Matan a golpes en Preventivo de zona 18 a reo señalado de muerte de comunicadora

El cuerpo del reo Johnny Alexander Reyes Lemus, quien cumplía condena por la muerte de Ana Leonor Guerra Olmedo, fue hallado con golpes en el Preventivo de la zona 18.

Miguel Barrientos y Edwin José Pitán

10 de diciembre de 2024

|

07:24h

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Autoridades del Preventivo de la zona 18 hallaron el cuerpo del reo Johnny Reyes, quien cumplía una pena por asesinato. (Foto HemerotecaPL: D. Samayoa)

Autoridades informaron este 10 de diciembre que en el Preventivo de la zona 18 fue hallado el cuerpo de un reo, quien aparentemente murió a golpes.

Se trata de Johnny Alexander Reyes Lemus, quien enfrentaba una condena por la muerte de la comunicadora Ana Leonor Guerra Olmedo.

Según la información preliminar, pandilleros del sector 11 del referido centro de detención mataron a golpes a Reyes Lemus durante la madrugada de este martes.

El cuerpo fue hallado entre sábanas, abandonado en un área del preventivo.

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Reyes Lemus fue condenado a 25 años de prisión en 2018 por el delito de asesinato.

El crimen contra Guerra Olmedo, comunicadora del Hospital General San Juan de Dios, se registró el 9 de septiembre del 2016.

Caso Floridalma Roque: Inacif examina restos hallados en Escuintla

Un cadáver hallado en un pozo, en Palín, Escuintla, es examinado para determinar si se trata de Floridalma Roque.

Miguel Barrientos, Elmer Vargas y Edwin José Pitán

6 de junio de 2024

|

08:46h

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En una finca en Palín, Escuintla, el Ministerio Público efectúa la búsqueda de indicios en el caso Floridalma Roque. (Foto Prensa Libre: MP)

Personal del Ministerio Público efectuó un operativo en una finca en Palín, Escuintla, en busca de indicios por la desaparición de Floridalma Roque.

Según se conoció este 6 de junio, durante el operativo fueron hallados restos humanos en un pozo, los cuales podrían pertenecer a la mujer.

Familiares de Roque indicaron que los restos son examinados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la identidad.

Añadieron que según las investigaciones del Ministerio Público se trataría de la mujer desaparecida desde 2023.

La localización de los restos se dio luego de una declaración de Kevin Malouf, médico cirujano sindicado en el caso.

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El médico efectuó una declaración cuyo contenido está bajo reserva, por medio de la cual, se presume, el Ministerio Público habría obtenido la ubicación de los restos.

Malouf es sospechoso de haber sido el responsable de la desaparición de Roque, luego de que la mujer se sometió a una cirugía estética en la clínica del cirujano.

Roque, de origen hondureño y con nacionalidad estadounidense, fue vista por última vez el 13 de junio 2023, luego de haber asistido al procedimiento en la clínica de Malouf.

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En mayo último, el enfermero Luis Castro, quien tenía relación laboral con Malouf, señaló que el cirujano Malouf sería responsable de la desaparición de Roque.

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Murillo quedó en libertad condicional sin pago de fianza.

También quedaron ligadas a proceso penal Crucy Flor López, monitora del Hogar Seguro; y Ofelia María Pérez Campo, coordinadora de área. El juzgador dictó falta de mérito a favor de Romeo Miranda, secretario del juzgado de paz.

López quedó ligada por el delito de maltrato contra menores de edad y Pérez Campo por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.

El MP señaló a la jueza Rocío Murillo de no hacer una exhibición personal a favor de internos del Hogar Seguro, un día antes del mortal incendio.

Murillo fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La jueza fue sancionada en marzo de 2017 con 20 días de suspensión laboral, sin goce de salario, por la falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron del Hogar Seguro.

Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron el ingreso al Hogar Seguro esa noche.

Murillo fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La jueza fue sancionada en marzo de 2017 con 20 días de suspensión laboral, sin goce de salario, por la falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron del Hogar Seguro.

