hacinamiento en cárceles

Un mes de la fuga en Fraijanes 2: los 16 pandilleros que siguen prófugos, guardias del SP capturados y el exministro fuera del país

Wed, 12 Nov 2025 21:43:25 +0000

Guatemala

Un mes de la fuga en Fraijanes 2: los 16 pandilleros que siguen prófugos, guardias del SP capturados y el exministro fuera del país

A un mes de la fuga masiva en Fraijanes 2, un total de 16 pandilleros siguen prófugos. El caso dejó 25 guardias capturados, una investigación bajo reserva y al exministro de Gobernación aún con orden de captura.

Sandy Pineda

12 de noviembre de 2025

15:43h

La investigación por la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes 2 se mantiene bajo reserva mientras que el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tiene dos órdenes de captura pendientes. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El 12 de octubre de 2025, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informaron que, tras una requisa en el centro carcelario Fraijanes 2, se descubrió la fuga de 20 reos de alta peligrosidad.

Hasta ahora no se ha establecido el contexto exacto ni las fechas precisas en que ocurrió la evasión. Un mes después, este 12 de noviembre, únicamente cuatro de los fugados han sido recapturados, mientras que 16 permanecen prófugos.

Nueve de ellos son cabecillas del Barrio 18, ya sentenciados por múltiples delitos graves, responsables de imponer una ola de violencia armada en el país.

El hecho más reciente ocurrió el 8 de noviembre, cuando fue capturado un guardia del Sistema Penitenciario por su presunta participación en la fuga. Con esta detención, ya suman 25 guardias aprehendidos.

En tanto, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, está fuera del país y tiene dos órdenes de captura pendientes, según el Ministerio Público (MP).

La fuga evidenció la crisis estructural del sistema penitenciario, dominado por pandillas que continúan extorsionando desde prisión. Durante las requisas se hallaron pruebas de esa actividad, entre ellas un “call center” clandestino.

Además, se descubrió que el SP había perdido el acceso a cámaras de vigilancia en 20 de los 23 centros penitenciarios, debido a fallas técnicas y al vencimiento de un convenio. Por esta razón no existen grabaciones clave que documenten la fuga; dichas fallas no fueron reportadas por el personal encargado del monitoreo.

Con el paso de las semanas, el caso fue declarado bajo reserva. Según las investigaciones, los reos habrían escapado entre el 8 y el 11 de octubre, tras revisar los registros de videoconferencias y visitas que recibieron los internos.

La crisis derivó en la destitución de los principales funcionarios del Ministerio de Gobernación, la emisión de órdenes de captura y la solicitud de apoyo a una fuerza de tarea del FBI de Estados Unidos.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) ha prometido retomar el control del sistema penitenciario.

El nuevo plan incluye la construcción de infraestructura carcelaria y la implementación de un sistema biométrico para la identificación de los reos.

“El hacinamiento no permite el control. Tenemos 23 centros penitenciarios con capacidad para 6 mil 400 reos, pero actualmente albergan a 23 mil 743”, explicó el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Cronología del caso Fraijanes 2

8 al 11 de octubre de 2025
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los reos habrían escapado en este período, tras revisar los registros de videoconferencias de audiencias y visitas.
12 de octubre de 2025
Autoridades del Sistema Penitenciario (SP) informan la fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro carcelario Fraijanes 2.
El entonces director del SP, Ludin Astolfo Godínez, confirmó que los fugados pertenecen al Barrio 18.
13 de octubre de 2025
El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció declaraciones y anunció la destitución de directores y subdirectores de cuatro cárceles.
Ese mismo día fue recapturado el reo conocido como “Black Demon”, quien carece de una pierna.
16 de octubre de 2025
El presidente Bernardo Arévalo calificó la fuga como “una falta grave”.
Confirmó la renuncia de Jiménez y de sus viceministros José Portillo y Claudia Palencia.
Anunció la construcción de una nueva cárcel en Izabal, con un plazo de un año.
17 de octubre de 2025
El sector privado exigió una estrategia integral para recuperar el control del sistema penitenciario.
El MP informó que las cámaras de vigilancia fueron manipuladas y que no existen grabaciones del hecho.
Se emitieron órdenes de captura contra la exviceministra antinarcóticos y tres exfuncionarios del SP.
18 de octubre de 2025
Dos prófugos fueron recapturados en una residencial de Huehuetenango.
Planeaban huir hacia México, según las autoridades.
23 de octubre de 2025
Se confirmó que Francisco Jiménez cruzó la frontera en Valle Nuevo, Jutiapa, tras entregar el cargo.
24 de octubre de 2025
El MP declaró la investigación bajo reserva.
25 de octubre de 2025
Fueron capturados 23 guardias penitenciarios señalados de colaboración para la evasión e incumplimiento de deberes.
Entre el 25 y el 29 de octubre, se emitieron dos órdenes de captura contra Jiménez.
28 de octubre de 2025
Interpol emitió alerta roja para localizar a los fugados, con sospechas de que huyeron a México, Honduras o Nicaragua.
4 de noviembre de 2025
El nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la próxima llegada del grupo Vulcano, una fuerza de tarea del FBI que apoyará en las investigaciones.
8 de noviembre de 2025
Fue capturado un guardia del SP por su presunta implicación en la fuga.
Con él, suman 25 guardias aprehendidos.
12 de noviembre de 2025
Solo cuatro reos han sido recapturados.
16 siguen prófugos, incluidos nueve cabecillas del Barrio 18, responsables de una ola de violencia armada en el país.

Mientras cárcel de Masagua sigue paralizada, PNC pide dinero para nuevas cárceles de máxima seguridad

Sat, 27 Sep 2025 06:09:00 +0000

Comunitario

Mientras cárcel de Masagua sigue paralizada, PNC pide dinero para nuevas cárceles de máxima seguridad

El director de la PNC pidió fondos para cárceles de máxima seguridad; sin embargo, el proyecto de Masagua sigue detenido por problemas legales, técnicos y administrativos, mientras la sobrepoblación carcelaria alcanza el 340%.

Sandy Pineda

27 de septiembre de 2025

00:09h

El director de la PNC, David Custodio Boteo, pidió más fondos para cárceles de máxima seguridad, aunque el proyecto de la cárcel de Masagua permanece detenido. (Foto Prensa Libre: Presidencia / cortesía Mingob)

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, solicitó públicamente al Congreso de la República mayores recursos para la construcción de cárceles de máxima seguridad en Guatemala. Según el funcionario, estas instalaciones son necesarias para controlar y clasificar a los reos más peligrosos del país, un grupo que actualmente supera los 8 mil pandilleros, muchos cumpliendo condenas de hasta mil 400 años.

Pese a esta solicitud, uno de los proyectos más importantes para enfrentar la crisis penitenciaria —la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla— permanece paralizado debido a problemas con el contratista, el terreno y trámites administrativos, según han confirmado diputados.

“Al Congreso de la República le pedimos mayor apoyo y asignación de fondos para el Ministerio de Gobernación, para la creación de cárceles de máxima seguridad, o por lo menos una que albergue a los más de 8 mil pandilleros que tenemos ya registrados”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa del Ejecutivo del viernes 26 de septiembre.

El director destacó la importancia de clasificar a los reos por nivel de peligrosidad y fortalecer las medidas de aislamiento y control tecnológico, con el objetivo de desarticular estructuras criminales.

“Es fundamental aislar a los reos de alta peligrosidad y garantizar que los cabecillas de las pandillas no sigan operando desde los centros penitenciarios. Además, los controles tecnológicos y las visitas deben estar completamente reguladas para evitar que estas estructuras criminales sigan funcionando desde dentro de las cárceles”, añadió.

La encrucijada del proyecto de Masagua

Mientras el proyecto de Masagua sigue detenido, surge la discusión sobre la viabilidad de mantener los fondos asignados. El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, y otro legislador sugieren que, si no se ejecuta el proyecto, lo lógico sería ajustar el presupuesto o redirigir los recursos hacia otras iniciativas de infraestructura penitenciaria.

Según Estrada, en la propuesta de presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob) aún hay más de Q350 millones asignados para el proyecto. Sin embargo, estos fondos no se han ejecutado debido a múltiples obstáculos.

Así se vería la cárcel de máxima seguridad en Masagua, proyecto que continúa paralizado. (Foto Prensa Libre: cortesía)

“La ejecución está detenida por problemas con el contratista, con el terreno y colindancias, por obstáculos técnicos y administrativos. Esto hace prácticamente inevitable levantar una licitación internacional nueva, lo que podría retrasar el inicio al menos hasta el 2027”, explicó.

El jefe de la Comisión de Finanzas cuestionó la utilidad de mantener los fondos asignados a un proyecto que no avanza, y reconoció que se analizará un reajuste.

“Considerando los retrasos, en el tema de fondos adicionales es lo que estamos revisando, porque al final, si no lo van a construir, ¿para qué dejar los fondos? Sino tendrá que hacerse un ajuste presupuestario para reducir o redirigir los recursos hacia otros proyectos, pero no nos han presentado ninguno. […] Ya vimos que desde el Ministerio de Gobernación el tema está verde, tan verde como hace cinco años”, puntualizó.

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Asimismo, el diputado Gustavo Cifuentes Navarro, integrante de la Comisión de Gobernación, coincidió en la preocupación por la falta de planificación y gestión del Mingob.

“Antes de pedir más recursos deberían explicar por qué no han comenzado la construcción de Masagua. Ni siquiera han podido subir el evento a Guatecompras, no cuentan con proyectos alternativos maduros y los vecinos del terreno se oponen a la obra”, señaló.

Cifuentes agregó que no hay alternativas registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Guatemala (SNIPgt) ni otros terrenos identificados, lo que mantiene el proyecto detenido y sin perspectivas claras de ejecución.

El diputado también destacó la gravedad de la situación carcelaria: “Hay cárceles que operan con más del 300% de ocupación. Algunos reos llegan por delitos menores y terminan aprendiendo a delinquir dentro del sistema. Además, hay dispositivos de control telemático que están almacenados y no se utilizan. Esto refleja una falta de capacidad y prioridad por parte del Ministerio de Gobernación”, afirmó.

Ante la falta de avances, Estrada indicó el viernes 26 de septiembre — mismo día de las declaraciones del director de la PNC — se presentó una iniciativa de ley para que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encargue directamente de la construcción de la cárcel de máxima seguridad. “El Ministerio mantiene el proyecto estancado desde hace años, por lo que se busca garantizar que finalmente se ejecute la obra”, concluyó.

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Antecedentes del proyecto

La cárcel de máxima seguridad en Masagua fue gestionada desde el gobierno anterior de Alejandro Giammattei y fue adjudicada a finales del 2023 a la Inmobiliaria Rancho Sierra.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto superior a Q668 millones.

Desde su adjudicación, la obra ha enfrentado diversos obstáculos como costos elevados y rediseño, problemas con el terreno e inconvenientes de trámites administrativos.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el 9 de agosto del 2025, admitió que el proyecto presenta un año de retraso. “Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año”, explicó durante un foro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

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Jiménez indicó que incluso se estudia cambiar la ubicación de la cárcel o rediseñar el proyecto para maximizar los fondos disponibles y adaptarse a la realidad presupuestaria.

Añadió que el inconveniente ya no tiene relación con la comunidad ni con la municipalidad, pues esas diferencias se resolvieron mediante diálogo. La dificultad real es de carácter legal y técnico, derivada de un conflicto histórico en la medición y registro de tierras, lo que actualmente impide la obtención de las licencias correspondientes, por lo que debe resolverse judicialmente.

Según el funcionario, se evaluaba un posible traslado de la ubicación a Petén, como la alternativa más viable, aunque también se había considerado una finca en Zacapa.

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Crisis penitenciaria: un problema persistente

Jiménez afirmó que implementará una estrategia integral para enfrentar los principales desafíos del sistema carcelario, la cual se sostiene en cuatro pilares: ampliación de infraestructura, implementación tecnológica, formación especializada del personal y fortalecimiento del control interno mediante nuevos protocolos para prevenir actos de corrupción entre los guardias.

Antes de que finalice el 2025, según dijo, se espera que estén operando las cárceles de Renovación II y Renovación III, siguiendo el modelo de Renovación I, donde están recluidos reos de alta peligrosidad.

Sin embargo, no se ha precisado su ubicación exacta, capacidad, fecha de funcionamiento ni perfil de los reclusos que podrían albergar. Tampoco se han proporcionado detalles sobre los avances concretos en la ampliación de infraestructura o la implementación de los nuevos protocolos.

Guatemala mantiene una ocupación penitenciaria que alcanza el 342% de sobrepoblación, con 23 mil 382 reclusos para apenas 6 mil 842 espacios disponibles en el sistema general de cárceles, según datos oficiales.

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Costos, terreno y diseño retrasan la construcción de cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla

Thu, 31 Jul 2025 01:30:00 +0000

Guatemala

Costos, terreno y diseño retrasan la construcción de cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla

La construcción de la cárcel en Masagua, Escuintla —gestionada desde el gobierno anterior— enfrenta varios obstáculos y acumula un retraso de un año.

José Manuel Patzán

30 de julio de 2025

19:30h

Diseño de la cárcel que el gobierno promete construir en Masagua, Escuintla.(Foto Prensa Libre: Mingob)

Desde el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se prometió la construcción de una cárcel de máxima seguridad. El proceso fue retomado por esta administración; sin embargo, el ministro de Gobernación afirma que el proyecto se retrasó debido a procesos administrativos y de costos, e incluso se analizan otras opciones de terreno para construirla.

Durante una presentación de índices de violencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en la que se indicó que los niveles de violencia homicida y de extorsiones se mantienen al alza, se abordó el asunto de las prisiones en Guatemala. Se informó que estas continúan hacinadas, lo cual impacta en su control, desde donde se originan llamadas de extorsión.

