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Consuelo Porras recibe la calificación más alta y sigue en ocho el número de aspirantes elegibles a fiscal general
La fiscal Consuelo Porras obtuvo una puntuación de 92.33 lo que la posiciona en primer lugar de los aspirantes evaluados por la Comisión de Postulación. Estos son los resultados previo a la votación para la nómina final prevista para este viernes.
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Porras recibió una calificación de 92.33 puntos, la puntuación más alta hasta ahora entre los ocho aspirantes que han superado el puntaje para ser elegibles para la nómina final luego que la Comisión de Postulación reanudara la fase de evaluaciones este jueves 16 de abril en una sesión que se extendió hasta horas de la noche.
30 de 38 aspirantes evaluados hasta ahora no alcanzaron los 75 puntos; aún faltan 10 por ponderar, incluidos el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda y el procurador general, Julio Saavedra.
La comisión retomará este viernes 17 a las 9.00 las evaluaciones restantes, en una jornada en la que también se prevé que voten para integrar la nómina de seis candidatos que finalmente se enviaría al presidente Bernardo Arévalo, a quien corresponde tomar la decisión final.
Las votaciones comenzaron a inicios de esta semana y hoy, en su tercera ronda, la fiscal fue evaluada y obtuvo la mayor calificación, seguida de César Augusto Ávila Aparicio con 92.13 puntos y de Brenda Dery Muñoz Sánchez, quien fue calificada en 90.86.
Le siguen también Wálter Paulino Jiménez Texaj, con 86.73, Gabriel Estuardo García Luna, con 86.21, y luego, José Manuel Quinto Martínez, quien obtuvo 79, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con 79.69 y Henry Elías Wilson, octavo entre los elegibles, con 76.85.
La sesión de este jueves, que inició desde la mañana y se extendió por casi 12 horas, tuvo imprevistos con al menos dos candidatos que expusieron públicamente su inconformidad por las calificaciones. Uno de ellos fue Carlos Rivera quien irrumpió en la Sala de Vistas del Organismo Judicial (OJ) y reclamó a los comisionados en presencia de los medios de comunicación. Pese al hecho, momentos después los comisionados continuaron con la votación.
Por la tarde, entre dos recesos, los comisionados debatieron ampliamente la evaluación del candidato César Augusto Ávila Aparicio por un espacio de dos horas y media. El resultado final que le otorgaron fue de 92.13, punteo que modificó el orden y lo posicionó como segundo mejor calificado.
Aspirantes que superan la línea de corte (75 puntos)
Según el registro de las organizaciones Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible, esta es la información consolidada de los aspirantes que han obtenido las calificaciones más altas en la evaluación.
1. (92.33 puntos) Consuelo Porras
Consuelo Porras es abogada y notaria guatemalteca, con trayectoria en el sector justicia. Asumió como fiscal general y jefa del Ministerio Público en 2018 y fue reelecta para un segundo período en 2022.
Antes de dirigir el MP, se desempeñó como magistrada de Sala de Apelaciones y ocupó distintos cargos dentro del sistema judicial. Organizaciones sociales y observadores judiciales reseñan que su gestión ha estado marcada por investigaciones de alto perfil, así como por cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales, incluidos señalamientos y sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Actualmente, busca un tercer mandato al frente de la institución.
2. (92.13 puntos) César Augusto Ávila Aparicio
Abogado con trayectoria en el sistema de justicia desde 1989, donde inició como auxiliar, notificador y oficial en el Juzgado Primero de lo Económico Coactivo. Posteriormente ejerció como litigante privado por casi dos décadas, además de desempeñarse como asesor jurídico en el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Chiquimula.
Fue magistrado titular de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula (2014-2019), con funciones prorrogadas hasta 2023, e integró la Junta Directiva del Instituto de Magistrados. En 2023 formó parte de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según la organización Movimiento Pro Justicia, que observa y analiza exhaustivamente los procesos de postulación, su perfil está marcado por señalamientos de vínculos familiares y políticos, al ser esposo de una sobrina del exdiputado Baudilio Hichos, político acusado de influir en la cooptación institucional en Chiquimula. En 2015, actores locales denunciaron presunto nepotismo y parcialidad en la Sala donde fungía.
