En conferencia de prensa el ministro Alberto Pimentel y Aleisar Arana , presidente del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, informaron acerca de los acuerdos.

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Uno de estos es que la investigadora independiente Claudia Dary será la profesional que lidere el equipo que efectuará el estudio de impacto cultural y espiritual del proyecto minero Escobal en el pueblo xinca. La realización del estudio fue acordado de forma previa en la reunión preparatoria en el 2020.

Dary es antropóloga social, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (1984), realizó estudios de maestría (en la Universidad de Pittsburgh en el año 2000) y de doctorado (Universidad Estatal de Nueva York, SUNY (2008) en la misma disciplina, según información de su perfil profesional.

También se acordó que el MEM facilitará el listado con la información que cada institución proporcionará al Parlamento Xinca para que esta autoridad proceda a trasladarla a las respectivas comunidades.

La otra medida aprobada es que a solicitud de dicho parlamento el MEM proporcionará, en coordinación con las instituciones correspondientes, una recomendación del perfil de asesores que podrían apoyar en el análisis de la información que se presentará, dijo Pimentel.

Además, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el 20 de junio próximo, también en la sede de dicha organización ubicada en Cuilapa, Santa Rosa.

El funcionario dijo que en esa oportunidad se analizará y discutirá la información que será proporcionada previamente, según los acuerdos anteriormente descritos, respecto a los términos de referencia de la primera evaluación de impacto cultura.

Durante la preconsulta se definirán fechas, metodología y duración tanto de este proceso como el que podría requerir la consulta, por lo que no hasta ahora no han puesto fecha o plazo máximo. En la segunda y tercera reunión serán donde se defina la metodología se podrán ver plazos, agregó.

“Lo que estipula la Corte en su sentencia es que se consulte al pueblo xinca respecto de la medida administrativa en cuestión” y en ese caso fue la licencia minera que en su momento otorgó el MEM, expresó Pimenten agregando que “lo que se necesita es una visión sobre ese proyecto, sobre el otorgamiento de una licencia de explotación minera y el alcance de la consulta dependerá de lo que el pueblo xinca diga”.

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Por ejemplo, dijo el ministro, si tienen dudas respecto al proceso minero, las medidas de mitigación ambiental contenidos en el estudio de impacto ambiental, o por cuestiones que consideran que puedan vulnerar al pueblo, tendrán que ser llevadas a la mesa para que se acuerde la forma en que esos impactos mineros puedan ser mitigados.

El funcionario atribuyó el atraso en el inicio del proceso de preconsulta a la falta de entendimiento y comprensión de parte del gobierno respecto de lo que el pueblo xinca reclamaba y que este podría ser representado a través de las instituciones que ellos mismos decidieran, y la administración anterior solo permitía que tuvieran dos representantes pero debido a la cosmovisión del pueblo xinca ellos explicaron que sus representantes era 59 autoridades, pero el año pasado se dialogó al respecto y se aceptó esa representación.

Arana del Parlamento del Pueblo Xinca, dijo que están complacidos con que se haya iniciado con este proceso, el cual venían reclamando desde el 2009 como el derecho a la consulta. “Esperamos que esta buena voluntad con la que iniciamos, en las próximas reuniones se siga manifestando.  La consulta es de buena fe, esperamos que se respete el derecho a la libre determinación y derecho a la consulta, que tenemos como pueblo indígena xinca”, agregó.

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La compañía Pan American Silver Guatemala (antes Minera San Rafael) indicó por medio de un comunicado de prensa ve positiva el inicio de las reuniones y que esperan participar cuando y como lo indique el MEM.

“Respetamos el derecho del Pueblo Xinca a ser consultado y esperamos que este sea un proceso inclusivo bajo el marco del Convenio 169 de la OIT, con un diálogo y una comunicación abierta” dijo la compañía al indicar que se comprometen a escuchar para comprender sus preguntas inquietudes y percepciones del proyecto el Escobal, y dan a conocer su deseo de un diálogo abierto para construir relaciones respetuosas.

La mina Escobal permanece suspendida temporalmente y no se tiene un cronograma para el posible reinicio de actividades, agregó la compañía.  Por ello actualmente realizan actividades de cuidado y mantenimiento de los requisitos del permiso ambiental y actividades limitadas de relacionamiento comunitario, y se comprometen a realizar las actividades de buena fe y pleno respeto.

El MEM argumentó que no se permitió el ingreso a los periodistas a la reunión debido a los protocolos de bioseguridad por la pandemia del coronavirus, y al final de la sesión brindaron una conferencia de prensa.

La preconsulta es una de las fases para cumplir con los procesos y determinar cómo se efectuará la consulta al pueblo Xinca.

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La reunión se efectuará este viernes 21 de mayo en las instalaciones del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala ubicado en el kilómetro 57.5 carretera a El Salvador, San Juan Arana en el municipio de Cuilapa en Santa Rosa.

Óscar Pérez Ramírez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dijo que se prevé la asistencia de entre 85 a 100 personas de las diferentes entidades convocadas (con base a la sentencia del 3 de septiembre de 2018, expediente 4785-2017, de la Corte de Constitucionalidad (CC)) que ordena la realización de la consulta.

Estas son: Concejo Municipal del área de influencia, Comunidades indígenas del área de influencia (que serán representadas por el Parlamento Xinca), los ministerios de Cultura, de Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y Minas. También los Consejos Comunitarios de Desarrollo del área de influencia, Minera San Rafael, Procuraduría de Derechos Humanos, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades Privadas representadas en el Consejo Departamental de Desarrollo del área de influencia y la Comisión Presidencial de Diálogo.

• La licencia (suspendida desde julio del 2017 y con sentencia de la CC de septiembre del 2018) es de la empresa Minera San Rafael.
• La entidad representante de las comunidades será el Parlamento Xinca con 59 personas.

El funcionario indicó que la preconsulta podría tardar entre 1 a 3 meses, dependiendo de cómo avancen las discusiones del proceso. Es una forma de diseñar o acordar de manera conjunta con el pueblo Xinca, cual debería de ser la forma y el tiempo en que se desarrolle el proceso de la consulta, que información se les debe trasladar, acordar el tiempo, y es posible que los representantes del pueblo Xinca requieran expertos para analizar la información que se les proporcione.

La realización de esta preconsulta se acordó en una reunión de octubre del 2020, se estableció que sería en abril del 2021 pero debido a las restricciones gubernamentales por un aumento de contagios de covid-19 en esas fechas se trasladó para este 21 de mayo.

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El MEM llevará propuestas metodológicas, pero no se impondrán sino se discutirán en la reunión para construirla de forma conjunta, se agregó.

Entre los acuerdos alcanzados se menciona que el proceso se efectuará dentro del marco de la cosmovisión, instituciones y sistemas propios de toma de decisión del Pueblo Xinca, refirió tanto Pérez como Quelbin Jiménez, abrogado del Parlamento Xinca.

Jiménez mencionó que sigue en pie la participación de la comunidad representada por dicha organización siempre y cuando se cumpla con ese acuerdo en mención.

La primera acción dentro del proceso de preconsulta será la realización de la evaluación de impacto cultural y espiritual del proyecto minero El Escobal en el pueblo Xinca, comentaros Pérez y Jiménez al referirse a otro de ellos acuerdos alcanzados el año pasado.

La consulta se hace a través de sus instituciones representativas, en este caso el Parlamento Xinca, no es comunidad por comunidad, sino a través de valores espirituales y la cosmovisión del pueblo Xinca.

#ConsultaMEMgt | La pre-consulta y consulta a Pueblos Indígenas son parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Guatemala a través del Convenio 169 de la OIT. pic.twitter.com/byX3GZ1UGN

— MEMguatemala (@MEMguatemala) October 16, 2020

El MEM ha estimado un presupuesto de Q3 millones para efectuar estos procesos.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dijo que hacer estos procesos ayudarán a dar certeza jurídica a las inversiones en Guatemala y a la actividad minera, y podrán permitir que se reactiven operaciones que estaban paradas. La suspensión de operaciones de este tipo de actividad económica no solo provoca caída en la recaudación fiscal sino impacta el crecimiento económico, agregó.

La mina empezó a operar en el 2014. El MEM no hizo las consultas comunitarias previas a la entrega de licencias de explotación minera, argumentando que los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Registro Nacional de Personas (Renap) referían que no había población xinca registrada en el área de influencia del proyecto minero. Sin embargo, en el 2017 fue suspendida la licencia en forma provisional y en el 2018 de forma definitiva y se ordenó la consulta a comunidades indígenas de lugar, en este caso a los xincas.

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Dicho yacimiento de la Minera San Rafael es considerada la segunda mina subterránea de plata más grande del mundo y se estimaba producir 22 millones de onzas de plata en un año, muy similar a las cifras de años anteriores a la suspensión, expusieron en el 2018 ejecutivos de la firma.

Otros procesos

• El 23 de marzo el MEM recibió la ejecutoria del proceso de amparo relacionado al derecho minero Fénix, ubicado en El Estor, Izabal por lo que están en la fase preparatoria para realizar el proceso de consultas.
• Respecto a la mina Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor o La Puya) en San José del Golfo y San Pedro, el MEM aún no ha recibido la ejecutoria por lo que no se puede empezar el proceso preparatorio. Esta sentencia aún no está firme porque la CC debe resolver ampliaciones que las partes presentaron, agregó el MEM.

La reunión está programada para el martes 20 de abril del 2021 a las 9 horas en la sede del Parlamento Xinca, que se ubica en el kilómetro 57.5, San Juan de Arana, municipio de Cuilapa del departamento de Santa Rosa.

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La convocatoria es parte de los procesos dictados en la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el 2018 por el caso de dicho campo propiedad de Minera San Rafael, y en el cuál están suspendidas las operaciones desde julio del 2017.

Los representantes que se convocan son de las entidades:

• Concejo Municipal de San Rafael Las Flores.
• Pueblo Indígena Xinca, representado por el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala.
• Ministerio de Cultura y Deportes.
• El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
• Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que funcionan en el municipio de San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, que constituyen el área del proyecto.
• El titular de los derechos mineros del proyecto de explotación con licencia El Escobal.
• El Procurador de los Derechos Humanos.
• La Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas que integran el Consejo Departamental de Desarrollo en Santa Rosa.
• La Comisión Presidencial de Diálogo.

Esta mesa es la que debe preparar la ruta que deberá llevar el proceso de consulta a las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto minero, establecido en el convenio 169 de la OIT.

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La compañía solicitó la licencia en el 2011, y le fue autorizada en el 2013, sin embargo, el Estado decidió no hacer consulta comunitaria argumentando que según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (Ine) y en el Renap no había registros de existencia de comunidades indígenas en el área de influencia. Años después diversas organizaciones presentaron amparos en contra.

La reserva de plata de El Escobal es considerada una de las más grandes en el mundo.

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El ministro Alberto Pimentel dijo que ese ente cuenta con los fondos para cubrir durante el año 2021 tres o cuatro consultas comunitarias.

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Entre estas ahora prevén la de la minera Fénix, para la cual estima que se necesitará entre Q1 millón a Q1 millón 200 mil, aunque podría variar, añadió.

El proceso podría efectuarse en El Estor. Además, el tiempo estimado entre las fases de preconsulta y de consulta es de entre 6 a 8 meses, con base a los tiempos estándar estimados, dijo el funcionario.

Para el proceso pendiente de Minera San Rafael se estima un monto de Q1.5 millones el cual posee el MEM en su presupuesto. En este caso se estimas tiempos de 3 meses de preconsulta y 6 meses para la consulta. Esta se hará en sede del Parlamento Xinca.

Se trata del campo El Escobal, a cargo de San Rafael, y para el cual se tiene programada la preconsulta para abril próximo.

Ambas consultas deben llevar a cabo procesos informativos y de organización, entre otros gastos.

“Se tiene la capacidad de realizarlas de forma simultánea”, agregó el ministro.

También está pendiente una por el proyecto minero El Tambor o Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, pero en este caso aún falta que se resuelvas aclaraciones o ampliaciones por parte de la CC, comentó el funcionario.

Por aparte se deberán efectuar consultas que no se derivan de resoluciones judiciales.

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Caso Minera Fénix, nueva resolución

La minera Fénix deberá seguir suspendida, además el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe delimitar el área de la licencia de explotación y efectuar una consulta comunitaria por el proyecto que se ubica en El Estor, Izabal, según confirmó la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pimentel, dijo que es una noticia positiva que se haya resuelto los recursos legales pendientes en este caso, sin embargo hasta el martes por la tarde no había sido notificado el ministerio.

El proceso legal que sigue es que después de la notificación la CC tiene que remitir el expediente a la Corte Suprema de Justica (CSJ), la cual debe emitir la ejecutoria de la sentencia, al momento de serles notificada esta se puede empezar a cumplir con las disposiciones ahí establecidas, explicó.

Las operaciones de extracción de la minera Fénix deben seguir suspendidas hasta que no se efectúe la consulta comunitaria con base a la resolución de la CC en el 2019, la sentencia del 2020 y la resolución que emitió el lunes 1 de marzo del 2021 acerca de las solicitudes de aclaración y ampliación que hicieron las partes.

La licencia original emitida por el MEM en el 2006 era de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2), pero según la CC en su sentencia del 2020, solo 6.29 Kms2 cuentan con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo que pidió al MEM delimitarla a esa área.

Además, declaró sin lugar las aclaraciones y ampliaciones solicitadas por varias partes. Una de estas fue presentada por la empresa operadora del proyecto solicitando que se reconocieran 17.05 Kms2 y no solo los 6.29 kms2 que se estableció en la sentencia.

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Se argumentó que el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales (Marn) había aprobado una ampliación al área del proyecto para esa extensión en el 2018, pero la CC refirió en un comunicado que al momento de aprobarse esa extensión por el ministerio ya se había emitido la licencia por lo que no podía reunir el carácter previo que exige la ley.

El MEM había suspendido la licencia el 17 de febrero recién pasado, casi un año y medio después de que la Corte emitiera su primera resolución al respecto en julio del 2019.

David Orellana, gerente de Relaciones Públicas de CGN-PRONICO, dijo que respecto a las nuevas resoluciones de la CC se pronunciarían hasta recibir la notificación y analizarla.

Mencionó sin embargo que están en riesgo unos 2 mil empleos, que por la reciente suspensión la empresa ya había suspendido 75 contratos de trabajadores y en la primera quincena de marzo se preveía suspender otros 300.

La empresa asegura que se cumplió con todos los requisitos necesarios, como la aprobación del EIA por el Marn, con los Informes de Producción Anual y el pago de impuestos establecidos según la normativa legal vigente.

“Al cancelar definitivamente las operaciones del proyecto, se ven en peligro más de 2 mil empleos directos de los cuales; más de 1 mil 100 puestos de trabajo son de habitantes del municipio de El Estor, Izabal”, se agregó.

Al menos 11 sectores económicos serán impactados por el cierre, debido al incumplimiento de contratos con más de 300 proveedores que generan unos cuatro mil empleos de forma indirecta, añadió la compañía.

Según datos de la firma la inversión actual del proyecto oscila en US$700 millones (unos Q5 mil 300 millones de quetzales) mientras que “la cancelación de este desincentiva al sector y refuerza un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de invertir en el país”.

Se añade que se seguirán cumpliendo con las obligaciones legales y compromisos ambientales adquiridos en la Licencia Ambiental como las acciones de mitigación ambiental y monitoreo hidrogeológico de las áreas de trabajo.

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Por aparte, Rafael Maldonado, abogado que ha asistido a la Gremial de Pescadores de El Estor, que impulsaron el amparo contra el proyecto minero, expuso por medio de un mensaje escrito que la sentencia emitida por la CC en el caso de la licencia minera Fénix el año pasado queda firme con la nueva resolución de la Corte con la cual rechazó los recursos de ampliación y aclaración interpuestos por varias partes.

Confirmó que se debe reducir el área de la licencia menos de 7 kms2 y aparte de desarrollarse un proceso de consulta a los pueblos indígenas por este campo, si se requieren nuevas licencias mineras, los pueblos indígenas deben ser consultados.

Tanto la Gremial de Pescadores como los abogados se sienten satisfechos de este fallo, con el fin de que los derechos de los pueblos indígenas no puedan ser vulnerados y violentados, agregó.

Piden reglamentaciones para implementar consultas por el convenio 169 de la OIT

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) compartió su preocupación por al menos a 11 sectores económicos que se verían impactados y el riesgo de pérdida de empleo indicando que son alrededor de 2 mil puestos de trabajo directos y mil indirectos, además que de nuevo se atenta contra el Estado de Derecho y a certeza jurídica del país.

En un comunicado emitido la noche del lunes, antes de que se conociera la nueva resolución de la CC, la Cámara había instado a dicha Corte a resolver los recursos legales pendientes con el fin de que se forma inmediata se pueda iniciar el proceso de consulta a los pueblos indígenas.

La Gremial de Industrias Extractivas también analizará la resolución antes de emitir un pronunciamiento, según dijo el vocero Alfredo Gálvez. Sin embargo adelantó que es perjudicial la suspensión de las actividades ya que el impacto que tiene el proyecto en la economía del país es grande hay y afectará a diversos proveedores de bienes y servicios que demanda un proyecto de esa magnitud como el consumo de electricidad, carbón, maquinaria, equipo de seguridad para el personal. “Dentro de estos perjudicados hay empresa familiares y pequeños negocios, micro y pequeñas empresas, el país no se puede desarrollar si cerramos la puerta a las oportunidades de negocios”, agregó.

La suspensión de actividades de la Mina Fénix afecta a la economía e imagen del país, disminuyendo la atracción de inversión.