En ese sentido, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien participó en la presentación, explicó que se busca construir una cárcel de máxima seguridad y que se da seguimiento al proyecto adjudicado a finales del 2023, mediante un préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, desde ese año a la fecha, los costos de construcción han aumentado, por lo que se analiza el tema y el rediseño.

“Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año”, argumentó.

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Podrían buscar otro terreno

Agregó que en el 2023 el terreno destinado para la construcción fue ocupado por pobladores que se oponen al proyecto, y aunque ya fueron desalojados, la oposición persiste por parte de las comunidades. Ya se culminó el estudio de prefactibilidad.

“En este momento se analiza con el banco la importancia de continuar el proyecto en Masagua o buscar otra alternativa”, explicó.

El funcionario precisó que se hacen las gestiones administrativas para finalizar la fase de preinversión.

“Es decir, el proyecto va, pero se analiza con el banco la alternativa que permita maximizar los fondos disponibles, porque el valor asignado al proyecto en el 2023, por temas de inflación, ya no es el mismo. Ha sido un problema administrativo de concepción y diseño del proyecto, lo cual nos ha retrasado considerablemente”, concluyó.

En agosto del 2022 se dio a conocer que la cárcel de máxima seguridad tendría un costo de Q668 millones 088 mil 787.668, que provienen de un préstamo que el Estado de Guatemala adquirió con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La empresa beneficiada con la adjudicación del proyecto es el consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, que lo integran las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación S. A. de C.V., (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc.,

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Situación de las cárceles

Guatemala mantiene una de las tasas más bajas de personas privadas de libertad en Latinoamérica, con 129 reclusos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el país encabeza la región en cuanto a hacinamiento carcelario, con una tasa de ocupación penitenciaria del 342%, según explicó Walter Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Menchú señaló que, pese al paso de más de una década, la capacidad del sistema penitenciario apenas ha variado. En el 2014 se registraban 6 mil 676 espacios disponibles en las cárceles, y al 30 de junio del 2025 la cifra es de apenas 6 mil 842. Esto contrasta con una población penitenciaria que asciende actualmente a 23 mil 382 personas, lo que según Menchú, evidencia un déficit crítico de espacios para resguardar a quienes se encuentran bajo custodia del Estado.

Ante esta situación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que implementará una estrategia integral para abordar los principales desafíos del sistema carcelario. El plan se basa en cuatro pilares: ampliación de infraestructura, implementación tecnológica, formación especializada del personal y fortalecimiento del control interno mediante nuevos protocolos, para evitar que caigan en actos corrupción.

El funcionario concluyó que, hacia finales del 2025, se espera poner en marcha los centros de detención Renovación II y Renovación III, así como reactivar la formación de nuevas promociones de guardias penitenciarios. Además, se implementará un modelo de carrera dentro del sistema, que incluirá procesos de ingreso, formación, evaluación y ascenso del personal.

Mingob justifica atraso para habilitar la cárcel de El Infiernito

Sat, 10 Aug 2024 11:00:00 +0000

Comunitario

Mingob justifica atraso para habilitar la cárcel de El Infiernito

Cárcel fue desocupada para remozarla e instalarle “tecnología” y evitar que reos continuaran comietiendo extorsiones.

José Manuel Patzán

10 de agosto de 2024

05:00h

La madruga del domingo 2 de junio las autoridades desocuparon la cárcel de El Infiernito donde permanecían 225 reos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A más de dos meses que fue desocupado el Centro de Alta Seguridad Canadá, más conocido como El Infiernito en Escuintla, con el argumento de retomar el control de ese penal, los atrasos administrativos y otras situaciones, según el ministerio de Gobernación (Mingob), han impedido que sean reubicados los 225 reos que permanecen distribuidos en distintas cárceles.

La madrugada del 2 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la cárcel en donde encontraron desde una silla para videojuegos, refrigeradoras, aire acondicionado, equipos de sonido, hasta un área donde tenían animales exóticos como mapaches y dos crías de cocodrilos.

En esa fecha, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez prometió que, en 30 días, los reos serían retornados a dicha prisión, después de que se le instalara tecnología para evitar que se cometieran más hechos delictivos, como llamadas de extorsión.

Atrasos

Jiménez afirmó que hay retrasos administrativos y también espera que concluyan los trabajos de remozamiento para poder hacer los traslados.

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De la misma manera, afirmó que necesitan “canalizar” fondos y esperan la donación de una máquina de rayos x-para el control de ingreso de visitas-, la cual prometió una empresa privada, aunque dijo no recordar el nombre.

Según el funcionario, los reos serán retornados a la cárcel de El Infiernito entre la última semana de agosto o incluso a mediados de septiembre.

Durante las requisas que se efectuaron posterior al desalojo, se descubrió que los reos contaban con fibra óptica, la cual les permitía hacer llamadas telefónicas para extorsionar en el exterior, a pesar de que hay bloqueadores de señal instalados en los alrededores de la prisión. Además, tenían su propia celda para castigar a otros reos.

La PNC utilizó scanner de penetración de suelo y máquinas de rayos X para buscar entre paredes, pisos y techos, donde se encontraron dos armas de fuego, municiones, 33 celulares y dinero en efectivo.

Investigación

Por ahora se desconocen los resultados de la investigación que según autoridades del Sistema Penitenciario (SP), emprendieron para determinar quiénes son los responsables de haber autorizado el ingreso de los ilícitos a El Infiernito, puesto que se considera que los aparatos y los animales fueron ingresados por la “puerta principal”, con el aval de encargados del SP que en varios casos son amenazados o corrompidos con el pago de sobornos.

En las denuncias que presentó el SP ante el MP, se señala a 102 guardias penitenciarios que estaban asignados en El Infiernito.

Dentro de los reos que ocupaban dicha cárcel se encuentra Aldo Dupie, alias El Lobo, máximo líder del Barrio 18. Como parte de los cambios, se dio a conocer que los reos también deberían cargar uniforme color verde musgo y de algodón 100 por ciento. Sin embargo, la compra fue anulada al justificar que “realizarán modificaciones en los términos de referencia”, sin precisar algún otro detalle.

Gobernación priorizará la construcción de nuevo reclusorio de máxima seguridad

Mon, 22 Jul 2024 11:00:00 +0000

Justicia

Gobernación priorizará la construcción de nuevo reclusorio de máxima seguridad

El contrato tiene tres fases: diseño, construcción y equipamiento; el costo de la obra supera los Q580 millones.

José Manuel Patzán

22 de julio de 2024

05:00h

Modelo de cárcel que se construirá en Masagua, Escuintla.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La cárcel de máxima seguridad con capacidad para tres mil reos que se gestiona desde el gobierno de Alejandro Giammattei se comenzará a construir en Masagua, Escuintla, en los próximos días, según anunció el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Han transcurrido 19 meses desde que la cartera de Gobernación autorizó un desembolso millonario para efectuar los estudios e iniciar la construcción de dicha cárcel de máxima seguridad.

En septiembre de 2023, el entonces ministro, Napoleón Barrientos, dijo que el proceso se quedó en fase de tramitar licencias y que el gobierno entrante analizaría si continuaba.

Uno de los atrasos, según Barrientos, se debió a la invasión de la finca donde se construiría la cárcel, aunque no detalló qué se negoció para que las familias desalojaran los terrenos semanas después. El exfuncionario aseguró en su momento que los invasores solo buscaban un terreno donde vivir y no porque se opusieran al proyecto.

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Aceleran

Al inicio del gobierno actual, el diputado Samuel Pérez dijo que se verificarían los contratos que hicieron las anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) con la desarrolladora, para asegurarse de que se cumpliera con lo establecido en ley.

Durante una entrevista en un medio de comunicación radial, Jiménez afirmó que “en los próximos días se colocará la primera piedra en Masagua”, en referencia a la construcción de la cárcel.

El Departamento de Comunicación Social del Mingob informó que cambiaron las condiciones en los contratos y que se corrigieron las “condiciones que no estaban en ley”. Sin embargo, indicó que en ese momento no contaba con detalles y se comprometió a enviar un informe detallado al respecto.

Jiménez recalcó que la meta antes de que termine el gobierno de turno es dejar construidas tres cárceles, para deshacinar el Sistema Penitenciario, que actualmente administra 23 reclusorios en todo el país.

Desembolsos

La cárcel se construirá a 75 kilómetros de la capital, en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla. Dicha prisión, de acuerdo con los planos, tendrá capacidad para tres mil privados de libertad.

El Mingob resolvió el 20 de enero de 2023 aprobar el contrato de prestación de servicios de consultoría de US$2 millones 175 mil 833 —unos Q17 millones— a la Inmobiliaria mexicana Rancho Sierra, para la elaboración del diseño de la cárcel.

El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A., de C. V. (Itecsa); Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el reclusorio para hombres.

Del costo total de esa cárcel de máxima seguridad se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento.

Los fondos para la construcción del penal provendrán del préstamo adquirido con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según el contrato firmado el 26 de agosto del 2020.

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Atraso

El 2 de junio último, 225 reclusos fueron desalojados de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, y fueron trasladados a otros penales. Jiménez informó que retrasos administrativos han impedido que se habilite de nuevo esa prisión, la cual fue desocupada para remozarla con tecnología y mejorar los controles para evitar que los privados de libertad hagan llamadas extorsivas desde el lugar.

El funcionario mencionó que, además de los animales exóticos que fueron localizados durante el operativo de desalojo en la mencionada prisión, se descubrió que había fibra óptica conectada a un poste de energía eléctrica en las afueras del penal, lo cual permitía que los reos hicieran llamadas de extorsión, a pesar de que había bloqueadores de señal de teléfono. Los presidiarios también contaban con una piscina y una celda con hierro, como un lugar para castigar a otros reos.

El control de El Infiernito, según Jiménez, se retomará en unas semanas. Sin embargo, considera que, para tomar el control de todo el Sistema Penitenciario, se necesitan por lo menos “dos gobiernos más”.

“Estamos resguardando a los privados de libertad; no los estamos castigando ni rehabilitando. Tenemos control de la zona perimetral, pero adentro no sabemos qué puede pasar”, afirmó el ministro.

Ingreso de teléfonos a las cárceles y falta de infraestructura, los principales problemas del SP

Mon, 27 May 2024 11:00:00 +0000

Justicia

Ingreso de teléfonos a las cárceles y falta de infraestructura, los principales problemas del SP

Aunque según la PNC el problema disminuyó, los pandilleros buscan otras estrategias y utilizan a mujeres embarazadas para ingresar objetos prohibídos.

José Manuel Patzán

27 de mayo de 2024

05:00h

Como parte del plan para erradicar las llamadas de extorsión desde las cárceles se efectúan requisas constantes.(Foto: Prensa Libre)

A 130 días de asumir el nuevo gobierno, las llamadas de extorsión salen desde las cárceles, según la fiscalía Contra la Extorsión del MP, aunque la Policía Nacional Civil (PNC) asegura que el problema disminuyó.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, refiere que desde que se cuenta con personal específico para revisar el ingreso de las visitas y las requisas son constantes, el ingreso de teléfonos disminuyó y por consiguiente el decomiso de los aparatos.

“Antes se decomisaban 50,70 o más de 100 teléfonos en cada requisa, pero ahora son menos de 50”, acotó.

No obstante, afirma que esa cantidad de teléfonos ingresan porque los pandilleros modifican la forma de esconder los objetos prohibidos, y utilizan a mujeres embarazadas como “mensajeras”.

“Las mujeres embarazadas justifican que les causa daño pasar por el escaner, pero lo que hacen los pandilleros es embarazar o contratar a mujeres embarazadas para que les ingresen teléfonos”, acotó.

Lo que más se decomisa según el jefe policial son chips, y se ha determinado que desde un número los extorsionistas hacen hasta 50 llamadas.

“Y con uno o dos que caigan y depositen, ya hicieron que el día sea productivo para los delincuentes”, reiteró.

Logros

Federico Reyes, investigador independiente en temas de seguridad, destaca como logro la periodicidad de las requisas, aunque según él, debería estar acompañada de acciones para combatir la corrupción entre los guardias.

“La depuración del personal penitenciario sí está en deuda,la depuración debería efectuarse cada seis u ocho meses, principalmente en las filas de mandos medios, que es donde está la corrupción, porque mueven drogas, cometen trata de mujeresy de hombres”, refiere.

Reyes dice que hay “esfuerzos” de las autoridades penitenciarias para tratar de tener el control, aunque considera que es dificil combatir los problemas de raíz, principalmente porque hay poderes ocultos dentro de las cárceles que están a cargo de las pandillas y crimen organizado.

El analista destaca que si bien se han registrado muertes de reos por riñas, no se han originado grandes motines como en años anteriores.

“También queda en deuda la reinserción y rehabilitación, deberían crear proyectos que tengan que ver con oportunidades de trabajo, al cumplir una condena cualquier privado de libertad tiene derecho a trabajar”, expresó.

Infraestructura

Durante una entrevista institucional en el SP, el director de esa dependencia, Sergio Vela, afirmó que el mayor desafío es la creación de más infraestructura, pues es la principal causa de hacinamiento y de que no se pueda clasificar a los internos, y las existente se construyeron hace más de 50 años.

“Si nosotros contáramos con infraestructura podríamos hacer una clasificación. No todos los privados de libertad son de alto riesgo, y eso hace que se tenga esa mezcla de privados de libertad en las cárceles”, refirió.

Según el SP, el 24% de la población privada de libertad tiene 25 años de edad. El 24% de la población privada de libertad tiene condenas de 25 años de prisión.

De 23 mil 83 privados de libertad que permanecen en las 23 cárceles, un 47% se encuesta en prisión preventiva y de esa cantidad, el 63% lleva más de seis meses en prisión preventiva sin medida sustitutiva, ni sentencia.