En 2021, intentó inhibirse de conocer un antejuicio contra el entonces alcalde Esduin Javier Javier (“Tres Kiebres”), alegando motivos de seguridad, solicitud que fue rechazada por la CSJ.
También, según Pro Justicia, ha sido mencionado por supuestos vínculos con el exrector Estuardo Gálvez y por integrar el grupo de aspirantes con estudios de posgrado calificados como “exprés” durante el proceso de postulación judicial.
Cuenta con doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal (USAC) y maestría en Derecho Penal (URL).
3. (90.86 puntos) - Brenda Dery Muñoz Sánchez
Integró la nómina a fiscal general en 2018 y en 2022 quedó fuera por requisitos formales. Actualmente es directora de Fomento a la Legalidad Laboral en el Ministerio de Trabajo (2024) y ha ocupado cargos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación.
También suma más de 16 años en el Ministerio Público, donde fue fiscal y jefa de agencia en áreas como Crimen Organizado y Narcoactividad. Su trayectoria incluye además consultoría, docencia universitaria y experiencia en gestión pública y derechos laborales.
4. (86.79 puntos) Walter Paulino Jiménez Tejax
Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (2021-2026), designado por la Corte Suprema de Justicia, con más de 30 años de trayectoria en el sistema judicial. Ha ocupado cargos como oficial de trámite, juez de paz y juez de sentencia en tribunales de Quiché y Chimaltenango, donde también presidió un Tribunal de Sentencia.
Participó en casos relevantes como Choatalum y la Masacre del Aguacate. Según Movimiento Pro Justicia, su desempeño reciente ha estado rodeado de cuestionamientos, ya que en 2025 integró el fallo que benefició a un exdirectivo del Banco de los Trabajadores en un proceso laboral; además, en 2024 se solicitó el retiro de su antejuicio por un amparo que favoreció a Jorge Mondal Chew, aunque la CSJ rechazó la petición. Por este caso, el Departamento de Estado de EE. UU. le retiró la visa.
También ha sido señalado por recibir una indemnización cercana a Q750 mil tras dejar la judicatura, pese a que este tipo de pago aplicaría en casos de despido injustificado.
Mantiene vínculos familiares dentro del sistema judicial, al ser hermano de un juez cuestionado por resoluciones en casos de alto impacto, incluyendo decisiones que beneficiaron a exfuncionarios acusados de corrupción.
Cuenta con doctorado en Derecho y maestría en Gestión Jurisdiccional, además de ejercer como docente universitario. Recientemente buscó su reelección en la Corte de Constitucionalidad y ha aspirado a otros cargos como magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
5. (86.21 puntos) – Gabriel Estuardo García Luna
Integró la nómina de aspirantes a fiscal general en 2022 y actualmente es integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial. Ha presidido dicho órgano, desde donde se resolvieron casos disciplinarios contra jueces y magistrados por faltas administrativas y actuaciones en procesos judiciales de alto perfil.
Cuenta con una amplia trayectoria en el Organismo Judicial desde 1997, donde ha ocupado cargos de oficial, secretario, juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el área penal. También fue magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán. En el ámbito académico ha sido docente universitario en la Universidad Rafael Landívar y la Escuela de Estudios Judiciales. Es maestro en Derecho Penal por la USAC.
6. (79.69 puntos) – Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Ha sido señalado por diversas actuaciones en el ejercicio de sus funciones judiciales, entre ellas una denuncia por prevaricato por la excarcelación de la magistrada de la CSJ Blanca Stalling, así como cuestionamientos por decisiones en casos de alto perfil, como el antejuicio contra magistrados de la CC y resoluciones en el caso “Bufete de la impunidad”.
El Ministerio Público también reportó una denuncia desestimada por resoluciones consideradas violatorias de la Constitución.
Ha ocupado cargos como magistrado de sala, fiscal general interino y juez pesquisidor en el sistema de justicia.
7. (79 puntos) - José Manuel Quinto Martínez
Figura como abogado de dos implicados en la desaparición del cantante Zoel Cruz. En uno de los allanamientos realizados para dar cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo, el abogado Quinto Martínez dejó constancia de su desacuerdo, según un documento adjunto del Movimiento Pro Justicia . Cuenta con una maestría en Derecho Penal.
