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Detectan cuatro métodos usados para evadir impuestos del ISR e IVA en 2024

La evasión de los impuestos sobre la renta y al consumo se estimó en Q45 mil 755.12 millones, y la SAT logró identificar cuatro mecanismos a través de los cuales se desarrolla esta práctica de incumplimiento.

Urias Gamarro

7 de julio de 2025

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00:10h

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La evasión fiscal en Guatemala fue de Q45 mil 755 millones en los impuestos sobre la renta y valor agregado, según la SAT. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El monto de la evasión fiscal en Guatemala, correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al valor agregado (IVA), representó Q45 mil 755.12 millones, según la actualización de los reportes sobre el incumplimiento de ambos tributos.

El informe de estimación de la Productividad, Eficiencia e Incumplimiento del ISR e IVA corresponde al ejercicio del 2024 tiene como objetivo analizar el monto que no se logra recaudar por cada uno de estos impuestos. Se utilizan modelos para el cálculo del consumo de bienes y servicios, las compras exentas, el monto gravable, la base imponible y la cobranza efectiva.

Asimismo, se identifica el monto del incumplimiento, el grado de cumplimiento y sus respectivas tasas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que evaluó recientemente el Artículo IV para Guatemala, destaca entre sus hallazgos que, a mediano plazo, se requiere aumentar los ingresos, sobre todo mediante una reforma tributaria integral, que permita reducir los déficits hasta situarlos en 2% del PIB y conservar así la sostenibilidad de la deuda, mientras se mantienen los gastos prioritarios en niveles adecuados.

¿Cuánto no se cobra?

Según el reporte del 2024, de los Q45 mil 755 millones, Q31 mil 738 millones corresponden al ISR y Q14 mil 17 millones, al IVA.

A decir del administrador tributario, “durante el 2024 se observó una mejora en ambos impuestos. En el caso del ISR de actividades lucrativas, la tasa de incumplimiento se redujo de 70.5% en 2023 a 69.5% en 2024, mientras que en el IVA pasó de 23.9% a 22.6% en el mismo período. Estas reducciones, aunque moderadas, reflejan avances en la eficiencia recaudatoria y constituyen señales positivas en términos de sostenibilidad fiscal”.

Al comparar con los datos del 2023, la evasión fue de Q45 mil 143 millones. Para ese año, se identificaron Q31 mil 210 millones en ISR y Q13 mil 932 millones en IVA.

Las cuatro tipologías

El reporte detalla los mecanismos de evasión fiscal detectados para ambos impuestos:

• Persisten agentes económicos en todos los sectores con un aporte fiscal bajo o nulo.
• Contribuyentes que declaran pérdidas recurrentes sin justificación económica.
• Agentes económicos que reducen artificialmente su base imponible.
• Existencia de estructuras que generan crédito fiscal apócrifo mediante facturas válidas que respaldan transacciones falsas o aparentes.

“Estas prácticas afectan no solo la recaudación, sino también la equidad del sistema tributario y distorsionan la competencia entre empresas”, reconoció Werner Ovalle, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El funcionario reiteró que, “más allá de los resultados generales que evidencian los estudios de incumplimiento, se conoce que, a pesar de los esfuerzos institucionales, persisten agentes económicos y tributantes en todos los sectores productivos con un aporte al fisco bajo o nulo”.

Endurecimiento y análisis de riesgos

El administrador tributario recalcó que, ante esta realidad, es innegable la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de control, fiscalización y análisis de riesgo.

Se advierte que es necesario revisar y modernizar aspectos del marco legal que permiten el abuso de beneficios fiscales o el uso indebido de estructuras jurídicas para evadir obligaciones. “Una administración tributaria más efectiva requiere herramientas normativas robustas, mayor inversión tecnológica y capacidades para establecer de forma sostenida una cultura de cumplimiento en todos los sectores”, aseveró Ovalle.

El FMI destacó en su informe de mayo que la SAT ha dado pasos encomiables para reforzar el cumplimiento mediante la implementación de la facturación electrónica obligatoria, el refuerzo de la fiscalización en fronteras para combatir el contrabando y la realización de auditorías más rigurosas a personas con rentas altas y grandes empresas.

Evasión persiste

Sobre la persistencia de los agentes económicos y contribuyentes con un aporte fiscal bajo o nulo, Donato Monzón, exintegrante del Directorio de la SAT, declaró que es una problemática arrastrada desde hace tiempo, con un buen número de contribuyentes que mantienen niveles de contribución muy bajos o que directamente no reportan.

“A estas alturas la SAT debe involucrarse más; no puede ser que los contribuyentes reporten movimientos mínimos y, por consiguiente, tributos bajos. Aunque esto ha venido disminuyendo, parece mantenerse cada año. Ya no debería existir evasión ni contribuyentes reportando pérdidas”, apuntó Monzón.

El exfuncionario insistió en la necesidad de un programa específico de auditoría para identificar a este grupo de contribuyentes y los servicios que prestan. Aunque la facturación electrónica ha mejorado los controles, aún hay rezagos de ejercicios anteriores sin resultados concretos.

Aclaró que, aunque la implementación de la FEL ha permitido controles más efectivos, “no se ha llegado al fondo del asunto. Se mantiene un grupo de contribuyentes considerable que debe recibir más atención, lo cual es una tarea pendiente de la SAT”.

Monzón hizo un llamado a las nuevas autoridades tributarias para que incluyan este aspecto en sus planes de trabajo.

Programas para revertir la tendencia

Un desglose de acciones clave para revertir la evasión del ISR e IVA contempla nueve medidas que se estarían implementando en distintas etapas. Estas acciones buscan ofrecer alternativas de regularización antes de detectar a los contribuyentes.

Entre las medidas señaladas por Ovalle destacan:

• Promoción del cumplimiento voluntario en el marco de la transparencia.
• Gestión integral de riesgo de forma transversal en la SAT.
• Identificación de causas estructurales del incumplimiento.
• Verificación y fortalecimiento de metodologías de fiscalización.
• Uso de analítica avanzada para controlar la evasión.
• Fortalecimiento de sistemas y tecnologías de información, privilegiando las no intrusivas e incorporando inteligencia artificial.
• Transformación digital para modernizar la SAT.
• Implementación de un centro interagencial de análisis e información.
• Fortalecimiento del sistema tributario con medidas de política fiscal: planificación fiscal y arbitraje, procedencia del crédito fiscal, actualización del sistema sancionatorio, intercambio de información, beneficiario final, servicios digitales e incentivos fiscales.

