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Informe: Guatemaltecos aceptarían un gobierno más digital si los trámites se vuelven más sencillos

Sun, 22 Feb 2026 14:00:00 +0000

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Informe: Guatemaltecos aceptarían un gobierno más digital si los trámites se vuelven más sencillos

El más reciente estudio de DataLab arroja que frustración de usuarios se concentra en burocracia y fallas técnicas.

Juan Manuel Fernández C.

22 de febrero de 2026

08:00h

Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, esta vez sobre cómo se percibe la burocracia.

Los guatemaltecos utilizan los canales digitales para exigir un mejor uso del os recursos del gobierno para dar servicios al ciudadano, fundamentalmente en temas como digitalización. Mientras Facebook se utiliza para exponer quejas puntuales, en TikTok los mismos usuarios se educan sobre cómo hacer trámites.

Esta fue una de las conclusiones del nuevo informe de DataLab para Guatemala No Se Detiene en este 2026. Datalab es una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital.

En este estudio, el análisis de la conversación digital se enfocó en audiencia geolocalizada en Guatemala y en temas vinculados a trámites digitales, digitalización, modernización, agencias virtuales, entre otros servicios de gobierno electrónico.

El monitoreo se realizó mediante tecnologías de escucha social, a partir del rastreo de palabras clave, frases y sinónimos asociados, utilizando la herramienta Goo para el seguimiento de social stream (redes sociales y plataformas digitales) y mainstream (medios de comunicación digitales y sitios informativos).

El período de análisis abarcó del 1 de enero al 31 de enero de 2026, durante el cual se analizaron un total de 11 mil 342 menciones, entendidas como piezas de contenido web que coinciden con los términos definidos por configuración o geolocalización, y a cada una se le asignó un sentimiento clasificado como positivo, negativo o neutral.

Las menciones se enfocan una percepción dominante de atraso digital del Estado, la burocracia y la fragmentación institucional son vistas como los principales frenos a la modernización y persisten trámites lentos y presenciales, pese a intentos de digitalización. El atraso digital se asocia con mala gestión, falta de transparencia y posibles intereses políticos.

Informe para proponer soluciones

Como una oportunidad para explorar soluciones de política pública, Prensa Libre, en alianza con Guatemala No Se Detiene, presenta un nuevo informe basado en esta escucha social, en el cual, incluimos:

Análisis: Digitalización incompleta: Guatemaltecos todavía ven burocracia al tratar con el Estado
Nota periodística: “Demasiadas instituciones para un trámite”: Usuarios urgen mayor conexión entre entes del Estado
Entrevista: Burocracia en Guatemala: “La transformación digital primero debe ser mental”
Columna de Opinión: El espejo digital arroja una oportunidad para Guatemala

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Consulte el informe: Guatemaltecos se desahogan en medios sociales sobre las carreteras y algunos son optimistas sobre el futuro

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Burocracia en Guatemala: “La transformación digital primero debe ser mental”

Sun, 22 Feb 2026 14:00:00 +0000

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Burocracia en Guatemala: “La transformación digital primero debe ser mental”

Las instituciones han avanzado en la digitalización de procesos, mas no en su simplificación. Experta ve necesario mejorar estandarización para bajar burocracia en Guatemala.

Juan Manuel Fernández C.

22 de febrero de 2026

08:00h

La implementación de una agenda digital podría resolver las quejas de los usuarios sobre la burocracia y lentitud de los trámites en oficinas públicas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Uno de los primeros pasos para tener un Estado digital es superar la barrera cultural relacionada con la forma de gestionar trámites.

Esta es una de las conclusiones de Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, al contrastar los resultados del estudio de DataLab (febrero del 2026) sobre la percepción de la burocracia en Guatemala por parte de los usuarios digitales.

“Muchos trámites que ya eran bastante complejos en papel se trasladaron, esa misma serie de pasos, a digital, en lugar de hacer un proceso de simplificación previa. Entonces, se está percibiendo que eso sigue pasando en muchas de las instituciones”, indicó.

Este es un extracto de la conversación que la experta tuvo con Prensa Libre.

A la luz de estas percepciones, ¿cuáles son los primeros desafíos que tiene el Estado en Agenda Digital?

Primero, la implementación de la Ley de Simplificación de Trámites, que lleva aparejado un reglamento, y la coordinación entre los diferentes ministerios. Esa estandarización de los procesos, hasta en la forma visual en cada uno de los ministerios, no se produce en las instituciones de la administración pública. Entonces, al final, como no es uniforme, el ciudadano no termina de encontrar o hacerse más amigables esas páginas, que no digamos los temas de interoperabilidad, que son compartir información.

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Eso está muy vinculado también a que hay mucha resistencia a utilizar los servicios en la nube. Esto facilitaría muchísimo el almacenamiento de la información y permitiría tratar de forma más estandarizada todos estos aspectos.

Y el otro punto es cómo pagamos esos servicios. En la medida en que podamos hacerlo con tarjeta de débito o crédito, también debe haber una opción para pagar de forma presencial. Estas instituciones son, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores con la famosa apostilla o los trámites de finiquitos en la Contraloría y otras entidades.

Entonces, los elementos clave serían: estandarización, intercambio de información, uso de la nube y pagos digitales.

¿Por qué el usuario asocia la falta de digitalización con corrupción?

Por prácticas del pasado. Cuando los documentos han estado en papel, lo que sucede es que el atraso de trámites a veces se prestó para esto. Probablemente podría mantenerse en este nuevo esquema digital. Es que se presta para que las personas tengan que llegar a hablar con el funcionario público y entonces se solicite u ofrezca algún tipo de beneficio; por eso es que se asocia a la corrupción. En la medida en que se atrasa más, hay una mayor posibilidad de que se generalicen o se produzcan prácticas de corrupción.

¿Esa desconfianza apunta a que, además de un tema tecnológico, hay un reto cultural y educativo?

Por supuesto. Cuando las propias autoridades de los registros dicen que no tienen facultades legales, eso refleja una falta de cultura digital. Entonces, si esas son las autoridades, ¿qué podemos esperar también de la población?

Aunque estas personas tengan banca electrónica, el Estado genera desconfianza. Pero si realmente usted solo les pide el número —porque ya puede vincularlo con el Renap— sería muchísimo más ágil. Y, aunado a esto, hay un punto importante: como hay tanto phishing, robo de información, robo de identidad y malas experiencias incluso con el sistema bancario, creo que uno de los factores esenciales es que necesitamos tener dos leyes fundamentales del Congreso. Una es la Ley de Ciberseguridad y la otra, la de Ciberdelitos, que son cosas distintas.

¿Es viable la interoperabilidad entre instituciones?

Sí, es viable, por medio de APIs —interfaces de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés—. Aunque tengan sistemas diferentes, pueden usar un estándar, como se ha promovido en el pasado. Es más un asunto de voluntad política y de estrategias de seguridad que deben implementarse. La digitalización, claro, no es barata, pero a largo plazo tendrá beneficios.

¿Y es viable políticamente interconectarlas?

Sí, es viable. Veamos algunos ejemplos. La SAT intercambia información con muchas instituciones, no solo del sector público, sino también del privado. El Renap ya cuenta con metodologías propias para el intercambio de información. Entonces, si ellos pueden compartir datos con diferentes entidades, las demás también lo pueden hacer.
¿Cuál sería una manera eficaz de visualizar avances en la transformación digital del Estado?

Parte del problema es que sería interesante visualizar un calendario con hitos que se vayan implementando en las distintas instituciones para alcanzar ese grado de madurez. Es un nivel de digitalización que no tenemos claro y al que no podemos darle seguimiento mediante un tablero que muestre cómo está funcionando.

