Esta semana se celebrarán tres sesiones plenarias, una el martes a las 14 horas y el miércoles dos, la primera a las 10 horas y la segunda a las 14 horas. En las primeras dos sesiones se conocerá exclusivamente la interpelación al ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge.

LE PUEDE INTERESAR:

Esto es lo que ofrecen los candidatos en su primer día de campaña

Para la sesión del miércoles a las 14 horas, que es exclusivamente para temas legislativos, la Junta Directiva del Congreso acordó no incluir la iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

En cambio se conocerá en primer debate la ley que busca ampliar indefinidamente la vigencia del Documento Personal de Identificación, la aprobación en tercer debate de las reformas al Código Procesal Penal para aprobar medidas de excarcelamiento.

También se buscará aprobar en tercer debate, por artículos y redacción final un préstamo hasta por US$120 millones para la Universidad de San Carlos, la elección del contralor General de Cuentas y discutir un dictamen desfavorable para reformas constitucionales.

Durante la sesión de jefes de bloques, el diputado Fernando Linares-Beltranena, pidió a sus colegas que se incluyera en la agenda la iniciativa 5377 argumentando que esta era una prioridad nacional y que era necesario seguir su aprobación en tercer debate.

Lea también: Suspensión de ayuda militar divide opiniones en el Congreso

Sin embargo, los jefes de bloque rechazaron la propuesta de Linares-Beltranena y aprobaron el orden del día tal cual lo propuso la Junta Directiva. Sin embargo, esto no quiere decir que la iniciativa pueda volver a la agenda en cualquier momento.

Hay varios métodos, el primero es que cualquier diputado en el pleno mediante una moción privilegiada pida que se discuta y apruebe la iniciativa para lo cual debería contar con el apoyo de al menos 80 legisladores.

El segundo y quizás la opción más probable es que mediante acuerdos en Junta Directiva se incluya en una orden del día de una sesión plenaria y los jefes de bloque den su visto bueno para ello.

Rechazo generalizado

La semana pasada el grupo de países donantes conocido como G13 emitió un comunicado donde muestra su preocupación por la aprobación de la iniciativa 5377, reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que otorga una amnistía total a culpables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

Los países donantes reconocen “los importantes esfuerzos” realizados por el sistema judicial de Guatemala para investigar, procesar y juzgar de manera justa e independiente delitos de lesa humanidad y de corrupción.

Sin embargo, señalan, “vemos con mucha preocupación los proyectos de enmienda contenidos en las iniciativas legislativas a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo”, precisa el comunicado.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) también se sumó a las muestras de rechazo hacia las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo al emitir un comunicado.

Además: Qué retos enfrenta el TSE para monitorear las redes sociales durante la campaña

“En este contexto, hacemos un llamado al Congreso de la República respecto a las iniciativas de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo enfatizando en la importancia de respetar y garantizar las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas voluntariamente por el Estado de Guatemala, tal como lo han señalado diversos actores nacionales e internacionales”, precisa el documento.

Durante esa misma semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado de Guatemala interrumpir y archivar el trámite de la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

En su considerando número 54, la resolución de la Corte IDH señala: “De acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 14 casos, la Corte requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1986 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno y la archive”.

Polémica iniciativa

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, iniciativa 5377, van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores.

“Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.

La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.

Contenido relacionado

> Por qué la Fiscalía evita apelar la resolución a favor de diputados sindicados de discriminación

> Sandra Torres y diputados de UNE denuncian a Thelma Aldana

> Congreso defiende a sus tránsfugas y exige no inscribir a Thelma Aldana

Desde la perspectiva del derecho internacional se debe distinguir entre amnistías absolutas y amnistías condicionadas. Mientras las primeras buscan ocultar completamente crímenes del pasado disuadiendo o hasta prohibiendo cualquier investigación —usualmente operando como “autoamnistías”, favoreciendo a las mismas autoridades que las aprobaron—, las amnistías condicionadas no eximen automáticamente de castigo, sino más bien condicionan el beneficio a la realización de ciertos actos por parte de los beneficiarios.