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La SAT calcula que en el 2023, la evasión del IVA y el ISR sumó Q45 mil millones

El ente recaudador guatemalteco le llama incumplimiento tributario a lo que deja de recaudar debido a diversos subterfugios utilizados por los contribuyentes para pagar menos.

Urias Gamarro

3 de julio de 2024

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05:00h

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La evasión del IVA e ISR representó Q45 mil 189 millones en el ejercicio fiscal 2023, según la Intendencia de Recaudación. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El impuesto al valor agrego (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) son los tributos sobre los que descansa más del 60% del financiamiento anual del Estado para este año, pero solo en el 2023, el incumplimiento estimado del pago de los mismos representó Q45 mil 189.7 millones, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en conferencia de prensa realizada ayer.  

El reporte anual de la “Productividad, Eficiencia e Incumplimiento” de ambos tributos tiene como objetivo analizar las tipologías de evasión, a efecto de revertirlas, considerando que al cierre del 2023 los ingresos tributarios netos totalizaron Q95 mil 546 millones, pero al sumar los Q45 mil 189 millones no percibidos, se habrían alcanzado los Q140 mil 753 millones.

Detalle y justificaciones    

La evasión del IVA se calcula en Q14 mil 571 millones para el 2023 (24.8% del potencial) y en Q30 mil 618 millones la del ISR para actividades lucrativas (70.1%), lo que da un total de Q45 mil 189 millones, detallaron Marco Livio Díaz Reyes y Erick Echeverría, superintendente de la SAT e intendente de Recaudación.

Al hacer un desglose del caso del IVA, el incumplimiento aumentó Q3,384.6 millones en comparación con el 2022, cuando fue de Q11 mil 186 millones, lo que las autoridades atribuyeron al desempeño de la economía. En 2021 se dejaron de percibir Q8 mil 624.5 millones y en 2020, Q9 mil 340 millones, ambos años influenciados por los efectos de la pandemia.

Por otro lado, el superintendente explicó que a pesar de que las remesas familiares financian en gran medida el consumo en los hogares (ya representan el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto, PÏB), una parte significativa de esas transferencias se destina a la compra de alimentos y otros bienes de uso cotidiano en el sector informal de la economía, aparte de los servicios de educación o los medicamentos, que no son gravados.

Como medidas para lograr un cumplimiento del IVA al 100%, los funcionarios mencionaron el combate a las estructuras de facturación apócrifa, reducir la facturación a Consumidor Final (C/F) y la anulación de esos documentos contables, además de la masificación del uso del verificador integrado y otras herramientas que permitan la auditoría social.

En cuanto a la evasión del ISR de actividades lucrativas, el monto se calculó en Q30 mil 618.2 millones (70.1% de incumplimiento), cifra mayor a los Q28 mil 206 millones no percibidos en el 2022; los Q24 mil 898 millones del 2021 y los Q20 mil 599 del 2020.

De acuerdo con el decreto 10-2012, artículo 4, el régimen de actividades lucrativas del ISR incluye “con carácter general, todas las rentas generadas dentro del territorio nacional, se disponga o no de establecimiento permanente desde el que se realice toda o parte de esa actividad”. Entre otras, se incluyen las rentas provenientes de la producción, venta y comercialización de bienes y servicios en Guatemala.

Modificaciones legales

Díaz Reyes informó que el tema del ISR es más complejo y enlistó una propuesta de reformas al Libro 1 del decreto 10-2012, para fortalecer el trabajo de la SAT, tales como:

• La modificación de la actualización y modificación del régimen de actividades lucrativas del ISR para que el cálculo del impuesto se base exclusivamente en la determinación de utilidades.
• Mejorar la claridad, conceptualización y actualización de las normativas que determinan la deducibilidad o no, de costos y gastos.
• Eliminar la limitación de identificar a las partes relacionadas (nacional-extranjero) para permitir a la SAT la aplicación de la Precios de Transferencias también a nivel local.

En cuanto al Decreto 6-91, Código Tributario, se solicitará:

• Permitir a la SAT el acceso a la información bancaria de forma directa, sin necesidad de autorización judicial.
• Permitir a la SAT el intercambio de información con otras jurisdicciones tributarias.

Y finalmente, para el Decreto Número 27- 92, Ley del Impuesto al Valor Agregado, se pedirá:

• Actualizar y aclarar las normas que indican cuándo procede o no el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Revisar la metodología

Consultado Abelardo Medina Bermejo, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), recordó que la medición de los niveles de incumplimiento tributario es una medida de la efectividad del sistema tributario y del trabajo de la administración tributaria, por lo que el hecho de que la SAT haga el cálculo y no el Ministerio de Finanzas, como se hace internacionalmente, le introduce un incentivo perverso porque la administración tributaria puede presentar valores inferiores a los reales para aparentar un mejor desempeño.

Respecto a las cifras presentadas, expuso que el incumplimiento del IVA es superior a lo que fue presentado previamente por la institución recaudadora y respecto al ISR, también puede ser más alto, derivado de aspectos metodológicos. 

“Gran parte de la discusión gira en torno al hecho de que la SAT sustrae, para efectos de cálculo del incumplimiento del IVA, valores muy importantes de producción para uso final, consumo no afecto y gastos de gobierno no gravables, así como del consumo exento, los que en muchos casos están superpuestos; al restarlos, se produce la ilusión de una base gravable menor y por ende, mayor cumplimiento. Ese aspecto debe revisarse”, apuntó.

Aclaró que hay otros aspectos como la no consideración de las solicitudes de devolución de crédito fiscal flotantes debido a que la SAT no las ha querido pagar aduciendo irregularidades, y el incremento en el saldo interanual de los créditos a favor del contribuyente, también deben confirmarse.

“En el caso del ISR, el valor de incumplimiento tributario presentado por la SAT luce muy alto, pero eso se debe a que la SAT considera como evasión el uso de los mecanismos de arbitraje que la ley permite. Además, muchos contribuyentes de empresas periféricas prestan servicios a los grandes contribuyentes, pero solo pagan entre 5% y 7% de ISR, mientras las grandes pueden deducir el 25% o la existencia de altos salarios pagados a los propios dueños, como mecanismo de deducción”, explicó. 

Supuestos dudosos

Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), afirmó que las estimaciones de la SAT dependen de los supuestos sobre las que se elaboraron y que pueden no coincidir con la realidad.

