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En cualquier orden de la vida nacional, el peso de la violencia es demoledor e indignante, pero su estéril absurdo llega a un extremo de barbarie cuando las víctimas son niños y niñas.

El silencio ha sido el principal cómplice que se suma a toda una cadena de negligencia que involucra a autoridades del ramo de seguridad y a los encargados de perseguir y sancionar el delito, y cuyas actitudes alimentan la espiral de impunidad que amenaza con extenderse.

Esta situación está causando daño en la siguiente generación de guatemaltecos, pues, aparte de los asesinatos y las heridas por balas perdidas, existe una percepción de la agresión armada, como parte de una monstruosa normalidad en la cual una de las estadísticas menos conocidas es la relativa a la muerte violenta de niñas, niños y adolescentes, asunto alarmante que salió a luz durante la firma del convenio de cooperación entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Allí se dio a conocer que de enero a octubre del 2008 se produjeron 509 muertes violentas de menores de edad, según registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La cifras son frías, pero reflejan una dramática realidad que agobia a los guatemaltecos: el 98 por ciento de esos crímenes se queda sin castigo, ya sea por deficiencias en la investigación, en el planteamiento de la acusación o por los fallos emitidos por los jueces.

Ciertamente, toda muerte violenta es lamentable y debe ser objeto de persecución judicial, pero la recurrencia de casos de menores asesinados ha tenido un crecimiento deplorable: entre el 2003 y 2005 fueron asesinados dos mil 112 niños, niñas y adolescentes; es decir, un promedio de 58 muertes al mes, según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cabe mencionar que la mayoría de los crímenes se cometió con armas de fuego, cuya ley se encuentra estancada en el Congreso de la República, debido a pugnas e intereses aviesos.

La debilidad y la descoordinación de los órganos encargados de la investigación del hecho delictivo y de atención a la víctima ocasiona que muchos casos sean inicialmente atendidos, pero no concluyan en procesos penales condenatorios, y en muchos de ellos es notorio el difícil acceso al sistema de justicia que sufre la niñez y la adolescencia, especialmente en áreas rurales y entre la población indígena, donde la vulnerabilidad es realmente lacerante.

Mucho de ello se explica con las condenas por asesinato de menores, que pueden contarse con los dedos de las manos, y ha sido más bien desde el exterior de donde llegan las amonestaciones. El pasado miércoles, para citar un caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, le ordenaba al Estado guatemalteco entregar un informe sobre las medidas adoptadas para identificar a los responsables del secuestro, tortura y asesinato de cinco niños en 1990. Un caso que espera justicia y le recuerda al Estado su ineludible tarea de encarar toda forma de violencia, por medio del combate de la impunidad.