Estados Unidos
Alza en gasolinas: iniciativas para mitigar impacto generan dudas por falta de sustento técnico
Diputados en el Congreso plantea exoneraciones de impuestos, subsidios y un fondo de estabilización para reducir el alza de los combustibles en Guatemala. Sin embargo, analistas advierten que las medidas carecen de sustento técnico, implican alto costo fiscal y podrían tener efectos limitados en el consumidor.
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Un trabajador llena el tanque de una motocicleta en una estación de servicio, en medio del alza de precios del combustible. (Foto Prensa Libre: EFE)
Ante los aumentos drásticos de los precios de los combustibles que se han experimentado durante marzo en el país —lo que coincide con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de ese país—, han surgido diversas propuestas para mitigar el impacto de esa alza en el consumidor.
En el Congreso de la República se han recibido al menos cinco iniciativas de ley que proponen medidas para mitigar los efectos en el consumidor, además de algunas mencionadas por funcionarios del Gobierno, de las cuales aún no se ha tomado decisión.
De estas iniciativas de ley, tres se refieren a la exoneración de impuestos, una propone un fondo de estabilización de precios, además de un paquete de iniciativas que impulsa subsidios y fortalecer el teletrabajo. Sin embargo conllevarían que el fisco deje de contar con unos Q800 millones mensuales de ingresos de tributarios por el plazo de la exoneración o tener que desembolsar Q1 mil 840 millones en seis meses, en ambos casos no se especifican las fuentes de financiamiento, señalan analistas de diferentes centros de investigación.
Exoneración temporal de impuestos
Tres iniciativas de ley proponen suspender temporalmente tributos como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la distribución de derivados del petróleo (IDP).
Una fue presentada por la diputada Nadia de León para suspender el IDP por dos meses. En ese plazo, los importadores, refinadores, almacenadoras, distribuidores y comercializadores de combustibles no estarán obligados a pagar ni trasladar el impuesto. La parlamentaria refirió que los subsidios implican un gasto fiscal directo y pueden generar distorsiones en el mercado, mientras que la suspensión temporal de este impuesto está enfocada en reducir el precio final del combustible, con menor complejidad administrativa.
La otra iniciativa se denomina Ley temporal de exención tributaria a los combustibles para mitigar el impacto económico del alza internacional de los hidrocarburos. Propone la exención, por el plazo de tres meses, del IDP y del IVA tanto para la gasolina superior, la regular, el diésel y otros combustibles derivados del petróleo destinados al consumo nacional, y que sea aprobada de urgencia. Fue presentada por los parlamentarios Byron Rodríguez, Felipe Alejos y Danilo Madrazo.
Ambas iniciativas contemplan que diferentes entes estatales supervisen que la exención se refleje en el precio al consumidor final.
Otra propuesta fue anunciada el martes 17 de marzo por el diputado Ronald Portillo. Explicó que la iniciativa de ley propone la creación de un mecanismo para que, cuando Guatemala entre en un alza sostenida de los precios de los combustibles, este se aplique para exonerar de forma automática y temporal el IDP.
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Agregó que considera que es la opción adecuada, porque ese impuesto debe destinarse a infraestructura vial, pero que en la actualidad no se realizan las inversiones que se requieren en las carreteras, por lo que los recursos recaudados no se están utilizando.
Cómo se cobran los impuestos del IVA e IDP
Según la legislación actual, el IVA se aplica en 12% sobre el precio del combustible al consumidor final sin el IDP, por lo que se estima que representa alrededor de Q3.30 por galón.
En el caso del IDP, se aplica Q4.70 al galón de gasolina superior; Q4.60 a la regular, y Q1.30 al diésel.
Preocupa la efectividad
Respecto de las propuestas para mitigar el alza de los combustibles, el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, refirió que la intención es buena, pero hay preocupación por la efectividad de los mecanismos propuestos. Recomienda que, bajo ningún escenario, se aprueben de urgencia nacional sin el debido análisis y una discusión técnica rigurosa, que incluya el costo-beneficio de esas medidas, tanto el impacto fiscal para el Estado como si realmente se reflejarán en el consumidor final.