“Por ejemplo, se puede suponer que un vendedor ambulante informal de flores o agua debe pagar ISR, pero en la práctica dicha persona no obtiene el mínimo de ingresos para tributar dicho impuesto. El ingreso promedio en economía informal es insuficiente para calificar como sujeto del ISR, según la encuesta de empleo e ingresos”, dijo.

A su criterio, las principales fugas de impuestos se realizan por la vía legal, mediante exenciones o clasificación de rubros en partidas que no corresponden. Entonces, se puede decir que la evasión es legal, amparada en leyes de incentivos fiscales que en ocasiones no encajan como tal. “Es un tema técnico que debe analizarse en su adecuada dimensión”, concluyó.

Para qué alcanzarían Q45 mil millones

A la pregunta de qué se puede hacer con Q45 mil millones, estas son los principales coincidencias de los especialistas:

• Representa el 38% del presupuesto vigente de Q116 mil 130 millones.
• Se puede pagar 2.7 veces el servicio de la deuda entre capital e intereses (Q16 mil 141 millones).
• Es el doble del presupuesto asignado al Ministerio de Educación por Q22 mil 254 millones para el 2024.
• Se puede cubrir 3.7 veces el presupuesto para el Ministerio de Salud que de Q12 mil 53 millones.

Una correcta planificación y ejecución evita las consecuencias legales contenidas en la legislación tributaria vigente, por lo que debe ser una tarea prioritaria de los órganos de administración y dirección de las empresas, así como la implementación de una política de cumplimiento tendiente a minimizar los riesgos.

Es más, tras la creación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones, estas se deben comunicar correctamente, pues como dijo Benjamín Franklin “en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”, y mientras más conocimiento se tiene sobre la correcta declaración y pago de los impuestos en las empresas, mejor será la sanidad y tranquilidad fiscal con la administración tributaria.

El incumplimiento tributario, no solo trae consigo consecuencias monetarias o de costo económico a las empresas, pues incumplir conlleva al pago de multas e intereses y en un extremo puede ser constitutivo de delito tributario (cuando de forma dolosa se elimina o minimiza el pago de los impuestos).

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También trae consigo el riesgo reputacional, pues el ser señalado de forma presunta como incumplidor tributario y más aún como delincuente fiscal, se puede incurrir en pérdidas económicas o simplemente la muerte empresarial, pues los clientes o proveedores podrían dejar de tener relaciones comerciales con la firma señalada.

Actualmente, el cumplimiento de las leyes tributarias resulta un camino tortuoso para los contribuyentes, pues poder pagar los impuestos en forma y tiempo para no ser sancionado por la Administración Tributaria conlleva un sinfín de formalidades establecidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ostenta por mandato legal el poder tributario y está obligada a exigir el pago de los impuestos y denunciar ante las autoridades competentes los indicios de la comisión de delitos tributarios.

En ese sentido, las empresas deben buscar asesoría tributaria con profesionales éticos e idóneos que les ayuden a prevenir los riesgos tributarios (administrativos y penales) y con esa búsqueda del asesor tributario que gestionará los impuestos de la empresa, inicia el Compliance Tributario, pues al momento de la contratación de servicios profesionales (tributarios), la empresa debe buscar que dichos asesores tengan el suficiente conocimiento y pericia tributaria.

Cómo preparar el Programa de Cumplimiento Tributario

El plan a trabajar toma en cuenta los requisitos para implementar un sistema de Compliance Tributario que permita la prevención y detección de riesgos tributarios mediante un mapa de riesgos, estableciendo principios y valores éticos y de transparencia fiscal.

El documento es pertinente en todo tipo de empresa o persona individual o jurídica, entidades no lucrativas y profesionales liberales que no son comerciantes, tales como llevar contabilidad -cuando aplique-, registros libros de compras y ventas, realizar declaraciones de impuestos, elaborar retenciones, emitir facturas, notas de crédito y débito, recibos de anticipos, etc.)  y materiales (el pago de impuestos -cuando aplique-); no importando el tamaño de las mismas, o sean catalogados contribuyentes especiales grandes, medianos o regionales; contribuyentes normales o pequeños, pues todos tienen la misma obligación de contribuir en forma y tiempo.

Requisitos mínimos

Los requisitos mínimos que debe considerar una empresa para la implementación de un Programa de Cumplimiento son:

• Contexto de la empresa.
• Mapa de riesgos.
• Medidas de prevención.
• Canal de denuncias y sistema disciplinario.
• Políticas de Compliance Tributario.

Para realizar un Programa efectivo de Cumplimiento Tributario, y no solo un maquillaje de cumplimiento, se debe realizar un análisis exhaustivo del contexto y entorno de la empresa a analizar, verificando: Tamaño y estructura de la organización, ubicaciones y sedes, naturaleza de actividades, entidades donde ejerce control, miembros de la organización y socios del negocio, obligaciones y compromisos legales, contractuales o profesionales, estrategias tributarias y órgano de administración, marco legal tributario nacional e internacional aplicable a la organización, estructura de responsabilidades, tipo jurídico mercantil de la organización.

También la delegación de competencias, relación con el sector público y privado, relación con asociaciones sin fines de lucro, negocios a nivel internacional, estructura de los órganos de gobierno y de administración, propiedades, accionistas o socios, órganos de dirección y comités, y nivel de jerarquía. Al realizar este análisis podemos establecer el “mapa de riesgos tributarios” que pueden afectar a la empresa.

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Medidas de control y prevención

Existen muchas medidas de control y prevención de riesgos tributarios (basado en el mapa de riesgos tributarios) y algunas medidas que pueden considerar los contribuyentes son:

• Calendario Tributario: Debe establecer cuáles obligaciones formales y materiales afectan a la empresa y las fechas para su cumplimiento, debiendo alertar a la persona encargada de realizar las declaraciones y pago de impuestos (asesor tributario, oficial de cumplimiento tributario o encargado de la gestión de los impuestos) con previa anticipación al vencimiento de las mismas.
• Verificador Integrado: Herramienta digital tributaria que la SAT pone a disposición de los contribuyentes para verificar que su proveedor o prestador de servicios esté solvente, o bien que el documento que le ha emitido es autorizado por dicha entidad.
• Código de Proveedor: Solicitud de formulario de debida diligencia con documentos públicos legales para garantizar la existencia del mismo (RTU, Patentes de Comercio y Sociedad, otros).
• Solvencia Fiscal: Todo proveedor o prestador de servicios debe presentar dicha constancia.

