Estados Unidos
Analistas cuestionan falta de claridad en recortes de programas para financiar subsidio a los combustibles
El subsidio a los combustibles aprobado por el Congreso, por Q2 mil millones, establece que se pagará a los importadores y que la rebaja debe reflejarse en el precio consignado en la factura al consumidor final.
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Para que el subsidio de Q2 mil millones para los combustibles entre en vigencia aún debe finalizarse los trámites en el Congreso y en el Ejecutivo. Por aparte el MEM debe preparar el reglamento. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Respecto del presupuesto para el subsidio, el decreto 11-2026 establece dos formas de dotarlo de fondos. Una consiste en la disminución del presupuesto de algunos ministerios por Q808 millones.
Y la otra, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá efectuar los reordenamientos presupuestarios necesarios por Q1 mil 192 millones para cubrir el monto restante del subsidio aprobado por Q2 mil millones para el plazo de tres meses.
Sin embargo, existen dudas respecto de qué programas o proyectos verán reducido su presupuesto para cubrir esos montos, por lo que analistas expertos en materia presupuestaria opinan que es necesario que haya transparencia tanto en este aspecto como en la forma en que se implemente el método de aplicar el subsidio que establece la referida ley.
Jorge Lavarreda, analista del Cien, refiere que la postura de la entidad es que no apoya la medida del subsidio. Quienes la impulsan indican que la medida es para ayudar a quien más lo necesita; sin embargo, considera que no está bien focalizada, porque se ayudará a quienes más consumen combustible. Señala que hay muchas personas que no cuentan con dinero para el pasaje ni con vehículo y que también resienten el costo de la canasta básica, o que el beneficio les llegará de forma muy indirecta si se abarata algún producto o el pasaje derivado del subsidio.
Acerca de los recursos, refirió que se debe ser explícito acerca de cómo se financiará y del costo que eso representa, en términos de qué otros programas o rubros dejarán de ejecutarse para cubrir esta nueva medida.
Ese detalle no figura en el decreto y tampoco se sabe aún qué readecuaciones hará el Minfin, al que se le delegó esa facultad en la normativa, agregó.
“Entonces lo que recomendamos ahora es que se haga explícito, no solo hablar del monto de dinero en sí, sino hablar concretamente de qué bienes y servicios se dejarán de recibir para que se logre hacer este subsidio temporal”, dijo Lavarreda.
Referente a las finanzas del Estado, expuso que, si será por medio de readecuación y mientras no haya ampliación, no se esperaría un cambio importante en el déficit fiscal, a menos que fuera dinero que no se tenía previsto ejecutar y que, con esta medida, sí significará un poco más de gasto.
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El efecto, por ahora, no se observa tanto a nivel macroeconómico, es decir, en el déficit fiscal, sino más bien a nivel micro, en bienes y servicios que se dejarán de ejecutar, así como en la focalización y en que no beneficiará a los más necesitados, sino a quienes tienen mayor capacidad de consumo de combustibles, resumió Lavarreda.
Hugo Maul, también analista del Cien, complementa que el financiamiento es lo que más le preocupa, porque son Q2 mil millones de subsidio que no estaban presupuestados para ese gasto, y para cubrir ese monto el gobierno “le apretó el cincho” a varias entidades; entre estas, se reducen Q550 millones al Ministerio de Comunicaciones, aunque no se ha detallado a qué programas o proyectos se les restará presupuesto. Además, hay alrededor de Q1 mil 200 millones que el Minfin deberá readecuar.
“Aquí hay que entender que ese dinero hay que ver a quién se lo están quitando o que no se le dará, lo cual tiene un costo y es el costo de lo que se deja de hacer”, dijo Maul, coincidiendo con lo mencionado por Lavarreda.
Señaló que, si el presupuesto originalmente asignado a Caminos respondía a algún mérito, ahora deberían explicar por qué se le quitan Q200 millones, ya que ello tendrá un impacto directo, y lo mismo ocurre con los Q350 millones que se reducen a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado.
“Mi lectura técnica es que este es el típico caso del costo de oportunidad. El subsidio compra tranquilidad política por 90 días, pero financieramente estamos sacrificando inversión en carreteras y escuelas que son las que generan el desarrollo a largo plazo para subsidiar el consumo inmediato de combustible… Es decir, vamos a sentir el alivio en (el precio de los combustibles en) bomba, pero lo vamos a pagar después con menos infraestructura”.
Maul considera que es preocupante e importante para las finanzas del Estado definir con qué fuentes de financiamiento se cubrirá el subsidio, por ejemplo, cuánto provendrá de mayor recaudación, de caja u otras formas, y qué programas o inversiones se postergarán.
Recomiendan transparencia
Por aparte, Ricardo Barrientos, director ejecutivo de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sobre el financiamiento, considera positivo que no se haya hecho por ampliación presupuestaria total, sino mediante un esquema mixto.
