Estados Unidos
Tres manos sostienen la brújula del narcotráfico
Los traficantes, la influencia de funcionarios corruptos y la política regional de EE. UU., dibujan el panorama del trasiego de drogas en Guatemala.
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Un picop apareció totalmente calcinado en la aldea El Carmen, Nentón, luego del asesinato de Luis Amed Guillén Albores, supuesto cabecilla del cartel Chiapas–Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)
El 22 de febrero pasado, las autoridades en Guatemala esperaban que se rebalsara la violencia del narcotráfico en México al suelo guatemalteco, y reforzaron la seguridad en esa zona limítrofe. Ocurrió después de que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bloqueó carreteras principales con vehículos en llamas y tiroteos, e incendió comercios en 20 de 32 estados de México, porque su líder Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes resultó herido de muerte por militares de ese país. Sin embargo, nada de lo que esperaban las autoridades guatemaltecas ha ocurrido en la frontera casi un mes y medio después.
En cambio, en el resto del país, suceden otras cosas. Cuando el 90% de la cocaína que Estados Unidos incauta en su territorio pasa por Guatemala (según el Departamento de Estado estadounidense), no es un buen síntoma la ausencia de fricción entre las estructuras del narcotráfico y las autoridades locales, y que los eventos de violencia relacionados con ese trasiego se cuenten con los dedos de una mano en un año.
“La ausencia de conflicto implica acuerdos”, dice Mike Vigil, ex agente de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés). Vigil se refiere a acuerdos entre organizaciones de narcotráfico, y entre estas y al menos autoridades locales. Por eso agrega que, si hay narcotráfico es porque hay corrupción. Los dos van de la mano.
La posible “recomposición” violenta entre los socios del CJNG en Guatemala, que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que esperaban, no ha sucedido y sólo ocurriría si hay desacuerdos entre el sucesor del Mencho y los Huistas. En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló que ese grupo traficaba para Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Además, la sucesión en la figura de Juan Carlos Valencia González (conforme una publicación de The Wall Street Journal), hijastro del Mencho, ha emergido como la opción que—por ahora—ha evitado que se cumplan las especuladas repercusiones violentas en México y la región.
Otros síntomas en el terreno
Fuera de la detención de personas que transportan drogas o armamento de grueso calibre, o de las extradiciones a pedido de EE. UU., los enfrentamientos entre narcotraficantes y la Policía Nacional Civil (PNC) o el Ejército son escasos.
El más reciente ocurrió el 8 de diciembre de 2025, en Huehuetenango y San Marcos, donde una célula del Cartel de Sinaloa intentó desplazar al Cartel Chiapas-Guatemala (ala operativa de su némesis CJNG). Los hechos dejaron a ocho personas muertas, un detenido y a un oficial militar herido. En esa ocasión, el Cartel de Sinaloa colocó varias mantas en San Marcos que identificaron por nombre a varios miembros del Cartel Chiapas-Guatemala, y señalaron al gobierno de Guatemala de protegerlos—algo que las autoridades negaron.
Mientras tanto, las capturas de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad por delitos relacionados con drogas—cuando que no tienen pedido de extradición—pocas veces ocurren.
Existen denuncias contra alcaldes y diputados por trasiego (como en casos de San Marcos o Chiquimula, entre otros), pero sin una corte que les retire la inmunidad, están fuera del alcance del Ministerio Público (MP) y autoridades estadounidenses. Dos de las pocas excepciones son el extraditado excongresista José Ubico, en 2024, condenado en EE. UU. por narcotráfico, y el alcalde de Ayutla, San Marcos, Erik Suñiga, quien se entregó a la justicia estadounidense en 2019 y murió un año después.
En 2021, el MP anunció la captura de 13 personas, incluyendo a tres militares, por su involucramiento en una estructura del CJNG que investigaba desde al menos 2018. Desde entonces, y hasta 2024, la oficina de prensa del Ministerio de la Defensa (Mindef) aseguró que ningún militar fue sido detenido por delitos relacionados con drogas.
Al parecer, no contabilizó un caso del 26 de noviembre de 2023, en Retalhuleu, donde entre 22 personas detenidas había tres policías y tres militares. Sólo tres días después, por “acciones para el fortalecimiento institucional”, el MP despidió al jefe de la Fiscalía de Narcoactividad Gerson Alegría, que lideró el operativo junto al Mingob y el Mindef, como la investigación de este caso desde 2019. En enero pasado, dos voceros del Mindef no atendieron solicitudes de información para consultar al respecto, pero la PNC sí reveló que hubo 18 policías detenidos por delitos relacionados con drogas entre 2023 y 2025.
