Cambio de juzgado podría beneficiar a Gustavo Medrano, hijo del excalcalde Arnoldo Medrano, sindicado en caso “Negocio de Familia”

Una recusación planteada por la defensa de Gustavo Medrano Osorio permitió que el caso por corrupción municipal sea reasignado al Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Abelina Cruz, conocida por fallos favorables a exfuncionarios que han sido investigados.

Carlos Gómez

12 de junio de 2025

|

11:20h

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El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue sentenciado en el año 2020 a 29 años de cárcel dentro del caso "Municipalidad de Chinautla, Un Negocio de Familia" (Foto: Hemeroteca, Prensa Libre)

El caso “Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia”, en el que se involucra a familiares y allegados del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano —condenado a prisión por diversos hechos de corrupción durante su gestión— tomó un nuevo giro que podría beneficiar a todos los implicados, principalmente a su hijo, el exdiputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, quien se encuentra prófugo.

Gracias a una recusación interpuesta por los abogados de Medrano Osorio en contra de la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, el caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Abelina Cruz, quien ha estado en el ojo público por resoluciones que han favorecido a exfuncionarios sindicados en distintos casos de corrupción.

La recusación contra la jueza Silvia de León fue presentada por la defensa de Medrano días antes de que fuera removida como titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, el pasado mes de mayo. Hasta el momento se desconoce cuál sala de apelaciones admitió la acción y autorizó que el caso fuera conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Lavado de dinero y asociación ilícita

El hijo del exalcalde de Chinautla es acusado por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia”, revelado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2017.

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Gustavo Medrano Osorio formó parte de la estructura liderada por su padre, conformada por integrantes del Concejo, entre ellos varios familiares de la esposa del exalcalde. Esta estructura operó en la comuna de Chinautla de 2008 a 2012, periodo en el cual se habrían adjudicado de forma anómala varios proyectos y servicios a distintas empresas, por medio de las cuales se apropiaron de más de Q100 millones.

La Cicig impulsó estas investigaciones contra Arnoldo Medrano, su hijo Gustavo y otros familiares y conocidos, de los cuales la mayoría ya han sido sentenciados.

En cuanto a Gustavo Medrano, su captura no fue posible en su momento, ya que gozaba de inmunidad como diputado del Congreso. Al finalizar su periodo en 2020, se le retiró el derecho de antejuicio y se esperaba que se presentara voluntariamente ante los tribunales. Sin embargo, se dio a la fuga y su paradero sigue siendo desconocido. Solo sus abogados han promovido acciones legales dentro del caso.

Resoluciones controversiales

La jueza Abelina Cruz, actual titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, ha dictado resoluciones controversiales que beneficiaron a exfuncionarios de distintos gobiernos. Entre ellas, se encuentra el caso del exministro de Comunicaciones durante la administración de Jimmy Morales, José Luis Benito, quien fue beneficiado en febrero de 2024 con un procedimiento abreviado tras declararse culpable de lavado de dinero. Se le impuso una condena de seis años de prisión y una multa de Q1 millón 600 mil.

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Asimismo, Cruz ordenó el sobreseimiento de delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, evasión y defraudación tributaria a favor de Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, y empresario farmacéutico, sindicado dentro del caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.

También decidió dejar en libertad a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, quien enfrentaba cargos por financiamiento electoral no registrado, lavado de dinero y liderar una estructura de cobros y pagos ilegales. La jueza argumentó que la acusación era imprecisa, al incluir el año 2015, cuando Sinibaldi ya no ejercía como ministro.

Además, cerró el proceso contra el exdiputado Estuardo Galdámez, implicado en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, donde se le acusaba de recibir sobornos por Q2 millones a cambio de beneficiar a conocidos con contratos de construcción del hospital de Quiché.

Todas estas resoluciones fueron dictadas por la jueza Abelina Cruz cuando estaba al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D.

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Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos, quien el martes 22 de agosto benefició al expresidente con arresto domiciliar y el pago de una fianza que le permitiría salir de prisión.

Pérez Molina le dijo a la jueza que estaba consciente de qué implica la aceptación de cargos y dijo que el se sometía a esta figura de forma voluntaria.

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Luego la jueza le dio la palabra al exmandatario y este se declaró culpable de los tres delitos que le imputó el Ministerio Público, fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción de la terminal de contenedores TCQ, esto porque yo estaba consciente de la necesidad que había y que sigue existiendo del tiempo que se tardaban los barcos para descargar y eso le subía el costo a los guatemaltecos y consciente de eso yo sí tomé la decisión y por eso acepto eso, y si yo cometí una omisión, error o delito estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver en los puestos para que este proyecto se llevara a cabo, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, dijo Pérez Molina.

Señaló que sindicatos y autoridades del Puerto Quetzal se oponían a un proyecto así, pero cuando él tomó posesión del cargo de presidente, ya ese puerto estaba intervenido y él permitió que siguiera así, pensando que con eso se agilizaría la construcción del proyecto.

Afirmó que él ordenó y dio seguimiento al proyecto, porque le interesaba que se llevara a cabo y no se estancara.

Reconoció que él se enteró de muchas cosas que sucedieron en el puerto hasta que lo acusaron del caso Cooptación del Estado y también que nombró a Juan Carlos Monzón para que facilitara las cosas en el proceso, pero ahora entiende que él excedió muchas cosas sin consultarlas, y por eso acepta que no dio supervisión, omitió otras y otras que no supervisión.

Dijo que en transcurso del proceso se cometieron ilegalidades, se dio dinero que no se tuvo que haber dado, pero que acepta que era responsabilidad suya.

En el caso de cohecho pasivo, dijo que está muy relacionado con el de fraude, pues la acusación dice que para autorizar la terminal de TCQ tuvo que permitir o no supervisar a Monzón, que hizo una serie de negociaciones que escaparon a su supervisión y por eso acepta el cargo.

Recordó que cada vez que el mayor accionista de la empresa vino al país, se reunió con él pero nunca hablaron de temas relacionados a dinero y allí fue donde no hubo supervisión de las anomalías que cometió Monzón.

“Acepto la responsabilidad porque debí estar enterado de que personas como Juan Carlos Monzón estaban haciendo estas cosas y yo no hubiera tenido la información o haber omitido o no haber supervisado que estas cosas se hubieran dado”, señaló Pérez Molina a la jueza.

Lavado de dinero

En este delito, Pérez Molina señaló que en la acusación se señala que él lavó dinero y que él no estaba allí para defenderse sino para aceptar los cargos, y que independientemente lo que dijera la acusación y que él pudiera justificarse, lo que sí podía decir es que todo lo que pasó fue por omisiones que él tuvo y falta de supervisión a las personas como Monzón.

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

• Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Lavado de dinero

• Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

Otra condena

En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.

Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.

Recinos fungió como jueza de Mayor Riesgo E y fue quien el 8 de enero de 2020 le otorgó arresto domiciliario a Sandra Julieta Torres Casanova, actual candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien estaba vinculada al caso Financiamiento UNE.

Torres recibió el arresto domiciliario se le impuso una multa de Q800 mil y por eso logró su libertad.

El 6 de febrero de 2019 cuando el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad de Torres Casanova. Diez días después se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones del 11 de agosto de ese año frente a Alejandro Giammattei, actual presidente.

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Fue el 2 de septiembre de 2019 que Torres Casanova fue arrestada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador, por su presunta responsabilidad al no reportar al Tribunal Suprema Electoral (TSE) Q19.5 millones de la campaña electoral de 2015.

El 17 de noviembre de 2022 el MP solicitó que Sandra Torres enfrente juicio por asociación ilícita y financiamiento electoral . Doce días después, el 29 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez, decreta el cierre del proceso a favor de Sandra Torres y no deberá enfrentar juicio ni por asociación ilícita ni financiamiento electoral.

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Otros casos de Eva Recinos

El viceministro de Gobernación en el anterior gobierno, Remberto Ruiz, y dos señalados se favorecieron con falta de mérito el 7 de agosto de 2019 por la muerte del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez.

La jueza Eva Recinos consideró que no existían indicios suficientes para el procesamiento de Ruiz y Fermín Iván Ortíz Maquín y Marvin René Donis Orellana, piloto y asistente de atención al público en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), respectivamente.

A criterio de la jueza no existieron indicios suficientes para vincularlos con la investigación relacionada con el asesinato del sindicalista, ocurrido el 1 de junio de 2012.

La renuncia de Gálvez

Miguel Ángel Gálvez renunció el martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.

Gálvez fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

Los militares que Gálvez envió a juicio son nueve exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Los casos que verá Recinos

Los casos que ahora conocerá la jueza Recinos son Cooptación del Estado y el Diario Militar entre otros.

La mañana de este miércoles, comenzó la audiencia en donde se dictará sentencia y durante la argumentación, la jueza presidenta Jeanette Valdés, aprovechó para criticar la investigación del caso, la prisión preventiva, el papel de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) y también al exjuez Miguel Ángel Gálvez.

En la sala de audiencias, la jueza Valdés inició con el análisis del delito de asociación ilícita y durante ese tiempo se refirió a la Cicig y afirmó: “no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en alguno de los casos. ¿Hubo errores del Ministerio Público?, sí los hubo, ustedes lo señalaron muy bien. Hubo algunas cuestiones acreditadas al Organismo Judicial por parte de la etapa precedente, también la hubo”.

La jueza afirmó que habrá acusados que serán excluidos de condena, pues señaló que “hubo acusaciones que son una aberración” y que hay una investigación débil por parte de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP.

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“El proceso fue manipulado, mal intencionado, lleno de mentiras, también de arbitrariedades incluso por personal de la extinta de la Cicig”, comentó la jueza.

Recordó que también como tribunal es importante determinar la legitimidad de las pruebas.

“Hay falencias y errores insuperables que van a terminar en sentencia absolutorias. Hay personas acá que sufrieron la llamada prisión provisional que es bastante lamentable, porque esto no tiene asidero jurídico. Fue una situación fáctica que se volvió un problema, pero que en todo caso el juez tiene las medidas de coerción taxativas”, dijo la jueza en referencia a algunas acciones que tomo el juez Miguel Ángel Gálvez en su momento.

Era un guion preparado

Si hubo actos de la Cicig que fueran vulneratorios, (sic) que fueran coacciones que dijeran ‘te voy a dar un guion para que vayás a declarar en contra y resuelvo el caso’. Esto no podemos negar que sucedió, que muchas veces se tomaba a un colaborador eficaz como el comodín para resolver no solo un caso, sino una cantidad, pero no se investigó”, expresó la jueza.

Nunca se plegó a la Cicig

La jueza también dijo que ella nunca se plegó a los intereses de la Cicig, que nunca se reunió con ellos y eso le permite ahora garantizar no recibir injerencia.

Luego de varias horas la audiencia fue suspendida unos minutos y luego continuó a eso de las 14.15 horas.

Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.

El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.

El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.

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Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.

La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.

Sin embargo, este jueves 23 de junio, en una audiencia de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, en la que la que se cumpliría lo consensuado y se optaría por el procedimiento abreviado, la La Fiscalía contra la Corrupción (Feci) se ausentó y se informó que sometieron a análisis la legalidad de los convenios.

Con la inasistencia de los fiscales de Feci a la audiencia, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le explicó a Alexis Calderón, abogado de Monzón, que se debía resolver la situación en otra audiencia con la presencia de los fiscales.

Monzón en la audiencia esperaba optar al beneficio acordado con la Feci del procedimiento abreviado, figura en la que aceptaría cargos como asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad -sindicado en ambos casos-, con el beneficio de la anulación de la pena y no purgaría prisión.

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Según se informó, el titular de la Feci, Rafael Curruchiche, solicitó los informes del caso La Línea y Cooptación del Estado en los que está vinculado Monzón, así como los convenios de colaboración eficaz, que se firmaron en 2016, para tener una opinión de la fiscal general Consuelo Porras, quien podría determinar -de manera unilateral- si se anulan o no.

Calderón dijo en la audiencia de este día que solicitaba que se emplazara al MP a que cumpla con los acuerdos de colaboración eficaz que se firmaron oportunamente y a que se cumpla con el punto quinto de sendos acuerdos de colaboración que es gestionar la vía del procedimiento abreviado, tal y como se planteó.

Dijo que, de lo contrario, en una audiencia donde se presenten estos actos conclusivos de apertura a juicio, el MP solicitaría que Monzón vaya a juicio por delitos que se les se les imputa, pero esos ya fueron resueltos en un acuerdo de colaboración, en un convenio en que se acordó con el MP la forma en que se iba a resolver la situación jurídica del exsecretario de Baldetti.

Calderón dijo que dichos acuerdos fueron puestos a disposición para que fueran homologados y que el juzgado nada ha tenido que ver en estos acuerdos, sino simplemente homologar lo que se llevó a cabo de su oportunidad por el MP, los cuales fueron impugnados y confirmados en una sede jurisdiccional y que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer el MP es cumplir con dichos acuerdos.

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El abogado pidió que se resolviera conforme a derecho en el sentido de emplazar al MP a efecto de que se presente a la audiencia que para el efecto se señale y se cumpla con lo firmado oportunamente para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón.

El abogado de la Procuraduría General de la Nación  que se presentó a la audiencia, le dijo al juez Gálvez que es razonable que el fiscal que se encuentra ahora al frente de esa fiscalía – José Rafael Curruchiche- quiera imponerse a las situaciones que han derivado en los temas de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que en ese sentido es viable la petición que hace la fiscal en cuanto a acatar ese oficio que le ha sido remitido por su superior jerárquico y asumir la postura que crean conveniente.

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En qué situación quedaría Monzón

Los convenios que permitieron a Monzón ser el colaborador eficaz permitieron que, por medio de su testimonio en el comienzo del caso La Línea, se revelaran siete casos más de corrupción que relacionaron a funcionarios, políticos y empresarios.

Las autoridades, con la declaración del exsecretario de Baldetti -que duró cuatro días en 2018- en las primeras fases de los casos, detuvieron a 57 personas.

Algunas fuentes consultadas sobre el caso de Monzón dijeron que si a este le anulan los convenios de colaboración eficaz y se decide enviarlo a juicio quedaría pendiente de resolver esa situación e incluso si es que finalmente se cambia de juez, puesto que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

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Este proceso podría significar que Gálvez sea separado de su cargo mientras solventa su situación jurídica en donde es señalado por el delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal.

Dijeron que una eventual cancelación de los convenios de colaboración de Monzón podría originar una orden de captura y que aunque el exsecretario de Baldetti está en extranjero tendría que estar huyendo de país en país y algún día la Interpol pudiera atraparlo y enviarlo a Guatemala.

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Por otro lado, el análisis al que ha sometido el MP estos acuerdos de colaboración eficaz buscarían anular los relatos de Monzón y tendrían efectos en los casos Cooptación del Estado, TCQ, la Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC y Redes.

Los siete casos, que podrían ser alterados en caso se anule la versión de Monzón, se encuentran en etapa intermedia.

Caso reciente

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió este martes 21 de junio anular el convenio de colaboración eficaz firmado con el exdiputado Édgar Cristiani.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

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Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

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Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

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“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

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Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

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“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

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Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

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Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.

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La defensa de Pérez Molina se adelantó y le hizo las mismas preguntas a Presidios. Incluso, la dependencia de Gobernación le respondió antes a los abogados y luego remitió el memorial también al juez Gálvez.

“En ninguno de los tres aspectos manifiesta que está en capacidad para hacerlo”, fue la respuesta de la Dirección General del Sistema Penitenciario sobre el acceso médico que goza el exgobernante.

“Esa fue la respuesta, aunque este órgano jurisdiccional también solicitó un informe y se espera la respuesta. Con esto se determinará la situación del señor Pérez Molina”, informó el juez Gálvez.

En el hospital

Pérez Molina está internado en un hospital privado desde el 5 de septiembre último, luego de una intervención quirúrgica. Los especialistas le cambiaron el cardiodesfibrilador que utiliza y fue trasladado al Centro Médico Militar para su recuperación.

Antecedente

El 8 de agosto pasado el expresidente fue trasladado al Centro Médico Militar debido a una complicación cardíaca que padeció mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.

Pérez Molina sufre de problemas del corazón desde hace varios años, sin embargo, recibió un golpe en el pecho cuando practicaba deporte, el cual le causó una complicación y fue evaluado por médicos del centro de detención y fueron estos quienes ordenaron su traslado.

En aquella ocasión, el abogado César Calderón indicó que el exmandatario usa un cardiodesfibrilador que le habían colocado en 2004.  Según el abogado, el dispositivo tiene capacidad para efectuar seis descargas, de las cuales se registraron cuatro, cuando llegó al máximo de potencia. Por esta razón se hizo necesario implantarle un nuevo aparato al expresidente.

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Jaime Aparicio propone construir una carretera como reparación al Estado

En detalle, la Cicig cuestiona que Charchal pueda ser sobreseido por tráfico de influencias porque este delito tiene seis años de condena, lo cual escapa de los procedimientos abreviados porque solo se establecen delitos menores de cinco años.

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Asimismo, la PGN señaló que aún no se había acordado una reparación digna al Estado de Guatemala por las actuaciones ilegales en las habría incurrido Charchal.

Charchal es sindicado de haber intervenido para que un juzgado de Escuintla emitiera una resolución que beneficiaba a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Es señalado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

La intención de la empresa era eliminar una multa que le había impuesto la municipalidad de Puerto San José, por construir una ampliación a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) sin autorización.

El terreno donde se desarrolló la construcción fue entregado a TCQ como parte de un usufructo oneroso por el cual la entidad habría entregado un soborno de US$30 millones. Según las pesquisas, una parte fue a parar a las cuentas de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Condena

José Daniel Luna Argueta, exsecretario de un juzgado de Escuintla, acusado de cohecho pasivo, fue sentenciado a cinco años al reconocer que había recibido Q50 mil en sobornos. Como ya pasó dos años y medio en prisión preventiva, Gálvez suspendió la condena, pero deberá pagar una multa de Q50 mil y desembolsar otros Q50 mil de reparación digna al Estado de Guatemala.

Luna fue quien finalmente manipuló la resolución a favor de TCQ en la que Charchal estaba interveniendo.

El español Juan José Suárez, exdirector general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del grupo español TCB, también está sometido al procedimiento abrevido y está señalado de los delitos de estafa y cohecho activo.

https://twitter.com/jlainfiesta_pl/status/1037413496709890048

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Blanca Stalling consiguió salir de prisión

“Yo no tengo venas, señores magistrados, por lo tanto necesito utilizar un catéter central cuando tengo alguna infección y por ese medio me administran los medicamentos que necesito”, explicó. Dijo que el juez Gálvez conocía esta situación y a pesar de ello no autorizó su estadía en el hospital por los nueve días que había recomendado el doctor.

El segundo argumento que presentó la exvicepresidenta fue que el juez le añadió el delito de defraudación aduanera durante la etapa intermedia del proceso, pese a que este era improcedente.

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Baldetti señaló que Gálvez pretendía dejarla en estado de indefensión, luego que el abogado que la representaba en el caso La Línea, Fernando Guerra, renunció. “Fue por cuestiones económicas; yo de verdad ya no tengo dinero para pagarle, yo ni casa tengo, porque ya me la quitaron en el Juzgado de Extinción de Dominio”, le dijo al Tribunal.

Finalmente, la exvicemandataria dijo que el juez habría emitido opinión sobre sus resoluciones en entrevistas que ha concedido a medios de comunicación y en redes sociales. “El único juez que tiene twitter se llama Miguel Ángel Gálvez y creo que un juez no debería estar litigando en redes”, señaló Roxana Baldetti.

Mi sincero agradecimiento a todas las personas que estuvieron pendiente del proceso. Mi compromiso es seguir impartiendo justicia con atención, respeto, prudencia y especialmente con sabiduría. Miguel A. Gálvez

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) May 4, 2018

A pesar de sus argumentos, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo declaro sin lugar el recurso presentado por Baldetti y confirmó a Gálvez al frente del caso La Línea. No obstante, la exfuncionaria consiguió retrasar la realización de la audiencia de ofrecimiento de prueba.

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Otto Pérez Molina deberá seguir hospitalizado por este padecimiento

No obstante, fue necesario que Gálvez le llamara la atención y le recordará que no era necesario alzar la voz. “Nadie le está negando su derecho, abogado”, le dijo Gálvez y agregó: “Yo no estoy peleando con usted, no hay necesidad de andar señalando al fiscal”.

Otto Gómez, abogado defensor de Haroldo Mendoza Matta, protagonizó un fuerte intercambio de palabras contra el juez Miguel Ángel Gálvez. pic.twitter.com/1I1tprxo7v

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) August 13, 2018

Finalmente, el togado rechazó los argumentos vertidos por el abogado defensor, asegurándole que él no podía decidir sobre los fiscales que nombraba el Ministerio Publico y que nunca su juzgado le ha negado evidencias cuando las han solicitado.

No obstante, el juez Gálvez suspendió la audiencia y no pudo iniciar la etapa intermedia.

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En este caso también se encuentran vinculados Jerzi Natanael Velásquez Alvarado, Olger Danilo Pineda Villeda, Miguel Ángel Felipe López, Nelson Aroldo Machorro Fajardo y Estuardo Homar González Ortiz.

Con la sindicación presentada por la Fiscalía se le acreditan nueve asesinatos, una desaparición forzada, el robo de diez semovientes, el hurto de un camión que llevaba bebidas y Q19 mil en efectivo, según consta en el expediente.

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En los medios de investigación que la Feci presentó, hay interceptaciones telefónicas con autorización judicial, las cuales los involucra directamente con los hechos.
 
Haroldo Mendoza Matta es sindicado por asesinato y asociación ilícita, mientras que sus colaboradores por desaparición forzada, robo agravado, allanamiento con agravación de la pena, asesinato y asociación ilícita.

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ENTÉRESE

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Gálvez decretó prision preventiva contra López, Bonilla Berger y Montúfar Trejo; y otorgó arresto domiciliario a Mynor Macario Rojas.

En el mismo caso están pendiente de dilucidar la situación legal del general Érick Melgar Padilla, que fue vinculado por la Fiscalía en la investigación.

El caso

Según la investigación del Ministerio Público y la Cicig, Érick Melgar Padilla gestionó una investigación paralela sobre el asesinato de su papá, José Armando Melgar Moreno. Ronny López habría dirigido la investigación y manipulado pruebas para incriminar a otra persona.

“Algunas declaraciones de los testigos ante el MP no se llevaron en las oficinas ministeriales, sino en el domicilio de la víctima”, según la investigación de Cicig.

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La manipulación de pruebas y testimonios, dirigidos por López, llevaron a la condena a 26 años de prisión a una persona, como responsable de matar a Melgar Moreno.

“El sentenciado fue visitado en reiteradas ocasiones por Érick Melgar Padilla, Lesbia Verónica Montúfas y Dora Elizabeth Bonilla Berger con el objeto de inducirlo en primer momento y posteriormente amenazarlo para que declarara que el autor intelectual del crimen había sido el hermano del fallecido, Óscar René Melgar Moreno”, señala la Cicig en un comunicado.

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Kestler era el representante legal de Televisiete, televisora que habría financiado de manera ilícita la campaña electoral del Partido Patriota, recibiendo a cambio un beneficio económico a través de la pauta oficial durante los años del gobierno de Otto Pérez Molina.