Lea más

Congreso va por las controversiales reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y de Oenegés

Un ejemplo notorio de una amnistía absoluta es el decreto chileno 2191 de 1978, el cual concedió la amnistía a “autores, cómplices o encubridores” extendiéndola a todos los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 —día del coup d’état del general Augusto Pinochet— y el 10 de marzo de 1978, sin hacer ninguna distinción entre delitos comunes y aquellos cometidos con motivación política. Un ejemplo reciente de una amnistía condicionada es la Ley de Amnistía colombiana, Ley 1820 del 30 de diciembre del 2016, producto del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mientras las amnistías absolutas son generalmente inadmisibles bajo el derecho internacional, las condicionadas son, en principio, admisibles.

¿De dónde se deriva la inadmisibilidad de las amnistías absolutas?

Por un lado, algunos instrumentos internacionales recientes toman esta posición, el más notable entre ellos es el Estatuto del Tribunal Especial de Sierra Leona —Artículo 10—. Por otro lado, la jurisprudencia de tribunales internacionales penales y de derechos humanos permiten llegar a la misma conclusión. En este sentido, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) rechazó de la siguiente manera la amnistía en casos de tortura:

“El hecho de que la tortura esté prohibida por una norma perentoria de derecho internacional […] sirve para deslegitimar internacionalmente cualquier acto legislativo, administrativo o judicial que autorice la tortura. Sería un sinsentido sostener, por un lado, que a causa del valor de jus cogens de la prohibición contra la tortura, las reglas convencionales o consuetudinarias que prevean la tortura serían nulas e inválidas ab initio, y, por el otro, que un Estado podría no tenerla en cuenta, por ejemplo, tomando medidas nacionales que autoricen o aprueben la tortura o absuelvan a sus autores a través de una ley de amnistía.” (Prosecutor v. Furundzija, sentencia 10 de diciembre de 1998, para. 155).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró inadmisibles las disposiciones correspondientes en la Ley de Amnistía peruana N° 26479 y su Ley Interpretativa N° 26492. En este sentido, la CIDH se refirió al: “Establecimiento de excluyentes de la responsabilidad penal que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.” (Barrios Altos vs. Perú, sentencia 14 de marzo de 2001, para. 41).

Esta jurisprudencia, de especial importancia en la región, ha sido confirmada varias veces —por ejemplo, recientemente en Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero del 2011, paras. 183 ss.—, inclusive en el caso salvadoreño, algo similar al guatemalteco, donde la Ley de Amnistía General fue producto de un acuerdo de paz refiriéndose a “hechos cometidos en el contexto de un conflicto armado interno”, en el sentido del Art. 6 (5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1977 (Masacres de el Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador, sentencia del 25 de octubre de 2012, paras. 283 ss.). A pesar de que la citada norma permite la “amnistía más amplia posible”, la Corte consideró que la mencionada Ley no solamente es “contraria a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz” sino también constituye “una grave afectación de la obligación ́internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos”, así violando los artículos 8 (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (ibid. para. 295). Además, la Ley de Amnistía “ha tenido como consecuencia la instauración y perpetuación de una situación de impunidad debido a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos”, incumpliendo así los artículos 1 (1) y 2 de la CADH (ibid. para. 296).

De esta asentada jurisprudencia se desprende que una amnistía absoluta viola los Artículos 8 (1) y 25 en relación con el Artículo 1 (1) y 2 de la CADH). De manera similar, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) también ha sostenido que en casos de tortura no se deben impedir procedimientos penales por medio de amnistías o indultos.