Señalamientos y reacciones
El 8 de junio de 2025, un miembro del Cartel Chiapas-Guatemala, Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”, murió en un ataque armado contra militares mexicanos que comenzó en Chiapas, México, y acabó en La Mesilla, Huehuetenango. Ese día, los militares entraron ilegalmente a Guatemala en la persecución de narcotraficantes de la misma estructura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció disculpas por la incursión, pero el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez dijo que las autoridades guatemaltecas protegían a los narcotraficantes perseguidos.
El gobierno, en respuesta, envió 220 elementos de la PNC y el Ejército a Huehuetenango, en lo que denominó el plan “Cinturón de Fuego”, y lo describió como un despliegue masivo “en los 650 km” en esa frontera occidental “para frenar” actividades del crimen organizado. No obstante, residentes del lugar calificaron la presencia de las fuerzas de seguridad como “intermitente” y “reactiva”, según reportes de Prensa Libre, aunque la violencia en México en febrero pasado llevó más vigilancia a la zona. Axel Romero, exviceministro de Prevención de la Violencia del Mingob (2016-2020), estima que al menos hay 70 pasos ciegos sólo en Huehuetenango, y señala que difícilmente se puede hablar de una frontera asegurada.
Bajos decomisos en rutas de trasiego
Las incautaciones de cocaína son notoriamente bajas en San Marcos y Huehuetenango, la zona vigilada que colinda con México. En Huehuetenango, se incautaron 122 kilos en 2023, el último año de la administración de Alejandro Giammattei. En 2024 y 2025, con Bernardo Arévalo, no se incautaron más de dos kilos por año. En San Marcos, la incautación sólo subió en ese lapso de 40 gramos a 4 kilos anuales. El 30 de marzo pasado, aunque el Ejército divulgó a la prensa la incautación de probable “pasta de cocaína y cocaína pura”, como un “golpe contundente al crimen organizado transnacional” en Pajapita, la PNC aclaró luego que eran 10 libras de crack y “dos bolitas de cocaína”. Ese mismo día, además incautaron un gran arsenal en La Democracia, Huehuetenango.
También hay bajas incautaciones en Zacapa. Aunque colinda con Honduras, de donde proviene el mayor trasiego terrestre de cocaína según una fuente confidencial del Mingob, las autoridades sólo pasaron de incautar 79 gramos en 2023 a 2.7 kilos el año pasado. En Chiquimula, que también colinda con Honduras y además con El Salvador, pasaron de incautar 13 gramos, a 2.2 kilos, a 13.5 kilos, entre 2023 y 2025. Petén es más dramático aún. En el último año de Giammattei, se incautaron 1,505 kilos, y en los últimos dos años: 4 kilos y 1 kilo con dos gramos.
Un exfuncionario del Ejecutivo de 2006, que pidió no ser identificado, señala que la falta de incautaciones de droga y de capturas de altos cabecillas (sin necesidad de una solicitud de extradición de EE. UU.) reflejan corrupción, particularmente en los departamentos de frontera. La fuente confidencial del Mingob concuerda, y señala a funcionarios locales.
Los decomisos a nivel nacional en 2024, el primer año de gobierno de Arévalo, cayeron por debajo de los de Honduras y El Salvador (como en 2021 y 2022 con Giammattei)—cuando en la década pasada Guatemala tuvo las cifras más altas. En 2025, sólo El Salvador incautó más cocaína (24,612 kilos) que Guatemala. Según datos oficiales de la PNC, Guatemala incautó 16,007 kilos de cocaína en 2024, no 18,200—como erróneamente lo publicó la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), órgano de divulgación del gobierno. Se le preguntó al respecto al vocero del Mingob, Rodolfo Zelada, y al director de AGN, Juan Manuel Vega, pero no explicaron la razón para la discrepancia. Los datos oficiales de la Policía, por aparte, indican que en 2025 incautó 9,849 kilos. Esa reducción no fue casual.
Impacto de política de EE. UU.
Entre 2024 y 2025, el 55% de la cocaína decomisada en Guatemala se transportó al país por vía marítima. Las cifras de incautación de cocaína en el país cayeron en esos años, en parte, porque las operaciones antinarcóticas de EE. UU. en el Océano Atlántico y Mar Caribe redujeron el trasiego—particularmente con el bombardeo el año pasado de lanchas que supuestamente trasladaban droga.
Mike Vigil, ex agente de Operaciones Internacionales de la DEA, sostiene que el gobierno estadounidense nunca mostró evidencia de que las lanchas destruidas transportaban droga, aunque señala que, para febrero de 2026, sumaban 33 las lanchas destruidas, y al menos 144 las personas tripulantes muertas en estos hechos.
