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Las próximas 48 horas serán cruciales para conocer si logra establecerse el gobierno de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, a quien nombró por unanimidad el Congreso de la República, o si, por el contrario, el presidente destituido por ese organismo, Manuel Zelaya, regresa al ejercicio del poder, del cual fue retirado ayer por la mañana, previo a ser trasladado a Costa Rica.

La segunda posibilidad es la segura. La OEA condenó el hecho, lo calificó de golpe de Estado y exigió el regreso “inmediato, seguro e incondicional” de Zelaya, pero además hubo una declaración de apoyo de la comunidad europea, de los países latinoamericanos izquierdistas y también de los que defienden la institucionalidad como concepto. Por aparte, hoy se inicia en Nicaragua una reunión del Sistema de Integración Centro Americana, primera prueba internacional para Micheletti.

Fue notoria la actitud cautelosa del presidente Obama, quien dijo estar “preocupado”, e instó a los hondureños a resolver las tensiones y disputas “pacíficamente y sin interferencia foránea”, en una evidente referencia a la misma OEA, pero también a Hugo Chávez, quien puso a las fuerzas armadas venezolanas en alerta y declaró estar dispuesto a “hacer lo que sea” para defender a Zelaya.

Al analizar el asunto, no es posible apoyar lo ocurrido en Honduras, donde militares irrumpieron en la Casa Presidencial y sacaron en piyama a Zelaya, para llevarlo a Costa Rica. Ya se había iniciado un proceso legal en el Congreso para una posible separación del cargo, interrumpido por la expulsión del presidente. En el pleno fue leída una carta de renuncia del mandatario, de inmediato desmentida por éste. Al nombrar a Micheletti se produce una posible bicefalia en el Ejecutivo hondureño.

Lo ocurrido en Honduras es efecto de un proceso largo. Zelaya desobedeció al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia, que declararon ilegal una consulta popular convocada para ayer, en la cual intentaba legitimar la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, ahora prohibida. Cuando el jefe de las Fuerzas Armadas se negó a apoyarlo, lo destituyó, pero la CSJ lo reinstaló en el puesto, y ello provocó que Zelaya la calificara de “una vergüenza” y secuestrara las papeletas de la consulta popular.

Se trata, entonces, de un problema más serio: decidir si haber ganado una elección le permite a un presidente actuar de manera ilegal e irrespetar los mandatos del Congreso y de la Corte Suprema. Por eso, al pedir el regreso “incondicional” del mandatario, en la práctica la OEA avala los abusos.

Zelaya se refirió a la consulta como una simple encuesta no vinculante, pero es infantil pensar que un resultado positivo no hubiera sido utilizado como arma para la reelección. El caso de Honduras, por su complejidad, es de aquellos en los que es malo tomar una decisión, pero es peor tomar otra. Por ello resulta una encrucijada y puede tener solo efectos políticamente malos.