Según estadísticas del SP, las cárceles están pobladas entre un 63% y 76% de personas que no son de alta peligrosidad, muchos cometieron accidentes de tránsito o no han sido vencidos en juicio.

Dignificación

Según las autoridades del SP, dentro de los planes se contemplan acciones para dignificar al guardia penitenciario, debido a que laboran en condiciones precarias y es la razón por la que se inmiscuyen con estructuras criminales que operan a lo interno de los centros.

Según los planes, se mejorarán las cuadras o lugares donde descansan los guardias, se instalarán nuevas duchas e inodoros. También se les proveerá vehículos, armamento y se les capacitará por seis meses y no durante nueve semanas, como anteriormente se hacía.

Además, se implementará la carrera penitenciaria y se capacitará personal en las nuevas instalaciones ubicadas en Zaragoza, Chimaltenango, donde se tiene capacidad para 500 aspirantes.

A inicios de este gobierno, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que se retomarán las negociaciones para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para tres mil reos, en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla.

En diciembre de 2023, el entonces ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos afirmó que la construcción de la cárcel se quedó en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, esto se debe a que según él, hubo retrasos debido a que varias familias invadieron los terrenos donde se construirá la cárcel. Aunque aseguró que ya fueron desalojadas.

Corrupción y condiciones inhumanas: como se describen las 10 cárceles a cargo de la PNC

Thu, 09 May 2024 11:00:00 +0000

Justicia

Suscriptores

Corrupción y condiciones inhumanas: como se describen las 10 cárceles a cargo de la PNC

Detenciones sin registro para liberar al señalado a cambio de sobornos, así como falta de camas y sanitarios en buen estado, figuran entre las principales denuncias.

José Manuel Patzán

9 de mayo de 2024

05:00h

La PNC tiene a su cargo 10 cárceles donde permanecen 954 privados de libertad (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el país funcionan diez cárceles que están a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y en las cuales según denuncias de los propios detenidos y funcionarios, prevalecen condiciones inhumanas y de corrupción, a tal grado que se han denunciado ingresos no registrados para que los señalados puedan recobrar su libertad si pagan sobornos.

Al inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, el entonces ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se comprometió a inhabilitar esas cárceles para que los reclusos que las ocupaban pasaran al control del Sistema Penitenciario. Sin embargo, meses después presentó su renuncia. Autoridades actuales del ministerio de Gobernación indicaron que el cierre de estás cárceles “no está considerado a corto y mediano plazo, aunque sí es parte del plan de los cuatro años de la nueva administración”.

Actualmente en esas cárceles permanecen 954 privados de libertad, entre hombres y mujeres, de esa cantidad 23 cumplen condena y el resto se encuentra en prisión preventiva. Las cárceles “públicas” como también se les conoce están custodiadas por 164 agentes de la PNC.

Según un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (Conred), cuatro de esos centros evaluados no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura y no se recomienda su remozamiento, por lo que fueron declarados inhabitables, aún así, se encuentran habitados por privados de libertad.

Algunas de estas cárceles funcionan en instalaciones contiguas a las prisiones que están a cargo del Sistema Penitenciario e incluso, ocupan los mismos edificios.

Uno de estos casos se evidencia en Quetzaltenango, donde la cárcel para mujeres a cargo de la institución policial funciona en el segundo nivel de una vivienda. En el primero permanecen los privados de libertad a cargo del Sistema Penitenciario.

Carencias

Según un informe del Colectivo Artesana, una organización no gubernamental que vela por los derechos de las reclusas, Las denuncias se centran en que ese tipo de cárceles, tanto para hombres y mujeres, carecen de áreas para la vista, algunas no cuentan con camas y los privados de libertad duermen en el suelo. Tampoco cuentan con sanitarios y duchas en buen estado, debido a que no se cuenta con suficiente agua y el servicio de energía eléctrica es inestable.

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Sobornos

A pesar de que existen 105 libros de registro de ingresos y egresos desde los años 1,980, uno de los principales actos de corrupción que se denuncian es el ingreso no registrado de detenidos, para que puedan recobrar su libertad a cambio de sobornos, de lo contrario son llevados ante el juez.

Durante una reunión autoridades de la PNC, el diputado José Chic afirmó que en Huehuetenango recibió denuncias de personas que fueron detenidas y engrilletadas a un poste, mientras esperaban a ser llevados ante el juez.

“Si lo detienen el sábado deberá pasar engrilletado en el poste hasta el lunes, cuando sea escuchado por el juez”, afirmó.

“A veces no hay ingreso de forma oficial, no hay registro de su detención, le piden dinero y los sacan”, agregó.

Por lo general quienes son llevados a las cárceles de la PNC han incurrido en robos, accidentes de tránsito, escándalo en la vía pública, entre otros delitos menores o faltas.

Descoordinación

El director de la PNC, David Custodio Boteo, reconoce que la situación en las cárceles a cargo de la PNC son deficientes y son “focos” de corrupción.

Boteo coincidió en que no existe suficiente coordinación de parte de los jueces de paz, puesto que reciben información sobre las detenciones pero no resuelven los casos de inmediato.

“Si la captura es un sábado, le indican a los jefes policiales que los mantengan en la comisaría hasta el lunes, esto nos preocupa porque puede haber violación a los derechos humanos, algunos estan enfermos, tienen diabetes y necesitan medicamentos, duermen en el suelo”, afirmó.

A decir del jefe policial, no todo es responsabilidad de la PNC, si se considera que en el caso de las mujeres se les ha coordinado su traslado a cárceles formales, pero se rehúsan, con el argumento de que están más cerca de sus hogares para recibir visitas.

“Esto limita que las acciones sean inmediatas, en otros casos los jueces no quieren dar traslados a cárceles. Los jueces de paz deberían estar en fin de semana y resolver la situación legal del detenido”, señaló Boteo.

Descoordinación

La coordinadora de Ejecución Penal de Guatemala, adscrita al IDPP, Alma Martínez, afirma que han efectuado visitas en todas las cárceles a cargo de la PNC, y la de Huehuetenango donde permanecen cinco mujeres, no reune los requisitos para que funcione como centro de detención y las vigas que sostienen el inmueble están por colapsar, como lo determinó Conred.

A pesar de que entre 2021 y 2022 hubo reuniones con varias institucones involucradas y se acordó trasladar a todos los internos de esas cárceles a prisiones formales de presidios, Martínez dice desconocer la razón por la que esos traslados se supendieron desde 2023.

“El problema es que los jueces siguen enviando detenidos a las cárceles públicas, en marzo ordenaron el ingreso de cuatro personas a la cárcel de Totonicapán”, explicó.

Tanto Martínez como Boteo, coinciden en que la inhabilitación de las cárceles a cargo de la PNC y los traslados hacia esos centros, dependen de la decisión de los jueces y consideran que el tema debe ser solucionado por Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ)

Por medio de la Oficina de Comunicación Social del OJ, se respondió que “cuando se identifique alguna anomalía o deficiencia en la prestación de los servicios judiciales, se solicita a la población presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Cámara penal reitera su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos”.

Respecto a los traslados de los privados de libertad hacia las cárceles a cargo de la PNC, el OJ informó que se “abordará el tema a nivel interinstitucional con el fin de profundizar en las declaraciones realizadas por el director de la PNC”.

Menos del 2% de beneficiarios usa control telemático por su alto costo

Sat, 04 May 2024 11:00:00 +0000

Justicia

Menos del 2% de beneficiarios usa control telemático por su alto costo

Sólo 38 procesados de unos 2 mil privados de libertad con opición al control telemático utilizan el dispositivo de vigilancia a distancia. Uno de los obstáculos es no poder pagar Q1 mil 500 mensuales para su uso.

José Manuel Patzán

4 de mayo de 2024

05:00h

Desde el 1 de junio de 2023 las personas privadas de libertad pueden optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El uso del dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva aún no es accesible para toda la población reclusa que puede optar a esa medida, debido a los costos que implica su utilización, por lo que los procesados prefieren pagar una caución económica, según autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Durante una reunión entre el diputado José Chic, representantes del Colectivo Artesana y el director del IDPP, se informó que desde el 1 de junio de 2023 cuando se habilitó la opción del control telemático como una de las medidas para deshacinar las cárceles, solo 38 privados de libertad con opción a prisión preventiva utilizan el dispositivo.

Utilizar el dispositivo de control telemático tiene un costo de Q1 mil 500 mensuales y Q50 mensuales, lo que dificulta que todos los privados de libertad puedan acceder a ese beneficio, según Raúl Robles, director de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del IDPP, quien aseguró que trabajan en estrategias para lograr que incremente su uso.

El funcionario afirmó que se ha capacitado a los abogados de esa institución para que conozcan las ventajas del mecanismo. También afirma que el Ministerio de Gobernación (Mingob) presentará un proyecto ante el IDPP, el cual consiste en capacitar a los defensores en las sedes departamentales y municipales. Este proyecto permitirá hacer pruebas para verificar si los aparatos pueden funcionar en aldeas lejanas del país.

Difícil acceso

Robles citó como ejemplo el caso de un procesado que optó por utilizar el dispositivo, aunque solo pudo costearlo durante tres meses, por lo que la mayoría prefiere pagar una caución económica si el tipo de delito lo permite.

“Prefieren pagar Q5 mil por un proceso que va durar semanas, meses o un año, y no estar pagando mil 500 cada mes, es por esa razón que en determinado momento los usuarios del Instituto optan por pagar la caución económica”, explicó.

Agregó que el Mingob y el Organismo Judicial reactivarán los estudios socioeconómicos de los reos para quienes quieran y tengan opción de utilizar el mecanismo.

“Se han hecho estudios por parte de control telemático, en donde se logró establecer que para el Estado, es más barato pagar mil 500 mensuales por la utilización del dispositivo, que tener a las personas en un centro de privación de libertad y cubrir costos de alimentación”, acotó.

Andrea Barrios, representante del Colectivo Artesana, indica que han recibido información que en los centros de privación de libertad para mujeres circulan listas de quienes pueden aplicar al control telemático, por lo que pidieron al Sistema Penitenciario efectuar investigaciones para no confundir a las reclusas.

“Tenemos preocupación por esa expectativa que se genera y que puede provocar que ellas renuncien a la defensa pública, y luego retomar los procesos es complicado”, afirmó.

Según el Código Procesal Penal, no puede otorgarse medida sustitutiva para quienes incurran en homicidio, asesinato, parricido, violación, secuestro, robo agravado, sabotaje, delitos contra el patrimonio, entre otros.

El control telemático aplica para los delitos cuya pena no pasa de los cinco años. Tampoco se puede imponer sin la voluntad del procesado.

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Prematuro

Corinne Dedik, analista en sistema carcelario del Cien, afirma que las tobilleras electrónicas son una herramienta útil para tener mejor control de la medida sustitutiva, y aunque hay desconocimiento de jueces, fiscales y abogados, es “prematuro” decir que el sistema no funciona y hay que esperar que los involucrados se informen y experimenten todo lo que conlleva este procedimiento.

“Hay que dar tiempo, porque un juez dictará conforme se presenten casos en los que se considere apropiado el control telemático”, expresó.

Según análisis del Cien, en el sistema penitenciario hay 10 mil reclusos en prisión preventiva, de los cuales dos mil podrían aplicar al control telemático por el tipo de delito que enfrentan.

“Si no contamos a las personas que están en prisión por delitos que no permiten medidas sustitutivas, más los reincidentes y otro porcentaje que no aplica por peligro de fuga, estimamos que dos o tres mil internos pueden aplicar a la tobillera electrónica, pero al final el juez es el que decide”, dice Dedik.

Para la especialista, el control telemático también debería aplicarse a quienes ya cumplieron más de la mitad de su condena y pueden entrar a un proceso de libertad controlada, así como en los casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, como medida de protección para cerciorarse que los agresores no se acerquen a la víctima.

Dentro de los que utilizan el control telemático figura un recluso a quien se le concedió el beneficio debido a que padece una enfermedad terminal.

Características

El dispositivo que se coloca en los tobillos es resistente al agua, tiene un peso de 68 gramos y funciona por carga inalámbrica. Las correas de fijación al tobillo tienen un material de fibra con refuerzo de acero, lo cual lo hace resistente al querer quitar o cortar.

También es hipoalergénico, lo que significa que el material que está en contacto con la piel no producirá ningún tipo de alergia.

El acuerdo que autoriza el uso del control telemático establece que si el condenado no cuenta con la suficiente capacidad económica para costear el mecanismo, el juez ordenará que el Ministerio de Gobernación sufrague el costo del dispositivo de control telemático.

Guardia penitenciaria dirige cárceles por falta de recursos para profesionalizar a directores

Sat, 02 Mar 2024 11:00:00 +0000

seguridad

Guardia penitenciaria dirige cárceles por falta de recursos para profesionalizar a directores

Guardias siguen en la direcciones de cada una las prisiones a pesar de la promesa de retirarlos para evitar corrupción.

José Manuel Patzán

2 de marzo de 2024

05:00h

Reos en su mayoria de la Mara 18, quienes se encuentran recluidos en la carcel de maxima seguridad Fraijanes 2, se amotinaron (MOTIN) y toman como rehen a dos Guardias del Sistema Penitenciario,los marero solicitan que sen trasladados de nuevo al Preventivo de la zona 18, debido a malos tratos y mala comia en ese centro carcelario, ejercito y agentes de la Policia nacional Civil PNC, rodearon las instalaciones de los los centros carcelarios, EN LA IMAGEN GUARDIAS PENITENCIARIOS CON GORROS PASAMONTA?AS Fotografia Prensa Libre;Esbin Garcia

Al problema de no encontrar los perfiles adecuados para nombrar a los directores de las 23 cárceles, debido a que nadie está dispuesto a someterse a los riesgos que conlleva, se suma la falta de fondos para contratar a los profesionales, mientras tanto, son los propios guardias quienes están a cargo de los penales.