¿Se podrá tener una autoridad responsable de la digitalización del Estado en Guatemala?

La transformación digital es más mental que digital. Es necesario que haya respaldo político y una autoridad que ayude a hacer toda esta sistematización.

Existen dos modelos que se podrían seguir: uno es el de una autoridad independiente que dé seguimiento a las instituciones del Ejecutivo y también a las entidades autónomas o descentralizadas. No es que se subordinen a esta, sino que puedan coordinarse con una instancia que ejerza ese liderazgo.

Puede existir una entidad autónoma, pero también, si hubiera voluntad política, esta podría descansar en el Ministerio de Finanzas Públicas. A través de un viceministerio se podría facilitar la transformación digital.

¿Por qué en el Ministerio de Finanzas Públicas? Porque ya es una entidad aprobada en cuanto a sistemas como el SICO y Guatecompras. Es, además, la institución que más ha avanzado dentro del Ejecutivo y que podría liderar un proceso de este tipo. Incluso las municipalidades están involucradas en estos temas a través del SICO, Guatecompras o Guatenómina. Entonces, es viable.

¿Cómo cerrar la brecha digital entre instituciones?

Hay ministerios que tienen un alto grado de avance, como el de Cultura, porque manejan menos trámites al mismo tiempo. Pero si vamos a Salud o Agricultura, son estos los que concentran la mayor cantidad de trámites que debe realizar el usuario frente a las instituciones. Entonces, es un asunto de priorización.

Si se implementa por etapas, será más fácil que cada uno alcance ese nivel de madurez. El Ministerio de Cultura —no recuerdo cuántos trámites tiene—, pero no deben ser más de 20. Si ya los digitalizó, ¿por qué el Ministerio de Salud no podría alcanzar ese mismo nivel con otros trámites?

Claro, ahí volvemos al desafío de la corrupción, porque hay grupos que se están oponiendo en ese sentido.

¿Cuáles son los próximos pasos de una agenda digital mínima?

Un cronograma clave con las acciones que se van a implementar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de una ley, sino que pueden aplicarse directamente. La emisión del reglamento —lo hemos dicho en varias ocasiones— es uno de esos pasos: la ley tiene ya cinco años de vigencia y aún no cuenta con una reglamentación.

También es clave la implementación de un sistema de pagos estandarizado para todas las instituciones. En algunos ministerios se paga con un banco y en otros con otro; entonces, no se ofrecen las mismas facilidades. Todos deberían contar con una misma opción. Una plataforma única de pagos podría ser una solución, desde el punto de vista administrativo.

Desde el ámbito legislativo, es fundamental que el Congreso apruebe la Ley de Transformación Digital y la Ley de Ciberseguridad.

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Digitalización incompleta: Guatemaltecos todavía ven burocracia al tratar con el Estado

Sun, 22 Feb 2026 14:00:00 +0000

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Digitalización incompleta: Guatemaltecos todavía ven burocracia al tratar con el Estado

El 35% de la conversación en redes sociales es negativa. Las críticas de los guatemaltecos se centran en la burocracia, la lentitud y los procesos aún semidigitales. Expertos piden priorizar un plan de modernización del Estado para reducir tiempos y costos.

Mauricio Álvarez

22 de febrero de 2026

08:00h

Los guatemaltecos perciben como lentos, burocráticos y complicados los trámites en el país. Piden que se digitalice y faciliten los procesos. (Foto Prensa Libre: Freepick)

En Guatemala, los trámites públicos digitales aún son percibidos como burocráticos, lentos y engorrosos, según un estudio de escucha social elaborado por DataLab, mediante tecnología de análisis especializada GOO, que monitoreó la conversación digital sobre trámites en línea, digitalización y modernización entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025. Durante ese período se identificaron 11 mil 342 menciones relacionadas con el asunto, de las cuales el 35% reflejan un sentimiento negativo y tan solo un 6.1% positivo.

De acuerdo con los resultados, la conversación digital evidencia una brecha entre el avance tecnológico de la población y el ritmo de modernización estatal. En ese sentido, Sigfrido Lee, investigador asociado del CIEN, señaló que los resultados muestran que el Estado no ha acompañado el proceso de digitalización que vive la sociedad.

“Mientras la población ha avanzado en la incorporación de instrumentos digitales en su vida diaria, buscando una mayor digitalización, el Gobierno ha permanecido atrás, lo cual se convierte en un cuello de botella para la actividad económica y, en general, para la vida diaria de los guatemaltecos”, explicó.

En esa misma línea, Rodolfo Fuentes, socio de Teach Consulting para Centroamérica, señala que la región aún enfrenta el reto de migrar de procesos tradicionales a esquemas digitales integrales. “Nuestros países se encuentran abordando el asunto de cómo el Gobierno pasa de ser una institución basada en procesos legados, donde todavía el papel es importante, a la digitalización del Estado”, indicó.

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Para María del Carmen Aceña, exministra de Educación y experta en políticas públicas, estos resultados evidencian que la digitalización no ha sido asumida como un proyecto de país. “La digitalización es un proceso de transformación de un país. Su economía, su sociedad y la administración pública tienen que incorporar tecnologías digitales. Y ahora que tenemos internet de alta velocidad, inteligencia artificial y muchas plataformas electrónicas, es una gran oportunidad para buscar la eficiencia de los servicios públicos”, explicó.

Lee añadió que la falta de implementación efectiva de recursos tecnológicos genera un “cortocircuito” entre una sociedad que se digitaliza y un aparato estatal que mantiene procesos tradicionales. “Los procesos no se están transformando. Primero hay que quitar todos aquellos trámites que no se necesitan, luego simplificar y automatizar. Pero no vemos nada de esto, y la población lo resiente, y se nota en los comentarios que hacen en las distintas redes sociales”, enfatizó.

Fuentes explica que la digitalización del Estado no se limita a colocar servicios en línea, sino que implica una transformación más amplia basada en tres pilares: “El primero es cómo el Gobierno atiende mejor a sus ciudadanos por medio de la tecnología; el segundo, la utilización de los datos para mejorar la gestión pública; y el tercero, cómo se incorpora la inteligencia artificial a las instituciones del Estado para servir mejor a los ciudadanos”, detalló.

La mayor parte de la conversación se concentra en redes sociales como X (48.8%), Facebook (23.4%) y TikTok (25.8%). En X predominan los señalamientos sobre la burocracia como obstáculo para emprender e invertir, las críticas a la gestión pública y los desafíos en servicios como el sistema de salud. Los usuarios vinculan los procesos complejos y lentos con barreras para la innovación y la actividad económica.

Retos en la confianza

El estudio también identifica una narrativa recurrente de desconfianza institucional, especialmente vinculada al atraso digital, la falta de transparencia y la percepción de mala gestión pública. Esta desconfianza no solo se relaciona con la eficiencia de los servicios, sino también con el uso de plataformas digitales estatales.

Sobre este punto, Lee destaca que la conversación refleja dudas incluso ante procesos digitalizados. “El estudio refleja algo muy interesante respecto de la confianza, porque lo que está diciendo es que, incluso aunque se digitalizaran, no sienten confianza, precisamente, en compartir la información personal o incluso dinero a través de estos medios”, indicó.

Fuentes señala que la confianza ciudadana está estrechamente vinculada a la transparencia y al manejo de los datos. “Cuando los gobiernos logran generar transparencia con reglamentos claros, y el ciudadano entiende qué se está haciendo con su información, es cuando se minimiza el riesgo y se da la confianza. Esto es clave para la adopción de los servicios digitales”, afirmó.