Las autoridades estadounidenses reportaron que, entre el 26 de junio y el 18 de agosto de 2025 (antes que comenzaron a bombardear lanchas), decomisaron 27,800 kilos de cocaína en 19 operativos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Además interceptaron 11 lanchas rápidas y capturaron a 34 personas.
En 2024, dos terceras partes de la incautación a nivel nacional que llegó por mar al país, entró por Izabal, y el resto, por Escuintla. Pero para 2025, todos los decomisos se hicieron en el Pacífico, y la incautación por vía marítima se redujo. También aumentó el trasiego terrestre en Centroamérica, según Vigil.
Tampoco se descarta que algunos cargamentos destinados para la costa guatemalteca los incautaron El Salvador. En 2024 y 2025, ese país interceptó 41,355 kilos contra los 25,856 incautados en Guatemala. No fue casualidad. Ese país recibió cooperación de EE. UU. en la forma de seis lanchas de alta velocidad, con capacidad para navegar hasta en aguas internacionales. Lo mencionó la fuente del Mingob, que habló en capacidad extraoficial. Además, publicaciones de prensa confirman la donación de embarcaciones diversas a El Salvador a finales de 2023.
“Fue un asunto de política”, dijo la fuente del Mingob, que explicó que el donativo del gobierno estadounidense pretendía fortalecer su relación con el gobierno salvadoreño, en detrimento de la influencia de China. El presidente de El Salvador Nayib Bukele ya tiene buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump por permitir el encarcelamiento en su país de migrantes indocumentados deportados desde EE. UU.
Los patrullajes de guardacostas estadounidenses en el Pacífico, y la información que recogen satélites estadounidenses en Puerto Rico y Dallas, Texas, también facilitan la identificación de las rutas marítimas de trasiego y la ubicación de las embarcaciones en el caso de El Salvador, según la fuente.
Mayor trasiego terrestre en la región
Los mapas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indican que, entre 2023 y 2024, hubo terrestres de Ecuador a Perú, y de Colombia hacia Venezuela, El Salvador y Guatemala, pasando por Nicaragua. Otras rutas aéreas salieron de Perú a Panamá, y de Costa Rica a Nicaragua. Por aparte, las rutas marítimas de trasiego en el Pacífico salieron de Ecuador, y llegaron principalmente a Panamá y El Salvador. Otras salen de Colombia a Panamá y Guatemala, pasando por Nicaragua.
De hecho, el 21 de marzo pasado, el diario Confidencial publicó que Nicaragua se ha convertido en una bodega del narcotráfico, y citó el caso de un cargamento enviado en 2024 en barco desde ese país al Reino Unido vía Panamá, y otro más descubierto en Rusia. También reveló que cocaína incautada en El Salvador entre 2025 y 2026 procedía de Nicaragua. El 30 de marzo pasado, autoridades en ese país detuvieron un contenedor con 1,312 kilos destinados para Guatemala.
Esto quiere decir que cualquier traslado por aire o mar a determinado país de la región continúa obligadamente por rutas terrestres hacia México y EE. UU., según Mike Vigil, ex agente de la DEA. Y esas rutas deben pasar por Guatemala.
“Los carteles cambian rutas rápidamente, y ahora trafican por tierra vía Centroamérica”, afirma Vigil. Es decir, las operaciones marítimas de EE. UU. disminuyeron la incautación de cocaína transportada por el Atlántico o Pacífico a Guatemala, pero aumentaron el tráfico terrestre. Sin embargo, las cifras no lo reflejan. Al contrario. Las incautaciones en Guatemala disminuyeron un 38% en relación con el año anterior.
No es la primera vez que la política antinarcótica estadounidense incrementa el trasiego terrestre. Ya sucedió a finales de los años 80, cuando Estados Unidos declaró la guerra al narcotráfico en el Mar Caribe, y desde entonces el trasiego terrestre por Centroamérica es clave.
El viceministro de Antinarcóticos en el Mingob, Víctor Cruz, dice que históricamente los traficantes han usado más las rutas terrestres, y que el transporte de droga de Sudamérica hacia México no tiene otra opción más que pasar por suelo guatemalteco, como la migración. “Guatemala es un embudo, y centraliza la ruta de las drogas transportadas hasta Honduras y El Salvador”, afirma. Lo que dice subraya la importancia de que la incautación sea tan baja en los departamentos que colindan con esos países, y que no supera los 15 kilos anuales. Una fuente confidencial del Mingob subraya que el ingreso de droga es mayor por Honduras que El Salvador. Por eso es llamativo que 2024 fue el único año en que Honduras incautó más cocaína que sus vecinos—26,000 kilos—y que la cifra se desplomó a 1,562 en 2025, año electoral y el último en la administración de Xiomara Castro.
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