Defraudación tributaria

Caso Eureka B410: se detecta posible defraudación por más de Q6.9 millones

Tue, 26 Nov 2024 16:30:13 +0000

Defraudación tributaria

Caso Eureka B410: se detecta posible defraudación por más de Q6.9 millones

Autoridades de la SAT presentaron una nueva denuncia por posible defraudación tributaria que se desprende del caso presentado en agosto pasado llamado B410 y de otros contribuyentes con inconsistencias. En cuatro años el contribuyente ha logrado adjudicaciones por Q133 millones del Estado.

Rosa María Bolaños y Leslie Sánchez

26 de noviembre de 2024

10:30h

El contribuyente denunciado por la SAT no fue localizado en varias direcciones registradas y cuando proporcionó otra dirección esta no cuenta con las condiciones para prestar los servicios que supuestamente presta, según la SAT. (Foto, Prensa Libre: Leslie Sánchez).

El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, junto con otras autoridades de la institución, revelaron datos de un nuevo caso llamado: EurekaB410.

En este se detectó que un contribuyente individual le vendió al Estado Q133.5 millones entre 2021-2024, pero que en muchos casos no cuenta con el equipo y personal necesario para prestar esos servicios lo que se considera que no tienen sustancia económica.

Entre las entidades que le adjudicaron más proyectos a este proveedor se encuentran varias municipalidades, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud.

El superintendente explicó que el proveedor no contaba con maquinaria para realizar las obras adjudicadas y rentó maquinaria a empresas del caso B410 que tampoco tenían los activos para hacer los proyectos.

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Al proveedor se le trató de localizar en varias direcciones en Petén y en la ciudad capital, pero finalmente se le localizó en la colonia Eureka de la zona 21, sin embargo, era una casa que, según el superintendente, no mostraba que fuera una empresa con actividades comerciales y que haya facturado.

La SAT detalló que la defraudación estimada es de Q6.9 millones de los cuales Q1.7 millones son del impuesto del valor agregado (IVA) y Q5.2 millones del impuesto sobre la renta (ISR).

Derivado de ello presentó el lunes 25 de noviembre una denuncia penal, y está trasladando las copias de los expedientes al Ministerio Público.

De los años que se analizan ya se tiene analizado el 2022, del resto no se ha presentado la documentación completa.

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Factores detectados

En el 2022, el contribuyente registrado como persona individual fue proveedor del Estado por Q72.3 millones adjudicados, y facturó Q39.8 millones.

Sin embargo, se encuentran inconsistencias en Q17.9 millones detallados así:

Se detectó que este contribuyente adquirió supuestamente servicios de Q2.9 millones a cuatro proveedores que le compran a contribuyentes relacionados al caso defraudación conocido como B410 y dado a conocer en agosto último.
Además, Q5.4 millones a 17 contribuyentes no localizados.
Y, Q9.1 millones a 19 contribuyentes con inconsistencias, y algunos de los cuales también se detectó cierta relación con supuestos proveedores del caso B410.

Esquema caso de defraudación tributaria Eureka-B410 divulgado por la SAT el 26 de noviembre del 2024. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla SAT).

Con el Análisis del Modelo de Riesgo, con base a la totalidad de las compras del contribuyente en 2022, según los registros de FEL, se estableció que el 64% corresponden a compras con inconsistencias o sin sustancia económica. De estos:

20% fueron compras a proveedores no localizados
33% a otros proveedores con inconsistencias y
11% en compras relacionadas a cuatro empresas vinculadas al caso B410.
El 36% de las compras restantes se realizaron a otros 343 proveedores.

Díaz, acompañado por varios funcionarios de la SAT, indicó que por medio de las Unidades Inteligentes de Fiscalización y del uso del Módulo de Relacionamientos, se determinó que contribuyente recibió adjudicaciones de entidades del Estado por alrededor de Q133.5 millones entre 2021 y 2024. De las cuales el 54% fue en el 2022.

Además contaba con domicilios fiscales y comerciales no localizados en San Benito, Flores y Santa Elena, Petén, y en Residenciales Eureka zona 21 sin demostrar capacidad instalada.

El comportamiento tributario que mostraba era atípico ya que pagaba solo el 2.15% de IVA y 0.01% de ISR con relación a sus ingresos.

LA @SATGT presenta un nuevo caso de posible defraudación tributaria denominado Eureka B410. Se trata de un contribuyente individual que le vendió al Estado Q133.5 millones entre 2021-2024.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/V0j7w1xLAR
— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) November 26, 2024

Derivado de la no ubicación, se aplicó la suspensión de afiliación al IVA, con base en lo establecido en el Art. 120 del Código Tributario.

El funcionario agregó que como reacción, el contribuyente realizó un cambio de domicilio a uno ubicado en la zona 21, Residencial Eureka, y en la cual con la fiscalización “se constató que no cuentan con activos que demuestren sustancia real, infraestructura y capacidad empresarial para la prestación de servicios de construcción y transporte”, además que el contribuyente denuncia hurto de sus registros contables.

Antecedentes

El 14 de agosto pasado, el ente recaudador reveló el caso B410, acerca de defraudación tributaria al Estado por Q6 mil 400 millones.

Derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con las que cuenta la Administración Tributaria y el uso del Módulo de Relacionamientos, se pudo determinar al menos a 410 empresas que conforman esta estructura con varias similitudes: mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75 % de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.

Esta información permitió establecer el comportamiento de operación de la estructura B410, basado en el registro del mismo representante legal y perito contador, domicilios fiscales no localizados y direcciones inexistentes, principalmente en zonas rojas; además que no presentan evidencia de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registro ante SAT y subdeclaraciones.

Durante el procesamiento de los datos, se constató que entre el 2021 y el 2023, las ventas de esta estructura, según los registros FEL, ascendieron a Q5 mil 730 millones. También, se identificó a 9 contribuyentes del B410 que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, y que según adjudicaciones en Guatecompras, representan más de Q81 millones 761 mil.

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De igual manera, se confirmó que 16 contribuyentes le vendieron al Estado más de Q4 mil 342 millones y que le adquirieron a esta estructura más de Q 375 millones en bienes o servicios (llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros), sin sustancia económica.

Por último, la SAT identificó a 2 contribuyentes de esta estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras proveedoras del Estado. Dentro de la investigación se determinó que dentro de los vínculos resalta el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero.

La SAT presentó las denuncias correspondientes ante los entes competentes de justicia, además de brindar copias de esta denuncia a los órganos de control: Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación, debido a que esta estructura únicamente pagó Q26.9 millones en impuestos entre IVA e ISR, de los más de Q5 mil 700 millones facturados, para lo que proceda.

Por lo que, luego de 32 auditorías realizadas, se determinó un menoscabo fiscal por más de Q300 millones en impuestos que representan posible defraudación tributaria. Asimismo, reiteramos que otros contribuyentes de esta misma estructura están siendo analizados y podrían representar más de Q800 millones adicionales.

Caso B410: Contribuyentes han presentado 29 amparos para ser afiliados nuevamente al IVA

Wed, 13 Nov 2024 03:00:00 +0000

Impuestos

Caso B410: Contribuyentes han presentado 29 amparos para ser afiliados nuevamente al IVA

El intendente de Fiscalización de la SAT, expone que caso de la estructura B410 está en manos del Ministerio Público al cual ya le están trasladando los últimos informes.

Rosa María Bolaños

12 de noviembre de 2024

21:00h

El intendente de Fiscalización de la SAT, Oscar Hernández, respondió acerca del caso de posible defraudación tributaria denominado B410. (Foto, Prensa Libre: SAT).

Contribuyentes relacionados al caso B410 denunciado por la SAT, han presentado 29 amparos para que se les reactive su afiliación al IVA, según datos al 11 de noviembre el 2024.

El intendente de Fiscalización, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Oscar Hernández, dijo que los contribuyentes están solicitando a través de este mecanismo que se les afilie nuevamente al impuesto al valor agregado (IVA), sin embargo dijo que el caso ya está en manos del Ministerio Público (MP).

La desafiliación se efectuó por que esos contribuyentes tienen omisiones sustantivas, añadió.

Hernández explicó que algunos de ellos se siguen acercando al fisco y han efectuado las correcciones correspondientes, sin embargo, añadió que como la investigación está a cargo del MP, la SAT está concluyendo algunos informes y presentándolos ante la institución investigadora.

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Además, el intendente dijo, que según tiene conocimiento “los contribuyentes se han estado presentando a la fiscalía para poder establecer de alguna forma como es que ellos van a dilucidar esta, diríamos anomalía que pudieron haber tenido, tanto de haber pertenecido al grupo B410 como haber tenido relaciones comerciales con este tipo de contribuyentes”.

Hernández explicó que como SAT están concluyendo con sus informes “y todo queda ya en manos del Ministerio Público para las acciones que corresponden”.

El intendente brindó declaraciones a periodistas luego de participar en la conferencia de prensa acerca del plan de fiscalizaciones masivas por la temporada alta de comercio por la época de fin de año.

El caso B410 fue denunciado por la SAT en agosto último, ya que la institución detectó diversos casos de posibles defraudación y evasión fiscal por medio una estructura de varias empresas. En esa ocasión se refirió que se detectó 410 empresas con diferente tipo de relación de constitución o comercial que buscaban pagar menos impuestos, y para esa fecha iban investigadas 238 empresas que representaban una evasión de Q300 millones pero que las autoridades consideraban podría subir Q800 millones conforme avanzara la investigación.

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En septiembre la SAT informó que por lo menos 26 contribuyentes jurídicos buscaban regular su situación ante el administrador tributario.

En octubre, la institución dio a conocer que había recuperado Q24.1 millones.

Ese mismo mes, el superintendente Marco Livio Díaz, expresó malestar porque el MP no había conseguido la captura de ninguna persona relacionada a supuesta estructura de evasión fiscal denunciada por la SAT.

Denuncian caso de fraude y conspiración en el Hospital San Juan de Dios por Q11 millones

Thu, 10 Oct 2024 16:44:46 +0000

Justicia

Denuncian caso de fraude y conspiración en el Hospital San Juan de Dios por Q11 millones

Compras fraudulentas y defraudación tributaria en el Hospital San Juan de Dios tendrían relación con el caso B410 revelado por la SAT.

Miguel Barrientos y Andrea Domínguez

10 de octubre de 2024

10:44h

Autoridades señalan que en la administración anterior se hicieron compras para atender necesidades ficticias en el Hospital General San Juan de Dios. (Foto HemerotecaPL / Érick Ávila)

Autoridades del Gobierno de Guatemala revelaron este 10 de octubre un hallazgo sobre posibles actos de corrupción en el Hospital General San Juan de Dios durante la administración anterior.

La denuncia se presentó durante una conferencia de prensa presidida por el jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo.

También participó la Comisión Nacional contra la Corrupción y autoridades del Hospital General San Juan de Dios.

Según Palomo, el caso tiene relación con el revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria como B 410.

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Detalló que se habrían cometido delitos de defraudación tributaria y compras fraudulentas, cuyo monto perdido sería de unos Q11 millones.

El monto de las adjudicaciones que se autorizaron a dos empresas fue de Q21 millones 108 mil 897.

Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, detalló que luego de haber descubierto el caso de defraudación B410 se continuó con investigaciones en entidades gubernamentales.

Durante la revisión que las autoridades efectuaron, se detectaron compras para atender necesidades “ficticias y poco comprobables” en el Hospital General San Juan de Dios.

Exfuncionarios y empresas se beneficiaron de un fraude en el Hospital San Juan de Dios, empresas parte del #CasoB410.

Hemos colocado denuncias por fraude, abuso de autoridad y colusión porque la salud NO es un negocio. pic.twitter.com/jWdRnJydPf
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 10, 2024

“Se adjudicaron mantenimientos para áreas que no existen en el hospital, los cuales, además, fueron sobrevalorados. Los expedientes de compra tienen irregularidades. No tienen documentos necesarios ni firmas para que se cumplan las adjudicaciones”, detalló Flores.

La relación con el Caso B410

El jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, explicó que tras el Caso B410 revelado por la SAT, una supuesta red de empresas que posiblemente evadieron impuestos, el Ejecutivo sospecha que hay suficientes indicios de que también existe una red de corrupción.

En la presentación del caso en el Hospital General San Juan de Dios se detalló que el Ejecutivo se puso en alerta derivado que 9 entidades implicadas en la estructura B410 son proveedores directos del Estado. De acuerdo con información de SAT, estas entidades no reportan activos que respalden el desarrollo de sus actividades comerciales.

Además, que 16 entidades que le venden al Estado adquieren bienes o servicios de empresas de la B410.

También puede leer: Caso B410: SAT amplía denuncia contra otros 206 contribuyentes y dice que se han pedido órdenes de captura

Asimismo, que 5 constructoras del Estado están relacionadas con la B410 por la compra de bienes o servicios.

Flores señaló que el caso B410 es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción.

El comisionado indicó que luego de conocerse el referido caso de la SAT, el presidente Bernardo Arévalo giró la instrucción de revisar y verificar las contrataciones relacionadas con las entidades involucradas en el Caso B410.

La hipótesis que maneja el Ministerio de Salud y la CNC es que si las empresas no tienen activos que respalden sus actividades comerciales, probablemente no brindaron los servicios o bienes contratados por el Estado, o si los brindaron, lo hicieron con un sobrecosto o de forma anómala.

Los señalamientos que hizo el Ejecutivo

Durante la presentación del caso de posible corrupción se dio a conocer que el Hospital General San Juan de Dios contrató a Grupo Propela, Sociedad Anónima (S.A.) mediante 15 compras de baja cuantía valoradas en Q433 mil 700 y 129 procesos de compra directa por oferta electrónica por un monto de Q11 millones 401 mil 150.

En total el San Juan de Dios pagó a Grupo Propela, Sociedad Anónima Q11 millones 834 mil 850, se informó.

También se señaló unos procesos de compra que hizo el Hospital San Juan de Dios con la entidad Carreteras y Casas, S.A., en las que se detectaron patrones similares con ambas entidades. Compras directas con oferta electrónica justo por debajo del monto permitido.

Se le adjudicaron 45 procesos por un monto de Q9 millones 274 mil 047.24.

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El monto total adjudicado con las empresas Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A. durante 2021 y 2022 es de Q21 millones 108 mil 897.24.

En la presentación del caso se detalló que la mayoría de los procesos de adjudicación a Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A. responden a necesidades inexistentes, poco prioritarias o falsas.

Además, se indicó que se detectó una serie de irregularidades en el expediente de compra que vulneran la Ley de Contrataciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Manual.

También se señaló que el San Juan de Dios fraccionó varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas.

SAT recupera más de Q24.1 millones en inconsistencias detectadas en #CasoB410

Más información pic.twitter.com/KRUGYMQhSv
— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024

El Ministerio de Salud y la CNC también señalaron que en algunas de esas contrataciones del San Juan de Dios hubo sobrecostos, así como irregularidades en la recepción y pago.

Presentan denuncias

El Ejecutivo presentó denuncias en contra de exfuncionarios del Hospital San Juan de Dios por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Gerardo David Hernández García, exdirector ejecutivo.
Jorge Antonio Flores Escobar, exdirector ejecutivo.
Danilo Valenzuela González, exgerente administrativo financiero.
Luis Ernesto López Diaz, exsubdirector de mantenimiento y servicios generales.
Manuel Arturo Amaya Paredes, exsubdirector de mantenimiento y servicios generales.
Eder Medardo López Morales, exjefe de compras y contrataciones.
Julio Edgardo Ajanel León, excoordinador de proyectos.

Además, denunció por la posible comisión de los delitos de fraude, conspiración y pacto colusorio a Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A., por medio de su representante legal, Antonio José Fernández Rodríguez.

MP efectúa allanamientos por investigación de caso B410

Thu, 12 Sep 2024 13:33:35 +0000

Justicia

MP efectúa allanamientos por investigación de caso B410

Las entidades involucradas en el caso B410 son señaladas de haber defraudado al Estado por al menos Q300 millones.

Miguel Barrientos

12 de septiembre de 2024

07:33h

Fiscales del MP efectúan diligencias de allanamiento por el caso B410 este 12 de septiembre. (Foto Prensa Libre: MP)

Investigadores del Ministerio Público (MP) desarrollaron varios allanamientos en distintos puntos del país en busca de indicios por el caso B410.