Junto a Kestler también se entregaron a la justicia los prófugos Diego Castillo y Carlos Gabriel Guerra, implicados en el mismo caso. También se presentó Vivian Urízar, quién habría prestado su nombre a Roxana Baldetti para adquirir un hotel en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; ella se había entregado el pasado viernes, sin embargo durante un receso abandonó la sala y desde entonces se había declarado en rebeldía.

Financiamiento electoral

De acuerdo a la investigación de la Cicig, Televisiete S. A. y Radiotelevisión Guatemala, S. A. habrían financiado la campaña del Partido Patriota desde 2008.

Los fondos habrían llegado a través de cuatro empresas de cartón creadas por Roxana Baldetti: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.

Cada mes durante la campaña del PP se registraron pagos mensuales de Q215 mil 600 por Televisiete y Radiotelevisión.

El dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se habría utilizado, según la investigación del MP y la Cicig, para la compra de vehículos que se utilizaron durante la campaña presidencial.

Según Galindo Ruiz, se separa de Otto Pérez Molina por el incumplimiento del pago de sus honorarios.

Pérez Molina se queda sin representación legal a cinco días que el Ministerio Público presente la acusación en su contra, por el caso de defraudación aduanera La Línea.

Galindo Ruiz fue el abogado defensor de Byron Lima Oliva, muerto durante una trifulca en Pavón, en julio pasado.

El abogado Moisés Galindo Ruiz figura en una investigación por el supuesto desfalco de Q471.5 millones del Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alfonso Portillo, en 2001.

Después de la lectura de sentencia, Gálvez suspendió su ejecución debido a una solicitud del Ministerio Público.

El expresidente del Banguat también fue inhabilitado para participar en política durante los próximos cinco años, aunque aseguró que no tiene la intención de hacerlo, así como a ejercer un cargo público en ese mismo período.

Beneficio

La sentencia contra Barquín se emitió por medio de un procedimiento abreviado, descrito por la Ley contra la Delincuencia Organizada como un beneficio contra el sospechoso de una acción delictiva, posterior a la aceptación de su culpa.

La normativa indica en el artículo 93 bis que el Ministerio Público debe pedir al juez el beneficio hacia el procesado, y que se debe contar con el acuerdo del sindicado y su abogado defensor. 

“El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver o condenar”, indica la regla.

Perfil

Barquín, que compitió por la Vicepresidencia de la República en el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), aceptó que alertó y asesoró a Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, para evadir una auditoría de Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El exfuncionario aseguró que se dedicará a la asesoría y a la docencia.

#LavadoyPolítica | Juez Miguel Ángel Gálvez condena a Édgar Barquin a 2 años por tráfico de influencias. V/P. Raquec pic.twitter.com/XQe6FUWpO1

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) September 16, 2016

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que, según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a los hermanos Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez -los últimos dos diputados- con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.

Morales Guerra enfrentará juicio junto a otras 11 personas, por aparentemente haber lavado dinero para financiar, de manera ilegal, la campaña de la coalición formada por la Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional en las elecciones del 2011.

Morales Guerra aseguró durante la ampliación de su declaración, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que desembolsó una suma millonaria de dinero a cambio de no ser investigado; el dinero habría sido requerido por los hermanos Édgar y Manuel Barquín.

La jueza Ericka Aifán, jueza contralora del juzgado de Mayor Riesgo D, también acudió a sus labores, para continuar con una diligencia en el caso Perfect, contra acusados de la muerte del empresario Byron Geovanni Andrade Salazar.

El Juzgado de Mayor Riesgo D fue creado recientemente para auxiliar en los procesos del juez de Miguel Ángel Gálvez, atrasados por las extensas diligencias que se han llevado a cabo por casos de corrupción que involucran a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Asueto no es opción

El pasado miércoles, la presidencia del Organismo Judicial autorizó a funcionarios, empleados judiciales y administrativos, una licencia con goce de salario para este 16 de septiembre, por el festejó del 195 aniversario de la Independencia.

La decisión de Gálvez y Aifán fue no tomar el asueto y evacuar algunas audiencias, de manera que no se sigan atrasando los procesos que tienen a su cargo.

Gálvez comenzó la primera audiencia a las 9.00 horas, en el caso que se sigue contra Efraín Cifuentes González, alias el Negro Sosa, presunto narcotraficante que según el Ministerio Público tenía vínculos con los  Zetas y con los Caballeros Templarios en México.

Cifuentes González fue capturado en noviembre del 2014, en el caserío  Santa Rosita  Las Cruces, Petén.

Al concluir con esta diligencia, el juez procederá a la lectura de sentencia contra Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, señalado de tráfico de influencias por el Ministerio Público, en el caso Lavado y Política.

La defensa de Barquín solicitó un juicio abreviado, en ese proceso, el expresidente del Banguat reconoció haber alertado y asesorado a Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, por una visita que efectuarían auditores de la Intendencia de Verificación Especial.

Debido a la cantidad de casos de alto impacto que debe conocer el Juzgado B, se creó el Juzgado D, a cargo de Aifán, a donde fueron trasladados 34 expedientes.

La exmagistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, madre de Roberto Barreda, procesado por la desaparición de Cristina Siekavizza, externó su satisfacción por el fallo del juez Miguel Ángel Gálvez, y explicó que esta medida le permite buscar un trabajo, aunque aún permanece embargado un inmueble.

“Hasta la cuenta de mi jubilación estuvo embargada y a partir que se liberó esa cuenta de Q5 mil 300 de ingresos, no tengo ningún otro”, dijo De León luego de conocer la resolución de Galvez.

El 27 de febrero de 2015 Galvez también accedió a levantar el embargo de las cuentas bancarias de Roberto Barreda Valenzuela, medida que existía desde agosto de 2011.

Las cuentas de los esposos Barreda De León se habían embargado por orden del Juzgado Décimo Penal, para evitar que pudieran financiar la huida de Roberto Barreda, mientras estuvo prófugo.

“Ahora podré disponer para comprar medicamentos y tantas necesidades, especialmente que no tenemos ningún trabajo”, dijo De León.

#CasoSiekavizza | Beatriz Ofelia de León manifestó su beneplácito por el desembargo de sus cuentas bancarias. pic.twitter.com/uMsQXpRSt6

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) September 7, 2016

Entre las pruebas  destaca un video de reconstrucción de hechos en anticipo de prueba del 26 de agosto de  2011, en la casa de los Barreda Siekavizza; escuchas telefónicas de Roberto (destrucción de evidencia) e información de la computadora personal que Roberto usaba en México, mientras estaba prófugo.

El fiscal del caso, Stuardo Campo, aseveró  ante el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B,  que el MP cuenta con vídeos con los que se puede ilustrar la secuencia de los hechos de ese día.

Prueba Material 

1. Hojas de trabajo del colegio donde estudiaban los hijos de Roberto y Cristina. Rasgos de trazo y escritura, para comparar con el dibujo de la película de la muerte.
2. Identificaciones que Roberto uso en México con nombre supuesto.
3. Análisis GPS del vehículo que uso Roberto P694DRC el 7 de julio del 2011.
4. Flujo comunicacional entre procesados.
5. Copia del archivo: momento en que Roberto Barrera canceló su cuenta bancaria en CitiBank antes de irse del país.
6. Información del CPU que Roberto Barrera usaba en México.
7. Laptop que Roberto usaba en México
8. Memorias USB que Roberto usaba en México.
9. Fiscalía especial Caso Siekavizza: CPU con información variada, usado por Roberto en México.
10. Evidencia Inacif, 26 julio 2011, la película de la muerte. Hoja tamaño carta.
11. Audio dec Robertio, 28 enero 2014 JA.
12. PGR: acta bautismal de la parroquia de Chiapas, con el cual se nombró al niño con los apellidos falsos.
13. Escuchas telefónicas de Roberto (destrucción de evidencia)
14. Video reconstrucción de hechos en anticipo de prueba, 26 de agosto 2011, en la casa de los Barreda Siekavizza.
15. Anticipo de prueba del 19 de octubre del 2011, testimonio de la doméstica Olga Petrona Say. 
16. Audios interceptación de llamadas del teléfono de Roberto (Plan de fuga).
17. PGR: 13 nov 2013, allanamiento en la casa de Roberto en México, dos credenciales de un centro educativo donde  estudiaron los niños (ambos de apellidos Barreiro Levi).
18. Deic: teléfono de Cristina.
19. Video anticipo de prueba dec Robertio. Misma fecha, mismo juzgado.
20. Deic: teléfono de Roberto en México.
21. Ipod que Roberto usaba en México.
22. Tarjetas SD que Roberto usaba en México.
23. Información de la laptop que Roberto usaba en México.
24. Información de memorias USB, tarjetas SD, chip Telcel, tarjeta microSD, teléfono BlackBerry, chip BlackBerry.
25. Informe audios llamadas telefónicas entre procesados.
26. Video ampliación de peritaje, como vivía Roberto en México.
27. Informe de máquinas de chucherías que Roberto tenía en México.
28. Dispositivo en el cual fueron guardados los videos de la garita, por orden de Oscar Celada.
29. Teléfono BlackBerry usado por Roberto el 6 de julio del 2011.

Estrategias fallidas

La audiencia de presentación de pruebas comenzó el lunes último, entre una lluvia de acciones presentadas por la familia Barreda, que pretendía la suspensión de la misma, sin embargo su estrategia fracaso.

Luego de los incidentes Gálvez ordeno al Ministerio Público hacer la presentación de su material probatorio.

Los fiscales comenzaron con la descripción de los 93 documentos y el desglose de los 75 testigos, entre ellos se mencionó al hijo menor de la pareja  Barrera Siekavizza.

El hijo de la exmagistrada fue capturado el 8 de noviembre de 2013 en Yucatán  (México) tras 27 meses prófugo de la justicia.

En ese lugar permaneció oculto junto a sus dos hijos, que tras su repatriación a Guatemala fueron entregados en custodia a sus abuelos maternos.

Antecedentes

Roberto es acusado por la Fiscalía del delito de feminicidio, maltrato contra personas menores de edad y amenazas, y su madre, de amenazas contra la principal testigo, la exempleada doméstica Olga Petrona Say.

Say ha relatado ante el Juzgado que durante los cinco años que trabajó con esta familia observó constantes pleitos y que la madrugada del 7 de julio de 2011 escuchó que arrastraron algo por las gradas.

La Fiscalía cree que Barrera golpeó a su esposa hasta darle muerte y que luego sacó el cadáver de la casa en su camioneta y se movilizó por varios puntos del país para ocultar el cuerpo, que hasta ahora no ha sido localizado.

El juez relató que, al principio, el Ministerio Público (MP) dividió la investigación en fases, las cuales con posterioridad fueron unidas en un solo expediente, trasladado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a su despacho.
Consta en el expediente que el MP recibió una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, referente a acciones que podrían relacionarse con lavado de dinero por adquisición de seguros para aeronaves.

El primer expediente del caso se identificó como 01074-2015-00017 y fue controlado por el Juzgado Octavo Penal.
La otra fase, que contenía las investigaciones por el usufructo oneroso que se entregó a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), comenzó en el Juzgado Segundo Penal con el expediente 01078-2015-00495, el cual fue unido con posterioridad al de lavado de dinero, que ya se encontraba bajo el control de Gálvez.

“Pueden anular los contratos de TCQ, pero el proceso penal subsiste por —lo que se investiga es— precisamente haber recibido cantidades de dinero a cambio de autorizar la construcción”.

Helicópteros

Gálvez detalló que durante las investigaciones preliminares, efectuadas bajo el control del Juzgado Octavo, el MP allanó un hangar en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde fueron encontrados dos helicópteros y la avioneta denominada La Balita.

Los helicópteros tenían matrículas TG-ORA y TG-DAB. Gálvez se refirió a que el primero pertenecía a Pérez Molina, Baldetti y al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y que las siglas correspondían a los nombres de cada uno: Otto, Roxana y Alejandro.

La segunda aeronave fue adquirida por medio de la exdiputada Daniela Beltranena, quien anteriormente fungió como asistente de Baldetti en la Vicepresidencia, y que las siglas correspondían al nombre de ella.

La Balita era propiedad de la ex vicegobernante, quien la compró al empresario Gustavo Alejos, también procesado por el caso.

Inmuebles

La empresa Construcciones y Caminos, Sociedad Anónima, que figura entre las 29 entidades comerciales investigadas por lavado de dinero, fue la que compró la finca Los Cocos, en Zaragoza, Chimaltenango, donde Pérez Molina construyó una casa de descanso para su familia, explicó el juez.

Tanto ese inmueble  como la casa en el condominio Los Eucaliptos, en la ruta a El Salvador, propiedad de Baldetti, fueron adquiridas en tres pagos, aseguró Gálvez.

“Los pagos se hicieron con el financiamiento ilícito, con los recursos de TCQ y finalmente por los contratistas”, refirió.

Mario Antonio Cuevas Vidal, defensor de Ayuso, deberá este miércoles argumentar el incidente de competencia por declinatoria y actividad procesal defectuosa, de tener éxito, Gálvez debería renunciar al caso.

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Según la defensa de los procesados, el Juzgado de Mayor Riesgo B incurrió en una falta procesal al unificar los casos Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Cooptación del Estado y La Cooperacha, supuestos ilícitos cometidos en años distintos, sin ninguna relación.

Este miércoles Gálvez  comenzó a escuchar los argumentos de la defensa y se prevé que este viernes se conozca la decisión. 

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Galindo argumentó que la investigación del caso se desarrolló de manera paralela a la  del contrato oneroso entregado de manera irregular a la Terminal de Contenedores Quetzal  para utilizar un terreno en la Empresa Portuaria Quetzal, lo cual calificó como  “fraude de ley”.

Empezar de cero

El abogado le dijo al juez que supuestamente por esa razón no tiene competencia para conocer las diligencias del caso Cooptación.

También pidió anular todas las diligencias efectuadas entre el 6 de junio y el 4 de agosto pasados, y que se ordenara la libertad inmediata de los procesados.

Gálvez informó que el defensor no  pudo explicar de manera adecuada la acción legal a la que se refería, pues se expresó como si se tratara de una distinta, por lo que rechazó darle trámite.

Explicó que la Cámara Penal  de la Corte Suprema de Justicia  autorizó que las investigaciones por posible lavado de dinero, en el expediente 01074-2015-00017, se trasladaran al juzgado a su cargo y que al caso se le denominó Cooptación del Estado de Guatemala para identificar de qué se trataba y se dividió en fases, las cuales se nombraron Cooptación, TCQ y Cooperacha.

Galindo pide que se anule lo actuado entre el 6 de junio y 4 de agosto, y la libertad de su cliente. @prensa_libre pic.twitter.com/ESkq3qrhnC

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 5, 2016

Otro intento

El abogado Mario Cuevas, defensor de la exdirectora del Registro de Información Catastral  Emilia Ayuso, interpuso un incidente de competencia por declinatoria, con el cual busca que Gálvez declare su “incapacidad para continuar con el caso”.

Aseguró que los juzgados de Mayor Riesgo tienen una competencia especial y conocen procesos que, por su complejidad, no pueden tramitarse en juzgados comunes, y que por el hecho de diligenciar el caso TCQ no puede atribuirse el de   Cooptación.

Gálvez dio trámite a la petición del abogado y dijo que entre el 17 y 19 de agosto próximos se discutirá.

Saúl Zenteno Téllez, defensor del banquero Julio César Aldana, pidió que se notifique   la resolución con la que se aprobó que Salvador González, alias Eco, sea colaborador eficaz en el caso, porque su testimonio fue usado por el juez en su resolución.

También solicitó que aún no sean trasladados 18 procesados a la cárcel de la base militar Matamoros, zona 1.
Gálvez respondió que González no figura en el proceso y que se refirió a esa declaración porque el MP  pidió que se incorporara al caso.

Abogado exige fianza

Galindo pidió además a Gálvez que se fije una caución económica a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y aseguró que la ley señala la obligación de las entidades que funcionan en el país, pero que tienen sede en el extranjero, y que participan como querellantes en procesos judiciales, garantizar el resarcimiento a personas que acusen en los juzgados y que resulten declaradas  inocentes.

Pendiente de fecha

El juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que por ahora no se tiene fecha para comenzar la audiencia en la que se discutirá la acusación del caso de defraudación aduanera La Línea, y adelantó que por lo menos se requerirían  cuatro semanas para efectuar la diligencia completa.

Manifestó que los procesos por corrupción en el Estado son complejos y cada uno tiene características especiales.

Retomará  casos

En conferencia de prensa, el juzgador explicó que durante el tiempo en el que se finalizará la investigación del caso Cooptación retomará otros procesos, en los cuales debe celebrar audiencias de primera declaración, por ejemplo.

Citó las audiencias indagatorias del magistrado Douglas Charchal y del exmagistrado Vladimir Aguilar, así como la sentencia de Édgar Barquín.

Envía a prisión a 26

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió el pasado jueves que 26 procesados por el caso Cooptación del Estado de Guatemala deberán permanecer en prisión preventiva.

En el grupo se encuentran exfuncionarios nombrados por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y ex empleados públicos que laboraban en instituciones estatales que habrían sido dominadas por la estructura criminal, así como  contratistas que se beneficiaron con adjudicaciones a cambio del pago de sobornos, y supuestos lavadores de dinero.

Otros ocho permanecerán en la misma situación, derivado de que afrontan a la justicia por otros casos judiciales y se les ordenó guardar prisión preventiva, seis por la investigación del caso TCQ, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; Juan de Dios Rodríguez por el caso IGSS-Pisa, en el cual se busca determinar acciones irregulares que dejaron la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento médico a enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y Gustavo Alejos, procesado por el caso Negociadores de la Salud, también en el Seguro Social.

Al cerrar la audiencia el juez dictó prisión preventiva contra 26 de los 57 sindicados de participar en la Cooptación del Estado y la Cooperacha, y ordenó al Ministerio Público concluir la investigación en tres meses; el ente investigador había solicitado seis meses al juez.

 Otros ocho permanecerán en la misma situación, derivado de que afrontan a la justicia por otros casos judiciales y se les ordenó guardar prisión preventiva, seis por la investigación del caso TCQ, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; Juan de Dios Rodríguez por el caso IGSS-Pisa, en el cual se busca determinar acciones irregulares que dejaron la contratación de la Droguería Pisa para dar tratamiento médico a enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), y Gustavo Alejos, procesado por el caso Negociadores de la Salud, también en el Seguro Social.

El juez Gálvez, puso del conocimiento de los abogados del caso un tema que le preocupa, y dijo: “Si alguien está pidiendo dinero para el juez, pongan la denuncia; las resoluciones que he dictado son con base en  un análisis, y en el Código Procesal Penal. Tengo conocimiento que un grupo de abogados está citando a otros abogados para pedir dinero en un proceso, lo pongo del conocimiento del Ministerio Público. No es esa la forma como se debe litigar”.

Financista y exfuncionarios en prisión:

1. Abner Antonio Rodríguez Vásquez
2. Adolfo Fernando Peña Pérez
3. Alex Ricardo Girón Martínez
4. Byron Enrique Barrera Menéndez
5. Dani Cronwwl Gento Mayorga
6. Daniel Estuardo Ángel Calderón
7. Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
8. Daniela Beltranena        
9. Denis Leonardo Lam     
10. Dwigth Antony Pezzarossi García
11. Emilia Guadalupe Ayuso de León
12. Héctor Hugo Solano Morales
13. Juan Abner Fonseca Galicia
14. Juan Carlos Salguero Barrientos
15. Judith del Rosario Ruiz Blau
16. Julio César Aldana Franco
17. Julio René Barrios Ortega           
18. Karl Christian Kaeller de León
19. Manuel Augusto López Ambrosio
20. Mario Rodolfo Contreras Díaz
21. Mauricio López Bonilla 
22. Miguel Ángel Martínez Solís
23. Óscar Ludwin Osorio Ovalle
24. Rudy Leonel Gallardo Rosales
25. Ulises Noé Anzueto      
26. Walter de Jesús López Acevedo

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Otros 19 vinculados al caso fueron beneficiados con arresto domiciliario, como medida  sustitutiva, entre quienes figuran supuestos financistas del PP durante la campaña electoral del 2011, cuando la agrupación política ganó la presidencia.

Entre los beneficiados están el abogado Mario Cano, quien defendió a Baldetti en el caso La Línea y recibió en pago un inmueble ilícito;  los notarios Francisco Rafael Cetina e Ismenia Del Val Herrera, y el exministro de Agricultura, Edín Barrientos, señalados como presuntos lavadores de dinero.

Con arresto domiciliario:

1. Alberto Rafael de León Escobar
2. Álvaro Mayorga Girón
3. Amín González
4. Ana Graciela López Gálvez
5. Boris Linares Juárez
6. Boris Orlando Navas Aguilar
7. Denis Leonel Linares Juárez
8. Edín Barrientos
9. Edna Maribel Berganza Colindres
10. Flavio Rodolfo Montenegro
11. Izmenia Beatriz del Val Herrera
12. Jack Irving Cohen Cohen
13. Juan Ortiz Álvarez
14. Julio Alejandro Quinto Tobar
15. Marco Antonio Recinos Sandoval
16. Mario Cano
17. Max Roberto Burgos Faillace
18. Rafael Cetina
19. Rudy Geovani Navas

Desarrollo

La audiencia de primera declaración de los 57 sindicados en el caso se desarrolló en 32 jornadas, las cuales comenzaron el pasado 13 de junio, en las que se declaró  la falta de mérito para cuatro y se ligó a proceso a  53.
El MP y la Cicig impugnaron la decisión de Gálvez de dejar fuera del proceso a Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Julián Muñoz Jiménez, Raúl Eduardo Castillo Castillo y Luis Fernando Montiel Dávila.

El abogado David Pineda rechazó la resolución del juez, y señaló que envió a prisión a personas que tienen delitos menos graves que quienes quedaron con arresto domiciliario.

Pendiente

Gálvez indicó que quedan diligencias pendientes en el caso, como la audiencia en la cual se escuchará el testimonio de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti,  quien busca ser colaborador eficaz del caso y cuya documentación ha sido clave en el caso.

Al momento se tiene una declaración de Monzón, la cual fue efectuada en el MP y que está pendiente de aprobación por el juez.

Permanecen prófugos:

1. Alba Elvira Lorenzana Cardona
2. Alejandro Sinibaldi
3. Allan Herbert Marroquín Castillo
4. Carlos Gabriel Guerra
5. Carlos Raúl Ruiz Vásquez
6. Edi Orlando Morales
7.  Eduardo Cristian Kestler Morán
8. Enrique Castellanos Rojas
9. Erick Estuardo Archila Dehesa
10. Jorge Ruiz Vásquez
11. Sergio Roberto Arévalo

“Creo en la justicia, creo un usted señor juez Gálvez”, dijo Beltranena con una voz entrecortada de frente al juzgador, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La exasistente vicepresidencial aseguró que desde su regreso de Corea, donde acompañó el último viaje de Baldetti como funcionaria, en abril de 2015, esperó ser citada por el Ministerio Público y siempre estuvo dispuesta a colaborar en las investigaciones del caso La Línea.

Beltranena también aseguró que existe un “terrorismo mediático” que ha alejado a sus amigos y algunos familiares, por el temor de ser perseguidos penalmente, al verse vinculados a ella y el caso Cooptación del Estado.

“Le pido, suplico, imploro señor Juez, que si es su voluntad me otorgue una medida sustitutiva (…) no me deje los años que me quedan de juventud en un centro de detención”, dijo sollozando Beltranena.