Lee agregó que los comentarios sobre ciberseguridad y protección de datos son constantes, lo que evidencia que el problema no se limita a la tecnología, sino a la percepción sobre la capacidad institucional. “Al final de cuentas, los procesos tal cual existen hoy en día en el Estado no solo no responden a los intereses o necesidades de la población, sino que, además, no se tiene confianza en el Estado para implementar estos procesos”, señaló.

Aceña advierte que la confianza está directamente ligada a la seguridad y al marco legal. “Los servicios digitales vienen con todo un proceso de ciberseguridad, de resguardo de bases de datos. Entonces, se necesita cierta legislación”, afirmó.

Según Lee, la transformación digital implica también un cambio cultural que debe comenzar desde el propio Gobierno. “Ese cambio cultural tiene que empezar desde el mismo Gobierno y en entender que tiene que generar procesos de confianza, incluso aunque fueran manuales. Lo que denota esto es que la población no percibe que el Estado tenga la capacidad para hacerlo”, afirmó.

Obstáculos en los trámites

Otro de los hallazgos del estudio es que la ciudadanía percibe que muchos trámites siguen siendo burocráticos, pese a contar con componentes digitales. Los comentarios en redes sociales señalan que los procesos continúan requiriendo gestiones presenciales, duplicación de requisitos y largos tiempos de espera.

Para Lee, esta es una digitalización incompleta. “Lo que sucede hoy es que el formulario está en línea, lo puedo descargar, pero lo tengo que llenar a mano y, de todos modos, me tengo que trasladar a la capital para entregarlo. Eso no es digitalización; semidigital sigue siendo manual”, subrayó.

Fuentes coincide en que digitalizar trámites visibles es solo una parte del proceso, y que el verdadero reto está en la modernización interna del Estado. “Mucho de lo que el ciudadano ve son los trámites de frente, pero por atrás las instituciones también tienen que modernizar sus procesos y herramientas, incluso sistemas que llevan 20, 30 o 40 años y que ya presentan obsolescencia técnica”, explicó.

Para Aceña, esto responde a procesos que nunca fueron revisados de fondo. “Los trámites son largos muchas veces a propósito. Tienen que pasar por siete personas el expediente. Cuando uno revisa procesos, descubre que hay pasos que no son necesarios, pero se hacen porque así dice la ley, aunque nadie sabe qué ley”, dijo.

Aceña subrayó que digitalizar no es simplemente trasladar un formulario a internet. “Usted tiene que ir a la par revisando procesos. Si un proceso tiene diez pasos que no necesita, hay que quitarlos. Si no reduce tiempos y costos, no es verdadera digitalización”, señaló.

En esa línea, Lee explicó que la digitalización debe ser integral y enfocada en resultados concretos. “Lo primero es entender que realmente la digitalización tiene que ser completa. Y un primer inicio son los trámites, pero hacia donde va la digitalización, y donde están sus grandes virtudes, es en reducir tiempos y costos. Si no me está reduciendo tiempos y costos, no está teniendo efecto”, indicó.

Mayor eficiencia en los servicios públicos

El análisis de DataLab también muestra que las preocupaciones ciudadanas se extienden a sectores como la salud, donde la burocracia es percibida como un obstáculo para el acceso oportuno a servicios. En general, los usuarios posicionan la digitalización no solo como una mejora tecnológica, sino como una herramienta para fortalecer la transparencia, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios públicos.

Fuentes señala que uno de los beneficios más relevantes de la digitalización estatal es el uso estratégico de la información. “El Gobierno consume y acumula una cantidad de datos gigantesca, y esos datos se pueden utilizar para mejorar la gestión del Gobierno y la atención a los ciudadanos”, explicó.

En Facebook, la conversación gira en torno a los retos en los servicios digitales, la demanda de rendición de cuentas y la ineficiencia de los servicios públicos. Aunque se reconoce el valor de las transacciones en línea, predominan las quejas por fallas técnicas, dificultades para completar pagos y tiempos de respuesta lentos.

Algunos trámites aún requieren gestiones presenciales, lo que refuerza la molestia ciudadana y la expectativa de procesos más accesibles y eficientes. Para Lee, la digitalización no debe limitarse a trasladar trámites al formato digital, sino implicar un cambio más amplio en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

“La transformación digital no solo se trata de resolver trámites; se trata de un cambio de paradigma, donde el Gobierno se acerca a la población en la toma de decisiones. Incluso la digitalización puede servir para que la sociedad se sienta parte de los procesos del Estado”, concluyó.

En TikTok, en cambio, la conversación se centra principalmente en trámites concretos y atención al usuario, con contenidos institucionales que explican cómo obtener certificaciones, antecedentes y otros servicios en línea, donde predominan las preguntas operativas sobre cómo realizar gestiones específicas, más que críticas directas.

Demandas generacionales

El estudio también evidencia que la percepción sobre la digitalización del Estado no es homogénea y varía según la generación, tanto en sus preocupaciones como en sus expectativas sobre los servicios públicos digitales.

Fuentes añade que este fenómeno también responde a cambios generacionales dentro del propio Estado y en la ciudadanía. “Conforme el personal que trabaja en el Gobierno se va renovando, las nuevas generaciones están acostumbradas a vivir en un mundo digital, por lo que utilizar sistemas antiguos hace que la experiencia sea más compleja tanto para funcionarios como para ciudadanos”, señaló.

En el caso de los baby boomers, que representan el 9% de la conversación, la principal inquietud se centra en la seguridad de los datos y el temor a la exclusión digital. Sus comentarios reflejan preocupación por el posible robo de identidad, el mal uso de la información personal y la capacidad del Estado para proteger datos sensibles. Solicitan explicaciones claras, garantías de seguridad y opciones híbridas que no los dejen fuera del sistema.

Por su parte, la generación X concentra el mayor volumen de participación, con un 42.9%, y enfoca su discurso en la experiencia práctica con los trámites. Sus principales quejas giran en torno a procesos lentos, duplicación de requisitos y plataformas desarticuladas entre instituciones. Este grupo demanda automatización real, integración de sistemas y respuestas claras sobre plazos y beneficios concretos de la transformación digital.

Los millennials, que representan el 28.6% de la conversación, muestran una postura crítica frente a las promesas de modernización que no se traducen en mejoras funcionales. Para este segmento, no basta con digitalizar: los servicios deben ser rápidos, confiables y medibles, con seguimiento público sobre su implementación.

Por su parte, la generación X concentra el mayor volumen de participación, con un 42.9%, y enfoca su discurso en la experiencia práctica con los trámites. Sus principales quejas giran en torno a procesos lentos, duplicación de requisitos y plataformas desarticuladas entre instituciones. Este grupo demanda automatización real, integración de sistemas y respuestas claras sobre plazos y beneficios concretos de la transformación digital.

Los millennials, que representan el 28.6% de la conversación, muestran una postura crítica frente a las promesas de modernización que no se traducen en mejoras funcionales. Para este segmento, no basta con digitalizar: los servicios deben ser rápidos, confiables y medibles, con seguimiento público sobre su implementación.

En tanto, la generación Z, con un 19% de participación, centra su evaluación en la experiencia digital. Al ser nativos digitales, comparan las plataformas estatales con estándares tecnológicos modernos, por lo que señalan interfaces lentas, poco intuitivas o con errores.

Según el investigador asociado del CIEN, Sigfrido Lee, estas diferencias no son contradictorias, sino complementarias, y reflejan las distintas expectativas de la población frente al proceso de digitalización estatal. “Yo creo que, al final de cuentas, todos tienen razón. Con una plena digitalización se deberían resolver muchos de estos problemas al mismo tiempo, pero aquí lo importante es entender las distintas expectativas de la población”, señaló.