Según el MP, se trató de 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles relacionados con nueve entidades relacionadas con el caso.

Los operativos los efectuó personal de la Fiscalía de Delitos Económicos y agentes de la Policía Nacional Civil.

En agosto último, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló una rede de entidades que habrían defraudado al Estado por unos Q300 millones.

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Según las autoridades tributarias, las empresas habrían incurrido en distintas irregularidades como tener el mismo representante legal, notario y dirección fiscal.

Las autoridades tributarias indicaron que, entre el 2021 y el 2023, las ventas de esta estructura ascendieron a Q5 mil 730 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en tributos entre el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR).

Concluyen diligencias

La tarde de este jueves, el MP informó que concluyeron las diligencias de allanamiento de la Fiscalía de Delitos Económicos dejando como resultado la incautación de diversos documentos dentro de los cuales figuran documentos contables e importante información que fortalecerá la investigación en curso.

#Allanamientos #MPfuerteYfirme
MP lidera operativo en seguimiento a investigación del #CasoB410 pic.twitter.com/YLI65PWZjd
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2024

Caso B410: Sala niega amparo a empresas señaladas de defraudación millonaria

Thu, 05 Sep 2024 01:12:31 +0000

Justicia

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Una sala de Apelaciones denegó un amparo provisional a varias empresas que fueron vinculadas al Caso B410.

César Pérez Marroquín

4 de septiembre de 2024

19:12h

La SAT denunció a un conjunto de empresas por supuestamente haber defraudado al Estado por más de Q300 millones. (Foto: Hemeroteca PL)

La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera denegó un amparo provisional solicitado por empresas que fueron vinculadas al Caso B410, en el que, según autoridades del Gobierno, se habría defraudado el Estado unos Q300 millones, informaron este miércoles 4 de septiembre fuentes judiciales.

La SAT detalló en un comunicado que en seguimiento a la denuncia penal denominada Caso B410, se les notificó por parte de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera que no se otorgó amparo provisional a varias empresas de esta “estructura que pretendían evitar la suspensión temporal del IVA sin pagar los impuestos correspondientes”.

Añade que las empresas vinculadas al caso han sido inhabilitadas de manera temporal de la afiliación al régimen del IVA

Agrega que, por lo que tanto, “las instancias del sector justicia como la SAT, continúan sus esfuerzos para prevenir la defraudación tributaria y promover la competencia leal, garantizando la correcta recaudación para el desarrollo sostenible de Guatemala”.

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Por este caso, la SAT denunció a 410 empresas que habrían evadido el pago de impuestos y que, en su conjunto, dicha defraudación se estima en unos Q300 millones, aunque esa cifra podría llegar a los Q800 millones.

De acuerdo con la SAT, de las empresas denunciadas más de 200 identificaron como domicilio fiscal una dirección en la colonia Bamvi de la zona 7, misma que en realidad no existe, pero eso no fue impedimento para obtener contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

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Tue, 20 Aug 2024 02:12:32 +0000

Política

Caso B410: Gobierno ofrece revisión “exhaustiva” de contratos con empresas denunciadas

El Gobierno de Guatemala se comprometió a revisar de forma periódica los contratos vigentes con las empresas que fueron denunciadas en el caso B410.

Leslie Sánchez

19 de agosto de 2024

20:12h

El presidente Bernardo Arévalo asegura que supervisarán a las empresas que fueron denunciadas por defraudación fiscal y que aún tienen contratos vigentes con el Estado. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El presidente Bernardo Arévalo calificó el caso B410 como “el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos” y ordenó a la Comisión Nacional Contra la Corrupción que se revisen los contratos que a la fecha continúan vigentes en el Estado.

Dichos proyectos se iniciaron durante el gobierno anterior, pero continúan en pie para recibir pagos del Ejecutivo si no se detienen.

“He instruido a la Comisión Nacional contra la Corrupción, la revisión exhaustiva de los contratos de las empresas referidas con el Estado, así como el desarrollo de nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales, para que esta historia nunca más se repita.” comentó Arévalo este lunes 19 d3e agosto en conferencia de prensa.

Así mismo, el mandatario agregó que, debido a la gravedad del caso sobre defraudación fiscal, el Gobierno hará un monitoreo periódico de las empresas contratistas.

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“Nos comprometemos a generar un monitoreo periódico para mantener informada a la población sobre nuestros hallazgos sin importar quién caiga”, refirió el mandatario.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se apersonó como agraviado en el caso presentado ante el Ministerio Público (MP).

El procurador general de la Nación, julio Saavedra, informó que se analizará la situación jurídica de cada uno de los contratos previo a decidir si se puede o no ejecutar la fianza de estos.

“A partir del análisis jurídico del Estado en el que se encuentra cada contrato, entonces tomar decisiones. En cuanto a la ejecución de fianzas, esta es una resolución administrativa que toman las autoridades precisamente como consecuencia del análisis jurídico, del análisis legal que se haga en cada uno de esos casos”, explicó Saavedra.

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Según la SAT, de las empresas denunciadas más de 200 identificaron como domicilio fiscal una dirección en la colonia Bamvi de la zona 7, misma que en realidad no existe, pero eso no fue impedimento para obtener contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

El #CasoB410 revela el mayor fraude fiscal de nuestra historia. No permitiremos que las estructuras corruptas sigan operando impunemente.

He instruido a la @CNCguatemala una revisión exhaustiva de contratos y nuevos protocolos para evitar que esta historia se repita. El MP debe…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 19, 2024

Empresas de la estructura B410, denunciada por la SAT, tienen contratos adjudicados este año por Q36.3 millones

Mon, 19 Aug 2024 11:00:00 +0000

IMPUESTOS

Suscriptores

Empresas de la estructura B410, denunciada por la SAT, tienen contratos adjudicados este año por Q36.3 millones

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que al menos a seis compañías denunciadas por la SAT tienen aprobadas contrataciones este año en distintas instituciones y comunas y explica qué procede.

Rosa María Bolaños

19 de agosto de 2024

05:00h

La SAT divulgó que denunció ante el juez una estructura en la que identifica relaciones entre contribuyentes (empresas y personas individuales), abogados y socios para supuestamente defraudar al fisco. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Varios ministerios, dependencias y municipalidades han adjudicado contrataciones en el año 2024 por Q36.3 millones a contribuyentes identificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como parte de una estructura de supuesta defraudación tributaria e incluidos en el grupo de nueve empresas que venden directamente al Estado, según una revisión que realizó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el viernes 16 de agosto.

Luego de que la SAT denunciara la semana pasada, tanto pública como judicialmente, una estructura de 410 empresas con posible participación en defraudación tributaria, Prensa Libre solicitó información al Minfin sobre compras o contrataciones, situación en el Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) y el proceso de revisión o decisiones de las autoridades respecto a esas contrataciones.

Dicha cartera respondió de forma institucional, que con datos de Guatecompras (revisados a las 11:30 horas del 16 de agosto de 2024) y con base en la identificación de contribuyentes divulgados por la SAT, seis de las nueve empresas citadas por esa entidad han sido contratadas por entes del Estado en el año actual, en su mayoría bajo la modalidad de baja cuantía y por un monto total de Q36.3 millones.

Entre las entidades compradoras están varios ministerios, municipalidades y otras entidades. Este es el detalle:

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Por Número de Publicación Guatecompras (NPG): Grupo Basado, S. A., con Q33 millones 716 mil 136.76; Consorcio Las Mallorcas, S. A., con Q970 mil 750.50; Commerce Madness, S. A., con Q280 mil 552; Kaizen Inc, S. A., con Q408 mil 947.83; Calakmul, S. A., con Q514 mil 250.
En el caso de Inversiones Caddie, S. A., le aparecen compras con NPG por Q413 mil 250 y otra identificada con el NOG 23797088 por la entidad CDAG con estatus de en evaluación.
En tanto Grupo Propela, S.A.; Inversiones Humedales, S. A., y Megalodon, S. A., aparecen sin información publicada en Guatecompras a la fecha consultada.

Por entidad estatal

La SAT denunció que detectó las nueve empresas anteriores han sido proveedoras directas del Estado a las que del 2021 al 2023 se le adjudicó contrataciones por Q81.7 millones. Y en el 2024, estas son las entidades del Estado que les han comprado:

La mayoría de las contrataciones (Q35 millones 439 mil 387), están registradas como compras de baja cuantía, según el artículo 43 inciso a de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
El monto acumulado más alto es del Ministerio de Gobernación con Q34 millones 686 mil 887. Aunque en los datos proporcionados por el Minfin no se detalla, en Guatecompras aparecen más de 1,900 registros por compras para alimentos para la Policía Nacional Civil (a la empresa Grupo Basado, S.A.). con montos que van desde Q5 mil hasta alrededor de Q23 mil cada una.
Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, Q24 mil.
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Q280 mil 552.
Municipalidad de Coatepeque (Quetzaltenango), Q31 mil 400; y la de San José el Ídolo (Suchitepéquez) Q7 mil 600.
Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Q358 mil 977.
Registro Nacional de las Personas (Renap), Q49 mil 970.

Con procedimientos regulados por el artículo 44 de la LCE que se refiere a casos de excepción aparece la municipalidad de San Gabriel (Suchitepéquez), con Q350 mil 250.
Cómo adquisición o arrendamiento de inmuebles (basado en el artículo 43 inciso e de la LCE) está la Dirección General de Las Artes del Ministerio de Cultura, con Q514 mil 250.

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Cómo se procederá, según el Minfin:

En el caso de las compras por entidades estatales mencionadas, el Minfin expone que la revisión corresponde a cada una de las entidades contratantes, ya que la Ley Orgánica del Presupuesto (en los artículos 17, 29 y 29 bis) establece que cada entidad pública es responsable de la ejecución de su presupuesto y por lo tanto, de verificar el cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones y procedimientos establecidos en la LCE, su reglamento y demás normas legales aplicables.

La cartera agrega que la evaluación y fiscalización en los procesos de adquisiciones es competencia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y de acuerdo con su Ley Orgánica, le corresponde determinar si la gestión de las entidades contratantes se realizó bajo criterios de probidad, transparencia, competencia y economía, así como determinar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, formalismos y plazos establecidos en las leyes aplicables.

La investigación de la SAT sigue en curso, pero de las 410 empresas detectadas como parte de la estructura, 32 fueron denunciadas por esa entidad la semana pasada y 239 han sido investigadas, refirió el ente tributario.

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Reportar pérdidas no evita que la SAT fiscalice a los contribuyentes, principalmente en cuatro aspectos

En cuanto a si se suspenderán las compras o contrataciones efectuadas (en este u otros años) explicó los siguientes aspectos basados en la legislación del país:

La literal b) del artículo 80 de la LCE establece que no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado, quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria; y que esa literal faculta a la SAT para registrar la inhabilitación.

Con base en esa misma norma, así como en el artículo 60 del Reglamento de la LCE y los artículos 32 y 33 (numeral 2) de las Normas de uso del Sistema Guatecompras (Resolución Número 001-2022 de la DIGAE), corresponde a cada entidad contratante:

Determinar a partir de la fase en que se encuentren los procesos, si deciden rechazar la oferta, improbar o prescindir de la negociación, no suscribir el contrato o improbar el contrato, en caso de que ya haya sido suscrito.

Y en caso de que el contrato se encuentre en ejecución, corresponderá a las autoridades de la entidad contratante, previo análisis técnico y jurídico, resolver lo procedente (rescindir el contrato / Inhabilitar al contratista).

¿Prohibirán compras?

En otra de sus respuestas, el Minfin explicó que no emitirá disposiciones para que estas entidades del Estado o el Organismo Ejecutivo ya no compren a estas empresas, pues de acuerdo con el caso presentado y lo dispuesto en la literal b) del artículo 80 de la LCE, corresponderá a la SAT registrar la inhabilitación de los contribuyentes para ser contratistas o proveedores del Estado y a partir de ello, la decisión de realizar o no las compras a estas sociedades recae en cada entidad pública, según lo ya expuesto.

La cartera agregó que apoyará a la SAT, CGC y demás entidades en la generación de información que coadyuve con la investigación de este caso. Pero además, el superintendente Marco Livio Díaz informó que el miércoles 14 de agosto se desactivó o inhabilitó el Número de Identificación Tributaria (NIT) a los contribuyentes que han aparecido en esta investigación. Con esa medida ya no podrán realizar algunas transacciones incluyendo emisión de Facturas Electrónicas en Línea (FEL).

También dio a conocer que hace alrededor de dos semanas se emitió un dictamen que cambia el sentido de omisos ante la SAT, y que ahora ya no solo se considera omiso el que no presenta declaración o pago de impuestos, sino todo aquel que no paga correctamente sus tributos.

Qué registros hay en el RGAE

La SAT indicó el 14 de agosto que como parte de la investigación de las empresas detectadas en la estructura de posible defraudación, solicitó información al Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) pero hasta esa fecha no había recibido la información.

Consultado el Minfin respecto a revisar la información que existe en el RGAE, explicó que en el marco de la LCE, dicho ente tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que puedan participar en cualquiera de las modalidades de adquisiciones del Estado establecidas en la Ley.

Agregó que la inscripción ante el RGAE habilita al proveedor a participar en compras directas, mientras que para las modalidades de cotización, licitación, subasta electrónica inversa, contrato abierto y casos de excepción establecidos en la LCE, deberá obtener la precalificación.

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Sin embargo, explicó también que el artículo 9 del Acuerdo Ministerial Número 563-2018 que contiene los Requisitos y metodología de inscripción y precalificación ante el RGAE, refiere que los proveedores de la modalidad de baja cuantía no necesitan estar inscritos y precalificados.

“En ese sentido, de las nueve empresas que realizan negocios con el Estado y fueron mencionadas por la SAT en la conferencia de prensa realizada recientemente, únicamente cuatro se encuentran habilitadas en el RGAE y han cumplido con los requisitos establecidos en el marco normativo” y agrega que no obstante, desde la perspectiva de un incumplimiento tributario aplicaría lo establecido en la literal b) del artículo 80 de la LCE para inhabilitarlas. Este el estatus que aparece en el registro, según datos brindados por el Minfin, actualizados al viernes 16 de agosto de 2024:

Grupo Basado, S. A., no inscrito
Grupo Propela, S. A., aparece como no actualizado porque se inscribió en 2022 y no se actualizó posteriormente.
Inversiones Caddie, S. A., se inscribió en 2020, se precalificó en 2021 y aparece habilitado. Cuenta con precalificación como proveedor de obras vigente hasta el 08 de marzo de 2026.
Inversiones Humedales, S. A., aparece con inscripción y precalificación transitoria en 2019, en 2020 finalizó la inscripción y precalificación de sociedad de proveedores de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas y posteriormente actualizó su inscripción todos los años (de 2021 a 2024). En el año actual, posee un proceso de solicitud de precalificación como proveedor de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas. Está habilitado.
Consorcio Las Mallorcas, S. A., no inscrito.
Commerce Madness, S. A., se inscribió en 2023 y no se actualizó posteriormente por lo que su estatus es no actualizado.
Kaizen Inc, S. A., se inscribió en 2023 y se actualizó en 2024. Aparece habilitado.
Megalodon, S. A., se inscribió en 2020 y se precalificó en 2021 (la cual venció en noviembre de 2023). En 2022 fue el último año que se actualizó y está como inhabilitado.
Calakmul, S. A., se inscribió en 2019 y posteriormente se ha actualizado todos los años (2020-2024), por lo que aparece habilitado.

La SAT explicó en la conferencia de prensa de la semana pasada que en la investigación de la red de 410 empresas, se identificó a tres tipos de actores diferentes, y otros más están en investigación.

Lea también: La SAT explica de qué manera ha operado una estructura de 410 empresas para evadir impuestos

Por aparte la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), actuarán desde el marco de su competencia según explicaron a Prensa Libre el viernes. Mientras ese mismo día el MP dio a conocer que inicio diligencias con base a la denuncia presentada por la SAT.

Lea además: Entidades estatales verifican compras a presuntas empresas falsas, tras denuncia de la SAT

Entidades estatales verifican compras a presuntas empresas falsas, tras denuncia de la SAT

Sat, 17 Aug 2024 11:00:00 +0000

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Entidades estatales verifican compras a presuntas empresas falsas, tras denuncia de la SAT

La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción actuarán desde el marco de su competencia.