Beneficios esperados

Las ventajas de implementar un Programa de Cumplimiento Tributario dentro de las empresas son:

• Reducción de costos tributarios: Ante posibles incumplimientos tributarios por parte de los contribuyentes, pues el incumplir trae consigo el pago de impuestos más las sanciones respectivas (multas e intereses), así como el pago de profesionales del litigio tributario.
• Mejor imagen y reputación: El cumplidor tributario es mejor visto ante la sociedad en comparación con el incumplidor o peor aún, ante la imagen de un presunto delincuente fiscal. En otros paises, existen las “certificaciones de contribuyentes cumplidores”, en nuestro caso (Guatemala), la Administración Tributaria a petición del contribuyente emite la Solvencia Fiscal, que no exime al contribuyente de que en las facultades que le confiere la ley a la Administración Tributaria, esta pueda verificar si efectivamente se ha cumplido de forma adecuada.
• Prueba de la voluntad de cumplimiento: Puede servir como atenuante o eximente ante un proceso penal tributario (en el ámbito administrativo el obligado tributario es el responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias; además, el código tributario establece que los sujetos pasivos de la obligación tributaria serán responsables ante la Administración Tributaria por los actos u omisiones de su personal dependiente, en ejercicio de su cargo).

Es decir que, en el ámbito administrativo, no existe atenuación de la responsabilidad ante el escenario de un incumplimiento y de ahí, la importancia de contar cada año con el plan descrito.

En conclusión, las obligaciones tributarias son cada vez más numerosas, complejas y exigentes, existiendo mayores riesgos de incumplimiento tributario. La cultura del Compliance Tributario es un objetivo que en la actualidad las organizaciones buscan e implementan; pues, en esencia busca el correcto cumplimiento de las normas tributarias, para evitar problemas o litigios con la Administración Tributaria que conlleve costos impositivos innecesarios y en un extremo, sanciones de índole penal tributaria.

Con información de MSc. Walfred Corado, Coach de Impuestos y de Negocios. Director de Impuestos y Precios de Transferencia en Expertos Tributarios, S.A.

De acuerdo con el informe de la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), esa es la cantidad de tributos que el fisco dejó de percibir por los regímenes preferenciales a determinadas actividades, sectores y contribuyentes, aprobados con los objetivos de incentivar un mayor consumo de bienes y servicios producidos en el mercado interno, fortalecer la actividad comercial y aumentar la generación de empleo y encadenamientos productivos.

Distribución

Al hacer un desglose del gasto tributario, Q6 mil 335 millones correspondieron a impuestos directos no cobrados, en los que destaca el impuesto sobre la renta (ISR) por Q5 mil 596 millones; y Q13 mil 482 millones por tributos indirectos en el resalta el impuesto al valor agregado (IVA) con Q12 mil 722 millones.

En la estructura correspondiente, Q18 mil 555 millones fueron por exenciones a impuestos internos con una participación del 2.5% del PIB que representó el 93.6% del total; y lo no percibido por tributos al comercio exterior fueron Q1 mil 263 millones (6.4%), equivalentes a 0.2% del PIB.

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Es decir, el IVA e ISR hacen un total de Q18 mil 318 millones de gasto tributario total (92.4%) y son los tributos que más peso tienen en la muestra.

Por las exenciones al impuesto de solidaridad (ISO) el monto reportado fue de Q739 millones y por Derechos Arancelarios a las Importaciones fueron Q608 millones, que otros de los tributos más relevantes.

Por beneficiario

La Intendencia de Recaudación, también lleva a cabo un control sobre los beneficiarios del gasto tributario.: El informe da cuenta de que los beneficiarios constitucionales no tuvieron que pagar tributos por Q3 mil 817 millones que representa en la estructura 19.3% o sea 0.5% del PIB. Y por leyes ordinarias fueron Q16 mil 1 millones.

Por ejemplo, en los beneficiarios constitucionales, las universidades se ahorraron Q1 mil 462 millones y los centros educativos, Q1 mil 189 millones. Y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Q1 mil 163 millones.

En los beneficiarios ordinarios resaltan las personas individuales y familias con Q5 mil 766 millones; intermediación financiera, por Q2 mil 485 millones; actividades mercantiles, Q1 mil 821 millones; beneficiarios del Decreto 2989 (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila) Q1 mil 188 millones e instituciones de asistencia social Q1 mil 180 millones.

Además, Q934 millones dispensados a instituciones gubernamentales y Q825 millones a empleados en relación de dependencia; las cooperativas no pagaron Q665 millones; y para misiones diplomáticas e internacionales, Q470 millones, indica el reporte oficial.

En los totales de los beneficiarios nuevamente pesa la participación del ISR con Q5 mil 596 millones y el IVA con Q12 mil 67 millones.

Habla la SAT

De acuerdo con Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación de la SAT, se pudo observar una reducción del gasto tributario al ubicarse en 2.7% del PIB y “parece una pequeña disminución, pero en el monto nominal aumentó y tiene sentido por el aumento de la actividad exenta en términos relativos”.

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En todo caso, reiteró que la estructura del gasto tributario se mantiene muy similar en comparación con otros años, y la parte del ISR, IVA e ISO son los tributos que mayor impacto tienen, mientras que los demás son marginales.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que esta cantidad es una pérdida de recursos para el país, pues se trata de incentivos tributarios diferenciados, muchos de los cuales existen desde hace décadas, sin que se conozcan sus impactos positivos reales para la economía nacional.

Eso significa que, según la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es el monto que no se pudo recaudar en el ejercicio fiscal anterior, de un monto potencial de Q50 mil 829 millones, pero que está plenamente identificado, en la “Estimación del Incumplimiento de pago del IVA”, documento que fue publicado el pasado 30 de junio.

Esta cifra representó el 17.7% de incumplimiento, contra un 82.3% de cumplimiento efectivo. En el 2021, los porcentajes fueron 17.83% y 82.17%, respectivamente.

Desde el 2013 utilizando una metodología específica, el administrador tributario realiza el análisis sobre el incumplimiento del referido impuesto y del gasto tributario, lo que está relacionado con variables macroeconómicas.

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Por lo tanto, en septiembre de este año, se presentará el incumplimiento del impuesto sobre la renta (ISR) dieron a conocer las autoridades, aparte de que también se trabaja en un informe similar sobre el incumplimiento de otros impuestos internos y del servicio aduanero, para medir cuanto deja de percibir el Estado cada año y buscar soluciones.

La metodología

Para medir el incumplimiento del IVA y determinar el monto indicado, se determina el consumo potencial total en bienes y servicios, calculado para el 2022 en Q750 mil 81 millones; la producción para uso final propio, por Q86 mil 289 millones; consumo no afecto por Q19 mil 163 millones; y el gasto de gobierno no gravable, Q62 mil 808 millones.