No permitamos que se pierdan las oportunidades de trabajo formal. #CIG pic.twitter.com/1EqrE9GojX

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) March 2, 2021

Gálvez dijo que el plazo para la consulta va a depender de la voluntad del Estado el cual la debe de llevar a cabo y cubrir los gastos, y puede requerir varios años. Sin embargo dijo que en el presupuesto del MEM para este año no hay recursos asignados directamente para la consulta de Fénix.

El vocero de la Gremial refirió además que el gobierno debe reglamentar la aplicación de las consultas, definir qué actividades son sujetas de consulta y los procesos. Agregó que se hizo dos intentos, una durante el gobierno del presidente Álvaro Colom y otra en el de Jimmy Morales, pero en ninguna de los dos se llegó a la implementación.

El MEM por aparte refieren en su página electrónica que el Convenio 169 de la OIT referente a las consultas, es una ley vigente en el país y su aplicación es obligatoria, además que el Gobierno es el responsable de realizarlas por lo que dicha entidad trabaja en que se cumplan.

Sin embargo el ministerio refiere que derivado de la ausencia de un marco legal vigente que regule la realización y en cumplimiento de las sentencias emanadas de la Corte de Constitucionalidad para la realización de las consultas se sigue un proceso consistente en seis fases o etapas básicas, precedidas de una fase de pre consulta, salvaguardando la integridad cultural y de reparación de daños si los hubiera.

Fases y tiempos, según proceso detallado por el MEM:

Preconsulta

• Fase 0: 6 meses, gestiones administrativas internas
• Fase 1: 3 meses, identificación y reconocimiento de los pueblos indígenas
• Fase 2: de 2 a 3 meses, Convocatoria y preconsulta
• Fase 3: 3 meses, planeación y diseño de la consulta

Consulta:

• Fase 4: de 3 a 4 meses, evaluación y entrega de información
• Fase 5: 3 meses, diálogo intercultural
• Fase 6: indefinido, monitoreo y seguimiento

Además, se han instalado mesas de dialogo, cuyo objetivo y naturaleza es monitorear y evaluar el avance del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en tanto que las mesas conformadas de forma voluntaria y que tienen por objetivo fortalecer los lazos de comunicación y entendimiento ente los involucrados, se agregó. Se explica también que en la actualidad el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM está en coordinación con otras instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Cultura para agilizar la aprobación de los instrumentos legales relacionados con este tema.

#ComunicadoMEM | Las autoridades del @MEMguatemala se pronuncian respecto a la información proporcionada por la @CC_Guatemala sobre el caso del Derecho Minero Fénix.#JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/XsX0G2bbmU

— MEMguatemala (@MEMguatemala) March 2, 2021

De igual forma que la CIG y la Gremial de Industrias Extractivas, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) manifestó la semana pasada su preocupación porque la suspensión afecta la minería y desincentiva la atracción de inversiones, según declaraciones de Juan Pablo Carrasco, presidente de dicha Cámara.

Agregó que envía una señal negativa porque se perciben como expropiación de inversiones que ya estaban establecidas en el país, que lo ven esas decisiones como un partidismo judicial y no  objetivas. Expuso que siendo proyectos que ya vienen ejecutándose de años  pasados y tienen inversiones vigentes no se debería suspender la operación sino que ésta continúe mientras siguen los procesos que dispongan las autoridades.

A su criterio, al desincentivar la inversión no se protege los derechos de los pueblos indígenas sino que se les vulneran porque se les cortan las posibilidades de fuentes de trabajo, ingresos y mejores condiciones de vida, por lo cual migran.

Además, Amcham menciona la importancia de regular por medio del Organismo Ejecutivo el proceso de consulta bajo el convenio 169 de la OIT.

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicó que con el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala se estableció esa fecha con el objetivo de empezar la preconsulta con el pueblo Xinca, luego de acuerdos alcanzados durante el 2020.

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Pimentel explicó que también han tenido reuniones con otros actores. En este momento se está preparando la documentación del proceso y lanzar las convocatorias oficiales.

¿Cuánto podría tardar?

En la fase en mención se establecerán los pasos y el cronograma para la consulta comunitaria para ejecutar la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) y podría tardar entre 2 a 3 meses, pero el plazo es variable en cada caso, comentó Pimentel.

Según los plazos estimados por el MEM, un proceso de consulta y de preconsulta de los proyectos en general abarca seis fases, además de labores administrativas y puede abarcar entre 20 y 22 meses aparte del monitoreo que es parte de la sexta fase, aunque se pueden acortar o ser mayores dependiendo del avance que se logre.

En el caso de la mina de San Rafael, está en la fase dos de convocatoria y preconsulta, es decir, ya han recorrido por lo que de cumplirse la estimación de fases de un proyecto le podría faltar entre 11 y 13 meses además de la fase del monitoreo, pero también dependerá de que avances y dificultades enfrente.

Las operaciones de la mina, ubicada en el departamento de Santa Rosa, están suspendidas con resolución provisional de julio del 2017 y posterior sentencia de septiembre del 2018, la Corte argumentó que no se había realizado la consulta respectiva.

El funcionario indicó que prevén que la preconsulta pueda llevar alrededor de dos a tres meses, pero dependerá del avance.

Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinca, no se les ha convocado oficialmente para esa fecha, pero reconoció los acuerdos alcanzados en el diálogo con las autoridades el año pasado.

El diálogo inició en febrero del 2020 y en octubre se acordó retomar el proceso para la preconsulta, se tenía previsto definir una fecha en noviembre, sin embargo, es hasta el presente mes que el ministro confirma una fecha.

Jiménez explicó que se logró solventar la diferencia de criterios acerca de quienes podían participar por lo que se estableció que proceso se realizará dentro del marco de la cosmovisión, instituciones y sistemas propios de toma de decisión de dichos pueblos indígenas y el MEM aceptó que parte del pueblo Xinca participen los 59 representantes a quienes reconoció y acredita como sus interlocutores y representantes en el proceso de preconsulta y consulta.

La primera acción dentro del proceso de preconsulta será la Evaluación del Impacto Cultural y Espiritual del proyecto minero El Escobal en el Pueblo Xinca, dijo el abogado pero mencionó que no sabe cuánto tiempo se necesitará.

Jimenez agregó que otro de los acuerdos es que el MEM debía informar los representantes de la compañía Panamerican Silver Guatemala (propietaria del derecho minero El Escobal) el sentir del Parlamento del Pueblo Xinca acerca de las actividades que realizan en la región y las cuáles consideran un acto de mala fe y que atenta contra el carácter libre de la consulta.

La postura de Minera San Rafael

La compañía Pan American Silver Guatemala respondió que entiende que el MEM y el Parlamento Xinca han acordado iniciar las reuniones de preconsulta según el Convenio 169 de la OIT ordenado por la CC pero también reconoce que ha existido un retraso en dicho proceso, por una parte por las elecciones generales del 2019 en el país, así como por el impacto que la pandemia del covid-19 ha tenido en Guatemala.

“Estamos satisfechos de contar con una fecha en firme para el inicio de la fase de preconsulta y esperamos que ésta se lleve a cabo de manera inclusiva, con una amplia participación y respetando el derecho del Pueblo Xinca a ser consultado. Como empresa participaremos cuando seamos convocados y esperamos que la proceso avance sin más retrasos cumpliendo con lo ordenado por la CC”, se agregó en su respuesta por correo electrónico.

Expusieron que la mina El Escobal no está operando y continúa con las actividades de cuidado y mantenimiento, además de que aún no cuentan con una fecha para el posible reinicio de la mina o del proceso de consulta. Añade que las actividades de cuidado y mantenimiento están enfocadas en los requisitos para cumplir con el Plan de Gestión Ambiental, incluyendo actividades limitadas de relacionamiento comunitario, así como respetando los compromisos existentes y respondiendo a las solicitudes de información relacionadas con las actividades de la compañía.

“Como parte de estas actividades hemos sido abiertos y transparentes con autoridades nacionales y locales sobre el transporte de insumos esenciales necesarios para cumplir con nuestras actividades de cuidado y mantenimiento”, detalló la empresa al ser consultada sobre denuncias de que estaban operando.

“Hemos participado en un diálogo abierto, transparente y sincero con las comunidades cercanas a la mina El Escobal, atendiendo sus preocupaciones y apoyando a aquellas que, por la pandemia, solicitaron nuestra ayuda en el inicio de la crisis, apoyo que dimos sin ninguna condición”, se informó al ser consultados sobre lo expuesto por Jiménez acerca de intención de buscar apoyo de la población dentro del proceso de consulta.

Otros proyectos

El ministro indicó que respecto a los otros dos proyectos que también tienen resoluciones de la CC, en el caso de la mina El Tambor o Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, así como del proyecto Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, y es operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, han tenido acercamientos con comunitarios pero los procesos de consulta no se pueden iniciar aún porque se está a la espera de la ejecutoria de las dos sentencias emitidas en el 2020 la cual está pendiente de aclaraciones y ampliaciones interpuestas. Sin embargo, se espera poder iniciarlas en el segundo semestre del presente año.

Fénix fue suspendida de manera provisional por la CC en julio del 2019 y resolución definitiva en junio del 2020 con la que decidió mantener suspendida la licencia suspendida, además resolvió que el MEM debía delimitar el espacio territorial de la licencia minera, que fue emitida por ese ministerio por 247.99 kilómetros cuadrados, a solo los 6.29 kilómetros cuadrados porque es la que sí cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El MEM deberá realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de preconsulta y consulta previsto en el Convenio 169 de la OIT con los pueblos asentados en el área de influencia del proyecto minero Fénix. Pero la CC ordenó mantener en suspensión la explotación minera de los 6.29 Kms2, en tanto no concluya el proceso de consulta.

Respecto de La Puya, la operación fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC. También en el 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó efectuar la consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones.

Licencias y producción

• Según datos del MEM al 30 de noviembre había vigentes 304 licencias de explotación de minerales metálicos y no metálicos, 27 de exploración y 1 de reconocimiento. En el 2020 solo se otorgó un a de exploración.
• La producción minera de no metálicos en el 2019 fue de Q241.8 millones, y la de metálicos fue de Q75.3 millones.
• Los años recientes de mayor producción de materiales metálicos fue el 2011 con Q7 mil 110 millones, el 2014 con Q5 mil 741 millones, nivel que se mantuvo en el 2015 y 2016. Posteriormente bajó.

Con esta decisión, son tres los proyectos mineros a los que CC ha suspendido la licencia y operación ya que en septiembre del 2018 confirmó la suspensión del campo El Escobal de Minera San Rafael y la semana pasada también emitió sentencia para mantener suspendida la mina Fénix de CGN.

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Alfredo Gálvez, vocero de esa Gremial de Industrias Extractivas, dijo que estas decisiones ponen en riesgo inversiones millonarias y crean un futuro obscuro para el sector de minas en el país.

Datos del sector refieren que las inversiones en riesgo llegarían a US$3 mil 100 millones. De estos, según Gálvez en el campo Fénix se han invertido US$800 millones y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se preveía invertir otros US$1 mil millones con la intención de duplicar la producción.

Mientras que para El Tambor, también conocida como “Progreso VII Derivada”, se invirtieron alrededor de US$300 millones.

Según el vocero de la Gremial para el campo de Minera San Rafael la inversión fue de unos US$1 mil millones, aunque la empresa maneja la cifra oficial de US$506 millones.

En conjunto significaría unos 8 mil 500 empleos, entre directos e indirectos, agregó Gálvez.

El sector minero en Guatemala depende de la inversión extranjera y esas sentencias lo único que hacen es enviar señales negativas por lo que buscan otros países para destinar sus inversiones y transferencia de tecnología, expuso Gálvez. “En este momento no queda operando ninguna mina de metales y se observa que el futuro es obscuro para el sector”, agregó el directivo.

Recordó que tampoco se ha podido hacer exploración porque las sentencias de la Corte ponen en el mismo nivel las licencias de exploración que las de explotación. A eso se suma que desde el 2008 ha existido una moratoria en la cual el gobierno de Álvaro Colom, situación similar siguió en las administraciones de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales, comentó.

“Ya son 12 años en los que el sector ha estado deprimido. Si antes ocupaba el puesto 95 de 130 atracción de interés para la actividad minera a nivel mundial países, hoy estamos en el puesto 129”, comentó el directivo.

A consideración de Gálvez ese tipo de sentencias ponen en riesgo otros proyectos de minería no metálica, hidroeléctricas u otros ya que Guatemala es un país donde los pueblos indígenas viven dispersos en todo el territorio y cualquier persona puede decir que sus derechos están siendo violados bajo el amparo de estas sentencias.

Rafael Maldonado, abogado que ha llevado varios de estos casos, dijo que con la sentencia en el caso de La Puya suman tres decisiones iguales para tres proyectos mineros en las cuales la Corte emite la suspensión y pide la consulta comunitaria a los pueblos indígenas.

Hugo Maul Figueroa, ex magistrado de la CC, menciona que a su criterio no se pueden hacer operativo el convenio 169 de la OIT, que establece este tipo de consultas, porque, aunque fue ratificado por el Congreso hace falta un reglamento para hacerlo operativo.

Caso La Puya

El Centro de Acción Legal y Social de Guatemala (Calas) informó que fueron notificados de la sentencia de la CC por el caso de La Puya, en la cual aparte de suspender la licencia, pide al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que determine los datos demográficos de la población indígena que es afectada por el proyecto minero y le fija un plazo preparatorio de 12 meses para realizar el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Según un comunicado de Calas, la CC estableció que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe ordenar Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (propietaria de La Puya), que presente la actualización del Plan de Gestión Ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental que le fue aprobado, en el plazo de 15 días.

MEM pide aclaración por caso Fénix y hará hoja de ruta para La Puya

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, indicó que el 24 de junio del 2020 el ministerio fue notificado de la sentencia de la CC por el caso de la mina Fénix.

Luego de haber efectuado el análisis, dicha entidad presentó un recurso de aclaración y ampliación en contra de la sentencia debido a que, según explica el funcionario, no hay claridad en algunas instrucciones, entre estas si con la reducción del área de la licencia minera, la parte que sí cubriría la licencia puede o no continuar con la explotación del área.

Además, dijo que el MEM tiene conocimiento que existe un instrumento ambiental aprobado para un área mayor que la corte señala. La CC indicó que de los 247 kilómetros cuadrados que les autorizó ese ministerio la licencia, solo 6.28 kilómetros cuadrados tiene estudio de impacto ambiental (EIA).

Pimentel indicó que luego de que se aclaren esos puntos el MEM procederá a cumplir con la consulta comunitaria o procedimientos que se deriven de la sentencia.

También el 24 de junio dicho ministerio fue notificado de la sentencia de la CC respecto de la mina La Puya o Progreso VII derivada. Para este caso se hará la hoja de ruta para cumplir con lo establecido que incluye la realización de la consulta.

En breve

• 2016 y 2020: La Puya, se ubica en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala. La operación fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC. En junio del 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordena consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones.
• 2017 y 2018: En 5 de julio del 2017 la CSJ suspendió el área El Escobal de Minera San Rafael, ese mismo año emitió suspensión provisional la CC y la cual emitió sentencia en septiembre del 2018 indicando que podría operar pero antes deberá efectuar la consulta comunitaria la cual no se ha efectuado. El proyecto se ubica en el municipio San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
• 2019 y 2020: La CC suspendió de forma provisional la licencia de la mina Fénix ubicada en El Estor, Izabal, en julio del 2019. En junio del 2020 emitió sentencia, también confirmando la suspensión y ordenando la consulta comunitaria. Además, reduce el área que cubre la licencia emitida por el MEM.

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Las operaciones de El Escobal se mantienen suspendidas desde el 5 julio del 2017, inicialmente por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la cual luego revocó su decisión, pero hubo una suspensión por la Corte de Constitucionalidad (CC) en ese mismo año.

La CC emitió sentencia en septiembre del 2018 en la cual estableció que podrá empezar a operar siempre y cuando se cumpla con realizar una consulta comunitaria a la población indígena del área de influencia. Ese proceso lo tiene a cargo el Estado por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Aunque no fijó un plazo esa corte estableció en su sentencia que debía efectuarse de forma inmediata.

En noviembre del 2018 el MEM anunció que inició el proceso para efectuar las consultas, se buscaba instalar una mesa de preconsulta y la convocatoria a las entidades definidas por la CC para participar. Ese proceso inició con una fase de información y posterior convocatoria.

Sin embargo a la fecha no se ha logrado efectuar la preconsulta indicó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas.

“Estamos preocupados por el hecho de la suspensión, por parte de la Corte, a un derecho minero que fue otorgado en ley y que quien incumplió fue el Estado. La falta de consulta es un error del Estado” dijo el directivo.

Procesos de consultas

A raíz de esa sentencia el MEM les ha informado que ha estado trabajando en realizar la preconsulta pero que ha tomado más tiempo del que ellos esperaban debido a que la comunidad Xinca no está de acuerdo con la sentencia y han puesto una serie de obstáculos para se lleve a cabo agregó Gálvez al indicar que esa postura de también es preocupante.

Todo el proceso de consultas ordenado para la hidroeléctrica Oxec, también ordenado por una sentencia de la CC en el 2017 duró unos seis meses, y el sector esperaba que para la Minera San Rafael tardara unos cuatros meses. Sin embargo, en este caso a la fecha han transcurrido 10 meses desde la sentencia.

El vocero de la Gremial dijo que personeros de la minera están preocupados por el tiempo que está tomando que se concrete la consulta, sin embargo agregó que les indicaron que serán pacientes para que el Estado pueda realizar la consultada y que en futuro cercano pueda reactivar las operaciones y producir.

Del total de trabajadores que tenía esa empresa se ha despedido a mil, agregó. Muchos de ellos debieron emigrar a Estados Unidos, mencionó.