De igual forma, la ONU (S/2000/915, p. 22) dejó claro que en el contexto de tratados de paz no acepta cláusulas de amnistía respecto a crímenes internacionales como genocidio, crímenes contra la humanidad o infracciones graves al derecho internacional humanitario (DIH). Aunque se ha reconocido que “una amnistía cuidadosamente formulada puede ayudar al regreso y la reinserción” de los grupos armados (ONU, S/2004/616, para. 32), al mismo tiempo se ha reafirmado que la ONU “nunca puede prometer amnistías para el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad o las graves violaciones de los derechos humanos […]” (paras. 10, 32, 64). La misma postura se encuentra en la práctica nacional y en la amplia literatura sobre amnistías.

Finalmente, el ya mencionado Estatuto de la CPI se compromete expresamente con la lucha contra la impunidad y es considerado una expresión de opinio juris en el sentido de que las amnistías están prohibidas respecto a los crímenes internacionales graves de competencia de la CPI. En cuanto a Guatemala, es importante señalar al respecto que la CPI tiene competencia, de acuerdo a la entrada de vigencia del Estatuto para Guatemala el 1 de junio de 2012, para todos los crímenes internacionales graves cometidos después de esta fecha.

Podemos concluir entonces que amnistías absolutas son inadmisibles a la luz del derecho internacional pues resultan en el desamparo de las víctimas, impidiendo a ellos y sus familiares identificar a los autores, conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. Además, violan el principio de igualdad —ya que tratan a los beneficiarios mejor que a otros delincuentes— y son manifiestamente incompatibles con la intención y el espíritu de los pactos internacionales de derechos humanos.

*Kai Ambos es Profesor (titular) de la Georg-August-Universität Göttingen y Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma universidad. Además, es Magistrado del Tribunal Especial para Kosovo, La Haya y amicus curiae de la Jurisdicción Especial de Paz, Bogotá. – El autor agradece a Rodolfo González Espinoso y a Susann Aboueldahab (CEDPAL) por su colaboración en la preparación de este artículo.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado  se expresó “profundamente preocupado” por la enmienda propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala que daría amnistía por crímenes durante el conflicto armado interno.

LE PODRÍA INTERESAR

Departamento de Estado de EE. UU. rechaza reformas a Ley de Reconciliación

Luego de participar en un acto protocolario en el Congreso, donde se entregó la medalla de la Ciencia y Tecnología, el vicepresidente fue abordado y se le consultó si se tenía alguna postura sobre el comunicado

“Lo único que les podría decir es que nosotros los guatemaltecos deberíamos resolver nuestros problemas. Lo internacional que quede fuera, ellos que resuelvan los problemas que tiene cada quién”, respondió el vicemandatario.

Agregó que personalmente cree que “hay responsabilidad” de todos los guatemaltecos y se deberían unificar criterio para “ver qué es lo mejor”.

Se le consultó además si reformar dicha ley podría traer alguna repercusión para el país a nivel internacional y señaló que lo ve poco probable.

Lea más: Candidatos protagonizan “estrategias mercadológicas” para posicionar su imagen

“No lo creo, mi opinión es que nosotros debemos resolver nuestros problemas internos. Los países a nivel mundial tienen sus propios problemas, yo no creo que lo que aquí en Guatemala se discuta tenga incidencia y que con todos los procesos que debemos establecer”, aseveró Cabrera Franco.

Pese a esta postura el vicepresidente evitó contestar puntualmente la pregunta si él cree que es correcto que los diputados enmienden la Ley de Reconciliación para otorgar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad. “No sé ni en qué lectura está, no tengo información al respecto”, fue su respuesta.

Postura

“La enmienda otorgaría una amplia amnistía para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y abusos, así como para los delincuentes condenados”, declaró ayer Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado.

Añadió: “Los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha en curso contra la corrupción y la impunidad”, apuntó Palladino.

Lea además: Juzgado de Mayor Riesgo A conocerá tres casos de alto impacto por orden de la CC

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

Niega interés partidario

La postura del Departamento de Estado de EE.UU. se suma a la de otras instituciones y organismos internacionales que están en esa línea, entre ellas  Impunity Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

A nivel nacional varias organizaciones de Derechos Humanos han criticado el proyecto de ley y señalado que el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)  tiene interés particular en reformar la ley para beneficiar a un miembro fundador.