8. (76.85 puntos) – Henry Elías Wilson
Magistrado con participación en varios procesos de elección de cortes y fiscal general, integró la nómina final de aspirantes en 2022. Ha sido magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Femicidio.
Ha sido señalado por su vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020, en el que la Corte Suprema de Justicia negó el retiro de inmunidad solicitado en su contra por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). También las organizaciones le reseñan resoluciones en las que la sala que integraba amparó a la entonces directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, ordenando medidas de seguridad y restricciones a periodistas de La Hora. Además, fue señalado junto a otros magistrados por presunta alteración de documentos en actuaciones relacionadas con notificaciones judiciales, vinculadas a la entonces fiscal de delitos administrativos, Tamara de León, así como en un conflicto que involucró a la exsecretaria general del MP, Mayra Veliz.
Su trayectoria incluye cargos en el Ministerio Público como auxiliar fiscal y coordinador técnico, además de experiencia en cooperación internacional y docencia universitaria. Es doctor en Derecho Penal y Procesal Penal y cuenta con maestría en Derecho Penal.
Aspirantes no superan línea de corte
Con el avance suman 30 de 38 aspirantes evaluados sin 75 puntos requeridos.
Este es el orden de los evaluados por debajo de la línea de corte:
- 70.28 – Zoila Tatiana Morales Validzón
- 74.26 - Raúl Estuardo López Rodríguez
- 69.21 – Carlos Alberto García Alvarado
- 67.71 – Gladys Verónica Ponce Mejicanos
- 63.28 - Oscar Miguel Dávila Mejicanos
- 62.35 – Mynor Hernández
- 60.85 - Erick Osberto López Orozco
- 59.92 - Ana Karina Méndez Vielman
- 54.07 – Brenner Israel López
- 53.53 – Walter Brenner Vásquez Gómez
- 53.50 – Shayne Ochaeta Argueta
- 51.66 - Nicolás Cuxil Guitz
- 51.21 - Esteban Emanuel Celada Flores
- 51.14 – Marco Antonio Cortés Sis
- 50.78 – Edgar Miguel Morales Santos
- 50.2 - Ronalth Iván Ochaeta Argueta
- 50 - Hugo Alfredo Bautista del Cid
- 45.6 – Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
- 44.86 - Amílcar Enrique Colindres Hernández
- 43.6 – Juan Luis Polanco Santizo
- 39.98 - Lisseth Gramajo Trampe
- 37.50 - Lissy Cristina Guerra Aguirre
- 33.64 – Sully Claudet Merlos Moya
- 32.80 - Sandra Elizabeth Acán
- 27.84 – Paolo Rubén Similox Valiente
- 27.83 - Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- 26.46 - Carlos Humberto Rivera Carillo
- 25.92 – Maynor Eduardo González Méndez
- 19.2 - Mario René Espinoza Palacio
- 18.84 - Abdi Ariel Guerra Guzmán
Posturas enfrentadas
La evaluación de Porras se da en medio de un contraste directo de posturas.
Por un lado, la fiscal defendió su continuidad ante la comisión durante la fase de entrevistas y aseguró que está preparada para seguir en el cargo, aunque no presentó un plan de trabajo formal, argumentando limitaciones de tiempo durante su intervención. Porras afirmó que su gestión respalda su aspiración y sostuvo que confía en que las decisiones se tomarán conforme al Estado de Derecho.
En contraste, el presidente Bernardo Arévalo descartó públicamente cualquier posibilidad de que continúe al frente del Ministerio Público. El mandatario fue enfático al señalar que “no habría ninguna posibilidad” de confirmarla para un tercer período y calificó su perfil como no idóneo para el cargo.
Además, Arévalo ha planteado que el próximo fiscal general deberá enfocarse en “rescatar” la institución.
Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, ya intentó sin éxito alcanzar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, sin que su postulación fuera conocida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
OEA advierte que puntajes no garantizan idoneidad
El pasado martes 14 de abril, la Comisión de Postulación dio audiencia a la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo regional que agrupa a 35 países del continente y acompaña y observa el proceso.
En ese espacio, el jefe de la misión, Carlos Ayala Corao, subrayó la trascendencia del proceso y advirtió que “la decisión que ustedes adopten no constituye un acto meramente procedimental”, sino que impacta directamente en la democracia y el Estado de Derecho.