Rosa María Bolaños

17 de agosto de 2024

05:00h

Entes explican que acciones implementarán por denuncia de red de defraudación que incluye empresas que venden al Estado. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

El 14 de agosto pasado, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT) Marco Livio Díaz, informó que se identificó a una estructura delictiva integrada por más de 400 empresas, la que habría cometido defraudación tributaria por más de Q300 millones.

Entre los indicios recabados, muchas de estas compañías tenían el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice, aparte de que el 75% de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario; los domicilios fiscales reportados no fueron localizados; y no fue posible evidenciar infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registros y declaraciones ante la SAT.

Tras la presentación de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP), este inició las diligencias del caso y ayer mismo se realizaron varios allanamientos en busca de documentación; la Comisión Nacional Contra la Corrupción indicó que se dará acompañamiento para reforzar procesos y controles y de existir indicios de delitos, serán denunciados; en tanto que la Procuraduría General de la Nación (PGN) dijo que se apersonará como agraviado; y la Contraloría General de Cuentas (CGC) determinará el cumplimiento de las entidades auditadas.

“Esto es una alerta”

Atendiendo una consulta de Prensa Libre, la Comisión Nacional contra la Corrupción afirmó que se dará acompañamiento para orientar a las instituciones para que fortalezcan los procesos de compra y se refuercen los controles para prevenir que este tipo de hechos ocurra de nuevo.

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“Lo expuesto por la SAT es un tema de defraudación fiscal, pero que definitivamente alerta al Estado sobre la necesidad de transparentar los procesos de contratación de proveedores y conocer a los beneficiarios finales de las adquisiciones públicas. Es inconcebible que fondos públicos sean pagados a empresas que, a través de la opacidad, pueden estar incurriendo en actividades ilícitas”, expresó Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión.

Consultado sobre si existen compras en curso de entidades del Organismo Ejecutivo a las empresas involucradas y cómo se procederá, explicó que las entidades se encuentran analizando la información y se ha empezado a identificar los procesos de compras que se relacionan con la estructura denunciada y se procederá a analizar el estado actual de cada adquisición para tomar las medidas correspondientes. “Para ello, la Comisión brindará el acompañamiento correspondiente para llevar a cabo las medidas administrativas y legales que sean necesarias”.

También se preguntó si la CNC emitirá alguna disposición para que entidades del Ejecutivo ya no compren a estas empresas, a lo que respondió que “en el corto plazo, es imprescindible revisar la información, determinar si existen irregularidades, corregir administrativamente y, de detectarse ilícitos, denunciarlos”.

Actualmente, la CNC trabaja en robustecer distintos procedimientos relacionados con el registro de proveedores del Estado y promover las reformas necesarias que permitan conocer a los beneficiarios finales de las empresas contratistas del Estado.

“Actualmente, el Estado no tiene el marco normativo suficiente para conocer a detalle a las empresas que le prestan servicios. Por la opacidad de estos procedimientos y sin identificar a los beneficiarios finales, es difícil rastrear y prever el uso indebido de fondos públicos. Para transparentar y fortalecer estos procesos es necesario realizar las reformas necesarias que permitan conocer a los beneficiarios finales. Además, esta práctica es un estándar que promueven diferentes organizaciones globales en materia de transparencia y competitividad”, agregó Flores en sus respuestas enviadas por escrito por la oficina de Comunicación Social de la CNC.

La PGN, como agraviada

La PGN informó que ya recibió la copia de la denuncia de defraudación tributaria y a criterio institucional, esta tiene sustento (conformada por más de 600 folios).

“En lo que corresponde al trabajo de la PGN, es apersonarse como agraviado. Los primeros que deben determinar qué sucedió con los procesos, son las autoridades de cada entidad involucrada donde existen estos hallazgos, pues tienen la obligación inmediata de denunciar”, dijo el procurador Julio Saavedra.

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Agregó que a la Procuraduría le tocará involucrarse como agraviado y hacer valer los derechos del Estado, dentro de las competencias que la institución tiene. “Esta denuncia pone a la estructura del Estado a trabajar en la investigación que debe desarrollarse. Este no es un trabajo improvisado, tiene suficiente sustento y alcance para señalar plenamente los indicios de los responsables”, comentó Saavedra, en sus respuestas por escrito brindadas por la oficina de Comunicación Social de la entidad.

Consultado si la PGN ya ha presentado denuncias o acciones legales contra alguna de estas empresas o entidades relacionadas a la estructura divulgada por la SAT, respondió que primero debe realizarse un análisis exhaustivo de los contratos, como tarea impostergable y eso depende de cada ministerio o entidad del Estado.

Eventualmente si se determina que están en incumplimiento, estas deben instruir a la PGN para que verifique si procede iniciar las demandas para terminar los contratos y frenar el ataque sistemático a los impuestos, según el Decreto 512 (que contiene la Ley Orgánica del MP y también rige la PGN).

“Luego, dentro del proceso penal, la PGN, en su papel de agraviado, deberá solicitar una reparación digna para el Estado”, se añadió.

Realizarán auditorías

La Subcontraloría de Calidad del Gasto Público de la CGC analiza por medio del Sistema Integral de Monitoreo la denuncia presentada por la SAT y realiza una Integración de Proveedores del Estado que permitirá determinar el cumplimiento a las entidades auditadas.

Además, tras las conclusiones de la información recabada, se practicarán auditorías que podrán revelar acciones legales y administrativas como sanciones, denuncias o formulaciones de cargos, informó la entidad. Las auditorías para el presente ejercicio fiscal se emitieron con una guía específica para compras directas y de baja cuantía.

En el Informe de Auditoría de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, la CGC presentó acciones legales y administrativas por más de Q8 mil millones por la adquisición de bienes y servicios y a la fecha se encuentran en proceso 670 auditorías presupuestarias y financieras y 255 exámenes especiales de auditoría que incluyen ejercicios fiscales anteriores, explicó la entidad también por medio de su oficina de prensa.

Consultada sobre lo que recomendará por las posibles compras en curso o pagos pendientes de entidades del Organismo Ejecutivo y otros entes estatales a esas empresas, la Contraloría indicó que eso es competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector de los sistemas de adquisiciones del Estado y administrador del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), así como de la SAT, que aprueba el número de identificación tributaria (NIT) que es requisito indispensable para obtener el RGAE.

El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, indicó el miércoles 14 de agosto que se solicitó información del caso a dicho registro, pero hasta ese día no les había sido entregada.

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En horas de la tarde del viernes 16, el MP informó en sus redes sociales que inició la investigación por el caso de defraudación tributaria B410 “cuyas diligencias se realizan en seguimiento a la denuncia interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria, con el objetivo de recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios. La Fiscalía de Delitos Económicos lidera 7 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 9, 7, 5 y 15 de la ciudad capital”, se añadió.

Empresas saldan adeudos

Luego de ser divulgado el denominado caso B410, el superintendente Marco Livio Díaz explica el caso de una empresa constructora que se acercó para rectificar sus declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA).

Dicha compañía tiene unos Q50 millones en facturas de la red descubierta y se estima que la rectificación del IVA será de Q12 millones, por lo que al sumarle las sanciones e intereses llegaría a Q25 millones, aparte de que tendrá que rectificar su impuesto sobre la renta (ISR), explicó.

El funcionario expuso que dentro las empresas que le han vendido al Estado, hay indicios de que algunos servicios o bienes no han sido entregados, ya que las empresas no tienen capacidad financiera, activos ni personal o no se han detectado proveedores de bienes que sustenten la venta que le hicieron al Estado.

“Tenemos evidencia de que hay ocasiones en que no prestaron el servicio o no le proveyeron al Estado y eso lo tiene que establecer la Contraloría de Cuentas, porque le vende una empresa que no tiene activos, que no había comprado el bien o servicio y como respaldo para el crédito fiscal y gasto, presenta otra factura del grupo (de empresas de la estructura) que no tiene sustento económico; y esta a su vez, tampoco pagó impuestos porque tiene otra factura de empresas del grupo”, explicó Díaz en un medio local.

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“El caso más paradigmático está con la PNC que tiene casi Q41 millones en compras; y de estos, Q37.7 millones en alimentos sin un proveedor reconocido. Para un monto tan grande debiera haber un importador, un distribuidor de granos básicos, de carnes… y en las compras no aparece ningún proveedor”.

El funcionario amplió que la denuncia presentada por la SAT es por posible defraudación tributaria y la Contraloría debe establecer quiénes son los funcionarios que autorizaron las compras, sobre todo las que se refiere a 9 proveedores directos del Estado, “que no tienen sustancia económica, ni indicios de que hayan comprado los bienes y servicios a prestar; tampoco tienen trabajadores, no tienen ni arrendaron la maquinaria, vendieron granos y carnes, pero no compraron eso, etc.”

En todo caso, indicó que las autoridades máximas de las entidades no tienen responsabilidad en los hechos, mientras que “el funcionario que paga a estos proveedores tampoco tenía forma de saber que había apropiación del IVA; ahí hay que investigar qué pasó y seguirle la huella al dinero, lo que le toca al MP”.

Por último, ejemplificó que en el caso de defraudación denominado La Línea, empezó por Q25 millones y había personal de la SAT involucrado. “En el actual no hay indicios de que personal de esa entidad esté involucrado y el monto inicial de posible defraudación es de Q300 millones, que podría llegar y superar los Q800 millones”.

Tres grupos detectados

La SAT explicó en la conferencia de prensa que en la investigación de la red de 410 empresas, se identificó a tres tipos de actores diferentes, y otros más están en investigación.

Se detectó a 9 contribuyentes de esta estructura que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, y que según adjudicaciones en Guatecompras representan más de Q81.7 millones en el plazo de 2021 a 2023, y que no cuentan con la capacidad financiera, de activos y personal para proveer los servicios o bienes vendido.

Además, se confirmó que 16 empresas le vendieron al Estado más de Q4 mil 342 millones, pero que, estos contribuyentes también compraron a empresas de esta estructura más de Q375 millones en bienes o servicios como llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros. En este caso el fin era usar facturas de la estructura para evadir el IVA e ISR, según la SAT.

Dentro de la investigación la entidad identificó a 2 contribuyentes de esta estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras que son proveedoras del Estado. Se identificó en el plazo investigado que estos dos contribuyentes le vendieron Q64.8 millones a las constructoras. Y estas le han realizado ventas el gobierno por Q517.2 millones.

Caso B410: MP allana inmuebles por denuncia de la SAT por supuesta defraudación tributaria

Fri, 16 Aug 2024 23:23:54 +0000

Justicia

Caso B410: MP allana inmuebles por denuncia de la SAT por supuesta defraudación tributaria

El MP informó de una serie de allanamientos en distintas zonas de la capital por un caso de posible defraudación tributaria que denunció la SAT.

Hedy Quino

16 de agosto de 2024

17:23h

El MP realizó efectuó siete allanamientos en distintas zonas de la capital, por un caso de posible defraudación tributaria. (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP) informó que este viernes 16 de agosto que la Fiscalía de Delitos Económicos desarrolló operativos en diferentes zonas de la capital en seguimiento a una denuncia que presentó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de un posible caso de defraudación tributaria denominado B410.

Indicó que la Fiscalía de Delitos Económicos desarrolló siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 5, 7, 9, y 15 de la capital.

Según el MP, estas acciones son para recopilar indicios relacionados con la creación de empresas vinculadas con la simulación en la adquisición de servicios.

La investigación se da luego de que el superintendente Marco Livio Díaz revelara el miércoles 14 de agosto una red de empresas que supuestamente evadieron impuestos.

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La denuncia del superintendente

El miércoles 14 de agosto se reportó que la SAT detectó una estructura de defraudación tributaria con participación de cientos de empresas, caso que denominó B410.

En la denuncia del superintendente señaló que la red habría facturado Q6 mil 400 millones del 2021 al 2023.

“Se estima que la posible defraudación llega a Q300 millones según los casos documentados a la fecha, pero podría sumar otros Q800 millones ya que la investigación continúa”, refirió Díaz.

Indicios y modo de operación

La SAT refirió que derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con que cuenta la entidad y el uso del módulo de relacionamientos, se pudo determinar que estas 410 empresas presentan varias similitudes como:
Se identificó a más de 200 empresas con domicilio fiscal en la dirección 33 Calle “C” 10-16, Zona 7 Colonia Bamvi, pero esa dirección no existe, según la SAT
410 tienen el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice.
El 75 % de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
Más de cien empresas que compartían el mismo Perito Contador, quien al ser localizado indicó que lo habían inscrito sin su consentimiento, interponiendo su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Esta información permitió establecer el comportamiento de operación de la Estructura B410, con base en el registro del mismo representante legal y perito contador y domicilios fiscales no localizados, principalmente en zonas rojas.
Se detectan documentos alterados, modificando las direcciones y otros datos en documentos que presentan las empresas.
Más de 200 empresas no presentan evidencia de contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades.
Y en algunos casos hay alteración de documentos para registros ante la SAT, así como subdeclaraciones.

Entre el 2021 y el 2023 las ventas de esta estructura según los registros de Factura Electrónica en Línea (FEL) ascendieron a Q5 mil 730 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en tributos entre el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR).

De ese monto, Q2 mil 186 millones sería el total de ventas entre el mismo grupo y Q3 mil 544 serían ventas a otros. Mientras tanto, se calcula que en el primer semestre de este año habrían facturado otros Q714 millones, con lo que se llegaría a los Q6 mil 400 millones indicados por la SAT.

La SAT explica de qué manera ha operado una estructura de 410 empresas para evadir impuestos

Wed, 14 Aug 2024 19:04:14 +0000

impuestos

La SAT explica de qué manera ha operado una estructura de 410 empresas para evadir impuestos

Unas 410 compañías formarían parte de una red de evasión tributaria que en tres años facturó más de Q6,400 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos.

Rosa María Bolaños

14 de agosto de 2024

13:04h

En la estructura detectada por la SAT participarían unas 410 empresas o contribuyentes según las autoridades de la entidad. (Foto, Prensa Libre: SAT).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este miércoles 14 de agosto que detectó una estructura de defraudación tributaria con participación de cientos de empresas, caso que denominó B410.

En total, estas empresas habrían facturado Q6 mil 400 millones en el plazo investigado de 2021 a 2023, incluyendo ventas de bienes y servicios a entidades del Estado, como el Organismo Ejecutivo, entes autónomos y descentralizados, incluidas varias municipalidades.

Se estima que la posible defraudación llega a Q300 millones según los casos documentados a la fecha, pero podría sumar otros Q800 millones ya que la investigación continúa, explicó en conferencia de prensa el superintendente Marco Livio Díaz.

Indicios y modo de operación

La SAT refirió que derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con que cuenta la entidad y el uso del módulo de relacionamientos, se pudo determinar que estas 410 empresas presentan varias similitudes como:

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410 tienen el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice.
El 75% de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
Más de 100 empresas que compartían el mismo Perito Contador, quien al ser localizado indicó que lo habían inscrito sin su consentimiento, interponiendo su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Esta información permitió establecer el comportamiento de operación de la Estructura B410, con base en el registro del mismo representante legal y perito contador y domicilios fiscales no localizados, principalmente en zonas rojas.
Se detectan documentos alterados, modificando las direcciones y otros datos en documentos que presentan las empresas.
Más de 200 empresas no presentan evidencia de contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades.
Y en algunos casos hay alteración de documentos para registros ante la SAT, así como subdeclaraciones.

Los tres grupos de empresas investigados

1. Son de la estructura y venden en forma directa al Estado:

Se identificó a 9 contribuyentes de esta estructura que le venden de forma directa al Estado de Guatemala y según las adjudicaciones publicadas en Guatecompras, el total asciende a más de Q81.7 millones.

Respecto a los nombres o identificación de las empresas, son sociedades anónimas y Díaz las dio a conocer, indicando que la información es pública porque se encuentra registrada en el sistema Guatecompras: Grupo Basado, Grupo Propela, Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Consorcio Las Mallorcas, Commerce Madness, Kaizen INC, Megalodon, Calakmuk.