En su momento, Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron el ingreso al Hogar Seguro esa noche.

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Después de que el parlamentario perdiera su inmunidad, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), ordenó también arraigo, el cual fue gestionado ante la Dirección General de Migración.

El Ministerio Público señala a Escribá Morales de fraude y concusión, derivado del caso Construcción y Corrupción, Fase 2, por el cual pidieron el retiro de la inmunidad del diputado desde el 26 de septiembre del 2018.

El señalamiento de la Feci refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

En abril de 2018 fueron allanadas las oficinas de una empresa constructora que compartía el diputado Escribá con Jaime Aparicio -procesado por el caso Construcción y Corrupción, pero en libertad condicional desde septiembre de 2018, luego de pagar Q500 mil de fianza-, en la zona 9, sin embargo, fue hasta el 26 de septiembre de ese mismo año que se presentó la solicitud de antejuicio para ampliar la investigación.

Aparicio fue ligado a proceso por cohecho activo en noviembre de 2017, luego de que reconoció haber dado sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, prófugo, para que le pagara deuda de arrastre de su empresa.

Escribá Morales ganó la curul por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) por Jutiapa, en 2015, ahora integra el bloque Acción Ciudadana y buscaba su reelección con el partido  Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en Quetzaltenango, pero no logró los votos suficientes.

La Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad al diputado Armando Escribá y será investigado en el caso Construcción y Corrupción, además; no fue reelecto en las pasadas elecciones. | pic.twitter.com/OaBIfwq5hP

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 9, 2020

Peleó la curul

Escribá Morales fue electo en las elecciones generales del 2015 por el distrito de Jutiapa. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en su resolución 489-2015 da validez a los cargos de elección y establece que no debe tomar posesión de la curul Escribá Morales.

“Se requirió información a los órganos jurisdiccionales competentes y se estableció que existe antejuicio en contra del ciudadano Oscar Armando Escriba Morales (…) en consecuencia, este Tribunal considera que no debe adjudicarse el cargo”, establece el considerando sexto de la resolución del Tribunal Supremo Electoral.

En diciembre de 2015, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió entregar la curul a Escribá y revocar la exclusión hecha por el TSE, lo que permitió que el diputado por Jutiapa tomara posesión de su curul en enero de 2016.

Anteriormente Escribá había accionado ante la Corte Suprema de Justicia, quien le denegó el amparo que posteriormente corrigió el máximo Tribunal.

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Luego del análisis médico, el sanatorio entregará su informe al Inacif y este deberá trasladar el expediente al Juzgado de Mayor Riesgo A, que conoce el caso de Torres.

El 25 de octubre pasado Torres fue trasladada por segunda ocasión a un sanatorio desde que fue implicada en el caso, lleva 21 días bajo cuidados médicos por padecimientos cardíacos.

El 4 de noviembre de 2019 la excandidata presidencial se negó a ser evaluada por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Torres está ligada a un proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por hechos relacionados a la campaña electoral de 2015 cuando corrió por la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según la jueza Claudette Domínguez, Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas.

La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Se trata de un caso que está bajo reserva en el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

“Se encuentra en desarrollo la diligencia de inspección y posible secuestro de documentación”, dijo en el lugar el fiscal contra la corrupción, Stuardo Campo, que encabeza el allanamiento.

Señaló que el allanamiento en mayo de 2019 y el cateo de este 7 de noviembre forman parte de una misma investigación en dicho viceministerio, pero que han surgido diferentes líneas que buscan confirmar o descartar.

Campo reiteró que la reserva judicial del caso no le permite revelar más detalles del caso. “No podemos dar detalles de la investigación, pero está se encuentra en desarrollo desde hace varios meses”, dijo.

Asimismo, el fiscal aseguró que las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes están colaborando con el proceso de investigación.

“Solicitamos la colaboración del señor ministro – Élder de Jesús Súchite – y él nos atendió, nos permitieron el ingreso a nuestro personal sin ningún inconveniente”, indicó Stuardo Campo.