“Mi hijo me extraña”

Este miércoles también solicitó su libertad Judith del Rosario Ruiz Blau, exasistente de Baldetti desde que esta fue diputada en el Congreso.

Ruiz durante su intervención, frente a Gálvez, pidió su libertad porque su hija la extraña y es ella quien provee el sustento económico del hogar.

La defensa de Ruiz también expuso ante el juzgador que Ruiz ya no labora para el Congreso, luego de presentar y se aceptara su renuncia y aseguró que no representaría un obstáculo para la investigación de recuperar su libertad.  

Mientras argumentaba por qué ella no debe ser enviada a prisión por el caso Cooptación del Estado de Guatemala, el defensor confirmó la medida, que  se extendió a otros procesados, aunque no aclaró a quiénes.

Según Moraga Porras, la decisión de retirar el permiso migratorio a su clienta y otros de los procesados por supuestamente integrar una red que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, es una violación a sus derechos humanos, provocada por la estigmatización que se le ha dado al caso.

“Ninguno ha sido sentenciado por un tribunal y la condena pública ya existe. Hoy no se puede decir el nombre de estas personas porque para la sociedad ya son culpables”, dijo el abogado al juez de Mayor Riesgo B Miguel Ángel Gálvez.

Ayuso de León también se dirigió al juzgador y le indicó que durante 35 años tuvo visa para ingresar a la unión americana y que mientras estaba en el territorio de esa nación se comportó con respeto a las normas de ese país. Aseguró que por las mismas razones fue que le dieron el permiso desde el principio.

“No es posible que me tengan aquí por la declaración de una persona que admitió su responsabilidad en la comisión de delitos. Mi imagen está perjudicada, soy el sostén de mi familia. Yo tengo a mi cuidado a mi mamá”, enfatizó Ayuso de León.

La procesada, quien también ejerce la abogacía, aseguró que ocupó la dirección del RIC por su capacidad y no por haber obtenido un beneficio de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, también sospechosos en el caso.

“Me sentí triste cuando usted dijo que muchos funcionarios eran ineptos y no cumplían —los— requisitos del cargo —que ostentaban—”, manifestó la exdirectora del RIC al finalizar su intervención.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a Ayuso de León por supuestamente recibir Q430 mil como comisión por la compra de un programa informático para la institución. Ella enfrenta la justicia por asociación ilícita y cohecho pasivo.

Durante la audiencia, en su jornada número 29, el juez también escuchó a la defensa de Ábner Antonio Rodríguez Vásquez, quien supuestamente vendió el software al RIC. Él enfrenta proceso por cohecho activo.

La defensa de Rodríguez Vásquez aseguró que el procesado no pertenecía al Partido Patriota y tampoco tenía nexos con los exmandatarios.

Desarrollo

La audiencia de primera declaración del caso Cooptación llega hoy a 30 sesiones. Bastaron  27 jornadas en las que se escucharon los señalamientos de la Fiscalía y los alegatos de los defensores, para que el juez determinara ligar a proceso a 53 y beneficiar con la libertad a otros cuatro, derivado de declarar la falta de mérito a los hechos en su contra.

Gálvez pidió a los abogados defensores que sean breves y concretos en sus intervenciones, con lo cual se podría agilizar la fase en la que se discuten medidas de coerción, que pueden ser de prisión preventiva o arresto domiciliario con condiciones.

El juez espera concluir la diligencia este 4 de agosto, con su resolución final.

Sin traslado

El plazo de investigación abarca desde el 2009 hasta abril del 2015, período durante el cual se contienen las acciones delictivas que se cometieron en los casos La Línea y TCQ.
El pasado 27 de julio, luego de 27 sesiones de la audiencia de primera declaración el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, abrió proceso penal contra 53 de 57 personas sindicadas en el caso Cooptación del Estado; entre los que figura el exbinomio presidencial, entre otros funcionarios.
La compra de regalos lujosos para Pérez Molina y Baldetti, por medio de la recaudación de dinero, denominada La Cooperacha, también es investigada en el caso Cooptación.
Gálvez quien no se basó en el testimonio del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón para ligar a proceso a los sindicados, ha explicado en varias oportunidades que el Ministerio Público tiene que solicitar que se escuche el testimonio de Monzón pero en una diligencia pública, para que los abogados defensores puedan interrogarlo.

El fallo de Gálvez significa para los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti la suma de un proceso penal para cada uno. El expresidente está vinculado con el caso de defraudación aduanera La Línea, con lo cual se le agrega una causa.

La ex vicemandataria es procesada por el mismo caso y por el supuesto fraude en la limpieza del Lago de Amatitlán.

En mayo pasado, el juzgador ligó a proceso a los exgobernantes por la investigación sobre el contrato oneroso que se entregó de manera irregular a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para utilizar un terreno en la Empresa Portuaria Quetzal, pero ese caso es una fase del expediente denominado Cooptación.

El juez  explicó que no existen indicios para procesar a Marvin Estuardo Díaz, Julián Muñoz Jiménez, Raúl Eduardo Castillo y Luis Fernando Montiel, por lo que  declaró la falta de mérito para ellos.

Señalamientos

Gálvez manifestó que la investigación comenzó el 16 de abril del 2015, cuando fue desarticulada La Línea, derivado del hallazgo de indicios que condujeron a los fiscales a determinar que existía una red criminal más grande.

En el expediente judicial 01074-2015-00017 se analiza el supuesto financiamiento ilícito que habría recibido en el 2011 el Partido Patriota, año en el cual la agrupación política ganó las elecciones.

El plazo de investigación abarca desde el 2009 hasta abril del 2015, período durante el cual se contienen las acciones delictivas que se cometieron en los casos La Línea y TCQ.

En el 2012, después de la toma de posesión, Pérez Molina y Baldetti habrían designado a personas de confianza en puestos claves, para garantizar el cumplimiento de los intereses de la estructura.

La compra de regalos lujosos para Pérez Molina y Baldetti, por medio de la recaudación de dinero, denominada La Cooperacha, también es investigada en el caso Cooptación.

Los delitos por los cuales el juzgador decidió abrir proceso son asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero y falsedad ideológica.

Gálvez fundamentó su fallo en la declaración de varios testigos escuchados en el MP, así como de seis procesados, entre quienes se encuentra Víctor Hugo Hernández, contador de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la ex vicemandataria.

El juzgador también explicó varios documentos y hallazgos que hizo la Fiscalía durante la investigación, como hojas de
cálculo encontradas en la computadora de Salvador González, alias Eco, y una tableta de Monzón.

Por ahora no se ha valorado la declaración del exsecretario de Baldetti, quien figura como colaborador eficaz en la fase de TCQ pero   se espera que sea escuchado por el caso Cooptación.

Gálvez ha explicado en varias oportunidades que el MP tiene que solicitar que se oiga el testimonio de Monzón, y que se debe hacer en una diligencia pública, para que los abogados defensores puedan interrogarlo.

En 27 sesiones

La audiencia de primera declaración contra los sindicados se ha desarrollado desde el pasado 13 de junio hasta ayer, y han sido necesarias 27 sesiones.

El juez  utilizó cuatro jornadas para argumentar su resolución, la cual dio a conocer ayer, en el quinto día de su intervención.

El MP y la Cicig leyeron las imputaciones durante 10 sesiones y los abogados defensores hicieron sus alegatos de descargo a lo largo de 12 días.

Coerción

MP pide prisión para 43

El Ministerio Público (MP) pidió al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que envíe a prisión preventiva a 43 de los procesados por el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

La Fiscalía también solicitó que se confirme esa medida en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, así como  Samuel Aceituno Juárez, Gustavo Adolfo Martínez Luna, Gustavo Alejos Cámbara, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan de Dios Rodríguez y Jonathan Harry Chévez, quienes permanecen en prisión por otros casos.

El MP argumentó que existe peligro de fuga o de obstaculizar la investigación.

El órgano investigador solicitó al juzgador que, por razones de salud, sean beneficiados  con medidas sustitutivas el empresario Jack Irving Cohen Cohen y el banquero Flavio Montenegro,

Se oponen

Los abogados defensores se oponen a que los procesados sean enviados a prisión preventiva. Los profesionales del Derecho argumentaron que no existen indicios para creer que sus patrocinados vayan a huir o actuar en contra de la pesquisa. Será hoy cuando Gálvez lo decida.

Falta de Mérito

1. Raúl Eduardo Castillo Cohecho activo
2. Luis Fernando Montiel Dávila: Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero. Falta de mérito
3. Marvin Estuardo Díaz Sagastume, asociación ilícita y cohecho pasivo.
4. Julián Muñoz Jiménez: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Ligados

• Financiamiento electoral ilícito

1. Jack Irving Cohen
2. Denis Benjamín González
3. Flavio Montenegro Castillo
4. Boris Orlando Navas Aguilar
5. Max Roberto Burgos Faillace
6. Deni Leonel Linares Juárez
7. Boris Linares
8. Ana Graciela López Gálvez
9. Juan Ortiz Álvarez
10. Julio Alejandro Quinto Tobar
11. Rudy Geovani Navas
12. Álvaro Mayorga Girón
13. Alberto Rafael de León Escobar
14. Eduardo Cristian Kestler Morán
15. Gustavo Alejos Cámbara
16. Edna Maribel Berganza Colindres

• Cohecho pasivo y lavado de dinero

1. Otto Pérez Molina
2. Ingrid Roxana Baldetti
3. Hector Mauricio López Bonilla: Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero.
4. Gustavo Adolfo Martínez Luna: Cohecho pasivo

• Asociación ilícita y lavado de dinero

1. Ulises Noé Anzueto Girón
2. Manuel López Ambrosio
3. Juan de Dios Rodríguez López
4. Daniel Pellecer Siliézer
5. Judith Del Rosario Ruiz Lau
6. Daniela Beltranena Campbell
7. Jonathan Hary Chévez
8. Samuel Aceituno Juárez
9. Mario Rodolfo Contreras
10. Francisco Rafael Gutiérrez
11. Daniel Estuardo Calderón Ángel
12. Rafael cetina Gutiérrez
13. Juan Abner Fonseca Galicia: Asociación ilícita
14. Adolfo Peña Pérez: Asociación ilícita
15. Julio César Aldana: Asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.
16. Edín Raymundo Barrientos: Lavado de dinero
17. Mario Cano: Lavado de dinero
18. Miguel Ángel Martínez: Asociación ilícita

• Cohecho activo

1. Karl Cristian Kaeller
2. Julio René Barrios
3. Denis Leonardo Lam
4. Byron Barrera Menéndez
5. Héctor Solano Morales
6. Abner Antonio Rodríguez Vásquez
7. Juan Carlos Salguero Barrientos
8. Emilia Guadalupe Ayuso de León: Asociación ilícita y cohecho activo.
9. Dani Crowel Mayorga: Asociación ilícita y cohecho activo

• Falsedad ideológica

1. Izmenia Beatriz del Val Herrera

• Asociación ilícita y cohecho pasivo

1. Dwight Pezzarossi
2. Rudy Leonel Gallardo Rosales
3. Oscar Ludwin Osorio Ovalle
4. Alex Sical Girón Martínez
5. Walter de Jesús López Acevedo

Había 57 acusados en total, pero a cuatro personas, Luis Fernando Montiel Dávila, Raúl Eduardo Castillo Castillo, Julián Muñoz Jiménez y Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Gálvez les dictó “falta de mérito”  y no serán procesados.

Los señalados hablan sobre la decisión del juez

• Video: Ana Graciela López: “Sí esperaba que nos ligaran a proceso”

• Video: Dwigth Pezzarossi: “No tengo nada que temer”

• Video: Mauricio López Bonilla: “Es la declaración de Juan Carlos Monzón la que nos tiene acá”

• Video: Emilia Ayuso: “No estoy llorando, pero sí me da tristeza”

• Video: Mario Cano: “Lo haría por Ingrid Roxana Baldetti Elías”

• Video: Rudy Leonel Gallardo: “Nunca trabaje en el Partido Patriota”

El juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, convocó a los supuestos integrantes de la red criminal mañana a las 9 horas para escuchar el fallo.
 
Durante la audiencia celebrada este martes, Gálvez indicó que analizó todos los elementos de los delitos que se les imputan a las 57 personas para actuar con “transparencia” , y advirtió de que si alguien no está de acuerdo con el veredicto que dicte, tiene el derecho de apelar ante otras instancias jurídicas.
 
Sostuvo que su resolución no se emitirá en base al “clamor popular”  en Guatemala o por “presiones de organismos internacionales”, sino en base a los indicios presentados por el Ministerio Público  (MP).

El denominado caso “Cooptación del Estado” es uno sin precedentes en la historia del país centroamericano, no solo por el número sino por quienes son acusados de saquear las arcas públicas.

Los cabecillas de las estructura, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad  (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig) son el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
 
Ministros y funcionarios de ese gobierno  (2012-2015), banqueros, empresarios, financistas y abogados están en la lista de la red que mañana esperan conocer su futuro legal.
 
Uno de los colaboradores de la Fiscalía en ese proceso es el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, pero el juez no consideró necesario utilizar su testimonio, aunque sí algunos documentos en los que aparecen las tablas de cómo se recaudaba y repartía el dinero por los contratos que otorgaban a los empresarios.
 
Gálvez comentó que Monzón, quien está en prisión, “no es un santo”  sino es “un pícaro”  y forma parte de la estructura que investiga el MP.
 
Los delitos que se les imputan a los integrantes de la estructura van desde asociación ilícita, hasta lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, enriquecimiento ilícito y financiación electoral ilícita

*Con información de Agencia EFE, G. Sánchez y M. Hernández

La sesión se dividió en tres fases, en las cuales el juez describió la manera en que se utilizaron empresas para ocultar dinero de aparente origen ilícito, la compra de regalos lujosos para los exmandatarios y los aportes financieros hechos por empresarios al Partido Patriota, considerados por el órgano investigador como financiamiento electoral ilícito.

Gálvez indicó que la empresa Inversiones Galú utilizó Q250 mil para comprar un hotel ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, denominado Mansión de la Luz.

La entidad tiene relación con Baldetti y el dinero se obtuvo por un préstamo que el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) le otorgó. Gálvez calificó de indebida la transacción, porque la empresa era de reciente creación y no tenía  perfil económico que acreditara el pago al banco.

De igual manera se refirió el juzgador a la compra que las empresas Arrendamientos, Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima, e Inversiones y Proyectos Marbella, Sociedad Anónima, hicieron del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día.

“Es evidente que en esto existe una planificación de antemano. Es evidente que hay una concertación para hacer unas acciones que se deben hacer. Se considera que por los hechos investigados por el MP se llega a establecer que hay relación con la asociación ilícita y lavado de dinero”, aseguró.

Ambas entidades gestionaron en Banrural préstamos de Q4 millones cada una, con lo cual se reunió la suma y se pagaron las acciones del referido medio de comunicación.

Además, el 3 de enero del 2013 el entonces presidente notificó la exoneración del 90 por ciento de  multas e intereses a Corporación de Noticias, lo cual facilitó la compra de acciones.

La Fiscalía entrevistó a María del Carmen Valencia Espinoza, representante de Proyectos Marbella, y Silvia Lisseth Jayes Quiñónez, de Arrendamientos, Servicios y Proyectos. Ambas corroboraron las transacciones bancarias.

Proyectos e Inversiones Quactemalán, Sociedad Anónima, es una empresa vinculada con Pérez Molina, la cual trabajó para la comuna de Mixco, donde era alcalde Otto Pérez Leal.

La misma entidad adquirió al Grupo Pixel una litografía de la hija de Pérez Molina, Lissette Pérez Leal.

Allegada a Baldetti

Gálvez relató  el caso de la exdiputada Daniela Beltranena, quien comenzó su vida política como asistente de Baldetti en la Vicepresidencia.

Durante esa época, Beltranena se encargaba de los viajes y traslados de la ex vicegobernante, específicamente de los vuelos.

Beltranena recibía una comisión del 15 por ciento de la empresa Transportes Aéreos de Guatemala por la contratación de viajes en helicóptero que hacía Baldetti, según consta en la declaración de Jair Samayoa, exinterventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En una presentación que hizo Gálvez se mostró una diapositiva en la que se veía una réplica del helicóptero Bell 470GX modelo 2013, que fue uno de los regalos que exministros y exfuncionarios dieron a Pérez Molina.

El juzgador también mencionó un automóvil marca Jaguar, en el cual se habrían invertido unos US$100 mil, los cuales se dividen en aproximadamente US$67 mil del vehículo, US$22 mil para “polarizar” los vidrios, y el resto en el pago de seguro y transporte hacia el país.

Financiamiento

Gálvez hizo referencia al financiamiento que en el 2011 recibió el Partido Patriota. Señaló que hubo violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, puesto que ninguna persona o empresa puede dar más del 10 por ciento del total de lo autorizado para la campaña, o efectuar aportaciones anónimas, con el fin de ocultar no solo el origen del dinero sino la identidad del financista, lo cual a su vez conlleva a un pago de favores.

Seguimientos

Al oído del MP

En tercera jornada, en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez razonó su resolución del caso Cooptación del Estado de Guatemala, indicó al Ministerio Público que se debe dar seguimiento a la empresa Grupo Agroindustrial 2011, la cual pagó la vivienda de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en el condominio Los Eucaliptos, zona 14.

Gálvez aseguró que la entidad tiene relación con Roberto España, hermano de Giovanni España, un presunto narcotraficante ultimado a balazos en Chiquimula en el 2011.

Aporte

Gálvez dijo que le llamó la atención un aporte de US$1.5 millones que hizo República Dominicana al Partido Patriota para financiar la campaña del 2011. La Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe que otros Estados patrocinen agrupaciones políticas, recordó.

Preguntas comprometedoras

Por qué el presidente —Otto Pérez Molina— tuvo negocios en Mixco, donde su hijo —Otto Pérez Leal— era alcalde?

Contexto: La pregunta surge por las labores que la empresa Proyectos e Inversiones Quactemalán, Sociedad Anónima, efectuó en la referida comuna.

¿Si sacara toda la sumatoria de las extensiones o terrenos que se compraron, sería correcto decir que son de los gobernantes?

Contexto: El juez detalló que fueron muchos los bienes inmuebles que adquirieron los exdignatarios, y que sus sueldos como funcionarios no eran elevados.

En mi cabeza no cabe que el Congreso o la Vicepresidencia sirvan para eso. ¿Será que se colocó a gente de confianza?

Contexto: Se relacionó la contratación de personal de confianza, con lo cual se sacrificó la capacidad. Además, se hizo referencia al contralor Carlos Mencos.

El juzgador se refirió a la declaración que en la Fiscalía rindió el contador Sergio Giovanni Donado Santizo, quien refirió que conoció a Baldetti en el 2005, un año después de haber ganado una curul en el Congreso.

Explicó que se reunió con la entonces congresista en el Palacio Legislativo y que ella le pidió que le llevara su contabilidad personal y el de unas empresas de su propiedad, y mencionó a Comercial Urma, Serpumer, Publicmer, Publiases, La Montaña Ecológica y Grupo Agroindustrial 2011 —la cual fue agregada con posterioridad—.

El ex secretario privado de Baldetti Juan Carlos Monzón envió a su contador con Donado Santizo, quien le entregaría la papelería contable de las empresas de la exfuncionaria, las cuales después se integraron en el llamado Grupo Estrella.
Gálvez explicó que las empresas relacionadas con la imputación se califican como de cartón, porque sus actividades son casi nulas o inexistentes.

“Por eso es que el MP dice que son empresas de cartón. Si yo miro el aspecto contable de las empresas, facturaciones no tienen, solo tienen ingresos”.

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El juzgador agregó: “Si se profundiza, Grupo Agroindustrial 2011 fue creada por una persona de oriente de apellido España —Roberto España, aclaró después—, hermano de Giovanni España, al que mataron en Chiquimula, relacionado con el narcotráfico”.

Enriquecimiento

Según Gálvez, derivado del análisis de los indicios recopilados por la Fiscalía, la casa de Baldetti en el condominio Los Eucaliptos, zona 14, fue pagada por España con cheques de las empresas Tranding Company e Industrias Treptor.
Otras empresas que el juez mencionó durante su argumentación fueron Vistas y Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima, relacionada con Pérez Molina, y Proinver y Galú, vinculadas con Baldetti.

El expresidente adquirió, por medio de otra persona, una finca en Zaragoza, Chimaltenango, cuyo costo total, después de tres ampliaciones, fue de Q5 millones 50 mil.

Según Gálvez, las propiedades descritas tenían originalmente unas dimensiones regulares, pero fueron ampliadas porque los exmandatarios adquirieron fincas contiguas en dos ocasiones.

Esos incrementos habrían sido hechos con dinero que se obtuvo por el soborno que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal pagó por el usufructo oneroso que le fue otorgado, para operar maquinaria de carga en un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal, así como por las comisiones que entregaban los contratistas del Estado para ser beneficiados con adjudicaciones.

Gálvez también se pronunció por la declaración de Ana Lilian Maribel Ávalos Duque, representante legal de Inversiones y Proyectos Marbella, una de las empresas relacionada con la ex vicepresidenta y por las cuales habría accedido al 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día.

Ávalos Duque trabajaba en el Fondo Nacional de Desarrollo y fue reclutada para fungir como representante de la referida firma.

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El testimonio de Silvia Lisseth Jayes Quiñónez, sobrina de Raymunda Jayes y del contador de Monzón, también detalla la adquisición de las acciones del referido medio de comunicación.

Jayes Quiñónez contó al órgano investigador que en el 2012 su tío le preguntó si le interesaba integrarse a una empresa que estaba formando, la cual fue nombrada como Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A., que fue la otra entidad comercial que participó en la compra de las acciones de Corporación de Noticias.

Hernández pidió a Jayes Quiñónez en el 2013 que lo acompañara al banco, pues harían una transacción a nombre de la firma, de la cual fue nombrada representante legal.

Acudieron a una agencia del Banco de Desarrollo Rural y solicitaron un préstamo de Q4 millones. Jayes Quiñónez preguntó a Hernández para qué necesitaba tanto dinero, y este le dijo que era para unas transacciones con inversionistas extranjeros.

La testigo relató al MP que posteriormente se enteró de que la suma millonaria fue utilizada para la compra de las acciones del referido medio de comunicación, y que la transacción tenía vínculos con la ex vicepresidenta.

El juez mostró un mapa elaborado por el órgano investigador, en el cual se detallan las conexiones comerciales de las empresas vinculadas con los exgobernantes.

A eso de las 16 horas, el juzgador aplazó la diligencia y explicó que continuará el próximo 25 de julio, y que espera finalizar su análisis ese día, para resolver la situación jurídica de los sindicados.

Describe indicios claves

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, describió varios eventos detectados por el Ministerio Público en la investigación del caso Cooptación del Estado de Guatemala, que involucra a funcionarios del gobierno del Partido Patriota.

Camiseta del equipo de futbol Real Madrid

• Uno de  los indicios por los cuales se pronunció el juez  Gálvez fue la camiseta del equipo de futbol  Real Madrid, localizada por la Fiscalía en una vivienda del exmandatario Otto Pérez Molina, en la finca Los Cocos, Taxisco, Santa Rosa, con lo cual se busca acreditar que la propiedad inmueble es del exgobernante.