Lee explicó que algunos sectores priorizan la eficiencia del Estado; otros, la confianza y la seguridad de los datos; mientras que los usuarios más jóvenes ponen mayor énfasis en la experiencia digital y la facilidad de uso. “Hay unos esperando más eficiencia del Estado porque están más involucrados en estos procesos; otros, pensando en confianza; y otros, en cómo la experiencia digital debería facilitar todos estos procesos”, indicó.

En ese contexto, el investigador subrayó que la falta de transformación digital no solo genera ineficiencia administrativa, sino que también impacta en la competitividad y en la vida productiva de la población. “Las personas que están más avanzadas dentro de su vida productiva resentimos la falta de competitividad del Estado para atender y ayudarnos a resolver necesidades del día a día en el mundo empresarial y laboral”, puntualizó.

Para Lee, el trasfondo de estas demandas generacionales refleja una brecha más amplia entre el Estado y la ciudadanía. “El sentimiento que queda es la distancia entre el Gobierno y la población, que no entiende sus necesidades y que no las está resolviendo”, concluyó.

Lo que hay que hacer

Aceña plantea que la digitalización debe asumirse como una política de Estado y no como esfuerzos aislados entre instituciones. “Cuando se dice ‘vamos a digitalizar un país’, debe ser un proyecto dirigido por la Presidencia de la República. Si se pone como prioridad dentro de un proceso de modernización y se logra que el Congreso, el Organismo Judicial y otras entidades se suban al proceso, se puede tener un éxito rotundo”, señaló.

También subrayó que el primer paso es el liderazgo y la convicción institucional. “Primero necesita que el Gobierno esté totalmente convencido de que tiene que digitalizarse. Tiene que ser una estrategia nacional y empezar con los ministerios grandes que manejan bases de datos, como Educación y Salud”, afirmó.

Aceña indicó que la transformación digital debe ir acompañada de una revisión de los procesos administrativos para eliminar trámites innecesarios. “Usted tiene que ir a la par revisando procesos. Si un proceso tiene diez pasos que no necesita, hay que quitarlos. Muchas veces los trámites son largos porque se heredaron así, no porque sean necesarios”, explicó.

Fuentes destaca que la coordinación institucional es clave para avanzar en gobierno electrónico. “Cuando las instituciones del Estado trabajan en conjunto en estos temas, la capacidad de atender de una manera más ágil a los ciudadanos y realizar sus procesos se ve beneficiada de gran manera, y también genera ahorros”, indicó.

Añade que las estrategias de digitalización deben responder a un plan integral y no a acciones aisladas. “Una estrategia no puede ser algo que esté desconectado de un plan general. Donde los Gobiernos han centralizado la toma de decisiones y priorizado sus inversiones en digitalización es donde se ha visto mayor éxito”, explicó.

Lee considera que la digitalización debe servir para acercar al Estado con la ciudadanía. “Lo más importante es que permite al Gobierno entender qué es lo que le importa a la población y, a partir de eso, crear soluciones a esas necesidades”, dijo.

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Opinión: El espejo digital arroja una oportunidad para Guatemala

Sun, 22 Feb 2026 14:00:00 +0000

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Opinión: El espejo digital arroja una oportunidad para Guatemala

Guatemala ya cuenta con conectividad, talento y casos exitosos que pueden guiar una política pública integral que simplifique trámites y devuelva confianza institucional.

Julio Herrera

22 de febrero de 2026

08:00h

Con las elecciones del 2027 acercándose, la transformación digital debería formar parte central del debate público. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En Guatemala podemos pedir comida por teléfono, transferir dinero en segundos y vender productos a través de redes sociales. Pero cuando se trata de interactuar con el Estado, demasiadas veces regresamos al papel, a la fila y al sello. El espejo es incómodo: muestra que no estamos tan modernizados como creemos.

Vivimos en una sociedad cada vez más digital, pero operamos con una institucionalidad que aún arrastra lógicas del siglo pasado. Y esa contradicción ya no es anecdótica: es estructural. La pregunta no es si debemos digitalizar el Estado, sino cuánto nos está costando no hacerlo.

Guatemala no es un país desconectado. Más de 11 millones de personas usan internet, lo que equivale a cerca del 62% de la población. Millones ya trabajan, estudian, compran y pagan servicios en línea. Esa realidad genera una expectativa legítima: si el sector privado puede ofrecer servicios ágiles y disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, ¿por qué tantos trámites públicos siguen dependiendo de la presencialidad, la duplicación de documentos y procesos fragmentados?

La burocracia no es solo una molestia cotidiana: representa un costo económico real. Cada día perdido en una fila es tiempo productivo que se desvanece. Cada trámite complejo desalienta la formalización. Cada requisito redundante abre espacios para discrecionalidad y opacidad. En un país donde siete de cada diez trabajadores están en la informalidad, simplificar procesos no es un capricho tecnocrático; es una política de desarrollo.

Antes de su descontinuación, el informe Doing Business señalaba que abrir un negocio en Guatemala tomaba en promedio más de un mes, frente a poco más de una semana en el promedio latinoamericano. Cada día adicional representa inversión detenida, empleos que no se crean y oportunidades que se esfuman. Estudios regionales estiman que los costos asociados a trámites burocráticos pueden representar hasta el 4% del PIB. En nuestra escala económica, eso equivale a miles de millones de dólares perdidos en tiempo, gestorías y procesos innecesarios.

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Cuando observamos los indicadores internacionales, el espejo es claro. En el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, Guatemala se ubica en la posición 122 de 193 países, en la mitad inferior del ranking global. El GovTech Maturity Index 2022 del Banco Mundial ubica a Guatemala en el Grupo B (Significant Focus on GovTech), con un puntaje de 0.632. Este resultado evidencia esfuerzos relevantes, pero aún con debilidades estructurales en habilitadores clave como interoperabilidad, infraestructura digital compartida y fortalecimiento institucional.

En inteligencia artificial aplicada al sector público, seguimos rezagados. En ciberseguridad, el nivel de preparación aún es limitado. No estamos en cero, pero tampoco donde deberíamos estar.

Mientras tanto, otros países de la región decidieron hace más de una década que la transformación digital no podía ser un experimento aislado. Desde el 2007, Uruguay digitalizó la mayoría de sus trámites y consolidó una política sostenida en el tiempo. Colombia implementó su carpeta ciudadana digital interoperable. Costa Rica masificó la firma digital con plena validez legal. Estonia convirtió su identidad digital en motor de competitividad global.

No son países perfectos, sino países que tomaron decisiones estratégicas y las sostuvieron más allá de un período de gobierno.

En Guatemala existen avances. El Catálogo Nacional de Trámites, los servicios en línea de la SAT y del Renap, y distintos esfuerzos institucionales muestran que hay voluntad y capacidades. Pero el problema es la fragmentación. Proyectos aislados no sustituyen una política integral de Estado Digital. Digitalizar no es escanear formularios ni convertir la burocracia en PDF: es rediseñar procesos, eliminar pasos innecesarios y conectar sistemas para que el ciudadano no repita información que el propio Estado ya posee.

He visto de cerca cómo muchas iniciativas se quedan en fase piloto porque chocan con resistencias invisibles. La transformación digital toca intereses, reduce la discrecionalidad, deja huella y hace trazables decisiones que antes se diluían en papeles y archivos físicos. No todas las estructuras se sienten cómodas con eso.

También pesa la fragmentación institucional: 340 municipalidades autónomas, ministerios con culturas organizacionales distintas y entidades descentralizadas con agendas propias. Coordinar una estrategia nacional en este contexto no es sencillo. A eso se suman los ciclos políticos cortos. Cuatro años rara vez bastan para consolidar cambios culturales y tecnológicos profundos. Sin continuidad, los proyectos se reinician o desaparecen.