Afuera del Palacio Nacional hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). También está siendo allanado otro inmueble, siempre en la zona 1 capitalina, donde tiene oficinas el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

“Definitivamente traemos un listado de algunos expedientes administrativos que es de nuestro interés poder verificar”, informó Campo.

Según el funcionario, la investigación está avanzada en un 75 por ciento. Se estima que las diligencias finalizarán a eso de las 18 horas de este 7 de noviembre.

Por este caso el MP aún no ha solicitado órdenes de captura.

Apoyan la investigación

El Ministerio de Cultura y Deporte emitió un comunicado donde expresa que está cooperando con los fiscales a cargo de la investigación y las labores de la cartera continúan con normalidad.

“El Minitesrio está consciente de la importancia de la transparencia y aportará datos y documentos en el momento que sean requeridos por el ente investigador”, declaró.

Estas son las declaraciones del fiscal Stuardo Campo:

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Entre los empleados ausentes están Tatiana Elizabeth Guzmán, oficial, y Luis Pedro Hernández, notificador. La juzgadora anunció que pedirá la destitución de ambos de la judicatura a su cargo.

Los incidentes en este juzgado comenzaron el pasado fin de semana cuando Aifán denunció a Guzmán por supuestamente extraer información de casos penales y grabarla con su celular en su despacho.

Sin embargo, la trabajadora quedó libre por falta de mérito.

Inicialmente la empleada había reportada como desaparecida, pero luego se conoció que estaba detenida en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Este 7 de octubre Aifán dio una conferencia de prensa en la que señaló que personal del Juzgado de Mayor Riesgo D “al parecer realiza trabajos para otros abogados, lo cual está prohibido”.

La jueza argumentó que los señalamientos de maltrato que hizo personal del juzgado no son ciertos. “No es así, nunca los he maltratado, solo he girado instrucciones”, afirmó.

“Hay riesgo de la seguridad informática”, dijo Aifán respecto al sistema donde se guarda la información de los casos que conoce el juzgado.

Guzmán ha sido respaldad por el Sindicato de Trabajadores del OJ, argumentando que la oficial ha sido víctima y se han vulnerado sus derechos laborales por la jueza.

Según Aifán, en la judicatura Hernández y Guzmán cometieron irregularidades que fueron expuestas a supervisión y al Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ).

El 25 de junio pasado la juzgadora denunció ante el Ministerio Público (MP), el Régimen Disciplinario del OJ y la Cámara Penal por supuestamente haber descubierto que Hernández enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente.

En el Régimen Disciplinario del OJ desestimó la denuncia en contra de Hernández.

“Violentados”

En un canal de televisión por cable Hernández denunció públicamente malos tratos por la jueza y expuso que no le autorizaba permisos.

Hernández señaló que Aifán no le otorgó “licencia” cuando nació su hijo y tampoco permitió que acudiera durante tres meses al Registro Nacional de las Personas a efectuar el trámite de reconocimiento.

“Estamos siendo violentados todos, no solo mi compañera -Guzmán- y yo, se dieron cuenta que lo que la señora juez dice son mentiras y habla falsedades, dice mentiras.  Si hay algo que a ella no le parece amenaza con presentar denunciar o presentar una queja”, denunció Hernández.

En la entrevista televisiva Guzmán criticó: “Uno tiene miedo porque si no está como a ella le gusta -a Aifán- entonces amenaza con la denuncia”:

Loida Lux, comisario, relató que “no es la primera vez” que Aifán es rígida con el personal de la judicatura, “hay muchas personas previo a esos puestos que fueron víctimas” y aseguró ser testigo de cómo la jueza dio mal trato a Hernández y Guzmán.

“No estamos de acuerdo con esa situación, nosotros tratamos de ayudarla -a la jueza-. Nosotros vamos a exigir medidas de seguridad porque nos estamos enfrentando a una persona que tiene poder“, aseguró Lux.