Las amenazas de las mafias son una de las principales causas por las que ningún profesional con títulos académicos quiere dirigir una cárcel, según lo que han afirmado exdirectores de la Dirección General de Presidios. Entre los últimos hechos criminales en contra de autoridades presidiarias se cuenta el crimen de Edwin David Gonzáles, director de la cárcel de Matamoros, zona 1, caso por el cual no hay personas detenidas.

En enero pasado, el ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, reconoció que uno de los principales problemas que impiden retomar el control de las prisiones, es la corrupción en la que caen los mismos guardias, quienes hasta ahora ocupan los cargos de director de cada una de las prisiones.

El exdirector de presidios, Eddy Morales, ha reiterado que los custodios reciben sumas de dinero a cambio de permitir el ingreso de objetos prohibidos. Estos cargos los ocupan por un año y luego asume otro de los guardias que custodian la prisión, aunque no tienen un ingreso adicional, lo que promueve que se presten a actos ilícitos.

Ante esta situación, Jiménez afirmó que se comenzó un proceso para contratar a nuevos directores con perfiles de abogados y otras carreras a fin, como lo estipula el reglamento de presidios.

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Desfinanciados

Sergio Samuel Humberto Vela López, director General del Sistema Penitenciario, afirmó que hasta ahora no han podido cubrir esos puestos debido a que no se cuenta con el presupuesto adecuado.

“Aún continuamos con el mismo esquema, lo que estamos haciendo son rotaciones. Las plazas están creadas, pero no hay presupuesto asignado para ellas, que es lo que estamos trabajando”, afirmó.

Sobre cuánto es el presupuesto que necesitan para costear el puesto de los directores, Vela López dijo que en el momento de la consulta no contaba con los datos y que proporcionaría la información más adelante.

Exdirectores y fuentes del Sistema Penitenciario, afirman que dejar a los guardias penitenciarios a cargo de los penales, significa continuar la cadena de corrupción y contubernios con los reos, que están dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero a cambio de ingresar teléfonos para extorsionar y tener en sus celdas otras comodidades.

Por el momento, solo dos de las 23 cárceles del país tienen directores que llenan los requisitos establecidos por esa dependencia, afirmó el titular de la cartera del interior.

Requisitos

Entre los principales requisitos que exigen para dirigir un centro carcelario, están tener un título de abogado u otro relacionado con Criminología, así como conocimientos en legislación penitenciaria, redacción de informes, computación, y demostrar honestidad y actitudes morales.

Quienes han fungido como directores del Sistema Penitenciario han afirmado que la falta de garantías de seguridad y las condiciones laborales son los principales factores por los que ninguna persona quiere ser director de una cárcel.

Los exfuncionarios han dicho que de unos 20 aspirantes que acuden a las convocatorias por lo regular solo quedan cinco, que durarán seis meses en el puesto como promedio, al percatarse de los riesgos que conlleva el cargo y cuando son amenazados por las mafias que operan a lo interno de los penales.

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y quien ha investigado el sistema carcelario en Guatemala, expone que siempre ha sido difícil conseguir personas que quieran ocupar los cargos de dirección, y es la razón por la cual desde el 2015, los guardias ocupan las direcciones de los centros.

Problema histórico

Federico Reyes, consultor independiente en temas de seguridad, afirma que el problema presupuestario del Sistema Penitenciario viene desde hace dos gobiernos, ante la falta de voluntad para invertir en ese tema.

“Esto provoca que la oferta no llene las expectativas de la plaza que se ofrece y sobre todo la responsabilidad que contrae”, dice Reyes.

El experto sostiene que la formación jurídico legal es importante, aunque no exclusiva, puesto que la conformación de un equipo asesor de distintas especialidades que propongan soluciones a problemas de antaño, no son nuevos y no se han logrado los resultados esperados.

“La reingeniería del Sistema Penitenciario siempre ha sido un tema pendiente, lo cual es un gran desafío para cualquier gobierno, en especial del actual, la formación académica y los puntos de reinserción y rehabilitación”, puntualiza.

Sin resultados

A pesar de acciones tomadas por gobiernos anteriores para retomar el control de las cárceles , poco se sabe de los avances para cumplir con las normativas.

En septiembre del 2006 se aprobó la Ley del Régimen Penitenciario,la primera que regula la materia penitenciara en su conjunto. Dicha ley entró en vigencia el 7 de abril del 2007.

La normativa entre otros aspectos, estipula la rehabilitación social de los reos y su reinserción a la sociedad. También establece la carrera penitenciara y la clasificación de reos en las cárceles de mínima, media y máxima seguridad. Sin embargo, ninguno de los puntos mencionados se han cumplido.

En 2014 también se elaboró una política pública en materia penitenciara, en la cual participaron expertos internacionales y se establecieron mesas de trabajo integradas por distintos sectores de la sociedad. La misma prometió un periodo de implementación de 10 años, entre 2014 y 2024.

Para este año el sistema penitenciario tiene asignado un presupuesto de Q647 millones.

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Sat, 10 Feb 2024 11:00:46 +0000

A 75 kilómetros de la capital se ubica la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla, donde el gobierno anterior prometió construir una cárcel con capacidad para tres mil privados de libertad de alta peligrosidad. No obstante, los contratos quedaron en trámites y la administración entrante promete concluirlos y edificar dos cárceles más.

En la administración anterior, el Ministerio de Gobernación ( Mingob) autorizó desembolsos millonarios para comenzar con los estudios que daban paso a la construcción de la cárcel que según los planes, será de máxima seguridad.

La promesa fue del presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, no lograron comenzar su construcción, puesto que las fincas donde se edificará el penal fueron invadidas por familias que aseguraron ser ajenas a la decisión de construir la cárcel y solo buscaban dónde vivir.

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A pesar de que las familias optaron por retirarse de los terrenos sin ninguna confrontación, se generaron contratiempos y el proyecto se quedó en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, y “sería el gobierno entrante que tendría la decisión de continuar con el proyecto”, aseguró en su momento el entonces ministro del Interior, David Napoleon Barrientos, quien no precisó cuánto tiempo fueron ocupados los terrenos, ni qué se les ofreció para que se retiraran.

Entre los trámites que quedaron pendientes están los permisos en la Municipalidad de Masagua y los resultados de estudios de impacto ambiental.

El pago más reciente que el Mingob hizo a la inmobiliaria Rancho Sierra a cargo de los estudios de suelo fue en agosto del 2023, por US$54 mil 395 -unos Q435 mil 160-.

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Verificarán contratos

A menos de un mes de haber asumido el cargo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirma que buscan acercamiento con los contratistas para revisar los contratos y no perder un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Jiménez explicó que el gobierno anterior estuvo a punto de rescindir el contrato y ahora buscan una salida para que este año comience la construcción de dicho centro carcelario.

El plan original de construcción estipulaba dos fases que durarían 18 meses. Cinco para la pre inversión y trece para la construcción y equipamiento.

Inversión

El 20 de enero del 2023, el Mingob resolvió aprobar el contrato de prestación de servicios de consultoría 001-2022, firmado el 23 de diciembre del 2022 y donde se autorizó el desembolso de US$2.175,833 —unos Q17 millones— a la Inmobiliaria Rancho Sierra, para que hiciera los servicios de consultoría para la elaboración del diseño de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla.

El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A. de C. V. (Itecsa), y Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el centro de cumplimiento de condenas para hombres. El Mingob adjudicó el 11 de agosto del año pasado a Itecsa, y el contrato es por US$87.9 millones —unos Q668 millones—.

Según el plan del costo total de la cárcel de máxima seguridad, se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación, y Q69.7 millones para equipamiento. Los fondos para la construcción del centro penal provendrán del préstamo 2181 adquirido con el BCIE.

Según publicaciones de medios de comunicación en México y Honduras, Itecsa, del grupo Tradeco en México, enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado —expresidente de Honduras y su hermano— extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

Otra promesa

El ministro Jimenez destacó que parte del plan de gobierno es construir dos cárceles más, principalmente para deshacinar los 23 centros carcelarios y clasificar a los reos dependiendo del delito que cometieron, aunque de momento no tienen los terrenos establecidos.

“En cuatro años no se va mejorar totalmente el Sistema Penitenciario, pero esperamos dejarlo con mejores condiciones”, afirmó.

El funcionario destaca que también se busca el remozamiento de todos los centros carcelarios y replantear la gestión penitenciaria.

“No solo se trata de remozar y construir cárceles, se deben tener nuevos modelos de gestión penitenciaria”, agregó.

El funcionario subrayó que las requisas que hasta ahora se han efectuado en los centros carcelarios son para evitar las extorsiones, pero también para levantar un censo sobre la cantidad real de reos, puesto que existe la sospecha de que hay reclusos que no cumplen su sentencia y fueron suplantados por familiares u otras personas a cambio de dinero.

“Todo lo que comenté fue en base a dos reos que no estaban en el Sistema Penitenciario y que ha sido difícil identificar porque cambiaron de Documento de Identificación Personal, eso nos hace pensar que hay más casos, por ahora tenemos complicaciones administrativas para hacer ese proceso pero lo vamos a hacer cuando tengamos todo el censo de los reos”, acotó Jiménez.

El Sistema Penitenciario tiene a su cargo 23 centros carcelarios, los cuales se encuentran hacinados, razón por la que gobiernos anteriores han prometido la construcción de más cárceles. Sin embargo, desde los tres últimos nadie ha cumplido con lo prometido.

Unos 4 mil reos ya cumplieron condena pero no salen porque deben multas

Thu, 01 Feb 2024 11:00:55 +0000

Un grupo de abogados analiza los expedientes de por lo menos cuatro mil reos que cumplieron condena, pero que, según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no pueden recobrar la libertad por retrasos administrativos o porque no pueden pagar las multas dictadas por el juez, que van desde los Q400.

El sistema de prisiones de Guatemala se compone de 23 cárceles que se encuentran hacinadas, de acuerdo con lo que han reconocido las mismas autoridades de Gobernación desde administraciones anteriores, que atribuyen el problema a la mora judicial, acciones legales que retrasan los procesos, problemas administrativos, abuso de la prisión preventiva y las multas “elevadas” de las reparaciones dignas dictadas por jueces.

“Son entre cuatro mil y cinco mil reos los que cumplieron condena y por circunstancias administrativas o por falta de pago no han salido de las prisiones”, afirmó Jiménez a una radioemisora local.

El funcionario dijo que designaron a un grupo de abogados para que analice los expedientes.

Corrupción

Federico Reyes, investigador independiente en temas de seguridad, subrayó que el problema persiste desde gobiernos pasados y, a pesar de que muchos reos fueron procesados por pertenecer a grupos del crimen organizado que reunió fuertes sumas de dinero en actividades ilícitas, solo estuvieron al servicio de los “líderes” y no se beneficiaron con dinero.

“Fueron secuestradores, extorsionistas y cometieron varios delitos, pero cuando llega el momento de pagar la reparación digna no tienen los recursos, porque los líderes de las estructuras se quedaron con todo”, explicó.

Reyes agregó que no contar con Q400 o Q500 para pagar la multa como lo afirma el ministro Jiménez es solo un argumento de los reos, puesto que las cárceles se convirtieron en un “sistema de corrupción” en el que las extorsiones son un negocio rentable que se opera de mejor manera y los reos prefieren permanecer adentro.

“Porque les va mejor, y si salen de la cárcel vuelven a cometer delitos para que al poco tiempo los capturen y así vuelvan a lo que ellos ven como un centro de operaciones”, acotó Reyes.

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Más gasto

Consultado el exdirector de Presidios Eddy Morales, afirmó que no poder salir de la cárcel por impago de multas es un problema que ha trascendido de “gobierno en gobierno” y la primera opción para la mayoría es pagar con más días de prisión.

“Las cárceles están hacinadas y solo se gastan más recursos del Estado”, comentó.

Morales recalcó que dos días de trabajo dentro de un penal significan un día menos en prisión, aunque muchos reos prefieren no hacerlo y que su condena se cumpla en el tiempo establecido.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin), del Ministerio de Finanzas, en el 2023, por alimentación, en la que se incluye a guardias y reos, se invirtieron Q121 millones.

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recomienda que los reos que no tienen los recursos para pagar las multas hagan trabajo comunitario a cambio de reducir esas sumas de dinero.

Más reos

Tres gobiernos han transcurrido sin que se construyan nuevas cárceles. En el gobierno anterior se comenzó el proceso para construir una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, aunque las autoridades anteriores de Gobernación afirmaron que el proceso de quedó en “trámites”, por lo que el ministro Jiménez indicó que volverán a analizar el contrato.

Hacinamiento

A pesar de que en el 2019 hubo una leve reducción de la sobrepoblación, el hacinamiento es el mismo en los penales. Entre el 2012 y el 2023 hubo un incremento de ocho mil reos, sin que exista más infraestructura presidiaria, según estudios del Cien.

Este informe también destaca que en el 2012 la población reclusa en las 23 cárceles era de 15 mil 13 hombres y mujeres que vivían en seis mil 682 espacios.

En el 2023, el número de privados de libertad era de 23 mil 582, los cuales ocupan seis mil 842 espacios.

Eso significa que hay ocho mil 569 reos más que 12 años atrás, y desde esa fecha solo aumentaron 160 espacios dentro de la misma infraestructura presidiaria.

Una de las estrategias que hasta el momento no ha tenido mayores resultados para deshacinar las cárceles es la implementación del control telemático, cuyo funcionamiento comenzó el 1 de junio del año pasado. Ese sistema, que consiste en colocar tobilleras en quienes son procesados por delitos con opción a medida sustitutiva, tiene un costo diario de Q50 y Q1 mil 500 por mes.

Conteo de reos

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció un conteo de reos en las 23 cárceles para establecer la cantidad exacta de los privados de libertad, puesto que sospecha que quienes fueron sentenciados no cumplen condena y fueron sustituidos por otras personas a cambio de dinero.

