El primer superintendente de Competencia, Jorge Miguel Castillo Castro aseguró que la elección se realizó con neutralidad técnica, refirió que buscará apoyo de entes internacionales y capacitación del personal, gestionará el presupuesto de la entidad y la adquisición de equipo de cómputo y programas analíticos.

La Comisión Nacional del Salario (CNS) no logró consenso para fijar un monto o porcentaje de aumento al salario mínimo para el 2026 y finalizó la sesión del 15 de octubre y su informe sin acuerdos respecto de esa discusión.

Gobierno y sector privado tienen dos posturas diferentes respecto a los porcentajes de las regalías y a establecer o no un reglamento para las consultas comunitarias con el convenio 169.

Empresarios del sector exportador advierten sobre el impacto económico de las medidas y expresan incertidumbre ante la posibilidad de más aranceles para otros rubros o segmentos de productos y piden al gobierno de Guatemala incluirlos en las negociaciones.

Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado como el primer superintendente de Competencia para el período 2025-2031. Durante su juramentación afirmó que será un honor fortalecer la ley y proteger a los consumidores guatemaltecos.

El monto de exportaciones de Guatemala creció 7.9% en el acumulado de enero a agosto del 2025, en comparación con el mismo período del 2024, reporta el Banco de Guatemala (Banguat), aunque algunos productos registran caída.

En el primer semestre del 2025, Guatemala exportó US$78.1 millones en plantas ornamentales, follajes y flores, un aumento del 45.6% respecto del mismo período del 2024.

Exportadores, transportistas y comercios y residentes sufren los efectos del cierre total de la CA-1 Oriente. El impacto alcanza desde el mercado regional hasta el abastecimiento local mientras las rutas alternas se sobrecargan y afecta los costos.

Estados Unidos emitió su informe del 2025 acerca del clima para invertir en Guatemala, en donde reporta tanto avances que detecta en el país como diversos aspectos que aún deben resolverse.

Algunos factores señalados son riesgos contractuales, los plazos limitados, las garantías exigidas, la rigidez del proceso y la falta de incentivos del Estado. Mientras que expertos creen que el INDE tiene capacidad para concretar el proyecto.