Consultada la Minera San Rafael al respecto del proceso pendiente y la situación luego de dos años de suspensión respondió que durante este tiempo la compañía ha sido respetuosa de la resolución de las Cortes y por lo tanto, el proyecto actualmente no está operando y está bajo cuidado y mantenimiento indicó Andrés Dávila, gerente de Comunicaciones Corporativas de Pan American Silver en Guatemala.

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Pan American Silver adquirió la compañía Tahoe Resources a inicios del 2019, con lo cual pasó a ser propietaria de la Minera San Rafael.

“Nuestro objetivo es construir una relación duradera y positiva con todos los grupos de interés en la región y establecer una reputación como un socio honesto y creíble con nuestras comunidades de interés. En este momento estamos enfocados en construir un diálogo abierto y honesto para comprender más profundidad las expectativas y preocupaciones que la población tiene sobre el proyecto” añadió Dávila.

El mandato de la Corte fue claro de que el gobierno de Guatemala debe completar la consulta a comunidades indígenas según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proceso que está siendo dirigido por MEM y “donde somos una parte interesada” agregó el ejecutivo.

La postura del Pueblo Xinca

Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca explicó que desde octubre del 2018 empezaron a denunciar desde octubre del año pasado irregularidades en los procesos de consulta que se estaban implementando luego de la sentencia de la CC.

Una de esas denuncias y solicitudes hechas a varias instancias es que se les garantice la participación en el proceso de consulta que ordenó dicha Corte, la cual estableció que el Pueblo Xinca debe participar en todas las fases del proceso.

Con base a esa sentencia nombraron para la preconsulta a 59 representantes pero el MEM ha limitado la participación y que refiere que solo puede nombrar a dos titulares y a dos suplentes, explicó el abogado.

“La CC dice que el Pueblo Xinca debe nombrar a sus representantes de acuerdo a sus formas propias de organización, y no lo limita a dos. Además la Procuraduría de Derechos Humanos ha mencionado que es una clara violación que no se acepten más”, agregó. Por ello, dijo que “no se ha establecido la mesa de preconsulta y creemos que se debe a la falta de voluntad del MEM”.

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También habían efectuado solicitudes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) de involucrarlos en el proceso para estudios y definición del área de influencia, pero no les respondieron.

El Marn ya definió el área de influencia del proyecto para definir las comunidades a consultar, pero según el abogado se hizo sin tomar en cuenta los criterios que la Corte estableció. Sin embargo, agregó posteriormente han mostrado más apertura y les manifestaron que tienen la intención de que se cumpla en los estándares internacionales.

“Queremos pensar que son errores u omisiones del proceso por falta de conocimiento y de experiencia de ese tipo de procesos” dijo Jiménez y que esperan que se corrijan los procesos.

La intención es que se hagan los procesos correctamente. De nada nos serviría ir a un proceso de consulta y que luego se vaya a declarar por la Corte que es un proceso viciado o ilegal. Queremos que se siente un precedente de cómo se debe hacer un proceso de consultas” dijo el abogado del Pueblo Xinca.

¿Tiene futuro el sector de minería?

Gálvez indicó al no haber una reglamentación del Convenio 169 la situación que atraviesa la Minera San Rafael no solo afecta al sector minero sino al país porque esta es solo una de muchas industrias o actividades productivas que podrían ser objeto de Consulta.

“Es necesario que se formule por parte del Estado la ley o reglamento respectivo para el Convenio 169”.

La CC estableció en su sentencia de mayo del 2017 respecto al caso de la Hidroeléctrica Oxec, un año para que el Congreso emitiera una ley respectiva. A la fecha no se ha concretado.

Respecto al futuro del sector minero en el país el vocero de la Gremial dijo que “el sector está en franca contracción, la única empresa que está operando en minerales metálicos es la Compañía Guatemalteca de Níquel”.

Gálvez expuso que en las condiciones actuales el sector minero no tiene futuro en el país ya que no se permite al MEM autorizar licencias de exploración. Según la sentencia de la CC no solo las licencias de explotación necesitan una consulta a las comunidades indígenas del área de influencia, sino que también las licencias de exploración, agregó.

“En la sentencia queda tácitamente esa orden, si no el Estado no hace consulta no puede otorgar licencias de exploración”.

Sin exploración no se puede pasar luego a atraer inversión para la explotación, dijo. El Estado deberá cambiar la dinámica y efectuar por si mismo la exploración, agregó.

La Minera San Rafael ha indicado en varias oportunidades el efecto de la suspensión, por cada día de suspensión la pérdida para la economía del Q5.1 millones diarios en promedio, han indicado. Esta cifra se divide en Q1.2 millones que se dejan de pagar en impuestos y regalías, Q3.6 millones a proveedores y alrededor de Q400 en salarios.

En dos años de suspensión ese dato representaría Q3 mil 723 millones.

Se pidió información al MEM respecto del proceso de la consulta comunitaria pero no respondieron a la solicitud.

CC definió a quiénes se debe convocar

Las entidades definidas por esa Corte, y que deberán nombrar representantes para la mesa en la preconculta son:

1. Concejo Municipal del área de influencia
2. Comunidades indígenas del área de influencia (que pueden ser representadas por el Parlamento Xinca o representantes que la población decida)
3. Ministerio de Cultura y Deportes
4. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
5. Consejos Comunitarios de Desarrollo del área de influencia
6. Minera San Rafael
7. Procuraduría de Derechos Humanos
8. Ministerio de Energía y Minas
9. Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades Privadas representadas en el Consejo Departamental de Desarrollo del área de influencia.
10. Comisión Presidencial de Diálogo

Cronología

• La licencia de Juan Bosco fue autorizada en el 2012 y la de El Escobal en el 2013.
• La operación del proyecto está suspendida desde el 5 de julio del 2017, por sentencia de la CSJ, suspensión que ha mantenido la CC.
• Posteriormente el MEM informó que no se efectuó consulta comunitaria ya que con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (Ine) y del Registro Nacional de Personas (Renap) no se determinó la existencia de comunidades indígenas en el área de influencia.
• El 3 de septiembre del 2018 la CC emitió sentencia indicando que podrá empezar a operar, pero el MEM debe de efectuar “de inmediato” una consulta a las comunidades indígenas
• El 15 de noviembre del 2018 el MEM anunció que inició el proceso para efectuar las consultas. Se haría una fase de información, luego convocatoria a preconsulta, instalación de la mesa de preconsulta y posterior consulta.
• El 19 de noviembre del 2018 El Pueblo Xinca presentó en la CSJ denuncias contra los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas (MEM), así como a la minera argumentando ilegalidades en la forma en que nuevo se definió el área de influencia del proyecto El Escobal para hacer la consulta. Las denuncias no prosperaron.
• El 8 de enero del 2019 la compañía Pan American Silver aprobó la adquisición de Tahoe Resources, con lo cual pasó a ser propietaria de la Minera San Rafael. El anunció de la adquisición se había efectuado en noviembre del año anterior y se concretó en febrero del presente año.
• 5 de julio del 2019 no se ha efectuado la preconsulta y la consulta que debe llevar a cabo el Estado por medio del MEM.

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Pan American Silver acordó en noviembre pasado comprar a la compañía Tahoe Resources, propietaria de Minera San Rafael, por US$1 mil 067 millones de precio base y para este martes se prevé la votación de los accionistas de ambas empresas en una reunión en Canadá.

La canadiense Tahoe Resources es la actual de la Minera San Rafael, en Guatemala y que posee el campo minero en el país, considerado una de las reservas más grandes de plata del mundo.

Las operaciones de El Escobal se encuentran suspendidas desde julio del 2017 inicialmente por resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente por decisión de la  Corte de Constitucionalidad (CC).

Esa Corte estableció su sentencia que podrá empezar a operar siempre y cuando se cumpla con realizar una consulta comunitaria a la población indígena del área de influencia, proceso que tiene a cargo el Estado por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael indicó que sigue en pie la votación y respecto al precio base mencionó que puede variar porque dependerá de la decisión de cada accionista si recibir dinero o adquirir acciones de Pan American Silver.

“La importancia de esta transacción, no solo es positiva para la empresa sino para el país ya que el hecho de que Pan American Silver esté adquiriendo Tahoe, incluyendo la Minera San Rafael, es una muestra de confianza para continuar invirtiendo en Guatemala” dijo el ejecutivo.

En este momento minera San Rafael y sus propietarios no le interesa entablar demandas contra el Estado de Guatemala debido a la suspensión de la licencia en Guatemala. Se encuentran pendientes que se realice la consulta a los pueblos indígenas que ordenó la CC, agregó Dávila.
Recordó que Pan American indicó, desde que se anunció la compra de Tahoe, que serán respetuosos del proceso de consulta que se lleva a cabo en el país.

Los accionistas de Pan American y de Tahoe serán propietarios del 68% y del 32% de la compañía resultante, respectivamente, se agregó.

Expectativas por reinicio de operaciones de El Escobal

Luego de la adquisición, resultará una compañía con las siguientes características como que poseerá el portafolio minero de plata de clase mundial y diversificado a lo largo de América y la concentración de las mayores reservas de plata del mundo y mayores recursos medidos.

En la información emitida en noviembre pasadp las empresas también mencionan que “tendrán un perfil de crecimiento robusto” tras la potencial reincorporación productiva de la mina de plata de El Escobal, una vez completado el proceso de consulta y relacionamiento comunitario”.

Se agrega que “El Escobal es una mina bien construida que se encuentra en condicionas óptimas para reiniciar sus operaciones con un mínimo desembolso de capital y un riesgo de ejecución mínimo”.

Esa mina produjo 21 millones de onzas de plata a un costo de US$8.63 por onza durante sus 12 últimos meses de producción ininterrumpida, se indicó.

Tienen altas expectativas La Colorada y el potencial desarrollo del proyecto Navidad “el depósito de plata no desarrollado más grande del mundo” que representan un potencial de expansión significativo para la Compañía.

Las compañías anunciaron que la posición financiera y acceso a capital sólidos, permitiendo la solvencia necesaria para avanzar en proyectos claves.

Condiciones

Las empresas informaron, en noviembre pasado, cuando anunciaron la transacción que esta será implementada por medio de un plan de arreglo aprobado por la corte bajo el Business Corporations Act (con sede en Columbia Británica) y requerirá aprobación de la siguiente manera:

• El 66 y dos tercios por ciento de los votos emitidos por los accionistas de Tahoe presentes en persona o representados por un tercero.
• Si es aplicable, una mayoría simple de votos ejercidos por los accionistas de Tahoe después de excluir cualquier voto de las partes relacionadas y partes interesadas y otras personas requeridas de ser excluidas bajo los mandatos de transacciones especiales en Canadá.
• Para completar la transacción se requerirá la aprobación de la mayoría simple de los accionistas de *Pan American para emitir las nuevas acciones emitidas.
• Y, del 66 y dos tercios por ciento de los accionistas de esta empresa para incrementar la base accionaria autorizada.
• Se espera que el cierre de la transacción se dé durante el primer trimestre del 2019, que incluiría a El Escobal y de Minera San Rafael.

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El abogado Mario Rodolfo Passarelli presentó a título personal la denuncia en contra de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tres de ellos ya enfrentan dos denuncias que están pendientes de trámite en la Corte Suprema de Justicia.

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Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional. 

La Corte de Constitucionalidad resolvió 425 días después de que la mina suspendió las operaciones, atraso que según la empresa habría representado el despido de unas 700 personas y pérdidas para el Estado de hasta Q467.5 millones por impuestos y regalías.

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Según la denuncia presentada por Passarelli y que por la que ya se inhibió el Juzgado Séptimo Penal, la CC habría incurrido en el delito de retraso malicioso de la justicia, al esperar más de un año para resolver. Sin embargo, el magistrado Bonerge Mejía, quien presidió la Corte ese 3 de septiembre por la ausencia por viaje de la magistrada Dina Ochoa, justificó en esa oportunidad el atraso en que habían más de ocho mil folios y otros documentos multimedia que debían ser analizados.

El Juzgado Séptimo ya se inhibió de conocer la denuncia por competencia, según lo ordena la Ley en Materia de Antejuicio, por lo que el expediente ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y está, junto a las otras dos acciones, en espera de ser agendado para conocerse en el pleno de magistrados y decidir si se remiten al Congreso. En este escenario, el Organismo Legislativo debería abrir un proceso de antejuicio por cada una de las denuncias que reciba, sin importar que sean contra el mismo magistrado.

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

CSJ acumula procesos

Hasta ahora son tres procesos de antejuicio que la CSJ debe conocer y decidir si ameritan ser enviados al Congreso para que los conozca. En caso los magistrados de la CSJ determinen que son denuncias espurias o políticas podría rechazarlas y cerrar ahí los procesos.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Boenerge Mejía Orellana y Gloria Porras acumulan hasta ahora tres denuncias que podrían significar tres procesos distintos de antejuicio si así lo considera la CSJ.

Los tres magistrados fueron incluidos en acciones penales presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Dignatarios de la Nación y la presentada por el abogado Passarelli.

Phillip Conte, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Bor y José Mynor Par, figuran solo en la denuncia presentada por Passarelli.

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El abogado del Parlamento Xinca Quelbin Jiménez dijo que el MARN les notificó una resolución que catalogan ilegal ya que contiene la aprobación del área de influencia de dicho proyecto pero que a su consideración fue definido de manera irregular porque no integró a la población xinca. Agregó que no se basaron en criterios técnicos y científicos, aunque no detalló al respecto. 

Critican que hay supuesta complicidad entre ambos ministerios y la empresa porque el MEM inició un proceso de preconsulta basado en esa misma definición del área.

Por esos aspectos solicitaron a la CSJ que emita las medidas necesarias para la debida ejecución de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) y en varias oportunidades “han solicitado que se certifique lo penal conducente en contra dichos ministerios y Minera San Rafael, por el delito de desobediencia” añadió el representante.

También explicó que la CC en su sentencia del 3 de septiembre pasado, resolvió que al no dar participación en los estudios de impacto ambiental de los proyectos impugnados a la población xinca “implica la nulidad de pleno derecho de la declaración de impacto ambiental que dio lugar a la concesión de las licencias de los proyectos en cuestión”. 

Basado en eso, expuso el abogado, que la forma en que efectuaron la revisión del área de influencia “es nula y debe ser declarada así” por la CSJ.

Proceso acorde a sentencia

Andrés Dávila gerente de comunicaciones de la Minera San Rafael dijo que la CC fue clara al indicar que las partes que tenían que participar en la revisión del estudio de impacto ambiental (EIA) eran el MARN, las universidades de San Carlos de Guatemala y del Valle de Guatemala, así como el consultor que llevó a cabo en un inicio el análisis de ese estudio por parte de la empresa.

Según dicha empresa el MARN cumplió con esa sentencia y con los plazos emitidos por la CC.

Dávila agregó que la nueva denuncia “les sorprende porque ellos (población xinca) son las partes interesadas en que se lleve a cabo la consulta ya que aducen que no se hizo (inicialmente)” y añadió que “en el momento en que recurran a estos tecnicismos legales lo que buscan es atrasar esa consulta”.

El ejecutivo mencionó que la empresa apoya la consulta y respetan la sentencia por lo que esperan que se lleve a cabo sin atrasos.

En breve

• El MEM anunció el jueves 15 de noviembre que inició el proceso para efectuar las consultas para lo cual instaló una mesa de preconsulta y está convocando a las entidades definidas por la CC para participar.
• La operación del proyecto está suspendida desde el 5 de julio del 2017, por sentencia de la CSJ, suspensión que ha mantenido la CC.
• El 3 de septiembre del 2018 la CC emitió sentencia indicando que podrá empezar a operar, pero el MEM debe de efectuar “de inmediato” una consulta a las comunidades indígenas.

La importancia de esa mesa en que en esta se definirán los mecanismos para realizar las consultas a las comunidades indígenas del área de influencia, respecto al derecho minero de El Escobal con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dio a conocer el MEM en su cuenta de Twitter la semana pasada.

Para la preconsulta

Las entidades que deberá convocar el MEM para la mesa de preconsulta, según la sentencia de la CC son:

• Concejo Municipal del área de influencia
• Comunidades indígenas del área de influencia (que pueden ser representadas por el Parlamento Xinca o representantes que la población decida)
• Ministerio de Cultura y Deportes
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
• Consejos Comunitarios de Desarrollo del área de influencia
• Minera San Rafael
• Procuraduría de Derechos Humanos
• Ministerio de Energía y Minas
• Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidades Privadas representadas en el Consejo Departamental de Desarrollo del área de influencia.
• Comisión Presidencial de Diálogo

Según ese mismo fallo los actores que deberán participar posteriormente en la consulta son las comunidades, el MEM y la minera.

Área

Las comunidades que se ubican en el área de influencia, según información proporcionada por la Mina San Rafael, son:

• El área de la licencia es de 19.8 kilómetros cuadrados (Kms2).
• El área de influencia determinada es de 33 Km2.
• Según la CC, contempla el municipio de San Rafael Las Flores.
• Con base a esos datos se han incluido 10 comunidades como: Los Planes, La Cuchilla, El Fucío, Las Nueces, Sábana Redonda, El Volcancito, San Juan Bosco, Estanzuelas, El Quequexque y el casco urbano de San Rafael Las Flores.

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Esta semana la empresa canadiense Pan American Silver anunció la compra de la empresa Tahoe Resources, propietaria de la Minera San Rafael, entre otras. ¿Qué repercusiones tiene esta decisión para Guatemala? Yo considero que es una buena noticia, con algunos matices.

¿Por qué considero que es una buena noticia? Permitame elaborar. Pan American Silver es la segunda empresa minera de plata más grande del mundo. De hecho, con la compra de Tahoe se convierte en la minera de plata más grande del mundo, tanto en capitalización bursátil como en reservas de plata. Tiene minas en varios países del continente americano: Canadá, México, Perú, Bolivia y Argentina, entre otros.