En su mensaje, enfatizó que “un puntaje, por alto que sea, no reemplaza la valoración integral” de los aspirantes, y que “un alto punteo no sustituye el deber de seleccionar a las personas más idóneas”.
También insistió en que las decisiones y punteos deben ser explicables y decisiones motivas: “la valoración debe ser debidamente razonada y motivada” y “la motivación de las decisiones no es un aspecto accesorio”, sino una garantía importante para la credibilidad del proceso.
Además, advirtió que “la legitimidad no se medirá únicamente por el cumplimiento formal de las etapas”, sino por la calidad de la nómina final, y remarcó que “el interés público debe prevalecer sobre cualquier consideración particular o de grupo”.
En respuesta, la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, aseguró que el proceso se desarrolla con apego a la ley: “estamos comprometidos a actuar con responsabilidad de acuerdo al principio de legalidad”.
Añadió que la apertura de las sesiones busca dar certeza al proceso. “Esto es parte de tener este foro abierto al público… para que se transparente todo el proceso” y garantizar que se elijan “los mejores candidatos en esa nómina”, aseguró en una breve intervención.
Desacuerdos por evaluación de jueces y denuncia
El proceso de evaluación ha estado marcado por acciones legales que podrían incidir en la integración final de la nómina.
La Postuladora desarrolla su proceso ahora en medio de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo contra la secretaria de la postuladora, Patricia Gámez, y varios comisionados por delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.
El señalamiento central es que se estaría permitiendo participar a aspirantes que no cumplen con los requisitos, particularmente al considerar como experiencia profesional los años ejercidos como jueces, pese a que —según los denunciantes— la ley lo prohíbe. Además, sostienen que se habría ignorado un criterio previo de la Corte de Constitucionalidad sobre este punto.
Al respecto, Gámez rechazó los señalamientos y afirmó que la denuncia constituye un posible acto de coacción, al considerar que busca influir sobre las decisiones del órgano. “Lo tomo como un acto de coacción no solo contra mi persona, sino contra la comisión”, afirmó antes de la sesión del pasado martes 14 de abril, al advertir que la coacción es un delito que se penaliza.
“He actuado en esta comisión con los principios, con plena independencia. Presentar denuncias, instrumentalizar el Derecho Penal, es un acto de coacción que no debe ser permitido por ninguno de nosotros”, dijo al inicio de la jornada, en la que se continuó con la evaluación de expedientes.
Diferencias de criterios
El contexto de la denuncia está relacionado a los desacuerdos registrados desde el inicio de las calificaciones, el 13 de abril, cuando surgieron diferencias sobre la evaluación de la experiencia profesional de los aspirantes.
Una de las principales posturas fue planteada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comisión, Claudia Paredes, quien propuso no otorgar puntaje por ejercicio profesional a quienes han sido jueces, bajo el argumento de que la función judicial es incompatible con la abogacía y el notariado.
La iniciativa no prosperó y evidenció divisiones entre los comisionados —en su mayoría decanos—, quienes citaron criterios de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo resoluciones de 2014 y 2022, para sustentar distintas interpretaciones sobre cómo contabilizar la experiencia profesional.
También hubo desacuerdos en rubros académicos y en la definición del inicio y final de la carrera profesional, lo que impacta directamente en la asignación de puntos (dos por cada año de ejercicio).
CC aún no conoce amparo
En paralelo, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) presentó otro amparo al advertir que algunos candidatos no acreditarían las dos vías constitucionales; la primera, haber sido magistrado de Sala, o bien, haber ejercido la abogacía por más de diez años.
Estas acciones mantienen en incertidumbre los criterios de evaluación justo antes de la conformación de la lista final, un proceso que analistas consideran crucial y que podría requerir claridad jurídica antes de la votación definitiva prevista para mañana viernes 17.
La discusión sobre los criterios de evaluación —impulsada por el comisionado Luis Aragón Solé, secretario suplente de la comisión y decano de derecho de Universidad San Pablo— derivó en tensiones internas e incluso él ha sido señalado en la denuncia por parte de la Fundación Contra el Terrorismo.
A un día de integrar la nómina final, la resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad sigue sin emitirse. Esta misma semana, tres magistrados; Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, habían solicitado a la presidenta Anabella Morfín que el pleno conozca el amparo más antiguo, sin que hasta ahora se haya convocado a sesión.