Fuentes del Sistema Penitenciario, que prefieren el anonimato, afirman que en las cárceles se hacen conteos a diario, pero no hay certeza de que se compruebe si la cantidad de reclusos corresponde a la registrada y si nombre y apellido del interno corresponden a la persona que está detenida.

En sectores de la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, y en el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18, las fuentes aseguran que los custodios no ingresan, por medidas de seguridad, y son los mismos reos los que hacen los conteos.

Añaden que los directores de cada centro fungen un año en el cargo y son sobornados a cambio de permitir privilegios a los reos.

Crisis carcelaria: desde 2015 directores no cumplen con requisitos mínimos para el cargo

Tue, 07 Nov 2023 11:00:55 +0000

La muerte del director de la cárcel de Matamoros, asesinado a tiros el sábado pasado, desnudó irregularidades que se han cometido durante años en el Sistema Penitenciario, como el incumplimiento de los requisitos para ocupar los puestos de director de cada centro carcelario y que conlleva a que los mismos reos mantengan el control de las prisiones.

Desde el 2004 a la fecha, 25 directores generales del Sistema Penitenciario han dirigido el sistema de 23 cárceles, la mayoría ha renunciado por cuestiones personales, aunque el trasfondo son las presiones de los reos para que les permita privilegios y las amenazas si no se alinean a sus reglas.

En 2015 a solicitud de autoridades de Gobernación, los propios guardias de presidios comenzaron a ser rotados para fungir como directores de cada cárcel por al menos un año, posteriormente son rotados por sus propios compañeros, lo que provoca que mantengan la amistad entre ellos y con los reos, y continúe la cadena de corrupción, refiere Eddy Morales, exdirector de presidios.

Morales dice que en los dos períodos que dirigió el Sistema Penitenciario se exigía ser licenciado en ciencias sociales o al menos un pensum cerrado como abogado, sociólogo o psicólogo, como lo regula la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pero no se ha cumplido con lo establecido.

“A partir de la administración de la entonces ministra de Gobernación Eunice Mendizábal, se dio la orden de quitar a todos los directores de los centros y que fueran remplazados por guardias, allí empeoró la crisis del Sistema Penitenciario, porque remplazaron a los directores y subdirectores profesionales y esos puestos comenzaron a tener precio”, afirma, al indicar que los reclusos y reos cobran entre Q50 o Q100 mil para permitir que determinado candidato ocupe el cargo.

Aunque de parte del Sistema Penitenciario no se confirmó si la modalidad es la misma. En la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación se confirmó que actualmente los guardias ocupan los puestos de director en cada cárcel, aunque no se explicó bajo qué criterios se hacen los nombramientos.

De igual formal, Corinne Dédik, analista del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), confirmó que esa modalidad se utiliza “desde hace varios años”.

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Sin seguridad

A pesar de ser Matamoros una cárcel de alta seguridad, donde permanecen líderes de pandillas y narcotraficantes, Edwin Patzán González, como otros directores de cárceles, no contaba con seguridad personal y se desplazaba a pie para salir o ingresar al cuartel, situación que un sujeto aprovechó para acercarse a él y dispararle por la espalda, según lo evidencia un video de seguridad que captó el crimen.

Respecto al perfil que debe tener un director de una cárcel y del por qué no contaba con seguridad Patzán González, también se le consultó al Sistema Penitenciario, pero no respondieron.

“Solo se busca —para ocupar el puesto de director— quién es el mejor preparado o quién tiene mayor tiempo para ser designado”, afirma Morales. quien indicó que los guardias a pesar de tener un puesto vulnerable, no cuentan con ningún tipo de seguridad, debido a que el Sistema Penitenciario no cuenta con suficiente personal.

Morales dice que todos los directores de cárceles deben tener una movilización “sigilosa” al momento de salir de prisión.

“Los relevos de los directores no se deberían hacer de noche ni de día, sino de madrugada, para evitar que corran riesgo. Eso lo hacíamos antes y nos dio buenos resultados”, apuntó.

Agregó: “El ataque al director de Matamoros fue directo, planificado, el sicario sabía la hora y el tiempo en que estaba de descanso la víctima, el momento en que iba a ingresar; seguramente le habían dado seguimiento con anterioridad y alguien proporcionó toda esa información al sicario”, señaló Morales.

Reformas

Federico Reyes, doctor en criminología, por la universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido, dice que una de las medidas para recuperar el Sistema Penitenciario es que no exista solo un director general, sino un grupo de asesores expertos en derecho y que se distribuyan la responsabilidad de las 23 cárceles.

“Es imposible que una persona pueda guiar todo el sistema, tendría que ser un súper héroe, pero sí lo puede lograr un grupo de asesores sepa del tema, especialmente en resolución de conflictos porque no todo debe ser represión”, sostiene.

En cuanto a los perfiles de los directores, Reyes recomienda verificar las cualidades y que no se nombre a un funcionario por tener vínculos de amistad con las autoridades de Gobernación o con el propio presidente de la república.

“Pero no necesariamente el director de una cárcel debe tener un alto grado académico para mejorar las cosas, basta con que tenga cualidades de negociador, que sepa controlar los motines, porque cada vez que hay uno lo primero que hacen es sacarlo a la luz, quitarlo y buscar otro que de igual forma será retirado en unos meses”, recalca el criminólogo.

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Ocupaciones

Reyes recomienda que los privados de libertad tengan ocupaciones dentro de las prisiones, puesto que actualmente “tienen mucho de ocio”.

“La mesa técnica del Ministerio de Gobernación se ocupa más en la construcción de cárceles, que en qué hacer con los reos que están dentro, y no se puede tratar igual a un reo que ha extorsionado y a alguien que ha defraudado al país, no es que a este segundo se le tenga que tratar mejor, pero debe haber niveles de atención y rehabilitación”, sostiene.

Agregó: “hay gente capacitada en Guatemala para lograr esa reinserción de los reos pero el riesgo que corren es demasiado alto, al director de la cárcel de Suchitepéquez lo mataron cuando se tomaba un atol en el parque”.

Durante el presente gobierno se anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla. Sin embargo, la misma quedó en “trámites”, indicó el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien reiteró que será el próximo gobierno que deberá decidir si se continua con el proyecto.

Caso Matamoros

Hasta el momento Gobernación no tiene una hipótesis del por qué fue ultimado el director de la cárcel ubicada en el cuartel militar Matamoros, al asegurar que se realiza una investigación interna y el Ministerio Público también realiza las pesquisas.

“El problema es que colocaron a directores sin experiencia”: Corrupción se incrusta en las cárceles de alta seguridad del país

Sun, 05 Nov 2023 17:46:43 +0000

La muerte del director de la cárcel habilitada en el cuartel Matamoros saca de nuevo a la luz las situaciones que ocurren a lo interno no solo de ese penal, sino de otras cárceles en las que prevalece la corrupción.

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, no descarta que la corrupción y el control que los reos tienen sobre las autoridades de otros centros penitenciarios, también se refleje en la cárcel del cuartel Matamoros, y sostiene que en otras cárceles se pagan fuertes cantidades de dinero para ser director, si se toma en cuenta las comisiones que también recibe por dejar que los privados de libertad tengan privilegios.

“El problema es que en las cárceles de alta seguridad colocaron a directores sin experiencia que no saben de gestión penitenciaria, de criminología, ni de derecho penitenciario. Los centros carcelarios están en manos de los guardias y de los reclusos, y es cuando se genera corrupción”, señala.

Agregó: “La corrupción ya es generalizada, ser director tiene un costo, unos dicen que son Q50 mil los que se pagan y Q100 mil, en esa corrupción están involucrados los guardias, los directores y los mismos reclusos”.

Morales afirmó que cuando fue inaugurada la cárcel de Matamoros en el 2010, solo tenía capacidad para 25 personas pero como otras cárceles se tuvo que acomodar, debido a la cantidad de procesados que surgieron en casos de alto impacto.

“Esa cárcel se habilitó con la promesa de que se construiría una cárcel de máxima seguridad en otro lugar y era temporal, pero esa promesa nunca se cumplió por diferentes cuestiones de los ministros de Gobernación que pasaron”, aseveró.

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El exfuncionario añade qué la cárcel de Matamoros no es una cárcel de máxima de seguridad, sino de alta seguridad

“En Guatemala ningún centro carcelario es de máxima seguridad y solo existen dos de nombre, las cárceles de El Boquerón y el Infiernito, por ejemplo”, dijo el exfuncionario.

Que una cárcel se ubique en un cuartel militar, “no significa que no haya corrupción, porque no le corresponde al ejército controlar a los reos, sino al sistema penitenciario”, dice Morales

Alta seguridad.

Korinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) que ha estudiado los temas de presidios, dice que a diferencia de todos los centros carcelarios, la infraestructura y normativas que rigen en Matamoros, son las que más se asemejan a una cárcel de alta seguridad.

“Son pocas las horas que los reos salen al sol, en cada una de las celdas hay dos o tres reos y casi no tienen comunicación con reclusos de otras áreas, para evitar que puedan cometer algún motín o tengan riñas entre ellos”, afirma.

Como todos los centros carcelarios, Dedik dice en Matamoros no faltan las quejas por la mala condición de los alimentos.

“La comida y los servicios de salud son iguales para todos porque lo coordina el mismo sistema penitenciario, lo único es que en la cárcel de Matamoros la infraestructura a diferencia de otros centros, se encuentra en buenas condiciones porque fue remodelada en el 2016″, dice Dedik.

Hacinados

Entre 2012 y 2023 hubo un incremento de ocho mil reos, sin que se construya más infraestructura para controlar a reclusos peligrosos. El hacinamiento continúa y los penales siguen siendo el principal centro de operaciones de extorsionistas.

Una de las estrategias que hasta ahora no han dado mayores resultados para deshacinar las cárceles es la implementación del control telemático, que funciona desde el 1 de junio último y que todavía es utilizado únicamente por seis personas.

Este sistema, que consiste en colocar tobilleras a quienes son procesados por delitos que pueden optar a una medida sustitutiva, ha sido cuestionado porque no es accesible para todos los privados de libertad y no contribuye al objetivo principal, pues el uso diario del dispositivo tiene un costo de Q50, y Q1 mil 500 si se utiliza por mes.

Durante este gobierno también se prometió la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, pero el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos reconoció que todo se quedó en “trámites” y será el próximo gobierno que decidirá si continúa con el proyecto.

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Un informe del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien) detalla que en el 2012 la población reclusa en las 23 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) era de 15 mil 13 hombres y mujeres que vivían en seis mil 682 espacios que se cuentan según la capacidad de cada celda.

A la fecha, el número de privados de libertad es de 23 mil 582, quienes ocupan seis mil 842 espacios. Esto significa que se tienen ocho mil 569 reos más que 12 años atrás.

Desde ese año a la fecha solo han aumentado 160 espacios dentro de la misma infraestructura presidiaria, gracias a remozamientos que se han efectuado.

Desde el 2004 han pasado 25 directores del Sistema Penitenciario. Las principales causas de su salida ha sido la renuncia o remoción del cargo por parte de autoridades de Gobernación.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas, este año, por alimentación, en la que se incluye a guardias y reos, se han invertido Q124 millones Q328 mil de un presupuesto vigente de 166 millones Q217 mil 579 en ese rubro.

Trámites administrativos detienen construcción de cárcel de máxima seguridad

Mon, 25 Sep 2023 11:00:25 +0000

Han transcurrido 9 meses desde que el Ministerio de Gobernación ( Mingob) autorizó un desembolso millonario para efectuar los estudios para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Escuintla, Sin embargo, este año no se colocará ningún ladrillo y la obra quedará en la fase de tramite de licencias para que el gobierno entrante haga sus consideraciones en la construcción.

A 75 kilómetros de la capital se ubica la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla, en ese lugar se construirá una cárcel con capacidad para recluir a tres mil privados de libertad de alta peligrosidad, que hasta ahora permanecen en 23 centros penitenciarios del país.

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos afirmó que la construcción de la cárcel quedará en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, esto se debe a que según él, hubo retratos debido a que varias familias invadieron los terrenos donde se construirá la cárcel, aunque aseguró que ya fueron desalojadas.

Atraso

El plan original de construcción estipulaba dos fases que durarían 18 meses. Cinco para la pre inversión y trece para la construcción y equipamiento. Respecto a si este año daría tiempo para comenzar la construcción Barrientos dijo que no y “seguramente será el próximo gobierno”.

“Es mejor ir despacio sin prisa e ir cumpliendo con las normas del Banco Centroamericano de Integración Económica”, afirmó.

Fuentes del Mingob confirmaron que hay licencias pendientes de ser aprobadas, trámites en la municipalidad de Masagua y esperan resultados de estudios de impacto ambiental, aunque sostienen que solo son procesos administrativos”.

El pago más reciente que Gobernación hizo a inmobiliaria Rancho Sierra fue en agosto último por US$54 mil 395 por los servicios de estudios de suelo.

Tanto las fuentes de Gobernación que prefieren no ser citadas y Barrientos no precisaron cuánto tiempo estuvieron ocupados los terrenos.

Verificarán contratos

Samuel Pérez, diputado reelecto por el listado nacional en representación del partido Semilla dijo que están enterados del proyecto pero que revisarán cómo está elaborado el contrato de construcción.

“Es un tema que le tenemos que dar seguimiento, tenemos que ver qué contratos hay”, acotó.

Pérez, explicó que deben entrar en detalles para saber si incluso la población que reside en los alrededores de donde se edificará el centro carcelario está de acuerdo.

El parlamentario destacó que dentro de su plan de gobierno tienen prevista la construcción de una cárcel de máxima seguridad que estará fuera de lugares poblados, aunque de momento no tienen un lugar establecido y aunque aseguró que dentro del presupuesto para el otro año destinaron un rubro dijo no recordar la cantidad.

Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y ahora coordinador de temas de seguridad en el proceso de transición del gobierno electo, dice que no se conocen detalles del proyecto en Masagua y es parte de la información formal que debe trasladar el gobierno saliente.

Jiménez, destaca que dentro de los planes no solo se estipula la construcción de una nueva cárcel sino el remozamiento de todos los centros carcelarios y replantear la gestión penitenciaria.

“No solo se trata de remozar y construir cárceles, se deben tener nuevos modelos de gestión penitenciaria. El compromiso en los primeros 100 días de gobierno es la construir una cárcel de máxima seguridad, que incluso puede ser el hecho de avanzar en el proyecto que ya existe”, dijo.

Promesa incumplida

Apenas se reportaban los primeros 69 contagios de reos con covid-19, cuando aquel 10 de junio de 2020 el Ejecutivo anunció que buscaban construir cuatro centros de detención en diferentes departamentos del país para poder reducir los niveles de hacinamiento.

Los centros de detención estaban planificados para construirse en Izabal, Huehuetenango y dos en Escuintla. La finca La Reina y La Reinita eran evaluados como lugares de desfogue de las cárceles, dijo en esa ocasión el presidente Alejandro Giammattei.

“Estamos tratando de acortar los tiempos para poder iniciar las gestiones, se acaban de firmar los préstamos y estamos tratando de llenar todos los requisitos”, dijo Giammattei durante el lanzamiento de la Plataforma Digital BA Web implementada en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El tema quedó en silencio, no fue sino hasta el 20 de enero de este año que el Ministerio de Gobernación (Mingob) resolvió aprobar el contrato de prestación de servicios de consultoría 001-2022, firmado el 23 de diciembre del 2022 y donde se autorizó el desembolso de US$2.175,833 —unos Q17 millones— a Inmobiliaria Rancho Sierra, para que preste los servicios de consultoría para la elaboración del diseño de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla.

El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A. de C. V. (Itecsa); Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el centro de cumplimiento de condenas para hombres. El Mingob adjudicó el 11 de agosto del año pasado a Itecsa el contrato por US$87.9 millones —unos Q668 millones—.

Del costo total de la cárcel de máxima seguridad se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento. Los fondos para la construcción del centro penal provendrán del préstamo 2181 adquirido con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Señalados

Itecsa, del grupo Tradeco en México, enfrenta señalamientos y procesos legales por obras inconclusas y haber hecho negocios con los hermanos Hernández Alvarado —expresidente de Honduras y su hermano— extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

¿Cuáles son las cárceles de Guatemala con más hacinamiento en la actualidad?

Tue, 08 Aug 2023 23:34:31 +0000

Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, candidatos que disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto se han referido a la situación actual del Sistema Penitenciario (SP), que controla 23 centros de detención en todo el país.

Arévalo ha explicado en los últimos días que el hacinamiento en las prisiones es un problema que deben enfrentar en los primeros meses de gobierno.

Habla de construir una cárcel de máxima seguridad, sumada a la que ya se edifica en Masagua, Escuintla, con dinero proveniente de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mientras que Torres, en sus discursos, ha planteado para ese mismo objetivo la construcción de tres prisiones de máxima seguridad. Ninguno de los dos ha revelado en dónde harían estas obras.

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Pero mientras los dos políticos en contienda ofrecen estas soluciones para resolver la crisis que vive presidios, la realidad demanda atención urgente. La mayoría de cárceles de Guatemala sobrepasan el medio siglo de existencia y en los últimos 25 años se han construido mayoritariamente ampliaciones.

Nuevas cárceles como las de Fraijanes I y II estuvieron envueltas en litigios judiciales que llevaron a funcionarios de gobierno a prisión por la corrupción con que se edificaron entre 2012 y 2016.

Un informe que publicó en 2022 el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) revela que el país tiene la tasa más alta de hacinamiento en las cárceles de América Latina con un 363%, por encima de Bolivia que llega al 264%.

De acuerdo con ese estudio del Cien en Guatemala hay algunos centros penitenciarios que alcanzan 1000% y donde 10 privados de libertad comparten un solo espacio”.

El top diez de las cárceles con mayor hacinamiento lo encabeza la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla, según un informe del Sistema Penitenciario (SP) al 8 de agosto.

La capacidad de esta es para 600 privados de libertad y en ella cumplen condena 3 mil 121 hombres. Esto significa un 420 por ciento más de su capacidad.

Por debajo de esta está la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, ubicada en Fraijanes, Guatemala, según un reporte del SP al cual tuvo acceso Prensa Libre.

En ese lugar, hasta el 8 de agosto de 2023, hay 4 mil 673 privados de libertad, cuya mayoría cumple condenas por diversos delitos. La capacidad de esa prisión, según las autoridades, es de 960 reclusos, lo que representa un hacinamiento del 387 por ciento.

La tercera cárcel con más hacinamiento es la de Mazatenango, Suchitepéquez en donde una infraestructura adecuada para 120 reclusos ahora alberga a 507 personas. En esta cárcel las denuncias por cobros para tener un espacio han aumentado año con año. El hacinamiento es del 323 por ciento.

Y se ha agudizado desde que Retalhuleu lleva a sus detenidos a este lugar ante la falta de una cárcel preventiva, debido a que la que tenían se destruyó con un terremoto que ocurrió en el país en 2014.

La cárcel de Puerto Barrios, Izabal, alcanza el 250% de hacinamiento. En ella están presas mil 676 personas cuando la capacidad con que fue edificada era de 479 privados de libertad.

La prisión de Zacapa, Álvaro Arzú Irigoyen, ubicada en la aldea los Jocotes, tiene un 243 por ciento de hacinamiento. En ella están detenidos 669 personas y la capacidad de su estructura fue para 195 privados de libertad.

El centro carcelario de máxima seguridad El Boquerón, el Cuilapa, Santa Rosa, el hacinamiento llega al 210 por ciento producto de tener ingresados 778 reos para una capacidad instalada de 251.

El centro de detención de Cobán, Alta Verapaz, tiene el 204 por ciento de hacinamiento. De 120 privados de libertad que deben haber en esa cárcel hay al 8 de agosto 365.

#DebateGTV |

Bernardo Arévalo, presidenciable por el partido Movimiento Semilla, habló sobre el tema de seguridad y el hacinamiento de las cárceles en el país.#SígameElHilo #VotaBienInformado pic.twitter.com/BWL4EGonpa

— Guatevisión (@Guatevision_tv) August 8, 2023

La Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada ese municipio de Quetzaltenango, tiene recluidos a mil 976 personas. Es otra de la que superan la capacidad ocupacional con que fue construida.

La capacidad de Cantel es de 625 privados de libertad y su hacinamiento alcanza el 216%, según las cifras del SP. Hay un área que funciona como preventivo de departamentos como San Marcos y Retalhuleu, que no poseen cárceles, y eso lo hace más complicado.

El preventivo para varones de la zona 18, en la Ciudad de Guatemala. En ese lugar hay recluidos 3 mil 546 privados de libertad. La capacidad de este centro penitenciario es de mil 500, lo que representa una saturación del 136 por ciento.

Las prioridades de mi Plan de Gobierno en el pilar de Seguridad serán interceptar las comunicaciones telefónicas con sistemas de inteligencia, para bloquear la señal telefónica desde las cárceles, y así capturar a los extorsionistas antes que actúen. #PlanDeGobierno… pic.twitter.com/nblsaSobk5

— Sandra Torres (@SandraTorresGUA) August 8, 2023

El hacinamiento es mayor en las prisiones para hombres que para mujeres, según los registros del SP. El total de población privada de libertad en los 23 centros de detención alcanzan al 8 de agosto los 23 mil 837 personas.

Hombres condenados son 10 mil 971 y en prisión preventiva 10 mil 035 que suman un total de 21 mil 006. Mientras que mujeres condenadas suman mil 682 y en cárcel preventiva mil 149 para un total de 2 mil 831.

Del total de privados de libertad cumpliendo condena son 12 mil 653, mientras detenidos preventivamente suman 11 mil 184. El hacinamiento general es del 118%.

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Tue, 21 Feb 2023 11:00:50 +0000

Los informes de actividades mensuales, múltiples reuniones para estrechar lazos de cooperación, visitas de seguimiento a los centros carcelarios —sin olvidar el detalle de postear una tarjeta en el Día de San Valentín por parte del relator titular Lesther Castellanos—, son parte de las actividades que desarrolla la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT).

Sin embargo; en estos días, un momento clave apresura el trabajo de esta oficina. La visita al país de representantes de Amnistía Internacional (AI), entidad que ha denunciado el caso de la “presa de conciencia” Virginia Laparra, quien este 23 de febrero está por cumplir un año de su detención, y quien se encuentra en delicado estado de salud.

Laparra, exfiscal Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, fue declarada culpable por abuso de autoridad al denunciar —de forma administrativa— al entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, ahora Relator contra la Tortura.

En este caso, en el que ni AI ni otros organismos de derechos humanos han sido escuchados, hay denuncias de que se han vulnerado las condiciones de su detención.

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Al caso Laparra se suma el reciente escándalo en un centro de detención mixto de Mazatenango, Suchitepéquez, en donde el Ministerio Público (MP) detuvo a tres trabajadores del Sistema Penitenciario (SP) vinculados con actos de explotación sexual hacia algunas reclusas.

En Guatemala, cientos de privados de libertad sufren tratos inhumanos, crueles o degradantes. Una condición en la que la OPT debe cumplir con el mandato de vigilancia y de emitir recomendaciones; pero que, después de nueve años de creación, analistas ponen en entredicho.

También cuestionan la politización en la elección de sus relatores, los escasos resultados, hasta el aumento de su presupuesto operativo.

Como muestra, para este año la OPT tiene un presupuesto inicial de Q33 millones. Casi el doble de los Q 17.1 millones con que finalizó el 2022, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

El incremento pasó desapercibido para el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Herbert Figueroa, que recién asumió la presidencia de esta sala de trabajo en enero pasado. “Pediré un informe sobre las metas y resultados de tal aprobación” se limitó a decir.

La OPT indicó que el incremento del presupuesto 2023 está relacionado para el desarrollo de capacidades institucionales. No obstante, Carlos Solórzano, relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no ofreció declaraciones.

Un mecanismo de prevención

La OPT fue creada en 2014 como un ente ejecutor de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Decreto Legislativo 40-2010), en consideración a los convenios del derecho internacional y de la Constitución.

Su creación surgió de la conflictividad política y social del país, que se reflejó en la práctica de la tortura durante el conflicto armado interno.

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Ello motivó a crear un mecanismo interno de prevención, nacional, independiente y profesional capaz de erradicar la existencia de estas prácticas a través de visitas periódicas a los centros de privación de libertad, de acuerdo con la tesis de licenciatura del abogado Oswaldo Samayoa para la Universidad de San Carlos (Usac) en 2009.

Su campo de acción no se reduce a los centros carcelarios. Comprende también estaciones de policía, zonas fronterizas, albergues para migrantes, solicitantes de asilo, hospitales, psiquiátricos, cárceles militares, centros de privación de libertad de adolescentes, entre otros, como lo detalla el artículo 4, inciso d), de la ley.

Uno de sus mandatos más apremiantes es la emisión de recomendaciones dirigidas a solucionar el hacinamiento en los centros carcelarios, ya que el Estado no cumple con garantizar condiciones dignas de reclusión.

Hasta el pasado 15 de febrero, el reporte de los privados de libertad del Sistema Penitenciario da cuenta de un total de 24 mil 144 personas, casi la mitad cumple condena y la otra mitad está en prisión preventiva en los 23 centros nacionales. Los hombres representan el 88.3% de ocupación.

A las limitaciones de hacinamiento y escasa rehabilitación, se suman las deficiencias de servicios que van desde escasez de agua y mala alimentación y limitados servicios médicos. Lo más extremo, la muerte violenta, en promedio 11 de personas, según el blog del analista Carlos Mendoza, de la organización Diálogos.

Presupuesto millonario

En el 2022, la OPT comenzó con un presupuesto de Q13 millones, pero una ampliación hizo que su techo llegara a Q17.1 millones. En el 2023, el presupuesto asignado se incrementó a Q33 millones.

Lucrecia Hernández Mack, diputada del partido Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, consideró que se debe fiscalizar la labor de la OPT y de sus relatores, no solo por sus altos salarios, sino porque no rinden cuentas.

Indicó que, de los 19 integrantes de la comisión legislativa, la mayoría están subordinados a los intereses del oficialismo, lo que es complicado. “No participamos en la discusión del presupuesto de esta oficina”, aseveró.

La planilla de la OPT para el 2022 detalla los salarios de los cinco relatores (presidente y cuatro titulares).

El, de presidente, Carlos Solórzano, supera al de algunos ministros. Tiene un salario de Q60 mil, que incluye dos bonos: uno de Q10 mil y otro de Q15 mil, menos descuentos.

Los relatores titulares Lesther Castellanos Rodas, Ever Alejandro Pérez Arriaza, Alfredo Sánchez Chinchilla y Gloria López Rodas reciben salarios mensuales de Q50 mil 625, menos descuentos, que incluye un bono de responsabilidad preventiva por Q15 mil. En total, casi Q380 mil mensuales para los cinco relatores, de acuerdo con los datos de información pública abierta de la institución.

En la nómina del personal de dicha oficina, correspondiente a noviembre 2022, se presentan un total de 54 plazas (32 puestos renglón 011, 022 y 22 por contrato) la cantidad por estos pagos asciende a Q795 mil 604 mensuales. Esto equivale a un presupuesto anual estimado de más de Q10.7 millones, el 63% del presupuesto de la OPT el año pasado. (*)

El alquiler de cinco sedes también representa un gasto oneroso. Una en la ciudad de Guatemala y cuatro en la provincia, Quetzaltenango, Jutiapa, Mazatenango y Puerto Barrios. El arrendamiento de estas sedes representa un gasto anual de Q407 mil 328.