Esto implica que, a pesar de los problemas que hay en Guatemala, a pesar de la falta de certeza jurídica, a pesar de las erráticas decisiones de los tribunales, a pesar de los altos impuestos, a pesar de la “conflictividad” asusada por pequeños grupos enemigos de los pobres y del desarrollo, a pesar de la inseguridad, a pesar de todos los pesares, alguien se anima a invertir en Guatemala. Eso es algo que puedo respetar.

La ventaja principal de que sea una empresa más grande, es que tiene más recursos para llevar a feliz término el proceso que falta para cumplir con los requisitos establecidos por la Corte de Constitucionalidad.

Ahora los matices. Lamento mucho que la razón de ser de esta transacción sea todos los problemas y pérdidas ocasionados por las decisiones absurdas tomadas por la Corte de Constitucionalidad. Perdieron los inversionistas de Tahoe, perdieron los miles de empleados de la minera y las empresas proveedoras, perdieron todos los habitantes de San Rafael, perdimos todos los guatemaltecos con la reducción de inversiones y fuentes de empleo como consecuencia de la falta de certeza jurídica ocasionada por la CC, y hasta el gobierno perdió cientos de millones de quetzales de impuestos que dejó de recibir.

Lo que me lleva al rumor de que era la estrategia de Soros para quedarse con la mina barata. No me extrañaría que ese fuera uno de los intereses de Soros, pero si lo fue en este caso, por lo menos públicamente, no se refleja en los números. Soros sí invirtió un poco más de $10 millones en Pan American Silver hace algunos años, pero recientemente, según la información pública, ya había salido de esa inversión. En todo caso, el monto invertido era apenas el 0.5 por ciento del capital flotante de la empresa, y un porcentaje de seguro mucho más pequeño de la fortuna de Soros, así que atribuirle esta transacción es hilar demasiado fino.

Al final, aunque no haya sido Soros, el efecto es el mismo. El precio de las acciones de Tahoe bajó casi hasta el suelo como consecuencia de la decisión de la CC, y ahora la empresa que la está comprando obtuvo una ganga, aunque no sin riesgo, porque si no logran que opere la mina perderían parte de la inversión. Sin embargo, ellos consideran que si van a poder reabrir la operación y por eso se animaron a hacer la inversión.

Yo también espero, por el bien de todos los guatemaltecos, que logren finalizar el proceso, cumplir con todos los requisitos que puso la CC y reinicien las operaciones lo más pronto posible. Es la forma de que muchos guatemaltecos recuperen su trabajo, y de que se renueven las esperanzas de que la inversión empiece a retornar a nuestro país. Los tres magistrados de la CC responsables de esta decisión no tienen ni idea de la cantidad de vidas que destruyeron. Esperemos que algún día paguen las consecuencias de sus decisiones.

Fb/jjliber

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La transacción podría finalizarse en enero del 2019 cuando los accionistas voten al respecto. Pan American Silver se quedaría con las dos terceras partes de Tahoe Resources (alrededor del 68%) y los accionistas actuales de ésta última se quedarían con el 32%). La transacción se hará pagaderos en efectivo o por medio de acciones.

Al comentar sobre la transacción, Michael Steinmann, presidente y director ejecutivo de Pan American Silver dijo que “La combinación de Pan American y Tahoe establecerá la principal mina de plata del mundo” y generará más oportunidades de crecimiento superiores y operaciones atractivas.

Agregó que “esta transacción duplica nuestras reservas de plata y mejora aún más nuestro perfil de costos” según el boletín emitido por las dos empresas.

• En la actualidad Pan American Silver es propietaria y opera seis minas ubicadas en México, Perú, Argentina y Bolivia entre estas La Colorada, Dolores, Huaron, Morococha, San Vicente, Espejo Manantial.
• La Colorada, En Zacatecas, México, es la mina de plata más grande de esta empresa que tuvo su más reciente expansión en el 2017 y sobre la cual se ha anunciado “un gran descubrimiento”.

Kevin McArthur, Presidente Ejecutivo de Tahoe Resources también se refirió al tema y dijo que “esta transacción permite a nuestros accionistas participe en la creación de la principal compañía de plata del mundo con la contribución de la clase mundial” y que El Escobal pasará a formar parte de los activos de Pan American, según el boletín en mención.

Tahoe Resources y Pan American Silver hicieron público el interés mientras que MSR lo divulgó en Guatemala mediante un comunicado. Sin embargo, aún falta que los accionistas de ambas compañías estén de acuerdo por lo que la fusión de completará en enero del 2019, se agregó.

La oferta, representó casi el 35% por ciento sobre el precio promedio de las acciones de Tahoe Resources en los últimos 20 días, e hizo que las acciones de Tahoe subieran 45%, mientras que las acciones de Pan American cayeron 12.5%, informaron medios internacionales.

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La empresa  “cuenta con más de 25 años de experiencia operando minas en Latinoamérica, y cuenta con un récord comprobable de operaciones responsables, y relaciones positivas con comunidades y gobiernos” agregó el boletín de MSR.

La decisión se ha tomado basados en continuar fortaleciendo la estabilidad de la Mina El Escobal, la cual pertenece a  Minera San Rafael. Además, se tiene la confianza de continuar creando valor en el largo plazo tanto en las comunidades, colaboradores, accionistas y en el país, agregó la minera.

A pesar del anuncio de esta transacción, e el futuro inmediato no se esperan cambios en la operación de Minera San Rafael en Guatemala, mencionó la compañía en el comunicado.

La compañía anunció que continuará apoyando y participando el proceso de consulta con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el área de influencia de El Escobal.

La consulta fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la debe efectuar el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

#URGENTE | La empresa Pan American Silver anunció este miércoles su intención de adquirir Tahoe Resources, propietaria y casa matriz de Minera San Rafael. pic.twitter.com/5LwnSjvK91

— Mundo Económico (@Economia_pl) November 14, 2018

La minera en Guatemala continuará con su plan del fortalecimiento comunitario y la resolución pacífica en Casillas, Santa Rosa.

Además, anunciaron que seguirán con las gestiones ambientales y programas de desarrollo en preparación para el reinició de operaciones en El Escobal una vez se complete el proceso de consulta, añadió Minera San Rafael.

“Pan American tiene la intención de apoyar los compromisos adquiridos por la Minera San Rafael en relación al proceso de consulta” así como los esfuerzos actuales así como todos los esfuerzos necesarios para fortalecer las relaciones y confianza que permitan el reinicio en El Escobal.

Datos del caso

• Al 14 de noviembre la minera lleva 497 días sin operar, desde la suspensión ordenada el 5 de julio del 2017.
• Las pérdidas en la economía son de Q5.1 millones diarios, que llegan a Q2 mil 534.7 millones a la fecha en mención.
• De ese monto, alrededor de Q550 millones corresponden a impuestos y regalías, según datos recientes de la empresa
• Minera San Rafael es propiedad de la firma canadiense Tahoe Resources, pero el 58% de las acciones corresponde a inversionistas estadounidenses.
• Según el vocero de la empresa, Andrés Dávila, el impacto a Tahoe es que se ha perdido más de la mitad del valor de la empresa debido a ese caso. Las acciones pasaron de cotizarse en casi los US$27 a US$2.5, ejemplificó.

La consulta

La CC ordenó el 3 de septiembre del 2018 que “de inmediato” se lleve a cabo una consulta a las comunidades indígenas cercanas a la Mina San Rafael para que esta pueda seguir operando.

Sin embargo, pidió antes una serie de informes y estudios a entidades ambientales y de protección del patrimonio y de la salud. Entre estos revisar el área de influencia del proyecto El Escobal.

El Parlamento Xinca, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y representantes de proveedores de la minera solicitaron a la CC aclaraciones y ampliaciones en el caso.

El MEM debe empezar a preparar el proceso de preconsulta y posterior consulta.

Esa Corte decidió no establecer un plazo específico para que se efectúe la consulta a los pueblos indígenas.

Mientras que la minera y los proveedores esperaban un plazo, Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, expuso que no se puede fijar un plazo, porque hay ejemplos en el derecho comparado internacional de que esos procesos son dinámicos y añadió que según estándares internacionales el Estado no puede presionar a los pueblos indígenas, sino que tiene que respetar sus tiempos y procedimientos.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió no establecer un plazo específico para que se efectúe la consulta a los pueblos indígenas por el caso de la Minera San Rafael, aunque amplió y aclaró otras decisiones contenidas en su resolución de septiembre del 2018.

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Esa corte notificó durante octubre a las partes su decisión respecto de aclaraciones y ampliaciones solicitadas por el Parlamento Xinca, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y representantes de proveedores de la minera.

Qué sigue

Luego de ser notificada la aresolución de las ampliaciones y aclaraciones, la sentencia de septiembre ya queda en firme y las entidades tienen que cumplir con presentar los informes requeridos por la CC, explicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la minera.

Al MEM le corresponde trabajar en los procesos de preconsulta y de consulta basados en el Convenio 169 de la OIT.

Ese ministerio informó, por medio de su oficina de relaciones públicas, que solo ha recibido notificación y que espera la ejecutoria que debe enviar el juez.

Según explicó Jiménez esto significa la devolución del expediente o antecedente a la CSJ y que esta vele porque se cumpla lo resuelto por la CC.

Aparte del tema del plazo, los proveedores de la mina habían solicitado establecer qué entidad estaría a cargo de decidir las acciones contra algunas de las partes que intenten bloquear la consulta, ya que solo se había establecido en la sentencia que se podrían hacer denuncias.

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Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, dijo que solicitaron por su parte a la CC que informara cuál es el área de influencia del proyecto en la cual se basarán para hacer la consulta, ya que a su criterio este debe ser más amplio y tampoco se estableció ese punto en la resolución.

Jiménez comentó que en ese aspecto la CC definió que la empresa consultora que la Minera San Rafael designe es la que tiene que hacer la revisión, pero en coordinación con entes de las universidades de San Carlos y Del Valle de Guatemala.

A consideración del abogado, la Corte determinó que por los estudios que otras entidades les presentaron durante el proceso a la CC, el área de influencia del proyecto no es la que definieron en el estudio de impacto ambiental.

La definición se deberá trasladar al Ministerio de Ambiente, y este lo traslada al MEM para que este último haga el proceso de consulta.

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Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos y abogada de la compañía explicó que con ese fallo se están violando varios derechos a la empresa y que, a su consideración, incluso se viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿El Ministerio de Energía y Minas (MEM) puede iniciar  algún  proceso en la actualidad?

Para que el MEM y las demás entidades ejecuten el proceso se necesita firmeza de la sentencia, para ello deben estar  conocidas, resueltas y notificadas las resoluciones de ampliación o aclaración solicitadas por las partes. La  CC tiene 48 horas para resolver después de recibidas la  ampliación o aclaración, y de  nuevo se está  excediendo, pues hasta el 5 de octubre van 28 días, y no sabemos cuántos días más.

¿Hay  acciones legales que  pueda  efectuar la empresa en esta fase?

No hemos pensado en presentar alguna otra acción por el momento. Estamos tratando de hacer el caso  de conocimiento público para que existan pronunciamientos. Ya  se han escuchado varios discursos del presidente —Jimmy Morales— y de diferentes personas que  piden que  se resuelva.

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¿A qué atribuye que no se le permita operar a la mina mientras se hace la consulta, como se estableció con la hidroeléctrica Oxec?

Es una opinión de abogada, pero considero que esta sentencia refleja un activismo judicial extremo que se desenmarca del Convenio 169 y  de la sentencia del caso Oxec.  El  artículo 6 del Convenio 169 establece que el Gobierno debe consultar, pero no hace una diferencia  por proyecto, por área o por  industria. Sin embargo, la Corte sí hizo esa diferencia.

Vemos que   resolvió   con un  argumento  no  fundamentado, ni en la ley ni en ese Convenio, sino con base en el   análisis del expediente que el MEM  aportó, ya que indicó que  como hay personas en desacuerdo con el proyecto    se evidencia conflictividad, por lo que  no es procedente que opere hasta que se vuelvan a sentar a hablar en relación con la conflictividad.

Con esa  resolución pareciera  que cualquier proyecto donde hay conflictividad estaría sujeto a ser suspendido, cuando vemos que   Guatemala es un país con alta conflictividad provocada para  lograr la suspensión de proyectos. Esa visión  atenta  y viola la Constitución de la República y el Convenio 169 de la OIT, así como sentencias internacionales y de esa Corte.

Siendo el Convenio 169 de la OIT un acuerdo internacional, ¿cabe una acción ante la entidad que creó ese acuerdo?

La OIT es una institución tripartita formada por empleadores, los empleados y el Gobierno,  las reclamaciones las tiene que hacer alguna de estas tres partes. En el Cacif, la organización que  agrupa a los empleadores, se está tocando el tema de revisar si esta sentencia vulnera el Convenio 169.  Debo agregar que la  vulneración más importante  es respecto de cómo se estableció  quién hace la consulta y la facultades de las partes.

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¿A qué se refiere?

El Convenio 169 establece que quien debe hacer la consulta es el Estado. Incluso hay países donde la consulta se hace sin siquiera con la participación de la empresa inversora, porque muchas veces el  Gobierno piensa hacer un proyecto sin tener aún un comprador o inversionista. Pero en este caso de  la Minera San Rafael, la sentencia usa terminología que el Convenio no utiliza nunca, y  así se pierde el objeto del Convenio. Pone  a la empresa como parte de la negociación, ya que  dice que el MEM es un mediador,  conciliador y coordinador, y  que las partes de la consulta son los pueblos indígenas y la empresa.

Eso está preocupando  mucho al sector privado, porque la sentencia lo que hace es agarrar a todas las empresas y sentarlos en una mesa de negociación en donde todos sabemos nada más quién va a perder, pero ni siquiera sabemos quién va a ganar.

Menciona que detectaron que se cometen varias violaciones a principios.

Esta sentencia transgrede muchos principios del Derecho. Uno importante es que no se  identifica expresamente el delito que está denunciando, cuándo y por qué. Además, la Corte  reconoce que el único hecho reclamado es la  supuesta no consulta por parte del MEM, pero también dice que  como el derecho de consulta es un derecho macro  también se puede asumir que se está  violado el derecho ambiental, y lo añade.  Así, transgredió  el  principio constitucional legal, derecho de defensa, derecho legal y otros, e  interpretó lo que el amparista quiso haber dicho.

Consideramos que la Corte amplió los actos reclamados para poder darle validez a la correpresentatividad de Calas —oenegé que impugnó el proyecto—, ya que esa organización no tiene  representatividad de ningún pueblo indígena.

También dice —la Corte—  que  está en duda el tema ambiental y la determinación del área de afectación, por lo que pidió una revisión del  área por medio del estudio de impacto ambiental (EIA). Eso ya existe, pero no lo revisaron ni lo leyeron, ni le dieron copias a las universidades. Es   ilegal, porque la Corte, la OIT y otros han dicho que quien determina el área de afectación de un proyecto es el EIA,  y no otras entidades.

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En la  resolución, los magistrados confirmaron la primera sentencia que mantiene la suspensión de la mina, pero ordena al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, realizar la consulta.

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“La omisión de atender esta decisión judicial irrogará al titular de la cartera las responsabilidades civiles y penales correspondientes y provocará la nulidad de las licencias que sean otorgadas con inobservancia de lo dispuesto en este numeral”, agregó el fallo.

El pleno de magistrados emitió la resolución con cinco votos a favor, un voto razonado disidente y un voto razonado concurrente.

Martín Guzmán, secretario de la CC, aseguró que el fallo responde a que se determinó la existencia de población xinca en el área de influencia de la mina, por medio de requerimientos de información a órganos técnicos especializados de las universidades San Carlos y Del Valle.

Refirió que el área de influencia  se determina según la zona de explotación que opera el proyecto El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.  “Se hace ver que, aun cuando no hubiera —población xinca—, de llegar a determinar que hay comunidades indígenas de otra etnia, de igual manera se debe llevar a cabo la consulta”, aseguró el secretario.

Después de 425 días sin operar, la Minera San Rafael reporta unas 700 personas despedidas y una pérdida para el Estado de Q467.5 millones en impuestos y regalías.

Bonerge Mejía, presidente en funciones de la CC, justificó el atraso de la decisión a que se estudió cada página del expediente, que constaba, precisó, de ocho mil folios, más discos compactos. Agregó que finalmente la sentencia quedó resumida en 534 páginas.

Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la mina, dijo que hasta anoche no habían recibido notificación.

“Lo que entendemos, luego de haber escuchado al presidente de la CC en funciones, Bonerge Mejía, y al secretario, es que la resolución revierte alguna parte de lo emitido por la CSJ”.

“Por ahora escuchamos que nos permiten operar una vez que el Estado haga la consulta y que esta sea de forma inmediata”, pero se debe analizar el fallo para verificar el tema del plazo y área que pueda abarcar una consulta a las comunidades indígenas, agregó Dávila.

Reacciones

Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, declaró que “como pueblo Xinca estamos felices por la resolución” aunque aclaró que solo escucharon la conferencia y que al ser notificados analizarán la resolución.

Respecto de que la mina no puede operar hasta que se haga una consulta, indicó que consideran que la sentencia es muy positiva pero esperan analizarla mejor. 

Ignacio Lejárraga, vicepresidente de la Cámara de Finanzas, expuso que la resolución de la CC brinda un mensaje de certeza jurídica a los inversionistas y que la resolución estuvo apegada a la ley.

Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria, declaró que con este fallo la CC “destruyó la poca certeza jurídica” que la misma Corte había creado con la resolución del caso Oxec hace un año.

“Ninguna empresa que legalmente obtuvo sus permisos de operación como fue el caso de Minea San Rafael debe ser suspendida; es un precedente terrible para el país que nos puede llevar a un espiral de más pérdida de empleo”, expresó.  

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A diferencia del caso de la Minera San Rafael, a la hidroeléctrica Oxec se le permitió con el fallo de la CC que retomara sus operaciones mientras se realizaba la consulta a comunidades indígenas.