Finca de Zaragoza, Chimaltenango

• El juzgador  mencionó la compra de una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, por el exgobernante Otto Pérez Molina, la cual fue registrada a nombre de otra persona. La propiedad fue ampliada en dos oportunidades posteriores con la adquisición de terrenos contiguos.

Casa en un sector privado de la zona 14

• La empresa  Grupo Agroindustrial 2011 habría emitido cheques para la compra de una casa en el condominio Los Eucaliptos, zona 14, donde se instaló la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su familia. La propiedad fue ampliada en dos ocasiones posteriores con la compra de otros terrenos.

Empresas ya no funcionaron

• El juez Miguel  Ángel Gálvez también incluyó dentro de la exposición de indicios, que le llamaba “poderosamente la atención” el hecho de que las empresas de cartón integrantes del Grupo Estrella tuvieran actividades solo entre 2009 y 2011, y ya para el  2012, cuando el Partido Patriota gobernaba, las mismas cesaron repentinamente.

PP se financió

Las empresas que conforman el Grupo Estrella, afirmó el juez Miguel Ángel Gálvez, fueron creadas con el fin de captar fondos que serían utilizados para la campaña política que el Partido Patriota (PP) desarrolló en el 2011, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público.

El juez detalló que solo una de las cinco entidades había sido creada fuera del plazo que abarcan las averiguaciones, pues funcionaba desde 1987, y el resto desde el 2009, aunque no explicó cuál de todas.

Televisión

El juzgador enfatizó la relación de los canales 3 y 7 de televisión con el financiamiento ilícito señalado por la Fiscalía, pues existen recibos y facturas en las cuales se hace constar que hubo actividades comerciales entre la entidad y la agrupación política.

Ya en el poder las empresas que ayudaron  al PP fueron favorecidas con adjudicaciones de contratos que eran pagados por el Estado en los que, incluso, los cabecillas recibían coimas, concluyó.  

Durante el décimo día de la audiencia de primera declaración, la Cicig, querellante en el proceso,  explicó que archivos digitales de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, y otros indicios,  permitieron conocer los gastos de la campaña electoral del PP que fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los que no fueron informados.  

Explicó que la organización, para adquirir el dinero no reportado, creó  una corporación de  empresas de cartón a la que denominó Grupo Estrella —Publiases, Comercial Urma, Serpumer, La Montaña Ecológica  y Plantaciones la Florida—.

Por medio de las empresas se facturaban los  servicios que nunca se prestaron, añadió.   
Minutos después de empezar sus conclusiones la Cicig, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti abandonó  la sala, hasta por tres horas.  Al salir se le cuestionó por su ausencia, aunque no  respondió.  

Este miércoles, cuando se retome la audiencia, la Cicig continuará los señalamientos por una hora más. 

Sobre la declaración de Juan Carlos Monzón, Baldetti dijo que era un “oportunista”, que traicionó su confianza y actuó en su nombre sin tener autorización.

La ex vicepresidenta dijo que la sindicación en su contra y el caso Cooptación del Estado es una mentira del Ministerio Público y la Cicig, que busca dividir una sociedad, repitiendo así la historia y aludió a los 36 años del conflicto armado interno.

Agregó: “Lo que hoy un extranjero está queriendo hacer es -sembrar- el odio entre ricos y pobres; este extranjero es Iván Velásquez, que no lo quieren en su propio país y no sé cómo lo tenemos acá”.

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Un golpe de Estado

Según Baldetti, un golpe de Estado técnico hizo que renunciar a la Vicepresidencia, meses después el mismo andamiaje provocó la renuncia de Otto Pérez Molina.

“Fui una diputada aguerrida, que no me detuve en nada y a veces me pongo a pensar que si no estoy pagando factura de lo aguerrida que fui, porque yo denuncié negocios y dejé enemigos”, se cuestionó Baldetti.

Agregó: “Participó un país cercano, que le interesa mucho el Triángulo Norte, un colombiano, y seguramente reclutaron a más guatemaltecos, a los que les hicieron creer que era una banda criminal. Fue un golpe a la democracia, nos quitaron ilegalmente con un golpe técnico fraguado en la mente de no sé cuántas personas”.

Ofrece disculpas

Antes de debatir la sindicación del MP, Baldetti ofreció una disculpa pública a Judith Ruiz, su asistente personal por 10 años, y quién en su primera declaración se quejó de exceso de trabajo y de haber asumido funciones de niñera, sin que estuviera legalmente asignado.

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“Ella no manejó los Q200 millones que los mentirosos quieren hacerlo creer, ella si manejo mi casa, la casa de la playa, si lo hizo, porque yo que era la responsable le puse otras atribuciones (…) quiero pedirle una disculpa pública, al igual que a mis hijos que abandoné y al final valió la pena porque Guatemala siempre vale la pena”, resaltó Baldetti. 

Baldetti explicó que las empresas de publicidad, que según la Cicig facturaron a los canales 3 y 7 trabajos inexistentes para financiar la campaña del Partido Patriota, fueron empresas reales a las que se dedicó como publicista, antes de dedicarse a la política.

“Usted me vio presentando noticias en Aquí el Mundo, era yo quién decía qué estaba pasando en Guatemala en ese momento, pero también me estaba preparando para ser una profesional”, dijo Baldetti que calificó la sindicación como un “show político”.

La primera declaración de Pérez Molina, en el caso Cooptación del Estado, giró en desmentir la sindicación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y dibujar un transtorno mitómano de Monzón, así como un egocentrismo del comisionado Velásquez.

“Lo que dice él -Juan Carlos Monzón- mismo en sus declaraciones, le mintió a su propio jefe para escalar puestos, ganar espacios, mintió en diferentes reuniones que a mí me constan, y resulta que ahora a través de las mentiras se ha convertido en el héroe, cuando si ve el record de lo que ha ido saliendo, resulta que es él el que tiene la palabra que respeta la Cicig y el MP. Se han convertido en el vocero de lo que él ha dicho y en base a esto hay gente que está sentada sencillamente por lo que él ha dicho”, dijo Pérez Molina sobre Monzón.

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“El señor Iván Velásquez es un egocentrista, porque la conducta está vinculada a la arrogancia y al exhibicionismo;  de ahí los nombres ridículos que le han puesto a algunos de los casos, como nombrar un caso como La Coperacha, es como una actuación despectiva, fuera de la seriedad, cuando estamos hablando que hay personas en prisión por un caso de esos”, dijo Pérez Molina.

El exmandatario también señaló al jefe de la Cicig de excederse en funciones, criticando el acompañamiento de Velásquez en los diálogos para la reforma constitucional, además de sugerir un impuesto que permita financiar directamente al Sector Justicia.

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Sobre las sindicaciones, el exmandatario aseguró que la Feci no tiene pruebas y explicó que los fiscales son extrajeros, sin conocimiento del país y con argumentos en su contra sin fundamento.

“Dicen que recibí el dinero en efectivo, que otros cobraban o por medio de sociedades de fachada le daban apariencia legal y le digo que es mentira, que me demuestre la Feci, el MP o la Cicig, que recibí ese dinero y si lo recibí que lo traigan, en qué cuentas están, dónde está ese dinero”, resaltó Pérez Molina.

Negó el exmandatario que haya cobrado comisiones a cambio de contratos con el Estado, además de negar que se haya valido de testaferros para manejar empresas de cartón.

Si ellos mencionan esos 441 contratos, ahí hubo licitaciones, cotizaciones, compras por excepción, directas y todo eso lleva procedimientos señor juez, si hubo algo malo en los contratos que ellos están diciendo, ya revisarían los procesos que se dieron (…) Yo estaba buscando representante legal porque como presidente no podía estar respondiendo en la cuestión legal que se me hubiera presentado”, dijo Pérez Molina. 

El sindicado finalizó su declaración reconociendo que existe un préstamo con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), el cuál le fue otorgado por Q3.5 millones, de los cuáles debe alrededor de Q2 millones y consta en su declaración patrimonial.

Sobre la compra de yates, apartamentos y el pago de consumos en tarjetas de crédito, todo fue negado por el exmandatario, que al final de su declaración evitó responder preguntas de la fiscalía.

Gálvez consideró que, por el momento, no se pueden hacer los traslados porque los protocolos no están listos, es decir, los acuerdos finales acerca de los horarios de ingreso de abogados, de visitas –regulares y conyugales–, salida a las áreas verdes, entre otros.

La próxima semana recibirá el juez un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PD) para determinar si los protocolos son los adecuados y si él considera que son los correctos, con lo que autorizaría los traslados.

Estimó que en aproximadamente dos semanas podrían concretarse. Además del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, recorrieron la prisión Matamoros personal de la PDH, Sistema Penitenciario, Ministerio Público, y defensores.

Gálvez anunció durante la audiencia de Cooptación del Estado que 18 reos serán trasladados a las nuevas instalaciones, en la zona 1, por el hacinamiento en la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17.

Esa medida fue decidida al constatarse que el penal de Mariscal Zavala rebasó su capacidad, con 60 internos más de su  cupo normal. El 7 de junio último, Prensa Libre comprobó que por el hacinamiento buena parte de los detenidos en la denomina “cárcel de los políticos” duermen en carpas.

La capacidad del penal Mariscal Zavala es de 135 reos, y en la actualidad hay recluidos en 195 privados de libertad.

Momento en que ingresa a Matamoros el director de Presidios, Carlos de León Zea. pic.twitter.com/Rv4R6lYugv

— Bvasquez_pl (@Bvasquez_pl) June 24, 2016

Recuperan cárcel

El 13 de junio último el Ministerio de Gobernación (Mingob) habilitó la cárcel del cuartel militar Matamoros, en la zona 1.

El nuevo caso de corrupción Cooptación del Estado, obligó a las autoridades a garantizar seguridad y comodidad a los privados de libertad vinculados a casos de corrupción.

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La cárcel de Matamoros tiene capacidad  para recluir a 32 privados de libertad y el Mingob, a través del Sistema Penitenciario, permite el acceso al penal de familiares y personas vinculadas al proceso penal que enfrenten los privados de libertad.

Traslados

1. Daniel Estuardo Calderón Ángel
2. Marvin Estuardo Díaz Sagastume
3. Juan Abner Fonseca Galicia
4. Max Roberto Burgos Faillace
5. Walter de Jesús López Acevedo
6. Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar
7. Alberto de León Escobar
8. Denis Leonel Linares Juárez
9. Rudy Gallardo Rosales
10. Óscar Ludwin Osorio Ovalle
11. Julio René Barrios Centeno
12. Julián Muñoz Jiménez
13. Juan Carlos Salguero Barrientos
14. Denis Leonardo Lam
15. Alex Ricardo Girón Martínez
16. Boris Alberto Linares Juárez
17. Boris Orlando Navas Aguilar
18. Julio César Aldana

 López Bonilla manifestó que fueron pocas las veces en que se reunió con Monzón y se debieron a actividades de carácter oficial. Agregó que la intención de Monzón era vender gramilla sintética a la Policía Nacional Civil, pero nunca se le contrató.

Gustavo Alejos

Por su lado, Alejos Cámbara admitió que conoció a Monzón y que financió al Partido Patriota, aunque no con dinero, sino en especie.

“El aporte que yo di fue en especie y le voy a mostrar los papeles”, enfatizó ante Gálvez, y dijo que los recursos salieron de su cuenta bancaria.

rechazan testimonio

El auditor Mario Contreras Díaz, el corredor de bolsa Jonathan Chévez y la exdiputada Daniela Beltranena, entre otros sindicados que declararon desde el pasado 21 de junio, aseguraron que Monzón mintió a la Fiscalía para evitar que lo persigan.

Queda pendiente que los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti declaren. El juez señaló que continuará la diligencia el 27 de junio. El expresidente ha dicho que desea exponer su versión.

Fue contratado

El notario Luis Fernando Montiel Dávila dijo ayer al juez que él fue contratado en el 2007 y 2008 para crear dos empresas vinculadas con la familia del expresidente Otto Pérez Molina, y que su función fue  profesional, por lo cual aseguró que con los señalamientos en su contra se criminaliza a quienes ejercen el notariado y causaría que se deje de desarrollar.

Rechaza favores

El constructor Dani Crowel  Mayorga aseguró que conoció a Juan Carlos Monzón por la afición a las motocicletas y que nunca hizo gestiones con él,  por su función en la Vicepresidencia, para que la empresa que representa fuera beneficiada con contratos. Aseguró que la entidad sí participó en licitaciones, aunque  habría ganado el 10 por ciento de los concursos.

Se presentó como un inversionista, consultor y desarrollador de hardware y software, además de ofrecer servicios de préstamos fiduciarios, prendarios y microcréditos.

Aseguró que nunca conoció a Pérez Molina, Baldetti ni más personas de gobierno, a excepción de Juan Carlos Monzón, de quien en su momento supo que era político “respetable”.

Según Chévez, en la relación que tuvo Monzón con sus empresas, llegó a darle préstamos de entre US$10 mil a US$3 millones, y fue intermediario para la compra del helicóptero, en diciembre de 2014, y se aseguró que el aparato fuera trasladado de Fort Lauderdale, California, hasta Guatemala.

“El señor Juan Carlos Monzón me lo dijo. Él mismo. Era un regalo de cumpleaños”, declaró Chévez, cuando fue interrogado por un fiscal sobre la forma en que se enteró que el helicóptero era para el exmandatario.

Sobre su relación con Monzón, Chévez señaló que se reunieron alrededor de 15 veces en un año y medio. También dijo que se presentó ante la Fiscalía cuando fue citado y entregó cheques y documentos, y alegó que ahora no puede hacer una defensa material porque los fiscales le incautaron documentación.

Jonathan Chévez confirma que helicóptero era un regalo para Otto Pérez Molina.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) June 22, 2016

Ruiz explicó que conoció a la entonces diputada, cuando fue asignada como asistente a su oficina, a partir de ahí fue cerrando círculos de confianza hasta llegar a ser hasta “ama de llaves” de Roxana Baldetti.

“Un día nos reunió ella –Baldetti- en el Congreso, a su equipo de trabajo, y nos dijo que nos solicitaba personas de confianza para que le ayudaran en unas empresas (…) les iba a dar un pago de Q1 mil”, dijo Ruiz al juez Gálvez.

Las empresas a las que hizo referencia Ruiz son, entre otras, Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, mismas que según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, habrían facilitado el paso de dinero desde Radiotelevisión Guatemala y Televisiete, para la campaña política del Partido Patriota (PP).

De acuerdo a la investigación,  a través de las cuatro empresas que abrió Baldetti a través de testaferros, facilitados por asistentes en el Congreso según Ruiz, a cambio de Q1 mil mensuales, se habría captado financiamiento ilícito de hasta Q17.6 millones, entre 2008 y 2011.

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De asistente a niñera

Ruiz se quejó ante el juzgador de sus atribuciones, mucho más allá de lo normal, y su relación con Roxana Baldetti.

La sindicada explicó cómo dirigía la oficina de la entonces diputada en el Congreso, hasta el proceso de inscripción de la universidad, gestión de parqueos y visitas al médico de los hijos de la ex vicemandataria.

Ruiz no se quedó corta en detalles y explicó que entre sus atribuciones, incluso, estaba la reparación de las viviendas de Baldetti, organización de convivios y cotizar boletos de avión y hotel de los hijos de la ex vicemandataria.

“Incluso su hijo mayor me decía, cuando muy pocas veces visitaba el Congreso o la Vicepresidencia, que me miraba como su otra mamá, porque siempre los asistía en lo que necesitaba”, afirmó Ruiz.

Del Val declaró sobre la venta de un inmueble en Antigua Guatemala, el cual según el Ministerio Público (MP )fue comprado por la exvicepresidenta. Dijo que el valor de la propiedad es de Q500 mil y no por Q8.3 millones, como se ha señalado.

Ruiz se presentó como asistente de Baldetti desde que era legisladora y cuando fue vicepresidenta. Aportó información sobre la creación de empresas de cartón para el financiamiento ilícito ilegal. Según su declaración, Baldetti ofreció Q1 mil a quienes dieran fuera prestanombre para la conformación de esas compañías.

Incluso recordó que, por órdenes de Baldetti, estuvo al cuidado de los hijos.

Daniela Beltranena decidió declarar, y en su defensa dijo que solo fue asistente de Baldetti y jamás tuvo acceso a información de ilícitos.

También rechazó y pidió pruebas al Ministerio Público de haber lavado más de Q7 millones, según la sindicación de la fiscalía.

Beltranena señaló a Juan Carlos Monzón de haber pagado los viajes no oficiales de Baldetti, además de ofrecer regalos de lujo a la ex vicemandataria, incluso a ella misma, quien aseguró recibió del exsecretario de la Vicepresidencia dos motocicletas, una Kawasaki y una Ducati.

Chávez, el presunto lavador de la estructura, dijo que hizo préstamos a Juan Carlos Monzón desde US$10 mil a US$3 millones. Se desligó de conocer a Otto Pérez Molina, pero reconoció que intermedió para la compra de un helicóptero, el que fue un regalo de la Cooperacha para el expresidente.

Mario Cano, quien fue defensor de Baldetti en los casos La Línea y Amatitlán, se dirigió al juez Gálvez por dos horas y cinco minutos para defenderse de la sindicación del MP.

En la audiencia aún no ha hablado el expresidente Otto Pérez. Gálvez citó a las partes mañana jueves para la reanudación de la audiencia.

“El abogado defensor es Jesucristo y el fiscal acusador es Satanás”, señaló Rodríguez, sin aludir a las partes procesales del caso.

Esas fueron las respuestas de Rodríguez sobre preguntas de las sindicaciones que en su contra hacen el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Rodríguez habló de su conversión al cristiano, tres meses después de ingresar a prisión por el caso IGSS Pisa donde,  según la investigación, se negoció el contrato para hemodiálisis peritonial para afiliados al Seguro Social con una empresa que no tenía capacidad para cubrir el servicio, lo que se tradujo en muerte de pacientes.

El expresidente del IGSS explicó a los periodistas que tres meses después de estar en prisión preventiva –fue capturado el 20 de mayo de 2015- se convirtió al cristianismo.

“Encontré a Jesucristo en mi vida, y eso ha sido una bendición. Dios les bendiga”, manifestó Rodríguez antes de ingresar al recinto judicial.

Durante las diligencias de la audiencia de primera declaración se le ha visto a Rodríguez llevar y leer un Biblia.

Dos casos en contra

Rodríguez está señalado en los casos IGSS-Pisa y Cooperacha

La muerte de 40 pacientes

El MP y la Cicig por medio de escuchas telefónicas lograron establecer que los directivos del IGSS se comprometieron con representantes de la empresa Pisa para lograr la adjudicación de un contrato.

Lo encargados del IGSS recibirían entre el 15 y 16 por ciento del monto del contrato. Pisa participó en otro concurso del IGSS para ofrecer el servicio de hemodiálisis, pero este no se concretó porque “hubo un soborno mayor, de otra empresa”.

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Según las autoridades por negligencia médica, ya que Pisa no tenía la capacidad de ofrecer hemodiálisis, fallecieron más de 40 pacientes.

Durante la audiencia de primera declaración por el caso Pisa, el MP reveló varias escuchas telefónicas, en una de ellas se escucha que “la decisión -de suscribir el contrato con Pisa- fue de una distinguida dama”.

La conversación presentada, es entre Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, cuando hablan del negocio de la licitación, uno de ello menciona que la orden del contrato era superior a la Junta Directiva del IGSS.

“La decisión fue de una distinguida dama superior a JD”, haciendo referencia a la adjudicación del contrato millonario a Pisa, de acuerdo a la fiscal María Esther Ovando explicó que “JD” podría ser Juan de Dios Rodríguez.

El expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez que también estaba en la audiencia de primera declaración, desacreditó ese audio, además de negar tener alguna responsabilidad en el caso.

La Cooperacha

En la declaración como colaborador eficaz de Juan Carlos Monzón exasistente privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, relató que Rodríguez fue uno de los implicados junto a cinco exministros de comprar lujosos regalos al exmandatario Otto Pérez Molina.

Según las investigaciones del MP y la Cicig, Rodríguez habría contribuido con Q4 millones 400 mil para comprar lancha, automóvil  y casa a Pérez Molina. Por ese caso se le imputaron los delitos de Asociación ilícita y lavado de activos.

El resto aseguró que por recomendación de sus abogados defensores se abstendrían de emitir comentarios o que    posteriormente  se pronunciarían contra los señalamientos.

La audiencia llegó ayer a la sesión número cinco, y se prevé que se extienda hasta la semana siguiente. Desde el   2 de junio recién pasado, cuando se efectuaron las capturas del caso, hasta hoy, se cuentan 20 días sin que se resuelva la situación jurídica de los señalados.

Declaraciones

Antes de escuchar a Berganza Colindres, ex subsecretaria administrativa y de asuntos de seguridad de la Presidencia, el juez nombró a cuatro sindicados que manifestaron su falta de interés por declarar.

Berganza Colindres afirmó haber trabajado en la organización del Partido Patriota (PP) y que se encargaba del manejo de las finanzas de la agrupación.

Aseguró que ella recibía los aportes en efectivo o por cheque que se hacían al PP, y que ninguno fue entregado en el anonimato. Agregó que no trabajó con los financistas.

Reconoció que las empresas Adinse y Multiempresarial HJ&AV hicieron aportes para la campaña del 2011 y que sabía que tenían relación con Monzón porque este se encargaba de buscar a los financistas. Rechazó haber tenido relación con Publiases, Serpumer, Comercial Urma y Publicmerc.

Julio Barrios, de Mayafert, señaló a Monzón de ser un “extorsionista” en alusión a los sobornos que cobraba, con lo cual corrobora lo declarado por el colaborador eficaz.

Edín Barrientos fue el último en declarar. Refirió que desde hace tres años intenta participar en actividades de medios de comunicación y a ello se debió la compra de Corporación de Noticias.

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Dijo que sostuvo reuniones con Gonzalo Marroquín, expresidente del consejo administrativo de la entidad, y su hermano Luis Marroquín. Aseguró que en el 2012 fue adquirido el cien por ciento de acciones de la empresa, por cuatro agrupaciones de cooperativistas: Federación de Cooperativas de las Verapaces, Federación de Cooperativas de Guatemala, Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca) y el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya.

Al finalizar las negociaciones se detectó la falta del pago de impuestos desde por lo menos 1998. Los Marroquín dijeron que había una promesa de los anteriores dueños de buscar mecanismos para solucionar la situación.

Al mismo tiempo, los cooperativistas pidieron al entonces presidente Otto Pérez Molina la exoneración del pago de multas e intereses.

Agregó que el 3 de enero del 2013 el entonces mandatario notificó a Gonzalo Marroquín la condonación del 90 por ciento de la multa e intereses que se adeudaban, equivalente a Q8.3 millones.

Barrientos dijo  que ese mismo año Víctor Hugo Hernández se acercó a Cideca y manifestó ser representante de inversionistas salvadoreños interesados en comprar acciones de Corporación de Noticias.

Cideca vendió 900 mil acciones a las entidades Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S. A., e Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, S. A., las cuales entre octubre del 2012 y enero siguiente hicieron aportes financieros equivalentes a Q7 millones —Q5 millones por la compra de acciones y Q2 millones como caución—.

Las escrituras con las que se hacía constar la transacción de compraventa fueron entregadas el 30 de abril del 2013.