Se trata de Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien era diputado al Congreso por el partido oficial, pero en febrero de 2017 se giró una orden de captura en su contra por el caso de desapariciones forzadas Creompaz.

Lea también: Diputados proponen un metro subterráneo para aliviar el tránsito de la capital

Actualmente Ovalle Maldonado se encuentra prófugo, pero si la ley es aprobada podría regresar y retomar su curul en el Congreso.

Al respecto de ese extremo se contactó a la diputada Iliana Calles, subjefa del FCN-Nación, quien negó que esa sea una razón para querer aprobar la ley, pero reconoció que puede ser que se vea de esa forma desde fuera del Congreso.

“La realidad es que no es para favorecerlo realmente ­–a Ovalle Maldonado–, talvés lo miran así, pero yo no lo miro así”, respondió la legisladora al consultarla al respecto.

Calles  agregó que el objetivo de la bancada oficial al aprobar la iniciativa es “llevar un orden y ver que posibilidades existan para la reconciliación”.

Calles reconoció que se reunirán como bancada para analizar qué estrategia se tomará para impulsar la iniciativa y la forma en que se cabildeará con otras bancadas.

Contenido relacionado

> Las razones por las cuales pocos migrantes se han empadronado en EE. UU.

> Ministerio de Defensa de Guatemala muestra interés en aviones que vende Argentina

> Cómo el TSE busca evitar la conflictividad electoral

La declaración se suma a otras muestras de rechazo a nivel internacional a la iniciativa 5377 que busca eximir de responsabilidad a todas aquellas personas que han cometido delitos contra la humanidad en el periodo del conflicto entre 1960 y 1996.

Leas más

Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional avanzan en primer debate

“La enmienda otorgaría una amplia amnistía para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y abusos, así como para los delincuentes condenados”, declaró Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado.

Añadió: “Los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha en curso contra la corrupción y la impunidad”, apuntó Palladino.

Lea más: Candidatos protagonizan “estrategias mercadológicas” para posicionar su imagen

Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.

La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) así como las autoridades del Estado.

También propone reformas que van dirigidas a absolver a “miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones ele la URNG o sus unidades integrantes, amnistía que se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996.

Lea también: Investigadores informáticos del MP y la PNC indagarán por fallas en el sistema del Renap

Fracasa intento

Ayer el pleno del Congreso fracaso en su intento de que la iniciativa 5377 avanzara en su camino para convertirse en Ley.

Desde el pasado lunes la Junta Directiva del Congreso propuso una Orden del Día donde se incluía la discusión en segundo debate del referido proyecto de decreto, la cual fue avalada por la mayoría de jefes de bloques aliados al oficialismo.

Sin embargo, el pasado martes no culminó la interpelación en contra del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge.

Lea además: Juzgado de Mayor Riesgo A conocerá tres casos de alto impacto por orden de la CC

Aunque en la apertura de la sesión de ayer se leyó la iniciativa que contenía el discusión en segundo debate de las reformas a la Ley de Reconciliación la Junta Directiva se vio obligada a proponer otra Orden del Día para que siguiera el juicio político.

Oliverio García Rodas, uno de los diputados con más experiencia legislativa, el Congreso tiene que seguir con la interpelación en contra del ministro hasta que se agote y solo después de eso podrá conocer otros temas.

Según el legislador, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que habla sobre la interrupción de las interpelaciones solo debería aplicarse cuando hay temas de carácter constitucional con un plazo perentorio, que no es el caso de las reformas a la Ley de Reconciliación.

Lea también: Diputados proponen un metro subterráneo para aliviar el tránsito de la capital

Sin embargo, la intención de reformar dicha ley está latente en el Congreso, el oficialismo anunció que esta sería una de sus prioridades durante este periodo de sesiones ordinarias y el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, anunció durante su discurso de toma de posesión de la presidencia del Congreso, que también impulsaría la iniciativa.