Coincide con las otras fuentes en señalar que en el decreto se mencionan reducciones de presupuesto a algunos ministerios o direcciones, pero no se especifica en qué programas se aplicará la disminución.
Barrientos expuso que se debe ser totalmente transparente en esa parte. Es del criterio que debió quedar todo definido desde el inicio acerca de los programas o proyectos a los que se les reducirá presupuesto.
“Solo están los nombres de los ministerios, el decreto no solo permite de una manera demasiado general y poco detallada cómo, se va a operar la readecuación, sino que se deja la tarea al Minfin para que lo haga con base en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Eso no es ilegalidad, pero en materia de legitimidad y transparencia era recomendable dejarlo ya definido en el decreto”, dijo Barrientos.
Respecto de otros efectos, indicó que al hacerse por readecuación no implicaría aumento de deuda ni de déficit fiscal; además, considera saludable que no se haya optado por la suspensión de impuestos, porque esa medida habría afectado la recaudación.
Barrientos dijo que técnicamente lo más recomendable era que el subsidio se implementara como una transferencia directa a los consumidores, tomando en cuenta sus condiciones y características socioeconómicas, por estar debajo de la línea de pobreza, entre otros criterios; sin embargo, expuso que no se cuenta con un registro de beneficiarios.
Señala que no es adecuado que se entregue directamente a los importadores, porque el impacto en el consumidor final podría diluirse o no llegar al precio de bomba.
Una de las formas mencionadas era que el subsidio se aplicara en las gasolineras con base en la factura electrónica en línea, al momento de facturar la venta, y que estas solicitaran el pago al Estado de forma posterior cada mes, presentando un archivo electrónico documentado que fuera verificado por la SAT, con lo cual, a criterio de Barrientos, se garantizaba una reducción efectiva en el precio en bomba. Sin embargo, criticó que se decidió hacerlo de igual forma que en el gobierno anterior que lo aplicó durante la pandemia.
Readecuaciones
El Minfin no ha respondido acerca de a qué programas o proyectos se les reducirá el presupuesto. Sin embargo, la semana pasada, en reunión de jefes de bloque en el Congreso, las autoridades de ese ministerio indicaron que la propuesta del Gobierno —divulgada en esa ocasión— se financiaría con readecuaciones al presupuesto, mediante saldos de caja no comprometidos y recaudaciones impositivas proyectadas para estos meses.
Además, aseguraron que han trabajado en la readecuación presupuestaria para no reducir el espacio destinado a programas clave, como salud, educación y seguridad.
Complejo de cumplir
Maul menciona como puntos clave que “el diablo esté en los detalles”, ya que lo que se aprobó en el Congreso “termina siendo letra muerta”.
Primero, para observar si el beneficio llegará o no a las personas, ya que considera que la ley intenta ser muy estricta, obliga a los importadores a reflejar la rebaja en el precio y además exige que el subsidio aparezca detallado en la factura, dijo Maul. Sin embargo, señaló que también establece una medida de contención de precios, según la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) deberá publicar precios de referencia basados en el mercado internacional y rangos de variación para que la Diaco aplique sanciones si no se atienden; no obstante, se debe tomar en cuenta que este mercado internacional es una montaña rusa, con alzas y bajas.
Maul agrega que con esta disposición implícitamente hay una apuesta del Congreso a que habrá predictibilidad; pero, si no la hay, será muy complicado poner en práctica la medida, ya que los precios del petróleo o de los combustibles en los mercados internacionales no necesariamente se reflejan de forma inmediata en los precios de la gasolina que importa Guatemala, y mucho menos en los embarques que se compran para abastecer la demanda nacional.
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Para aplicar esas medidas habrá que esperar qué se establece en el reglamento y qué tanto se podrá aplicar, y reconocer que hay gasolineras en muchos lugares donde es muy difícil fiscalizar.
Maul agrega que es muy probable que el beneficio pueda perderse en el camino, no porque el subsidio desaparezca, sino porque el riesgo es que se diluya, ya que los precios suben de manera diferente en las distintas partes del país, y donde haya menos vigilancia y presencia del Estado puede existir mayor riesgo, porque el mecanismo establecido se basa en el supuesto de que el Estado podrá verificar de manera inmediata, rápida y extensa; además, se le asigna una labor muy compleja a la Diaco para fiscalizar todas las gasolineras en el país.
Datos
- El subsidio será de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina. La medida requerirá Q2 mil millones para cubrir tres meses.
- Para financiar el subsidio, el decreto 11-2026 establece la disminución del presupuesto de algunos ministerios por Q808 millones. Entre estos figuran los ministerios de la Defensa Nacional, por Q200 millones; Agricultura, por Q58 millones; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por Q550 millones, de los cuales Q350 millones corresponden a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones, a la Dirección General de Caminos.
- Los montos se asignarán al Ministerio de Energía y Minas para ejecutar el subsidio.
- Además, el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá efectuar los reordenamientos presupuestarios necesarios por Q1 mil 192 millones para cubrir el monto restante del subsidio.
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