Hugo Maul, analista del Cien, efectuó una evaluación de cuatro medidas ante el aumento del precio del petróleo, con base en criterios de sostenibilidad, equidad, eficiencia, dificultad de salida y fiscalización:
- Según ese análisis, la mejor opción es no intervenir y dejar el precio libre, sin establecer medidas
- La segunda mejor opción serían las transferencias focalizadas (como los bonos)
- La menos aconsejable sería la rebaja del IDP o del IVA (que en gasolinas puede representar unos Q8 por galón y en diésel unos Q5)
- Según su análisis, la peor opción serían los subsidios directos (como se hizo en el 2022 durante la crisis de la guerra Ucrania-Rusia)
Qué opinan los analistas sobre la exoneración de impuestos
Barrientos agregó que cualquiera de estas medidas tendrá una pérdida fiscal; es decir, se dejarán de recibir ingresos de recaudación tributaria y se afectarán otros rubros financiados con estos impuestos, como Covial.
Estima que, entre ambas exoneraciones, el Gobierno perdería ingresos de entre Q750 millones y Q800 millones mensuales de recaudación.
Por ejemplo, del IVA podrían perderse cada mes entre Q360 millones y Q400 millones, suponiendo que toda la cadena de comercialización no lo cobre. En el caso del IDP, podrían dejar de recibirse unos Q450 millones mensuales.
Agregó que no vale la pena ese sacrificio fiscal si, por ejemplo, en el diésel solo representará una rebaja de Q1.30 por galón del IDP, ante un precio de alrededor de casi Q40 por galón, y para las gasolinas supera los Q4 por galón. El IVA estaría alrededor de Q3.
En el caso del IDP, “parece que no hay análisis técnico y robusto de la eficiencia que podrían tener esas medidas, sino más protagonismo político”. Además, en el caso del IVA, se debe observar si proponen que la exoneración se aplique a toda la cadena, desde la importación hasta la distribución, expuso Barrientos.
En tanto, Érick Coyoy, analista económico de Asíes, opina que, si hay voluntad política para tomar decisiones fiscales que busquen un menor precio de combustibles, la opción más directa e inmediata es suspender temporalmente el IDP, porque implicaría automáticamente un menor precio de venta para el consumidor.
Consultado sobre las propuestas de exonerar el IVA, Coyoy refirió que el IDP, por ser un impuesto específico, es más simple de regular porque tiene su propia ley. Además, causa menos problemas al fisco, porque el destino de ese impuesto está definido, por lo que el Gobierno tendría que buscar una fuente de financiamiento alterna solo para ese rubro.
En tanto, Hugo Maul, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que es importante tomar en cuenta que el Gobierno no tiene una varita mágica para evitar que el país pase “por este trago amargo del alza internacional de combustibles”.
Considera que las propuestas buscan aparentar que con este tipo de medidas todos ganan, pero que eso, económicamente, es inexacto.
Respecto de quitar impuestos o dar subsidios, un elemento esencial es analizar la sostenibilidad de ambas medidas, porque el riesgo principal es que esta perturbación del mercado no sea transitoria de muy corto plazo, sino que pueda alargarse. Surge la duda de cuánto tiempo tiene capacidad el país para hacerle frente a un incremento de precios del petróleo sin que esto se traslade a los consumidores. Mientras más corto sea el período de la perturbación, más fácil resultará hablar de impuestos y subsidios; pero, en la medida en que se prolonga, se hace más difícil justificarlos desde la perspectiva de la sanidad de las finanzas públicas.
Los precios de referencia del @MEMguatemala para esta semana son Q36.49, gasolina superior; Q35.49, regular; y Q37.29 el diésel, en autoservicio del área metropolitana. Pero la bancada Vos refiere hoy en las gasolineras están más altos, en: Q37.39, Q36.39 y Q39.19 @prensa_libre pic.twitter.com/SpyCf8rP1U
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 18, 2026
También se debe considerar la equidad: los usuarios de combustibles son en su mayoría habitantes de áreas urbanas que tienen ingresos suficientes para poseer un vehículo o motocicleta; no son las personas más pobres del país. Se debería analizar por qué se están tomando decisiones para favorecer a un segmento que no es el más vulnerable.
