Guatemala
Cuatro pistolas incautadas y ninguna captura: el saldo del estado de Prevención en Sololá
El Gobierno prorrogó el estado de Prevención en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, y luego de tres semanas no hay capturas, ni decomisos de drogas o armas de alto poder.
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La PNC mantiene operativos de identificación en Sololá, aunque aún no reporta capturas vinculadas a los hechos violentos del 13 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: PNC)
Han transcurrido tres semanas desde el 13 de diciembre pasado, cuando se registraron enfrentamientos armados que dejaron al menos 13 muertos en Sololá.
El contexto del choque armado sigue sin esclarecerse: el Gobierno señaló la intervención de grupos del crimen organizado, los vecinos de Nahualá señalaron al Ejército de ataques aéreos y las fuerzas de seguridad denunciaron que fueron sometidos y amenazados a respaldar esa versión. La situación ocurrió, además, en el marco de una disputa territorial que suma décadas entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá.
Según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta la fecha no se han reportado capturas, ni decomisos de drogas o armas largas.
De acuerdo con el reporte de la Comisaría 72 en Sololá, hasta el 7 de enero de 2026 se habían decomisado cuatro armas de fuego durante los operativos. Tres de esas pistolas fueron halladas el 18 de diciembre en la parte trasera de una patrulla policial , y se presume que fueron dejadas allí por los pobladores.
La PNC indicó que se ha identificado a más de dos mil personas durante las diligencias. Sin embargo, no se reportado la detención de los sospechosos por la muerte de los veicnos de Nahualá ni por el ataque a la base militar situada entre ambos municipios.
Para la analista en seguridad y exfiscal del Ministerio Público (MP), Marisol Son, fue acertada la decisión de decretar el Estado de Prevención para reducir los hechos de violencia en esa zona.
Agregó que hubo una prórroga sin que el Gobierno presentara resultados de los operativos efectuados durante los primeros 15 días.
“Entiendo que el Ejército trabaja junto con la PNC, sin embargo, el MP también debe involucrarse. Tienen que realizar allanamientos, ya deberían haberse registrado capturas en flagrancia. Las estructuras operan en el lugar, y eso debió generar algún tipo de resultado”, señaló.
La exfiscal añadió que, si el objetivo del Gobierno con el Estado de Prevención es únicamente evitar ataques armados, entonces esta medida también debería implementarse en otros municipios con mayores índices de criminalidad y homicidios.
Son cuestionó los escasos resultados, especialmente después de que el presidente Bernardo Arévalo afirmara que grupos del crimen organizado atacaron instalaciones del Ejército.
Alan Ajiatas, exfiscal y analista en seguridad, señaló que es fundamental que las autoridades evalúen los resultados de la medida en ambos municipios.
“Según lo observado, se trata más de presencia en las carreteras y operativos de identificación, acciones que pueden llevarse a cabo sin necesidad de establecer un estado de emergencia”, agregó.
“Las autoridades incluso pueden ingresar a los inmuebles y tener mayor presencia en las comunidades, pero eso no se ha evidenciado. Con las acciones actuales, no hay fundamento para seguir prorrogando esta medida”, comentó.
Explicó que en esos municipios ya se habían decretado medidas similares en el pasado, y que entonces los operativos produjeron mejores resultados.
¿Qué pasó en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán?
El 13 de diciembre, el Gobierno denunció que el conflicto territorial entre ambos municipios fue aprovechado por grupos armados ilegales para atacar un destacamento militar instalado en la zona. Esa noche, el presidente Bernardo Arévalo calificó el hecho como “un grave giro”, al confirmar que grupos del crimen organizado atacaron instalaciones del Ejército y retuvieron a 15 agentes de la PNC.
El 14 de diciembre, el Ejecutivo declaró el Estado de Prevención mediante el Decreto Gubernativo 1-2025, en respuesta a los ataques que dejaron varios soldados heridos y al menos 13 pobladores muertos, según líderes comunitarios. Arévalo indicó que el objetivo era “garantizar la seguridad” y frenar a las estructuras criminales que buscan controlar el territorio para actividades ilícitas como extorsión y trasiego.
Ese mismo día, familias de Nahualá velaron en la vía pública a 13 personas. Según testimonios locales, entre las víctimas había menores de edad, cuyos cadáveres fueron sepultados sin que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinara la causa de muerte. El MP confirmó que no logró ingresar a la zona para procesar las escenas del crimen, y posteriormente, Inacif informó que no pudo efectuar necropsias por falta de requerimiento judicial y condiciones de seguridad.
El 15 de diciembre, el Ejército condecoró a 11 soldados heridos durante los ataques, y la PNC desplegó a 300 agentes adicionales en la zona. El Gobierno descartó una confrontación entre comunidades y aseguró que se trataba de un ataque orquestado por grupos criminales fuertemente armados que buscan expulsar a las fuerzas de seguridad.
En los días siguientes surgieron versiones opuestas. Pobladores de Nahualá acusaron al Ejército de atacar a civiles, exigieron justicia y la exhumación de los cuerpos, y anunciaron acciones legales contra el Estado y el presidente Arévalo.
El 18 de diciembre, Prensa Libre publicó un informe circunstanciado de la PNC que documentaba que agentes fueron atacados desde un helicóptero del Ejército mientras rescataban cuerpos. La institución desmintió su propio reporte, argumentando que fue redactado “bajo amenazas”.
El Ministerio de Gobernación entregó al MP tres versiones distintas del mismo incidente. El primer informe circunstanciado 1421-2025, del 13 de diciembre, señala que miembros del Ejército dispararon contra la población y los agentes de la PNC.
El segundo afirma que un grupo de 50 personas encapuchadas, con chalecos antibalas y “portando armas de grueso calibre”, agredió a los agentes con bofetadas, patadas y culatas.
“Fueron llevados en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte”, señala el informe ampliado.
Añade que, al llegar a la cima de la montaña, había unas 300 personas encapuchadas y armadas “quienes dispararon con lujo de violencia contra nuestra integridad física”. En esa zona la PNC halló cinco cadáveres.
Se indica que un helicóptero sobrevolaba Nahualá, donde se escuchaban detonaciones.
El tercer informe repite los hechos del segundo, pero agrega que los policías secuestrados intentaron comunicarse con el Ejército para detener el fuego cruzado: “Solicitamos vía telefónica a los mandos de la Comisaría 72 que coordinaran con el coronel a cargo del destacamento militar para que cesara el fuego”.
También se documentó el robo de armas, uniformes y equipo táctico de la PNC, la redacción forzada del informe “a manera de los pobladores” y la intervención de líderes comunitarios para negociar la liberación de los agentes.
El 19 de diciembre, expertos en seguridad dijeron que la zona de conflicto coincide con rutas históricas de trasiego ilegal. Aunque el Gobierno sostiene que el crimen organizado busca controlar el territorio, los ministerios de Gobernación y Defensa admitieron, durante una citación en el Congreso, que desconocen qué grupo criminal está detrás.
El 30 de diciembre, el Gobierno prorrogó por 15 días el Estado de Prevención. Arévalo reiteró que la medida busca garantizar la seguridad y que las restricciones se aplicarán con respeto a los derechos humanos.
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