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Las ventas o prestación de servicios se dieron a entes estatales del organismo Ejecutivo, entidades de algunos ministerios, municipalidades y otras entidades estatales como:

Policía Nacional Civil (Q48.8 millones). Le vendieron a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, Subdirección General de Salud Policial. Las compras fueron a dos empresas, una por Q43.9 millones por alimentos como carne, pescado y granos básicos, en este caso según detectó la SAT las adjudicaciones fueron por montos menores de Q25 mil cada uno (baja cuantía). Y los otros Q4.9 millones, incluyen alquiler de cabinas sanitarias, servicios de reparación y mantenimiento, chalecos operativos y espadines.

Industria Militar y Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa (Q2.6 millones). Aquí se mencionan alimentos como libras de carne, pescado, granos básicos, papelería y útiles de oficina.

Comunas y entidades descentralizadas (Q14.6 millones). Les compraron municipalidades como las de Samayac, Cuyotenango, San José La Máquina, Mazatenango, San Miguel Panam y San Bernardino del departamento de Suchitepéquez. También de La Reforma (San Marcos), Coatepeque (Quetzaltenango) y Pueblo Nuevo Viñas (Santa Rosa).

También el Fondo de Desarrollo Social, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección Departamental de Redes Integradas de servicios de salud de Santa Rosa y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Las otras empresas vendieron o prestaron servicios al Ministerio de Salud, Fondo de Tierras, Hospital General San Juan de Dios, Empresa Portuaria Quetzal, Plan de Prestaciones de Empleado Municipal, Municipalidad de Guatemala y Dirección General de las Artes.

2. Le compran a la estructura y son proveedores del Estado, según la SAT

Se confirmó que 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por Q4 mil 342 millones en el plazo investigado, también compraron a empresas de esta estructura más de Q375 millones de llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, materiales de construcción y mano de obra de proyectos, entre otros.

En este caso, el superintendente dijo que no pueden divulgar los nombres y solo dio a conocer que son sociedades anónimas.

Entre las ventas totales al Estado, se mencionan Q3 mil 189.8 millones a la Dirección General de Caminos; Q435 millones a Covial; Q343.2 millones a la UCEE; Q321.9 millones a municipalidades; Q23.2 millones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras entidades.

3. Venden a constructoras y estas son proveedoras del Estado:

Dentro de la investigación la SAT identificó a 2 contribuyentes de esta estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras que son proveedoras del Estado. Se identificó en el plazo investigado que estos dos contribuyentes le vendieron Q64.8 millones a las constructoras y estas le han realizado ventas el gobierno por Q517.2 millones.

En el caso de estos dos contribuyentes, “en la investigación se determinó que dentro de los vínculos resalta los mismos firmantes de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero”. Por ejemplo, por dos personas que trabajan para cada contribuyente y que efectuaron varios cobros en efectivo por promedios de Q250 mil, que suman Q9.5 millones.

Presenta denuncias

La SAT reiteró que ya se realizaron auditorías a 32 de los 410 contribuyentes involucrados en el entramado, mientras que se ya se ha analizado a 239 más.

Además, la denuncia fue presentada el martes 13 de agosto a los tribunales tributarios correspondientes y se les brindó copia del caso al Ministerio Público (MP), a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que procedan con las acciones que por ley les corresponda.

Consultado acerca de si presentarán denuncias contra funcionarios del Estado de las entidades mencionadas en la conferencia, Díaz respondió que a la SAT le corresponde velar por el correcto pago de impuestos y ya serán las otras entidades las que, desde sus respectivas funciones, investigarán los casos.

Sin embargo aclaró que el hecho de que una empresa proveedora del Estado le haya pedido factura a empresas que forman parte de esta estructura no propiamente significa que haya funcionarios involucrados. Los proveedores tienen que responder por qué adquirieron esos montos a esta estructura.

“Se detectó que esa estructura ha vendido empresas y puede ser que después de haberlas utilizado con los fines que se mencionan en este caso, hayan sido compradas por otras personas que no participan en ese tipo de acciones”.

Consultado sobre si el entonces presidente de la República, Alejandro Giammattei, tenía conocimiento de esta investigación, el superintendente dijo que no y que tampoco se pidió información a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por posibles casos de lavado de dinero u otros, ya que consideraron mejor avanzar en la investigación y presentar la denuncia.

Sin embargo, expuso que el MP ya le había requerido información sobre 5 empresas relacionadas con la estructura que ahora denunciaron, aunque tampoco podía dar a conocer los nombres de estas 5 empresas.

Respecto a las proveedoras del Estado explicó que también se solicitó información al Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae) acerca de la información que brindaron las empresas, pero la entidad no les ha respondido.

Respuesta del MP

El MP recibió la copia proporcionada por esa entidad y fue remitida a la Fiscalía de Delitos Económicos para su investigación, informó la entidad por medio de sus redes sociales, añadiendo que dicha fiscalía se encuentra investigando un hecho de posible defraudación tributaria, luego que la SAT, de conformidad con lo que establece el Código Tributario, presentó la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera.

Sector privado se pronuncia

El combate frontal a los esquemas de corrupción y defraudación tributaria son fundamentales para el desarrollo del país pic.twitter.com/SQdvznKuVc
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) August 14, 2024

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció sobre el tema, indicando que “reconocemos y valoramos los esfuerzos de las autoridades y colaboradores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, en relación a la lucha contra la corrupción y defraudación en todos sus esquemas” y en particular el presentado este miércoles 14 de agosto.

“Es importante que las autoridades competentes continúen en forma efectiva las investigaciones, que permitan esclarecer los hechos denunciados y se dicten las medidas ejemplares en contra de quienes resulten involucrados, y con ello evitar estas prácticas abusivas que van en detrimento de la salud, educación, seguridad, infraestructura y muchas necesidades más que requiere la población en general”, añadió la CCG.

#ComunicadoCACIF
El Sector Empresarial Organizado reitera su compromiso con la transparencia y su participación proactiva en la búsqueda de soluciones al contrabando aduanero y a la defraudación fiscal. pic.twitter.com/Ih1j4m6dK3
— CACIF (@CACIFGuatemala) August 15, 2024

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunció por la tarde del miércoles 14 de agosto acerca de lo divulgado por la SAT indicando que apoyan las acciones orientadas a combatir la corrupción.

“Como Cacif, en todo momento hemos manifestado nuestro total apoyo en todas las acciones que estén orientadas a combatir la corrupción. Como parte de lo anterior participamos, de manera proactiva, en el COINCON junto con la SAT, para buscar soluciones al contrabando aduanero y la defraudación fiscal”, refirió la entidad en un comunicado.

Sin embargo agregó que “estas investigaciones deben llevarse a cabo en el marco del debido proceso para que las personas responsables afronten las consecuencias de sus actos y, de ser encontradas culpables, se les aplique la Ley”.

En su pronunciamiento Cacif, indicó que reiteran la necesidad de que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente.

“Como Sector Empresarial Organizado, respaldamos todas aquellas acciones que permitan detectar a las empresas que trabajan al margen de la legalidad y bajo esquemas de corrupción”, finaliza el boletín que está acompañado tanto por los logos de Cacif, como de Agexport, Asazgua, y las Cámaras del Agro, de Finanzas, de Industria, de la Construcción, de Comercio y Servicios, así como la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa

Capturan a Ulrich Gurtner Kappler, sindicado de delitos de defraudación tributaria

Sat, 15 Jun 2024 14:56:10 +0000

Justicia

Capturan a Ulrich Gurtner Kappler, sindicado de delitos de defraudación tributaria

El MP informa que efectuó un operativo en el que logró la detención de Ulrich Gurtner Kappler, por un caso de defraudación que presentó la SAT.

Julio Román y Andrea Domínguez

15 de junio de 2024

08:56h

Fiscales de la Feci hicieron un allanamiento en el que capturaron al ciudadano suizo Gurtner Kappler, sindicado de defraudación tributaria. (Foto Prensa Libre: MP)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público informó este sábado 15 de junio que efectuó un allanamiento en el que se capturó a Ulrich Gurtner Kappler, sindicado de defraudación tributaria.

Según el MP, a capturado se le sindica por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

La información del MP señala que la detención de Ulrich Gurtner Kappler se da en seguimiento a una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aunque no especificó sobre qué caso.

Se menciona que el detenido fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

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El MP señaló que durante la diligencia fueron localizados teléfonos celulares, los cuales contribuirán en el fortalecimiento de la investigación en curso.

Primera captura

El 24 de marzo de 2023, la Feci informó que investigaba un caso de supuesto lavado de dinero por Q1 mil millones en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua) y que ese día se aprehendió al gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

En esa oportunidad, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci dijo que la investigación “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

El fiscal detalló que “el monto de lo defraudado asciende a Q1 mil millones, de dicha acción hemos informado a la Fiscalía de Extinción de Dominio”.

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“La Feci también dijo ese día que emprendería acciones legales correspondientes en contra del excomisionado de la Cicig, Francisco Javier Dall’Anese Ruiz, pues señalaba que este habría abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido.

Se mencionó que el 17 de enero de 2012, el entonces jefe de la Cicig “envió una nota al señor Ulrich Gurtner Kappeler en la cual le hace saber que la Cicig había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fedecocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero, por lo que resulta incomprensible cómo una entidad como Cicig pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Gurtner Kappeler”, refirió Curruchiche.

Ligado a proceso

El 9 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal ligó a proceso a Ulrich Gurtner Kappeler por los delitos de lavado de dinero y otros activos.

Por estos motivos, auditores de Quetzaltenango denuncian a personal de la SAT y a fiscal del MP

Thu, 23 Mar 2023 11:00:38 +0000

El auditor Bayron de León, socio director de la firma Buró de Auditores GT, informó que se presentaron denuncias contra personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio Público (MP), por su captura y la de dos personas más, así como por el allanamiento que realizaron en sus oficinas.

El 17 de febrero pasado, la SAT dio a conocer que presentó una denuncia ante el MP contra De León, director de Buró Auditores GT, quien fue capturado, “por considerar que indujo a error a la SAT en la determinación y pago de sus obligaciones tributarias al Estado” y por la “posible comisión de ilícitos penales relacionados con defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

A De León se le denunció penalmente por supuestamente defraudar al fisco por Q2 millones 66 mil en los periodos 2018 y 2019, desde su oficina con sede en Quetzaltenango.

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Aparte de De León, también fueron capturadas dos personas más, miembros de su oficina profesional, porque supuestamente evadieron impuestos al no facturar ventas en negocios propios y en servicios de asesoría, por lo que se tipificaron los delitos mencionados.

De León fue ligado a proceso por un juez en dicho departamento, le emitieron arresto domiciliar y pagó una caución económica de Q200 mil, mientras que la contadora María Fernanda de León y el auditor Julio Abel García Alvarado fueron señalados de supuesta estafa mediante informaciones contables, pero fueron puestos en libertad por falta de mérito.

El viernes pasado, según el socio de la firma, presentaron denuncias ante la fiscalía del MP en Quetzaltenango en contra de Rubén Herrera, fiscal de delitos económicos del MP, por supuesta retención de información y reserva de confidencia.

Además, contra Claudia Verónica Galindo Ramírez, Joselyn Dayan Estrada Carrera, Abner Alfredo Morenos Ramos y Érick Giovanni García Ligorria, por abuso de autoridad, porque supuestamente el MP omitió información al juez de casos urgentes, quien autorizó la aprehensión, además que el juzgador no autorizó que personal de la SAT estuviera en el allanamiento a la oficina y el MP lo permitió.

También presentaron denuncia contra Marco Livia Díaz Reyes, superintendente de la SAT, por supuesto tráfico de influencias, además de que dicho funcionario ofreció una conferencia de prensa cuando el allanamiento aún no había terminado, entre otros posibles ilícitos.

Las denuncias también abarcan a Juan Carlos Ramírez, mandatario judicial de la SAT y Albiol Lizeth Posadas Palma, Auditor tributario.

Sin oportunidad de defensa

De León explicó a Prensa Libre que no se le dio la oportunidad de defenderse por la vía administrativa y explicarle al fisco que el dinero que presuntamente no facturó corresponde a depósitos de impuestos como el IVA, ISR, ISO y otros, que sus clientes depositaron a su cuenta bancaria y luego fueron pagados a la SAT como parte del servicio que presta.

Sin embargo, la entidad informó en su oportunidad que se trataba de pagos por honorarios, además de que declararon su caso en reserva, lo que a criterio del afectado, el fisco atenta contra el gremio de auditores y contadores y lo criminaliza.

SAT: No hay persecución

Al ser consultado el superintendente Díaz, indicó que no se trata de una persecución en contra de auditores, sino que se hizo un estudio del sector económico de firmas de auditoría y oficinas de contabilidad y están bajo investigación varias oficinas de este tipo, por el comportamiento que han mostrado y deben cumplir con sus obligaciones tributarias. De igual forma, se han hecho estudios de otros sectores económicos.

Respecto al caso específico de Bayron De León, indicó que dicha persona quedó ligado a proceso y tiene arresto domiciliar, pero no se va a litigar en los medios de comunicación. “El caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos de Guatemala y se debe litigar en los tribunales”.

SAT denuncia a director de bufete de auditoria en Quetzaltenango

Sat, 18 Feb 2023 21:52:07 +0000

Por medio de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que se presentó una denuncia contra Bayron Inés De León De León, quien es director de Buro Auditores GT. Fue detenido “por considerar que indujo error a la SAT en la determinación y pago de sus obligaciones tributarias al Estado”.

El boletín indica que la denuncia que se presentó al Ministerio Público es por la “posible comisión de ilícitos penales relacionados con defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria”, sin embargo, no brindan cifras de cuanto pudo haber sido el menoscabo al fisco.

“El Lic. Bayron De León y miembros de su oficina profesional, fueron detenidos por el MP, y acusados de evadir impuestos, al no facturar ventas y servicios en negocios propios y en servicios de asesoría. Las acciones están tipificadas como defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria”, expone el comunicado del administrador tributario.

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Además, dice el comunicado de la SAT, que se llevó a cabo un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, así como capturas, para obtener mayores pruebas por la evasión del pago de impuestos de contribuyentes que contrataron los servicios del licenciado Bayron De León”, remarca el comunicado oficial.

En su perfil de redes sociales, la firma auditora informó sobre la situación actual, y en la cual se informó sobre el caso penal.

Caso La Línea: Baldetti recuerda su renuncia, su plan ante las protestas en la Plaza y cómo el MP habría buscado dinero en su casa

Tue, 06 Dec 2022 02:25:36 +0000

La exvicepresidenta Roxana Baldetti declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, previo a la sentencia en el caso La Línea, programada para el próximo 7 de diciembre.

Al igual que el expresidente Otto Pérez Molina, antes de ingresar a la audiencia, declaró ante los medios que no existían pruebas suficientes para recibir una condena.

Coincidió también con el exmandatario al señalar a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón; en hacer críticas al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; sobre el actuar del exjuez Miguel Ángel Gálvez; y también del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Baldetti dijo que también tenía en su poder una carta escrita a mano de Monzón. “En la carta me decía que si no lo dejaban de perseguir con el presidente, porque recién habían allanado una casa en la Antigua, entonces que (sería) mi familia la que iba a pagar las consecuencias”.

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Refuta acusación por caso La Línea

Según la exvicemandataria, el Ministerio Público no “pudo quebrantar” su presunción de inocencia y por ello les solicitaba a los jueces que la absolvieran de los cargos en su contra por el caso La Línea.

Baldetti dijo que la exfiscal general Thelma Aldana la acusó porque tenía una “ambición política”, pero que había invalidez en los señalamientos. Como ejemplo, la acusada mencionó el caso IGSS-Pisa, del cual la Corte de Constitucionalidad anuló recién la sentencia.

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Sobre Velásquez, Baldetti recordó cuando Pérez Molina la convocó a una reunión para conocerlo. “Vino a desarticular estructuras paralelas, no para perseguir políticos”, aseveró.

De acuerdo con lo que Baldetti declaró, fue el exbinomio presidencial que precisamente requirió a Velásquez su intervención en las aduanas porque requerían un mayor control. “Por eso había necesidad de meter a la CICIG, según nosotros”, añadió.

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Según la exvicemandataria, tanto a ella como al presidente se les comunicó que había un trabajo de lobby en Washington para “hacer creer que el gobierno (del Partido Patriota) era corrupto”.