Coincide con otros analistas en que también se deben evaluar los aspectos técnicos de exonerar impuestos, porque tienen impacto fiscal directo. El IDP se elimina como una suma fija al consumidor final, pero el IVA tendría que eliminarse en toda la cadena de importación y distribución hasta llegar al consumidor final.
También es fundamental la posibilidad de fiscalización para tener certeza de que los fondos que se otorguen o se dejen de recibir serán utilizados adecuadamente y que impacten al consumidor. “La implementación es difícil y, en términos generales, no resuelven el problema esencial, como el encarecimiento internacional”, expresó.
Maul señaló que no está de acuerdo con ninguna de las dos medidas (exoneración temporal de impuestos ni subsidio), pero la forma en que se implementen será clave, ya que los beneficios podrían no llegar al consumidor.
Lo que hay que considerar es que, si se trata de una reducción de impuestos o de un subsidio, de dónde va a sacar el Gobierno ese dinero, y que lo único que le quedaría sería desfinanciar otros programas para financiar estas medidas.
Según Maul, sería pertinente conocer de parte de los diputados “qué rubro de gasto consideran que hay que sacrificar”. “No sería aceptable que el financiamiento del subsidio o la reducción de impuestos vaya a cuenta del déficit fiscal o de deuda”.
Fondo de estabilización de precios
Los diputados de la bancada Cabal en el Congreso de la República presentaron una iniciativa de ley que plantea la creación del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la gasolina regular y del diésel.
De aprobarse, este tendría un capital inicial de Q1 mil 500 millones.
Precio de la gasolina en Guatemala refleja nuevas alzas, el diésel alcanzó los Q40 y Q42 en provincia https://t.co/0pNxnUWsqc
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Según el parlamentario Julio Héctor Estrada, con ese mecanismo se busca reducir el impacto de las alzas internacionales del petróleo en los precios locales de los combustibles, y podría disminuir el precio hasta en Q4.60 por galón.
Lo que se propone es un mecanismo que suavice la volatilidad de los precios para que se muevan en un rango predecible. Por ejemplo, cuando el barril de petróleo esté por debajo de US$75, se aplicaría un componente adicional al impuesto de distribución de combustibles (IDP), que pagaría el usuario. Ese dinero se acumularía en un fondo para que, cuando el precio del petróleo suba a US$95, se utilicen esos recursos y se amortigüe ese efecto. Según Estrada, con ello se lograría estabilizar los precios para que no bajen de Q30 ni suban de Q36 por galón.
“No regresaríamos a los precios que teníamos ahorita de Q25, Q26 o Q27, porque esos eran precios derivados de otro modelo”, mencionó.
Sin embargo, en la actualidad, el primer monto para que opere —Q1 mil 500 millones— lo deberá aportar el Estado.
En este caso, Ricardo Barrientos, del Icefi, explicó que de 1979 a 1992 ya existió un fondo compensatorio para amortiguar fluctuaciones en los precios (Decreto 31-79), pero que se suprimió porque era inefectivo. A su criterio, es una medida compleja que deja más dudas que certezas.
Refirió que se estaría atribuyendo a la SAT una serie de facultades que no son del ámbito tributario, sin reformar la ley. Además, se requieren Q1 mil 500 millones y, para financiarlos, no se debe generar déficit fiscal; es decir, no pueden provenir de deuda pública ni de recursos de caja. Tampoco se propone un nuevo impuesto, por lo que la única forma de constituir este fondo sería reasignar recursos del presupuesto existente, lo cual no consideran adecuado.
Además, cuestiona los umbrales de precios propuestos para accionar esa medida, ya que considera que entidades como el Ministerio de Energía y Minas tendrían que hacer ejercicios de simulación para verificar si son funcionales. Tampoco hay un estudio técnico que respalde por qué se elige cubrir esos combustibles. Asimismo, a criterio de Barrientos, se estaría otorgando un subsidio a los importadores sin certeza de que se traslade al consumidor final.
