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El antiguo refrán: “Lo que no te cuesta, hacelo fiesta” adquiere en estos días, en Guatemala, una dosis adicional de oportuna sabiduría, ante la ansiedad gubernamental por la obtención de financiamiento no reembolsable en la actual gestión, destinado a cubrir el costo de los programas y las políticas públicas.

El marcado afán de endeudamiento de esta administración, a causa de la caída en la recaudación fiscal como consecuencia de la crisis financiera global, ha llevado a gestionar y lograr del Congreso de la República la aprobación de empréstitos que han disparado la deuda externa a niveles preocupantes, aunque la recurrente argumentación de los tecnócratas oficialistas de la economía la pinte en parámetros inferiores al resto de América Latina y, por lo tanto, manejable y susceptible de ser aumentada.

Pero la constante confrontación y disensos del Gobierno con la oposición, y la patética carencia de liderazgo y persuasión de parte de sus operadores en el Congreso, ha cerrado aquella válvula de financiamiento y arrastrado a un limbo impredecible la reforma tributaria en la que el Ejecutivo cifraba esperanzas de frenar la brecha fiscal en el Presupuesto General de la Nación de este año.

Así las cosas, y ante el ensanchamiento de aquel déficit a un elevado 19.6 por ciento de la recaudación estimada por la Superintendencia de Administración Tributaria, lo que se traduce en Q7 mil 552 millones menos, el Gobierno ve como favorable a sus propósitos, dentro del contexto de la debacle económica, el repunte del precio del petróleo, porque resucita la posibilidad de captar Q1 mil 900 millones cada año, de Petrocaribe.

No se trata de ser aguafiestas, pero la negociación por realizarse mañana entre Colom y su par venezolano, Hugo Chávez, está rodeada de diversas dudas relativas a la discrecionalidad y transparencia en la administración de los eventuales recursos, y también en la extraña modalidad de destinar a otros fines el dinero que se recaudaría de la venta a los guatemaltecos de petróleo ajeno.

Preocupa, ante todo, la eventualidad de que aquel fondo vaya a parar a un fideicomiso que dificulte su fiscalización, como lo demuestra la nefasta experiencia de otras prácticas de ese tipo, en las que se defraudan ingentes sumas provenientes de un fisco permanentemente expoliado por la corrupción. Por otra parte, resulta fácil y hasta divertido gastar un dinero recaudado sin mayor esfuerzo y sin exigencia de devolución a corto plazo, sin importar que esa deuda pasará a formar parte del pasivo de las futuras generaciones de guatemaltecos, quienes tarde o temprano deberán pagar los dispendios de quienes se conducen sin prudencia y comedimiento en el manejo del Estado, en medio de una crisis que está sumando más compatriotas a las huestes ominosas de la pobreza.

Los diputados honestos constituyen la única esperanza ciudadana para detener este esperpento, o al menos para asegurar la debida fiscalización, a efecto de que aquel dinero ajeno no termine en el drenaje sin fin de recursos destinados a actividades dudosas que no están basadas en una visión integral de Nación.