Complot

“Me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró por el notificador -Hernández- había información del caso Fénix, luego la oficial -Guzmán- con retraso para enviar la comparecencia provocó la suspensión de la audiencia, luego vuelve a provocar la suspensión de la audiencia porque se va al Igss y no deja el expediente. Además, me reportó que se ha perdido una pieza -expediente 39-, recuerden que en el caso Fénix se perdió una pieza en el juzgado de su procedencia”, expuso Aifán.

En este caso no solo en el Juzgado de Mayor Riesgo D hay sospechas de irregularidades, el Ministerio Público (MP) también denunció extravío de expedientes por un fiscal.

El 29 de mayo pasado fue detenido Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes quien laboraba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y fue señalado de haber recibido tres piezas originales del caso Fénix, de las cuales entregó a un juzgado solo una y las otras dos en copias, pese a que desde hacía meses ya no era fiscal a cargo y las conservó a pesar de que había sido trasladado a otra fiscalía.

En otro hecho, agrega la pesquisa, Vásquez Cervantes acudió a una audiencia judicial de cuyo expediente no estaba asignado, ni siquiera pertenecía a la fiscalía asignada para ese caso. “En esta accedió a la devolución de unos documentos originales sin tener legitimación para hacerlo”, informó el MP el 29 de mayo pasado.

Vásquez Cervantes fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

La jueza Érica Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto, entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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Guatemala aprobaría envío de tropas estadounidenses para frenar migración

El apoyo de Guatemala al ingreso de tropas estadounidenses se hizo público por una publicación del diario Washington Post, que informó sobre una reunión entre Manuel Espina, embajador en Washington, y Vicente González, congresista de Texas.

Además, Prensa Libre tuvo acceso a la misiva en la que el representante llevó ese mensaje el 16 de abril al presidente Donald Trump, quien se refiere a que el aval de Guatemala es para contener la migración.

“El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”, dice la carta. “Si desea ver menos detenciones en la frontera entre EE. UU. y México, lo alentaría a que tome en serio considerar la oferta del presidente Morales “, avisa el congresista estadounidense en la carta. La Casa Blanca no respondió a González, de acuerdo con el diario.

Intención fue analizada

Degenhart  expuso que el acuerdo firmado la semana pasada con Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, busca fortalecer la seguridad regional.

“La relación que tenemos con nuestro aliado, el gobierno de EE. UU., nos ha permitido poder tener una serie de variables analizadas, las cuales una de ellas era esta -la instalación de tropas militares-, quiero reiterarles que la conclusión se consumó el lunes de la semana pasada a través de una firma de cooperación con el gobierno de EE. UU. a través del secretario de Seguridad Interior – Kevin McAleenan -“

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El ministro de Gobernación explicó “quiere decir que son relaciones y cooperaciones policiales, cuando me refiero al tema policial me estoy refiriendo a la investigación criminal”.

Jovel justificó que desde que empezó a discutirse el flagelo del narcotráfico y tráfico de migrantes en el Triángulo Norte -El Salvador, Honduras y Guatemala- , hubo más de 600 reuniones con congresistas y senadores estadounidenses, en esos acercamientos “surgieron muchas ideas”.

“Entre todas las ideas que surgieron se firmó el memorando de entendimiento que el ministro de Gobernación se mencionó anteriormente. Este tema de las tropas es una de las muchas ideas que surgió, que eran unas tropas humanitarias para venir a apoyar a Guatemala, sin embargo, no era la idea principal porque ya están funcionando desde hace 15 años atrás”, argumentó la funcionaria.

La canciller reiteró que las tropas estadounidenses que están en Guatemala tienen finalidad humanitaria y son parte del programa Más allá del Horizonte.

Jovel señaló que la carta que envió González a Trump fue iniciativa de él como amigo del gobierno guatemalteco.

