Sala declara “con lugar” recusación de Luis Benito y jueza Abelina Cruz conocerá el caso Libramiento de Chimaltenango

Ahora el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz, conocerá el caso Libramiento de Chimaltenango.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

29 de mayo de 2025

|

14:48h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Una sala declaró con lugar una recusación del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en contra de la jueza Claudette Domínguez. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Este 29 de mayo los magistrados de la Sala Primera dela Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo declaró “con lugar” una recusación que fue planteada por el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito en contra de la jueza Claudette Domínguez en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Posteriormente el abogado Jonathan Villatoto indicó que será en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, quien conocerá el caso contra Benito.

En la recusación, el exministro de Comunicaciones señaló un “sesgo legal y parcializado” por parte de la jueza Domínguez.

El pasado 14 de noviembre de 2024, Benito fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión al aceptar cargos en el caso, donde era señalado de fraude por parte del Ministerio Público.

EN ESTE MOMENTO

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

Además, el exministro quedó inhabilitado para optar a cargos públicos por tres años.

Sala de Apelaciones Mayor Riesgo declara "con lugar" recusación planteada por José Luis Benito exministro de Comunicaciones contra la jueza Claudette Domínguez por "un sesgo legal y parcializado" caso Libramiento de Chimaltenango. @Guatevision_tv@prensa_libre

D. Samayoa pic.twitter.com/lM2UESI7Cw

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 29, 2025

Lea también: José Luis Benito es condenado a 4 años de prisión por fraude en caso Libramiento de Chimaltenango

José Luis Benito busca quitar a la jueza Claudette Domínguez del caso libramiento Chimaltenango

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, presentó una recusación contra la jueza Claudette Domínguez, con la que busca que la juzgadora ya no conozca el caso libramiento Chimaltenango.

Hedy Quino y Elmer Vargas

22 de noviembre de 2024

|

12:06h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, recusó a la jueza que conoce su caso sobre el Libramiento Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, presentó una recusación contra la jueza Claudette Domínguez, con la que busca quitarla del caso libramiento Chimaltenango y que se designé a un nuevo juzgador.

la jueza explicó que será una sala la que resolverá si seguirá conociendo o no el caso Libramiento de Chimaltenango, hasta entonces, el proceso penal queda detenido.

“(…) El proceso queda detenido, yo como juez no puedo entrar a conocer, con el respeto que me merece, ninguna revisión hasta que se resuelva si seguiré conociendo el proceso judicial o será otro órgano jurisdiccional de mayor riesgo”, afirmó la juzgadora.

Por esta situación se suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas, programada este viernes 22 de noviembre. Un grupo de 21 personas implicadas en dicha carpeta judicial había acudido a la misma.

EN ESTE MOMENTO

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

Sobre la recusación

Parte de la recusación presentada por el exministro dice: “ (…) De tal forma mi persona José Luis Benito Ruiz en mi calidad de sujeto procesal, he podido analizar en conjunto todos los actos cometidos por parte de la autoridad reprochada, durante el proceso hasta la presente fecha, el día de hoy, por lo que considero que hay un sesgo legal y parcializado de la Juzgadora en mi contra, ya que su actuar dentro del proceso así lo indica, actuar que puede ser verificado plenamente solo con la revisión de la carpeta judicial y audios correspondientes, hechos y actos que me motivan a presentar la presente recusación en contra de su persona abogada Marta Claudette Domínguez Guerrero, Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo Grupo A del departamento de Guatemala según lo estipulado en el artículo 123 literal J) y L) y 125 de la Ley del Organismo Judicial”.

Además, indica: “Con su actuar la señora Juez claramente se ha parcializado en mi contra dentro del proceso, pues considero ha perdido su calidad de Juez de Garantías dentro del mismo, ya que me ha vedado mi derecho constitucional de ejercitar la defensa de manera adecuada, pues ha limitado mis derechos y los ha violentado, asimismo ha emitido opiniones personales y manifestado criterio parcializado, situaciones que claramente afectan mi actuar dentro del proceso”.