Además, el consumo exento se sitúo en Q103 mil 298 millones; el consumo gravable en Q474 mil 397 millones y la base imponible potencial fue de Q526 mil 867 millones, para una recaudación potencial del IVA de Q50 mil 828 millones.

La recaudación del IVA fue de Q41 mil 829 millones, pero en 2021 alcanzó los Q35 mil 610 millones, por lo según las cifras hubo un incremento de Q6 mil 218 millones o sea 17.5%, que los analistas atribuyen el “efecto inflación en la recaudación”.

El incumplimiento del pago o declaración de los impuestos se considera una infracción, según el artículo 69 del Código Tributario, que la define como toda acción u omisión que implique violación a las normas tributarias de índole sustancial o formal, que es sancionada por la Administración Tributaria.

Toda vez que esos actos de incumplimiento no constituyan delito, es decir, que no se sancionen conforme al Código Penal, se consideran infracciones tributarias. Estas, a su vez, pueden ser por acción, que se da cuando el contribuyente hace algo prohibido, o por omisión, cuando se evita esa obligación.

¿Y cómo sé si como contribuyenete estoy haciendo algo prohibido?

Por ejemplo, un caso prohibido por las leyes tributarias es que el contribuyente declare menos ventas o pagos por servicios que las que obtuvo en el mes para pagar menos impuestos.

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¿Y qué es, entonces, una omisión?

Una omisión (que puede ser parcial o total), sucede, por ejemplo, cuando no se declara información tributaria completa o no se emite factura a pesar de desarrollar una actividad económica, entre otros.

Y el no pagar o declarar impuestos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), constituye una infracción y, consiguientemente, puede conllevar a una sanción establecida en el Código Tributario. Se trata de una penalización por incumplir con las obligaciones fiscales y pueden ser multas, intereses o mora. Cuando estos deriven en delitos, se pasan por la vía penal, y pueden conllevar multa o cárcel.

Incumplimiento del pago del IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el retenido por el comerciante (grande o pequeño) al momento de emitir una factura al comprador o un profesional al cliente, por servicios. Posteriormente, el vendedor del bien o servicio es el obligado a declarar cada fin de período contable el IVA retenido y liquidarlo ante la SAT.

De acuerdo con el artículo 89 del Código Tributario, la omisión de pago de tributos será sancionada con una multa equivalente al 100% del importe del impuesto omitido, por la falta de determinación o la determinación incorrecta presentada. También podrían generarse intereses resarcitorios.

Por la omisión de pago de impuestos, los intereses resarcitorios se cobran a los contribuyentes que no paguen los tributos en el plazo que la ley establece. Se calculan sobre la totalidad del impuesto que se adeuda con la tasa de interés simple que determine la Junta Monetaria (JM). En este caso, para el primer trimestre de 2023, está fijada en 11.91%.

La mora es la infracción que comete el contribuyente, que si bien cumple con pagar su obligación tributaria, pero no en el plazo fijado por la ley. Según el artículo 92 del Código Tributario, la sanción equivale a la multiplicación del impuesto por el factor 0.005 por los días en el atraso del pago.

En el caso de los pequeños contribuyentes, estos están obligados a reportar su actividad comercial (compras o ventas) incluso si durante el mes no tuvieron ningún movimiento. El incumplimiento puede generar multas  el atraso de declaración de impuesto del mes vencido y por cada mes vencido no declarado, se genera una multa de Q150, ya sea que la declaración es de valor cero o cualquier otro valor de las ventas.

Incumplimiento del ISR

Para fines prácticos, este apartado se centra en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de Trabajo. Se trata del impuesto que se liquida sobre los ingresos generados por el contribuyente asalariado. En este caso, el patrono es quien retiene del salario el porcentaje del gravamen para posteriormente declararlo ante la SAT.

La retención del ISR de Trabajo se practica al pagar las remuneraciones a los trabajadores o sobre el monto proyectado anual. El responsable de la retención debe entregar al trabajador la constancia SAT-1921, a más tardar en los primeros cinco días hábiles del mes inmediato siguiente.

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El impuesto retenido deberá ser trasladado mediante el formulario SAT-1331, dentro de los 10 días hábiles del mes inmediato siguiente.

Los costos y gastos no deducibles que el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de retener y pagar el ISR cuando corresponda, serán deducibles una vez se haya efectuado la retención.

Adicional, tal y como lo establece la ley, pago extemporáneo de las retenciones puede acarrear las siguientes sanciones:

1. Intereses resarcitorios, cuya tasa para el primer trimestre de 2023 fue fijada por la JM en 11.91%.
2. Multa de 100% del impuesto omitido.
3. Multa por presentación extemporánea del impuesto.

Las sanciones relativas sobre las retenciones por no percibir o retener los tributos conlleva una multa equivalente al impuesto dejado de retener o percibir. Si no se presenta el informe anual de retenciones, la sanción equivale a Q5 mil la primera vez y Q10 mil la segunda. Si sucede más de dos veces, se aplicará la multa de Q10 mil más el 1% de ingresos.

Si no se extiende la constancia de retención o se extiende extemporáneamente, se aplicará una multa de Q1 mil por cada constancia de retención entregada fuera de tiempo.

¿Las multas pueden ser rebajadas?

De acuerdo con el Código Tributario, el contribuyente, al darse cuenta de algún incumplimiento, acude voluntariamente antes de que la SAT efectúe una auditoría o fiscalización, tiene derecho a la reducción de las sanciones en un 85%, incluso con facilidades de pago. Los convenios de pago pueden permitir a una rebaja del 50% de los intereses resarcitorios y un 85% por mora.

Es así como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar unos Q80 mil 719.26 del 2013 al 2021, que es la sumatoria del monto de la evasión en ese período, dato que se sustenta en el reporte oficial.

Se le denomina incumplimiento del IVA, al monto que no se puede cobrar por un tributo, con base en modelos que calculan el consumo de bienes y servicios; las compras exentas, el monto gravable, la base imponible potencial y la recaudación efectiva.

El informe brinda una radiografía de lo que puede representar la evasión del IVA y, en promedio, cada año esta asciende a Q9 mil millones o Q750 millones mensuales.

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En el tiempo

La importancia del IVA es que junto al impuesto sobre la renta (ISR) sostienen la estructura tributaria del país, y por lo tanto, el presupuesto nacional de ingresos y egresos depende de ambos tributos para el funcionamiento del aparato estatal.