Recuerda inicio de las manifestaciones en la Plaza

Al observar la primera protesta en la Plaza de la Constitución, Baldetti dijo que le pidió al entonces presidente, que le autorizara llevar a 40 mil personas vestidas de anaranjado. “Pero me que dijo no. Me respondió: ‘yo firmé la paz y si nosotros ponemos a confrontar al pueblo de Guatemala, aquí lo que va a pasar es otra guerra'”.

Baldetti dijo que no conforme, le insistió al mandatario. “Las revoluciones llevan muertes, ponga dos tanques en cada esquina, saquemos a las familias y digámosle al pueblo de Guatemala y que les están mintiendo. Pero me dijo: ‘no puedo porque yo firmé la paz'”.

Baldetti no terminó su declaración porque dijo que tenía malestar físico. Se prevé que continúe su declaración en una próxima audiencia, programada para el 7 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Seguidamente, según dijo, le hizo otro ofrecimiento. “Le dije: ‘se lo pongo más fácil'” y entonces le ofreció su renuncia al cargo.

Según explicó, de igual manera desde “días antes el embajador me pidió la renuncia violentando el derecho de todos los guatemaltecos porque ellos votaron por mí”.

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Señalamiento de caletas y su inocencia

“Todo mundo cree que tenemos caletas guardadas por todos lados”, añadió en su declaración.

Baldetti dijo que su hijo le comentó que uno de los investigadores, al llegar a su vivienda, le dijo que “había que partir la casa en dos porque tú (Baldetti) tenía enterrado el dinero en la casa […] Rompieron la casa”, agregó.

Casi al concluir, Baldetti dijo que su vida política “daba para más” y que por eso percibía que Aldana la consideraba como una rival.

De la misma manera que Pérez Molina, Baldetti agradeció también a los jueces del Tribunal por su paciencia “al escuchar a cada uno de los acusados” y no permitir “que a nadie se les acercara para influir”.

“Les pido una sentencia de carácter absolutoria porque de verdad soy inocente”, dijo al finalizar.

Envían a prisión preventiva a hombre señalado de evadir Q150 millones a la SAT

Fri, 02 Dec 2022 01:12:12 +0000

El empresario José Barrios Hernández, recién extraditado desde Panamá a Guatemala, quedó ligado a proceso por un caso de defraudación tributaria en un supermercado, del cual es el representante legal, y que ascendería a Q150 millones (19 millones de dólares).

El Ministerio Público (MP) confirmó que el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera resolvió que el acusado será investigado y deberá guardar prisión preventiva.

Barrios Hernández fue extraditado el 26 de noviembre desde Panamá y al arribar a Guatemala, fue detenido por la Policía Internacional (Interpol, siglas en inglés).

El empresario enfrenta cargos por el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación, informó la fiscalía.

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Antecedentes del caso

El caso se destapó en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, dirigida en ese entonces por Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Estados Unidos.

Sandoval y la FECI detallaron en su momento que la defraudación provenía de la cadena de supermercados denominados La Barata, tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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La acusación de la SAT fue en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, propietaria de los supermercados.

La fiscalía también informó que Barrios Hernández es el representante legal de dicha empresa en Guatemala.

#CasoLaBarata

Luego de la solicitud de formal extradición realizada por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, derivada de investigación de la FECI, pic.twitter.com/OyOqVPVsKo

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 26, 2022

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La presunta defraudación tributaria por alrededor de 150 millones de quetzales en moneda local (19 millones de dólares aproximadamente) tuvo lugar entre 2017 y 2019, al no reportarse a la SAT un alto porcentaje de transacciones de ventas.

SAT interviene a la exportadora UNEX Guatemala por posible comisión de delitos de defraudación tributaria

Wed, 23 Nov 2022 00:57:38 +0000

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) intervino a la empresa exportadora Unex Guatemala, porque se sospecha que habría incurrido en ilegalidades relacionadas con el pago de dos impuestos, informó este martes 22 de noviembre el ente recaudador.

La intervención de la SAT se deriva de las sospechas sobre irregularidades en las contribuciones referentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Derivado a los hallazgos detectados por la Intendencia de Fiscalización en las auditorías realizadas al contribuyente Unex (Guatemala), Sociedad Anónima, NIT 4815-1, la Intendencia de Asuntos Jurídicos presentó denuncias penales, por la posible comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria”, señala la SAT en un comunicado.

Las SAT añade que “de los hallazgos determinados en ocho expedientes, conexados en el Juzgado 5to. de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, se determinó un monto millonario presuntamente defraudado por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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Sin embargo, la SAT no reveló a cuánto ascendía el monto que les genera sospechas.

El comunicado añade que “derivado de lo anterior, se obtuvo la autorización judicial para decretar medidas precautorias, entre ellas el embargo precautorio con carácter de intervención, el cual fue realizado hoy sobre el establecimiento comercial denominado Unex (Guatemala)”.

La SAT agregó que el objetivo es garantizar la recaudación adecuada por lo que “reitera su compromiso con el país de seguir trabajando de manera transparente y objetiva, dentro de un marco de legalidad y con respeto del principio jurídico del debido proceso y, posibilitar así, la contribución para lograr el país que todos queremos”.

SAT interviene la Empresa Exportadora UNEX (Guatemala). #Urgente pic.twitter.com/APHIAjXaII

— SAT Guatemala (@SATGT) November 22, 2022

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Por su parte, la empresa UNEX señaló que “la intervención se está llevando a cabo de manera colaborativa y no está afectando el funcionamiento normal de la compañía”.

Añade que “en el año 2015, en un contexto en el que muchas empresas exportadoras fueron investigadas, UNEX fue incluida en una denuncia por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la que se cuestionaron las transacciones llevadas a cabo por una serie de intermediarios proveedores de UNEX durante los años 2007 a 2012, alegando que les fue imposible localizar a algunos de los proveedores y en consecuencia asumieron que esos proveedores no entregaron al fisco correctamente el IVA recibido”.

Además, la compañía dice que “a partir de ahí se asume el involucramiento de la empresa en este supuesto esquema y se reclaman ingresos fiscales adicionales a los que UNEX ya ha pagado, en absoluto cumplimiento de la ley. Desde ese momento y de manera proactiva, UNEX ha colaborado con las autoridades, proporcionando información en los momentos necesarios y de la forma solicitada, que comprueban el correcto actuar de la compañía”.

También dice que “luego de más de seis años, el Ministerio Público aún no ha presentado hallazgos que comprueben una mala actuación por parte de la compañía. Desde un inicio UNEX se enfocó en promover una investigación rápida y eficaz, por lo que la misma empresa solicitó una audiencia de revisión de medidas”.

Comuna de Escuintla reitera que hubo defraudación tributaria en caso Bienco

Thu, 13 Oct 2022 00:06:28 +0000

La Municipalidad de Escuintla presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y defraudación tributaria contra los integrantes del Concejo Municipal del período 2012-2016 en el denominado caso Bienco.

Helcías Chun, del Departamento Jurídico de la comuna, informó que la denuncia se deriva por la suscripción de una escritura de transacción mediante la cual el alcalde en funciones 2012 comprometió a la corporación edil al pago de Q40 millones por una deuda de un proyecto de agua con la empresa Bienco.

“Nosotros como Departamento Jurídico logramos determinar que hubo defraudación tributaria al no percibir el Estado la retención del Impuesto Sobre la Renta y el pago al valor agregado correspondientes a los Q3 millones 400 mil”, dijo Chun.

El funcionario comentó que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les comunicó que a su criterio los delitos ya prescribieron por el tiempo que ha transcurrido desde que se consumó el hecho. No obstante, esta opinión no la comparte el Departamento Jurídico.

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“Para exfuncionarios de la municipalidad existe el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por los cuales tienen pena de hasta seis años, aumentados en una tercera parte serían ocho años. El artículo 107 del Código Penal en su numeral sexto dice que si el hecho fuera cometido por funcionarios y empleados públicos por delitos que atenten contra la administración de justicia estos delitos prescriben cuando haya transcurrido el doble de tiempo señalado. Esto sería el16 de enero de 2032”, comentó Chun.

El origen del caso

El caso se origina en 1997, cuando la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.

Sin embargo, la municipalidad nunca terminó de pagar el contrato y esto provocó una serie de demandas y alegatos judiciales entre la comuna y la empresa. Esta última, por medio de una negociación con las autoridades ediles del período 2012-2016, logró que la corporación edil se comprometiera a pagar Q40 millones en 266 cuotas mensuales, lo cual abarca más de 20 años.

Como garantía, el entonces alcalde Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con la empresa donde comprometió varios ingresos municipales, entre los cuales se encuentra el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.

El proyecto mediante el cual se suministraría de agua al casco urbano del municipio se concretó en 1997 bajo la administración del exalcalde Lewis Logan, quien hoy argumenta que en ese momento no se arriesgaron las finanzas municipales, ya que se abrió un fideicomiso y se dejó como garantía de pago unos 15 mil títulos de agua a un costo de Q3 mil. Estos se empezaron a adquirir por los vecinos rápidamente y, hasta hoy, el proyecto abastece el 80 por ciento de agua en la ciudad, asegura.

Sin embargo, el problema, según el exalcalde, surgió porque siguientes administraciones municipales prometieron en campaña electoral que no cobrarían servicios de agua. Ello provocó que la corporación edil dejara de percibir ingresos y a partir de ahí quedó imposibilitada para cumplir con los pagos mensuales a la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima (Bienco), los cuales se suponía serían de Q953 mil al mes.

Boris García, representante de la empresa Bienco, dijo a Prensa Libre que el contrato se construyó en 1997 sin ningún anticipo de prueba y el pago se originaría por la venta de títulos de agua. Sin embargo, nunca recibieron las cuotas de pago.

Luego de obtener una sentencia que les favorecía con el pago de Q80 millones, decidieron negociar con la empresa y rebajar la deuda en un 40 por ciento con la finalidad de que la municipalidad tuviera capacidad de pagar aunque sea un porcentaje de los costos generados.

“Con tal de recuperar el dinero rebajamos la deuda. Lamentablemente el alcalde don Pedro Escobar (2012-2016) no ganó la elección y en 2016 -bajo la administración del alcalde Abraham Rivera- dejaron de pagar. Cuando cobramos a la nueva administración nos dijeron que no nos pagarían”, dijo García.

Capturan a hombre por defraudar al fisco con facturas de contribuyentes que no existen

Mon, 28 Feb 2022 00:10:12 +0000

Un hombre sindicado de defraudar al fisco fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este domingo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de un comunicado de prensa.

El detenido fue identificado como Cristóbal Jesús Gómez Moreno quien, según la SAT, documentó compras ante el ente recaudador con “facturas presuntamente falsas”, o bien sea, de proveedores o comercios cuyos NIT (número de identificación tributaria) que no aparecen en el registro tributario.

La orden de captura fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango. La SAT informó que Gómez Moreno tiene “varios procesos penales” en desarrollo.

Antecedentes

En octubre del año pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) efectúo varios allanamientos en Palín, Escuintla, y Fraijanes, Guatemala, en seguimiento de una investigación que surgió luego de una querella presentada por la SAT por un caso de defraudación tributaria.

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En esa ocasión se detuvo a Josué Carlos Enrique Chinchilla Cruz y Linda Mariela Rivera Alfaro, a quienes las autoridades los señalaron de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Según la investigación, Chinchilla hizo varias ventas; sin embargo, sus declaraciones juradas, pagos mensuales del IVA y pagos trimestrales del ISR fueron presentadas con valor cero, “es decir, omitió reportar sus ingresos durante el referido período”.

Capturan a dos personas sindicadas de haber defraudado al fisco, una de ellas habría reportado a cero sus operaciones

Mon, 04 Oct 2021 21:31:19 +0000

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) efectúo este lunes 4 de octubre varios allanamientos en Palín, Escuintla, y Fraijanes, Guatemala, en seguimiento de una investigación que surgió luego de una querella presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en la que se señala la comisión del delito de defraudación tributaria, informaron fuentes oficiales.

Durante los allanamientos se logró la aprehensión de Josué Carlos Enrique Chinchilla Cruz y Linda Mariela Rivera Alfaro, a quienes las autoridades sindican de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

De acuerdo con la investigación, durante el período auditado -que no se especifica, Chinchilla hizo varias ventas; sin embargo, sus declaraciones juradas, pagos mensuales del IVA y pagos trimestrales del ISR fueron presentadas con valor cero, “es decir, omitió reportar sus ingresos durante el referido período”, señaló la Fiscalía.

De momento la Fiscalía no hay revelado a cuánto asciende la cantidad defraudada y si en este caso hay más personas implicadas; además, no dieron a conocer el tipo de actividad por medio de la cual los sindicados defraudaban al fisco.

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El 7 de diciembre 2020, Autoridades del MP y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

Las ventas no estaban declaradas ante la SAT; además, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago se podría decir que es cero”,

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización, según las autoridades.

En esa oportunidad, Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

El fiscal añadió en esa ocasión que la entidad se negaba en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no había sido posible una auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

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Los operativos se realizaron en seguimiento a una investigación que inició tras una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por defraudación tributaria de más de Q5 millones en perjuicio del Estado.

Durante el operativo se coordinó la aprehensión de Débora Betzaida Choc Hernández; además, se secuestró documentación contable que permitirá fortalecer la investigación, según el ente investigador.

De acuerdo con la Fiscalía, la SAT hizo una auditoría a los establecimientos Importadora y Exportadora María Guadalupe y Agencia de Trámites Aduanales Getsemaní, propiedad de Choc Hernández.

No hubo registro

Mediante la auditoría y de la investigación del MP se determinó que no registró en sus libros contables, ni reportó en sus declaraciones juradas y pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado.

Tampoco hay registro de su declaración jurada y pago anual del Impuesto Sobre la Renta, como haber realizado transferencias y exportaciones a Honduras, mediante Facturas y Declaraciones Únicas Centroamericanas y a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Tampoco reportó haber efectuado adquisiciones e importaciones a Honduras, siendo que los bienes adquiridos, tampoco fueron registrados en el inventario final, por lo que estos fueron vendidos en Guatemala sin haberse emitido las facturas de ventas respectivas.

Según la investigación, se determinó que ocultó ingresos de forma fraudulenta por ventas no registradas ni declaradas, derivado de adquisiciones realizadas por medio de Factura y Declaraciones Únicas Centroamericanas e importaciones a través de Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos.

Las anteriores acciones conllevaron a que la contribuyente en beneficio propio dejara de declarar ante la administración tributaria la totalidad de sus ingresos percibidos durante el período objeto de fiscalización, habiendo ocultado de manera dolosa su débito fiscal.

Esto provocó un perjuicio en la recaudación impositiva del Estado de Guatemala por un monto de más de Q5 millones más multa e intereses, en perjuicio del Estado de Guatemala.

#Actualización
Durante el operativo dirigido por la Fiscalía de Delitos Económicos se coordinó la aprehensión de Debora Betzaida Choc Hernández. https://t.co/jv0rHyOaCh pic.twitter.com/yfLolP3I2U

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 8, 2021

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Wed, 07 Apr 2021 19:26:46 +0000

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles 7 de abril de los resultados obtenidos en el plan de fiscalización en Semana Santa.

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Los operativos fueron para verificar la emisión y entrega de facturas, como el cumplimiento de otras obligaciones tributarias de los contribuyentes por la alta demanda en sus operaciones comerciales durante el reciente asueto.

El superintendente Marco Livio Díaz detalló que se efectuaron al menos 15 mil 297 acciones a escala nacional.

De estos operativos, 5 mil 123 se registraron en la región central, 3 mil 581 en occidente, 3 mil 71 en nororiente y 3 mil 552 en el sur.

Los auditores detectaron el mayor incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas de consumo, por lo que aplicaron 116 sanciones, 75 actas administrativas para cierre de negocios y multas por infracciones tributarias. También se iniciarán con 77 solicitudes de información bancaria

Los principales lugares inspeccionados y sancionados por la SAT durante la Semana mayor fueron turicentros y balnearios.

La SAT agregó que 16 contribuyentes no tenían vigente la autorización de facturas, 13 no cumplían con los requisitos establecidos en la factura y 75 que no estaban facturando.

Entre las sanciones a negocios están cierres temporales de 10 a 20 días y multas que todavía no están cuantificadas.

El objetivo es que los contribuyentes regularicen su situación, algo que determinará un juez, quien puede determinar una sanción económica.