“De esta forma la señora Juez de Garantías me causa agravios tales como violentar el debido proceso, tutela judicial efectiva, la seguridad y certeza jurídica, y el derecho de defensa, igualdad y legalidad, pues con su actuar y al realizar las acciones descritas en su conjunto estoy seguro de que se encuentra comprometida su imparcialidad totalmente, limitando y quebrantando mis derechos procesales dentro del proceso penal”, agrega.

Aceptó cargos

El 14 de noviembre el exministro José Luis Benito fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión al aceptar cargos por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El exministro de Comunicaciones José Luis Benito presentó una recusación contra la jueza Claudette Domínguez por supuestamente tener "un sesgo legal y parcializado" al ser sentenciado en el caso Libramiento de Chimaltenango.

C. Ochoa@Guatevision_tv@prensa_libre pic.twitter.com/O7Rtw40DLL

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) November 22, 2024

Benito aceptó los cargos de fraude por los que era señalado por el Ministerio Público (MP), por lo que pudo obtener una reducción a la pena que habría sido de nueve años.

La jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, conoció el caso, y en ese momento dijo que Benito estuvo dos años, cinco meses y tres días en prisión preventiva, por lo que tendrá que cumplir una pena de dos años y 25 días, conmutables a Q5 diarios.

Además, quedará inhabilitado para optar a cargos públicos por tres años.

Desde 2016, Domínguez Guerrero ha tenido el control del órgano jurisdiccional y ha estado a cargo de casos por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Durante los seis años que ha estado al frente del juzgado ha recibido unas 15 denuncias en la Junta de Disciplina Judicial y en varias ocasiones ha sido señalada por supuestos nexos con militares.

El equipo de Prensa Libre buscó un acercamiento con la juzgadora para conocer su criterio con respecto a los fallos emitidos y su percepción, pero se negó a atender.

Es común verla tomar el elevador desde el sótano dos un poco antes de las 8:00 horas, así como cerca del mediodía y después de las 15:30 horas, siempre va acompañada de sus guardias de seguridad y únicamente se limita a saludar a las personas que van en el ascensor.

LE RECOMENDAMOS

Jueza Claudette Domínguez beneficia a Sandra Torres y cierra el caso Financiamiento UNE

Caso Diario Militar: Juzgado resuelve otorgar arresto domiciliario a Toribio Acevedo

• Retrasos y poca objetividad
• El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han litigado por varios años en la referida judicatura y se han constituido como querellantes adhesivos en diversos casos de lesa humanidad y han podido observar “un interés manifiesto de ayudar a los militares que estaban sindicados, con distintas resoluciones y al no aceptar documentos militares” dijo Héctor Reyes, abogado de dicho centro.
• El profesional resaltó que “en los casos del presente, las personas que afectaron al Estado de Guatemala con defraudación y robo desproporcionado están gozando de medidas sustitutivas y dando vía libre a que puedan continuar con su trabajo tranquilamente sea político o económico y esto afecta a los ciudadanos” lamentó.
• Reyes recordó que en la actualidad está prófugo el exdiputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, por su presunta implicación en el caso Creompaz, situación que considera que responsabilidad de la juez Domínguez Guerrero “porque estaba sujeto a proceso y ella (jueza Claudette Domínguez) le dio una medida sustitutiva” hechos que les hace dudar de su imparcialidad. 
• “En la actualidad ha tomado algunas decisiones controversiales, apoyando y resolviendo a favor de ciertos intereses que ahora son de índole económico” expresó Reyes y agregó que esto refleja que “estamos en manos de jueces que en su mayoría están trabajando con una parcialidad terrible en los casos del presente” tanto de órganos ordinarios como de Mayor Riesgo.
• De las resoluciones

El pasado 13 de diciembre de 2022 benefició al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón, Giovanni Marroquín Navas e Inngmar Walterio Iten Rodríguez, señalados de haberse beneficiado con el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.

En una audiencia que se desarrolló a puerta cerrada el 30 de noviembre del año pasado, la jueza Domínguez Guerrero otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso de Cooptación del Estado.

Mientras que el 29 de noviembre último a los nueve implicados en el caso Financiamiento Unidad Nacional de la Esperanza, entre ellos la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, dictó un sobreseimiento y cerró el caso, de acuerdo con su criterio, no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral.

Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral de 2015, por un total de Q 5.9 millones, que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.