Consultado por la vía telefónica, Gonzalo Marroquín explicó que lo que se  pidió fue “una  exoneración de multas e intereses no pagados por los dueños anteriores”.

Agregó que él, como el entonces representante legal de Corporación de Noticias, vendió la empresa a la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales —Asodefir— de la cual Barrientos era  representante legal. Negó cualquier relación con  la posterior venta de acciones a allegados de la exvicepresidenta Baldetti.

La audiencia fue aplazada para  hoy a las 9 horas.

Pide cambiar cheque a nombre del PP

En su declaración, Edna Maribel Berganza Colindres afirmó que en el 2011 Juan Carlos Monzón llevó un cheque por Q1 millón, el cual fue elaborado a nombre de Otto Pérez Molina, entonces candidato a la Presidencia por el Partido Patriota.

Indicó que el Tribunal Supremo Electoral rechazaba contribuciones particulares a los candidatos, por lo cual exigió el cambio del documento, para que apareciera a nombre de la organización política.

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“Todos los aportes tienen un nombre de compromiso”, aseguró.

Manifestó que Monzón era quien se encontraba al frente de las actividades de recaudación, por lo cual era él quien se reunía con los financistas.

Monzón era un “extorsionista”

Julio René Barrios Ortega, directivo de la empresa Mayafert, que vendió fertilizante al Estado, calificó a Juan Carlos Monzón como un extorsionista, pues indicó que se acercó a la entidad antes de que el Partido Patriota asumiera el Gobierno y les ofreció contratos a cambio del pago de comisiones.

Aseguró que su respuesta fue un rotundo no, pues Mayafert no actuaba de esa manera, al igual que las otras cuatro firmas que se dedican a la misma tarea.

A preguntas de la Fiscalía aseveró que no se denunció a Monzón por la exigencia de pagos indebidos.

A la Cicig le respondió que atendió a Monzón porque se trataba de la persona que se encargaría del tema de fertilizante.

La fiscalía expuso ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, cómo se lavó el dinero de la estructura, y en qué se habría gastado parte de las ganancias ilícitas la cúpula del Partido Patriota.

Según el MP, Baldetti recibió al menos Q6.2 millones en coimas por contratos de obra pública adjudicados, fortuna que gastó a manos llenas en lujos y excentricidades.

Para la fiscalía, el dinero recibido por la adjudicación de contratos entraba y salía desde el propio callejón Manchen, en la Casa Presidencial; el dinero era guardado en los baños de ese inmueble.

Baldetti es sindicada de cohecho activo y pasivo, lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

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Vida de lujo

Entre los gastos de Baldetti resalta un asta y bandera de Guatemala que donó a la iglesia Casa de Dios, la que según consta en una cotización en poder de la fiscalía, habría costado alrededor de US$56 mil, unos Q430 mil.

Los gustos caros y exclusivos de la mujer más poderosa del Partido Patriota no eran solo donaciones a iglesias, se extendía a caprichos personales; ropa y calzado de diseñador entre ellos.

Alexander McQueen, Chanel, Louis Vouitton, son solo algunas de las marcas preferidas de Baldetti cuando estuvo en el poder; así como las exclusivas tiendas Nordstrom, Saks y Burberry.

Diseñadores que cotizan una bolsa de mano hasta en US$2 mil dólares, unos Q15 mil.

La fiscalía también asegura que Baldetti aprovechó su puesto político a beneficio familiar, y el dibujante del Palacio Nacional de la Cultura estuvo a disposición de sus hijos, a quienes les hacía las tareas.

La vanidad también encontró eco en Baldetti, según la imputación del MP, quien sostiene que la exfuncionaria gastó US$27 mil en una lipoescultura.

Los exgobernantes suman el tercer y cuarto proceso penal en su contra, respectivamente, todos vinculados a casos de corrupción gubernamental.

Este jueves también se escuchará la imputación en contra de los exministros de Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, además del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

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Por grupos

Hasta este miércoles, el Ministerio Público (MP) había imputado cargos a 50 sindicados en el caso Cooptación del Estado, ejercicio que la fiscalía dividió en grupos a los que identificó por roles específicos en la supuesta estructura delictiva.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, informó al juez que durante la pesquisa, que comenzó el 16 de abril del 2015, se localizaron evidencias que llevaron al órgano investigador a conocer la existencia y funcionamiento de la red de empresas de cartón con las cuales los exgobernantes financiaron su campaña electoral en el 2011 y se enriquecieron de manera ilícita.

La estructura está compuesta por cuatro grupos de personas, definidas de acuerdo con su función y el momento en que se relacionaron con la banda: Financistas, equipo, contratistas y lavadores.

El primer grupo se denomina Financistas, y refiere a empresarios que entregaron contribuciones al Partido Patriota (PP) entre el 2008 y el 2011 para dotar de recursos a la agrupación política en los comicios del 2011.

En la sección de Equipo figuran funcionarios patriotistas como Edna Maribel Berganza, Álex Ricardo Girón, Dwight Anthony Pezzarossi, Óscar Ludwin Osorio, Rudy Leonel Gallardo, Julián Muñoz Jiménez, Marvin Estuardo Díaz y Ayuso de León.

Los Contratistas son un grupo de empresarios allegados a Pérez Molina y a Baldetti, quienes por esa relación obtuvieron contratos con el Estado a cambio del pago de una comisión.

Gálvez utilizó seis  horas y media para preguntar los nombres, lugar de residencia, profesión y oficio, entre otros datos, a los señalados.

El caso Cooptación del Estado de Guatemala se originó del supuesto enriquecimiento ilícito de Pérez Molina y Baldetti, quienes desde el 2007 habrían formado una red de empresas de cartón con las cuales se financió la campaña del Partido Patriota en el 2011, cuando ganaron la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, en los comicios.

También se detalla que ya en el poder, ambos  favorecieron a empresas que les habrían proveído de recursos financieros y a las cuales dieron contratos millonarios con el Estado.

Gálvez explicó que la Cooperacha es una fase de la investigación en la cual se busca determinar el origen del dinero que los exministros López Bonilla, López Ambrosio, Anzueto Girón,   Érick Archila, Alejandro Sinibaldi —ambos con orden de captura internacional—   y Rodríguez López le  compraron un helicóptero a Pérez Molina como regalo de cumpleaños.

Defensa falla

Los defensores de los involucrados intentaron frenar la diligencia al aducir que no tuvieron tiempo para revisar los expedientes, los cuales calificaron como extensos, o que no pudieron analizar todos los indicios en los que la Fiscalía fundamenta las pesquisas preliminares.

El intento se repitió luego de que López Bonilla, López Ambrosio y Anzueto Girón ingresaron a la abarrotada Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. En ambas ocasiones el juez rechazó la petición.

Los abogados de los exministros solicitaron separarlos de la diligencia y escucharlos en primera declaración en una audiencia diferente, después de concluir la de Cooptación del Estado.

Gálvez les explicó que podrían estar presos un mes de manera provisional, tiempo que podría durar la actual diligencia. Los exfuncionarios decidieron permanecer en la audiencia.

Se presentan

El expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) Adolfo Fernando Peña Pérez, Edna Maribel Berganza Colindres, ex subsecretaria  de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), y Marco Antonio Recinos Sandoval, dueño de la empresa Alquiler De Tractores, S. A. (Altracsa), se presentaron de manera voluntaria a la audiencia.

Los tres permanecían prófugos, y solo Peña Pérez fue enviado a  prisión provisional. Sus abogados le indicaron al juez Gálvez que su patrocinado estaba en el extranjero pero que su deseo era solventar su situación con la justicia, por lo que ayer regresó al país.

Peña ingresó por el Aeropuerto Internacional La Aurora, en un vuelo proveniente de El Salvador, informó su abogado David Pineda.

Eduardo Cristhian Klestler Morán envió a su abogada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, quien le pidió a Gálvez revocar la orden de captura  emitida  y copia del expediente. El juez denegó la solicitud.

Horas de espera

Alrededor de las 11 horas, varios señalados  se quejaron que habían llegado de madrugada y la guardia penitenciaria les prohibió comer, por lo que el juez concedió un tiempo para que pudieran tomar alimentos.

Otros sindicados, como Gustavo Alejos y Rodríguez López, aprovecharon el tiempo antes de la audiencia para leer.

El traslado de los reos, con excepción de Pérez Molina y Baldetti, se hizo desde la cárcel Mariscal Zavala en un bus del Sistema Penitenciario, luego todos hicieron una fila para ingresar, uno a uno, a las instalaciones judiciales.

Juan de Dios Rodríguez, quien figuró como secretario privado de Otto Pérez Molina y presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, llegó con una chaqueta azul, playera y pantalón de lona. Sus respuestas fueron monosilábicas.

Ya en la Sala, Rodríguez tomó una Biblia y se hundió en la lectura. El libro pareciera que da tranquilidad a varios sindicados, otros en cambio, ven en el Código Penal su camino.

Gustavo Alejos también recurrió a las Santas Escrituras para matar las horas que dilató el inicio de la audiencia. Otros a su alrededor, con la vista perdida parecía que evitaban contacto directo o cruzar palabras con sus pares, con los que también comparten la cárcel Mariscal Zavala.

Dwight Pezzarossi y Rudy Gallardo, en cambio, pareciera analizar a más profundidad su caso; ambos absorbidos por la lectura también cruzaban palabras, acaso una opinión o comentario.

Otros sindicados, menos conocidos y mediáticos, ocuparon el lugar asignado y aguardaron la diligencia judicial; unos con semblante serio y preocupado, otros con expresiones más relajadas, aunque la mayoría evitaba las conversaciones.

La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia albergará la audiencia de primera declaración, luego que se intentara sin éxito comenzar la diligencia el pasado lunes, en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

La Sala de Vistas ya ha servido para alojar casos emblemáticos como el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y el caso por la desaparición de la antropóloga Myrna Mack.

El mismo recinto también ha sido negado para otros procesos, como el segundo juicio por genocidio contra Ríos Montt o el caso Creompaz, contra 10 militares por crímenes de lesa humanidad.

Baldetti, quien ya suma cuatro procesos judiciales en su contra —La Línea, caso Amatitlán, caso TCQ y Cooptación del Estado—, contrató a Juárez para que la defienda, el profesional del derecho ha trabajado en otros casos mediáticos.

Casos

En febrero de 2014, los exfutbolistas Guillermo el Pando Ramírez, Gustavo Cabrera y Yony Flores, luego de que fueran suspendidos de por vida para participar en actividades federadas de futbol, auxiliados por Juárez colocaron una denuncia por denuncia falsa y abuso de autoridad.

“La diligencia constó en interponer una denuncia contra las personas que involucraron a los jugadores pues quedó demostrado por el Tribunal de Honor de la CDAG y por el Ministerio Público que mis defendidos son inocentes” señaló Gustavo Juárez en esa ocasión.

El abogado indicó que en la denuncia también se incluyó a nueve jugadores, dentro de los que destaca Carlos el Pescado Ruíz y señaló que si no hay delito ni falta deportiva no es justo que Ramírez, Cabrera y Flores sigan suspendidos de por vida en la práctica del futbol.

Juárez también es conocido por defender a exalcande de Chinautla, Arnoldo Medrano, desde el año 2013. El político quien dirigió por más de tres décadas las riendas de la comuna de Chinautla es procesado por casos de corrupción.

Sin embargo, el abogado abandonó al exjefe edil en noviembre de 2015 cuando Medrano enfrentada un caso por contratar a una empresa para que realizara el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

El 4 de septiembre de 2015 se programó la primera audiencia pero Juárez pidió más tiempo para conocer el caso. El 5 de octubre de ese mismo año el abogado se reportó enfermo y el jueves 12 de noviembre del año pasado simplemente ya no se presentó al juzgado.

Ese mismo día el Juez Séptimo Penal declaró el abandono del abogado Gustavo Juárez como defensa del exalcalde del Chinautla, Arnoldo Medrano, y ordenó el cambio de defensa en el caso.

La noche del 8 de noviembre de 2015 trascendió que el futbolista Marco Tulio Ciani estaba involucrado en un aparatoso accidente de tránsito donde murió un joven y otras tres personas, además del jugador resultaron con serias heridas.

“Acabo de salir de estar con él, por suerte me reconoció pero casi no puede hablar”, fueron las primeras palabras de Juárez, quien era parte del departamento jurídico de la empresa de representación de futbolistas Golden Dreams GT, quien ofreció sus servicios al jugador.

“La situación es difícil porque casi no puede hablar, su vida no corre peligro por el momento y en este momento solo su mamá está con él”, agregó Juárez.

El 26 de febrero de 2016 quedó libre de los cargos de homicidio Juárez explicó que se llegó a un acuerdo con la familia del joven que murió, así como con los heridos y el propietario del automóvil con el que colisionó.

Cooptación del Estado

En esta ocasión Juárez defenderá a la primera mujer que ocupó el cargo de vicepresidenta de Guatemala, pero que también debió renunciar meses antes de que terminara su periodo constitucional por la presión ciudadana.

Actualmente Baldetti está en la cárcel para mujeres Santa Teresa y hace unos días el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la señalaron en otro caso de corrupción.

Según la fiscalía Baldetti, junto al expresidente Otto Pérez Molina, eran los jefes de una compleja red criminal que cooptó el Estado durante el tiempo que fueron los jefes del Organismo Ejecutivo.

Baldetti y Pérez Molina, organizaron y dirigieren una red compuesta por empresas reales y de cartón, operadores y funcionarios públicos que se estima habrían amañado al menos 450 contratos con el estado y recibido al menos Q500 millones en coimas.

Previo a cooptar el Estado, los exmandatarios ya habían organizado la red criminal y se habrían beneficiado al blanquear dinero ilícito que además sirvió para financiar la campaña electoral del Partido Patriota, organización con la que llegaron al poder en el 2012.

Los delitos por los cuales Gálvez ordenó que el caso denominado Lavado y Política vaya a debate son asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.

También es señalado de falsificación de documentos, revelación de información confidencial, obstrucción de la justicia, defraudación tributaria y peculado por sustracción. Queda pendiente programar la recepción de las pruebas.

Gálvez ordenó al Ministerio Público (MP) que investigue a las autoridades del Banco G&T Continental que resulten responsables de haber permitido a Morales Guerra hacer “transacciones irregulares” en la entidad.

En relación con la decisión judicial, Carlos Granados Moreno, gerente de Mercadeo y Comunicación  del Grupo Financiero G&T Continental, manifestó: “Ratificamos que a partir del año 2009 reportamos en varias oportunidades las operaciones de Francisco Morales Guerra y empresas vinculadas, con conocimiento de las autoridades, derivado del estricto cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero. De esa cuenta, a partir de enero del 2011 se cancelaron todos los servicios bancarios que esta persona poseía con nuestra institución. Para nosotros es importante continuar apoyando con cualquier información relacionada a este caso, colaborando así con lo que las autoridades dispongan; estando siempre en la mejor disposición de atenderlos”.

Estructura

Morales Guerra supuestamente encabezaba la red que entre los años 2008 a 2011 habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo, en moneda extranjera, y los introdujo en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían aparentemente del narcotráfico.

Según Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así.

“Mantenía una relación con los hermanos Barquín -Edgar y Manuel- y el diputado -Jaime- Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas”, mencionó el comisionado.

En la estructura también había empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.

Juez Miguel Ángel Galvez continúa pronunciamiento por otros delitos. @prensa_libre pic.twitter.com/MUkZZ7Sx0Y

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 25, 2016

La manifestación busca respaldar a los jueces que han sufrido intimidación y amenazas por fallos emitidos, entre ellos Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B que recientemente denunció coacciones, durante la audiencia de primera declaración en el caso del usufructo oneroso en Puerto Quetzal con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“Se les dará apoyo y solidaridad a todo el aparato de justicia”, resalta el Colegio de Abogados y Notarios en la convocatoria difundida este jueves.

Juez denuncia

El pasado 10 de mayo Gálvez confirmó que fue blanco de amenazas a través de mensajes de texto a su teléfono celular, durante la audiencia de primera declaración en el caso TCQ.

No provino de ninguno de los sindicados, y sí de alguien que querría “poner limitaciones” a su trabajo, admitió.

Tampoco dio mayores detalles, porque consideró que hacerlo entorpecerá la investigación que, aseguró, ha comenzado.

“Las autoridades ya la conocen y tengo entendido que ya están investigando, por eso es que en determinado  momento no puedo extenderme más allá porque en todo caso puede limitarla”, precisó.

“Siempre existe ese sentimiento en la profesión”, respondió al preguntársele si teme por su vida.

El presidente de la CSJ, Ranulfo Rojas,  informó que se redoblaría la seguridad en la Torre de Tribunales y el ingreso al Palacio de Justicia.

La denuncia del juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien fue intimidado cuando resolvía el caso TCQ, donde está implicado el exbinomio presidencial Perez Baldetti, provocó el respaldo de diversos entidades y personalidades, entre ellas, la congresista estadounidense Norma Cruz, el jefe de Cicig y organizaciones civiles.

El también ex vicepresidenciable de Libertad Democrática Renovada se mostró nervioso y evasivo, y aseveró desconocer del juicio abreviado.

Durante un receso otorgado por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, en la audiencia anterior a la fase intermedia del caso de lavado de dinero, la Fiscalía informó de la audiencia en que la defensa de Barquín pedirá el citado procedimiento.

En ese proceso, el expresidente del Banguat reconocería haber alertado y asesorado por una visita que efectuarían auditores de la Intendencia de Verificación Especial.

“Tengo entendido que ya fueron notificados y que el próximo jueves se hará la audiencia (…)”, indicó el órgano investigador.

Busca información

Por teléfono, el ex candidato vicepresidencial dijo no estar enterado y que por la tarde se reuniría con su abogado para informarse.

“No le puedo comentar al respecto, porque no estoy enterado de ninguna resolución del caso… Entonces —sonríe—, hablaré con mi abogado… Yo sigo con el proceso normal de tráfico de influencias”, dijo.

Por la noche se le llamó nuevamente, pero no respondió.

La Fiscalía confirmó que el expediente contra el hermano del expresidente del Banguat, el exdiputado Manuel Barquín, se encuentra en esa judicatura y están a la espera de la audiencia de primera declaración, ya que se le sindica de asociación ilícita, tráfico de influencia y peculado por uso.

“Yo no me voy a quedar callado. Sí, me pidieron Q3 millones para no ser denunciado”, manifestó Chico Dólar, quien está vinculado al caso de corrupción denominado Lavado y Política.

Morales Guerra dijo ante el juez Miguel Ángel Gálvez que teme por su vida. “Si me llegara a pasar algo culpo a los señores Barquín y Jaime Martínez”, enfatizó el procesado.

Durante su declaración acusó al Ministerio Público (MP) de cambiar en la acusación la cantidad de dinero que supuestamente lavó y aseguró que sus operaciones fueron autorizadas por la entidad bancaria, sin ninguna anomalía.

“Yo lo que hice fue una venta de divisas, lamentablemente el banco lo declara pero no lo registra. Yo no debería estar acá”, aseveró.

Chico Dolar añadió: “Si yo cometí un error no fue de lavado de dinero. Fui utilizado por personas que manejan puestos públicos altos”.

Audios lo vinculan

Prensa Libre tuvo acceso a las escuchas telefónicas que según la investigación de la Commisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), vinculan a Édgar y Manuel Barquín, y Jaime Martínez con Chico Dólar en una red de lavado de dinero.

La Cicig dio a conocer detalles de una investigación donde supone que a través de “favores y protección política” Morales Guerra financió la candidatura de Jaime Martínez, diputado de Jutiapa, así como el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana), también vinculado a Manuel Barquín.

Chico Dólar, supuestamente encabezaba la red entre los años 2008 a 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así. Mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.

En la estructura también había empleados de la SAT y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.

Charchal perdió el pasado martes su inmunidad en el Congreso, luego que una pesquisidora recomendó darle trámite al antejuicio, solicitado el 15 de abril por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Según Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora colaborador eficaz del MP, Charchal se encargó de influir en la resolución de un amparo interpuesto en un juzgado de Escuintla, en el que el Concejo de Puerto San José exigía el pago de Q24 millones por las licencias de construcción de la terminal.

La denuncia del MP y de la Cicig establece que el magistrado utilizó sus influencias sobre personas conocidas para que el caso de las licencias de construcción fuera resuelto a favor de TCQ, y así contribuir con el usufructo que se investiga.

Horas después de que el Congreso le retiró la inmunidad al magistrado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, en conjunto con la Cicig, solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo B que se arraigara a Charchal.

Licencia

La CSJ acordó en sesión de pleno dar dos meses de licencia sin goce de sueldo para Douglas Charchal.

 No provino de ninguno de los sindicados, y sí de alguien que querría “poner limitaciones” a su trabajo, admitió.

Tampoco dio mayores detalles, porque consideró que hacerlo entorpecerá la investigación que, aseguró, ha comenzado.
“Las autoridades ya la conocen y tengo entendido que ya están investigando, por eso es que en determinado  momento no puedo extenderme más allá porque en todo caso puede limitarla”, precisó.

“Siempre existe ese sentimiento en la profesión”, respondió al preguntársele si teme por su vida.

Las declaraciones se produjeron durante un receso convocado por Gálvez en medio de la audiencia de primera declaración de dos sindicados más por el caso La Línea.

 Las medidas de seguridad serán redobladas a favor del profesional, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ranulfo Rafael Rojas.

  Además, se extremará la seguridad en el ingreso a la Torre de Tribunales y al Palacio de Justicia, indicó.

“No aceptamos ninguna intimidación o coacción  o cualquier acción que impida el desarrollo de sus actividades”, añadió. Alerta de atentado Las alarmas también se encendieron por los mensajes de un probable atentado que podría ser perpetrado por pandilleros y que  llegó a las autoridades.

El ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas, recibió la alerta el lunes. “Obtuvimos información de que se confabulaba un atentado en contra de él y que iba a ocurrir en el interior de la Torre de Tribunales. Inmediatamente me puse en contacto con el jefe de seguridad del Organismo Judicial”, afirmó.

  El proceso por este caso comenzó ayer en el Juzgado de Mayor Riesgo C, presidido   por  Víctor Herrera. De  igual forma, era una intimidación que no podía desecharse, se indicó.

“Coordinamos que se incrementara un esquema de seguridad, especialmente en la judicatura de Gálvez”, detalló el ministro Rivas. Con menos seguridad El presidente de la Asociación de Jueces, Mario Taracena, afirmó que no es Gálvez el único operador de justicia que recibe amenazas.

“A algunos jueces el Ministerio de Gobernación les ha retirado la seguridad o hacen cambios sin previo aviso”, explicó Taracena.

 La Asociación de Jueces presentó estas denuncias al encargado de seguridad del Organismo Judicial.

“Las medidas de protección deben ser integrales y extenderse a su familia y al personal del juzgado”, agregó.

El Ministro de Gobernación, sin embargo, dijo desconocer las quejas relacionadas con esta falta de protección.

“No tengo conocimiento. Desde el primer día de labores instruí al Director de la Policía Nacional Civil para hacer un nuevo análisis de riesgo de quienes gozaban de protección. Hay personas que tienen esquemas de seguridad robustos y que no la necesitan”,  comentó.