En tanto, Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), dijo: “Lamentable sentencia. Están resolviendo situaciones iguales, en forma desigual. En el caso Oxec resolvieron que dado que no había ley vigente no se podía suspender la operación y en esta caso ahora resuelven que debe quedar suspendida hasta que haya consulta”.

A criterio de Carrasco, es una injusticia que traerá más retraso y consecuencias negativas para el país, especialmente en cuanto a certeza jurídica.

“No existe una base para mantener suspendidas las operaciones de la mina. Si no hubo base para hacerlo en el caso Oxec no lo hay tampoco para el caso de la mina. El resultado de una consulta no es una suspensión, entonces no hay motivo para que quede suspendida hasta que se dé la consulta”, agregó.

El directivo dijo que este tipo de sentencias contradictorias entre sí son las que precisamente generan falta de certeza jurídica. Además de atrasada la sentencia es antojadiza, contradiciendo los propios precedentes de esta Corte. Las reglas y la ley debe de ser clara he igual para todos”.

Cómo se llegó hasta aquí

En julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

Entre los argumentos de los demandantes estaba que la minera no había seguido los mecanismo legales para instalarse en el lugar, como el incumplimiento de la consulta a las comunidades aledañas, así como un estudio de impacto ambiental más profundo. 

En octubre del 2017, representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) presentaron ante la CC el recurso Amicus Curiae o Amigo de la Corte, dentro de ese proceso constitucional de amparo para el caso de Minera San Rafael, que busca reanudar operaciones de la empresa.

En febrero del 2018, la Asociación de Empleados de Minera San Rafael presentó también un recurso ante esa corte para que resuelva la situación en definitiva de esa compañía.

En marzo del 2108, la CC solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.

La CC expuso que durante el análisis que han efectuado se ha visto la posibilidad de que habite población indígena en el área de influencia del proyecto de la Minera San Rafael. 

El estudio fue solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle. 

Expertos habían advertido de que la tardanza de la CC en resolver sobre el caso podría motivar a un verdadero estallido social entre quienes reclaman que la minera sea suspendida en definitiva y aquellos que la defienden como una fuente de trabajo; de hecho, grupos de ambos bandos se apostaron con carpas frente a la Corte en espera del fallo. 

En mayo del 2018, la embajada de Estados Unidos en Guatemala instó a la Corte a resolver sin demoras, apegada a los derechos humanos y leyes ambientales el caso de la minera San Rafael, que no puede operar desde hace 271 días.

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La suspensión de operaciones de la mina San Rafael suma ya 419 días, y esto ha sido a causa de la actitud reticente de los actuales magistrados de la CC, quienes de manera inexplicable han quebrantado todos los plazos estimados en la búsqueda de justicia y se percibe una actitud de desafío a quienes reclaman celeridad en los plazos para reencauzar las actividades de la minera.

Solo los requisitos iniciales de este preocupante caso fueron cumplidos en los términos legales establecidos, pero de ahí en adelante cada etapa procesal ha registrado penosos y graves estancamientos en la resolución al respecto de las operaciones de dicha empresa.

Normalmente, cuando un caso ingresa en el tortuoso procedimiento de la CC, los plazos pueden ir desde las 48 horas hasta los seis días. Empezando por los amparos provisionales, la vista pública, apelaciones y aclaraciones, que podrían durar poco más de una semana. Sin embargo, en el caso de la minera, estos lapsos han impuesto nuevos registros y ha transcurrido más de un año sin que se sepa qué es lo que ocurre. Simplemente se atrasa una decisión en un sentido u otro.

Lo que nadie duda es que esta actitud tan parsimoniosa de la CC tiene un impacto nefasto en la actividad industrial del país y sus repercusiones se traducen en pérdidas millonarias, primero para los empresarios directamente afectados y luego para quienes dependen del ingreso hogareño por el funcionamiento de esa empresa.

Hay un efecto mucho más perjudicial, y es que esa incertidumbre también se refleja en un desestímulo a otras actividades comerciales. Esto lo revela un reciente estudio de Central American Business, según el cual la actividad industrial en Guatemala se redujo 4.6% el primer semestre del 2018, y la actividad minera es la más afectada, seguida por el sector de alimentos y bebidas.

Es claro que una actividad judicial irresoluble, unida a la torpeza de quienes desde otros sectores deben a su vez crear condiciones de confiabilidad en el país, no constituyen ingredientes saludables para atraer inversiones foráneas, e incluso los esfuerzos gubernamentales y políticos por hacer tropezar la lucha contra la corrupción están acrecentando la desconfianza.

Este cuadro se complementa, de manera ineludible, con la incertidumbre que genera el Gobierno, cuyo principal protagonista ha mantenido al país en una virtual parálisis política en la que el Pacto de Corruptos lleva todas las de perder, aunque crean que pueden salir airosos de semejante despropósito, saturado de abusos.

Pasa lo mismo con el sector justicia, donde la demora en las resoluciones desvirtúa cualquier posibilidad de confianza en el sistema y, en consecuencia, deja de ser justicia, porque no solo se ha causado un enorme daño económico a empresarios y trabajadores, sino que se acentúa la percepción sobre la disfuncionalidad de un sistema ya deteriorado.

 La Minera San Rafael compartió un comunicado en donde detalla la existencia de un bloqueo por pobladores de Jalapa que habrían retenido y agredido a contratistas. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que verifican la situación.

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Mientras tanto, la minera informó que “un grupo de individuos que desde la semana pasada instaló un bloqueo ilegal en la entrada al municipio de Mataquescuintla (…) atacó, hirió y secuestró a varis contratistas de seguridad privada desarmada”.

El incidente sucedió la noche del viernes recién pasado en donde los pobladores mantienen un retén ilegal. Cuando circulan vehículos los vecinos obligan a detener la marcha y revisan a los viajeros, según la denuncia.

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Los guardias que fueron agredidos viajaban en un microbús desde Alta Verapaz, se informó.

Daños

El comunicado de la minera detalla que los pobladores obligaron a los contratistas a bajar de la unidad. “Destruyeron las llantas y rompieron las ventanas. Una vez fuera, los hincaron, los agredieron con armas punzo cortantes y, a punta de pistola, los amenazaron con matarlos si volvían a circular por dicha vía”, se detalló.

Al ser consultada la PNC se informó que “verificaban la situación”. Los contratistas fueron auxiliados en el Hospital de la cabecera de Jalapa.

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“Como miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, tomaré las medidas inmediatas para estudiar las condiciones de ayuda extranjera para Guatemala, las cuales se relacionan al respeto del estado de derecho” refiere Amodei en el documento divulgado este miércoles por la Minera San Rafael.

Por lo que también solicita que las tres entidades investiguen el caso, que se analice el caso  en relación a la asignación de la ayuda extranjera de Estados Unidos para Guatemala y “congruente con las leyes pertinentes, normas y regulaciones”.

La solicitud se deriva, agrega el congresista, por los retrasos de la Corte de Constitucionalidad (CC) en resolver el caso, los cuales califica de irregulares porque según las leyes guatemaltecas debió resolverse a finales de octubre del 2017.

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Pero también por las acusaciones contra dirigentes, exdirigentes de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), organización que es la denunciante principal en el caso contra la mina, así como de quien fuera abogado del caso por parte de esa agrupación.

“Por consiguiente, le solicito a sus departamentos que realicen de inmediato una investigación coordinada para determinar si las acciones para facilitar la corrupción por parte de Calas (miembros actuales y anteriores) están afectando los retrasos inexplicables en la resolución del caso de la Mina El Escobal” se agregó en el documento.

Explica que sus acciones se deben a que mina a cargo de la compañía canadiense Tahoe Resources ha invertido alrededor de US$1 mil 700 millones, pero la empresa tiene su sede principal en Reno, Nevada y alrededor de la mitad de los accionistas son ciudadanos y entidades estadounidenses.

El congresista envió en agosto del 2017, una carta secretario Ross y otros funcionarios acerca del tema en la cual solicitaba a las autoridades que impulse acciones para promover la reapertura de la mina.

El Escobal es una de las más grandes reservas de plata a nivel mundial, además Guatemala es el noveno exportador de ese material, explicaron recientemente ejecutivos de la mina.

Las operaciones de la minera cumplen este miércoles llevan 413 días en suspenso el cual se emitió el 5 de julio del 2017. A la fecha han despedido a 700 trabajadores.

El lunes recién pasado personeros de la mina informaron que han planteado la situación actual de la mina ante varias entidades en Washington DC, Estados Unidos.

“El objetivo —del cabildeo— es recurrir a instancias que velan por las inversiones extranjeras estadounidenses en otros países donde tengan certeza jurídica, y se enteren de cómo se encuentra el caso, porque la empresa Tahoe Resources Inc. posee al menos mil accionistas en el mundo que están preocupados, por la caída de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York”, informó ese día Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos de Minera.

Entre las entidades se encuentran el Departamento de Estado y el de Comercio.

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Andrés Dávila, gerente de comunicación corporativa de la Minera San Rafael, explicó ayer que Guatemala es el noveno exportador de plata a escala mundial.

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Añadió que desde la suspensión de la mina, que lleva 13 meses, se han dejado de exportar los 21 millones de plata —de julio del 2017 a agosto del 2018—, y se han dejado de recibir divisas por US$400 millones por la falta de exportaciones.

“La segunda mina subterránea más importante del mundo está dejando 21 millones de onzas de plata al mercado que, si bien aún no hay un impacto, a nivel mundial ya están los reportes, que se está observando esa disminución en la necesidad del mercado “, afirmó.

El directivo explicó que parte de esa escasez que se está observando a escala mundial es el reflejo de que la mina San Rafael no está en operación.

Minera San Rafael dejó de operar el 5 de julio del 2017 y acumula 13 meses sin registrar operaciones, solo de mantenimiento al recinto.

La minera tiene una suspensión temporal de operaciones ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Mercados impactados

El ejecutivo informó que existen varios tipos de clientes que adquieren el producto que se explota en Guatemala.

Por ejemplo, hay quienes solo adquieren el concentrado de plomo —donde hay plata y plomo—, otros clientes que solo adquieren el cinc, mientras que otros compradores adquieren los dos tipos de concentrados.

Dávila destacó que el impacto más fuerte lo reciben clientes de Corea del Sur.

El producto también se destina a Japón, Rusia y Canadá, que son los más importantes, pero también se despacha a España, Bélgica e Italia.

Pronósticos

El ejecutivo explicó que para el 2018 se tenía proyectado abastecer el mercado de plata de 20 millones de onzas de plata.

Para el 2019, dijo Dávila, se proyecta una producción de entre 20 y 21 millones de plata, que era el rango de operación promedio de la mina en los primeros cinco años.

“Si se retoma la operación, podemos estimar para el siguiente año entre 21 millones y 22 millones de onzas de plata que significará un incremento del 4.7%”, precisó.

Sin embargo, el punto más alto de exportación fue en el 2015, cuando se exportaron 24 millones de onzas de plata.

Mantenimiento

El ejecutivo explicó que a pesar de que la mina no está en operación, se está desarrollando un programa de mantenimiento a la mina y a los túneles, como parte de los compromisos asumidos con las autoridades encargadas de los Ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales.

Keneth Secaida, capitán de mina, afirmó que las tareas consisten en el manejo de la humedad del túnel, ventilación y la extracción de agua que se acumula.

“Se está llevando el control del avance del material que se extrae de mantenimiento. Por el tiempo que la mina no está en operación, está un poco deteriorada por la humedad y se toman los análisis”, aseguró.

Los trabajos, dijo, están enfocados en el mantenimiento en las rampas y el control de humedad, con un sistema de ventilación, a lo cual se dedican 10 personas.

Por aparte, Ismael González, encargado de emergencias de prevención de pérdidas, explicó que se le brinda mantenimiento a los refugios, que sirven para dar atención a los mineros, por si surge alguna emergencia, como un incendio subterráneo o un colapso.

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Zebadúa indica que es necesario investigar esos casos, porque con las acciones jurídicas del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), ha logrado la suspensión de las operaciones de la mina desde julio del 2017, aspecto que según el directivo ha caudado pérdidas de 7 mil 500 empleos, de los 17 mil que se generaban con la operación de la mina y los proveedores de esta.

Agregó cifras de que se han dejado de inyectar unos Q2 mil millones a la economía nacional por la suspensión de la operaciones de la mina y el impacto a  los proveedores ya que refiere que de 600 empresas existentes se han cerrado alrededor de 200.

Para el jueves prevén entregar a la CC otro memorando, en donde solicitan que analicen el actuar de Calas, por las acciones mientras dilucidan el caso de la minera.

Las acusaciones

Zebadúa y la junta directiva de Aprodemi ha existido una seria de acusaciones entre los propios representantes y exrepresentantes de Calas.

La Asociación Pro Desarrollo Minero (Aprodemi) conformada por las empresas proveedoras de la Minera San Rafael, piden a la CC que la resolución del. Aso que aún está pendiente de un fallo definitivo pero piden que los magistrados analicen el actuar Calas, una de las amparistas pic.twitter.com/pto1tuLXQu

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 25, 2018

Mencionaron que existe una denuncia penal desde el año 2014 que la Contraloría General de Cuentas entabló acerca del manejo de más de Q1 millón que esa organización recibió de fondos públicos.

Durante la conferencia de prensa brindada este miércoles Aprodemi agregaron que según la CGN, por denuncia presentada en el 2015, Calas recibió Q280 mil por parte del Fondo Guatemalteco para el Medio Ambiente (Foguama) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Además de Q848 mil del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo para la Conservación de la Naturaleza (Fonacon).

Los proveedores de la mina también mencionaron la decisión de Calas de despedir al abogado Rafael Maldonado, quien  tenía a su cargo el caso de la mina San Rafael por parte de esa organización, y entre otras causas menciona agresiones a mujeres de ésta misma.

Dicha persona fue el director jurídico de esa organización hasta las semana pasada.

Reacciones

Maldonado dio a conocer esta semana que la decisión de dicha agrupación de retirarlo del puesto se debe a las denuncias penales que efectuó por fraudes que, cometió, presuntamente, esa organización ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de malversación de fondos por parte de directivos.

Además en el mismo comunicado que compartió por su cuenta de Twitter, el abogdo explicó que hizo uso del mecanismo de denuncia que varias de las agencias de cooperación europea que financian Calas poseen, y efectuó la denuncia específicamente a la agencia irlandesa Trocaire, y a la sueca Diakonia, las cuales cuentan con sede en Guatemala, quienes respondieron que están investigando al respecto, según aseguró el abogado.

Consultado estse miércoles acaerca de las críticas y peticiones de Aprodemi Maldonado dijo que los proveedores tienen el derecho de expresión y así como de petición, refiriendose a las peticiones que están haciendo al MP y a la CC.

El abogado dijo que se tergiversó el uso de lal Ley de Feminicidio en el caso donde se le acusa de agresiones hacia mujeres.

Prensa Libre intentó contactar a Calas para conocer su versión acerca de las críticas de los proveedores y los datos mencionados en los diferentes casos pero al momento no se ha recibido respiesta.

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Las últimas cifras que compartieron durante una conferencia de prensa indicaron que la suspensión de Mina San Rafael generó 500 personas despedidas, 5 mil 55 empleos directos e indirectos perdidos y Q1 mil 887 millones que el Estado de Guatemala ha dejado de percibir.

“Lo que necesitamos en este momento es la generación de más empleo. Hay problemas de infraestructura, eficiencia en los puertos y aeropuertos”, señaló el ejecutivo.

Los integrantes del @CACIFnoticias se pronuncian por la Mina San Rafael. El comunicado dice que van 266 días en que la CC no resuelve y el despido de 500 personas. El comunicado lo lee Marco Augusto García Noriega.
Vía @ugamarro_pl pic.twitter.com/8p09vldgIt

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 18, 2018

Los requerimientos del memorial son los siguientes:

• El nombre del Magistrado ponente actual en el caso de la Mina San Rafael.
• Se informe cuántas veces los magistrados ponentes han presentado sus ponencias a la Secretaría del pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
• Se informe, de conformidad con los controles administrativos internos de la CC, qué magistrados y cuántas veces han solicitado el retiro de las ponencias del pleno.
• Se entreguen los audios o videos en los cuales conste la presentación y retiro de las ponencias del pleno.
• Se informe cuál es el estado administrativo del actual expediente.

Noriega afirmó que tienen conocimiento que la CC ha resuelto con celeridad en otros casos, pero en el tema de la mina dudan sobre cómo actúa la corte.

“Ni los trabajadores cesantes, ni la economía del país están en condiciones de seguir esperando a que la CC salga de su letargo”, enfatizó el directivo del Cacif.

Desaceleración económica

Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat), expuso durante una actividad con empresarios que se mantiene un sesgo a la baja en la proyección y las cifras se confirmarán en las siguientes semanas. “Se observa una desaceleración económica, pero no hay riesgo de una recesión”, aseguró.

Las causas que explicarían una posible revisión a la baja son los precios internacionales de productos de exportación como café, azúcar y caucho, la no operación de la minera San Rafael y la baja de gasto público.

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Según reportes de medios locales, Quevedo, de 50 años, se conducía en una motocicleta cuando fue ultimado el jueves cerca del mediodía en la aldea El Salitre, en la carretera hacia Santa Rosa de Lima. 

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Fue un viernes sangriento

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la muerte de Quevedo, integrante de la resistencia pacífica de Casillas, que se opone a las operaciones de la Minera San Rafael, y ofreció acompañamiento y seguimiento del caso ante las autoridades competentes. 

Varias organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos denunciaron que la víctima estaba recibiendo amenazas de muerte desde hacía varios días. 

En mayo último, el Alto Comisionado expresó en Ginebra, Suiza, su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Guatemala, especialmente contra los líderes comunitarios y dirigentes indígenas y campesinos. 