El 26 de septiembre del presente año, varios exdiputados y exempleados del Congreso de la República fueron beneficiados resolución de la jueza Claudette Domínguez, quien declaró el sobreseimiento del proceso, con lo que se libraron de enfrentar juicio

Además, el 28 de noviembre liberó a Toribio Acevedo Ramírez, implicado en el Diario Militar, quien fue detenido en mayo de 2022, en Panamá, tras eludir su arresto durante casi un año, por su presunta implicación en deberes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Del antejuicio en su contra

El 23 de septiembre del presente año la Corte de Constitucionalidad (CC), amparó de manera provisional al Ministerio Público (MP), tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de no tramitar una solicitud de antejuicio contra la funcionaria judicial.

El 5 de agosto de 2022 el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, no tramitar la solicitud de antejuicio que promovió la Fiscalía de Asuntos Internos del MP contra la jueza, por supuestas irregularidades en la aprobación de convenios de colaboración eficaz del caso Odebrecht.

La resolución fue avalada con seis votos a favor y siete votos en contra de darle trámite al antejuicio. La fiscalía buscaba que la juzgadora fuera investigada por su posible vinculación en el expediente judicial que también vincula a exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Antecedentes

El Juzgado de Mayor Riesgo A fue creado en 2009, quien estaba al frente era Carol Patricia Flores Polanco, quien en mayo de 2011 ordenó el cierre de la persecución penal de Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario y actual presidente, a quien se le señalaba de ejecución extrajudicial por el caso Pavón, en el 2006.

El 30 de abril de 2015, una investigación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que la juzgadora Flores Polanco se estaba enriqueciendo ilícitamente y apartemente tenia una lujosa mansión en Santa Catarina Pinula, que no correspondía con sus ingresos económicos.

Ocho meses después la Corte Suprema de Justicia designó a Marta Claudette Domínguez Guerrero, como titular de la judicatura.

Para entonces, Claudette Domínguez cubría el Juzgado de Turno de Villa Nueva y tras la salida de Flores, la Corte Suprema de Justicia la designó como titular de ese juzgado.

¿Necesita datos actualizados sobre Guatemala para tomar decisiones? Suscríbase a Microdosis, un servicio de contenido de estadísticas de alto valor de Prensa Libre, producido en alianza con ProDatos.

Siete magistrados votaron en contra y seis a favor, según la CSJ. Los delitos por lo que se buscaba investigar a la jueza son abuso de autoridad y prevaricato.

El pasado 12 de julio, el MP informó que la Fiscalía de Asuntos Internos presentó en el caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad una solicitud de retiro de derecho de antejuicio en contra de Marta Claudette Dominguez Guerrero, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala, por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Ese mismo día, el MP dijo que en el contexto del caso Odebrecht, la jueza celebró audiencia de primera declaración el 8 de septiembre de 2017 en la cual autorizó la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, quienes no estaban en presencia de la juzgadora.

EN ESTE MOMENTO

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

El comunicado añade que la jueza no advirtió la ilegalidad de la actuación realizada el 6 de septiembre de 2017 cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien en ese entonces fungía como fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, realizó los acuerdos de colaboración eficaz.

La información señala que según lo establece la ley, Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar diligencias de investigación en calidad de Fiscal del Ministerio Público fuera del territorio de la República de Guatemala “arrogándose facultades que únicamente le corresponden por mandado constitucional a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con delegación para representar Estado de Guatemala”.

También lea: Odebrecht busca conciliación con Estado de Guatemala para pago de obras inconclusas de la CA-2 Occidente
 

Anulan acuerdos

El pasado 24 de junio, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, afirmó que quedaron anulados acuerdos de colaboración eficaz en el Caso Odebrecht y según la resolución, estos estaban “plagados de ilegalidades”.

Dijo que este es “un caso emblemático que enmarca actos de corrupción que han perjudicado significativamente al Estado de Guatemala”.

LE RECOMENDAMOS

Caso Odebrecht: Sinibaldi y exjefe de la Feci cruzan señalamientos por anulación de acuerdos de colaboración eficaz

Alejandro Sinibaldi busca ser querellante contra exfiscales de la Feci en el caso Odebrecht, donde es acusado

Indicó que la Sala Segunda dictó tres resoluciones en el mismo sentido, por recursos de apelación planteados en contra de la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo A, mediante el cual se aprobaron los acuerdos de colaborador eficaz de tres personas sindicadas de origen brasileño.