Diputados y exfuncionarios  tienen hasta una decena de agentes sin justificación y desde hace años forman parte de la lista. “Esta circunstancia nos ha obligado a hacer una nueva revisión de los esquemas de seguridad”, aseguró el jefe de la cartera del Interior. Casos emblemáticos

• Llevó el caso  del asesinato de  diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacén).
• El proceso por la muerte de Rosenberg también pasó por su judicatura.
• Conoció la causa formulada contra Eduardo Villatoro Cano, acusado de la masacre cometida  contra los policías de Salcajá, Quetzaltenango.
• A su cargo    estuvo el proceso de la red Pavón, en el que se implicó a Byron Lima.
• Elevó a juicio  la causa por genocidio contra   Efraín Ríos Montt.
• Conoció en  primera etapa  el caso Aceros de Guatemala, del que se inhibió.
• Es el juez  que conoce la defraudación de La Línea.
• La semana pasada, resolvió enviar a prisión a los implicados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Nueve de los juristas ya concluyeron sus alegatos y se espera que los últimos tres terminen este jueves.

“Primero esperamos que se escuchen todos los argumentos de la defensa y que se haga una resolución apegada a derecho como lo han pedido los abogados”, dijo Pérez Molina.

El juez Miguel Ángel Gálvez adelantó que será posiblemente este viernes que se podría dictar su resolución por el caso conocido como TCQ, en el que están acusadas doce personas.

Gálvez deberá evaluar las pruebas de cargo y de descargo presentadas durante la audiencia para resolver si liga a proceso a los 12 implicados en la trama de corrupción.

Además del expresidente, también está imputada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el empresario español y director general de TCQ, Juan José Suárez.

La audiencia de primera declaración comenzó hace una semana en el Juzgado de Mayor Riesgo B, que preside Gálvez.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público  (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig) , TCQ pagó un soborno de US$30 millones para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal portuaria del país.

Según la investigación, TCQ pagó US$30 millones para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal portuaria del país; de ellos, US$24.5 millones eran para los socios locales  (entre ellos Pérez Molina y Baldetti), US$5 millones para un grupo de argentinos también implicados y US$500 mil para gastos.

Está previsto que este miércoles la defensa continúe con sus alegatos que, al igual que la jornada del pasado martes, consistirán en desmantelar la acusación de la fiscalía para lograr el sobreseimiento del caso.

Alegatos de la defensa

La defensa de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, consideró que existe falta de mérito en los delitos que la fiscalía imputa a su patrocinada por el caso de corrupción en la portuaria Puerto Quetzal.

Durante su exposición, este martes, el letrado Fernando David Guerra Ruiz aseguró que los delitos de los que está señalada Baldetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, no están acreditados.

Según la investigación, la ex vicepresidenta y el expresidente Otto Pérez Molina cobraron un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto, en el sur del país, a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El letrado César Calderón, defensor de Pérez Molina,  dijo durante su exposición, que no hay pruebas sólidas que fundamenten la acusación del Ministerio Público (MP-Fiscalía), que señala que Pérez Molina, junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cobró un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“No pueden acreditar el soborno por más que tiren del chicle” o por más que la fiscalía “adorne la cosa”, arguyó.

El español Juan José Suárez, representante legal de la empresa de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), solicitó al juez que lleva el caso de corrupción en la mayor portuaria de Guatemala prestar declaración.

Suárez, representante legal de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ) y acusado por la fiscalía de Guatemala de corrupción, dijo hoy que el caso en su contra es “una gigantesca y burda mentira”.

El directivo español analizó durante una media hora un informe de la Contraloría General de Cuentas  de Guatemala sobre la portuaria y aseguró que las cifras ahí recogidas sobre los beneficios y los movimientos son erróneos, al igual que el caso en su contra.

El letrado César Calderón, defensor de Pérez Molina,  dijo durante su exposición, que no hay pruebas sólidas que fundamenten la acusación del Ministerio Público (MP-Fiscalía), que señala que Pérez Molina, junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cobró un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“No pueden acreditar el soborno por más que tiren del chicle” o por más que la fiscalía “adorne la cosa”, arguyó.
Durante más de una hora, el letrado argumentó que este proceso, hecho público en una conferencia de prensa por la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, ya ha hecho un “daño irreversible” a su patrocinado, pues la sociedad está “contaminada” antes de la condena.

La defensa de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, consideró hoy que existe falta de mérito en los delitos que la fiscalía imputa a su patrocinada por el caso de corrupción en la portuaria Puerto Quetzal.

Durante su exposición, el letrado Fernando David Guerra Ruiz aseguró que los delitos de los que está señalada Baldetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, no están acreditados.

Se defiende

El español Juan José Suárez, representante legal de la empresa de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), solicitó al juez que lleva el caso de corrupción en la mayor portuaria de Guatemala prestar declaración.

Suárez, representante legal de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ) y acusado por la fiscalía de Guatemala de corrupción, dijo hoy que el caso en su contra es “una gigantesca y burda mentira”.

El directivo español analizó durante una media hora un informe de la Contraloría General de Cuentas  de Guatemala sobre la portuaria y aseguró que las cifras ahí recogidas sobre los beneficios y los movimientos son erróneos, al igual que el caso en su contra.

Es un “despropósito”  de estudio, dijo Suárez, quien agregó que no sabe si está mal realizado por “ignorancia o mala intención”  pero, de todos modos, los “datos son falsos”  al igual que el proceso, que es una “gigantesca y burda mentira” .

Suárez, acusado por la fiscalía de los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo, pidió al titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, prestar testimonio en el marco de la audiencia de primera declaración, después de haberse negado a ello el pasado viernes, según le reconoce la ley.

MP pide proceso contra 12

El Ministerio Público (MP) finalizó la imputación en contra de 12 sospechosos de haber gestionado en forma ilícita la entrega de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en usufructo, por 25 años, a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), y pidió ligarlos a proceso por una serie de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Entre los cargos que la Fiscalía les imputa a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como a otras 10 personas, se encuentran asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias, fraude, cohecho pasivo y activo.

El fiscal  Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijo al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que existen serios indicios de que existe relación entre los sindicados y los hechos que se investigan, los cuales se registraron entre enero del 2012 y abril del 2015.

Una de las evidencias mostradas a Gálvez fue el libro de ingresos a la Casa Presidencial y las visitas que tenían Pérez Molina y el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

En el libro también aparece que Jonathan Chévez, quien ofrecía servicios de manejo financiero, visitó a Daniela Beltranena, exasesora de Baldetti.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la EPQ, querellantes adhesivos, así como la Procuraduría General de la Nación, que figura como agraviada, requirieron al juez aceptar los argumentos del MP y abrir un proceso penal en contra de los sospechosos.

El fiscal  Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, dijo al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que existen serios indicios de que existe relación entre los sindicados y los hechos que se investigan, los cuales se registraron entre enero del 2012 y abril del 2015.

Una de las evidencias mostradas a Gálvez fue el libro de ingresos a la Casa Presidencial y las visitas que tenían Pérez Molina y el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón.

En el libro también aparece que Jonathan Chévez, quien ofrecía servicios de manejo financiero, visitó a Daniela Beltranena, exasesora de Baldetti.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la EPQ, querellantes adhesivos, así como la Procuraduría General de la Nación, que figura como agraviada, requirieron al juez aceptar los argumentos del MP y abrir un proceso penal en contra de los sospechosos.

La Cicig mostró una serie de documentos que señalan el vínculo entre algunos de los sindicados, como Pérez Molina o Baldetti, con Chévez.

Se defiende

A su llegada a la Torre de Tribunales, Pérez Molina indicó que Baldetti se siente destrozada por la vinculación que se le hace con el caso TCQ y que no duda de que la Cicig hará más señalamientos en su contra.

En la audiencia se reprodujo una escucha telefónica efectuada a Allan Marroquín, exinterventor de la EPQ, en la que el exmandatario le exige que regrese a su trabajo al frente de la entidad portuaria.

Imputación del MP

1. Otto Pérez Molina, Expresidente: Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
2. Roxana Baldetti, ex vicepresidenta: Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
3. Gustavo Martínez, ex secretario general de la presidencia: Asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
4. Julio Rolando Sandoval Cano, ex sub interventor de la Portuaria Quetzal: Asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
5. Lázaro Reyes, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
6. Julio Cesar Zamora, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
7. Julio Norberto Esquivel, líder sindical: enriquecimiento ilícito.
8. Juan José Suárez, Gerente de la Terminal de Contenedores Quetzal: Asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
9. Jhonatan Chévez, administrados de los presuntos sobornos del antiguo binomio presidencial: Asociación ilícita y lavado de dinero.
10. Mario Ruano San José, asistente de magistrado Douglas Rene Charchal: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
11. José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado de Escuintla: cohecho pasivo.
12. Samuel Aceituno Juárez, representante legal de la empresa que compro fincas a nombre de los ex funcionarios: lavado de dinero.

En el tercer día de audiencia en contra de 11 señalados de negociar de forma irregular un usufructo de Puerto Quetzal, la fiscalía presentó el testimonio de César Medina Farfán y escuchas telefónicas de Allan Marroquín, donde negocia el usufructo de TCQ.

La audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo B comenzó el pasado lunes, y en los dos días previos el Ministerio Público (MP), ha presentado dos testimonios para comprobar que una estructura se benefició de coimas a cambio de conceder en usufructo un área de la Empresa Portuaria Quetzal.

La declaración de César Medina Farfán, testigo del Ministerio Público (MP), implica a Gustavo Alejos y a Gregorio Valdez en las negociaciones iniciales para que el Gobierno autorizara el contrato de usufructo de 25 años de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EMP) para  Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El testimonio de Juan Carlos Monzón reveló que Alejos y Valdez intentaron concretar el negocio al final del gobierno de Álvaro Colom; pero al no lograrlo, lo habrían hecho en el del Partido Patriota.

La Fiscalía presentó grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas en su mayoría por Allan Marroquín, exinterventor de la EPQ, y Juan José Suárez, gerente de TCQ. Los audios fueron recopilados durante la investigación del caso Redes, por la operación de una estructura que habría obtenido beneficios para empresas en la EPQ.

El testigo es propietario de una empresa que se dedica a la venta de lanchas, yates, motores marinos y artículos para la pesca,  ubicada en la zona 10 y también tiene  una sucursal en Río Dulce, Izabal.

Moll Salazar dijo que en mayo del 2012 el entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, le compró una lancha de 15 pies de largo que costó Q245 mil 700.

La lancha fue pagada con un cheque de la cuenta de Monzón Rojas, con fecha 28 de mayo de ese año —135 días después de haber asumido el gobierno patriotista—. La transacción señala que la empresa HJIAV, S.A,. adquirió la nave.

Con Monzón Rojas viajó la exdiputada Daniela Beltranena, quien entonces era asistente de Baldetti en la Vicepresidencia.

El entonces secretario privado  acudió al negocio porque conocía a uno de los vendedores, identificado como Víctor Mazariegos, según Moll Salazar.

En efectivo

Monzón Rojas también hizo compras para el entonces presidente Otto Pérez Molina, por las cuales también pagó en efectivo. El dinero era llevado en camiones blindados de la empresa Transporte de Valores Fort Knox, vinculada con Jhonatan Chévez.

Al principio de su declaración, Moll Salazar dijo que no recordaba las fechas en que Monzón Rojas llegó a su empresa, y que lo vio por primera vez en octubre del 2012, pero al mostrarle los documentos de la compra aclaró que el negocio se hizo en noviembre.

En esa ocasión, Pérez Molina adquirió una lancha de 27 pies de largo, con dos motores de 27 caballos de fuerza cada uno y carretón para transportar la nave en carretera.

El valor de la lancha fue de Q1.5 millones y consta en documentos que fue adquirida por  Constructora La Montaña, según los cheques.

La nave iba a ser un regalo para Pérez Molina, según lo que Monzón Rojas le dijo a Moll Salazar.

En marzo del 2014, el  mandatario pidió cambiar esa lancha por una más grande. Monzón Rojas volvió a la empresa del testigo y pidió una de 33 pies de largo.

El costo de esta sería mayor a Q3.5  millones y se pagaría con la adquirida anteriormente. La diferencia de Q2 millones 52 mil 400 sería cancelada en efectivo.

El dinero fue llevado en diferentes fechas, refirió el testigo.

Pérez Molina también compró una lancha usada, de 18 pies de largo, a un costo de Q304 mil en efectivo.

Además adquirió un vehículo de lujo, a cambio del cual se entregó otro y una diferencia de US$10 mil 800, una motocicleta por Q248 mil 800 y un automotor por Q282 mil 400.

Se espera que este miércoles la Fiscalía reproduzca la declaración de César Medina Farfán, quien figura como testigo A.

Testimonio de Guillermo Enrique Moll Salazar

Empresario dice que Juan Carlos Monzón compró y pagó con dinero en efectivo lanchas para los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

• “En mayo del 2012 llegó Juan Carlos Monzón a comprar una lancha, pequeña, que no era para él sino para la señora vicepresidenta”.
• “Pocos meses después llegó otra vez, y nos pidió que quería comprar una lancha para el presidente; eso fue en octubre de ese año”.
• “No conocía a Juan Carlos. Él llegó a la oficina, y uno de los vendedores, Víctor Mazariegos, tengo entendido que sí lo conocía”.
• “Iba él —Monzón—, e iba la señorita —Daniela— Beltranena. A ella tampoco la conocía. Compró una lancha pequeña de 15 pies”.
• “—Pagó— por medio de cheque que era de la cuenta personal de él, del señor Monzón. No tengo el dato correcto del monto”.
• “En el transcurso de estos tres años hubo varias transacciones que se hicieron con el señor Monzón. Esa venta se hizo en un solo pago”.
• “En octubre del 2012 —Monzón— nos compró una lancha de 27 pies para el señor Otto Pérez, que costó aproximadamente Q1.5 millones”.
• “Esa compra fue cancelada con dos cheques de la Constructora La Montaña. La factura se hizo a nombre que después nos avisaron”.
• “Más o menos en el 2014, poco antes de Semana Santa, Juan Carlos Monzón se acerca de nuevo y dice que quiere cambiar esa lancha”.
• “Acordamos en recibirle en pago la lancha anterior y obviamente el saldo respectivo, que pudo haber sido alrededor de Q2 millones”.
• “Juan Carlos nos dijo que nos lo iban a hacer llegar en efectivo —el saldo—, y nos lo hizo llegar en tres pagos entre marzo y abril”.
• “El dinero fue llevado por el camión blindado de una empresa, que si bien me acuerdo es de una empresa llamada Fort Knox”.

Declaración de colaborador

Juan Carlos Monzón Rojas figura como colaborador eficaz de la Fiscalía en el caso TCQ.

• “En un momento —la vicepresidenta— pidió US$100 mil a la oficina. Rápido llegó a cero esa cuenta de sus US$3.5 millones que tenía”.
• “El dinero del presidente, los US$3.5 millones que estaban allí, se quedó Chévez con él. Incluso él, a través de la vicepresidenta, me los pidió”.
• “De los cuatro pagos, yo le puedo dar fe de dos; del primero de los US$10 —millones— y otro de US$2 —millones de TCQ—”.
• “Chévez utilizó una empresa local que es Copisa, que fue la que ellos subcontrataron para hacer la obra en TCQ. Fue más fácil facturar”.
• “El dinero del presidente, al final de cuentas, llegó a Casa Presidencial en los primeros días de diciembre —del 2014—. Chévez lo llevó”.
• “Mario —Ruano— me dijo: A esos españoles hay que sacarles algo más para nosotros. No me dijo para quién, solo para nosotros”.
• “Allan Marroquín era volátil, era higadozo, no era de confianza. Tenía problemas personales. Hasta le hicieron exámenes psicológicos”.
• “Transval, Transporte de Valores de Guatemala, y los camiones son Fort Knox; solo esas usaba Chévez para movilizar el
• dinero”.

Niegan acusación

Previo al segundo día de audiencia los implicados en el usufructo de TCQ desmienten los señalamientos del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón y aseguran que hay inconsistencias en los relatos del testigo de la fiscalía.

Gustavo Martínez, exsecretario privado y yerno de Otto Pérez Molina, a su ingreso a la torre de tribunales este martes, dijo que no entiende cuál habría sido su función en la supuesta trama revelada por Monzón.

Martínez dijo que se encuentra tranquilo porque no participó en ningún proceso irregular y espera que el Ministerio Público pueda comprobarlo.

El expresidente Otto Pérez Molina fue de los primeros en ser trasladados de la cárcel Mariscal Zavala, sin que diera declaraciones.

“Lo que necesitamos es que se investigue, es una ridiculez que se pueda decir una cosa de esas”, respondió Pérez Molina consultado por periodistas sobre el testimonio del colaborador.

En un audio filtrado a medios de comunicación local la semana pasada, Monzón dijo que la comisión por el usufructo de la TCQ, ubicada en Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla era de 30 millones de dólares.

“Es falso”, enfatizó el expresidente, y agregó que “hay que buscar los antecedentes de los colaboradores eficaces”.

A la audiencia de primera declaración también están citados, además de Pérez Molina y Baldetti, otros nueve detenidos, entre ellos el director general de TCQ, el empresario español Juan José Suárez.

Señala a Pérez y Baldetti

El testimonio de Monzón estaba en reserva, pero el pasado 20 de abril el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, levantó el secreto de la declaración del exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, vinculada con el caso.

Explicó a Gálvez que  conoció del proceso para entregar el usufructo a TCQ por órdenes de su jefa, quien a finales de diciembre del 2012 lo envió a la zona 10 a visitar a Guillermo Lozano, piloto aviador que financió la campaña del Partido Patriota del año anterior, quien se habría encargado de controlar las funciones de la EPQ por instrucción del entonces presidente Otto Pérez Molina, aunque no era quien fungía como interventor.

Señaló que Baldetti le dijo que Lozano debía apartarse de los funcionarios gubernamentales, porque en Honduras habían localizado cocaína en un helicóptero a nombre de su empresa.

El colaborador aseveró que Marroquín y Schwank le presentaron al español Juan José Suárez, administrador de TCQ, y este le pidió hablar con Pérez Molina, a quien le presentaría las comisiones específicas que daría la entidad a cambio del usufructo.

Monzón reportó esas conversaciones a Baldetti, y ella le dijo: “Mirá, yo creo que son de US$30 millones”.

Monzón indicó que se volvió a reunir con Suárez, y este le mostró un cuadro de pagos que señalaba cómo se distribuiría la referida suma: US$500 mil para gastos emergentes, US$24.5 millones para el socio local —que podrían ser los exfuncionarios encartados— y US$5 millones para el grupo de  argentinos, entre quienes se contaría Mauricio José Garín.

Monzón fue escuchado por Gálvez el 12 de abril último, en la Torre de Tribunales, a las 18.30 horas. En la audiencia participaron fiscales del MP, abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Instituto de la Defensa Pública Penal y defensores del colaborador eficaz.

Explicó a Gálvez que  conoció del proceso para entregar el usufructo a TCQ por órdenes de su jefa, quien a finales de diciembre del 2012 lo envió a la zona 10 a visitar a Guillermo Lozano, piloto aviador que financió la campaña del Partido Patriota del año anterior, quien se habría encargado de controlar las funciones de la EPQ por instrucción del entonces presidente Otto Pérez Molina, aunque no era quien fungía como interventor.

Señaló que Baldetti le dijo que Lozano debía apartarse de los funcionarios gubernamentales, porque en Honduras habían localizado cocaína en un helicóptero a nombre de su empresa.

Refirió que Lozano habló con él en su apartamento, en la zona 10, y le dijo que para conocer más detalles del negocio tendría que hablar con Allan Marroquín, interventor de la EPQ, y William Schwank.

Comisiones

El colaborador aseveró que Marroquín y Schwank le presentaron al español Juan José Suárez, administrador de TCQ, y este le pidió hablar con Pérez Molina, a quien le presentaría las comisiones específicas que daría la entidad a cambio del usufructo.

Monzón reportó esas conversaciones a Baldetti, y ella le dijo: “Mirá, yo creo que son de US$30 millones”.

Monzón indicó que se volvió a reunir con Suárez, y este le mostró un cuadro de pagos que señalaba cómo se distribuiría la referida suma: US$500 mil para gastos emergentes, US$24.5 millones para el socio local —que podrían ser los exfuncionarios encartados— y US$5 millones para el grupo de  argentinos, entre quienes se contaría Mauricio José Garín.
La función de Monzón se limitó a tres acciones: agilizar los trámites del usufructo, hacer que los sindicatos de la EPQ apoyaran el proyecto y verificar el pago de los US$30 millones, afirmó.

“El tema específico que me llevaba a mí era cobrar, cobrar, cobrar y cobrar los US$30 millones”, expresó.
Por último, facilitó el amparo que TCQ planteó en el Juzgado de Paz de Escuintla, con el cual se oponía al pago de una licencia de Q24 millones que la Municipalidad de Escuintla le impuso para construir en el área, dijo.

“Yo lo que esperaba era que se llegara a terminar y poderle cumplir al señor presidente y la señora vicepresidenta la instrucción que me habían dado”, manifestó después de haber indicado que Suárez le exigía resultados porque el proyecto le había costado varios millones de dólares.

Dinero en efectivo

A una hora con 18 minutos de haber comenzado la diligencia, Monzón menciona por primera vez a Jonathan Chévez, presunto testaferro de Pérez Molina y Baldetti, de quien refiere que era la persona que le ayudaba a manejar dinero en efectivo, transferencias, cambio de dinero a cheque, transferencias internacionales, compra de bienes inmuebles, offshore, transporte de valores y cajas de seguridad, entre otras acciones.

Monzón le contó a Chévez el proceso del usufructo de TCQ y le dijo que la entidad daría un adelanto de US$10 millones para los socios locales.

“Si me das US$10 millones, te armo un banco de segundo piso en Australia, me dijo. Con ese banco yo te puedo dar cheques, chequeras, tarjetas de crédito, podés hacer transferencias a cuentas de un lado a otro; no tengás pena, no va a haber seguimiento”, fue la respuesta de Chévez, aseveró.

Para entender a qué se refería Monzón con banco de segundo piso, Prensa Libre consultó a Wenceslao Lemus, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional, y explicó que se refiere a entidades financieras que interceden entre usuarios de créditos y los bancos, y puede tratarse de una offshore.

Análisis urgente

La declaración de José Abraham Ruano Cerna, exjefe del Departamento Jurídico de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), fue recibida por el juez Miguel Angel Gálvez el 13 de abril pasado, a las 16 horas, y relató que se analizó de manera urgente otorgar el usufructo a (TCQ), el cual fue favorable a la entidad.

Afirmó que conoció de la firma del contrato con el cual se otorgó a TCQ un terreno de la EPQ y que estuvo al tanto del asunto, no solo por su posición en la entidad, sino por orden del exinterventor Allan Marroquín.

Agregó que las funciones del gerente de la EPQ las desempeñaba Julio Sandoval, subinterventor, por orden del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Ruano Cerna explicó que para analizar si procedía   el usufructo del terreno se formó una comisión de empleados de la EPQ, y se  les dijo que era  urgente.

Marroquín dio instrucciones para que la comisión se reuniera en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde trabajaron  dos días. Por órdenes superiores, debían dar un análisis favorable a TCQ, dijo.

El Jugado de Mayor Riesgo B decidió en marzo pasado dictar falta de mérito al abogado y resolvió enviar a prisión a ocho personas vinculadas en el caso, y ocho más ligados con medidas cautelares.

El abogado Frank Trujillo es hermano de Héctor Trujillo Aldana, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad y exsecretario de la Federación de Fútbol.

