Prensa Libre - Edición Electrónica

Indudablemente, la ley de comisiones postuladoras para cargos públicos vino a complicar las ambiciones y las artimañas de ciertas personas y grupos por copar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y eso explica la resistencia a su aplicación, proveniente de rectores de universidades y decanos de facultades de Derecho.

La ley es clara y no deja lugar a confusión en cuanto al procedimiento de integración de las comisiones y la selección de candidatos. Por eso resultan ridículas y sospechosas las dudas que dicen tener algunos de aquellos personajes, quienes de esa manera exhiben su no disimulado interés en continuar en los antiguos vicios de manipulación de aquel evento.

Los conflictos de intereses son expresiones casi generalizadas en este sufrido arranque del procedimiento para renovar las cortes, porque se debe batallar con la arraigada tendencia a sobreponer los intereses propios a los de las instituciones a las que se sirve, con el objetivo primario de someter esfuerzos como el señalado a las marrullerías puestas al servicio de intereses malignos.

El Derecho aspira a la búsqueda de la justicia en base de valores tales como la rectitud, la ética y la transparencia. No forman las escuelas de aquella aptitud para el chanchullo y el fraude, aunque en la práctica de aquella carrera tales virtudes caigan de hinojos ante la convincente persuasión del poder y el dinero.

Ese monstruo de las inmoralidades en la profesión del Derecho hace sentir sus coletazos en el prestigio de un sector en donde hay manzanas podridas pero también juristas de elevado porte ético. Y es a estos últimos a quienes la historia les asigna ahora la tarea de orientar a su gremio hacia la transparencia.

Se debe señalar y denunciar a los rectores y decanos con claros conflictos de intereses, porque no pueden ser juez y parte en un sistema de integración que los coloca con privilegios y ventajas competitivas sobre otros aspirantes. Por eso resulta inaceptable la simbiótica posición del magistrado Vladimir Aguilar, quien es también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, y como tal, elector, pero aspira a su vez a figurar como candidato.

Aguilar debe declinar esa candidatura, en una manifestación de mínima decencia, porque a nadie convence su promesa de abandonar momentáneamente la decanatura para figurar como aspirante. Aunque sea legal, su pretensión es claramente inmoral. Además, quien lo reemplace seguramente usará a su favor la solidaridad y dependencia jerárquica cultivadas en aquella casa de estudios.

Los académicos citados están obligados a observar reglas mínimas de conducta en su desempeño en las comisiones a su cargo, para merecer el respeto que los guatemaltecos regatean a la justicia, con sobrada razón.

Deben tener claro esos postuladores —y quienes en este país se valen de sus puestos para obtener beneficios— que no puede funcionar bien el sistema judicial ni la democracia mientras se permita y promueva el tráfico de influencias y el conflicto de intereses, que constituyen quizá las lacras más controversiales y criticables de la conducta pública.