Coyoy considera que la opción del fondo de estabilización puede ser de difícil implementación y no necesariamente representará un menor precio inmediato para el consumidor.
Por su parte, Maul expone que preocupa que el fondo esté vacío y que se proponga empezar a desembolsar casi de forma inmediata para bajar los precios. Señala que se debe analizar la forma de operar y el mecanismo de funcionamiento del fondo, ya que no todos los mecanismos impactan directamente en el bolsillo del consumidor.
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Además, los usuarios deben tener claro que, cuando los precios estén altos, se reducirá artificialmente el costo, pero cuando bajen, se mantendrán artificialmente más altos para constituir el fondo. También considera que este tipo de fondos puede generar corrupción.
No hay una salida mágica, coinciden Barrientos y Maul. La reacción natural del mercado es racionalizar el consumo, gastar menos combustible y ser más eficientes energéticamente; que los motores de los vehículos estén mejor afinados, respetar la normativa vial para evitar congestiones y avanzar en una tarea pendiente: el transporte público masivo, indica Maul. Ante su ausencia, las personas han tenido que buscar soluciones individuales, lo que incrementa el impacto, ya que no existe un medio sustituto eficiente.
Subsidio o congelación de precios
El 18 de marzo, diputados de la bancada oficial presentaron varias iniciativas denominadas Apoyo familiar, que incluyen subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) o propano y al diésel. Así como implementar el teletrabajo.
El diputado José Carlos Sanabria explicó que proponen un subsidio de Q10 por galón de diésel durante un período de seis meses, dirigido al consumidor final. Asimismo, se plantea un apoyo de Q20 al cilindro de gas propano de 25 libras.
Estas medidas requerirán recursos por Q1 mil 600 millones y Q240 millones, respectivamente, y se contempla que el Ministerio de Finanzas busque los fondos para su implementación.
Consideran que es de urgencia nacional e hicieron un llamado para que se sumen a la iniciativa. Se prevé que la iniciativa sea presentada en la sesión ordinaria de la próxima semana.
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El lunes, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, consultado sobre si se contempla un subsidio a los combustibles, respondió que el equipo del presidente y el Gabinete trabajan en ello y que, en su momento, será anunciado. El MEM añadió que está en análisis en el Gabinete Económico.
Respecto del subsidio, Maul coincide con lo expuesto sobre la exoneración de impuestos: se debe analizar la sostenibilidad de las medidas ante el riesgo de que el alza se prolongue, así como la capacidad del país para enfrentar el incremento de precios sin trasladarlo a los consumidores, considerando la sanidad de las finanzas públicas.
De igual forma, se debe evaluar la equidad, el segmento de usuarios beneficiados, la posibilidad de fiscalización, la forma de implementación y cómo se financiarán estas medidas, ya que no se recomienda endeudarse y la alternativa sería desfinanciar otros programas.
Congelar precios
Guillermo Xoy, subdirector de comercialización de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, comentó en entrevista con Prensa Libre Radio que otra medida que se está analizando es el subsidio a la gasolina regular y diésel; mientras que otro tema también es congelar precios, pero se debe crear un fondo o con los impuestos se compensa a los expendedores por lo que dejen de percibir. “Sin embargo, si la propuesta llegara a materializarse puede pasar por aprobación del Congreso o bien se emite un Acuerdo Gubernativo, pero aún no se ha discutido esa posibilidad”, enfatizó el funcionario.
Maul considera que “la congelación de precios es la peor de las soluciones que se pueden aportar, porque es mejor tener el producto caro en la bomba que el producto barato pero que no se encuentre disponible, ya que el precio no solo está constituido en un pago metálico sino de todos los demás costos asociados con la compra del producto”. Entonces, si se congela el precio por ley, la consecuencia directa es que no habrá producto a la venta, lo que podría provocar desabastecimiento o abrir la puerta al mercado negro.
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