En nueve años la recaudación efectiva del IVA fue de Q235 mil 813.55 millones y en promedio se cobran Q26 mil 201 millones anuales. En tanto, la recaudación potencial era de Q316 mil 532.81 millones, y la diferencia (Q80 mil 719 millones) es el monto que no llegaron a las arcas gubernamentales.

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Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como las agencias calificadoras de riesgo-país, señalan que la debilidad del fisco es un problema de larga data y por ejemplo, en mayo último, esa entidad recomendó acelerar los esfuerzos para abordar las brechas sociales mientras se mantiene la sostenibilidad fiscal, para lo que es necesario aumentar los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto.

En ese sentido, la SAT debe consolidar e incrementar mejoras en la administración tributaria, así como racionalizar los incentivos y exenciones fiscales.

Mientras tanto, el cálculo de la evasión puede ser mucho mayor, ya que está pendiente el informe anual del ISR y la información sobre el cumplimiento en el tema aduanero.

Causas principales

En 2021 el incumplimiento fue de Q7 mil 840 millones, menor a los Q9 mil 168 millones del 2020, debido en parte a que ambos ejercicios fiscales estuvieron influidos por los efectos de la pandemia. Sin embargo, en el 2019 el monto fue de Q10 mil 465 millones y Q9 mil 994 millones en 2018, según la SAT.

Al tratar de desglosar esa cantidad identificada solo el año pasado, Fernando Suriano Buezo, Intendente de Recaudación, mencionó que para efectos de ese análisis, el concepto de incumplimiento de pago arraigado contempla las figuras de subdeclaración involuntaria, evasión, elusión y planificación fiscal.

Como factores incidentes, se destaca el fomento de la facturación a Consumidor Final (CF) en niveles superiores a lo que puede considerarse normal, que corta la cadena del IVA en operaciones que forman parte del consumo intermedio de otras actividades que generan actividades lucrativas.

Otro componente del incumplimiento es la evasión, que constituye un acto deliberado por parte del contribuyente para reducir sus obligaciones tributarias.

Pero también se han detectado otros casos consistentes en que se ponen marcha acciones sistemáticas dentro de los regímenes tributarios, como la fragmentación de transacciones o la combinación de éstas, para lograr una disminución legal en el pago del impuesto.

Y están las figuras de quienes no están habilitadas y deben pagar el IVA pero no lo hacen, y las personas o entidades que están exentas por mandato constitucional.

FEL y economía informal

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes señala que el IVA tiene su mayor fundamento en la facturación de bienes y servicios, por lo que afecta la cantidad de agentes económicos que operan en la informalidad. O sea, sin registrarse ante la SAT, con lo que dejan de cumplir con sus obligaciones tributarias.

En tanto, los contribuyentes formales han estado obligados a emitir facturas y ahora, deben hacerlo por vía digital, según las nuevas disposiciones como el Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL), con lo que se espera aumentar la cobranza.

Como ejemplo, la evasión disminuyó de 25.78% en 2020 a 18.04% en el 2021, debido a los mecanismos electrónicos de control que ahora tiene el administrador tributario, por lo que ese nivel de incumplimiento puede corresponder a la economía informal, que está comercializando sin emitir factura de ninguna forma.

La economía informal es muy compleja, remarcó el analista, ya que pueda ser que los contribuyentes estén inscritos, pero no emiten facturas, y hay sectores que están “muy visualizados en esa economía” que no facturan, y ahí están los negocios en los mercados, donde se mueven bienes agrícolas, de ganadería o bienes en general, que no están facturando, yaparte de las mercancías provenientes del contrabando.

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Suriano Buezo manifestó que también se analiza la economía informal y se incorpora ese segmento en el reporte, pues no todo lo que se considera informal deja de pagar impuestos, pues una venta de comida ambulante paga impuesto al comprar sus insumos, pero la cadena se rompe cuando vende esos productos y no emite las facturas correspondientes.

Controles a futuro

En los próximos años y con la implementación de la FEL, las mejoras en el Registro Tributario Unificado y los programas de fiscalización por sector económico, se espera una reducción de la evasión.

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“Ahora tenemos información y sabemos el comportamiento de cada sector, por lo que la fiscalización se enfoca en los contribuyentes que no muestran un comportamiento adecuado. Creemos que habrá una disminución del incumplimiento, para llegar al 15 o 16%, que sería más controlado”, resaltó.

Paredes afirmó que la tendencia va hacia mayores controles para que los porcentajes de evasión sean cada vez menores, pero deben fortalecerse los esfuerzos de promoción de la cultura tributaria, en el sentido de exigir factura, para poder cerrar el círculo.

Además, el administrador tributario debe facilitar la afiliación y el pago de impuestos, ya que el sistema electrónico es complejo para gran parte de la población, por lo que se necesita capacitación e implementación de sistemas fáciles de manejar, operar y acceder para que más personas tributen.

Un informe del Observatorio Contra el Contrabando, con información del 2019 detalló que la participación de este tipo de mercadería en el mercado guatemalteco es el 28% de los aceites, abarrotes, boquitas y dulces; 25% del maíz; 20% de los huevos; 14% de las bebidas gaseosas; 12% de la carne de cerdo; y 10% de los lácteos.  En 2020 y 2021 no se actualizó la información, a causa de la pandemia.

Pero desde el 2013, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha presentado informes de incumplimiento en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), o sea la evasión, y el reporte del 2020 fue de 24.61%, equivalente a Q9 mil 83 millones, aunque disminuyó Q1 mil 295 millones con relación al 2019, cuando fue de Q10 mil 378 millones.

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Modalidad creativa

Los datos del OCC señalan que desde diciembre pasado se observó una nueva práctica de contrabando que proviene de Honduras hacia Guatemala, con maíz amarillo -que se utiliza como mezcla de concentrado para alimentos de aves y animales-.

El producto que ingresa al país vecino desde Estados Unidos y Brasil, lo hace con exoneración del IVA, pero luego se traslada a Guatemala y se comercializa en las unidades productoras avícolas y porcicultoras de Izabal, Zacapa y Chiquimula.

“Es una triangulación porque el maíz ingresa legal a Honduras, pero luego entra a Guatemala por los pasos ciegos y se vende como ruteo en las granjas”, aseguró Luis Mazariegos, coordinador del OCC.

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Citó como referencia que el precio de un quintal de maíz amarillo puede ser de Q100, pero uno de contrabando se ofrece entre Q85 y Q88.

También se detectó contrabando de útiles escolares procedentes de México, que tiene como centro de distribución varios municipios de Quetzaltenango.