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“En los últimos 10 días, tres defensores de derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos fueron asesinados”, denunció entonces el Alto Comisionado. 

El Proyecto El Escobal, propiedad de la Minera San Rafael, cumplió un año sin operar este 5 de julio luego de haber sido suspendido por una resolución inicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la fecha aún está pendiente el fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En tanto, protestas entre opositores y trabajadores de la mina se han efectuado, al punto que dos campamentos se mantienen frente a la edificio de la CC para presionar por una solución definitiva. 

En el año de suspensión, Q1 mil 861 millones han dejado de entrar a la economía el país, de estos Q400 millones se refieren a estimaciones de impuestos y regalías, indicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la Minera San Rafael. La firma pide que se le permita seguir operando.

En tanto, el Centro de Acción Legal y Ambiental (Calas), espera que se suspenda en definitiva la licencia y que se inicie el proceso de solicitud de nuevas licencias en cuyo proceso se deba efectuar las consultas a las poblaciones indígenas en el área de influencia, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes dijo el asesor jurídico Rafael Maldonado.

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“Un clima estable de inversión depende de un marco legal claro, del respeto al estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley”, dice la misión en un comunicado divulgado esta tarde.

El texto enfatiza que esos son los pilares para aprovechar los “abundantes recursos naturales” del país para lograr un clima que impulse el crecimiento económico y la creación de más empleos, cuyo objetivo sea mejorar el sustento de los guatemaltecos. 

En la comunicación, la embajada insta a todas las partes involucradas en ese conflicto, especialmente a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que “trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”. 

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“Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”, agrega.

El 24 de agosto del 2017, la CC suspendió las operaciones de la Minera San Rafael, en Santa Rosa, debido a señalamientos de discriminación. Hasta hoy representan 271 días sin actividad.

Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas autorizó las operaciones negó la existencia de la agrupación xinca y no le consultó sobre el proyecto.

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En marzo último la CC solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.

Ese mismo mes la minera comunicó su decisión de despedir a 250 personas, según argumenta, motivados por la “falta de resolución definitiva sobre el caso de la Corte de Constitucionalidad”.

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“Vamos a observar una baja si no comienza a trabajar”, enfatizó el funcionario.

Las operaciones de la empresa minera, que se estableció en Guatemala hace cuatro años, están suspendidas desde el año pasado.

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Hace dos días cientos de pobladores xincas de los departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, situados en el sureste de Guatemala, pidieron el cierre definitivo de las operaciones de la minera en el proyecto El Escobal, argumentando la falta de consulta a las comunidades y la contaminación.

Debido a la falta de operaciones, la minera ha despedido ya a 250 trabajadores directos y sus proveedores, unos 600, también despidieron a 3 mil 500 colaboradores.

Presentan recurso

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), presentó ayer un recurso Amicus Curiae ante la Corte de Constitucionalidad a favor de minera.

“Con la suspensión temporal  desde hace 280 días  se han puesto en riesgo 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos”, indicó la gremial.

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Los análisis se hicieron en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para ampliar la información y así los magistrados puedan emitir una sentencia en este caso.

Aún falta que las universidades del Valle y San Carlos presenten sus informes. El plazo vence el 5 de abril, de acuerdo a la fecha en que fueron notificados.

Los estudios

El 7 de marzo del presente año los magistrados de la CC basaron los requerimientos adicionales bajo los criterios objetivos y subjetivos definidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CC señaló que la complejidad del caso sobre la Minera San Rafael es un factor que no ha permitido que los magistrados puedan emitir una sentencia sobre este.

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El máximo tribunal también solicitó al ministerio de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos, y de Salud más información sobre la emisión de licencias para la Minera San Rafael, así como los controles que han efectuado en temas ambientales, incluyendo estudios del agua.

Aclaró que para presentar esa información se tienen de 10 a 15 días, pero que, a partir de ese lapso, se tomarán el tiempo que consideren prudente para emitir una sentencia.

“Según se pudo determinar en algunos estudios que aparecen dentro del expediente sí hay asentamientos o comunidades ahí asentadas, entonces la Corte con el objeto de reforzar la información que ya aparece en el expediente pide de dos entidades especializadas ese estudio antropológico” declaró en ese entonces Martín Guzmán, secretario de la CC.

Suspenso y solicitudes de fallo

En julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.

En octubre del 2017, representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) presentaron ante la CC el recurso Amicus Curiae, o Amigo de la Corte, dentro de ese proceso de amparo para el caso de Minera San Rafael, que busca reanudar operaciones de la empresa.

En febrero del 2018, la Asociación de Empleados de Minera San Rafael presentó también un recurso ante esa corte para que resuelva la situación en definitiva de esa compañía.

Sin embargo, la tardanza de la CC ha extendido más el peligro latente de un estallido de conflictos, según expertos.

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Con firmas y documentos personales de más de 100 personas que afirman pertenecer al pueblo xinca y que habitan en San Rafael Las Flores, representantes entregaron un escrito ante la CC con el objetivo que este documento pueda ser vinculante en el fallo que los magistrados tomarán en el caso de la operación de Minera San Rafael.

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El abogado del Parlamento Xinca, Kelvin Jiménez, explicó que el mismo Estado no puede “autocuestionar” la identidad de un pueblo y acusó de “irrespetuoso” por parte de la CC el haber solicitado estudios científicos para probar la existencia de una comunidad indígena en pleno Siglo XXI.

“Que los magistrados no esperen que estemos con penachos o taparrabos, estamos vivos, aquí presentes exigiendo respeto a un pueblo y a una cultura”, resaltó el profesional.

Según Jiménez el escrito debe ser tomado en cuenta, según el Artículo 2 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, “para tener un mejor fallo y razonamiento en cuanto a esta apelación la CC debe tomarlo a consideración”, enfatizó.

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Alfonso Solórzano, uno de los representantes que asistió a entregar el escrito manifestó que el Gobierno ha querido invisibilizar al pueblo xinca, pero aseguró que el pueblo existe y se encuentra en el área de influencia.

En ese sentido, Amalia Lemus, quien dice ser originaria del pueblo xinca comentó que el grupo se opone a la operación de la mina desde el principio hasta el día de hoy.

Según los representantes el escrito adjunta los Documentos Personales de Identificación de más de 100 personas. Además dijeron que cuentan con muestras arqueológicas y la cultura que se ha transmitido de generación en generación, según sus registros contabilizan a 5 mil 600 xincas, aparte de la población mestiza.  

Rudy Pivaral, otro de los representantes señaló que el daño ambiental y social que provocó la Mina San Rafael se ha agravado desde el 2008 a la fecha, y reiteró que cuentan con resultados técnicos y científicos que comprueban la contaminación del agua en varios pueblos que se encuentran alrededor de la empresa.

Esperan los informes

Pivaral agregó que están trabajando de manera coordinada con los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Del Valle, a quienes se les ha ubicado en lugares seguros y les han brindado protección. “Estamos trabajando y están conociendo la verdad del pueblo, la geografía, la cultura que está plasmada en cultura y tradición”, enfatizó.

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Andrés Dávila, vocero de la Minera San Rafael comentó que los representantes están en su derecho de manifestarse y presentar los documentos que consideren pertinentes ante la CC.

Sin embargo, se atienen a la información que han brindado las autoridades gubernamentales de si hay o no presencia de pueblo indígena en San Rafael Las Flores, en donde opera la mina, dado que el Registro Nacional de las Personas reconoce a dos personas, y tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Ministerio de Cultura no cuentan con registros.

Dávila agregó que hubo un retraso en la notificación de la CC de la petición de investigación, porque la conferencia se realizó el 7 de marzo pero se terminó de notificar el martes 13 del mismo mes, por lo tanto, consideran que para la primera semana de abril se deberían cumplir los 15 días hábiles.

“Esperamos que los magistrados no otorguen un plazo si así lo requirieran y que las instituciones encargadas de la investigación presenten el informe dentro del tiempo establecido”, concluyó el ejecutivo.

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En la manifestación participaron extrabajadores de la referida empresa, quienes exigieron a los magistrados de la CC que emitan una sentencia, luego de que a comienzo del mes en curso esa corte solicitó un estudio antropológico en San Rafael las Flores, Santa Rosa, para ampliar la información y emitir sentencia.

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Los opositores a las actividades mineras indican que son del pueblo Xinca, y que no fueron tomados en cuenta para la autorización del proyecto minero.

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“Un grupo de excolaboradores, que lamentablemente tuvimos que despedir en enero y el viernes último, organizó una marcha por la paz y el trabajo, que se dirige hacia la Corte de la Constitucionalidad que busca evidenciar las pérdidas que está causando la suspensión y el costo que ha tenido para miles de familias el hecho de que no haya una resolución”, dijo a La Red, Andrés Dávila, representante de la Minera San Rafael.

Waldemar Hernández, extrabajador de la empresa minera, dijo en La Red que los exempleados están preocupados porque muchas familias dependen de los ingresos que obtenían y que necesitan regresar a sus empleos.

“Pedimos a la CC que sean conscientes. Ya tenemos demasiado tiempo sin que se pueda dar la resolución. Hay mucha gente sin empleos y estamos preocupados”, añadió.

#TráficoGT | Manifestantes llegan a la CC en apoyo a actividad minera.
Video: Carlos Hernández pic.twitter.com/46W7OQ8mlH

— Prensa Libre (@prensa_libre) 14 de marzo de 2018

La CC expuso recientemente que durante el análisis que han efectuado se ha visto la posibilidad de que habite población indígena en el área de influencia del proyecto de la Minera San Rafael.

El secretario de la CC, Martín Guzmán, expuso que son necesarios informes y estudios antropológicos para emitir una resolución apegada a derecho sobre la mina.

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El estudio fue solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle.

Las tres entidades deben llevar a cabo los estudios de manera separada.  La CC dio un plazo de 15 días para entregar el informe. Sin embargo, también aclaró que si estas entidades ya poseen una investigación de este tipo no hay necesidad de que efectúen otra.

Despidos en minera

El 9 de este mes, la Minera San Rafael comunicó su decisión de despedir a 250 personas, según argumentan, motivados por la “falta de resolución de la Corte de Constitucionalidad”.

 “Lastimosamente, la falta de certeza jurídica y el no saber cuánto tiempo más tardarán los magistrados en emitir una resolución final, nos vemos obligados a tener que liquidar a 250 colaboradores más, lo cual significan 500 familias guatemaltecas que se han quedado sin sustento diario y por las cuales nos sentimos sumamente preocupados”, citaba el comunicado, como declaraciones de Andrés Dávila. 

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La minera indica que decidieron prescindir de los 250 colaboradores, por la falta de una resolución final de la Corte de Constitucionalidad (CC) y los 140 días de espera de un fallo de los magistrados.

“Lastimosamente la falta de certeza jurídica y el no saber cuánto tiempo más tardarán los magistrados en emitir una resolución final, nos vemos obligados a tener que liquidar a 250 colaboradores más, lo cual significan 500 familias guatemaltecas que se han quedado sin sustento diario y por las cuales nos sentimos sumamente preocupados”, cita el comunicado, como declaraciones de Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la Minera San Rafael.

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Otros despidos

El 15 de enero de este año, la empresa anunció la suspensión laboral de 250 personas, pero con el comunicado emitido este viernes confirman que los colaboradores fueron despedidos, en definitiva.

Sumado a las nuevas bajas que anuncia la minera, los despidos representan cerca del 50% de su planilla.

“Durante estos más de nueve meses hemos tratado de mantener a la mayor cantidad de colaboradores, pero esta situación por la que atraviesa la empresa hace totalmente insostenible mantener una planilla que sobrepasa los Q7 millones mensuales”, aseveró Dávila.

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La empresa confirmó que las nuevas personas despedidas también serán liquidadas, según lo establecido en el marco legal.

La minera insiste en que, de llegar a reanudar labores, estarían anuentes a recontratar a todas las personas que fueron despedidas.

“Sabemos que estamos dejando ir a mucho de nuestro talento en el cual hemos invertido muchos recursos para capacitarlos, pero estamos esperanzados que al tener una resolución final por parte de la CC, podremos volver a recontratarlos”, insistió Dávila.

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El gerente de país de Minera San Rafael, Dave Howe, proveedores, representantes de empleados y ejecutivos de la Cámara de Industria de Guatemala presentaron cuatro solicitudes de acceso a la información en la Corte de Constitucionalidad (CC) para conocer cómo va el proceso de la resolución de la corte en el caso de la mina.

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Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria comentó que presentaron las solicitudes a través de Acceso a la Información de la CC, por los 137 días que han transcurrido sin conocer una resolución.

“Llama poderosamente la atención que van 137 días sin conocerse una resolución, no sabemos si hay una disposición o si ya se conoció en el pleno”, resaltó el ejecutivo.

Ejecutivos de Mina San Rafael, representantes de la asociación de trabajadores, directivos de la Cámara de Industria de Guatemala y Proveedores de la Mina presentaron 4 solicitudes en la oficina de acceso a la información de @CC_Guatemala para conocer cómo va el proceso pic.twitter.com/iAyZtAjBbo

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) 6 de marzo de 2018

“En una época como la que está viviendo Guatemala de combate a la corrupción vale la pena preguntarse si esto no entra de algún calificativo de corrupción, al haber vencido los cinco días que tenía la corte en resolver y llevar más de 132 días adicionales sin resolver”, enfatizó Zepeda.

Momentos de tensión

En febrero pasado, un grupo de personas  retuvo durante unas tres horas a dos ejecutivos de Tahoe Resources Inc. y de la Minera San Rafael, en el camino vecinal de El Tablón, Casillas, Santa Rosa, acción que ocurrió mientras la CC aún no emite fallo definitivo sobre el funcionamiento de dicho proyecto.

La retención del británico David Howe, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, así como de Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de la minera, se produjo cuando efectuaban una labor de responsabilidad social. Un grupo de pobladores les bloqueó el paso y le pinchó los neumáticos, informó Andrés Dávila, vocero de la  Minera San Rafael.

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Dávila declaró que les indicaron que el grupo estaba armado. Agregó que ambos ejecutivos  viajaron a la aldea  para reunirse con cafetaleros locales para impulsar proyectos comunitarios.

Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

La Embajada del Reino Unido  dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”,  refiriéndose a Howe,  y además  se puso  en contacto con  autoridades locales, dijo   Eduardo Smith, oficial de prensa.

Efectos en la inversión

“La retención de personas solo agudiza  la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo”, expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de  una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región. 

Indicó que Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo  más  seguridad ciudadana y certeza  jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras  el Estado no cumpla con su deber  se  va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.

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En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar  que casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.

El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.

Por tercera ocasión en la misma semana que ocurrieron los hechos, sectores presentaron un memorial pidiendo a la CC que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017.

Los proveedores de la mina San Rafael también presentaron un  memorial que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el  5 de julio del 2017.

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Se trata de David Howe, británico, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, y Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de Minera San Rafael, informó Andrés Dávila, portavoz de la compañía.

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A eso de las 15 horas ocurrió la retención. Howe y Medina estuvieron dentro de un vehículo sin poder moverse porque el grupo les pinchó las llantas y cerró el paso.

La Procuraduría los Derechos Humanos (PDH) informó que delegaron intervinieron en el incidente, lo que permitió la liberación.

De acuerdo con Dávila, el grupo estaba armado y amenazó con incendiar el carro.

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En el lugar hubo presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Dávila dijo que el grupo forma parte del movimiento que se opone a la actividad minera en San Rafael Las Flores.

Agregó que el grupo insiste en que la minera debe salir de esa región.

Aparte, otro grupo bloqueó el kilómetro 80 de la ruta a Casillas.

Reacciones

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, dijo a La Red que el sector empresarial condena este acto violento.

Lamentó que estas sean consecuencias de la falta de decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a la suspensión de operaciones de la minera.

“Es preocupante que se genere más pobreza, desempleo y pérdidas al país sino que hay actos violentos que ponen en riesgo la vida de dos trabajadores”, dijo Zepeda.

La minera

Las plantas están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Cuenta con alrededor de mil cien trabajadores. Debido a la paralización de operaciones por la falta de resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en enero suspendió la relación laboral con 250 trabajadores.

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Partes a la espera

La minera solicitó en vista pública de octubre pasado que se mantenga la decisión de la CSJ que les permite seguir operando y que siga vigente la licencia. Lleva 226 días sin operaciones.

El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), por su parte, pide el cierre definitivo de la mina y el reconocimiento de la existencia del pueblo xinca.

Manifestantes de comunidades de San Rafael Las Flores, Casillas y otras aledañas se mantienen en frente del edificio de la CC desde hace meses, a la espera de la sentencia.

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De acuerdo con Andrés Dávila, gerente de comunicación de la empresa, “haber llegado a esta situación, es lamentable. No obstante, al no saber cuánto tiempo más pueda durar esta situación, nos hemos visto obligados a tomar esta difícil decisión. Estamos esperanzados que se tenga una resolución pronto para evitar aún más liquidaciones debido a que la empresa está teniendo dificultades para mantener sus costos”.

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Dávila también agradeció a todos los colaboradores de la empresa y agregó que, al reiniciar operaciones, esperan volver a recontratar a sus empleados. “Agradecemos su trabajo, compromiso y lealtad para con la empresa, especialmente durante estos últimos meses y esperamos que pronto podamos recuperar a nuestra valiosa fuerza”, resaltó Dávila.

Reacciones

El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, afirmó que no tenían conocimiento de la decisión de liquidar personal, pero en su momento comentaron que la suspensión de la mina llevaría a condicionantes complicadas.

“La mina tiene siete meses más o menos de suspensión y derivado de las condicionantes es que toman esta decisión”, explicó Chang.

El funcionario aseguró que se ha reunido con los representantes de la mina, quienes han expresado su preocupación por la situación.