Con información de La Red

MP secuestra documentos en compañía de espectáculos por caso de defraudación por más de Q1 millón

Wed, 24 Mar 2021 23:25:02 +0000

El Ministerio Público (MP) informó que luego de allanamientos por la Fiscalía de Delitos Económicos en inmueble en la colonia Aurora II zona 13 y colonia Tecún Umán, zona 15 de Guatemala, se secuestró documentación que contribuirá con la investigación que se deriva de una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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El MP añadió que por este caso se giró orden de captura contra la representante legal de la entidad Show Business, Sociedad Anónima, Jenny Lissete Berganza Radfor quien se encuentra prófuga.

Berganza Radfor es señalada de casos especiales de defraudación tributaria.

De acuerdo con la investigación, la entidad efectuó tres presentaciones artísticas en el 2005 y 2006 y al verificar la SAT el cumplimiento de las obligaciones tributarias se estableció por medio de auditorías que las ventas y servicios declarados por los proveedores eran inferiores a los servicios prestados.

También se estableció variación del formato de las facturas presentadas en tamaño, letra, y cantidades.

Se determinó que el monto defraudado es de Q1 millón 97 mil 557.40, más multa e intereses, lo cual asciende a más de Q2 millones, que dejó de percibir el Estado por los tres eventos prestados

SAT acumula tercer caso de intervención judicial en menos de tres meses por posible defraudación

Tue, 23 Mar 2021 11:00:17 +0000

Auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tomaron el control del almacén Chang y Compañía, luego de haberse detectado la posible comisión del delito de defraudación aduanera.

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El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del negocio, por lo que la SAT procedió con el nombramiento de los interventores, quienes practicaran auditorías. Esta es la segunda intervención por delitos tributarios en las últimas dos semanas.

El pasado 10 de marzo, la SAT llevó a cabo la intervención de la empresa Mag Alcoholes, por el delito de defraudación tributaria.

En esa ocasión, la orden fue emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera.

En ambos casos, no se dieron mayores detalles sobre los posibles montos de la defraudación. Los procesos se encuentran en investigación.

Estrategia

En diciembre del 2020, el Ministerio Público y la SAT, dieron a conocer que se intervino Grupo Simply, que administra la cadena de supermercados La Barata, por la supuesta apropiación el pago de impuestos y no reportar al administrador tributario sus movimientos contables.

En esa ocasión, se dio a conocer que Grupo Simply habría utilizado un sistema piramidal interno para cometer la defraudación fiscal que podría rondar los Q150 millones, y se mantiene intervenida.

Hace algunos días las autoridades tributarias, dieron a conocer que se investigan dos grandes casos similares de defraudación, y que en su momento se darían a conocer.

SAT anuncia que hará operativos de fiscalización en Semana Santa y detalla en qué negocios

Wed, 17 Mar 2021 18:56:44 +0000

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informo este miércoles 17 de marzo que efectuará un plan de fiscalización durante la Semana Santa.

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La fiscalización se tiene prevista en más de 15 mil comercios para verificar el correcto cumplimiento en la facturación correspondiente.

Estas acciones se llevarán a cabo entre el 29 de marzo y el 3 de abril próximo, anunció la SAT.

Los operativos serán en discotecas, bares, restaurantes, centros turísticos y recreativos y tiendas de consumo en las cuatro regiones del país.

Para esto se dispondrá de 200 auditores debidamente acreditados con el objetivo de verificar que los contribuyentes y consumidores se encuentren en el marco del ley.

Los auditores verificarán que el contribuyente esté inscrito ante la SAT, la emisión y entrega de facturas por ventas o prestación de servicios, así como la documentación que ampare la mercadería de la venta y que cumpla con los requisitos legales.

También se verificará la autorización de máquinas registradoras y equipo de cómputo para la emisión de facturas.

El superintendente Marco Livio Díaz dijo que esta fiscalización está contemplada en el plan anual de auditoría que contempla auditorías en alta temporada de demanda.

El objetivo es fiscalizar a contribuyentes que incrementan sus operaciones en un época determinada, mejorar el cumplimiento tributario de los contribuyentes en forma voluntaria, verificar monto de facturación y compararlo con la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dijo que algunos contribuyentes facturan y no declaran lo mismo ante la SAT, por lo que hay un programa para verificarlo de forma electrónica.

Estos programas de verificación también tienen el objetivo de detectar contribuyentes que solo facturan cuando hay presencia de la auditoría de la SAT, por lo que luego a estos se les pide la información bancaria de sus negocios para compararlo con los ingresos obtenidos.

Señaló que hay solicitudes hechas a través de los juzgados sobre contribuyentes que demuestran un comportamiento que no corresponde al sector económico que pertenecen, esto en el tema de facturación.

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Advirtió que de detectarse algún incumplimiento tributario se inicia proceso administrativo sancionatorio, multas o cierre temporal.

Anunció que comprarán dispositivos móviles para que los auditores tengan más accesible la información.

Se supera meta de febrero

La economía se ha recuperado en el país, aseguró el superintendente Marco Livio Díaz,

Afirmó que en febrero se sobre pasó la meta de recaudación de Q4 mil 504 millones a Q4 mil 706 millones a pesar de los efectos de la pandemia covid-19.

Las principales fuente de recaudación en lo que va del año son el IVA local, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto de Solidaridad.

Dijo que la meta de recaudación para este 2021 es de Q63 mil 468 millones.

El titular de la SAT indicó que se prevé que sí se cumplirá con la misma por las diferentes acciones que se están llevando a cabo por el ente fiscalizador.

En el tema de acumulado se lleva Q11 mil 580 millones de recaudado, contra una meta de Q11 mil 308 millones, es decir, la meta se ha superado.

Dijo que ha habido operativos de decomiso de tabaco.

Con información de La Red

Feci y SAT investigan a cadena de supermercados por supuesta evasión de impuestos

Mon, 07 Dec 2020 17:21:10 +0000

Autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron este lunes 7 de diciembre respecto de un caso de supuesta defraudación tributaria por parte de una cadena de supermercados.

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Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, informó que se trata de una investigación conjunta y que se efectuó una auditoría con herramienta de verificación de cumplimiento.

Añadió que las compras que reportan los contribuyentes se comparan con las ventas de una empresa y la entidad investigada no generaba pago de impuesto.

Dijo que las ventas no estaban declaradas ante la SAT. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las ventas no habría sido pagado en los últimos años.

Para este caso la primera acusación es referente a tarjetas de crédito de las cuales no se pagó el IVA.

Lo que la entidad compraba a los proveedores era superior al movimiento de las tarjetas de crédito.

En ese sentido, está la posible comisión de delitos en contra del régimen tributario y que habría afectado la economía nacional.

Según cálculos de la SAT, el 35 % de ingresos del contribuyente corresponden a operaciones pagadas con tarjeta de crédito o débito.

Díaz añadió que la cadena de supermercados está integrada por unas 35 tiendas, y tampoco ha reportado ventas al contado.

La SAT detectó declaraciones erróneas y se les notificaba la información, pero hubo resistencia a la fiscalización.

Se les notificaba por un tribunal y pagaban una pequeña multa, luego cambiaban de razón social y hacían otras empresas hasta formar un esquema.

A decir de las autoridades, se usó una red de compañías para evadir los impuestos, pues el “pago podría decir que es cero”, resaltó Díaz.

Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que se inició una investigación luego de una denuncia presentada por la SAT en contra de la entidad mercantil Grupo Simply, Sociedad Anónima, que opera los supermercados conocidos con el nombre comercial “La Barata”.

Añadió que la entidad se ha negado en varias ocasiones y desde hace años, a proporcionar información a la SAT y no ha sido posible aún auditoría sobre las ventas en las que el medio de pago es el efectivo, lo que podría acrecentar significativamente el monto de lo defraudado.

Sandoval explicó que de acuerdo con la auditoría practicada por la División Fiscalizadora de la Gerencia Regional de la SAT, entre 2017 y 2019 el contribuyente tuvo ventas por el valor neto de Q427 millones 330 mil 530.70 provenientes de retenciones practicadas por las empresas operadoras de tarjetas de crédito.

La defraudación al fisco asciende un monto estimado de Q150 millones 420 mil 347.07 (Q43,587,714.39 de Impuesto al Valor Agregado y Q106,832,632.68 de Impuesto sobre la Renta), informó el MP.

Sandoval señaló que al requerir la información de las ventas el escudo de la cadena de supermarcados era que debido a la pandemia no había personal que diera la información, aunque este negocio nunca cerró, pues vende artículos de primera necesidad.

Indicó que el 2 de diciembre hubo una serie de diligencias, pues la investigación estaba en reserva, la cual fue levantada dos días después.

Entidad está intervenida

A requerimiento de la SAT se decretó la medida cautelar de intervención, habiendo discernido el cargo a quien fungirá en dicha calidad.

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Sandoval añadió que se solicitó orden de detención en contra de Francisco José Barrios Hernández, por el delito de defraudación tributaria.

Barrios es representante legal y vinculado a la propiedad de los negocios. Según el MP, está prófugo.

El superintendente Díaz agregó que las ventas con tarjetas de crédito representan el 35 por ciento de ingresos de la entidad investigada y se toma en cuenta el porcentaje, lo que podría indicar que durante unos seis años no habrían pagado impuestos.

Dijo que la investigación aún empieza y se investigará a personal de la SAT, porque debió darse cuenta de lo que pasaba.

Mientras que Sandoval, añadió que la bodega donde está la información contable fue clausurada. También la Fiscalía tuvo acceso a periodos anteriores y requerirá a la SAT que se amplíe el periodo de la auditoría.

Sandoval explicó que la Feci investiga el caso en virtud del acuerdo 59-2019 y debe ser autorizada por la fiscal Consuelo Porras.

Anunció que la investigación continúa, pues debe ser completa y compleja. No descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas.

Además, se verificará si hay un posible esquema de lavado de dinero.

Díaz indicó el negocio seguirá operando mientras se determinan los montos de la supuesta defraudación.

La SAT detectó el desarrollo de un esquema de creación de compañías para auto facturarse, lo que implica un delito de apropiación indebida de tributos y por eso la petición de captura de los representantes legales y la intervención de la entidad.

Hay otras investigaciones en curso, pues se busca fiscalizar a aquellos que han creado esquemas para no pagar impuestos y aunque estén en la base de datos no han sido visibles.

Para el caso MP/FECI requirió el control jurisdiccional de la investigación a la judicatura de delitos tributarios y autorización judicial para requerir información a entidades bancarias. @MPguatemala @SATGT pic.twitter.com/em8g7TUc9d

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 7, 2020

SAT interviene otra empresa de seguridad

Thu, 19 Apr 2018 14:46:11 +0000

En menos de 15 días, el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del departamento de Guatemala ordenó la intervención de una empresa de seguridad, por inconsistencias fiscales.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) solicitó al juzgado la intervención de la Empresa de Seguridad Particular Elite, Sociedad Anónima, ubicada en la 13 avenida, 24-71, zona 5 de la capital.

La acción se da “en seguimiento a las acciones legales interpuestas por posible defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria”, según un comunicado que emitió ayer el órgano recaudador.

“La empresa imputada, se presume, realizó la simulación de prestación de servicios y compras por parte de proveedores relacionados, con el fin de obtener deducciones fiscales que no le correspondían, en perjuicio de la Administración Tributaria”, detalla el boletín oficial.

Además de la intervención, el Juzgado ordenó el arraigo del representante legal de la entidad y el embargo precautorio de 12 vehículos.

Prensa Libre buscó ayer la postura de la firma intervenida por la SAT.

Se informó que el gerente de operaciones de la Empresa de Seguridad Particular Elite, Sociedad Anónima, Julio César Yanez, se encontraba en una reunión, atendiendo asuntos de la compañía, y que ofrecerían una opinión más adelante.

Las solicitudes de intervención son procesos regulados en la Ley, que buscan garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria. La SAT toma el control financiero de la empresa intervenida, pero esta continúa operando
con normalidad.

La Empresa de Seguridad Particular Elite, Sociedad Anónima fue intervenida ayer por orden de un juzgado.

Es la segunda firma del sector de servicios de seguridad intervenida en las últimas dos semanas.

Se supo que el monto defraudado por la empresa intervenida es de Q4.7 millones, de los cuales Q1.4 millones corresponden al impuesto al valor agregado (IVA) y Q3.3 millones al impuesto sobre la renta (ISR).

Debido proceso

El superintendente Abel Cruz Calderón explicó a Prensa Libre que este caso tuvo el debido proceso y en enero último se presentó la denuncia con los argumentos de defraudación de los impuestos respectivos.

“El juez giró las órdenes de intervenir la empresa, el arraigo al representante legal y embargo de los vehículos, en lo que se termina de dilucidar la misma. Esto para garantizar que el fisco recupere el monto de lo defraudado”, señaló el superintendente.

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Explicó que una de las dudas encontradas apunta a la supuesta falsedad material de facturas, que, se presume, sobredimensionaron costos que no correspondían y al momento de las auditorías no lograron comprobar.

“Lamentablemente las empresas siguen utilizando las facturas falsas para hacer simulaciones en el ISR e IVA”, comentó.

El 6 de abril un juzgado ordenó la intervención de la empresa Protección Total, S. A., por posible defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.

Según Cruz Calderón, es coincidencia que las órdenes de intervención giradas en las últimas dos semanas sean dirigidas a empresas de seguridad.

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SAT interviene empresa de seguridad por posible defraudación tributaria

Fri, 06 Apr 2018 17:59:13 +0000

La empresa Protección Total S.A. fue intervenida por un juzgado a solicitud de la intendencia jurídica de la SAT, por la razón que en la auditoría practicada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 de su ejercicio fiscal presentó documentos para obtener el beneficio simulación de prestación de servicios por parte de los proveedores relacionados.

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Buscaban con esos documentos hacer la deducción fiscal, pero en la auditoría de la SAT no les corresponden esas deducciones, el objetivo era pagar menos impuestos de los que corresponden, en perjuicio de la Administración Tributaria.

El juez autorizó el 19 de enero la intervención que también incluye un embargo precautorio de cuentas bancarias a nombre de la empresa y arraigo a los representantes legales.

Las acciones legales interpuestas son por posible defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.

La denuncia fue presentada en abril de 2017, luego de una auditoría por verificación de disminución del rubro capital, en la que se revisó el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, de los impuestos al Valor Agregado y sobre la renta.

La medida fue decretada por el Juzgado de primera instancia penal en materia tributaria y aduanera de municipio y departamento de Guatemala, luego de agotados todos los procesos administrativos.

Las acciones legales incluyen ejecución de embargo con carácter de intervención, embargo precautorio de cuentas bancarias y arraigo para los representantes legales.

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Niegan simulación

Miguel Ángel Sánchez, gerente general de la empresa Protección Total, S.A., dijo a Prensa Libre que el informe de la auditoría señaló varias presunciones “y no hubo confirmación de mucha información que ellos (auditores) chequearon en relación con los servicios que Protección Total S.A., contrataba en ese entonces de otras compañías proveedoras de servicios”.

“Nos sorprende la intervención por la vía penal, cuando el proceso podría dilucidar por la vía administrativa y nunca se había tenido ningún problema con el administrador tributario. Estamos muy tranquilos porque no hemos incumplido con ninguno de los deberes fiscales y estamos al día con el pago de impuestos y responsabilidades patronales”, subrayó el ejecutivo.

“En el 2015, 2016, 2017 y hasta la fecha seguimos trabajando con los proveedores y desconocemos por donde la SAT fundamenta la intervención”, agregó.

Sánchez indicó que el próximo lunes se desembargará las cuentas bancarias por el impacto que representa, y que solo continuará la intervención a la empresa.

Cinco empresas

Según la intendencia jurídica, sería la quinta empresa intervenida en este período fiscal ordenada por los juzgados al presentar inconsistencias fiscales, que ameritan esas acciones.

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Prisión y millonarias cauciones por caso DCI

Wed, 17 Jan 2018 15:48:24 +0000

El Juzgado Octavo de Instancia Penal ligó a proceso penal a cuatro personas entre ellas dos gerentes de la Desarrolladora Internacional DCI S.A. por la defraudación tributaria, casos especiales de defraudación tributaria y lavado de dinero.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) llamó el caso como la defraudación tributaria más grande de la historia, pues aseguró que defraudaron al fisco por unos Q1 mil millones durante un período de 10 años.