Nuevo estudio

Ante esto, las autoridades llevarán a cabo un estudio que medirá el impacto del contrabando en el país, de manera que se puedan impulsar acciones en por lo menos tres grandes áreas en los cuales incide este problema:  la salud, el empleo y la pérdida de mercado para las empresas.

“La importancia de estos análisis es medir cómo el contrabando pone en riesgo la salud de los consumidores; la pérdida de empleo formal, a consecuencia d la competencia desleal; y la disminución del mercado para la industria y el comercio”, expuso Luis Mazariegos, coordinador del OCC.

Saul Figueroa, viceministro de Finanzas encargado de Ingresos y Evaluación Fiscal, explicó que las intendencias de Recaudación y Aduanas (de la SAT) tienen el mandato de llevar a cabo el informe de incumplimiento de los impuestos internos y del servicio aduanero.

Entonces, se medirá cuánto se deja de percibir en impuestos internos y de comercio exterior para medir esta actividad ilícita. Reconoció que hay informes elaborados por el sector académico, pero nunca por el administrador tributario.

“Vamos a tratar de medir el impacto del contrabando, porque nadie puede saber cuánto es, y tratar de verificar las cantidades”. Y remarcó que la idea es medir ese delito y la defraudación aduanera, por lo que los estudios pueden durar entre uno y dos años.

Planes de acción

Con esta información, deberían planificarse acciones concretas para reducir las pérdidas al fisco y a los demás sectores, comentó David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

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Aunque para enfrentar al contrabando, se requieren esfuerzos y vigilancia de varias instituciones, capacitaciones, estrategias y otros factores, que requieren la asignación de recursos. “Conocer lo que se está perdiendo, puede ser un punto de partida para diseñar estrategias y generar conciencia en los consumidores sobre las consecuencias de esta actividad en la economía”, subrayó.

Política de Estado

Y Mazariegos manifestó que la importancia de combatir el contrabando debe ser transversal, pues afecta todas las actividades productivas, sobre todo a la industria de alimentos y bebidas, ropa, calzado y medicinas, entre otras, y debe verse como una política de Estado.

“No solamente le compete a la SAT, que es una entidad administrativa y no una fuerza de tarea, aparte de que promueve leyes. Aquí se necesita a los ministerios fuertes como Defensa y Gobernación, hasta lo servicios de inteligencia civil que deben colaborar con la persecución del delito”, puntualizó.

También dijo que se requieren acciones concretas del Ministerio Público y el Organismo Judicial, considerando esta situación como una lucha para mejorar las condiciones de bienestar en el país y la generación de empleo, para que las personas no opten por la migración irregular.

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Esta semana se dio a conocer la readecuación presupuestaria 2021, que estableció que los ingresos tributarios por Q64 mil 27 millones representa 67.9%, un sustento en la fuente de financiamiento.

En este contexto, el superintendente deberá enfrentar varios desafíos ahora que completará un ejercicio fiscal completo, así como la presión para alcanzar la meta, según la apreciación de representantes de varios sectores.

De no llegar a la meta establecida en un año pospandemia y con los signos de una recuperación productiva, el Directorio deberá evaluar el desempeño de Díaz Reyes en enero del 2022.

Giammattei nombró al superintendente en marzo del 2020, meses después de haber tomado posesión en la silla presidencial.

El Directorio, conformado por el ministro de Finanzas y presidente Álvaro González Ricci, Adriana Estévez Claveria -quien fue confirmada en diciembre para un periodo de cuatro años- y Alejandro González Portocarrero -quien asumió en diciembre-, validaron los informes que presentó el superintendente y lo confirmaron para continuar en el cargo, como lo estable la Ley Orgánica de la SAT.

El proceso de evaluación concluyó el viernes, y Díaz Reyes no llegó a la meta de recaudó y cerró con Q60 mil 044.3 millones y la meta de Q63 mil 468.9 millones en un año atípico por los efectos de la pandemia.

Esa variación representó una brecha fiscal de Q3 mil 424.6 millones.

El gran desafío

El superintendente tiene el gran reto de alcanzar las metas de recaudación, para lo cual cuenta con las herramientas que las leyes le brindan, comentó Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Precisó que, para incrementar la recaudación, es importante fiscalizar dónde está la evasión de impuestos, como lo es en la economía informal, en la cual hay grandes negocios que no pagan impuestos y que representan una competencia desleal a la empresa formal, lo que logra debilitar la economía formal.

Mencionó otro tema que va de la mano con la economía informal es el contrabando, el cual las cifras de organismos privados muestran que crece, y que requiere de acciones audaces para reducir su incidencia, para incrementar la percepción de riesgo, así como destruir la mercadería que se incaute por ese delito.

¿Meta alcanzable?

En esos términos coinciden el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, y David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Para ambos, la meta de recaudación -ingresos que servirán para financiar el presupuesto- de Q64 mil millones es alcanzable, en medio de un panorama mejor de perspectivas económicas y con un crecimiento del 3% proyectado.

“Sigue siendo un año de emergencia y recuperación económica, por lo tanto, si el incremento del PIB que se prevé del 3% se logra y hay una expectativa mejor que automáticamente repercutirá en una mejor cobranza”, puntualizó Paredes.

A su entender, con esa meta sumada a la proyección de crecimiento de la economía, más ajustes de estructura y funcionamiento del ente recaudador, los ingresos deberían ubicarse en el rango de los Q66 mil millones a los Q68 mil millones con el crecimiento orgánico.

Casasola manifestó que todo dependerá de un comportamiento del control de la pandemia.

“No se ve una cuesta arriba, siempre y cuando no se presente una segunda o tercera ola de contagio que obligue al Ejecutivo a tomar decisiones de cierre de la economía, y a como operó enero, pareciera que es un año propicio para mejorar el crecimiento económico y la recaudación”, subrayó.

Al respecto, estimó que el proceso de las vacunas va mucho más lento de lo que se esperaba, “ que es factible, pero con bastantes riesgos”.

Directorio justifica

González Ricci indicó que, en la deliberación del Directorio, se tomaron en cuenta los resultados del 2020, y se dio validez a la interpretación de los factores macroeconómicos que genero el covid-19, al igual que los análisis que llevó a cabo la Dirección de Análisis Financiero.

“Lo que manda el reglamento es una evaluación cualitativa y cuantitativa de la gestión del superintendente y lo difícil fue la definición del impacto de la enfermedad en la economía y estamos claros en que la disminución por la importación de petróleo y otros productos en un contexto del panorama mundial afectaron las proyecciones”, justificó.