Por su parte, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas) calificó de “inmoral e ilegal”, la decisión de cancelar los 250 contratos de la Minera San Rafael, dado que según la organización, durante los cuatro años que operó en el país obtuvo ganancias por más de US$2 mil millones, “situación que permite garantizar los salarios de los trabajadores, por el menos cinco años más”, citó el documento.

Además, recomendaron a los trabajadores afectados recurrir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para garantizar su reinstalación y mantenimiento de sus puestos laborales.

Minera San Rafael informó que realizó los siguientes procedimientos:

• Los colaboradores recibirán el pago de todas sus prestaciones.
• Los fondos están garantizados, por lo que se les recomienda no apresurarse para realizar sus trámites  bancarios.
• Han informado respecto a esta situación a distintas organizaciones y autoridades pertinentes como el Ministerio de Trabajo.
• Los colaboradores podrán volver a aplicar a procesos de selección, una vez reinicien las operaciones de la empresa.

*Con información de Henry Pocasangre

Desde hace tres semanas un centenar de pobladores realiza un plantón en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir a los magistrados que suspendan en definitiva las operaciones de la minera porque consideran que contamina el ambiente y no propicia el desarrollo.

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Agregó que los magistrados de la CC les han prometido realizar en enero próximo una visita a las comunidades para verificar la situación y luego emitir un fallo.

Sobre la 11 avenida de la zona 1 también hay un grupo de trabajadores de la minera que defiende las operaciones de la filial porque el país necesita fuentes de empleo y la importancia que ello tiene para el desarrollo de las comunidades.

“No detengan el desarrollo de Guatemala solo por atender a una organización”, se lee en una de las pancartas en la protesta.

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El grupo pide que los magistrado de la CC emitan un fallo pronto a favor de la actividad minera.

Operaciones 

En julio pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender temporalmente las operaciones mientras se realiza una consulta obligatoria a la población, pero esa decisión fue apelada ante la CC por la minera y la máxima instancia jurídica no ha resuelto el caso.

Guatemala está en declive. Por donde se le vea, casi todos los indicadores, locales e internacionales, apuntan a que la situación se va complicando cada día que pasa. El panorama es tétrico, pero estoy convencido de que todavía podemos salir adelante si tan solo se toman las decisiones necesarias para evitar que sigamos caminando hacia el precipicio. La pregunta del millón es si quienes deben tomar esas decisiones son conscientes de la trascendencia y urgencia de las mismas.

Los malos indicadores se van acumulando: caídas en el índice de confianza de la actividad económica, en el índice mensual de la actividad económica, en la tasa de crecimiento del crédito, en el índice Doing Business del Banco Mundial, en la calificación del país, en el índice global de competitividad, y así sucesivamente. Las consecuencias se van reflejando en índices como los de la Inversión Extranjera Directa y la tasa de crecimiento de la economía: los dos picaron en el 2014 y de allá para acá vienen en caída. El estudio presentado hace unos días por Cabi y Agexport sobre la pérdida de inversiones es lapidario.

Y aunque para muchos guatemaltecos estos indicadores no sean más que estadísticas incomprensibles, la mayoría “siente” sus efectos en su vida diaria. Sea el empresario que ha visto sus ventas estancadas o incluso reducidas; sea el trabajador que ve cómo recortan puestos de trabajo y le aterra pensar que el próximo pueda ser él; sea el pequeño emprendedor o el “trabajador por cuenta propia” que cada vez encuentra más difícil vender sus servicios; sea el guatemalteco que por no encontrar trabajo aquí ha emigrado buscando nuevos horizontes. Todos, de una manera u otra, hemos sentido la contracción.

Ciertamente hay cosas que solo se pueden resolver a largo plazo, pero hay muchas que se pueden hacer que pueden tener un gran efecto beneficioso en el corto plazo. El mejor ejemplo son muchas de las decisiones que tomó Trump al inicio de su mandato para reducir regulaciones y obstáculos a las actividades productivas. En menos de un año el efecto ha sido un crecimiento impresionante de la economía y de nuevos empleos.

Aquí la cosa es ambivalente: por un lado se reducen algunas trabas burocráticas, como por ejemplo para la inscripción de empresas, pero por el otro se pretende incrementar otras a nivel exponencial, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental que pretenden imponer hasta a los emprendimientos más pequeños.

Otro tema que se puede resolver rápidamente son los judiciales. Aquí el mejor ejemplo es el de Minera San Rafael. No tienen idea del impacto que ha tenido este absurdo caso en el mundo de los inversionistas: nos han puesto un sambenito que tardaremos años en quitarnos de encima. Es inaceptable que una operación de ese tamaño lleve ya más de cuatro meses detenida por un caso que nunca debió llegar hasta donde está. Y lo peor de todo es que a pesar de que ya se han cumplido todos los plazos legales, la CC sigue sin resolver y dejarlos operar.

Las pérdidas para la economía de todos los involucrados son tangibles. Cada día que pasa sin operar la mina se pierden 12 empleos en las empresas contratistas, lo que implica 60 personas que se quedan sin un sustento seguro. Cada día las empresas proveedoras dejan de vender Q3.6 millones y hasta el mismo gobierno deja de percibir Q1.1 millones en impuestos y regalías. Como mínimo, la economía del país deja de generar Q5.2 millones cada día que la mina sigue cerrada. Como si viviéramos en un paraíso utópico donde las plazas de trabajo crecieran en árboles. ¡No debemos permitir que los fabricantes de miseria continúen ahuyentando las inversiones y obstaculizando el progreso!

Fb/jjliber

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Los empresarios afirmaron que a pesar que la sentencia favoreció al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS ), la entidad apeló el fallo. Por lo tanto, “el único interés de la entidad es suspender definitivamente operaciones de la mina”, señaló Antonio Malouf, presidente del Cacif.

Para los empresarios la postura de CALAS de querer suspender definitivamente operaciones de Minera San Rafael no tiene fundamento legal.

Malouf afirmó que este retraso genera impacto en el clima de negocios, reducción de proyección del Producto Interno Bruto y baja en calificación de entidades internacionales de riesgo.

Los miembros del Cacif apelan a que los magistrados de la CC emitan su fallo, luego de la vista pública el 25 de octubre y aunque debía emitirse cinco días después de celebrada la vista, el plazo se venció el lunes pasado y está tomando más tiempo de lo previsto, “cuando los magistrados ya han trazado la ruta en casos anteriores”.

Juan Carlos Tefel indicó que a los Q1.1 millones que se dejan de percibir diarios por impuestos y regalías, se debe sumar los sueldos caídos, pérdida de proveedores, por lo tanto, la cifra aumenta a Q5.1 millones diarios que deja de percibir el país.

Malouf aseguró que “no están presionando a las cortes, sino sencillamente pedimos que se cumplan los plazos”.

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Por medio de un campo pagado, recomendaron a las cortes analizar el rumbo al que conducen las acciones de ciertos grupos con intereses particulares.

Antonio Malouf, presidente del Cacif comentó que los inversionistas necesitan que la CC dictamine de una manera congruente con los dictámenes anteriores y en el plazo establecido.

“Esto es importante para generar expectativas positivas para las inversiones”, dijo el empresario.

Enfatizan en el comunicado que el sector empresarial continúa invirtiendo en el país, arriesgándose por las condiciones poco favorables de certeza jurídica y estabilidad política.

El documento refiere que “La adversidad provoca que el país enfrente una profunda inestabilidad y se estanque social, jurídica y económicamente”.

Otro tema que preocupa al sector, es la atracción de inversiones que están realizando otros países como México, quienes la semana pasado presentaron a empresarios del país unas zonas “poderosas en la frontera, vinieron a enseñar cómo están haciendo negocios y eso nos mata cualquier tipo de inversión”, resaltó Malouf.

El representante del Cacif agregó que no es únicamente el tema de la Minera San Rafael, no solo es la situación actual, sino que lo que necesita Guatemala es una reactivación económica fuerte, y en ese sentido, espera que lo planteado en el Consejo Económico y Social de Guatemala (CES) pueda llevarse a cabo, porque se necesita generar empleo y detener la migración de guatemaltecos.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es  la última  y más alta línea de defensa de los intereses de  la población,  frente al comportamiento  permisivo de los  organismos  del Estado.

Hoy se encuentra con un dilema generado por la minería y su finalidad lucrativa, frente a la resistencia de comunidades rurales decididas a luchar contra esos fenomenales negocios que las están, dicen, dejando sin agua, sin bosques y sin tranquilidad social.

El asunto acrecentó el interés público esta semana, por una vista pública celebrada en la Corte de Constitucionalidad en el caso de la mina San Rafael, autorizada por el Gobierno del general Otto Pérez Molina hace cinco años. Simultáneamente se conoció que el gerente general de la minera ha sido enviado a prisión bajo el cargo de tener responsabilidad en la contaminación tóxica de un río (Prensa Libre, 26/10/2017). Y un canal de televisión transmite repetitivamente, palabras del alcalde de San Rafael Las Flores, afirmando que antes de que comenzaran las operaciones mineras, la población de ese municipio contaba con suficiente agua de los surtidores naturales y hoy tiene muy poca, lo cual crea gran descontento.

Las actividades de la minera se encuentran suspendidas por resolución de la Corte de Constitucionalidad, y el caso abre —al margen del tribunal— una guerra de palabras entre quienes favorecen a la minera considerándola la llave de ingreso al paraíso del bienestar económico colectivo, y quienes se oponen por estimar que la población es perjudicada.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana apoya las acciones encaminadas a lograr la reanudación de las operaciones de la empresa y ha expresado que siendo Guatemala un país en vías de desarrollo “requiere fuertemente del apoyo de capital extranjero para impulsar cualquier proyecto de desarrollo económico y social. Consecuente y racionalmente, el Estado debería de actuar con el propósito de crear un ambiente favorable para atraer dicha inversión de una manera sostenible”. (Prensa Libre, 24/10/2017); a propósito de lo cual necesario es recordar que el Gobierno de Guatemala durante más de sesenta años ha sido un consorte leal de la inversión extranjera y léase sobre el particular el Convenio de Garantías a la Inversión Extranjera, firmado entre los Gobiernos de Guatemala y los Estados Unidos durante el Gobierno del general Ydígoras Fuentes, y los acuerdos bilaterales de inversión para la promoción y protección de la inversión extranjera, firmados con Alemania (2006); Argentina (1998); Chile (1996); Taiwán, (1999); Corea del Sur (2000); Cuba (1999); España (2000); Finlandia (2005); Francia (1998); Israel (2006); Italia (2003); Reino Unido de los Países Bajos (2001); República Checa (2003); Suecia (2004); Suiza (2002) y Austria (2006); y firmado siete tratados de libre comercio, por los que Guatemala se obliga a proteger fuertemente todas las actividades de los inversionistas. Ahora bien, si la minería es tan beneficiosa, como Pérez Molina sostenía, ¿por qué el país mejor desarrollado de Centroamérica, Costa Rica, se ha declarado felizmente liberado de la minería a cielo abierto y festejado, como éxito nacional, el decreto legislativo que la prohíbe? Y, ¿por qué El Salvador ha seguido ese ejemplo y Guatemala no podría seguirlo?

Ese es el asunto que el magistrado debe resolver, sin sucumbir a presiones externas que pudieren trastocar la letra y el espíritu de la ley y perjudicar el interés vital de la población.

“AmCham no forma parte de la presente acción de amparo sin embargo, por ser el promotor de comercio e inversión entre Estados Unidos y Guatemala, y siendo MSR un socio activo de la cámara, expresamos interés en colaborar con esta honorable corte, mediante la formulación de opiniones y consideraciones jurídicas y económicas, para ser deliberadas por esta corte al momento de emitir el fallo respectivo”, expresó Juan Pablo Carrasco Presidente de AmCham Guatemala.

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Desde el año 2014 Minera San Rafael, ha realizado fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional.

La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se está desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país.

El día de hoy se presentó un Amicus Curiae ante la @CC_Guatemala el cuál busca la reanudación de labores de la Minera San Rafael. pic.twitter.com/XaUK6LmlOd

— Juan Pablo Carrasco (@jpcarrascodg) October 24, 2017

“Esperamos que la sentencia sea emitida en el plazo de ley luego de realizada la vista el próximo 25 de octubre, ya que es importante recordar que con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos, así como los más de US$5 millones que dejan de ingresar diariamente al país en concepto de pago a proveedores, impuestos y regalías y más de US$120 millones en inversión anual y pago a proveedores”, agregó Carrasco.

Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.

“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.

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Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.

Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.

Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.
La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.

El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.

“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.

En julio pasado, la CSJ otorgó un amparo provisional a Calas, con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera, la cual estuvo suspendida más de 60 días.

Antecedentes

En julio pasado,  la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.

Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.

Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Andrés Dávila, vocero de Minera San Rafael explicó luego de que las partes finalizaron de plantear sus argumentos, los magistrados se retiraron, sin emitir un fallo, por lo tanto, tardarán unos días en emitir la resolución final.

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“Estamos preocupados, creemos que tenemos un argumento legal sólido y hemos presentado las pruebas necesarias para que los magistrados conozcan mejor el caso y emitan una resolución más apegada a derecho, y que puedan resolver en base a ello y se den cuenta realmente quienes están siendo afectados”, expresó Dávila.

Plantean Argumentos

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedaron suspendidas en forma provisional  por decisión de la CSJ y como consecuencia la minera San Rafael debió detener sus operaciones desde el 5 de julio pasado.

Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.Las partes involucradas presentaron ante el pleno de magistrados de la CSJ sus argumentos respectivos, y ahora se espern resoluciones definitivas.

En ese sentido, Ana Roca de González, defensora de Minera San Rafael explicó que la licencia Juan Bosco fue expedida por el director general de Minería y refirió que este amparo debería tramitarse en un tribunal de apelaciones y no ante la CSJ.

Por lo anterior, dijo, el amparo es improcedente porque la licencia Juan Bosco está vencida desde el 2015 y la misma no es sensible de causar afectación a terceros y donde está ubicada es en los territorios de Casillas y Mataquescuintla, por lo tanto, no son parte del área de influencia.

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Durante su intervención el abogado delCentro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), Rafael Maldonado, argumentó la legitimidad de la organización y sus objetivos de promover la defensa y protección del patrimonio natural y cultural del país, al mismo tiempo defendió la legitimidad de los pueblos Xincas.

Maldonado afirmó que el Ministerio de Energía y Minas desconoció al pueblo Xinca, por lo tanto, no realizaron el proceso de consulta correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169, es por esta razón que solicitó a la CSJ.

El MEM informó en julio recién pasado que no se efectuarón consultas en en las comunidades de influencia del proyecto porque según datos del Registro Nacional de Personas (Renap) y el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) no determinaron población Xinca en el área de influencia. 

“Lamentamos mucho la decisión de la CC, de mantener la suspensión de operaciones, porque no respetó el fallo que emitió el 26 de mayo de este año”, dijo Andrés Dávila, gerente de comunicación de la minera.

Dávila hizo referencia a la sentencia que la CC dio a la hidroeléctrica Oxec, con la que le permitía operar mientras el Ministerio de Energía y Minas (MEM) efectúa la consulta a los pueblos indígenas.

San Rafael fue suspendida el 5 de julio por la Corte Suprema de Justicia. El lunes próximo se tiene prevista una vista pública en ese mismo organismo, en la cual esperan que se emita una resolución definitiva.

Dávila aseguró que la empresa cumplió con los requerimientos legales para obtener las licencias, pero acatarán lo que las cortes decidan, y si se solicita consulta, el MEM deberá efectuarla.

“Nunca hemos negado la presencia de pueblos xincas en el país. Reconocemos que es una población muy importante. El estudio de impacto ambiental contempla 10 comunidades en el área de influencia, y si se aplica un fallo como el de Oxec, la consulta debería realizarse en esas comunidades, aunque el Renap y el INE indican que no hay presencia de población indígena en esa área”.

Dávila refirió que Tahoe Resources, Inc., propietaria de la minera San Rafael, ha perdido más del 45% de valor en sus acciones en la bolsa debido a las resoluciones de las cortes.

“Vamos a agotar todas las instancias legales que nos permite la ley. Estamos esperando un fallo de la CSJ,  que tendrá resolver el fallo definifitvo. (La demanda internacional contra el Estado) es algo que se ha pensado a nivel de casa matríz pero aun se tendrá que decidir si se hace o no”.

Sectores se pronuncian

Mancomunidad se opone

En opinión de Hugo Loy, quien también es integrante  de la mancomunidad de la cuenca de Los Esclavos, conformada recientemente para oponerse a la explotación minera, dijo que la  resolución de la CC es positiva.      “Los cinco alcaldes que conformamos la mancomunidad nos adherimos como  querellantes en contra de la mina, y asistiremos el  lunes a la audiencia pública que se realizará en la CSJ para apoyar  que se  mantenga el amparo a  Calas”.
La  mancomunidad está integrada por alcaldes de  Mataquescuintla y San Carlos Alzatate (Jalapa), y  de  Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa y Casillas (de  Santa Rosa).
“Nuestro sistema de justicia tiene que ver primero los intereses de la colectividad y velar por la población, aquí  hay pruebas suficientes de que se  ha incumplido con todas las normas que están en ley antes de haber iniciado su explotación”.
Los habitantes de Casillas  continúan en  un plantón sobre la ruta que de este municipio conduce a San Rafael Las Flores.

Comunidad de San Rafael preocupada

El documento de la resolución, mostrado a la agencia AP, confirma la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio pasado suspendió las operaciones de mina, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, y ordenó cesar operaciones por haber discriminado al pueblo xinca.

Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones negó la existencia de la agrupación xinca y no les consultó sobre los trabajos que harían.

Según la ley, el MEM debe consultar a las comunidades para poder funcionar, lo que causó disgusto en los pobladores.