“En este caso el congresista Vicente González tuvo la iniciativa en torno a lo que se ha venido conversando -en migración y narcotráfico-, pero no podemos tomar una iniciativa que ya está dada en Guatemala que son tropas humanitarias”,  justificó Jovel.

La suspicacia se asoma debido a que el congresista de Texas en la carta que envió a Trump expuso que “el Presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala” y no menciona a militares de EE. UU. en misiones humanitarias y es específico en operarían en la frontera con México.

El ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, reiteró que en Guatemala hay militares de EE. UU. en misiones humanitarias para mejorar infraestructura de centros de salud y escuelas. Además, enfatizó que, “en cuanto a tropas para cuestiones de seguridad nosotros no hemos hecho ningún requerimiento”.

Los federales

Degenhart explicó que el acuerdo firmado con EE. UU. la semana pasado son esfuerzos “civiles” para mejorar la seguridad en fronteras.

“Los oficiales federales que van a venir a apoyar en el plan que tenemos desarrollado, son oficiales de seguridad fronteriza, son oficiales de inteligencia, son oficiales de investigación criminal federal y son oficiales que están dentro del ámbito policial”, justificó el ministro de Gobernación.

El funcionario recordó que la desarticulación de una estructura de tráfico de migrantes la semana pasada, es parte de los trabajos en cooperación con EE. UU.

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En el 2012, el área del volcán  Acatenango fue declarada reserva municipal, con el fin de que las autoridades locales controlaran las excursiones; sin embargo, no fue posible implementar el proyecto porque líderes comunitarios se opusieron a que los fondos  obtenidos de las expediciones fueran administrados por la comuna.

Los pobladores de las aldeas aledañas al volcán señalaron que no aceptaron que la administración de la reserva en el volcán estuviera a cargo de la Municipalidad porque se prestaba a mal manejo de fondos públicos  y no habría transparencia.

El delegado de la Conred, Mario Ovalle, indicó que no existen registros exactos de quién sube al coloso. “En cada expedición se desconoce qué personas  integran los grupos. Eso es grave porque no hay base de datos, no hay normas de seguridad. Aún se trabaja en eso a través de las asociaciones de guías, y es el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) el que los organiza y autoriza operar”, dijo.

En Acatenango existen unos 60 guías autorizados por el Inguat para dirigir a grupos de visitantes. Sin embargo, no es obligatorio que en las expediciones haya acompañamiento de los mismos.

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“Algunos alpinistas no usan a los guías porque dicen que conocen el camino, pero a veces el clima puede influir en tener o  no una buena experiencia. Por seguridad, deben contar con alguien que los guíe”, advirtió Haroldo Guárquez, guía local.

En las aldeas La Soledad y San José Calderas hay cuatro senderos para subir al volcán, y en ninguno se cuenta con presencia de autoridades que revisen que  los excursionistas lleven la ropa y equipo adecuado, o que  eviten  los ascensos por las condiciones del clima.

Debido a la tragedia, la Policía Nacional Civil restringió provisionalmente las expediciones al volcán Acatenango.  

Los guías locales señalan que, debido a las bajas temperaturas, no es recomendable subir ahora. No obstante, grupos de alpinismo señalan que se puede hacer siempre y cuando se tengan las prendas adecuadas, así como tiendas espciales para baja temperatura.

Las autoridades del Inguat anunciaron que se instalarán vallas informativas en los volcanes más visitados del país, para recomendar y advertir a los excursionistas de los riesgos, lo cual desató críticas de usuarios, pues lo ven como una medida tardía que bien pudo salvar vidas.  

Sin guía ni equipo

Dos grupos de montañistas que ascendieron el sábado por la mañana al volcán Acatenango no llevaban guía. “Es uno de los errores para subir al volcán. Hay personas que han subido varias veces y creen que conocen todos los caminos, pero el clima drástico puede destruir senderos y desorientar hasta al más experto. Se debe agregar el frío que hubo el sábado y domingo”, señaló Catarino Mejía Tol, guía local.