También lea: La sombra del Caso Odebrecht alcanza a dos abogadas de la extinta Cicig y Feci
 

Uno como representante de la empresa y dos como personeros. “Resoluciones que dejaron sin efecto dichos acuerdos de colaboración eficaz y fueron notificados el día de hoy al Ministerio Público”, afirmó.

En un comunicado de prensa, el MP señala que la solicitud fue realizada por los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Agrega que en el contexto del caso Odebrecht, la jueza celebró audiencia de primera declaración el 8 de septiembre de 2017 en la cual autorizó la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira Gedeón, quienes no estaban en presencia de la juzgadora.

EN ESTE MOMENTO

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

Copiloto de F-15 sobrevive herido en Irán y es rescatado en operación de alto riesgo

La información del MP agrega que: “Se advierte que dichas personas se encontraban en la República Federativa de Brasil razón por la cual la jueza no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al Poder Judicial, atentando así en contra de la seguridad jurídica, el principio jurídico del debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala”

El comunicado añade que la jueza no advirtió la ilegalidad de la actuación realizada el 6 de septiembre de 2017 cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien en ese entonces fungía como fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, realizó los acuerdos de colaboración eficaz.

La información señala que según lo establece la ley, Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar diligencias de investigación en calidad de Fiscal del Ministerio Público fuera del territorio de la República de Guatemala “arrogándose facultades que únicamente le corresponden por mandado constitucional a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con delegación para representar Estado de Guatemala”.

Según el MP, la  solicitud de retiro de derecho de antejuicio se realiza de conformidad con lo que establece la ley en la materia, a efecto que el órgano jurisdiccional competente determine la formación de causa, respecto a la posible comisión de actos delictivos iniciar así las e investigaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Congreso retira mobiliario y equipo asignado a postuladoras

Francisco Vivar, abogado querellante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo este jueves 17 de octubre que las víctimas presentaron una recusación en contra de la jueza con acompañamiento de los medios de pruebas correspondientes.

Añadió que la Sala al emitir la resolución declara con lugar la recusación, no por la petición de los querellantes, sino  con el argumento en la aplicación de que toda persona tiene derecho a un juez imparcial.

Al consultarle que cuáles son los argumentos que hacen a Domínguez no seguir en el proceso, respondió que es por la imparcialidad de ella y la informalidad procesal.

Afirmó que en resoluciones ha beneficiado a miembros del Ejército.

Explicó que la primera declaración de Mendoza quedó interrumpida cuando fue la recusación, ahora que el expediente lo tendrá la jueza Silvia de León, ella tendrá que señalar día y hora para que el señalado sea escuchado y el Ministerio Público le impute los hechos y se resuelva si hay indicios para ligarlo a proceso penal.

Ahora este caso de genocidio lo conocerá Juzgado de Mayor Riesgo C.

Caldh y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, plantearon en junio último una recusación contra la juzgadora de alto impacto, Claudette Domínguez.

Las entidades, querellantes en el caso de genocidio, centraron su acción en que está “comprometida su imparcialidad” y “existe interés” en sus resoluciones debido a que Domínguez “ha favorecido a militares”.

El general retirado Luis Enrique Mendoza García fue parte del alto mando del Ejército, durante la época de Efraín Ríos Montt fue el jefe de operaciones del Ejército.

Contenido relacionado

Sandra Torres es ligada a proceso por no reportar más de Q5.9 millones al TSE

Presentan nueva solicitud de retiro de inmunidad contra Acisclo Valladares

Usuario “La Panel Blanca” es denunciado por acosar a fiscales de la Feci

LE PUEDE INTERESAR:

Ecuatoriano será extraditado a su país de origen por muerte de dos mujeres durante incendio

Mendoza García fue detenido el pasado 16 de junio sindicado de un caso de genocidio.

Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, recibió la semana pasada una recusación en su contra por los querellantes del caso.

Como la jueza aún no ha remitido el expediente a una sala de apelaciones, los representantes de las víctimas accionaron con una actividad procesal defectuosa.

