El presidente representa a las mafias corruptas que quieren a la Cicig fuera del país para reinar en la impunidad.

En el inicio del nuevo año es momento para desearles, estimados lectores, que sus propósitos se hagan realidad a lo largo de los doce meses que nos quedan por delante. También es una buena ocasión para reflexionar sobre que el 2019 será un año difícil, pero a la vez prometedor, para nuestro país, el cual tiene frente a sí dos grandes escenarios: la batalla contra la corrupción y el proceso electoral. En esta columna me voy a referir al primer escenario, que tendrá vasos comunicantes con el segundo. Después de un año 2018 aciago para la lucha anticorrupción, esperemos que el nuevo sea propicio para derrotar a las mafias que han tratado por todos los medios de destruir los avances logrados. Observamos el alineamiento de las fuerzas más oscuras que buscaron por todos los medios frenar las investigaciones de la Cicig.

Vilma Carrillo pasó una amarga Navidad. Desde mayo pasado se encuentra en un centro de detención en EE. UU. y separada de su hija, Yeisvi, de 11 años. Ella ya había vivido indocumentada en territorio estadounidense, donde nació su hija, y luego retornó a Guatemala donde solo encontró el maltrato de su marido, por lo que decidió regresar a EE. UU. para pedir asilo. Los diarios The New York Times y El País se hicieron eco de su dramática historia porque lleva siete meses separada de la niña y a punto de ser deportada. También podría perder la custodia de su hija por ser esta ciudadana estadounidense. En el caso de Vilma se conjugan la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades que la arrojaron, como a miles de compatriotas, a la migración. Esta indígena se enfrenta a la política migratoria del presidente Trump que significa separación familiar y deportación.

Dos hechos pintan la actitud servil y al mismo tiempo corrupta del gobierno del presidente Jimmy Morales. Primero, guarda silencio sobre la muerte de la niña Jakelin Caal cuando estaba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En su afán por quedar bien con el presidente Donald Trump, el régimen guatemalteco demuestra cuánto desprecia la vida de nuestros compatriotas que migran por la miseria y la violencia que afrontan en el país. Sin embargo, no pierde tiempo para tratar de desmantelar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con la revocatoria de visas y el retiro de la inmunidad diplomática a 11 investigadores de esa entidad. Esta acción no solo viola el convenio con la ONU, sino que deja claro que su objetivo es favorecer a las mafias corruptas.

El amparo es un medio de defensa contra actos arbitrarios del Estado o de particulares. Este recurso está establecido en la Constitución y en la ley de la materia, con el fin de proteger a las personas de las amenazas de violaciones a sus derechos inherentes e inviolables. Desde esa perspectiva, se concibe como una garantía en contra de cualquier arbitrariedad. El problema es cuando se abusa de este recurso y se convierte en litigio malicioso. Existen abogados que utilizan este proceso para entorpecer o paralizar la administración de la justicia en beneficio de personas poderosas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Las autoridades judiciales también son responsables de este problema por las demoras prolongadas. Por ejemplo, una sentencia de amparo debería ser notificada a las partes en el término de un día, pero hay casos que esas notificaciones tardan meses en llegar.

Las relaciones del pastor Cash Luna con el poder no son nuevas. Desde la perspectiva del Evangelio de la Prosperidad, las bendiciones aumentan cuando suben las donaciones monetarias y se incrementan aún más cuando se vinculan al poder político y económico. Esa es parte de la prédica de los tele evangelistas pentecostales, como el pastor aludido, quien para la inauguración de su megatemplo en carretera a El Salvador, en el 2013, contó con la asistencia de la crema y nata de la clase política, desde el presidente Otto Pérez Molina hasta ministros y diputados. Posteriormente se vio en medio de un escándalo por una gigantesca bandera que le pidió a Roxana Baldetti y que ella muy devota  compró con fondos públicos. Ahora ese pastor está en medio de otro embrollo, tras un reportaje de la cadena televisiva estadounidense Univisión en el que se señala que la narcotraficante Marllory Chacón, quien purga una condena de 12 años en EE. UU. por trasiego de drogas, habría financiado ese millonario complejo religioso.

La denuncia que hizo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sobre las acciones de intimidación en su contra es más que reveladora porque muestra en toda su magnitud cómo operan las estructuras que tratan de que en Guatemala todo siga igual, sin lucha contra la corrupción y la impunidad. Y hay que decirlo muy claro: al frente de esa campaña de desprestigio e intimidación se encuentra el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), artífice de las acciones en contra de Iván Velásquez y la Cicig, y que ahora la emprende contra un fiscal por el simple hecho de haber tocado a uno de los intocables: el empresario y exministro Carlos Vielmann. Y también aclaro: no me refiero a todos los empresarios, porque hay personas honorables, sino a una élite que se arroga la representación de todo un sector, pero que solo representa los intereses de un grupo reducido, la oligarquía que le dicen.

El presupuesto nacional para el 2019 aprobado en tercera lectura en el Congreso está diseñado para servir de piñata en el año electoral y de castigo al sector justicia y a las instituciones que han cuestionado el saqueo de los recursos del Estado. Solo de esa forma se puede entender la distribución arbitraria de recursos a manos llenas para los ministerios de Desarrollo Social, de Defensa y Comunicaciones, mientras el Organismo Judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, entre otros, resienten el recorte de fondos que afectará sus labores el próximo año. A eso se agrega la forma discrecional con que los diputados deciden aumentar el presupuesto del Legislativo de Q767.9 millones a Q792 millones, con el cual buscan cumplir con los ofrecimientos que hizo Álvaro Arzú Escobar para alcanzar los votos para ser reelecto como presidente de ese organismo.

Diputados, empresarios, militares y el Ejecutivo cierran filas en el Pacto de corruptos.

Cuando en los años ochenta la Universidad de San Carlos de Guatemala solicitaba, tal como ahora, que se le asignara el correspondiente 5% constitucional del presupuesto del Estado, el entonces presidente, general Romeo Lucas García, respondió con un lacónico “sécate”. Hombre de pocas palabras pero de criminales acciones, el mandatario enviaba un mensaje claro de qué pretendía hacer con la máxima casa de estudios del país: Que se secara de recursos económicos y a la vez lanzaba una campaña de persecución, secuestros y asesinatos contra estudiantes y catedráticos. Eran los peores años del conflicto armado cuando pensar distinto significaba la asfixia económica y la muerte. La Usac fue una de las instituciones que más afrontó los desmanes de un Ejército encaramado en el poder que hacía y deshacía como le venía en gana.