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Aracely Esquivel, 55,  una de las tres sobrevivientes, refirió que algunos de sus compañeros no llevaban la ropa  necesaria para el frío extremo.

“Yo llevaba ropa impermeable, que soporta hasta cinco grados bajo cero, y en la cima me protegí con una bolsa  para dormir —impermeable—, pero algunos compañeros no llevaban ropa adecuada”, relató Esquivel.

Roberto Berganza Guzmán, salvadoreño que también sobrevivió la gélida noche relató que sí llevaban guía y que fue este quien no les permitió intentar el descenso durante la noche, sino   hasta el amanecer.

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Tristeza

Los familiares de los excursionistas fallecidos están  consternados y no logran asimilar la tragedia.

Jorge Román, padre de Rocío Román, 22, una de las sobrevivientes, relata: “Ella se comunicó a  las 19 horas del sábado y explicó que habían llegado pero estaban mojados por la lluvia. Horas después llamó y dijo que estaban mal y necesitaban ayuda. No sé cómo logró sobrevivir”.

Emilio Marroquín González, padre de Nimcy Marroquín, una de las seis personas que fallecieron, relató: “Mi hija tenía ilusión de llegar a la cima del volcán.  Dios sabe el porqué de esta pérdida y me refugio en Él”.

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Con información de M. López, R. Melgar y E. Domínguez.P

Alvarado Cerezo  enfatizó: “Estamos velando porque no se realicen los bautizos. Si se llevan a cabo, tendremos que ver quiénes son los responsables y podrían ser suspendidos o expulsados”.

Repudio

Ábner Paredes, de la Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expuso: “Esas prácticas deben   terminar, porque hay un irrespeto a la integridad humana”.

“Aquí  se ha violentado un derecho de los estudiantes. Y  vamos a darle seguimiento al proceso”, enfatizó.

Culpan a intoxicados   

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Usac (AEU), Guillermo Prera, negó que tengan responsabilidad en la  intoxicación de cinco recién ingresados, ocurrida el miércoles último.

Prera aceptó que los estudiantes participaron en “entrevistas” para ingresar en el Comité de Orden de la Huelga de Dolores, y para conocer sus perfiles  bebieron “un trago de alcohol”. Después se fueron.

“No asumimos la responsabilidad porque el estudiante que terminaba la entrevista iba saliendo. No debieron  quedarse bebiendo”, dijo.

Investigación

El Ministerio Público inició una investigación sobre la intoxicación  de los estudiantes.

El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto Menegazzo, informó que lo exámenes practicados a los afectados solo confirman intoxicación por alcohol, y descartó el consumo de benzodiacepina —antidepresivo—, como se había indicado.

Amenaza

Ayer en la Ciudad Universitaria se desarrollaba otro “bautizo” de la Facultad de Veterinaria. Encapuchados amenazaron a los periodistas que cubrían el hecho.

Efectos adversos

Una persona puede quedar inconsciente por beber licor.

La intoxicación por alcohol puede provocar lentitud de reflejos.

La intoxicación se genera porque el  organismo no está acostumbrado a la ingesta excesiva de alcohol.

En el caso  de  los estudiantes que fueron hospitalizados, solo hubo ingesta de alcohol, según confirmó un análisis médico practicado en el hospital Roosevelt.

Vejámenes a novatos

Los “bautizos” fueron prohibidos por el Consejo Superior Universitario en el 2011. Aún así, los ha habido en varias facultades, sin sanción.

La práctica de vejar a  primerizos no es exclusiva de la Usac. Jugadores del Club Xelajú MC fueron ligados a proceso penal    en 2014 por haber  “bautizado” a Mario Rodas, de 14 años.

En redes sociales,  los internautas reclaman a universitarios que demuestren su cultura y humanismo con la abolición de estos abusos.

Las damas no se escaparon, como ocurrió en Veterinaria y Zootecnia, donde después de repetir un discurso humillante, bajo la vigilancia de los “padrinos”, debían revolcarse sobre lodo y estiércol, todo entre gritos e insultos.