La Sala de Mayor Riesgo resolvió, además, aceptar la inhibición de Gálvez, quien el 30 de marzo se excusó de seguir al frente del proceso. El juzgador argumentó que el proceso La Línea, del que también está a cargo, no está relacionado con el de Aceros.

Beneficio de hasta Q255 millones

Una estructura coordinada por Giovanni Marroquín –uno de los integrantes de La Línea– alteró informes de la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para librar de culpa a Aceros de Guatemala y desviar la atención hacia proveedores inexistentes en un caso de defraudación por Q255 millones, según investigaciones del MP y la Cicig.

En un caso denominado “impunidad y defraudación: una red de corrupción en la SAT”, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron esta mañana, en conferencia de prensa, cómo operaba esa estructura.

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señalan a esa entidad de simular compra venta de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, indicó Aldana.

Sin embargo, en agosto de 2012, Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala, y se archiva el caso, pero el MP apela esa decisión.

Una sala de Apelaciones benefició al ente investigador, por lo que los autos regresaron al juez Séptimo para continuar con el proceso.

Ante el juez séptimo, el abogado encargado era Frank Trujillo, cuya estrategia era conseguir una desestimación parcial en favor de Aceros de Guatemala, mediante el informe alterado que, en lugar de sustentar técnicamente irregularidades, responsabilizaba a otros proveedores que eran empresas de cartón o habían fallecido, explicó la jefa del MP.

Las tres querellas originales de 2012 fueron por una defraudación de Q255 millones 612 mil.

El exmandatario desmeritó la declaración de Juan Carlos Monzón, colaborador del caso, y señaló que la investigación está sostenida sin fundamentos. También negó que Monzón “controlaba” algún negocio del exmandatario, pero señaló que lo dicho por el exsecretario privado de la Vicepresidencia no es verdad.

Aseguró que no recibió ningún centavo de las supuestas acciones irregulares que en el 2012 dejaron como resultado el otorgamiento en usufructo, por 25 años, de un terreno ubicado en la Portuaria Quetzal, y requirió al órgano investigador aclarar la situación.

“Estos casos que se montan en base a cuentos o a historias que quiere dar algún colaborador eficaz  tarde o temprano se caen”, dijo Pérez Molina.

Pérez Molina también dijo desconfiar de las intenciones de fondo de las acusaciones en su contra, dos hasta ahora, calificando de un “show político” la persecución.

Para el expresidente, el MP y la Cicig no han logrado sustentar la acusación en su contra por el caso La Línea, por lo que han “armado” el caso TCQ para mantenerlo en el banquillo de acusados.

“Qué casualidad que este caso sale a un año de las primeras capturas de La Línea, y que no logran sustentar nada. (…) No es casualidad que se va el presidente y se lleva a la Fiscal y al comisionado de la Cicig, a las Naciones Unidas, a hacer como que llevan un gran respaldo por las cosas que están haciendo”, resaltó el exmandatario.

Los anticipos de prueba son los testimoniales de Juan Carlos Monzón, que se identificaría como colaborador eficaz en el caso, que vincula a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, como los beneficiarios de un soborno millonario a cambio del usufructo por 25 años de un área en la Portuaria Quetzal.

Aunque no es solo un abogado, el equipo de defensores pareció trabajar al unísono y la estrategia fue suspender la audiencia de primera declaración.

Fernando Guerra, el nuevo defensor de Baldetti, en sustitución de Mario Cano, alegó que fue este miércoles, minutos antes de la audiencia, que conoció el caso por lo que requería más tiempo para evaluarlo.

César Calderón, uno de los representantes de Pérez Molina, dijo ignorar que Monzón era colaborador eficaz del MP, por lo que también solicitó se aplazara la diligencia.

Expectativa por audiencia

Roxana Baldetti fue la primera del grupo de sindicados en llegar a Tribunales. Iba en un vehículo del Sistema Penitenciario, con grilletes y antes de ingresar al recinto tuvo que someterse al registro rutinario para todos los reos que ingresan.

Vestida con traje sastre negro, blusa blanca y pañoleta amarilla, Baldetti no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación y se limitó a negar con la cabeza cuando se le preguntaba si iba a brindar su opinión por las nuevas sindicaciones hechas por el MP y la Cicig. 

Roxana Baldetti enfrenta con el caso TCQ, el tercer proceso penal en su contra, luego de estar ligada a La Línea y el caso Lago de Amatitlán. Ahora su representante legal es Fernando Guerra, en sustitución de Mario Cano, que desistió de la defensa por el incumplimiento del pago de sus honorarios profesionales.

A las 7.25 horas de este miércoles en un vehículo del Sistema Penitenciario llegó a la Torre de Tribunales el expresidente Otto Pérez Molina, quien en un principio evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.

Debido a la insistencia de los periodistas el exmandatario únicamente dijo que “no había firmado nada”, además agregó que no conocía a Jonathan Chevez, quien supuestamente lavó dinero para la estructura.

Para el expresidente Pérez Molina es el segundo caso de corrupción que se ve involucrado luego de renunciar a la presidencia en septiembre de 2015, el primer proceso donde está ligado el exmandatario es la estructura La Línea.

Dudosa adjudicación

El Ministerio Público y al Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), revelaron detalles de una supuesta red de sobornos alrededor de la negociación y adjudicación en usufructo de un área de la Empresa Portuaria Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona, y su filial Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El pasado viernes se realizaron nueve capturas de personas señaladas de participar en el soborno que habría representado ganancias por unos US$30 millones, además se giraron cinco órdenes de captura internacional, entre ellas la del exinterventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín.

La fiscal general del MP, Thelma Aldana, explicó que a las personas se les señala de cometer los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

La fiscal reveló que por este mismo caso se pidió que se le retire el antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, debido a que podría estar involucrado por supuestos favores judiciales.

Señalados

• Otto Pérez Molina
• Roxana Baldetti
• Gustavo Martínez
• Julio Rolando Sandoval Cano
• Lázaro Noé Reyes Mata
• Julio Cesar Zamora Álvarez
• Julio Roberto Escobar Orellana
• Juan José Suárez
• Jonathan Chevez
• Mario Ruano José
• José Daniel Luna Argueta

Además se giró una orden de captura internacional en contra de:

• Allan Marroquín
• William Schwank
• Ángel Pérez Maura
• Mauricio Galin
• Guillermo Lozano

Los procesados son Mendoza Matta, sus hijos Jefrey Obdulio, William Alfredo, Pablo André y Mariana Isabel, así como sus nueras Elky Jiovana Portillo, Julia María Murillo y Edlyn Elizabeth García.

Los otros sindicados son Gustavo Adolfo Ramírez, Érick René Morales, Francisco Javier Morales, René Danilo Mejía, Nehemías Mateo López y José Gabriel López.

Mendoza Matta y  tres  hijos varones, así como Ramírez, Morales y Mejía, permanecerán en la cárcel mientras finaliza la investigación del Ministerio Público (MP).

La hija de Mendoza Matta, sus nueras y otros tres procesados quedaron en libertad por medida sustitutiva.

El juez Miguel Ángel Gálvez determinó que el MP debe establecer por medio de una investigación la veracidad de los hechos denunciados y los indicios de posibles delitos.

Cargos

Uno de los delitos que la Fiscalía señala  es asociación ilícita, por la posibilidad de que hayan integrado una agrupación  que  despojó a un grupo de campesinos de sus terrenos.

Se hacen cargos por usurpación agravada, porque se presume que obtuvieron  28 fincas ubicadas en Petén, entre el 2006 y el 2007, bajo amenazas de muerte en contra de los legítimos propietarios de los inmuebles, quienes fueron obligados a vender por costos mínimos o por la falsificación de documentos legales con los que se acreditó el nombramiento de varios de los procesados como representantes legales de los dueños de las fincas, pese a que estos ya habían muerto o abandonado Petén.

El último hecho ilícito que se imputa es lavado de dinero, porque de acuerdo con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, estos habrían incrementado su patrimonio sin sustento legal.

Las pesquisas preliminares indican que los ahora procesados vendieron en el 2011 los terrenos a las entidades forestales Ceibal y Chaklum, las cuales pagaron Q24 millones 56 mil 827, con ocho cheques.

Los procesados

1. Walter Obdulio Mendoza Matta – Usurpación Agravada, Asociación Ilícita y Lavado de Dinero u Otros Activos.
2. Jeffrey Obdulio Mendoza Tally – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
3. William Alfredo Mendoza Tally – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
4. Mariana Isabel Mendoza Tally – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
5. Pablo André Mendoza Paz – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
6. Elky Jiovana Portillo Narvaez – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
7. Julia Maria Murillo Arteaga – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
8. Edlyn Elizabeth Garcia Sandoval – asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
9. Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz – usurpación agravada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
10. ÉricK René Morales Pineda – notario – usurpación agravada.
11. Francisco Javier Morales Ozaeta – notario – usurpación agravada.
12. René Danilo Mejía Mejía – notario – usurpación agravada.
13. Nehemías Matheu López – notario – usurpación agravada.
14. Jose Gabriel Torres Ayala – usurpación agravada – exfuncionario de Fontierras.

“La PGN, en mayo del año anterior, presentó la denuncia penal contra los funcionarios responsables de esos contratos… Aclaro que en ningún momento hubo injerencia del Ejecutivo para que no declaráramos la lesividad”, expresó María Eugenia Villagrán, titular de la PGN.

Aseveró que la representante de medioambiente de la PGN “jamás” conoció de los convenios, sino hasta después de aprobados.

Sostuvo que se hizo un análisis, y al terminarlo se redactó un acta para dejar precedente de que la Procuraduría no respaldaba el proyecto de saneamiento.

Luego del estudio, aseguró que se denunciaron las irregularidades y especificó que no se declararon lesivos los contratos porque no se podían plantear dos acciones al mismo tiempo. Argumentó que podría haber una excepción de prejudicialidad —que ya se está conociendo en otra materia o por duplicidad del caso—.

Sobre La Línea

La Procuradora General aseveró que la apelación presentada para que se le incluyera en el caso de defraudación denominado La Línea no fue para obstaculizar el proceso penal, y aseguró que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, tuvo tiempo para conocer la acción antes de la audiencia, programada para el pasado 28 de marzo.

“En realidad, el recurso de apelación se planteó el 11 de marzo último, y la audiencia fue el 28; por lo tanto, transcurrieron más de 18 días para que el juez Gálvez conociera la apelación. Nosotros no estamos obstaculizando el caso; al contrario, al ser excluidos teníamos que plantear una apelación por no estar de acuerdo con esa medida”, afirmó, con molestia, Villagrán.

Añadió: “Nos molestó la actitud del juzgado y nos causa una gran molestia, porque nosotros, dentro del plazo inmediato, entregamos la acción, y eso debió conocerlo el juez, para luego elevarlo a la sala correspondiente entre el plazo inmediato”.

Agregó desconocer las razones de Gálvez, pero dejó claro no ser responsable del atraso del caso de defraudación donde se vincula al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

“Yo me imagino que no lo conoció por exceso de trabajo. Que no se nos responsabilice por una tardanza de un juez. La PGN lo que hizo fue aplicar los medios para defender los intereses del Estado, para cumplir con la reparación digna del Estado”, manifestó.

Las declaraciones se produjeron antes de la inauguración del taller “Daño, responsabilidad y reparación por los delitos contra el ambiente y patrimonio cultural en la Reserva de la Biosfera Maya”, el cual se desarrolló en un hotel capitalino.

Uno de los abogados de la Procuraduría aseguró que la actitud del juez Gálvez podría atrasar el proceso por más de cuatro meses.

El lunes último, Gálvez suspendió la audiencia de fase intermedia —donde se decide si los implicados van a juicio— por la apelación de la PGN que busca, según sostiene, estar en el proceso para pelear la reparación digna del Estado.

Además, un fiscal refirió que entre los riesgos que existen al confirmarse la separación del juez está que no hay autoridad para que ordene diligencias futuras en el proceso penal, sumado al retraso.

El representante del MP explicó que fueron notificados el lunes último por correo electrónico, y aseveró que aunque la Ley le permite al juez notificar de oficio, lo adecuado era que efectuara una audiencia, para que las partes procesales se pronunciaran.

“La nota que se recibió dice: Después de tener conocimiento de los hechos, la judicatura estableció, que si bien, existen personas en el caso Aceros de Guatemala, que tuvieron relación con La Línea (…), se determinó que no tiene vinculación con la estructura liderada por Otto Pérez. En ese orden de ideas esta judicatura considera que debe inhibirse”, indicó el fiscal, quien agregó que además de impugnar la excusa, mañana presentarán una apelación.

“Sobre todo porque no se debe inhibir el juez”, manifestó.

Confirma decisión

Gálvez confirmó haberse excusado y descartó que su decisión se debiera a amenazas o intimidaciones. “Para mí, sí existe relación; pero creo que era preferible separar los casos”, afirmó Gálvez.

En ese proceso están sindicados Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovanni Marroquín, enlace de la estructura; además de otras 13 personas, entre funcionarios y particulares.

Archila Ovalle guardaba prisión en la cárcel pública de Quetzaltenango, a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC). Investigaciones lo relacionan con el hallazgo de dos cuerpos en un vehículo. No era esa, sin embargo, la razón por la que lo trasladaban a la ciudad.

El Rojo enfrentaba además un proceso por el asesinato de Carlos Antonio Marroquín Ovalle y asesinato en grado de tentativa contra José Luis Marroquín Ovalle y José Luis Marroquín Duarte, hechos ocurridos el año pasado en Zacapa. La fiscalía distrital pidió el traslado del caso a la capital.

Personal del Juzgado de Mayor Riesgo B recuerda que la mañana del 16 de marzo fueron notificados que Archila y su custodio, Marvin Juárez Carreto, salieron a las 5 horas de Quetzaltenango. Los esperaban a las 9 horas.

Se comunicaron con Juárez Carreto cuando estaban en Totonicapán, luego en Antigua Guatemala y San Lucas. A las 13 horas, cuatro después de lo previsto, reo y custodio se presentaron al juzgado.

Al finalizar la diligencia, cerca de las 17.30 horas, llamó la atención del personal que Juárez Carreto no solicitó autopatrulla, no lo pidió como suelen hacerlo otros custodios en el teléfono para coordinar ese transporte.

Los fiscales a cargo de la investigación analizan las cámaras de la Torre de Tribunales para determinar por cuál puerta y en qué circunstancias el recluso, su padre y el custodio salieron del edificio.

La jueza a cargo del proceso ordenó la prisión preventiva y el traslado de el Rojo a la cárcel de Cantel, Quetzaltenango, a pesar de la hora en la que terminó la diligencia.

Otro detalle curioso para el personal judicial es que el custodio se negaba a recibir la orden de traslado a Cantel.

Por “cordillera”

Por lo general, los reos que son trasladados a las cárceles de la provincia abordan un autopatrulla distinto al llegar a determinado punto, en un recorrido que se conoce como “cordillera”. Los reclusos peligrosos suelen viajar acompañados de al menos dos custodios y tres más que van en el vehículo policial.

El subdirector de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velasco, afirmó que investigan dónde se produjo la última comunicación de Juárez Carreto, cuyo cadáver calcinado apareció en un cañaveral en la aldea Sununché I, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

No hay reportes de que los otros policías que custodiaron al reo estén desaparecidos o heridos, reconoció Velasco.

Una casualidad hizo que durante un operativo rutinario, Archila fuera capturado en Quetzaltenango por posesión para el consumo y por intentar sobornar a la Policía.

Ahora, la PNC tiene un reo fugado y un agente calcinado, quien fue calificado como uno de los mejores de su promoción.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), ella, como representante de Aceros de Guatemala dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), procuró impunidad y generó la evasión fiscal millonaria.

Investigación

El MP sostuvo que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra Aceros de Guatemala, S.A, en las que señala la empresa simuló la compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, dijo la fiscal General, Thelma Aldana, el día de las capturas.

La investigación destaca que en agosto de 2012, Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala y se archivó el caso, pero el MP apeló esa decisión.

Giovanni Marroquín – detenido por el caso La Línea -, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres  denuncias.

El caso

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción encabezada por los sindicados, Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovani Marroquín Navas, enlace de la estructura – vinculados en el caso La Línea -, para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266.82.

El objetivo de la estructura no solo era librar a la empresa Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

La semana pasada el Juzgado de Mayor Riesgo B, ligo aproceso por el mismo caso a 15 personas. Ocho de ellos fueron enviados a prisión en la base militar Mariscal Zavala, en tanto que siete recibieron medida sustitutiva.

A prisión

1. Álvaro Omar: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
2. Elder Hermelindo Fuentes García: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
3. Geovanni Marroquín Navas: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal.
4. Ariel de Jesús Guerra Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
5. José Antonio Mangandi Ortiz: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
6. Alfonso Romeo Castillo Castro: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.
7. Rigoberto Chacaj Soc: asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. Alfredo Muñoz Ledocarrillo: asociación ilícita y cohecho activo.

Medida sustitutiva

1. Evelin Yulisa Natareno Gómez: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
2. Alicia López Paiz: obstaculización de la acción penal.
3. Osmin Ronaldo Ceijas Díaz: obstaculización de la acción penal.
4. Giovani Estefan Reyes Pérez: obstaculización de la acción penal.
5. Nidia Verónica Espina Batres: obstaculización de la acción penal.
6. Julio Ernesto Román García: obstaculización de la acción penal.
7. Pedro José Raúl Paiz Valdez: cohecho activo.

Un archivo identificado como copia de reporte 1-2 (369594), el cual contiene una hoja de cálculos, indica que cada semana los exmandatarios recibían dinero de la recaudación de los sobornos que se exigían a importadores en Puerto Quetzal.

Las primeras entregas fueron, en su totalidad, para Pérez Molina y Baldetti, quienes se las repartían, lo cual cambió cuando otros integrantes de la estructura reclamaron, según Eco.

González Álvarez hizo reportes similares para detallar los ingresos de las aduanas Santo Tomás de Castilla y Central, y los definió como Detalle Hassan Norte, Central o Sur, y referían que consistía en el dinero que el importador Osama Ezzat Aziz Aranki le entregaba.

Un reporte de la aduana Central señala que entre el 16 de agosto y 19 de octubre del 2013 se recaudaron Q488 mil, y de estos les fueron entregados Q244 mil a Pérez Molina y a Baldetti, y Q244 mil para el resto de miembros de la red. El dinero era entregado en efectivo.

En otro momento de la audiencia, González Álvarez se refirió a la comunicación que sostuvo con Claudia Méndez, entonces intendente de Aduanas, a través de un chat, en la que hablaban sobre la entrega de Q50 mil, pago que le correspondía a ella.
“¿Recibió la correspondencia?”, le pregunta él, y ella responde: “Sí, la recibí”.

Helicóptero

En uno de los cuadros de cálculo que el Ministerio Público localizó en una computadora incautada a Salvador González se detalla que Roxana Baldetti tenía gastos por el mantenimiento de un helicóptero, por el cual se debía pagar alquiler de un hangar, lo que generaba un fuerte desembolso.

Además, los fiscales del MP exhibieron conversaciones que tuvo González Álvarez con la exvicepresidenta y el número telefónico lo tenía registrado como “My Line”.

Poder

Eco relató una conversación que sostuvo con Roxana Baldetti sobre Edin Hernández, exdirector del diario Siglo 21, del cual fue presidente González. La ex vicemandataria dijo que había que darle poder en la redacción. Eco aseguró que no sabía si el periodista conocía la relación de ella con el diario.

Acuerdo favorable

El MP le ofreció a González Álvarez solicitar una pena de prisión de dos años y ocho meses por asociación ilícita, dos años con nueve meses y 10 días por caso especial de defraudación aduanera  y un año con un mes y 15 días por cohecho pasivo, rebajadas al mínimo porque González colaboró con el MP.

En 61 páginas quedó registrado el testimonio que Eco hizo al MP.

La declaración que Salvador González brinda como anticipo de prueba fue escuchada por el Ministerio Público el 6 de noviembre del 2015.

Quedó registrada la transcripción de lo que González sabe de La Línea, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otras personas vinculadas con defraudación aduanera.

¿Otro colaborador?

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, se presentó a la diligencia y afirmó que lo seguirán defendiendo los abogados Alexis Calderón y Juan Carlos de Paz, quienes lograron que González Álvarez pasara a ser colaborador eficaz.

Admitió que se propone contribuir con la Fiscalía y aseguró que  todo lo afirmado por González Álvarez es verdad.

El MP señaló que investiga la veracidad de la información que ha proporcionado Monzón.

Hospitalizado

El abogado Mario Sanler fue sustituido en la defensa de Juan Carlos Ávila por Fidencia Orozco, quien también trabaja en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Sanler fue suspendido de sus labores mientras mejora su salud, según un oficio de la Dirección del IDPP. El pasado 8 de marzo sufrió un desmayo a causa de una crisis de hipertensión y está recluido   en el Hospital del Seguro  Social de la zona 9.

Ocho de ellos fueron enviados a prisión en la base militar Mariscal Zavala, en tanto que siete recibieron medida sustitutiva, según resolvió este jueves el juez.

Gálvez emplazó a la Contraloría General de Cuentas para que audite a la empresa Aceros de Guatemala.

En el caso de Frank Trujillo, abogado de Aceros de Guatemala, el juez dictó falta de mérito condicional, ordenó arraigo, y que debe firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.

Investigación

El MP sostuvo que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, dijo la fiscal General, Thelma Aldana, el día de las capturas.

La investigación destaca que en agosto de 2012, Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala y se archivó el caso, pero el MP apeló esa decisión.

Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres  denuncias.

El caso

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción encabezada por los sindicados, Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovani Marroquín Navas, enlace de la estructura – vinculados en el caso La Línea -, para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266.82.
 
El objetivo de la estructura no solo era librar a la empresa Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

A prisión

1. Álvaro Omar: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
2. Elder Hermelindo Fuentes García: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
3. Geovanni Marroquín Navas: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal.
4. Ariel de Jesús Guerra Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
5. José Antonio Mangandi Ortiz: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
6. Alfonso Romeo Castillo Castro: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.
7. Rigoberto Chacaj Soc: asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. Alfredo Muñoz Ledocarrillo: asociación ilícita y cohecho activo.

Medida sustitutiva

1. Evelin Yulisa Natareno Gómez: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
2. Alicia López Paiz: obstaculización de la acción penal.
3. Osmin Ronaldo Ceijas Díaz: obstaculización de la acción penal.
4. Giovani Estefan Reyes Pérez: obstaculización de la acción penal.
5. Nidia Verónica Espina Batres: obstaculización de la acción penal.
6. Julio Ernesto Román García: obstaculización de la acción penal.
7. Pedro José Raúl Paiz Valdez: cohecho activo.

Falta de mérito

Frank Manuel Trujillo Aldana, abogado de Aceros de Guatemala, solo está arraigado.

El 18 de enero pasado, la Fiscalía pidió al Juzgado decretar la inmovilización de cuatro cuentas localizadas en dos bancos, a fin de evitar el traslado de ese dinero.

Una cláusula del embargo obliga a los bancos a emitir informes sobre las cuentas investigadas, en los que se deben detallar los montos de cada una.

Un banco hizo el informe sobre una cuenta, el 21 de enero último, y fue entregado al Juzgado ocho días después. La cuenta contiene Q390 mil 456.09.

