Esta legislatura aún está en sus comienzos y la ciudadanía responsable debe saber quién es el diputado o diputada electo por su distrito —incluso si no votó por su agrupación—.

Hace exactamente un mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó la declaratoria de una alerta mundial frente a la epidemia del coronavirus gripal o covid-19, cuando aún iban 547 casos y 17 fallecidos en China y algunos países del sudeste asiático. Es muy probable que para relegar tal medida haya pesado cierta prudencia respecto del poder comercial y político de la superpotencia oriental, así como el efecto económico global, factores que se han visto impactados a causa de las cifras de pacientes y fallecidos, que a un mes de aquella primera —y quizá única— oportunidad no solo se han visto multiplicados, sino esparcidos en más países.

El temor a un contubernio en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones está de vuelta gracias a la ambigüedad de varias bancadas del Congreso, comenzando por su propio presidente, quien ha proyectado un difuso liderazgo a la hora de siquiera prometer a la ciudadanía su máximo esfuerzo por lograr una elección libre de arreglos ocultos. Quizá esto se deba a los intereses que amarran la alianza partidaria que lo condujo al puesto prácticamente desde el anonimato político y a todas luces bajo la férula de otros integrantes de la directiva, quienes a lejos se nota que son avezados en negociaciones bajo la mesa y lejos del escrutinio público.

A menudo prolifera la concepción de que el patrimonio cultural de Guatemala constituye un conjunto de objetos, edificios, rituales o tradiciones varadas en el pasado, cuya preservación representa un lujo en relación a otras prioridades de desarrollo, un tema de interés exclusivo para intelectuales y académicos o un objeto de curiosidad exótica que no representa mayor beneficio para las comunidades, con lo cual su valoración y conservación queda sujeta a la disponibilidad de recursos, al criterio de los burócratas de turno o, en el peor de los casos, a la inercia del tiempo, la intemperie y el olvido.

El presidente Alejandro Giammattei está llamado a encabezar el movimiento para desenganchar a Guatemala de este fuero anodino e improductivo.

Con la Cruzada Nacional contra la Desnutrición convocada por el actual presidente se renueva la esperanza de que los esfuerzos multisectoriales y multifactoriales contra este flagelo comiencen a mostrar avances consistentes.

La integridad es el valor clave que debe privar en este proceso que determinará la cúpula del Poder Judicial, que no solo deberá encargarse de conducir una reforma responsable, funcional y apolítica, sino de responder con resultados concretos a la población respecto de la reducción de mora judicial, agilización de procesos y una mayor garantía de independencia.

El Congreso de la República entrará a elegir a los magistrados de Apelaciones la semana entrante, a partir de la nómina entregada el viernes último, y es probable que se intente copar la Corte Suprema, pero este plan no contaba con la enésima captura de Alejos, lo cual constituye una prueba de fuego para el Legislativo, cuyo presidente presume de soberanía, muy al estilo de la legislatura previa.

Después de una transición de casi cinco meses, caracterizada por la resistencia del gobierno saliente a compartir información de áreas torales, la expectativa sobre las acciones y emprendimientos del gobierno del doctor Alejandro Giammattei se mantiene aún positiva, sobre todo a causa de los despropósitos y decepciones causadas por sucesivas administraciones, que a su vez han generado la agudización de problemas elementales que nunca debieron ser soslayados, tal el caso de la desnutrición. En el primer mes en funciones, se han desarrollado cuatro estados de Prevención, de seis días cada uno, en áreas bien delimitadas, como una táctica de recuperación de control territorial que suscita cautas esperanzas.

El viernes último se entregó al Congreso la nómina de juristas de la cual deberá elegir a 135 magistrados de Apelaciones, titulares y suplentes, un apetecido botín de influencia política y judicial en cuyas manos estará la revisión de diversas condenas emitidas por casos de corrupción, la resolución de amparos o recursos interpuestos en juzgados de alto impacto.