Mientras tanto el proyecto de ley sigue sumando opiniones en contra por parte de organismos internacionales como Impunity Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Contenido relacionado

> Las razones por las cuales pocos migrantes se han empadronado en EE. UU.

> Ministerio de Defensa de Guatemala muestra interés en aviones que vende Argentina

> Cómo el TSE busca evitar la conflictividad electoral

El Congreso entrará el próximo lunes al primer periodo de sesiones ordinarias de este año y entre los temas que debe discutir obligatoriamente están la elección del contralor General de Cuentas, la conformación de la Comisión Pesquisidora contra magistrados constitucionales y elección de comisiones de trabajo.

LE PODRÍA INTERESAR

Propuesta de desconocer a la Cicig desde el Congreso no encuentra apoyo

Sin embargo, además de esa agenda que podría provocar controversias y polémicas, el oficialismo impulsará una agenda que a criterio de otras bancadas es confrontativa porque buscaría favorecer al Congreso mismo o a sectores específicos.

Agenda

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, confirmó que el oficialismo buscará impulsar en la agenda legislativa tres iniciativas puntuales: las reformas a la Ley de Antejuicio, a la Ley de Oenegés y a la Ley de Reconciliación.

Aseguró que se debe modificar la Ley de Antejuicios, para quitar el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de esa forma todos los antejuicios que ve el Legislativo pasen directamente al pleno.

Lea más: UE pide al Gobierno de Guatemala que respete el orden constitucional y al personal de Cicig

“El políticos, diputado o exdiputado que diga lo contrario es un mentiroso y quiere una Guatemala en desorden. También votaré a que se apruebe en los primeros meses la ley para fiscalizar a las oenegés, no es posible que no sepamos de dónde vienen esos fondos”, agregó Galdámez.

El legislador señaló que el oficialismo también buscará que se modifique la Ley de Reconciliación Nacional. Según él, esta agenda “izquierdosa” de jueces y magistrados tienen injustamente presos a un montón de veteranos de guerra y no es justo.

Fernando Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional y ponente de las iniciativas de reformas a la Ley de Antejuicio y Reconciliación, y que además hizo enmiendas a la Ley de Oenegés,  se mostró de acuerdo con la propuesta del congresista oficialista.

Lea también: Anuncian bloqueos el lunes 14 de enero contra el Gobierno de Guatemala

“El momento es apropiado para impulsar esas tres iniciativas”, señaló el legislador y justificó que en el caso de la Ley de Reconciliación “nunca se cumplió como debía ser y hay necesidad de darle nueva vida”.

“En el caso de la Ley de Antejuicio, hay que quitar esa excepción que hace la CSJ, no solo contra magistrados del Congreso, sino todos los casos que dicen la Constitución y la Ley de Oenegés porque hemos visto cómo las organizaciones extranjeras financian actividad política y de ideología de izquierda y este dinero no tiene fiscalización”, aseguró Linares-Beltranena.

Iniciativas polémicas

• La iniciativa 5300 reformas a la Ley en Materia de Antejuicios propone un cambio en el artículo 16 de la referida Ley para que cuando un juez tenga conocimiento sobre una denuncia o querella presentada en contra de un funcionario que goce del derecho de antejuicio se inhiba y en un plazo no mayor de tres días hábiles traslade el expediente  directamente al organismo competente.
• Esto ha sido fuertemente criticado por diputados, juristas y exmagistrados quienes señalan que al quitar el filtro de la CSJ se estaría dando demasiado poder al Congreso y este lo podría utilizar para someter a funcionarios que resulten incómodos para intereses particulares.
• La iniciativa 5257 reformas a la Ley de Oenegés propone que existan mecanismos con los cuales al Gobierno para cancelar la personalidad jurídica de las agrupaciones que puedan resultar indeseables por su labor de fiscalización.
• Uno de los cambios es que las oenegés podrán disolverse “cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público” lo cual para expertos es un poder discrecional el que se le otorga a al Gobierno.
• La iniciativa 5377, reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, busca generar una amnistía para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armando interno y busca dejar en libertad a todos los que cumplan una sentencia y que cancelen todos los casos vigentes.
• La iniciativa generó rechazo de múltiples sectores e incluso el grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de No Repetición pidieron al Congreso no aprobar la ley por considerarla regresiva.