Por eso, la digitalización debe convertirse en política de Estado, no en eslogan de gobierno. Requiere metas claras, presupuesto protegido, marcos legales habilitantes y métricas independientes que sobrevivan cambios de administración.

Con las elecciones del 2027 acercándose, la transformación digital debería formar parte central del debate público. ¿Cuál es la propuesta concreta de cada fuerza política sobre identidad digital, interoperabilidad y firma electrónica? ¿Cómo garantizarán continuidad más allá de su mandato? No basta con hablar de modernización; se necesitan compromisos medibles.

La tecnología no resolverá por sí sola la pobreza ni la desigualdad, pero puede convertirse en una de las palancas más efectivas para mejorar competitividad, transparencia y confianza institucional. Un Estado que simplifica permisos atrae inversión. Un Estado interoperable reduce la corrupción cotidiana. Un Estado que automatiza procesos devuelve tiempo y dignidad al ciudadano.

La pregunta no es si Guatemala puede transformarse digitalmente. Puede. Tenemos talento, conectividad creciente y ejemplos regionales que demuestran que es posible. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir el costo político de hacerlo y a exigir continuidad más allá de un período de gobierno.

Cada trámite que hoy toma horas podría resolverse en minutos. Cada proceso opaco podría dejar huella digital verificable. Cada barrera burocrática podría convertirse en oportunidad.

La transformación digital del Estado no es una moda tecnológica: es una condición para la competitividad y el futuro del país.

El espejo ya está frente a nosotros. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a evitar mirarlo?

Julio Herrera Toledo es experto en transformación digital y gobierno abierto. Director Ejecutivo de Red Ciudadana, ha liderado iniciativas en datos abiertos, modernización institucional e innovación pública en Guatemala y Centroamérica.

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“Demasiadas instituciones para un trámite”: Usuarios urgen mayor conexión entre entes del Estado

Sun, 22 Feb 2026 11:00:00 +0000

GUATEMALA NO SE DETIENE

“Demasiadas instituciones para un trámite”: Usuarios urgen mayor conexión entre entes del Estado

En casi todas las instituciones, usuarios reclaman que persisten procesos manuales ya que la experiencia digital no logra reemplazar la presencialidad.

Juan Manuel Fernández C.

22 de febrero de 2026

05:00h

Interconectar a las instituciones públicas en Guatemala es un reto de la agenda digital. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Casi seis de cada 10 menciones de guatemaltecos que se expresaron sobre burocracia durante el período de estudio de DataLab (1 de enero de 2025 a 31 de enero de 2026) hacen alusión al “Gobierno”. Puntualmente, el 58% de las 11 mil 300 menciones que captó la tecnología GOO, en el estudio de escucha social.

Según el informe, “la conversación sobre digitalización está muy ligada a una crítica general a la burocracia del Estado. Para muchos ciudadanos, el problema no es solo tecnológico, sino la cantidad de trámites y procesos que sienten innecesarios”.

Continúa el reporte detallando que “existe una narrativa fuerte de mala priorización del gasto público, donde la expansión burocrática se percibe como competencia directa para avanzar”. Añade que “la digitalización es vista como oportunidad necesaria pero frágil: hay reconocimiento de avances, pero también dudas sobre continuidad y funcionamiento”.

Según la firma digital, “el sentimiento general es mixto pero inclinado a la desconfianza, con énfasis en corrupción, ineficiencia y falta de transparencia e información”.

Balance por institución

Aunque el reporte de DataLab no indica que la ciudadanía rechace la digitalización, sí evidencia una demanda sobre que esta debe funcionar de forma integrada, segura y simplificadora.

En casi todas las instituciones se repite el mismo diagnóstico: hay avances puntuales, pero persisten procesos manuales, fragmentación entre entidades y una experiencia digital que todavía no reemplaza completamente al papel ni a la presencialidad.

El reporte además indica que existe una brecha fuerte entre volumen de conversación y capacidad de respuesta.

Las instituciones con mayor volumen de comentarios (SAT, MARN, MSPAS) presentan tasas de respuesta muy bajas.

La SAT, pese a concentrar la mayor conversación a nivel comentarios, solo responde al 3.4%, lo que refleja un desbalance entre demanda ciudadana y capacidad de

interacción/respuesta.

RENAP e IGSS presentan las tasas más altas de participación institucional en la interacción por canales digitales.

SAT: Digitalización con complejidades

Se reconocen avances concretos, especialmente en la reducción de tiempos y en la Agencia Virtual. Sin embargo, persiste una sensación de sobrecarga administrativa y complejidad para cumplir obligaciones fiscales. Las nuevas regulaciones electrónicas generan preocupación, sobre todo en pequeños negocios, por posibles errores técnicos que deriven en sanciones. Los trámites en línea se consideran útiles, pero exigentes.

Renap: Preocupación por seguridad de datos

La digitalización del DPI genera una reacción fuerte marcada por desconfianza. Las preocupaciones se centran en robo de identidad, hackeos y pérdida de información si se extravía el teléfono. También existe inquietud por la posible exclusión de personas mayores o sin acceso a teléfonos inteligentes. Aunque se impulsan trámites en línea, se reportan fallas y demoras.

Igss: Demandan automatización

Es percibido como una institución atrasada en digitalización. Se señalan dificultades para acceder a registros históricos y una alta dependencia de procesos manuales. La conversación refleja una demanda clara de automatización y actualización de datos en línea, con presión para acelerar la modernización.

MSPAS: Historial clínico debe ser prioridad

En salud se mezclan reconocimiento de avances —como SIAMED-WEB— con frustración por la persistencia del papel y procesos manuales. La demanda más reiterada es un historial clínico digital completo. Se percibe una brecha entre los anuncios de modernización y la realidad operativa en hospitales.

Mineco: Avances con exceso de filas y papel

Es visto como clave para simplificar trámites económicos, pero muchos procesos continúan siendo lentos y presenciales. Se repite la queja por exceso de papel y largas filas. Existe interés en herramientas como la firma digital certificada, aún percibida como pendiente o poco visible en la práctica.

MARN: Se anhela la digitalización

La conversación se enfoca en herramientas digitales específicas que podrían facilitar la regulación ambiental, como mapas digitales y sistemas de monitoreo. Predomina el cansancio frente a trámites complejos y la expectativa de que la digitalización simplifique procesos regulatorios.

MAGA: Dudas sobre impacto de digitalización

El debate se centra en el beneficio real de la digitalización para agricultores. Se cuestiona si los registros digitales tienen impacto práctico en su trabajo. La modernización se evalúa según su utilidad concreta para el sector productivo.

Registro Mercantil: Urge integrar sistemas

Aunque se reconocen avances propios, abrir un negocio sigue siendo lento porque depende de múltiples instituciones. Existe consenso en la necesidad de un sistema más integrado que unifique permisos y licencias. El avance es percibido como parcial dentro de un ecosistema burocrático fragmentado.

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VIDEO: ¿Vive en un terreno sin título? Estas dos familias llevan décadas atrapadas en el mismo problema

Mon, 09 Feb 2026 06:00:00 +0000

propiedad privada

VIDEO: ¿Vive en un terreno sin título? Estas dos familias llevan décadas atrapadas en el mismo problema

¿Qué pasa cuando una propiedad no existe en los registros? A través de dos historias reales, explicamos por qué la titulación de la tierra sigue siendo uno de los mayores desafíos legales para miles de familias en Guatemala.

Renata López

9 de febrero de 2026 | 00:00h

En Guatemala algunas personas viven y trabajan su tierra, pero no son legalmente propietarios. En la actualidad el sistema está basado en leyes del siglo XIX, lo cual impide vender, heredar o acceder a crédito. Hay familias que llevan décadas, hasta más de 100 años viviendo en una tierra que poseen, pero que no pueden explotar comercialmente porque no aparece en ningún papel.