El ministro dijo que para 2021 se analizará rubro por rubro para hacer el ajuste de la recaudación, así como las directrices para este ejercicio.

Reforzar programas

Girón detalló que la devolución del crédito fiscal es muy importante para que las empresas recuperen parte de su capital de trabajo, para seguir generando más empleos y más impuestos.

“La SAT aún tiene que mejorar procesos para que se puedan utilizar las opciones del régimen electrónico para la devolución del crédito fiscal, y tenemos conocimiento de que ya están trabajando para que se pueda generalizar su uso”, indicó el presidente de la CIG.

Paredes enfatizó en que se debe facilitar y simplificar el pago de impuestos a los contribuyentes por medio de las herramientas tecnológicas y plataformas, mientras en los casos por la vía judicial deben agotarse los procesos administrativos y de conciliación con los contribuyentes jurídicos e individuales, ya que el impacto del covid-19, provocó desequilibrios financieros.

En el tema de aduanas, control del contrabando y evasión, Casasola dijo que la SAT no puede hacerle frente a ese problema en solitario, y que necesita apoyo de otras instituciones para poder controlar ese flagelo.

Recuperar el impuesto al valor agregado (IVA) llevará por lo menos 10 años y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá llevar a cabo una serie de acciones para captar esa cobranza, señalan analistas, luego de conocer las cifras del incumplimiento del tributo el año pasado.

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Los planteamientos a corto y largo plazo deben ser puntuales a manera de cerrar la brecha en uno de los impuestos que dependen el gasto público. Es decir que, al cobrar el potencial del impuesto, también se corre el riesgo el funcionamiento estatal.

En todo caso, si no se llevan a cabo acciones por parte de las autoridades, el impuesto seguirá perdiéndose y aumentando el incumplimiento o evasión.

Por dónde empezar

Las condiciones para facilitar la inscripción de empresas y el proceso para formalizar a las personas que están en la economía informal también serán acciones a seguir.

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La estimación de la Productividad, Eficiencia e Incumplimiento del IVA en el 2018 fue del 37.9% que representó Q16 mil 566.8 millones, según el documento que publicó recientemente la SAT.

Jorge Enrique Dávila, exintendente de recaudación de la SAT, expuso que cerrar la brecha del incumplimiento del IVA (tanto doméstico como de importación) se puede lograr en un período de 10 años, una vez se implementen las debidas correcciones que el recaudador de impuestos ya conoce.

“Hay medidas acertadas como la fiscalización al grupo de contribuyentes que ya identificó la SAT y la creación de los comités en aduanas que son medidas de control”, expuso Dávila.

Combatir el contrabando

Reconoció que el fenómeno de la economía informal esta “enraizado” así como el contrabando y ahí es donde se tiene que trabajar en los controles, para obligar a pagar el IVA y eso se puede lograr con estrategias que se implementen ahora para que los resultados se puedan observar en la siguiente década.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), afirmó que las cifras que muestra la SAT son alarmantes y que el indicador es mayor a lo reportado.

“Se tienen que reactivar en las mesas del contrabando y contrarrestar los pasos ciegos que ya están identificados por las autoridades”, afirmó.

El representante de AmCham, declaró que no es cuestión de tiempo para entrarle al contrabando, si no de voluntad política para combatir el flagelo, así como apoyar y facilitar para que las personas que están en la economía informal se formalicen, bancaricen y aporten al IVA.

“No solo pierde la economía, si no el Estado por la falta de ingresos y es necesario que este segmento de la economía se incorpore para pagar los impuestos”, afirmó Carrasco.

Moral tributaria

Para Claudia García, coordinadora del área económica de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), la SAT debe incrementar las fiscalizaciones al grupo de contribuyentes que identificó y aplicarles los ajustes debidos por no cargar el referido impuesto, como una medida a corto plazo.

“El IVA es un impuesto fácil de cobrar y la SAT debe llevar a cabo los planes de control contra aquellos tributantes que están incumpliendo fortaleciendo los controles”, subrayó García.

Añadió que, si bien en la economía informal, existe un eslabón donde se cobra el IVA, se deben de mejorar los controles en esa “cadena”.

Además de que se debe trabajar en la moral tributaria y recuperar la imagen institucional del ente recaudador de impuestos.

Dávila dijo que en países como en Europa se brindan los nombres de las personas que son evasoras y que el efecto es un disuasivo para aquellas personas que evaden el pago de impuestos.

Explicó que, en Guatemala, se han conocido los nombres de los contribuyentes cuando tienen procesos penales, pero que se genera un efecto múltiple.

La representante de Asíes dijo que es necesario revisar las exenciones fiscales para algunos contribuyentes y que si realmente están cumpliendo con sus objetivos en que fueron creados para ese fin.

Factura electrónica

El consultor fiscal Miler Estrada coincide con Dávila sobre el período en que se puede cerrar la brecha del IVA, no obstante, reconoció que existe un avance significativo que es la implementación de la factura electrónica (FEL).

En la medida en que se generalice la implementación de la FEL, así también será el rumbo del IVA.

Por lo pronto la factura electrónica solo se está aplicando a grandes contribuyentes y de manera progresiva estará cubriendo a otros tributantes.

“Es una herramienta que ayudará, pero si no se generaliza, de nada servirá”, dijo el consultor, quien afirmó que el verdadero problema está en la economía informal y para ello se debe de simplificar la inscripción a la SAT.

Citó como ejemplo, que, si la SAT logra implementar en la mayoría de los comerciantes, sería un avance significativo en recuperación del impuesto, así como la incorporación de la economía informal, para ampliar la base tributaria (número de personas que tributan).

Otro problema, dijo es que el IVA esta “cautivo” por la presa de la devolución del crédito fiscal que mantiene la SAT y ese dinero no circula en la economía.

Identifican proveedores

El jefe de la SAT, Abel Cruz Calderón, dijo que en el informe de incumplimiento se identificó a un grupo de siete mil 500 proveedores que no cargan el IVA en sus operaciones contables.

Este grupo de contribuyentes en sus operaciones de ventas registran la transacción del IVA, pero ellos no lo reportan en sus contabilidades.

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La SAT llevó cabo la trazabilidad con las declaraciones entre los clientes y los proveedores y detectó esta práctica.

“Vamos a empezar con el programa de fiscalización de julio para este grupo de contribuyentes que no están cargando el IVA”, afirmó.

El IVA doméstico registra las transacciones de consumo interno, mientras el IVA importación, a la internación de las mercancías.

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