Lea además: Alemania, Canadá y CIDH rechazan decisión de Jimmy Morales sobre la Cicig

Confrontativa

Carlos Barrreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, sobre la agenda que pretende impulsar el oficialismo consideró que no deberían conocerse. “Decimos ‘basta de goriladas‘ en el Congreso. Insistimos en un llamado al diálogo para resolver esta crisis”, afirmó.

“Estas iniciativas únicamente generan más polarización, enfrentamiento y confrontación, y solo podríamos definirlo como una ‘gorilada‘ y esto tiene que acabar. Lo que se debe buscar es darle rumbo al país”, agregó el legislador.

Agregó que la agenda que impulsarán estará concentrada en temas económicos y sociales. “Prioridad son la Ley de Reactivación Económica del Café, la Ley de Competencia y la Ley de Agricultura Familiar. Estas están orientadas a la reactivación económica y apoyar a las personas”, acotó.

Lea más: INE ajusta más de dos mil lugares poblados a municipalidades

Raúl Romero, jefe de Fuerza y miembro del Frente Parlamentario por la Transparencia, razonó que la agenda del Congreso debe, por un lado, dar continuidad a temas que se vienen arrastrando, e incorporar otros de interés nacional.

“No hay que pensar en una agenda con temas para sectores muy particulares. Por ejemplo, sobre la Ley de Oenegés, es buena la fiscalización, pero tiene que hacerse desde un punto de vista de la lucha contra la corrupción”, afirmó el congresista.

En el caso de Ley de Antejuicio, destacó que él presentó una iniciativa porque considera que se ha abusado de esa figura y sería correcto que el antejuicio se limite a las acciones del cargo y no debería implicar la impunidad de no ser investigado, por lo que las reformas son buenas siempre y cuando se usen para transparentar procesos.

Para Romero, es fundamental impulsar dentro de la agenda una Ley de Servicio Civil, que tendrá impacto en la administración pública y no se ahoga en un tema específico, y de la misma forma se debería discutir una Ley de Aguas, pues es indispensable por el cambio climático, además de otras iniciativas de carácter social.

Contenido Relacionado

> Nuevos embajadores preguntan a Jimmy Morales sobre crisis

> Conferencia Episcopal: Confrontación pone en riesgo estado de Derecho

> Diputados coinciden en que pesquisidores para magistrados de CC deben elegirse en pleno

El pasado 25 de enero, varios diputados presentaron la iniciativa 5377, que buscaba aprobar reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Le podría interesar

Donde hubo represión militar ahora hay linchamientos

La iniciativa generó polarización, pues fue acuerpada por grupos afines a militares retirados y causó rechazo en colectivos defensores de Derechos Humanos.

De hecho, la discusión llegó a nivel internacional y el pasado 8 de junio el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de no repetición pidió al Legislativo no aprobar la legislación.

“Llamamos al Congreso a que se abstenga de aprobar la iniciativa de ley 5377, que persigue reformar el decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, señaló el grupo.

Propuestas encontradas

El pasado 7 de junio, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, presidida por el diputado Fernando Linares-Beltranena, quien también es ponente de la iniciativa, dictaminó de forma favorable la propuesta.

El congresista defendió el proyecto de ley y afirmó que se tomaron tres criterios para emitir el dictamen favorable de la iniciativa.

Lea también: ONU pide al Congreso abstenerse a amnistiar delitos de lesa humanidad

“La base son los Derechos Humanos, pues se estos se violaron a todos participantes en el enfrentamiento armado, porque no se tomó en cuenta el Derecho Humano de la no retroactividad, que no puede haber una pena sin un delito previo”, afirmó Linares-Beltranena.