En uno de los casos que investigó un equipo de Guatemala No Se Detiene, un expediente está detenido entre juzgados, municipalidades y registros. Planos que no cuadran, terrenos que aparecen en blanco y familias esperando 3, 4 o hasta 25 años por una firma.

Conozcamos el caso de dos familias que han luchado por generaciones para por fin tener el título de la propiedad en sus manos.

Lea también: 5 mil propiedades salieron del limbo legal en 3 años, ¿cómo otorgar títulos más rápido en Guatemala?

Proponen que notarios resuelvan casos de propiedades sin título para desfogar juzgados

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VÍDEO: Proponen que notarios resuelvan casos de propiedades sin título para desfogar juzgados

Thu, 05 Feb 2026 12:00:00 +0000

propiedad privada

VÍDEO: Proponen que notarios resuelvan casos de propiedades sin título para desfogar juzgados

Para agilizar los trámites de titulación de propiedad se requieren leyes actualizadas a las demandas actuales. Expertos consideran que estos casos deben ser resueltos por notarios y no en juzgados.

Mauricio Álvarez

5 de febrero de 2026 | 06:00h

Durante casi un siglo, una familia en la Ciudad de Guatemala ha intentado obtener el título de propiedad del terreno donde han vivido varias generaciones. Pamela —nombre ficticio por motivos de seguridad— y su hermana compartieron su historia con el equipo de Guatemala No Se Detiene. De acuerdo con Pamela, heredaron el proceso que iniciaron sus bisabuelos, quienes se establecieron en el lugar cuando la tierra se les entregó de buena fe, pero sin un documento legal que los respaldara.

Con el paso del tiempo, el terreno se dividió entre familiares y la posesión se mantuvo sin respaldo del Registro General de la Propiedad. Hace cinco años, luego del fallecimiento de su madre, Pamela retomó el trámite mediante un proceso de titulación supletoria. Un juez emitió una resolución favorable; sin embargo, el expediente permanece pendiente en la municipalidad, donde deben validar planos y coordenadas del terreno.

Miriam —también nombre ficticio por resguardo de su seguridad—, tampoco ha podido obtener las estructuras de su propiedad. Junto a su madre buscan recuperar el título de la vivienda donde han vivido por décadas. El proceso comenzó cuando intentaron inscribir la propiedad heredada en el Registro General de la Propiedad, pero descubrieron que la hoja del libro donde figuraba la finca había sido arrancada.

Sin ese documento, la propiedad no puede ser localizada en los archivos registrales. La familia inició un proceso judicial para reconstruir la información y obtener la titularidad del inmueble. Desde entonces, han pasado cerca de 25 años en trámites legales, búsqueda de asesoría y gestiones ante distintas instancias.

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En Guatemala, obtener el título de una propiedad sin documentos puede tardar hasta 10 años, debido a que estos procesos son resueltos por un juez. Expertos señalan que los juzgados conocen diversos tipos de casos y que la titulación supletoria podría agilizarse si fuera resuelta por medio de notarios.

“Los juzgados tienen una mora judicial muy alta, el juez no tiene tiempo y la ley tampoco está diseñada para que él realice una inspección ocular. Esta competencia debería ser de los notarios, porque sí tenemos esa experiencia”, comentó Lorena Flores, consejera general del Notariado y vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Esto se diero a conocer durante La Charla, segmento del programa Guatemala No Se Detiene, en el que Flores, junto a Lavinia Figueroa, experta en derecho notarial y registral, y Rocío Lazo, conductora del espacio, conversaron sobre los retos que enfrentan los guatemaltecos para obtener el título de su propiedad y los posibles cambios para agilizar el proceso.

Flores explicó que el problema no depende únicamente del Registro de la Propiedad, sino que está vinculado con disposiciones normativas más amplias, entre ellas la necesidad de información catastral. Señaló que, en 20 años de funcionamiento del Registro de Información Catastral (RIC), solo 25 de los 340 municipios del país han sido declarados zonas catastradas.

“Es una exigencia dotar de certeza y seguridad jurídica a los 18 millones de habitantes para que tengan la confianza de que la posesión puede transformarse en propiedad. Un trámite de titulación supletoria sin litigio tarda, en promedio, de 4 a 5 años”, indicó.

Por su parte, Figueroa señaló que el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la propiedad está relacionado con el desarrollo del país. “La identidad, la propiedad y la posesión son elementos clave para que las personas puedan desarrollarse de forma digna y para que exista una inversión más segura”, expresó.

Se requieren leyes actualizadas

Flores advirtió que el país cuenta con leyes que datan del siglo pasado y que la Ley de Titulación Supletoria está próxima a cumplir 50 años, por lo que ya no responde a las realidades actuales. Añadió que la falta de certeza sobre la propiedad limita el uso de bienes para actividades productivas y el acceso a créditos bancarios.

“El esquema jurídico guatemalteco ya no responde a la realidad. Tenemos leyes del siglo pasado que se tornan totalmente inoperantes para una sociedad que necesita pasar de la posesión a la propiedad”, afirmó.

Flores explicó que, sin títulos de propiedad, las personas enfrentan serias dificultades para aprovechar sus bienes. “El Gobierno ha impulsado el plan Retorno al Hogar, pero si no dotamos a los millones de guatemaltecos que tienen bienes en posesión y necesitan optimizarlos para cultivos, el acceso a créditos bancarios es imposible y se convierte en un círculo vicioso. No podemos continuar con leyes obsoletas”, subrayó.

También indicó que la regularización de la propiedad está vinculada al desarrollo del catastro en el país. Explicó que este proceso busca que la información física de los terrenos coincida con los registros legales. “El catastro regulariza la situación en cuanto al área dimensional de la tierra, para que coincida la realidad extrarregistral con lo inscrito en los registros”, señaló.

Flores también se refirió a normativas vinculadas con procesos sucesorios que inciden en la regularización de bienes. Indicó que la Ley de Herencias, Legados y Donaciones puede provocar retrasos de hasta cuatro años en la liquidación de impuestos.“Quisiera pedir a la ciudadanía y a los diputados la derogación del impuesto contemplado en esta ley. Es vital, no solo para las grandes fortunas, como erróneamente se cree; es para cualquier guatemalteco”, declaró.

Añadió que la falta de testamentos genera conflictos familiares y procesos prolongados. “No todos son ordenados y otorgan testamento. Hay muchos guatemaltecos que murieron sin haber podido ordenar su situación patrimonial, y eso genera conflictos entre las familias. Es un calvario”, señaló.

Coordinación institucional

Flores consideró que la complejidad del sistema normativo requiere reformas y mayor coordinación entre instituciones. “Considero que este es un momento clave para que, como parte de la política pública, podamos coadyuvar todos en este esfuerzo, no solo para modificar el Código de Notariado y ampliar competencias, sino también tomando en cuenta el avance de la tecnología, que hoy permite geoposicionar fincas y mejorar los procesos”, comentó.

Figueroa añadió que las propuestas de reforma requieren decisiones políticas y socialización con el gremio. “Creo que hay un asunto de decisión política clave. La presentación de algunas normas es importante, pero han sido conocidas por un grupo de colegas y no se han socializado con el resto del gremio”, dijo.

Señaló también que el Registro de la Propiedad, por disposición constitucional, debería contar con una ley específica, situación que considera una tarea pendiente. “Si debe haber ley o no, no lo sé; eso lo dejaron los constituyentes, y es una tarea pendiente que habrá que revisar”, explicó.