La renta más elevada es por la sede de la capital con un monto de Q10 mil 555 mensuales, según el portal Guatecompras.

Funcionamiento bajo la lupa

El artículo 12 de la ley, manda a la OPT a examinar periódicamente el trato y condiciones que reciben los privados de libertad en todos los lugares de detención, y a hacer recomendaciones con el objeto de mejorar el trato y condiciones en que permanecen.

El boletín informativo de la OPT más reciente que se encuentra en la página de la institución, es de julio-agosto de 2022, de la región Metropolitana. En este, Solórzano resume su actividad en 21 visitas, 92 recomendaciones y 18 denuncias.

Solórzano cumple su tercer periodo en la OPT, la cual responde a un cambio alterno de los 5 titulares cada tres años, con la idea de hacer un balance entre los anteriores y los recién llegados, explica Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, una institución que vela por los derechos de las mujeres privadas de libertad y de los niños, niñas y adolescentes con referentes familiares privados de libertad bajo su resguardo.

Lejanos a su mandato

Para Samayoa, cuya tesis de grado versó sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el desempeño de esta OPT “debería de ser un mecanismo que aporte muchísimo al país, pero actualmente se le considera el peor mecanismo de prevención de tortura en el mundo, según expertos”, dice.

“Está lejos de cumplir con su mandato y funciones. Sus recomendaciones son lejanas a los estándares internacionales”, afirma Samayoa, a pesar de que se considera el mejor diseño institucional para América Latina, de acuerdo con el Subcomité de Prevención de Tortura de Naciones Unidas.

Parte de las aspiraciones es que buscaba ser una organización multidisciplinaria, cuya elección dependiera de una asignación parlamentaria y democrática, con la particularidad de que la privación de libertad no se centralizara en las cárceles. Pero la entidad se politizó, con nombramientos clientelares y la designación solo de abogados, con intereses contrarios a la prevención de la tortura y escaso conocimiento, expone Samayoa.

Recuerda que quien marcó un antecedente del mal rumbo de esta oficina fue el entonces PDH, Jorge de León Duque, quien en 2016 pidió al Congreso revocar el mandato de los relatores por incumplimiento de funciones.

“Fue como un niño que vi crecer, promoví la ratificación de la ley, veo cómo funciona en otros países, pero en Guatemala no”, comenta Samayoa.

Labor invisible

Corinne Dedik, investigadora de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), coincide en que el trabajo de la OPT ha sido prácticamente “invisible”, debido al escaso conocimiento y resultados concretos de los relatores. De tal manera que se desaprovecha la oportunidad de cumplir con un tratado internacional de beneficio para el país y en particular para el sistema carcelario.

De acuerdo con Dedik, la OPT no ha alcanzado los resultados que una oficina de esta naturaleza puede lograr. “El problema es que nadie toma en cuenta esas recomendaciones, hay poca visibilidad de las mismas”, afirma.

También considera que una de las principales problemáticas es la forma como se eligen los relatores en el Congreso. Además del retraso en los nombramientos, las personas que buscan ser elegidas deben contar con el apoyo de varias bancadas para ganar la votación; espacios que se utilizan para colocar personas cercanas a los diputados.

De tal manera que quienes asumen dichos cargos no cumplen con los requisitos técnicos ni la experiencia para hacer un buen papel, señala Dedik.

Cambios estructurales

Barrios, del Colectivo Artesana, indica que con administraciones anteriores ha sido confuso con el seguimiento de casos, así como las recomendaciones que ha presentado. Sin embargo, los actuales relatores tienen un rol más activo y enfocado en el SP que los anteriores.

Expone que, debido a las precarias condiciones del sistema, las recomendaciones relacionadas con los privados de libertad no se ven reflejadas en el corto plazo, pues requieren de cambios estructurales y muchas de estas no dependen solamente de la Dirección del Sistema Penitenciario (SP).

“No se trata de llegar a hacer ofrecimientos con los privados, como lo han hecho los anteriores, sino la calidad de recomendaciones, que sean viables para su cumplimiento”, señala Barrios.

Agrega que la función de la OPT no se debe limitar a ver problemáticas como el hacinamiento en los centros carcelarios responde, sino también a la falta de ordenamiento en el sistema de justicia.

Por otro lado, la Subdirección de Rehabilitación Social tiene un desafío importante, enfatiza Barrios, puesto que, para algunas mujeres, este es un lugar seguro con mejores condiciones de vida que la calle. Aunque muchas tampoco están interesadas en rehabilitarse.

Un rol más activo

De acuerdo con Dedik, la OPT debiera jugar un rol más determinante y visible, concientizar acerca de la tortura y violencia en los centros carcelarios para generar el conocimiento suficiente de la problemática tanto en funcionarios como en la población.

De allí que el principal problema, a su parecer, es que la elección de los relatores se haga con base a criterios objetivos y técnicos.

Samayoa en cambio, apuesta porque la función de esta oficina sea la de un ente que gestione la prevención de la tortura.

“No tenemos rendición de cuentas por parte de esta oficina. Creo que debería desaparecer el mandato de cinco personas y unificarlo en un solo relator, el cual debiera ser sometido a una designación ajena al Congreso de la República”, concluyó.

Gobernación recibe una oferta en su cuarto intento por implementar el control telemático para reducir hacinamiento en cárceles

Thu, 02 Feb 2023 11:06:18 +0000

En el nuevo proceso de compra el Mingob solo recibió una oferta de la empresa Tecnología Acceso y Seguridad Sociedad Anónima por Q110 millones 367 mil 144. De acuerdo con las especificaciones de las bases, la empresa deberá proveer hasta 2 mil dispositivos de control telemático y un centro de control telemático que será instalado en un inmueble proporcionado por la cartera.

El ministerio también proporcionará personal operativo y administrativo para el funcionamiento de este centro, equipamiento de computadoras, medios de almacenamiento permanente de respaldo, pantallas, mobiliario, equipos de impresión multifuncional, cámaras de video vigilancia y planta telefónica, entre otros insumos.

Por su parte, el contratista, además de los dispositivos, deberá contar con infraestructura de y equipos de seguridad. También diseñará e implementará pruebas de aceptación de las soluciones provistas para el centro de control y mantenimiento preventivo y correctivo durante las 24 horas los 365 días al año.

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Por último, también se le requiere brindar capacitación en gestión, mantenimiento, operación y monitoreo a solicitud de la Unidad de Control Telemático del Mingob, la cual ya fue creada en 2020.

Intentos fallidos

Los intentos por adquirir estos dispositivos surgen luego de que en 2016 el Congreso de la República aprobara la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. La telemática es una medida alterna a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de videovigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.

La primera vez que se intentó arrendar este equipo fue en mayo de 2018, pero en esa ocasión el evento se prescindió dado que el lugar que se había definido para operar el Centro de Control Telemático era el excomplejo deportivo Guatel. Este presentaba inconvenientes ya que existía riesgo de que la comunicación de celular fuera anulada o interferida por sistemas bloqueadores de señales de radiofrecuencia por su cercanía con cárceles.

El otro evento se lanzó en 2021 y se buscaba adquirir 3 mil dispositivos de control telemático. La junta de licitación adjudicó a Innova Outsourcing S.A. por Q244 millones, pero el entonces ministro Gendri Reyes improbó la adjudicación aduciendo que la sumatoria total de las cantidades donde se detallaban los servicios ofertados no coincidían con el total de la oferta presentada por la empresa.

El tercer intento fue el año pasado. En esa ocasión, la junta adjudicó de nuevo los 3 mil dispositivos a Innova Outsourcing S.A. por Q214 millones, pero el evento fue anulado por el ministro porque la empresa no incorporó una solvencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otros documentos necesarios.

Necesario

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que es necesaria la adquisición de estos dispositivos. Con esto no se resolvería el problema del hacinamiento en las cárceles, pero al menos sí se podría mitigarlo, explica.

“Las condiciones en las cárceles son infrahumanas, aparte de hacinamiento está el tema de violencia intracarcelaria. Hay mala alimentación, extorsión y un clima de agresividad y poder. Un ambiente así no favorece de ninguna manera a las personas y menos contribuye a la rehabilitación. Entonces se puede evitar que una persona vaya a vivir a un centro carcelario en esas condiciones”, explicó Dedik.

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Enfatizó que no con todos los delitos hay medidas sustitutivas. Aquellas personas que estén ligadas a proceso por el delito de asesinato, por ejemplo, no podrían optar a este beneficio.

“No se puede hablar de sacar a todos los privados de libertad, porque hay personas que no pueden gozar de medida de control telemático de acuerdo con el artículo 264 del código procesal penal. Hay delitos para los cuales es obligatorio por ley que reciban prisión preventiva”, explicó.

Por su parte, Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explicó que el control telemático es un mecanismo para evitar el abuso de la prisión preventiva.

“Es un mecanismo que está de libertad controlada que está en ley hace muchos años. Se utiliza en todos los países del mundo para tener un control de una persona sujeta a proceso. Son mecanismos muy útiles para evitar el hacinamiento que vive nuestro país. La mitad de las personas en prisión están sin sentencia y hay un hacinamiento de 300 por ciento en cárceles”, dijo.

Explicó que en ocasiones anteriores los eventos no se han adjudicado por la poca transparencia que caracteriza no solo al Mingob, sino al Estado en su conjunto. “El tema de control telemático es de urgencia nacional y no se puede seguir posponiendo una medida por la burocracia, corrupción y licitaciones opacas. Tiene una importancia grande para la seguridad del país”, dijo.

Giammattei y sector justicia se reúnen para discutir reformas al Sistema Penitenciario

Sat, 07 Mar 2020 02:33:52 +0000

El presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo, participaron en una reunión con el sector justicia para discutir las reformas al Sistema Penitenciario.

Esta sería la primera reunión en la que los funcionarios participan para evaluar la viabilidad de estas reformas y darle solución a problemas como el hacinamiento en las cárceles.

En esta reunión estuvieron presentes el presidente del Congreso, Allan Rodríguez; la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés; la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras; el viceministro de Gobernación, Gendri Reyes; el director del Sistema Penitenciario; Jorge Flores; el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, entre otros.

Según los datos del SP, actualmente existe 25 mil 484 privados de libertad en las diferentes cárceles del país, esto representa un 300 por ciento de hacinamiento.

Para resolver esto, que según dicen es uno de sus mayores problemas, la mesa discutió la implementación de los grilletes electrónicos en personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres en etapa de gestación y personas con enfermedades crónicas.

Sostuvimos una reunión interinstitucional muy productiva donde sentamos las bases para las reformas del sector justicia y Sistema Penitenciario. Vemos la urgente necesidad de ampliar el número de cárceles e implementaremos los grilletes electrónicos para reducir el hacinamiento. pic.twitter.com/GwfAXQFmLn

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 7, 2020

Las estimaciones del SP es que al implementar esto puedan permitir la salida de 3 mil 328 personas de prisión.

Aunque las prisiones seguirían en hacinamiento, al menos bajaría el número de privados de libertad. El objetivo del Ministerio de Gobernación es lograr colocar entre 6 y 8 mil grilletes electrónicos, algo que hasta el momento no se ha logrado pese a que el Congreso aprobó una ley para el uso de estos controles en 2016.

Oficina contra la Tortura denuncia vejámenes en las cárceles del país

Fri, 15 Nov 2019 11:00:37 +0000

Solo, deshidratado, sentado en una poza de agua, en una celda que fue utilizada durante el conflicto armado interno, sin servicio sanitario ni iluminación, así fue localizado recientemente un joven que llevaba unas 12 horas de haber sido detenido por estar bajo efectos de licor y provocar una riña en Concepción Tutuapa, San Marcos.

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En un recorrido de supervisión, relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura encontraron este cuadro como una muestra del abuso al que son sometidos muchos guatemaltecos en un sistema de justicia que, no es que no funcione, sino tiene muchas deficiencias que lo hacen ser, en ocasiones, el verdugo de los ciudadanos.

La improvisada celda donde vivió el joven, quizá, las 12 peores horas de su vida, se encuentra en las instalaciones donde funciona actualmente la municipalidad de Concepción Tutuapa. Fueron los vecinos del lugar los que detuvieron al señalado y lo entregaron a la Policía Municipal.

“Imagínese, estaba a 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de entre 7 y 8 grados, a veces baja a 5, el señalado fue llevado a ese lugar bajo efectos de licor. Ni siquiera un animal podría estar encerrado en esas condiciones, se recurrió al Juez de Paz, planteamos unos recursos legales y en menos de 24 horas fue liberado”, cuenta Otto Paz, relator de dicha oficina.

Estos casos se repiten a lo largo y ancho del país. En la capital, por ejemplo, el 22 de agosto, en las carceletas de la torre de tribunales falleció Ronald Estuardo Fuentes Cabrera, de 50 años, quien fue consignado por un accidente de tránsito en donde la conductora del otro automóvil resultó herida y fue llevada a un centro asistencial privado.

Representantes de dicha oficina visitaron el sótano de la Torre de Tribunales un día después del deceso de Fuentes Cabrera y comprobaron la desatención en la que esperan las personas detenidas para comparecer ante un juez, desde quienes cometieron un delito grave, hasta los que tuvieron una falta o un accidente de tránsito, como el caso de Fuentes Cabrera, quien necesitaba atención médica, pero, según los relatores, no se le otorgó de inmediato.

En el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se confirmó que Fuentes Cabrera falleció por trauma de tórax. El detenido permaneció 15 horas en la carceleta, desde el miércoles 21 de agosto, por un incidente vial por el que iba a ser señalado de lesiones culposas y posiblemente recibiría una medida sustitutiva.

