“Sí, era realmente un preso con mucho poder”, afirmó el comisionado, haciendo hincapié en el tiempo pasado. “Tenía el manejo de la cárcel donde se encontraba, conseguía trasladar a quien quisiera”.

Según la Ley del Régimen Penitenciario, son los jueces los únicos que pueden autorizar el traslado de un centro penitenciario a otro. Sin embargo, en caso de emergencia, permite que la Dirección General del Sistema Penitenciario los decida, dando cuenta inmediata a un juez. Y es ese el resquicio del que se valía la red de Lima.

El periodista del medio guatemalteco Plaza Pública, Rodrigo Baires, está de acuerdo con lo que dijo Velásquez sobre la autoridad del exmilitar.

Lleva dos años siguiéndole la pista a Lima y aseguró a BBC Mundo: “Es el preso con más poder del país y está acusado del delito político más grave en los últimos 15 años de historia de Guatemala”.

Lo que está claro es que Lima es un preso con muchos contactos y mucha información.

Caso Gerardi: Culpables 3 militares y un cura

Sun, 14 Jun 2015 06:00:00 +0000

El 26 de abril de 1998, la Iglesia Católica se vistió de luto: monseñor Juan Gerardi Conedera había sido asesinado en el interior de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, dos días después de haber presentado el Informe Guatemala Nunca Más, Recuperación de la Memoria histórica, REHMI.

El documento denunciaba atrocidades del Ejército durante el conflicto armado interno.

Surgieron varias hipótesis sobre el hecho, como que había sido crimen pasional o político, delincuencia común, o que Balú, el perro del sacerdote Mario Orantes, lo había atacado. Orantes vivía en la casa parroquial junto con Gerardi.

Los dos primeros sospechosos fueron Orantes, ya que mandó a lavar la escena del crimen y no avisó a las autoridades sino horas después, y la doméstica, Margarita López, por encubrimiento. Tras la investigación fueron señaladas como sospechosas 17 personas, 12 militares y cinco civiles.

Detención

El 20 de enero del 2000 fueron capturados los militares Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva (hijo de Lima Estrada) y el especialista del Ejército Obdulio Villanueva, de quien un testigo declaró en el juicio que estaba detenido en la cárcel de Antigua Guatemala y que salió ese día para cometer el crimen.

Tres fiscales dirigieron la investigación: Otto Ardón, quien renunció por presiones, y dejó el caso a Celvin Galindo, quien argumentó que el crimen era político. Este tuvo que irse del país por amenazas de muerte, y Leopoldo Zeissig llevó el caso hasta el final.

Tribunal Resuelve

El 8 de junio de 2001 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Byron Miguel Lima Oliva, Byron Disrael Lima Estrada y a José Obdulio Villanueva, a 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial, y al sacerdote Mario Orantes Nájera a 20, por complicidad, al determinarse su participación en un plan político para asesinar a monseñor Juan Gerardi.

Luego de declarar la improcedencia de tres incidentes de la defensa, el tribunal determinó que la participación delictiva de los Lima y Villanueva se encuadra en la conducta de coautores del asesinato de Monseñor Gerardi el 26 de abril de 1998.

Aunque se estableció que no fueron los autores materiales, según el tribunal sí sabían del hecho, y tuvieron dominio y participación del mismo, además de haber planificado la ejecución del obispo auxiliar.

Por ese motivo, por unanimidad fueron sentenciados a 30 años de prisión inconmutables, mientras que a Lima Oliva se impuso dos años adicionales, por el delito de falsificación de documentos.

Por su parte, el sacerdote fue condenado a 20 años de prisión, al señalar que se demostró su complicidad en el crimen. “Se estableció que Orantes Nájera sabía lo que estaba ocurriendo, fue cómplice de ese ilícito y por ello intencionalmente no avisó a las autoridades”, expresa la sentencia.

Sin embargo, el tribunal no encontró elementos que determinaran la participación de la empleada doméstica Margarita López en el crimen, por lo que fue absuelta del cargo de encubrimiento, y se ordenó su inmediata libertad.

Los hechos: Repudio generalizado por el asesinato de monseñor Gerardi

Móvil político

En el análisis jurídico los jueces hicieron hincapié en que el móvil político fue el contexto del asesinato de monseñor Gerardi. A criterio del tribunal, su muerte fue resultado del trabajo que llevó a cabo en el informe “Recuperación de la Memoria Histórica, Remhi”, documento que recopila las violaciones a los Derechos Humanos cometidas duranteel conflicto armado interno.

El Remhi señala a varios militares, entre ellos Lima Estrada.

“Se determina que fue un móvil político, porque anteriormente se vigiló y persiguió a monseñor Gerardi, y luego se planificó y ejecutó su muerte violenta, en la cual se presume que participaron otros miembros del Estado Mayor Presidencial”, destacó el fallo emitido por el tribunal.

Destino de los condenados

Los culpables por el crimen de Gerardi tuvieron destinos diferentes. Obdulio Villanueva murió decapitado en un motín en la cárcel del Preventivo de la zona 18, en febrero del 2003; Lima Estrada salió libre, por redención de pena, al igual que Orantes. Lima Oliva se encuentra aún se encuentra purgando su condena y es procesado por estar involucrado en una red ilegal de traslado de reos dentro del centro de detención de Pavoncito.

La autoría intelectual del crimen contra Gerardi no ha sido esclarecida.

Lea también: REMHI, la última ofrenda de Gerardi

Cronología de los hechos

26 de abril de 1998: Monseñor Juan Gerardi Conedera es asesinado.
29 de abril de 1998: Los expertos del FBI señalaron que la escena del crimen había sido contaminada.
22 de julio de 1998: Detienen al padre Orantes por sospechas de complicidad y de haber limpiado la escena del crimen.
2 de diciembre de 1998: Renuncia el fiscal Otto Ardón por presiones, ya que su hipótesis de que el crimen era pasional no convenció y lo acusaban de favorecer a los militares.
17 de septiembre de 1998: Se exhuma el cadáver del Obispo Gerardi, por sugerencia del forense español José Reverte. Tenía la teoría de que el perro Balú, del padre Orantes, lo había atacado y causado las heridas en el cráneo.
4 de enero 1999: Asume Celvin Galindo en lugar de Otto Ardón. Galindo es quien le da otro móvil a la investigación y lo direcciona al crimen político.
23 de marzo de 1999: El juez asignado Henry Monroy abandona el cargo por amenazas y asume Flor de María García Villatoro, quien deja claro que no aceptará presiones.
26 de abril 1999: A un año de la muerte del prelado, miles de personas acuden a la conmemoración; días antes, El Vaticano pide a Alvaro Arzú que aclare el caso.
8 octubre de 1999: Celvin Galindo renuncia por amenazas, ya que cuando regresó de Estados Unidos con las pruebas de ADN hechas a 17 personas, aparece un nuevo testigo que acusa directamente a los militares.
15 de Octubre 1999: Asume como nuevo fiscal Otto Zeissig, quien continúa la investigación hasta el final.
20 de enero del 2000: Son capturados Lima Estrada, LIma Oliva y Obdulio Villanueva, vinculados con el asesinato de monseñor.
En febrero del 2000: fue recapturado Mario Orantes por complicidad en el crimen; anteriormente había estado 7 meses en prisión acusado de complicidad.
En el 2001: comienza el juicio contra los militares y el sacerdote.
8 de junio del 2001: El tribunal Tercero de Sentencia condena a los 3 militares por ejecución extrajudicial y al sacerdote Mario Orantes a 20 años. La empleada doméstica Margarita López es absuelta.

Lectura de la sentencia por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi. (Video: tomado de Youtube)