Indicó que, pese a la ausencia de reformas legislativas, se han implementado mecanismos de cooperación con el Organismo Judicial, particularmente en la comunicación sobre documentos derivados de titulaciones supletorias. “Se ha hecho una primera acción relacionada con establecer una intercomunicación especial sobre los documentos que emanan del Organismo Judicial, porque hace años se presentaban documentos falsos de juzgados para inscripción en el registro”, relató.

Figueroa también destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de identificación de personas en los procesos legales vinculados con propiedad. “La identidad es el gran pendiente del país en todos los actos, contratos y reclamos de derechos. La identidad, la propiedad y la posesión son elementos clave para que las personas puedan desarrollarse de forma digna y para que exista una inversión más segura”, concluyó.

5 mil propiedades salieron del limbo legal en 3 años, ¿cómo otorgar títulos más rápido en Guatemala?

Thu, 05 Feb 2026 12:00:00 +0000

justicia

5 mil propiedades salieron del limbo legal en 3 años, ¿cómo otorgar títulos más rápido en Guatemala?

Especialista en derechos de la propiedad propone agilizar gestiones en los ámbitos municipal y del Organismo Judicial, tras lentos procesos de titulación supletoria. La falta de coordinación entre instituciones hace más lento el proceso, lo cual limita el acceso a crédito, herencias e inversión.

Mauricio Álvarez

5 de febrero de 2026

06:00h

Un proceso de titulaci´ón supletoria en Guatemala puede requerir testigos, audiencias y publicaciones de edictos, lo que lo hace tardado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Según datos del Registro de la Propiedad recopilados por el Observatorio de Derechos para la Propiedad, entre 2021 y 2024, un total de 5,415 personas o expedientes lograron obtener un título de propiedad utilizando el mecanismo legal llamado titulación supletoria. Se trata de un instrumento legal que permite convertir la posesión en propiedad, siempre que se cumplan requisitos como posesión pacífica, pública y continua por al menos 10 años.

Para María Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio, una parte significativa de la población guatemalteca posee terrenos únicamente bajo derechos posesorios, sin contar con un título de propiedad inscrito. Esto impide a los guatemaltecos poder explotar comercialmente, heredar sus propiedades y acceder a créditos bancarios.

Para Cáceres, el proceso suele ser lento y para agilizarlo es necesario avanzar hacia la digitalización y modernización del sistema para ampliar la formalización de la propiedad, reducir conflictos y promover el desarrollo económico y el ordenamiento territorial en el país.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

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En Guatemala una gran parte de la población posee su tierra, pero no cuenta con un título inscrito. ¿Qué tan grande es este problema?

Actualmente no existe una estadística que nos diga cuántas personas tienen derechos posesorios versus derechos inscritos. A la fecha, en el Observatorio el único dato que hemos logrado obtener es a través del Registro de Información Catastral (RIC) es sobre cuántos procesos de titulación supletoria se han llevado a cabo en los últimos años.

Aunque el proceso es judicial, en su última etapa pasa necesariamente por el Registro de la Propiedad. A partir de información proporcionada por el Registro de la Propiedad y el Segundo Registro, sabemos que entre 2021 y 2024 se acumularon 5,415 casos que lograron titularse mediante titulación supletoria.

En Guatemala, cuando se tiene propiedad, se tiene el goce pleno del bien inmueble porque está debidamente inscrito. La posesión, como tal, no tiene ese paso de inscripción, pero puede optar al proceso de titulación si cumple con los requisitos de ley.

¿Cuáles son esos requisitos y cómo funciona la titulación supletoria?

Los requisitos son que la posesión sea continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio. Si se cumplen estos requisitos y se tienen al menos 10 años de posesión del inmueble, se puede optar a la titulación del derecho de propiedad. Esto descarta casos como invasiones o situaciones en las que no se pueda comprobar un tracto sucesivo.

El problema es que en Guatemala este proceso involucra el auxilio de abogados y una fase judicial. Además, participan otros actores como la municipalidad, la Procuraduría General de la Nación (PGN), se requieren testigos, audiencias y publicaciones de edictos. Todo esto hace que muchas personas no inicien el proceso, ya sea por desconocimiento, por el costo o por falta de interés.

¿Qué papel juega el Registro de Información Catastral (RIC) en este proceso?

El RIC inicia declarando un territorio en proceso catastral. A partir de ahí, realiza mediciones físicas y un análisis legal, verificando en el Registro de la Propiedad si los inmuebles están inscritos. Una vez concluido ese análisis, el predio se declara catastrado.

Un predio puede declararse regular o irregular. Es regular cuando coincide lo medido físicamente con lo inscrito en el Registro de la Propiedad y cuando el poseedor coincide con el titular. Si no coincide —por diferencias de área, sobreposición de fincas o porque no está inscrito— se declara irregular.

¿Qué sucede con los predios declarados irregulares?

Hay casos en los que la irregularidad se debe únicamente a que existe una posesión legítima, pacífica y continua, pero el inmueble no está inscrito. En esos casos, las personas pueden optar a una titulación supletoria especial que impulsa el RIC.

Esta titulación es gratuita, masiva y administrativa. Debe cumplir con los mismos requisitos del Código Civil, pero no requiere un proceso judicial. Desde que se implementó, ha permitido titular a varias familias, aunque únicamente aplica para territorios que están en proceso catastral o cuya declaratoria ya finalizó.

¿Qué tan relevante es hoy esta titulación especial?

El año pasado hicimos una estadística y encontramos que la titulación especial ya representaba el 12% de los procesos actuales. Este año, el RIC ha avanzado con más casos de titulación especial administrativa, por lo que es probable que ese porcentaje haya aumentado.

¿Cómo describen el estado actual de la titulación supletoria en Guatemala?

Es un proceso lento. Es lento por todas las aristas que requiere: declaraciones testimoniales, informes municipales, audiencias a la PGN y, en algunos casos, procesos de oposición que pueden extender aún más los tiempos y que se revise el proceso.

¿Existe una falta de coordinación entre las instituciones involucradas?

Sí, y depende mucho de la municipalidad. Cada municipalidad tiene sus propios procesos y hay algunas que se tardan muchísimo en enviar los informes. Aunque el plazo legal es de 15 días, en la práctica pueden tardar hasta dos años.

Existen multas diarias por esos retrasos, pero la ejecución de esas multas es muy difícil. Además, los informes municipales suelen llegar con errores de forma o de fondo, lo que retrasa aún más los procesos.

¿Qué impacto tiene no contar con un título de propiedad?

Cuando una propiedad está debidamente inscrita, las personas pueden acceder a créditos bancarios, hipotecar, constituir usufructos, arrendar y disponer plenamente de su bien. En cambio, con derechos posesorios no existe certeza total y los bancos no suelen otorgar créditos porque no pueden ejecutar adecuadamente el inmueble. Las personas pueden acceder a otro tipo de créditos, pero no pueden usar el bien inmueble como garantía.

¿En dónde identifica los principales cuellos de botella del sistema?

El Registro de la Propiedad es el último eslabón y se limita a operar lo que viene de la resolución judicial, por lo que no es el principal problema. Los mayores obstáculos están a nivel municipal y en el sistema de justicia, especialmente cuando los informes no se entregan de forma oportuna.

Las personas suelen enfrentarse a diversos obstáculos, el costo es uno de los principales. En la titulación supletoria siempre se necesita abogado y es un proceso oneroso. En cambio, la titulación especial es gratuita.

Otra diferencia importante es el plazo para obtener la inscripción de dominio, en la titulación supletoria requiere 10 años de posesión, mientras que la titulación especial solo 5 años. Además, en la titulación supletoria intervienen más actores, mientras que en la especial solo participan el RIC, la municipalidad y el Registro de la Propiedad, lo que la hace mucho más ágil.

¿Considera viable la digitalización del proceso de titulación supletoria?