Rafael Maldonado, abogado quien solicitó el cierre de la mina en julio alegando sufrir discriminación, dijo que se sentía complacido porque se ha respetado el estado de derecho, pero “principalmente porque la Corte advierte la grave violación al pueblo xinca”.

Hace un mes

La CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), el pasado mes, con el cual deja en suspenso dos licencias de operación de la minera.

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Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Lamentan decisión

Andrés Dávila, vocero de la mina, calificó de lamentable la decisión de la CC, porque perjudica a muchas personas.

“Es lamentable que la CC no haya seguido el mismo fallo del 26 de mayo respecto de una hidroeléctrica y continuaremos el proceso legal”, señaló.

“No procede nada legal. Incluso hoy pagamos regalías a la Municipalidad de San Rafael Las Flores, a pesar de estar suspendidos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestros acuerdos”, puntualizó.

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Dávila informó que este jueves, en horas de la mañana, entregaron Q6 millones 246 mi, por regalías obligatorias, pero faltaban Q18 millones por regalías voluntarias, las cuales se entregarían si se continuaba la operación.
 

Según dirigentes, en la protesta participaron unas tres mil personas, quienes se detuvieron unos minutos frente al Congreso de la República y frente a las Corte de Constitucionalidad (CC) para que fueran escuchadas sus demandas, entre estas su rechazo a la Mina San Rafael, en Santa Rosa y que se trabaje para la conservación de los recursos naturales.

Hombres, mujeres y niños representantes de Santa Rosa y Jalapa portaban carteles en los que se leía #YoSoyXinka y con pitos y consignas gritaban que la minería ha dañado el ambiente.

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Vitalino Jiménez, autoridad Xinca de San Carlos Alzatate, Jalapa, dijo que el objetivo de la protesta fue pedir respeto hacia los pueblos indígenas y que se detengan las operaciones mineras en el país, que según él, destruyen los recursos naturales. 

Teodoro Pérez, uno de los manifestantes, indicó que también protestaron por el alto costo de la energía eléctrica y para que las autoridades atiendan a los agricultores.

“Han pisoteado nuestra dignidad y han robado nuestras tierras. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo diferente”, expresó uno los dirigentes frente a la CC.

CSJ suspende licencias de operación de minera San Rafael

Inconformidad

Agregaron que para otorgar licencias mineras no se les ha tomado cuenta, lo que según ellos, ha negado la existencia del pueblo Xinca por parte de las autoridades.

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Exigieron que el Ministerio Público investigue los supuestos ataques intimidatorios de los que han sido víctimas y que el organismo Ejecutivo respete la independencia judicial.

Unas cinco mil personas del pueblo Xinca protestan en la capital para rechazar la minería. pic.twitter.com/KuAa1DL7A3

— Óscar García (@oscargarcia_pl) 19 de julio de 2017

Minera se pronuncia

Andrés Dávila, encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael, indicó que la minera nunca ha dicho que no hay pueblo Xinca y que al contrario, reconocen que Guatemala es multicultural, pero según algunas autoridades, en el área de influencia de la mina, en San Rafael Las Flores, no hay presencia de Xincas.

Indicó que previo a la entrega de la licencia, el Ministerio de Energía efectuó un proceso de diálogo con las comunidades que están en el área de influencia de la operación de la mina.

Respecto del amparo, Dávila dijo esperar que la CC resuelva el caso de la minera de acuerdo a como resolvió en el caso de las hidroeléctricas Oxec, que seguirán operando por un año mientras se realizan las consultas.   

Campesinos se plantaron por algunos minutos frente a la Corte Suprema de Justicia en respaldo al amparo provisional que ordenó el cierre de operaciones de la Minera San Rafael, ubicada en Santa Rosa.

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“Yo soy Xinca” dicen varias mantas vinílicas que portan los manifestantes que se concentraron desde las 8.30 horas frente a la Municipalidad de Guatemala, posteriormente se dirigieron frente al Palacio de Justicia, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.

“Esperamos que la minera San Rafael reinicie operaciones pronto. La suspensión es muy dañina a la percepción de Guatemala como lugar para hacer negocios” , declaró escuetamente el diplomático, que opinó así sobre la decisión del Supremo de suspender provisionalmente las dos licencias de la empresa.

La Corte Suprema de Justicia  (CSJ) decidió el miércoles otorgar un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala  (CALAS) que deja sin efecto las licencias de extracción de El Escobal -otorgada en 2013- y Juan Bosco -2012- de la Minera San Rafael, de capital canadiense.

La resolución argumenta que para la extensión de las licencias no se realizó la consulta a los pobladores que viven en cercanías del proyecto.

El CALAS, promotor de este amparo, indicó que la suspensión de la Minera San Rafael constituye una acción de justicia para el pueblo Xinca.

El director del  (CALAS) , Rafael Maldonado, aseguró a periodistas que en el amparo “no solo se alega la ausencia del derecho de consulta a los pueblos, sino también la discriminación a los pueblos xincas que radican en la zona y que el Ministerio de Energía y Minas aseguró que no existían en el sector” .

Los pobladores del municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde está instalada la minera, manifestaron en reiteradas ocasiones su descontento por la “fuerte contaminación”  del área, que a su juicio está provocada en parte por las explosiones de la empresa.

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Otro asunto que genera malestar es que no ven reflejadas las regalías de la minería en desarrollo y proyectos de salud o educación para su municipio, por lo que exigen transparencia.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la poderosa cúpula empresarial y el Ministerio de Energía y Minas salieron este jueves en defensa de la minera, asegurando, de diversas formas, que la paralización de las labores afecta a la inversión extranjera y es injusta.

La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste de Guatemala, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores  (Santa Rosa) , a 97 kilómetros al sureste de la capital, y da trabajo directo a unas 600 personas e indirectamente a 17 mil.

En Guatemala estamos condenados a seguir siendo “subdesarrollados”, con muchos ciudadanos viviendo en la pobreza y muchos otros emigrando para buscar mejores oportunidades. Estamos condenados por un maldito sistema benefactor mercantilista por medio del cual una partida de parásitos tiene el poder de obstaculizar cualquier oportunidad de desarrollo y todavía darse el tupé de decir que lo hacen “por los pobres”. El triunfo de los parásitos es la condena para todos los demás.

Esta semana la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un amparo provisional en contra de Minera San Rafael, bajo el argumento de que cuando se emitieron las licencias para que operara, el Ministerio de Energía y Minas no realizó una consulta al pueblo xinca, siguiendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Considero una soberana irresponsabilidad la decisión que tomaron los magistrados de la CSJ, peor aún, justificándola con un simple “las circunstancias del caso lo hacen aconsejable”. Los magistrados no midieron las consecuencias de una decisión como la que tomaron. Lamentablemente, como todo en la administración pública, no son ellos quienes van a tener que pagar las consecuencias de sus decisiones.

No son ellos quienes van a tener que notificarle a más de 15 mil personas que se quedarán “temporalmente” sin empleo. No son ellos quienes van a sufrir las consecuencias de quedarse desempleados en una región donde hay muy poca generación de empleo. No son ellos los que van a tener que cerrar las puertas de su empresa o comercio por quebrar, por falta de ventas.

Eso sin contar con las consecuencias de las cuales nunca nos enteraremos, ya que sentencias como estas serán claves en las decisiones que tomen algunas personas y empresas para no venir a invertir a Guatemala. Del desarrollo, los empleos y la riqueza que podrían haber generado nunca nos enteraremos, porque simplemente no se darán.

Y digo que es irresponsable porque aunque el proceso de consulta del 169 ha sido blandido por grupos de parásitos como la espada adecuada para acabar con cualquier inversión en nuestro país, este no es el verdadero propósito de dicho convenio, como muy bien lo han informado los mismos representantes de la OIT. Lo que es más, ellos mismos han ratificado que el propósito del convenio es lograr el desarrollo de los pueblos indígenas, no mantenerlos en la pobreza y la exclusión.

Adicionalmente, han indicado que el proceso de consulta no tiene como propósito evitar ni vetar proyectos, sino que, en caso de que, como consecuencia de ellos, los pueblos indígenas sufran inconvenientes, buscar la manera de cómo puedan ser compensados.

Ante esa perspectiva, es incoherente y completamente ilógico suspender la operación de cualquier empresa —no solo de la mina, sino de cualquier otra—, ya que si al realizar el Gobierno el proceso de consulta se determinase, por ejemplo, que se debe relocalizar una comunidad o establecer un plan de reforestación, o construir un puente o una carretera, pues entonces en su momento eso será lo que se deba hacer. Pero entonces, ¿por qué obligar a las empresas a cerrar?

Estas decisiones que eliminan cualquier certeza a las inversiones, la única consecuencia lógica que van a lograr es ahuyentar las mismas y, por tanto, mantener a todos los guatemaltecos en la pobreza. Si en algún momento en el futuro cercano llegamos a estar en los niveles a que ha caído Venezuela, no se vaya a creer el cuento de que nos “cayó del cielo” o que es culpa del “capitalismo”. Nada que ver. Va a ser culpa de los parásitos que se regodean en mantener a los guatemaltecos pobres y de funcionarios irresponsables como los actuales magistrados de la CSJ.

Fb/jjliber

Ante la decisión de la CSJ de suspender las licencias de El Escobal y Juan Bosco aprobadas en 2013 y 2012 respectivamente, integrantes de la junta directiva del Cacif manifestaron que la resolución emitida ayer es incongruente con lo resuelto en mayo pasado por la Corte de Constitucionalidad en casos similares.

Directivos de Cacif presentan en la CC un amparo en contra de la resolución de la CSJ que suspendió licencias a minera San Rafael pic.twitter.com/GAF0BUItzW

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 6, 2017

Los integrantes del Cacif consideran que es una decisión arbitraria e irresponsable de los operadores de justicia y agregaron que es urgente se resuelvan estas situaciones y el reglamento para aplicar ar consultas porque se está alejando la inversión, con un mal mensaje de suspender proyectos.

También informaron que el valor de las acciones de la empresa cayeron hasta un 30% debido a esta resolución, ya que la empresa cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Toronto.

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En las afueras de la CC se presentaron trabajadores de la minera y exigen que los dejen seguir trabajando.

Ministerio de Energía y Minas refiere que en el área de influencia de Minera San Rafael no se determina población indígena pic.twitter.com/vcjT6tVjLa

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 6, 2017

Andrés Dávila encargado de relaciones públicas de la minera San Rafael dijo que no comprenden porque la CSJ emitió esa resolución ya que solo se indica que ante las situación actual lo aconsejable es la suspensión.
         
“El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías, salarios, impuestos etc por un día de paralizar labores”, dijo Dávila.

Antecedentes

Calas presentó la acción de amparo en mayo pasado, alegando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias.

“El amparo es de ejecución inmediata, a partir de hoy la minera san Rafael debe suspender sus operaciones”, dijo Rafael Maldonado, director del área legal de Calas.

Según Maldonado, el MEM no realizó las consultas comunitarias porque en los lugares donde opera la minera no hay población indígena xinka, argumento que considera sin sustento.

El representante de Calas dijo que es innegable la presencia de comunidades indígenas xinkas en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, y que incluso algunos vecinos “tienen títulos de propiedad de las tierras comunales”.

“La minera San Rafael es una empresa que contamina el ambiente”, señaló Maldonado. Además, indicó que tanto el MEM como la empresa pueden presentar recursos a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que será este tribunal que revoque o confirme el amparo.

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La resolución de la CSJ fue emitida el pasado 22 de junio y este miércoles fue notificado Calas y las demás partes involucradas.

Calas presentó la acción de amparo en mayo pasado, alegando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias.

“El amparo es de ejecución inmediata, a partir de hoy la minera san Rafael debe suspender sus operaciones”, dijo Rafael Maldonado, director del área legal de Calas.

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Según Maldonado, el MEM no realizó las consultas comunitarias porque en los lugares donde opera la minera no hay población indígena xinka, argumento que considera sin sustento.

El representante de Calas dijo que es innegable la presencia de comunidades indígenas xinkas en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, y que incluso algunos vecinos “tienen títulos de propiedad de las tierras comunales”.

“La minera San Rafael es una empresa que contamina el ambiente”, señaló Maldonado. Además, indicó que tanto el MEM como la empresa pueden presentar recursos a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que será este tribunal que revoque o confirme el amparo.

Este miércoles hubo una manifestación de trabajadores y proveedores de la minera frente a la CSJ para exigir sus derechos laborales.

Rechazo

La Cámara del Agro señala que la resolución “violenta la Constitución Política de la República” y pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) que revoque la decisión de la CSJ.

“Continuar destruyendo la certeza jurídica en nuestro país ahuyenta la inversión, generando condiciones de mayor desempleo, pobreza y conflictividad”, asegura la cámara en un comunicado.

Pérdidas

AmCham de Guatemala advirtió de la pérdida de más de 445.000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos al año si la Corte Constitucional decide suspender las operaciones de hidroeléctricas y mineras.

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco, manifestó su “preocupación” ante las resoluciones de la máxima instancia jurídica del país por suspender proyectos que “generan bienestar, empleos y desarrollo en las áreas rurales de Guatemala”.

En su opinión, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las consultas a los pueblos originarios, refiere que la falta de estas consultas populares “no es motivo para el cese de operaciones”, por lo que la suspensión de estos proyectos viola los derechos de propiedad de los inversionistas y desalienta futuras inversiones.

Pobladores habían bloqueado el paso de vehículos de la minera San Rafael en el km 80, por lo que agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para dialogar con los inconformes.

Después de varios minutos, los manifestantes accedieron a dejar libre la vía, pero otro grupo ajeno lanzó piedras a los uniformados y estos respondieron con gases lacrimógenos.

La manifestación se dio por descontentos por la actividad minera en San Rafael Las Flores, lo que habría provocado los incidentes que dejaron varias personas intoxicadas por las bombas de gas lacrimógenas.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, comentó que se tiene preliminarmente detenidas a cuatro personas, quienes habrían lanzado piedras a los agentes. 

“Había un grupo que bloqueaba el paso, se dialogó con ellos y accedieron a retirarse. Pero otro grupo atacó a los agentes y se uso el medio disuasivo”, comentó Aguilar. 

Socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales atendieron a las personas que tuvieron complicaciones por el gas lacrimógeno. Además, se reportaron seis agentes heridos, pero sin que necesitaran asistencia.
 

“Trasladamos a una persona de 63 años que tenía golpes en la cabeza, problemas cardiacos y síntomas de intoxicación por los gases. Se atendió a otras dos con posibles fracturas en las piernas, por golpes de algunos objetos y seis con síntomas de intoxicación, pero se negaron a ser llevados al Centro de Atención Permanente”, informó el bombero Douglas Zacarías.

Vecinos comentaron que dos niños, de cuatro meses y 1 año, resultaron intoxicados porque una de las bombas lacrimógenas cayó en su vivienda, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial privado.
 
Los Bomberos Municipales Departamentales se mantuvieron en la entrada al municipio por cualquier eventualidad. 

Se retiran

Al final de la tarde, los agentes de la PNC dialogaron con los manifestantes para que no volvieran a bloquear el camino, la propuesta fue aceptada por los pobladores y los antimotines se retiraron del lugar. 

Fuerzas de seguridad se retiran de Casillas, Santa Rosa, para evitar más enfrentamientos. pic.twitter.com/pLUPU2H2bo

— José Manuel Patzán (@jmpatzan_pl) June 23, 2017

Vea aquí una transmisión en directo de los incidentes

El edificio inaugurado este viernes tiene un costo Q7.5 millones, los cuales fueron aportados por la Minera San Rafael; mientras que el Ministerio de Gobernación colaboró con los planos de la estructura.

Juan José Cabrera, director general de Minera San Rafael,  indicó que en conjunto con el referido ministerio trabajaron para sustituir la anterior subestación por un edificio moderno. 

Las nuevas instalaciones cuentan con equipamiento, áreas separadas donde pueden convivir hombres y mujeres policías. También fue donado equipo de lavandería, de cocina y computación; además, se instaló una planta de tratamiento de agua residual.

Francisco Rivas, ministro de Gobernación, agradeció el apoyo de la referida  empresa y agregó que  en la nueva subestación se instalará una oficina para la prevención del delito, la cual tendrá comunicación directa con los consejos comunitarios de desarrollo y la población en general.

René Muñoz, síndico primero de San Rafael Las Flores, indicó que la obra tiene un buen diseño y que espera que los agentes de la PNC brinden un mejor servicio a la población, ya que según él, el comportamiento de algunos no es el adecuado.

Rodrigo Salguero, jefe de la Comisaría 32 de PNC, explicó que la subestación cuenta con 20 agentes divididos en tres turnos.

Discurso del Ministro Francisco Rivas en inauguración de comisaría policial en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. pic.twitter.com/Rme5oqd4jI

— MinGob (@mingobguate) February 12, 2016

Los delitos por los que se acusa a Archila y Castellanos Barquín son los de incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución, que se habrían cometido con la autorización para explotación minera del proyecto El Escobal, en Santa Rosa, de la Mina San Rafael.

Representantes de Calas explicaron que la cartera de Energía y Minas recibió, en abril de 2013, 250 oposiciones de igual número de habitantes de Santa Rosa para que no se instalara el proyecto minero sin embargo estas fueron rechazadas sin seguir el proceso adecuado.

Además, Archila y Castellanos Barquín habrían otorgado la licencia a la Mina San Rafael sin haber notificado a los 250 interesados, por lo que se violó el procedimiento pues debían hacer las notificaciones antes de la autorización.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, donde se indicó que dichos delitos habrían sido cometidos 250 veces.

Calas también pedirá a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que investigue si existe tráfico de influencias en este caso, además de evaluar los bienes de Archila, pues consideran que estos no corresponden al salario que pudo recibir como funcionario público.