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El proyecto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de elevar a 360 cuotas y 65 años de edad los techos para que los afiliados tengan derecho a la pensión de retiro ha venido a agravar las preocupaciones de trabajadores y patronos en un momento de dificultades para mantener a flote la actividad económica, debido a la crisis global.

Con la recurrente amenaza del colapso del sistema, el IGSS promueve diversos cambios en el régimen de pensiones, como la elevación de las contribuciones patronales y laborales, además de los requisitos ya señalados para que los asalariados puedan recibir un aporte mensual que cubra mínimamente los grandes apremios de subsistencia de la vejez.

Hay en aquella iniciativa diversas inconsistencias o medidas contraproducentes tanto para la productividad como para el afán del Estado de incorporar a la economía formal al mayor número de pequeñas iniciativas empresariales. El primer efecto negativo es, sin duda, la ingratitud de llevar a 65 años la edad de retiro, en un país donde la expectativa de vida es de apenas 66.71 para hombres, quienes constituyen el grueso de la clase laboral. Precisamente este contrasentido privó entre las consideraciones esgrimidas en el 2004 por la Procuraduría de los Derechos Humanos para lograr en la Corte de Constitucionalidad un fallo que dejó sin efecto el mismo despropósito.

Con ambas medidas —más edad y más años de contribución—, un elevado porcentaje de trabajadores quedará fuera de la posibilidad de pensionarse y se convertirán en simples financistas de quienes ya cuentan con esa prestación o de los pocos afortunados que lleguen a satisfacer aquellos requisitos, ante todo por la dificultad de asegurar la continuidad de una plaza, debido a la práctica nacional de cerrar las posibilidades laborales a mayores de 40 años.

Esta exclusión incrementa la inequidad de un sistema del que son patrocinadores involuntarios miles de guatemaltecos que nunca o rara vez utilizan los servicios médicos del IGSS, por su conocida ineficacia e ineficiencia. Y como siempre, el asalariado será quien pague el costo de un sistema previsional caduco, a cuya obsolescencia se suma la mala administración de los recursos, por los dispendios internos, como sueldos elevados y toda suerte de privilegios obtenidos por la presión sindical, y por la incapacidad institucional de lograr el pago de Q14 mil 423 millones adeudados por el Estado, municipalidades y particulares.

Por otra parte, respaldado en su monopolio cerrado a la modernización en la cobertura social, el IGSS ha bloqueado el desarrollo de opciones previsionales exitosas, como las existentes en Chile o Costa Rica, países donde se permite a los trabajadores la filiación a fondos fundamentados en la equidad de la renta entre sus aportes y la cobertura de retiro.

Hay, pues, nuevos nubarrones sobre un sistema de por sí injusto y poco amistoso. Y solo la unidad de patronos y trabajadores evitará que se consume un atropello marcado por la intransigencia de las autoridades del IGSS para escuchar las opiniones de quienes pagarán el costo de esta inhumana pretensión.