El argumento, según el abogado Héctor Reyes, es porque aún no ha remitido los documentos a la sala. Esto mantiene en suspenso la indagatoria al familiar de Galdámez, excandidato a la presidencia.

El señalamiento

Desde el 11 de octubre del 2011 el general retirado Mendoza García tenía vigente una orden de aprehensión en el Juzgado de Mayor Riesgo A, que firmó la jueza Carol Patricia Flores.

Una sospecha de los detectives que el militar retirado, suegro del diputado oficialista Estuardo Galdámez, iba a votar en su lugar de origen, Salamá, Baja Verapaz. Fue el comienzo del operativo para detenerlo en la Escuela de la aldea La Unión Barrios de Salamá, el 16 de junio pasado.

Los agentes esperaron a que hiciera fila en la mesa, entregara su Documento Personal de Identificación (DPI) y votara para confirmar su identidad. Usaba anteojos oscuros y gorra verde. Al salir fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En la actualidad la judicatura es dirigida por Domínguez quien incluyó en su agenda la indagatoria para el próximo 2 de julio.

El abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó que se esperó por muchos años esta captura. “Para las víctimas es muy importante”, dijo y espera la notificación del juzgado para comparecer como querellante.

Galdámez participó en como candidato presidencial en la pasada contienda por el partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y en el escrutinio se situó en octavo puesto.

Lee además: Integran comisión pesquisidora que recomendará retirar o no el antejuicio al ministro de Economía, Acisclo Valladares

Investigación

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) realizó un operativo junto con policías en 2011 cuando fue detenido el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado y absuelto en dos juicios por genocidio.

La investigación se deriva cuando Oscar Humberto Mejía Víctores, quien fue ministro de la Defensa y posterior presidente de facto tras derrocar en 1983 al también general golpista Efraín Ríos Montt y entregó el poder en 1986.

El general retirado Mendoza García era viceministro de la Defensa en la misma época.

El MP señala a Mendoza García de haber planificado y ejecutado planes militares que buscaban el control de indígenas. Uno de los planes fue el denominado Sofía que fue implementado en 1982 que documentó torturas, violaciones, desapariciones forzadas y masacres en poblados del área Ixil de Quiché.

Contenido relacionado

>Condenan a varios años de cárcel a 11 integrantes de una banda de saqueadores de viviendas

>Eligen al abogado Stuardo Ralón como comisionado de la CIDH

>Temida clica del Barrio 18 es señalada en ataque con granada y crimen de madre e hija

LE PUEDE INTERESAR:

Junta de Disciplina libra al juez Pablo Xitumul de señalamiento de inspector policial

Las entidades, querellantes en el caso de genocidio, centraron su acción en que está “comprometida su imparcialidad” y “existe interés” en sus resoluciones debido a que Domínguez “ha favorecido a militares”.

Edgar Pérez, abogado que representa a las familias de víctimas, mencionó que en “reiteradas oportunidades la jueza ha favorecido a militares acusados de violaciones a derechos humanos en el pasado y en el presente, lo cual pone en duda su imparcialidad”.

El penalista recordó que la hermana de la jueza –Klelia Xiomara Domínguez Guerrero– es oficial asimilada del Ejército y “se duda de su imparcialidad por tener un interés claro”.

El operativo

Desde el 11 de octubre del 2011 el general retirado Mendoza García tenía vigente una orden de aprehensión en el Juzgado de Mayor Riesgo A, que firmó la jueza Carol Patricia Flores.

Una sospecha de los detectives que el militar retirado, suegro del diputado oficialista Estuardo Galdámez, iba a votar en su lugar de origen, Salamá, Baja Verapaz, fue el comienzo del operativo para detenerlo en la Escuela de la aldea La Unión Barrios de Salamá, el 16 de junio pasado.

Los agentes esperaron a que hiciera fila en la mesa, entregara su Documento Personal de Identificación (DPI) y votara para confirmar su identidad. Usaba anteojos oscuros y gorra verde. Al salir fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

En la actualidad la judicatura es dirigida por Domínguez quien incluyó en su agenda la indagatoria para el próximo 2 de julio.

El abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó que se esperó por muchos años esta captura. “Para las víctimas es muy importante”, dijo y espera la notificación del juzgado para comparecer como querellante.