Los relatores comprobaron las condiciones de hacinamiento, suciedad y los malos olores entre los que las personas que están detenidas por algún señalamiento de delito o un hecho de tránsito esperan la audiencia con el juez.

Uno de los testimonios fue el de un reo que estuvo en una carceleta contigua a la de Fuentes Cabrera, donde este falleció.

“Escuché que decían que estaba vomitando sangre y se quejaba, pero no lo atendieron”, dijo el reo.

Una solución inmediata, según Otto Paz, relator titular de la Oficina contra la Tortura, es identificar cuándo es falta y cuándo es un delito, para evitar abusos en el manejo de la prisión.

En el caso de las faltas, el artículo 11 de la Constitución Política de la República establece que el agente captor debe notificarle al detenido que debe comparecer a un juzgado competente en determinado tiempo, si no lo hace, el juez resolverá su situación jurídica, si se ordena su captura, explica Paz.

“Hay privados de libertad por faltas, en la cárcel de Pavoncito (Fraijanes), encontramos personas que infringieron la ley seca en la primera vuelta electoral y pasaron de tres o cuatro meses cumpliendo una sanción sin haber sido escuchados por un juez de paz, ni haberse sometido a un juicio de faltas. Llegó la segunda vuelta electoral y allí estaban”, dice el relator.

Agregó: “El código penal en el artículo 45 refiere que el cumplimento de penas de arresto por faltas no serán mayores a los 60 días, pero hay privados de libertad por sanciones que cumplen más de ese tiempo”.

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No debe haber prisión

Paz refirió que en las subestaciones de la Policía Nacional Civil los agentes, e incluso los mandos policiales, desconocen lo establecido en las leyes y en el Código Procesal Penal.

“No lo conocen y es increíble porque que el artículo 11 -de la Constitución Política- reitera que después de la detención la persona será puesta ante el juez en un plazo de una hora, y cuando hablamos con los policías, dicen que lo hacen en un plazo de seis horas, y esto es ilegal, y eso trae consecuencias, como hacinamiento y muerte en las cárceles y carceletas. Por faltas no debe haber prisión”, insiste Paz.

Por su parte, el relator Mario Veras, explicó que en todas la cárceles se reporta algún grado de hacinamiento, en Jalapa, por ejemplo, ya se está implementando un programa de capacitaciones que está presentando resultados en cuanto a la disminución de personas detenidas.

“La mayoría de las policías en las subestaciones ya conocen el articulo 11 y lo están aplicando”, asegura.

Vicepresidente Jafeth Cabrera admite fallo de seguridad por fiesta nocturna en el Preventivo de la zona 18

Wed, 25 Sep 2019 19:25:47 +0000

“Se habla de que hay que hacer una reforma global del Sistema Penitenciario pero aquí tiene que ver con los problemas de la seguridad que se debe implementar y aquí ha fallado el sistema de seguridad”, dijo Cabrera.

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El vicepresidente respondió así al ser cuestionado por una supuesta fiesta con los reclusos que tuvo lugar en el Preventivo para Hombres la noche del lunes y en la que participaron unas 300 personas, un hecho que las autoridades admitieron que están investigando.

Unos videos que empezaron a circular en las redes sociales el lunes por la noche mostraban cómo desde las rejas del Preventivo se escuchaba un ruido que parecía ser una fiesta y el martes 24 de septiembre desde primera hora, centenares de mujeres con hijos abandonaron el penal, antes incluso de que se abrieran las visitas, ocultando su rostro y sin responder a las preguntas.

Un portavoz del Sistema Penitenciario confirmó que unas 200 mujeres y unos 90 niños pasaron la noche en este centro carcelario, pero todavía no se sabe lo que ocurrió en el interior, aunque prometió que investigarán los hechos y que analizarán interponer las respectivas denuncias.

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguró que la Defensoría de Personas Privadas de Libertad da seguimiento a las acciones implementadas por las autoridades en esta cárcel porque en el sector 11, donde hay recluidos pandilleros, pasaron la noche unas 200 mujeres y 90 niños.

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Una de las hipótesis que estudian las autoridades es si los visitantes, que pesaron la noche en la víspera de la Celebración del Día del Reo, que supuestamente se conmemora este martes, se negaron a salir exigiendo más tiempo de visita, aunque la música se escucha en las grabaciones.

El Ministerio de Gobernación ante los acontecimientos suscitados la noche del lunes 23 de septiembre en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, sector 11, informa: pic.twitter.com/bl9RSB5TfG

— MinGob (@mingobguate) September 25, 2019

La Policía Nacional Civil de Guatemala tiene a su cargo 14 cárceles públicas en todo el país con casi dos mil reclusos, mientras que el Sistema Penitenciario tiene 22 con más de 25 mil 300 internos, aunque su capacidad es para poco más de seis mil.

Las autoridades han reconocido en diversas ocasiones que no tienen el control de los centros de privación de libertad y es habitual que en las requisas se localicen ilícitos, como droga, armas o teléfonos móviles.

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Hacinamiento en cárceles es un peligro para la seguridad

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Hacinamiento en cárceles es un peligro para la seguridad

Thu, 26 Apr 2018 10:37:04 +0000

Según el Índice de Denuncias de Delitos presentado ayer por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), estos factores se traducen en un problema para la seguridad ciudadana y concluye que no hay “suficientes controles” ni “seguridad interna” que permitan el funcionamiento eficiente del SP, dependencia a cargo del Ministerio de Gobernación.

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Hacinamiento

El estudio resalta el hacinamiento carcelario: en 10 años la cantidad de reos pasó de seis mil 420 a 23 mil 899 —17 mil 479 mil—. Es decir que superó en 372 por ciento la capacidad de los reclusorios, problema que, según el Cien, ya debería ser tratado a escala interinstitucional.

Corinne Dedick, investigadora del Cien, afirmó que el hacinamiento es el problema medular, pues impacta en la población reclusa, la sociedad en general y en el mismo SP.

Explicó que, en la actualidad, de los 23 mil 899 reos, el 48 por ciento — 11 mil 634— se encuentra recluido en prisión preventiva y el resto, correspondiente a 12 mil 265, cumple alguna condena.

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Todos esos presidiarios se ubican en las 21 prisiones del país, que oficialmente cuenta con seis mil 812 espacios de reclusión.

“En 2008 había seis mil 420 espacios en las cárceles, para ocho mil 409 prisioneros. Diez años más tarde, el Sistema Penitenciario logró habilitar 392 espacios; sin embargo, la cifra de reos subió a 23 mil 899, es decir que sobrepasó su capacidad”, detalla el informe.

En opinión de la experta, el hacinamiento se traduce en un problema de la delincuencia. Dedick agregó que entre los efectos que puede tener el hacinamiento en los prisioneros es que se vuelven más violentos y agresivos, además de imposibilitar una adecuada clasificación, sin olvidar las condiciones desfavorables que ello implica para su rehabilitación.

Según el Ministerio de Gobernación, se trabaja en la construcción de algunas cárceles, a fin de bajar las cifras de hacinamiento, además de que han tomado medidas alternativas como el control telemático, el cual consiste en brazaletes electrónicos para aquellas personas que sean vinculadas con delitos menores.

A esas acciones agrega el fortalecimiento operativo y preventivo en los reclusorios a escala nacional. El Cien considera urgente, además de la construcción de más cárceles, revisar el Código Penal, con “énfasis en la proporcionalidad de las sanciones e implementación de mecanismos alternos a la privación de libertad”.

Dedick recomienda la planificación de espacios adicionales, además de planes de mejoras internas en el Sistema Penitenciario, tales como nuevo personal, reentrenamiento de guardias actuales, rehabilitación y expansión del nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

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Notificaciones

Walter Menchú, otro analista del Índice, considera que el hacinamiento es una puerta para seguir delinquiendo, lo cual se demuestra en las constantes notificaciones que el Ministerio Público efectúa en las cárceles. Según datos de la Fiscalía contra las Extorsiones, solo la semana pasada envió notificaciones a cinco reos de Cantel, en Quetzaltenango, señalados por obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato.

Los investigadores sospechan que algunos de esos reclusos cometieron los delitos desde esa prisión. Esa misma fiscalía informó que otro reo que guarda prisión en Escuintla enfrenta un nuevo juicio por haber ordenado desde la cárcel extorsiones y más de 139 asesinatos.

Fugas y evasiones

El descontrol del Sistema Penitenciario se evidencia en la falta de un registro unificado. Ello facilitó la salida de siete reos vinculados con el narcotráfico al presentar órdenes de libertad falsas, hecho que fue denunciado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP.

A esas fugas se suman las de 14 pandilleros que salieron por las puertas principales de dos cárceles de máxima seguridad, en 2016, según una investigación de Prensa Libre.

También existe el reporte del mismo Sistema Penitenciario, en marzo último, cuando en la Granja de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, se hallaron mil botellas y latas de bebidas embriagantes escondidas en varios agujeros.

Los números

5,053 reos alberga el Centro de Detención Preventiva para Hombres, en la zona 18.

3,615 reclusos se encuentran en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.

3,077 presos reporta la Granja Modelo de Rehabilitación para Hombres, Canadá.

2,105 presidiarios hay en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.

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Gobernación pide recursos para cárceles en el país

Wed, 15 Jun 2016 04:16:58 +0000

El funcionario explicó a la Comisión de Gobernación del Legislativo que las prisiones podrían construirse en Guatemala, pero no se descartan otros departamentos como Escuintla.

Rivas aseguró que en algunos centros carcelarios se rebasa la capacidad de albergar privados de libertad en un 300 por ciento.

“La infraestructura carcelaria data de hace más de 15 años, fue construida para seis mil 500 privados de libertad, pero en la actualidad hay más de 20 mil, por ello es necesario construir nuevos centros”, recordó el ministro, y agregó que se hizo la solicitud a la Unidad de Extinción de Dominio de propiedades que se han extinguido al narcotráfico para realizar allí las edificaciones, uno de estos bienes se encuentra en Escuintla.

Para finales de este año se prevé concluir la construcción de dos centros para mujeres. Según el funcionario, uno albergaría a las privadas de libertad que viven con sus hijos y el otro para las que ya tienen condena. Estos se construirían con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea, que financian los centros para mujeres. Ambos proyectos tendrían un costo de US$10 millones.

Para el 2017 se espera construir dos cárceles para hombres que guardan prisión preventiva y condena, y una más de máxima seguridad.

Hombre delata a sus agresores antes de morir

Wed, 08 Jun 2016 00:44:17 +0000

En un video publicado en el portal de Facebook de Knal 4 Quiché, García relata que dos internos lo agredieron durante los dos días que permaneció en el recinto y que aparentemente los guardias estaban enterados de lo que pasaba.

De acuerdo con información del referido portal, la víctima con ayuda de su abogado grabó el video, luego falleció en un hospital a causa de los golpes que sufrió.

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Añade que García Castro era originario de Zacualpa e ingresó a la referida prisión el 30 de mayo último, sindicado de maltrato contra menores de edad, pero recuperó su libertad dos días después, cuando un juez lo benefició con el criterio de oportunidad; sin embargo al salir de la prisión tenía golpes.

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Agrega que la familia de la víctima pide justicia en este caso; mientras el Ministerio Público ha comenzado la investigación.

El vocero del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, dijo que según el informe administrativo de esa institución, García Castro recobró su libertad a las 16.20 horas del 1 de este mes. Añadió que, cualquier denuncia planteada en hora posterior a su liberación, el SP por competencia, carece de esa información.

Al ser consultado de cuál será la postura de esa institución si se individualiza a agentes o internos como posibles responsables del hecho, Esquivel dijo que no buscan minimizar una denuncia ni la pérdida de una vida humana.

Resaltó que son respetuosos del debido proceso y si las autoridades lo requieren se pondrá a disposición la información que sea necesaria.

Caso similar en el 2014

En julio del 2014, la muerte de Edwin Ramírez Vanegas, de 39 años, en el sector uno de la cárcel de Jutiapa despertó sospechas en su familia, debido a que en junio del mismo año, otro reo pereció a golpes en el mismo lugar.

Ramírez Vanegas, ingresó el 26 de junio por acusación de violencia contra la mujer y era originario de El Limón, Santa Catarina Mita.

Familiares dijeron en esa ocasión que su pariente no tenía problemas de salud y que lo visitaban cada dos días para llevarle comida, porque en la cárcel no alcanza.

“En la cuadra donde él estaba hay más de 90 presos, pero llevan comida para 30. Nos dijeron que está muerto y nadie se hace responsable”, indicó una familiar del recluso.

Decomisan drogas y teléfonos móviles en cárcel de Puerto Barrios

Tue, 15 Dec 2015 14:27:33 +0000

El informe detalla que uno de los reos del referido centro de detención enfrentará un nuevo proceso por portación de droga y otro por uso de equipo de terminales móviles dentro del penal, por lo que fueron puestos a disposición de un juez local.

Abelino Lajuj López, comisario de la PNC, dijo que la requisa se efectuó para evitar que los presos dirijan extorsiones contra comerciantes de Puerto Barrios.

“Vamos a continuar con estas requisas en coordinación con autoridades del Sistema Penitenciario, con el fin de minimizar hechos delictivos que se planean desde la cárcel”, agregó Lajuj.

Astrid Franco, de la Auxiliatura de los Derechos Humanos en Izabal, indicó que verificaron que el procedimiento se efectuara de forma legal y destacó que la situación de hacinamiento en ese centro de detención es preocupante.

Agregó que los reclusos no tienen condiciones dignas para cumplir una condena y que el exceso de población puede generar conflictos entre reos.

Resultados de requisa en cárcel de Puerto Barrios: 17 cel, 17 chips y 8 cigarrillos de mariguana. pic.twitter.com/czCM6jUSr8

— S. Penitenciario (@DGSPG) December 15, 2015