Se señala que Grupo Pixel, Sociedad Anónima, es la propietaria de la cuenta y que Pérez Leal tiene firma autorizada para hacer transacciones.

Las otras tres cuentas son de un mismo banco, según la investigación preliminar a cargo del MP, pero esa entidad todavía no ha cumplido la orden del Juzgado, por lo que no se sabe qué cantidad de dinero   hay en cada una, se informó.

La Fiscalía señala que existe una cuenta más de Grupo Pixel, en la cual también  tiene firma autorizada la hija del exgobernante.

Las otras dos son exclusivamente de Pérez Leal, una monetaria y otra a plazo fijo.

La pesquisa da cuenta, además, del capital de un pagaré a favor de Grupo Pixel,   en el cual se señala como beneficiarias de por lo menos Q500 mil a Pérez Leal y su madre, Rosa María Leal Flores de Pérez. El dinero está depositado en una financiera denominada MVA, S. A.

Se buscó la opinión de Bryan Palacios, abogado de Pérez Leal, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.

Rechazo

Varios sectores han manifestado en distintas ocasiones que se debe recuperar todo el dinero defraudado al Estado y que no es suficiente con las capturas. Una de las últimas voces fue la del arzobispo Óscar Julio Vian el pasado domingo durante su mensaje dominical.

Vian insistió en que los recursos económicos robados al Estado por las estructuras corruptas deben ser devueltos.

Agregó: “Que se devuelva el dinero que se robó; en eso no insisten mucho y no sé por qué, pero el dinero hay que devolverlo, hay que buscarlo, seguirlo, porque Guatemala necesita esos fondos”.

Era contratista

La relación de Lissette Pérez Leal con su padre fue estrecha durante la presidencia del Partido Patriota, incluso Grupo Pixel, Sociedad Anónima, a nombre de la ella, recibió contratos del Estado.

Según una publicación de Prensa Libre, Pérez Leal a través de Pixel manejó Q662 mil, la mayoría entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez era Presidente.

La empresa fue mencionada por Salvador González, alias Eco, ante el juzgado de Mayor Riesgo B, quien afirmó que sostuvo reuniones con Pérez Molina, su nuera Luisa Issacs y Lisette Pérez Leal para conocer la situación en la que se encontraban sus compañías.

Según el portal de Guatecompras, Pixeles ha recibido contratos por Q620 mil 56, de los cuales el 93.2 por ciento se le otorgaron durante este gobierno, sólo este año se le otorgaron Q273 mil 585.

En Guatecompras se demuestra que la entidad con mayor cantidad de adjudicaciones a Pixel fue del Instituto Guatemalteco de Turismo y que más del 90 por ciento son compras directas.

La Línea

Otto Fernando Pérez Molina renunció a la presidencia el miércoles 2 de septiembre de 2015, luego de una serie de manifestaciones en su contra, movimientos en los que participó además de la sociedad civil, el sector empresarial y algunos personajes políticos, incluso funcionarios renunciaron por los señalamientos que pesaban sobre él.

Pérez, un general retirado de 64 años, fue acusado el pasado 21 de agosto por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada “La Línea” , dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.

Cano solicitó para Baldetti una refrigeradora pequeña, un microondas, así como un médico para que la examine en la celda de la cárcel Santa Teresa, en la zona 18.

Además, Baldetti solicitó a través de su abogado que su comida no sea preparada en Santa Teresa, por el contrario que le permitan que una persona de su confianza le lleve a la prisión los tres tiempos de comida.

El juez se limitó a informar que consultará a la Dirección del Sistema Penitenciario, sobre la solicitud de Cano.

La exvicepresidenta fue retornada a la prisión el pasado 22 de enero, luego de permanecer más de 70 días en un sanatorio privado debido a problemas de salud.

Baldetti renunció al alto cargo el 8 de mayo de 2015 y en agosto último fue detenida por supuestamente liderar la red de corrupción aduanera autodenominada “La Línea”.

Esta red, por la que también está detenido el expresidente Otto Pérez Molina, fue desarticulada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en abril del año pasado.

Hasta ahora Gálvez no ha fijado una fecha para la denominada “etapa intermedia” del proceso en la que debe decidir si Baldetti y Pérez Molina, quien está en la prisión de la Brigada Mariscal Zavala, irán o no a un juicio público.

Los dos ya han sido acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Entre el hospital y la cárcel

Desde la detención de la exfuncionaria, su estadía ha sido itinerante, entre la cárcel Santa Teresa y centros asistenciales. La razón aparente fue una bacteria que afectó la salud de Baldetti, lo que la obligó a estar medicada en varios hospitales, incluso a recibir atención en el Hospital General.

Baldetti estuvo en un nosocomio privado en Mixco hasta el pasado 22 de enero, cuando en horas de la madrugada fue trasladada a Santa Teresa. En ese recinto particular había pasado las fiestas de fin de año junto a su familia, autorizado por el Sistema Penitenciario.

Baldetti estuvo en ese hospital 77 días hospitalizada y fue por orden del Juzgado de Mayor Riesgo B que fue trasladada a la celda del centro carcelario, ubicada en un área especial y privada del complejo, en la zona 18.

Hasta noviembre de 2015 el Inacif había erogado Q18 mil por evaluaciones médicas a la ex vicepresidenta, cada una de ellas con un valor de Q1 mil.

Proceso legal

La Fiscalía acusa a Baldetti mediante 93 folios de información sobre las formas de operar de la Línea, donde la defraudación que hizo pudo ser de Q28 millones, producto de sobornos a importadores.
El expediente contra la ex vicepresidenta también contiene 212 medios de prueba con los que los fiscales solicitarán en
la próxima audiencia, que sea enviada a juicio.

El juez Gálvez había programado la audiencia de apertura a juicio para el 18 de enero, pero la postergó.

El guatemalteco que se identificó con su pasaporte en la terminal aérea pretendía viajar a Estados Unidos en el vuelo 1504 de American Airlines; la detención se llevó a cabo a las 13 horas del miércoles.

La Policía Nacional hondureña indagó y encontró que Ramírez Acevedo reporta una residencia en la colonia Trejo en San Pedro Sula. El pasado 27 de enero ingreso en Honduras por la frontera el Corinto del departamento de Cortés.

Las autoridades hondureñas entregaron al guatemalteco en la delegación de Migración El Chinchado, Izabal.

En el Juzgado se informó que Ramírez Acevedo será indagado este viernes junto a Danilo Henry Rivas, hermano de Mónica de Jesús Rivas Gil, y un hombre más, por vínculos con la muerte del empresario Byron Giovanny Andrade Salazar, ocurrida en el 2011, en el interior de las canchas de fútbol Perfect, ubicadas en la zona 10.

El detenido sostuvo una relación sentimental con Rivas Gil, la cual comenzó dos años depués de la muerte de Andrade Salazar. Ella también ex investigada por el crimen, pero no se encuentra ligada al proceso porque el Juzgado decretó la falta de mérito a los cargos en su contra.

Gálvez en una resolución que le tomó unas tres horas, argumentó que existen suficientes indicios presentados por el Ministerio Público y la Fundación Sobrevivientes, como querellantes en el caso, para que Barreda y  De León enfrente el juicio por la desaparición de Cristina.

Barreda enfrentará juicio por los delitos de femicidio, amenazas y maltrato contra menores de edad, De León por amenazas.   

El 8 de diciembre es la fecha asignada para la presentación de pruebas en el caso contra Barreda y De León. #CasoSiekavizza

— Sara Melini (@smelini_pl) December 4, 2015

Durante la audiencia los defensores de Roberto Barreda solicitaron separar del proceso a la Fundación sobrevivientes.
El juez Gálvez rechazó la petición y confirmó la continuidad de Sobrevivientes como querellante adhesivo en el caso.

El juzgador recordó que este viernes es su último día laboral y garantiza que no habrá problemas con el audio de la resolución, como ocurrió durante la audiencia.

Gálvez afirmó que existen muchas escuchas telefónicas que debía ser analizadas, principalmente de Barreda.

El juzgador durante la fundamentación de la resolución, destacó varios momentos desde la desaparición de Cristina, entre ellos la huida de Barreda y los dos niños a México y el cambio de identidad.

También destacó Gálvez el estudio psicológico al que sometieron a los niños Barreda Siekavizza, enfatizando el momento en que “el niño agarra la muñeca contra la cama y la metiera a la bañera”.

Para el Juez, existen indicios de violencia doméstica y esta podría haber llegado a femicidio, y los problemas y discusiones de pareja podrían haber detonado por problemas económicos.

Los indicios del caso

El Ministerio Público solicitó el pasado 26 de noviembre enviar a juicio a Barreda y De León y presentó ante el Juzgado varias pruebas testimoniales, decisiva la de la empleada doméstica Petrona Say, que aseguró escuchar la discusión de la pareja la noche del 6 de julio y luego la pelea donde supuestamente Barreda mató a golpes a Cristina.

La Fiscalía acusa a Barreda de femicidio, obstrucción de la justicia y maltrato contra personas menores de edad. Beatriz De León solo está acusada por el delito de amenazas.

El MP presentó informes donde se habla de un dibujo realizado a mano alzada por el hijo de Barreda y Siekavizza, y donde el niño plasma las figuras de su papá y mamá, titulado “La película de la muerte”. 

Para el MP, Barreda y Siekavizza discutieron la noche del 6 de julio de 2011 y luego Roberto la agredió físicamente, ella todavía intentó pedir auxilio desde la terraza pero él lo evitó. Todo sucedió en la residencia familiar.

La fiscalía también considera que los niños, que estaban presentes durante la mortal discusión, presentan “daños emocionales irreversibles”, fundamentando ahí el delito de maltrato contra personas menores de edad.

Ante la perspectiva de un difícil proceso porque los coreanos, chinos y japoneses señalados aseguraron no hablar español, el Juzgado decidió citar a tres traductoras para facilitar la comunicación. El árabe dijo hablar y entender español.

Durante la primera fase de la audiencia, nueve coreanos, tres chinos y un árabe, además de 28 guatemaltecos, llegaron en compañía de sus abogados  a la audiencia de primera declaración en su contra, sin embargo primero fue necesario reacomodar a los participantes para ordenar el proceso.

La sala se acomodó en tres grupos, uno de coreanos, otro de japonéses y al fondo el grupo de empresarios guatemaltecos. Los dos primeros con sus respectivas traducturas a las que pidió el juzgador hacer la traducción de la forma más simultánea posible.

La audiencia

El primer día de audiencia se desarrolló con tranquilidad, el Ministerio Público realizó la imputación de los primeros 25 importadores alternando escuchas telefónicas, donde claramente los implicados hablan de los cobros y pagos en relación a los contenedores de los importadores.

Durante la segunda jornada, el proceso se hizo más lento pues la defensa de algunos importadores solicitó tener acceso a una copia de las imputaciones de sus defendidos de manera física y no digital.

Este miércoles, durante el tercer día de audiencia y en una sala más vacía con 20 de los 50 importadores citados, el Ministerio Público imputó de los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera, mientras alternaban con audios de escuchas telefónicas realizadas durante la investigación y en las cuales algunos de los importadores extranjeros, ahora con asistencia de traductores, hablaban claramente español.

Se espera que este jueves el juez Gálvez resuelva el futuro legal de 20 de los 50 empresarios citados.

Este viernes también la Procuraduría General de la Nación tuvo espacio ante el juzgador y solicitó un resarcimiento de Q1.7 millones para los niños Barreda Siekavizza por los daños psicológicos provocados por el padre.

La acusación la fundamentó el ente investigador en base a escuchas telefónicas, informes psicológicos, testimonio de familiares, amigos y la empleada doméstica de la familia Barreda Siekavizza.

Durante la audiencia el MP señaló que Barreda habría matado a golpes a Cristina la noche del 6 de julio, luego de una discusión familiar. Los niños y la empleada Petrona Say habrían estado en la residencia durante la mortal discusión.

La Fundación Sobrevivientes también aportó otros detalles del caso como querellante, entre estos que la última discusión se habría originado por una fiesta de cumpleaños del hijo de la pareja.

La defensa de Roberto Barreda ante el juzgador pidió desestimar la acusación, primero porque no existe “cuerpo”, que justifique el homicidio y también señaló a Siekavizza de abandono de hogar, en lugar de femicidio. También solicitó se modificara la prisión preventiva por una medida sustitutiva.

“Si no hay evidencia que esté muerta, no hay evidencia que se haya cometido un hecho violento en la casa del hogar conyugal y que haya provocado la muerte de Cristina Siekavizza Molina de Barreda”, según la presentación que hizo la defensa de Barreda ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

Mientras la defensa de Barreda presentaba los argumentos, las risas inundaron la sala de Mayor Riesgo B, en la Torre de Tribunales, el juzgador tuvo que pedir silencio para frenar el alboroto que provocó la estrategia de defensa.

El juzgador luego de escuchar las acusaciones y defensa, decidió finalizar la audiencia y emitir la resolución hasta el jueves 3 de diciembre, donde se sabrá si Barreda y De León enfrentarán juicio por la desaparición de Siekavizza.

Haroldo Mendoza fue trasladado al Centro de Alta Seguridad Canadá, Escuintla, luego del reacomodo de reclusos y tras la habilitación de la cárcel en el cuartel militar Mariscal Zavala.

La defensa de Mendoza presentó al Juzgado de Mayor Riesgo B una Exhibición Personal, para que fuera asignado a la cárcel de la zona 17, por existir un peligro de atentado en su contra.

El Sistema Penitenciario hasta este jueves no había hecho el traslado, por lo que el juez Gálvez reiteró la orden bajo el apercibimiento de desobediencia.

Un ejército privado

Mendoza guarda prisión señalado de varios delitos, entre estos homicidio, desaparición forzada y despojo de tierras en comunidades de Izabal y Petén.

Para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la estructura supuestamente encabezada por Mendoza era considerada como un “ejército privado en Izabal, que tenía azotada a la población”.

Mendoza Matta quedó ligado a proceso el 25 de noviembre de 2014, luego de establecer su participación en varios delitos, a través de unas 28 escuchas telefónicas en poder del Ministerio Público.

Perfil del acusado

• El MP  señala a Mendoza Matta de haber expropiado tierras en Morales y en Los Amates, Izabal.
• El 20  de  noviembre del 2014 fue capturado Aroldo Mendoza Matta, junto a otros 10 miembros de la red.
• El presunto  jefe  de  la banda  es sindicado de haber ordenado asesinatos, robos y allanamientos, entre otras acciones.
• El grupo  paramilitar de Mendoza Matta  mantenía   control “social” en Izabal, según el Ministerio Público.
• Su prioridad  era el despojo de bienes inmuebles   ubicados en rutas fronterizas y grandes extensiones.
• Su estrategia  era amedrentar a los pobladores y someterlos a los designios de la red armada.
• José Alfredo  Portillo Mendoza, señalado de ser    jefe operativo,  hacía cumplir las órdenes del líder de la red; la mayoría, en Petén.
• Haroldo Mendoza  Matta y los 10 integrantes de su estructura son señalados  de asociación ilícita, hurto y desaparición forzada.
• Nueve cateos  se  efectuaron para aprehender a la banda criminal.
• Los hechos,  según pesquisas,   fueron cometidos entre marzo  y agosto del 2014.

La Fiscalía contra la Narcoactividad dio a conocer la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo B que lo envió a prisión este lunes.

Montepeque Urías llegó al país a través de una deportación el pasado 14 de octubre y según el Ministerio Público (MP), pertenece a la organización criminal de Manfredo Cordón, alias el Morado.

Montepeque Urías habría coordinado el tráfico de drogas desde la playa El Churrín, Suchitepéquez; hacia Ocos, San Marcos y luego a México.

El supuesto narcotraficante fue detenido por autoridades mexicanas el 10 de octubre anterior por irregularidad migratoria, sin embargo tiempo después confirmaron con Guatemala que tenía una orden de captura.

El coordinador

La Dirección General de Investigación Criminal (Digici), identificó al Morado durante una investigación sobre las rutas que el narcotráfico utiliza en el océano Pacífico. En ese informe se detalla que las fuerzas de seguridad identificaron otra estructura dirigida por un hombre del que solo se conocía como “el Morado”.

Manfredo Cordón, alias el Morado, cambió su ocupación de pescador y agricultor para convertirse en un transportador de cocaína entre Suchitepéquez y Retalhuleu.

Cordón fue capturado el 11 de junio en la aldea el Manchón, Champerico, Retalhuleu. La Policía asegura que ese día Montepeque Urías evadió su captura.

Alias el Morado, vivía en el Chico en la aldea Manchón, la única forma de llegar a su vivienda era en lancha.

En el informe de inteligencia también citan al denominado grupo Oajaca, formado y dirigido por varios integrantes de una familia de Suchitepéquez.

Según el reporte, los Oajaca controlan las rutas de trasiego de droga en el referido departamento.

El Ministerio Público incorporó escuchas telefónicas para fundamentar la acusación contra Barreda por los delitos de femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato contra personas menores de edad.

En total el MP suma más de 90 medios de prueba, entre estos testimonios que señalan a Barreda como responsable de la desaparición de Cristina Siekavizza en julio de 2011.

En julio pasado, la Fundación Sobrevivientes manifestó que existen al menos 300 indicios que podrían demostrar la presunta responsabilidad de Roberto Barreda en la muerte de Cristina Siekavizza.

Los hechos

El 6 de julio de 2011 desaparece Cristina y el 7 de julio el señor Juan Carlos Siekavizza Molina, presentó la denuncia ante la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula. El 13 de ese mes es trasladada a la fiscalía del Crimen Organizado.

El 2 de febrero de 2012, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, decidió designar una fiscalía especial para el caso Siekavizza; a partir del planteamiento del asesinato de la señora Siekavizza.

El expediente fue trasladado desde la Fiscalía contra el Crimen Organizado a la fiscalía especial el mismo 2 de febrero. El expediente estaba compuesto por 18 piezas, cinco mil 796 folios (que informan sobre 680 diligencias entre 30 allanamientos, 40 declaraciones, más de 150 requerimientos y oficios). Además del traslado del expediente, la Fiscalía Especial recibió el apoyo de dos auxiliares de la Fiscalía contra el Crimen Organizado que han trabajo el caso desde el inicio.

Entre las acciones realizadas se encuentran la ubicación de una estructura criminal que operó para la desaparición del cuerpo o del cadáver. El análisis lleva a considerar que la desaparición del cuerpo no pudo ser realizada únicamente por una persona. Se continúa la búsqueda para identificar qué personas coadyuvaron a Roberto Barreda para borrar o eliminar evidencias, señala el MP.

El informe detalla que la ex funcionaria  puede seguir un tratamiento ambulatorio.  La próxima semana el Inacif deberá realizar una nueva evaluación la cual servirá para saber cómo está el catéter que tiene colocado en el brazo izquierdo.

El abogado de la ex vicepresidenta Mario Cano, solicitó que Baldetti continuará en el hospital hasta que le retiren el catéter, petición que fue denegada.

La ex funcionaria y supuestamente una de las cabecillas de La Línea, se ha recuperado un 85 por ciento, dijo el abogado. “Su recuperación ha sido positiva ha evolucionado bastante bien y conforme han pasado los días, el medicamento ha surtido efecto”.

Baldetti se encuentra recluida desde el 11 de septiembre en el Centro Médico Militar, en la zona 16,   debido a que era necesario que le retiraran un catéter que le colocaron antes de su detención y le había provocado una infección.

El pasado siete de octubre se informó que Baldetti tiene una “bacteria nosocomial”  que podría ser contagiosa.  La ex vicepresidenta ha sido evaluada en tres ocasiones.

Baldetti fue ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo y vinculada a la estructura delictiva La Línea, en el que también está implicado el ex presidente Otto Pérez Molina.

De acuerdo con la resolución, pese a que el ente investigador solicitó que se les modificaran los delitos a defraudación tributaria, el juzgador lo hizo por defraudación aduanera.

El juez se preguntó, en relación con los movimientos bancarios: “¿Qué pasó con la Intendencia de Verificación Especial? ¿Por qué no reportó los movimientos sospechosos?”, y agregó: “Ya cuando lo hizo, ya para qué”.

Lo anterior porque, señaló Gálvez, en un solo día los integrantes de la organización criminal depositaron y al mismo tiempo retiraron el dinero de las cuentas bancarias.

Cambio de cárcel

Gálvez refirió que la vida de los integrantes de la organización criminal La Línea corre riesgo al estar detenidos de manera preventiva en la prisión para hombres de la zona 18.

Por ello indicó que deben ser llevados a una cárcel que reúna las condiciones adecuadas, por lo que buscaría la manera de trasladarlos.

Extinción

Durante la argumentación para resolver, el juez señaló que en el Juzgado de Extinción de Dominio se abusa de los bienes de los sindicados.

“El licenciado Francisco García Gudiel hace referencia a la extinción de dominio, y tiene razón. Yo he compartido el criterio de él y de muchos abogados de que se ha cometido una cantidad de injusticias en contra de los particulares”, afirmó Gálvez durante su extensa disertación.

Aprovechó para criticar el trabajo en el Juzgado de Extinción de Dominio, pues dijo que en algunos casos ya van hasta dos años y los vehículos y avionetas se dañan por estar almacenados sin ningún uso ni ser subastados, por no tener capacidad para darles mantenimiento.

Cómo quedan

En el caso sobre el cual resolvió, Gálvez modificó y agregó delitos a Adolfo Sebastián Batz Rojas, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Marina Maldonado García, Juan Carlos Ávila Morán, Édgar Armando Say Coyoy, Gustavo Adolfo Peña y José Rolando Gil Monterroso.

También a Carlos Enrique Muñoz Roldán, Álvaro Omar Franco Chacón, Sebastián Herrera Carrera, Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Mynor Eduardo Mejía Castellanos, Melvin Gudiel Alvarado, Julio Rogelio Roger Palma, Carla Mireya Herrera España, Emilio Barrios Paz y Anthony Segura Franco, por lo que ahora se les agregó cohecho pasivo en el grado de autor y mantienen los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Solo agrega delito

A Geovani Marroquín Navas, Salvador Estuardo González, Julio Stuardo González de León, Herbert Francisco Cabrera Castellanos, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana, Julio César Aldana Sosa, Mónica Patricia Jáuregui y Adrián Israel Vela Gómez se les agrega el delito de cohecho pasivo en grado de complicidad, y mantienen el de asociación ilícita y defraudación aduanera.

La defensa de Ríos Montt, presentó un amparo en contra de Valdéz y con este logró suspender el inicio del segundo juicio que deberán enfrentar él y José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por genocidio y delitos contra la humanidad.

El exdictador debe enfrentar un nuevo juicio luego de que la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia de 80 años de prisión que el Tribunal A de Mayor Riesgo le impuso el 10 de mayo de 2013, tras argumentar errores en el proceso.

Con información de Jerson Ramos.

Según el Ministerio Público, el presunto narcotraficante, originario de Huehuetenango, es el autor intelectual del crimen contra los agentes policiales, a quienes responsabilizó del robo de dinero a su organización.

Guayo Cano fue capturado en Tuxtla Gutiérrez, México y deportado a Guatemala después de 83 días de iniciado un operativo denominado Dignidad, con el que se buscaba encontrar a los responsables de la masacre.

En total son 24 las personas procesadas por tener vínculos con Villatoro Cano, pero se estima que no todos participaron en el crimen.

Con información de Jerson Ramos.