Entre los indicios que valoró el juzgado se encuentra documentos contables encontrados en los allanamientos que se realizaron el año pasado, cuando fueron efectuadas algunas capturas.

En conferencia de prensa el ente fiscalizador explicó que DCI, S.A., es parte de la cadena de Operadora de Tiendas S.A., y que las unidades de División Cárnica de DCI tenían como gerente a Jorge Alberto Cabezas Goubaud y Abasto Cárnico tenía a Atilano de la Cruz Barillas.

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Ambas firmas, según el MP, tenían políticas internas de contratación de proveedores y la certificación para determinar quién entraba en el negocio de abastecimiento.

Sin embargo, ambos ejecutivos evadieron los lineamientos y contrataron a proveedores informales a través de la estructura liderada por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.

“La gerencia evadió el reglamento de contratación de proveedores y utilizó una estructura dedicada a la defraudación para documentar con facturas de empresas de fachada o cartón las compras realizadas a ganaderos del sector informal”, explicó.

Agregó que al evadirse los controles internos fueron asignados dos códigos de proveedor a las sociedades de fachada, creadas por la red dedicada a la defraudación. “El fin de la evasión era recibir una retribución económica o coima” por parte de estos dos personeros, detalló el MP.

Esos indicios fueron tomados encuneta por el juez para ligar a proceso por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación a Cabezas Goubau y de la Cruz.

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De la Cruz Barrillas fue beneficiado con medida sustitutiva y deberá pagar una fianza de Q1 millón para gozar de ese beneficio. Mientras Cabezas Goubau fue enviado a prisión preventiva juntó a Estrada Cabrera y Mayra Lissette Letona Marroquín, por su participación en la comisión de los delitos relacionados, por los mismos delitos.

“Adicional fue ligada a proceso penal por lavado de dinero Mayra Lissette Letona Marroquín”, confirmó el MP.

La audiencia de fase intermedia (fase donde el MP solicita enviar a juicio a los señalados) para el 30 abril próximo.

Hace unas semanas el Juzgado Cuarto de Instancia Penal ligó también a proceso a tres personas, de ellos solo Carlos Estuardo Estrada fue enviado a prisión preventiva.

La audiencia de fase intermedia quedo programada para el 18 de marzo próximo.

Condenan a pastor evangélico en Xela por defraudación de Q771 mil

Tue, 04 Jul 2017 16:55:19 +0000

De acuerdo con la investigación, Sales Curiel, de 41 años, pastor de la iglesia Bethania, defraudó al fisco al no pagar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el referido monto, principalmente por Impuesto Sobre la Renta (ISR) derivado de la venta de viviendas de la inmobiliaria que el representaba, del 2008 al 2011.

Su socio, Efraín Rodrigo Avelar Díaz, hijo del apóstol Efraín Avelar, se encuentra prófugo por el mismo caso y con orden de captura.

Sales y Avelar eran representantes legales y gerentes del Grupo Inmobiliario de Occidente, Sociedad Anónima, (GIO), que a su vez era dueño del proyecto habitacional nombrado Valle de Las Rosas, que se encuentra en la zona 11 de Quetzaltenango.

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Durnate el proceso, el MP señaló a la firma por la compraventa de lotes a un precio de Q50 mil, depósitos realizados a cuentas bancarias de la sociedad anónima, la cual entregó facturas por el precio de Q1 mil a los compradores y los inscribió por la misma cantidad en el Registro de la Propiedad.

En otros casos la inmobiliaria ofrecía la construcción de la casa para lo cual las personas depositaban el dinero; sin embargo, no entregaba facturas, con lo cual lograron ocultar los verdaderos ingresos.

El juez de León determinó en su resolución que las pruebas presentadas por el MP comprobaron la culpabilidad del sindicado, por lo cual le impuso una pena de un año de prisión inconmutable por defraudación tributaria, y otro año más, también inconmutable, por estafa mediante informaciones contables.

Aparte, por el delito de casos especiales de defraudación tributaria le impuso al líder religioso un año de prisión conmutable, por el cual tendrá que pagar Q25 diarios para evitar ir a prisión.

También se le impuso una multa equivalente a lo defraudado y Q5 mil más, cantidad que de no ser cancelada puede convertirse en prisión.

SAT interviene Empresa Aroma, S.A. y le embarga bienes por adeudo de Q10.8 millones

Mon, 10 Apr 2017 18:31:40 +0000

El monto defraudado fue de Q3 millones 382 mil 165.14 los cuales sumando las multas e intereses a la fecha llegan a Q10 millones 881 mil 889.92, según datos del Ministerio Público (MP).

Una auditoría realizada por la SAT en el 2007 estableció que la compañía presentó documentos sobre compras efectuadas a empresas proveedoras cuyo representante legal era Norman Fernando Tejeda Velásquez, indicó la administración tributaria mientras que el MP añadió que Las inconsistencias detectadas fueron con tres proveedores de la firma entre los cuales figura como representante legal el señor Tejeda Velásquez añadió el MP.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que además el juzgado decretó como medidas precautorias como el embargo de dos bienes inmuebles, ocho vehículos automotores, arraigo de la representante legal de dicha empresa y embargo de las cuentas bancarias.

La representante de la empresa es Stephania Barquin Galván, añadió el MP en su cuenta de Twitter..

En un boletín emitido este lunes ese ente informó que la intendencia de Asuntos Jurídicos solicitó al juzgado, en marzo de 2017, la reapertura de la investigación.

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La medida se debe a que encontraron nuevas circunstancias que ameritaban continuar con la investigación; ya que dicho proceso penal había sido desestimado en noviembre de 2012, se agregó.

La SAT explicó en su comuniación que la empresa registró en la Declaración Jurada Anual y Recibo de Pago de Impuesto Sobre la Renta del 2007 dichos comprobantes como consumo de materia prima. Tejeda indicó posteriormente que realmente no existió la venta de insumos y que por emitir facturas falsas recibió una comisión.

Durante la auditoría la SAT estableció que la transacción correspondía a la venta de facturas, por lo que nunca ingresó esa mercadería a las bodegas de Aroma, S.A.

Según datos en diversas páginas de internet, la empresa se dedica a proveer fragancias para la industria jabonera y cosmetiquera en general y se ubica en la zona 12 capitalina.

Aceros de Guatemala pagará Q300 mil por defraudar al fisco

Fri, 07 Apr 2017 18:57:42 +0000

Los Q300 mil son la sanción por haber evadido el pago de impuestos por Q266 millones, por medio de facturas y documentos con irregularidades.

Las investigaciones partieron de seis denuncias presentadas al Ministerio Público por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Tres de las quejas fueron por facturas emitidas por Norman Fernando Tejeda Velásquez, y las otras denuncias por Formularios Aduaneros Únicos Centro Americano, (Faucas), las cuales presentaban inconsistencias.

La sanción emitida el jueves indica que Aceros de Guatemala debe pagar Q300 mil, que dividirá en tres partes iguales para instituciones de ayuda social.

Los aportes

Escuela Número 2, República de Costa Rica – Q100 mil.
Biblioteca de Purulhá, Baja Verapaz –Q100 mil.
Hogar de ancianos Cabecitas de Algodón –Q100 mil.

La sanción también incluye que las autoridades de esa empresa deben recibir cursos en materia tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes.

El caso

En el primer de los hechos denunciados la SAT estableció que Pedro José Raúl Paiz Valdez, en su calidad de representante legal de la entidad Aceros de Guatemala, registró en la contabilidad facturas provenientes de las empresas propiedad de Tejeda Velásquez.

Este último fue condenado por el delito de defraudación tributaria, porque sus empresas fueron creadas para facilitar documentación que fue utilizada para evadir el pago de impuestos por de Q13 millones 641 mil.

El segundo caso es porque establecieron que Paiz Valdez incorporó facturas de proveedores inexistentes, fallecidos, y en las declaraciones de quienes fueron interrogados por los Fiscales afirmaron “no haber tenido relaciones comerciales con Aceros de Guatemala.

Ante eso la SAT determinó que hubo un menoscabo fiscal para los ingresos del Estado por Q255 millones 598 mil 624.93.

El tercer hecho fue que Paiz Valdez registró en la contabilidad de importaciones a Guatemala usando Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos (Faucas).

Las inconsistencias en ese caso fueron que hubo supuestos pagos de impuestos en el sistema bancario, otros duplicados identificados por medio del sistema de cruce de información con las aduanas.

La suma que no fue pagada al Estado fue de Q11 millones 310 mil 865.62.

Deorsa y Deocsa se habrían beneficiado

Thu, 16 Feb 2017 08:00:00 +0000

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció la defraudación por la que Deorsa y Deocsa han pagado Q323.4 millones —Q130 millones en impuestos y Q193.4 millones en multas e intereses—.

“La operación les permitió absorber el crédito mercantil y favorecerlos con amortizaciones para no pagar impuestos”, indicó Adrián Zapata, el intendente jurídico de la SAT.

La defraudación

Ascoed, S.A., y Asroed, S.A., son “sociedades de cartón”, según el Ministerio Público (MP), fundadas con un capital de Q5 mil, que habrían servido para operaciones de más de Q1 mil millones y fueron constituidas por los abogados Álvaro Castellanos Howell y Lourdes Eugenia Leal Orellana.

Según el expediente, el 19 de mayo del 2011, Unión Fenosa, con sede en España y dueña de las acciones de Deocsa y Deorsa, endosó sus títulos a Deocsa BV, con asiento en Holanda, y esta los vendió a Ascoed, S.A., por Q1 mil 549 millones 172 mil 82.17. El valor nominal de las acciones era de Q56 millones siete mil 282.68, por lo que se considera que hubo un exceso de pago de Q1 mil 493 millones 164 mil 699.49, denominado crédito mercantil —valor adicional al consignado en libros—.

Ese mismo día, Unión Fenosa hizo una operación similar para endosar a Deorsa BV acciones por Q953 mil 926 millones 808.51. El valor nominal de esas acciones era de Q101 mil 332 millones 596.50, por lo que el exceso de pago fue de Q852 mil 594 millones 12 mil con un centavo, según las pesquisas.

Para financiar la compra de acciones, Unión Fenosa, Deocsa BV y Deorsa BV aportaron capital a Ascoed, S.A., y a Asroed, S.A., que se sumó a un préstamo bancario. Los fondos fueron retirados el mismo día de las cuentas de las empresas recién creadas, según la fiscal Azucena Solares.

Cinco meses después, Ascoed, S.A., formalizó su fusión con Deocsa, y Asroed, S.A., con Deorsa. El 3 de noviembre del 2011 las fusiones se inscribieron en el Registro Mercantil y se disolvieron Ascoed, S.A., y Asroed, S.A.

Figura polémica

A pesar de las sospechas de la SAT, Castellanos Howell sostiene que la figura de Leveraged Buy Out (LBO, en inglés) es común en operaciones mercantiles y se trata de una compra de apalancamiento de activos, método para adquirir una empresa en la que se usa como financiamiento el valor de los activos de la misma compañía. Explicó que los ejecutivos o directivos de la firma se hacen cargo de la compra de las participaciones.

“Fueron sociedades que se constituyeron temporalmente para hacer este LBO. Nunca me hubiera prestado a algo así para defraudar”, afirmó.

Mynor Amézquita, vocero de Energuate, propietaria actual de Deorsa y Deocsa, señaló: “Son montos —adeudos— que nos han requerido y hemos pagado bajo protesto. Es un proceso todavía en discusión”.

Reforma legal

Hacer uso de una figura que en otros países es legal, pero que en Guatemala es poco conocida, puede exponer al abogado a ser objeto de denuncias, según el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Marco Sagastume.

“El abogado está sometido al Código de Ética Profesional, que determina que no puede participar en actos ilícitos. Sin embargo, este código tiene vacíos legales que requieren cambiarlo para incorporar el tema de la corrupción o evitar ser perseguido por el ejercicio de la profesión”, refirió.

Condenan a representante de Farmacias de la Comunidad

Wed, 08 Feb 2017 17:00:17 +0000

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público logró probar que Héctor Arnoldo Escobedo Salazar, registró facturas falsas para evadir impuestos.

La sentencia fue por el delito de encubrimiento impropio, derivado que registró ante la Superintendencia de Administración Tributaria, cuatro facturas inexistentes que sumaron Q5.8 millones.

La Fiscalía indicó que Escobedo, como representante legal de las Farmacias de la Comunidad, defraudó al fisco por la cantidad de Q5 millones 865 mil 252.97, monto que incluye multa e intereses resarcitorios.

En la audiencia realizada en mayo de 2016, el sindicado pagó una multa de Q5 mil, tras ser procesado por el delito de encubrimiento propio.

En mayo del 2016 el Tribunal ordenó la intervención de Farmacias de la Comunidad. La Fiscalía detalló en ese momento que la intervención de la cadena de farmacias se decidió luego de una sentencia emitida por el Tribunal, para garantizar el pago de lo defraudado.

La fiscalía también explicó que fue un largo litigio en el cual fueron presentados seis amparos que buscaban obstaculizar la acción penal.

El proceso

El 18 de febrero de 2015 comenzó el juicio contra el representante legal de farmacias de la Comunidad, Héctor Escobedo Salazar.

El proceso legal empezó porque, según las investigaciones, de julio de 1999 a 2000 se presume que defraudó al fisco por Q5 millones 867 mil.

La defraudación la habría realizado mediante dos empresas inexistentes con las que se subcontrataba y emitía facturas falsas.

Durante el comienzo del juicio se informó que, de 2000 a 2015, los intereses que generó la cantidad defraudada superaban los Q24 millones.

Ligan a proceso a representante de Distelsa por defraudación

Thu, 22 Dec 2016 22:18:21 +0000

El Ministerio Público (MP) comenzó la investigación basada en una denuncia que llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos, y fue interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La queja de la SAT indica que, de enero a diciembre de 2012 y 2013, la entidad Distribuidora Electrónica S.A. (Distelsa) recibió facturas que fueron impresas en doble talonario.

“La SAT estimó el monto defraudado inicialmente por Q33 mil, pero en el transcurso de la investigación determinó que ascendió a Q819 mil 767.84, lo que incluye intereses y multa”, refirió la información del MP.

El Juzgado Undécimo valorÓ las pruebas del MP y ligó a proceso a Eduardo Beneke, representante legal, y a Ervin Pérez Méndez.

Beneke recibió una medida sustitutiva de Q100 mil, mientras que Pérez Méndez debe pagar Q25 mil.

El MP afirma que Pérez Méndez fue quien vendió facturas a Beneke con la intención de defraudar al fisco.

Cumplen obligaciones

Por medio de un comunicado de prensa, Distelsa aclaró que el incumplimiento de las obligaciones tributarias fue por parte de los proveedores pues la empresa cumple con el pago de impuestos.

“El día 21 de diciembre la empresa fue ligada a proceso judicial solicitado por el Ministerio Público, el cual se basa en un caso que dio inicio hace más de dos años en el que se encuentran involucrados cinco proveedores de servicios que aparentemente incumplieron con sus obligaciones fiscales en los años 2012 y 2013. Estas acciones no eran de nuestro conocimiento y son completamente ajenas a nuestro actuar. Cuando el MP nos solicitó colaborar con la investigación de este caso, siempre lo hicimos libre y voluntariamente, proporcionando toda la información disponible”, indicó la empresa.

Distelsa añadió que: “Sorprende la solicitud del MP de ligarnos a proceso judicial, sobre todo porque los mismos cinco implicados han declarado ante la misma fiscalía que Distribuidora Electrónica, S.A., no tenía responsabilidad alguna. Asimismo, ellos han aportado pruebas y documentación sobre otras personas implicadas en este caso, a fin que la fiscalía pueda hacer valer la ley”.

“Desde el mes de junio del 2014, inmediatamente al tener conocimiento del caso en cuestión, Distribuidora Electrónica, S.A. de buena fe procedió voluntariamente y sin requerimiento de la SAT, ni de ninguna otra autoridad, a rectificar sus declaraciones de impuestos de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 de acuerdo a lo permitido por ley, utilizando los medios que la SAT establece para el efecto. Con esta rectificación se pagó un impuesto, a pesar que técnicamente no le correspondía a la empresa, con el fin de evitar cualquier discrepancia a futuro. Al día de hoy no existe ningún cuestionamiento sobre las declaraciones fiscales ni ha sido notificada la empresa de ningún ajuste u omisión por parte de la SAT”, manifestó.