Galdámez participó en como candidato presidencial el domingo recién pasado por la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y en el escrutinio se sitúa en octavo puesto.

Le puede interesar: Bus que intentó explotar la “Rancherita” tenía registros alterados

El señalamiento

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) realizó un operativo junto con policías en 2011 cuando fue detenido el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado y absuelto en dos juicios por genocidio.

La investigación se deriva cuando Oscar Humberto Mejía Víctores, quien fue ministro de la Defensa y posterior presidente de facto tras derrocar en 1983 al también general golpista Efraín Ríos Montt y entregó el poder en 1986.

El general retirado Mendoza García era viceministro de la Defensa en la misma época.

El MP señala a Mendoza García de haber planificado y ejecutado planes militares que buscaban el control de indígenas. Uno de los planes fue el denominado Sofía que fue implementado en 1982 que documentó torturas, violaciones, desapariciones forzadas y masacres en poblados del área Ixil de Quiché.

¿Quién es?

El general de división en situación de retiro, Luis Enrique Mendoza García, fue el comandante de la operación en la sección del Ejército llamada G3, entre abril de 1982 y agosto de 1983.

La operación militar significó dar órdenes de operaciones a los subalternos y administrar las operaciones relacionadas con la ejecución de los planes Victoria 82 y Sofia.

Hoy representantes de @caldhgt y la Asociación para la Justicia y Reconciliación plantean recusación contra la jueza Claudette Domínguez -que está en audiencia-, para que se aparte del proceso contra el militar retirado Luis Enrique Mendoza García pic.twitter.com/PdWr9qV6ui

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 25, 2019

Contenido relacionado

>Notificador de juzgado de mayor riesgo filtraba resoluciones a abogados

LEE TAMBIÉN:

Qué hizo la PGN para que sentenciados en caso Patrullas fase 1 se libraran de pagar reparación digna

Domínguez resolvió con base en que, si saliera de prisión, Alfredo podría contactar a su hermano Luis, a quien podría decirle que no se presente a las audiencias.

La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) estableció que los integrantes de las juntas directivas del Congreso durante 2014 y 2015, donde estuvo Alfredo Rabbé, efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades.

Según la acusación del MP, esta forma de contratación se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la inasistencia de las personas contratadas en el Legislativo.

Alfredo Rabbé fue detenido en mayo de 2016 junto con los exdiputados Édgar Romeo Cristiani Calderón, Carlos Humberto Herrera Quezada y el exdirector General del Congreso, José Luis Mijangos Contreras, por su participación en la contratación irregular de personal y creación de plazas fantasma en el Organismo Legislativo.

Lee además: Dividida, la CSJ rechaza retiro de antejuicio a ministro de Salud, Carlos Soto

Fue el juez Décimo, Walter Villatoro, quien los procesó abuso de autoridad y peculado por sustracción. Después el caso fue elevado a mayor riesgo por decisión de la Cámara Penal.

Solicitó 21 plazas

El MP acusa a Alfredo Rabbé, cuarto secretario de la Junta Directiva de enero 2014-enero 2015, por haber solicitado sin justificación la contratación de 21 auxiliares para su oficina, bajo el renglón 022, con salarios de Q5 mil a Q15 mil, aparte de las tres contrataciones que le faculta la Ley del Orgánica del Legislativo.

Tenía tres plazas fantasma, ya que se determinó que los supuestos colaboradores trabajaban en otras dependencias del Estado y otra en una empresa privada.

Hubo dos modalidades de contratación, según la acusación. La primera a través de nombramientos irregulares, en los cuales se evidenció que los miembros de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Legislativo. La segunda modalidad se realizó a través de la creación de plazas fantasmas, en la cual se determinó que varias de las personas asignadas a cada diputado no se presentaban a laborar a la sede del Legislativo, ya que realmente prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas propiedad de los diputados.

Contenido relacionado

>MP señala a Baldetti de dirigir organización que perjudicó fondos del RIC

>“Están haciendo acciones para entorpecer el proceso”: Gálvez rechaza recursos y continúa audiencia en caso La Línea

>En dos minutos ante la CC el MP da una postura “ambigua” y “confusa” sobre la Cicig