Agregó que se violó el debido proceso, porque “los militares están presos y fueron juzgados en tribunales ordinarios y no en tribunales militares como lo ordena la Constitución”.

“Sobre todo, no se tomó en cuenta la amnistía recíproca que fue dictada a la Ley de Reconciliación Nacional  a ambas partes del Conflicto. Por defensa de los Derechos Humanos violados, pedimos que todas las persecuciones y sentencias sean nulas de pleno derecho”, aseveró el congresista.

Sin embargo, el 11 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a donde también fue remitida la iniciativa de ley, emitió un dictamen desfavorable sobre la propuesta de reforma.

Ronald Arango, presidente de la sala de trabajo, aseguró que la decisión de la Comisión se fundamentó en lo que dicen los Derechos Humanos, además de convenciones internacionales, que Guatemala a signado en temas de Derechos Humanos.

Lea además: Proponen reformas a Ley de Reconciliación

“No podemos permitir que delitos de Lesa Humanidad puedan tener algún tipo de amnistía y por eso que la Comisión de Derechos Humanos determinó que esta propuesta no procedía”, afirmó el parlamentario.

Arango agregó que la decisión de la sala de trabajo no fue tomada a la ligera, y se fundamentó en un documento bastante amplió que tomó en cuenta sentencias y jurisprudencias que ya se dieron sobre Derechos Humanos.

Pleno decidirá

Tanto Linares-Beltranena como Arango coincidieron en algo, quien tendrá la decisión final sobre la iniciativa será el pleno del Congreso, pues cuando la iniciativa se agende para ser discutida los diputados deberán decidir cuál de los dos dictámenes aceptan.

De hecho este procedimiento no es ajeno al Congreso e incluso está normado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) que prevé este tipo de situaciones.

El artículo 43 de dicha legislación habla sobre los dictámenes conjuntos y afirma que “cuando existan criterios opuestos o diferentes entre dos o más comisiones en cuanto a la emisión del dictamen” será el pleno el que deba conocerlos.

Lea también: CC no suspende artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional

“Cada comisión deberá presentar al pleno el respectivo dictamen favorable o desfavorable, según sea el caso, y será éste, por mayoría absoluta del total de los miembros que integran el Congreso, quien decida sobre la admisión de uno u otro dictamen”, señala la LOOL.

Ambos congresistas concordaron que lo que en verdad importará será la votación final del pleno, pues si se toma el dictámen favorable, la iniciativa podrá seguir su curso para convertirse en ley, pero si es lo contrario, esta será archivada y su trámite habrá concluido.

Por último, tanto el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales como el de La Comisión de Derechos Humanos, tienen un amparo en su contra.

Linares-Beltranena indicó que ya evacuó la audiencia, mientras que Arango señaló que no ha sido notificado sobre ninguna acción en contra del documento que emitió la sala de trabajo.

Contenido relacionado

> Una tumba en la Universidad de San Carlos
 
> Militares tenían altos cargos en años críticos
 
> 1982: masacre en parcelamiento Dos Erres, Petén

Una iniciativa para reformar la Ley de Reconciliación Nacional con la que se busca que todos los procesos y condenas en contra de militares e insurgentes sean anulados fue propuesta en el Congreso.

Lea también

¿Por qué el arzobispo, Óscar Vian respondió a diputados que cuestionan su llamado a purificar el Congreso?

“Esta iniciativa tiene como finalidad lograr la paz, que haya una verdadera reconciliación nacional porque desde 1996, no ha existido paz porque ha existido una guerra en tribunales y el Ministerio Público desproporcionada en que hay 72 oficiales detenidos y un exguerrillero preso”, aseguró el diputado.