Procesarán a William Garth Campbell por defraudación tributaria

Wed, 14 Dec 2016 02:31:06 +0000

El Ministerio Público (MP) informó en Twitter que William Garth Campbell fue detenido este martes y presentado ante juez, que le fijó una fianza de Q20 mil.

De acuerdo con la pesquisa, el sindicado simuló transacciones comerciales con cuatro proveedores para defraudar al fisco por más de Q1 millón, que con multas e intereses se convirtió en Q8 millones.

MP presenta acusación contra exmagistrado Frank Trujillo

Sat, 03 Sep 2016 03:24:10 +0000

La Fiscalía de Delitos Económicos, del Ministerio Público (MP), entregó este viernes en el Juzgado de Mayor Riesgo B la acusación en contra del exmagistrado Frank Trujillo, quien fue abogado de la empresa Aceros de Guatemala, vinculado a un proceso por posible corrupción.

El MP acusa a Trujillo por supuestamente haber usado sus influencias para facilitar resoluciones fraudulentas que beneficiaran a la empresa. El fisco recibió un pago de Q782.9 millones de Aceros de Guatemala.

El abogado afronta cargos por cohecho activo, asociación ilícita y colusión, explicó el fiscal Andréi González.

David Pineda, defensor de Trujillo, presentó un memorial en el que expuso que el juez Miguel Ángel Gálvez no tiene competencia para conocer el caso.

Colusión, cohecho activo y asociación ilícita los delitos por los que MP acusa a abogado de Aceros @prensa_libre pic.twitter.com/WBgrwLwczc

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) September 2, 2016

Pruebas

La Fiscalía busca determinar la supuesta responsabilidad de Trujillo con escuchas telefónicas, mensajes de texto y declaraciones testimoniales.

Derivado de la pesquisa, el órgano investigador solicitó desarrollar seguimiento a varios sospechosos del caso por medio de escuchas telefónicas.

Las grabaciones de las conversaciones han sido presentadas por el MP en diversas audiencias del caso.

Suspenden persecución penal por defraudación del Camino Real

Thu, 01 Sep 2016 00:10:56 +0000

A 52 días de ser capturados Monteros Castillo y el gerente del Camino Real, Óscar Humberto Jiménez Contreras, aceptaron ser culpables ante el Juzgado Noveno de Instancia Penal.

Carlos Enrique Monteros Castillo, presidente del Hotel Camino Real, fue capturado el último 10 de julio por defraudación tributaria por Q21 millones.

Ante ello el Ministerio Público (MP) pidió suspender la persecución penal contra los señalados por dos años y recordó al Juez que ellos ya pagaron la deuda defraudada a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Luego de la petición, la jueza Novena de Instancia Penal, Silvia Morales, resuelvió suspender las acusaciones penales por dos años en favor del dueño y gerente del hotel, a diferencia de otros casos tributarios.

La judicatura también ordenó que los implicados donen Q100 mil en víveres al Hospital General San Juan de Dios y la misma cantidad al Roosevelt.

Los delitos que por los que la Fiscalía de Delitos Económicos señaló a Jiménez y Monteros son caso especial de defraudación tributaria y defraudación tributaria por un monto de Q21 millones.

Juzgado suspende por dos años la persecución penal en favor del dueño y gerente del Hotel Camino Real. @prensa_libre pic.twitter.com/P6ccuwD2Um

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 31, 2016

Antecedente

Monteros Castillo, presidente y representante legal de la corporación Camino Real, fue capturado el último 10 de julio cuando retornaba de un viaje a Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El empresario, quien había sido trasladado a la carceleta de la Torre de Tribunales, ese día, por quebrantos de salud, fue ingresado a un hospital privado de la zona 10 capitalina.

Jiménez Contreras, gerente administrativo de la referida firma hotelera fue capturado en la colonia La Florida, zona 19.

Bellamar paga Q370 millones de deuda a SAT

Wed, 27 Jul 2016 02:08:32 +0000

Con ese cobro, los recursos captados por vía judicial en los últimos 90 días por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) superan ya los Q1 mil 400 millones.
La SAT informó que “se recibió el pago correspondiente a la totalidad del monto que motivó la denuncia promovida”.
Con el pago, se liberó el embargo precautorio a 108 vehículos y las cuentas de la compañía. Ese proceso se conocía desde el 2011.
El dinero ingresó en la cuenta del fondo común del Estado que administra el Banco de Guatemala, por lo que el Ministerio de Finanzas ya dispone de esos recursos para destinarlos al presupuesto estatal.

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El pago que recibió el organismo recaudador incluye el monto defraudado, con multa de cien por cien e intereses del 13 por ciento. El monto del adeudo era de Q140 millones.
El Juzgado Tercero de Instancia Penal ordenó la intervención de la agropecuaria el miércoles 19 de julio pasado.
Mañana la SAT procederá a la desintervención, se retiran al auditor y dos notarios que nombró como controladores para garantizar el pago de los impuestos evadidos por la empresa, que se dedica a la producción y exportación de banano en la Costa Sur.

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La firma, que opera en Tiquisate, Escuintla, pertenece al grupo empresarial Hame, propiedad de Hugo Alberto Molina Espinoza, que tiene sede en la zona 9 capitalina.

SAT concluirá medida de intervención a entidad Agropecuaria Bellamar Tiquisate S.A. tras recibir pago de adeudo pic.twitter.com/fKq6MjtSyi

— SATGT (@SATGT) July 27, 2016

Hotel Camino Real paga Q45 millones a la SAT

Wed, 13 Jul 2016 02:29:48 +0000

La corporación es la sexta empresa —en menos de 60 días— que regulariza su situación fiscal ante la SAT al pagar un adeudo tributario de Q45 millones, después de haber modificado registros contables y sustituir facturas de ocho empresas de cartón para evadir impuestos.

El pago fue registrado esta noche a las 18:36 horas a la cuenta del fondo común del Banco de Guatemala, lo que significa que el Ministerio de Finanzas Públicas ya puede utilizar los fondos para destinarlo al gasto público.

El adeudo incluye:

Pago del ISR evadido, Q15 millones, más el cien por ciento de la multa, que asciende a Q15 millones
Intereses por Q13 millones que se calcula por la tasa de interés activa ponderada de los años en que se dejó de pagar (2007 al 2010).

Ayer lunes, en conferencia de prensa, el Ministerio Público informó que el monto defraudado era de Q44 millones 800 mil 194.86, que incluye montos no pagados por ISR, multas e intereses.

El Juzgado Noveno de Instancia Penal ordenó la captura de los ejecutivos Carlos Enrique Monteros Castillo, presidente y representante legal de la firma, y Óscar Humberto Jiménez Contreras, gerente administrativo, y posteriormente ordenó la intervención.

Con el pago efectivo la SAT levantará mañana miércoles el proceso de intervención. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el proceso legal contra Monteros y Jiménez continúa.

Antecedentes

6 de mayo la empresa Aceros de Guatemala canceló Q752 millones.
24 de mayo la empresa AG Maya S.A pagó Q27 millones.
26 de mayo la cadena de Farmacias Galeno liquidó Q34 millones.
17 de mayo se mantiene bajo intervención la cadena de farmacias la Comunidad
29 de junio la exportadora de café Bero de Guatemala, S. A.,Se mantiene intervenida por un monto de Q14 millones.

Hotel utilizó empresas de cartón para evadir Q21 millones

Tue, 12 Jul 2016 00:09:24 +0000

El Ministerio Público (MP) en conferencia de prensa reveló cómo operó el hotel para defraudar al Estado por Q21 millones.

En el 2012, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció en el MP a los administradores del hotel porque encontró anomalías durante las auditorías efectuadas entre el 2007 al 2010; se detectó que utilzaron facturas de empresas representadas por Norman Fernando Tejeda Velásquez, supuesto empresario dueño de unas 70 empresas de cartón.

Tejeda Velásquez vendió las facturas a cambio de un porcentaje para simular compras y evadir impuestos y así defraudar al Estado. Las compras efectuadas por Camino Real ascendieron a Q49 millones 725 mil 494.38 y el monto defraudado a Q21 millones 381 mil 962.60.

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El supuesto empresario fue condenado el 18 de agosto del 2013 a 6 años de prisión y multa de Q90.5 millones, por el delito de defraudación tributaria por haber facilitado facturas a empresas que simulaban compras con este proveedor.

Posterior a ello, el Hotel Camino Real modificó sus registros contables, por lo que retiró las facturas de Tejeda Velásquez, hizo una rectificación administrativa -la rectificación es por una equivocación, no es para rehacer las contabilidades- y en su lugar utilizó facturas de ocho proveedores, los cuales al momento de realizar el cruce de información tienen varias inconsistencias:

No tenían declaraciones en SAT durante los años que Camino Real utilizó facturas para simular compras.
Las empresas no reconocieron transacciones comerciales con Hotel Camino Real lo cual da la posibilidad que las facturas utilizadas sean falsas.
Las direcciones registradas son lugares baldíos o casas que no tienen la infraestructura para operar como empresas.

Sociedades fantasma

Acabados Perfectos, S. A., reportó su última declaración de impuestos en el 2006, pero el hotel registra facturas del 2007 al 2010.
Demercado, S. A., usó
facturas años después de que presentara la última declaración. Facturó Q13.6 millones.
Paracomercio, S. A., facturó al Camino Real por Q2.1 millones.
Matterhorn, S. A. La última declaración de impuestos presentada fue en mayo del 2010, pero no se incluyen las facturas operadas por el hotel del 2007 al 2010. Lo facturado suma Q17.6 millones.
Comercial Formosa emitió 169 facturas, que ascienden a Q7.5 millones.
Alfaro Solutions extendió 174 facturas por Q6.4 millones.
Finca San Diego Buena Vista proporcionó 49 facturas por Q2.7 millones.
Materiales y Productos Diversos, S. A., emitió 169 facturas por Q675 mil.

Intervienen hotel

Por este caso, el representante legal de la corporación Camino Real, Carlos Enrique Monteros Castillo fue detenido cuando retornaba de un viaje también fue apresado el gerente administrativo, Óscar Humberto Jiménez Contreras, son señalados por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria.

Este lunes, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), anunció que interviene el Hotel Camino Real en atención a una orden del Juzgado Noveno de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Según la SAT, esto se hace como medida para recuperar el pago de impuestos que fueron defraudados al fisco de parte de esa empresa.

MP y SAT llevan a cabo la intervención y el secuestro de documentos en el Hotel Camino Real, z. 10. Vía @Bvasquez_pl pic.twitter.com/wDjeuh08VD

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 11, 2016

En conferencia de prensa, el MP informó que el monto defraudado es de Q44 millones, 800 mil, 194.86, que incluye montos no pagado para Impuesto Sobre la Renta, multas e intereses.

Fiscales de la sección de Delitos Económicos del MP se hicieron presentes al hotel, ubicado en la 14 calle 0-20 de la zona 10, donde buscan elementos que ayuden con la investigación en este caso.

Las diligencias también se efectuaron en una bodega, ubicada en la zona 13, donde se estableció que se guardan documentos contables de esa empresa.

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El empresario fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando retornaba de un viaje a Estados Unidos, y fue ingresado a un hospital privado el domingo, durante la madrugada, debido a quebrantos de salud.

Se informó que está pendiente de capturar a una tercera persona por el mismo caso.

La SAT interpuso una denuncia por defraudación contra Monteros Castillo y dos personas más en la Fiscalía de Delitos Económicos del MP. Se informó que esta corresponde a los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tribunal ordena intervenir farmacias de La Comunidad

Tue, 17 May 2016 22:49:55 +0000

La fiscalía de delitos económicos dio a conocer que el monto defraudado por farmacias de La Comunidad equivale a Q5.8 millones más multa del cien por ciento de los intereses resarcitorios. En total el monto a pagar al fisco asciende a unos Q25 millones.

El MP detalló que la intervención de la cadena de farmacias se decidió luego de una sentencia emtida por el Tribunal, para garantizar el pago de lo defraudado.

La fiscalía explicó que fue un largo litigio en el cual fueron presentados seis amparos que buscaban obstaculizar la acción penal.

Según el MP entre los medios de prueba se logró determinar que había proveedores y direcciones inexistentes.

Empieza juicio

El 18 de febrero de 2015 comenzó el juicio contra el representante legal de farmacias de la Comunidad, Héctor Escobedo Salazar.

El proceso legal empezó porque, según las investigaciones, de julio de 1999 a 2000 se presume que defraudó al fisco por Q5 millones 867 mil.

La defraudación la habría realizado mediante dos empresas inexistentes con las que se subcontrataba y emitía facturas falsas.

Durante el comienzo del juicio se informó que, de 2000 a 2015, los intereses que generó la cantidad defraudada superaban los Q24 millones.

Sentencia

El monto original de lo defraudado fue de Q5 millones 865 mil 292.97, pero la suma se elevó al agregar las multas y los intereses resarcitorios.

En este caso fue acusado Héctor Arnoldo Escobedo Salazar, representante legal de Farmacias de la Comunidad, por los delitos de defraudación tributaria, según consta en el expediente judicial.

Los delitos

El Tribunal cambió la calificación del delito porque consideró que las acciones emprendidas por Escobedo, “quien firmó declaraciones de impuestos soportadas con facturas con inconsistencias”, encuadran en el delito de encubrimiento propio, y lo condenó a un pago de Q5 mil.

La sentencia será apelada, aseguró el fiscal Andrei González, quien dirigió la investigación.

Proveedores y direcciones inexistentes, además de otro abastecedor que no reconoció transacciones comerciales con la cadena, y auditorías forenses fueron parte de las pesquisas.

La judicatura ordenó la investigación contra el actual representante legal y socio mayoritario de la cadena, Rodolfo Luna del Pinal.

Este empresario ha sido identificado como amigo cercano del expresidente Otto Pérez Molina, quien está actualmente en prisión.

Clausuran cinco días el estadio del Saprissa por pago tardío a Hacienda

Thu, 01 Oct 2015 20:31:28 +0000

La Dirección de Tributación, que forma parte del Ministerio de Hacienda, informó a los medios de comunicación que la ley obliga al cierre del local comercial por cinco días naturales en este tipo de causas.

El directivo del Saprissa, Galeano Luconni, dijo a periodistas que se trata de una acción “desproporcionada” de las autoridades tributarias porque el club pagó la deuda que se remonta al periodo 2006-2010, cuando este estaba en manos del mexicano Jorge Vergara.

Luconni afirmó que en la actualidad el Saprissa no mantiene deudas con el fisco.

El Estadio Ricardo Saprissa no se podrá reabrir hasta el próximo martes, por lo que no se sabe dónde se jugará el partido del próximo domingo frente a Belén por la décimo segunda jornada del Torneo de Invierno del futbol costarricense.

Lo más probable es que el compromiso se traslade al Estadio Nacional, en San José. que es la sede alterna del equipo.

En un comunicacdo publicado en su página web el club agregó que, “El caso ya se encuentra en estudio por parte de los asesores tributarios de la institución para evitar que se afecte su gestión, así como los compromisos correspondientes al Torneo de Invierno”.

Pérez Molina insiste en reorganizar Superintendencia Tributaria

Sat, 18 Apr 2015 22:33:10 +0000

En declaraciones a los periodistas tras un acto en el municipio de Santa Cruz el Chol, Baja Verapaz, Pérez Molina aseguró que este cambio le corresponde al Congreso de la República y al directorio interno de la propia SAT.

“No lo puedo hacer yo”, proclamó.

No obstante, avanzó que su Gobierno tiene ya preparada una propuesta, que presentará próximamente en el Congreso, para que el organismo tributario “se reorganice y se modernice”.

Entre los 21 arrestados esta semana se encuentran el titular de la SAT, Omar Franco, y su predecesor, Carlos Enríquez Muñoz, todos acusados de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros del país.

Asimismo, anunció que la vicepresidenta, Roxana Baldetti, regresará mañana, tras un viaje en Corea del Sur, para dar una conferencia de prensa por la detención de Juan Carlos Monzón, su secretario privado, quien está en busca y captura desde el jueves acusado de pertenecer a esa estructura criminal.

“La vicepresidenta está haciendo un esfuerzo para llegar lo más pronto posible” , manifestó Pérez Molina, aunque no precisó la hora de llagada de Baldetti.