Linares-Beltranena considera que la Ley de Reconciliación Nacional se ha violado al menos cuatro garantías individuales: el principio de irretroactividad de la ley, al de no haber delito ni pena sin ley anterior, que a los militares no se les juzgue en tribunales militares y la amnistía general.

“La iniciativa propone que todas esas sentencias que se han dictado se declaren nulas y las personas detenidas de ambos bandos tienen que salir libres”, indicó el legislador.

Agregó que con esto se logrará definitivamente la paz pues al fin habrá una reconciliación nacional.

Posturas

Ricardo Méndez-Ruíz, director de la Fundación Contra el Terrorismo, consideró que esta iniciativa “reforma la paz que se firmó” hace 20 años.

“Esto es un contrato que se debe respetar, pero que no se respetó por una de las partes. A la luz de la historia después de tantos procesos judiciales en contra de veteranos de guerra nos damos cuenta que lo que hay atrás de todo esto es un negocio por parte de personas que han lucrado por los resarcimientos de las supuestas víctimas del Conflicto Armando Interno”, indicó Méndez-Ruíz.

Aseveró que puede afirmar que “no existiría un solo proceso judicial en contra de ningún veterano del Ejército sino hubiera dinero de por medio. Lo que se pretende es que se respete la amnístia que tiene rango constitucional”.

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), dijo estar en desacuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Linares-Beltranena.

“Me parece una forma de buscar impunidad en los casos en los cuales hay responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Conflicto Armado Interno”, afirmó Rodenas.

Agregó que lo que ocurrió durante ese periodo de guerra son “acciones que ofendieron a la humanidad por su gravedad” y en ese sentido le parece un descaro que se hagan este tipo de peticiones que a su criterio lleva una intencionalidad oculta de buscar impunidad en los casos del presente.

“La Ley de Reconciliación Nacional no necesita una modificación pues es bastante clara de cuándo es aplicable una amnistía y cuales otros por su gravedad no lo pueden ser incluso aunque pase el tiempo”, afirmó Rodenas.

El 12 de enero último Sosa Días, en su calidad de ciudadano, presentó ante la CC un recurso con el cual busca eliminar el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional.

El mencionado artículo dice:

“La extinción de responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.

Pese a no suspender el artículo señalado, el máximo tribunal constitucional seguirá conociendo la acción de inconstitucional y más adelante tiene que emitir una sentencia la cual deberá indicar si suspende o no el artículo de la Ley de Reconciliación Nacional.

La acción se presentó el mismo día que se conoció el relato de dos testigos protegidos que confirmaron la barbarie en la zona militar 21, Cobán, Alta Verapaz, entre 1982 y 1986, por la cual están siendo imputados 14 militares que habrían incurrido en los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

CC resolvió no suspender de forma provisional el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional impugnado por el militar Alfredo Sosa Díaz.

— Bvasquez_pl (@Bvasquez_pl) January 19, 2016

Sosa Díaz, que consigna en la inconstitucionalidad como terceros interesados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), busca que la CC declare inconstitucional el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. 

Ejército se desvincula

El mismo día que se presentó la inconstitucionalidad,  el vocero del Ministerio de la Defensa, Hugo Rodríguez, informó que la acción la hizo Sosa Díaz a título personal y no tiene ninguna relación con la institución.

Según Rodríguez, el jefe del EMDN puede presentar la acción como cualquier ciudadano sin limitación de ninguna clase; sin embargo, se espera una copia del documento para que el departamento jurídico lo evalúe y poder ampliar la opinión de la institución armada.

Un día después, en un comunicado mediante las redes sociales oficiales de la cartera de la Defensa, la institución castrense volvió a marcar distancia de la acción realizada por el tercer hombre más poderoso del Ejército, tan solo debajo del Presidente y el Ministro de la Defensa.

“El Ministerio de la Defensa Nacional reafirma su postura de mantenerse al margen de los asuntos políticos, judiciales y empeña sus esfuerzos en aquellos asuntos que demanda la sociedad y competen a la función militar de hoy”, indica el comunicado.