Sí, sería lo más ideal. Actualmente no existe una entidad que verifique de forma integral que lo que se está titulando físicamente sea correcto, lo que genera sobreposiciones y conflictos. Digitalizar el proceso ayudaría a tener mayor control y a viabilizar la titulación para más personas.

¿Qué tan importante es la titulación para el desarrollo del país?

Es uno de los temas más importantes en materia de propiedad inmueble. No solo permite disponer del bien, sino que brinda certeza jurídica, evita conflictos, convierte la propiedad en un activo y promueve inversión tanto en áreas urbanas como rurales. Además, contribuye al ordenamiento territorial, a una mejor planificación y a la provisión adecuada de servicios públicos, evitando una expansión urbana desordenada.

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Proponen agilizar 10 trámites para negocios de alimentos, medicinas y cosméticos

Thu, 02 Oct 2025 12:00:00 +0000

estado digital

Proponen agilizar 10 trámites para negocios de alimentos, medicinas y cosméticos

El MAGA, MSPAS y MARN son las tres carteras priorizadas para corregir la barrera de trámites del Estado que tienen que ver con la facilitación del comercio.

Ana Lucía González

2 de octubre de 2025

06:00h

Analistas señalan la importancia de medir los procesos en el sector público para saber si se avanza y evitar acciones aisladas, pese a que se han digitalizado más de 900 trámites. (Foto Prensa Libre: Freepik)l

Hace seis meses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre barreras al comercio exterior. El documento identificó una serie de obstáculos a la inversión en múltiples socios, entre estos, Guatemala, en el que señala una serie de barreras no arancelarias relacionadas con las licitaciones públicas, regulaciones técnicas, fitosanitarias, aduaneras, de propiedad intelectual, y otros procesos burocráticos que obstaculizan la inversión estadounidense en el país.

El informe fue uno de los argumentos del presidente Donald Trump para imponer barreras arancelarias del 10% a Guatemala, lo cual ha presionado al país al gobierno a apresurarse para enmendar este rezago.

Las fallas comienzan desde trámites largos en la importación, barreras en el comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, inversión, derechos laborales y otras que fueron identificadas por el USTR. En respuesta, la ministra de Economía, Gabriela García, reconoció estas barreras “no arancelarias” y ofreció avances en el corto plazo.

Las tres carteras identificadas con alta prioridad para corregir estas barreras técnicas, con trámites largos y engorrosos, fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Ambiente (MARN). Sin embargo, el rezago alcanza también al Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin excluir a casi todo el Ejecutivo, municipalidades y demás instituciones del Estado que atraviesan la misma problemática.

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Ana Isabel Antillón, líder de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, resume la situación con este ejemplo: “En el MSPAS te piden completar un formulario en Google, pero tienes que convertirlo a PDF, lo imprimes y luego se entrega en ventanilla, ¿de qué sirve la tecnología entonces?”, cuestiona.

Sigfrido Lee, analista del Cien, subraya la importancia de medir los procesos para saber si se avanza y evitar acciones aisladas que no cambian el resultado total. Destaca la digitalización como una herramienta crucial para transparentar, agilizar y hacer accesibles los procesos, eliminando excusas para la informalidad. “La digitalización debe ir acompañada de una transformación”, aclara.

La queja del principal socio comercial del país ha puesto sobre la mesa la importancia de una discusión postergada en un eje básico de la transformación digital: trámites que no se simplifican. Analistas, funcionarios de gobierno y sector privado, exponen sus puntos de vista y plantean soluciones para una problemática difícil de cuantificar en tiempos y costos, pero con el objetivo común de concretar una meta trazada hace más de una década: una Nación 100% digital.

Trámites, un eslabón básico

De acuerdo con el documento “El fin del trámite eterno”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, el trámite es la unidad más pequeña de la política pública. Desde obtener una partida de nacimiento, registrar una propiedad o abrir un negocio, es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con su gobierno. La agilidad de los mismos tiene un impacto positivo en el clima de negocios, la percepción ciudadana y el acceso a servicios de primera necesidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de dolor de cabeza.

Un ejemplo de esta situación es el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS. Una de las direcciones – con el mismo nombre – tiene a su cargo tres departamentos relacionados: control de alimentos, productos farmacéuticos y afines; y control de establecimientos de salud.

Estos departamentos se vinculan con la industria exportadora para otorgar una serie de permisos relacionados con alimentos, medicamentos y cosmética, higiene personal o de casa.

Este es el detalle:

Trámites clave de alimentos e importaciones

Registro Sanitario de Alimentos y renovación de registro
- Tiempo anterior:
  - Nuevo: 1 mes
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 4 meses
- Tiempo actual:
  - Nuevo: 3 semanas
  - Renovación: 1 mes
  - Alto riesgo (pasa por LNS): 2 a 3 meses
Certificación Sanitaria de Importación (importante para exportadores por la importación de materia prima)
- Tiempo anterior:
  - Apostillado: 3 semanas
  - Sin apostilla: 1 semana
  - De un día a otro
- Tiempo actual:
  - Apostillado: 1 mes
  - Sin apostilla: 1 semana

Certificado de Libre Venta

Tiempo anterior: 1 día
Tiempo actual: 1 día

Trámites clave de medicamentos y productos afines

Registro Sanitario de Medicamentos
- Tiempo anterior:
  - Registro nuevo: 10 meses
  - Modificación de registro: 6 meses
- Tiempo actual:
  - Registro nuevo: 14 a 24 meses
  - Modificación de registro: 10 meses
Renovación de Registro Sanitario
- Tiempo anterior: Renovación de registro: 8 meses
- Tiempo actual: Renovación de registro: 12 meses
Registro sanitario de producto afín
- Tiempo anterior: Registro nuevo: 1 a 3 meses
- Tiempo actual: Registro nuevo: 7 a 9 meses
Renovación de registro sanitario
- Tiempo anterior: 1 mes
- Tiempo actual: 5 a 7 meses
Certificado de libre venta de medicamentos / productos afines / plaguicidas
- Tiempo anterior: 10 días
- Tiempo actual: 15 días
Inspección de buenas prácticas de manufacturas de medicamentos
- Tiempo anterior: 4 meses
- Tiempo actual: 5 meses
Inspección de buenas prácticas de manufacturas laboratorios afines, naturales, oficinales y fábricas
- Tiempo anterior: 2 meses
- Tiempo actual: 4 meses

El departamento de prensa respondió que estos tres departamentos evalúan alrededor de 300 mil solicitudes anuales, entre aprobadas y rechazadas. En cuanto a la digitalización, en agosto se implementó el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT), además de próximos lanzamientos en octubre y noviembre para avanzar en la transición de trámites físicos a digitales.

Reconocen que los trámites más críticos para el sector privado son las licencias sanitarias, los registros sanitarios y los permisos de importación de productos regulados. “Actualmente se desarrollan nuevos sistemas informáticos, acompañados de capacitaciones y talleres con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia en la gestión”, indicó la oficina de prensa del MSPAS por escrito, aunque no se concretó la entrevista presencial.

El Comisionado de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), Edie Cux, señala que se ha avanzado, aunque admite que el MSPAS ha enfrentado retos en la implementación de la simplificación. Sin embargo, dicha comisión les ha brindado acompañamiento, y en octubre esperan liberar trámites relacionados con medicamentos y tarjetas de salud.

“En el Ejecutivo hemos pasado de 23 trámites simplificados a 840 en agosto de 2024, más 13 adicionales en los Ministerios de Gobernación y Salud; en total alrededor de 950 trámites en línea, algunos 100% digitales que cumplen los criterios del BID”, asegura Cux.

Ven falta de voluntad política

Otra situación que muestra el bajo desempeño es la inscripción de una sociedad. Fue el caso de un inversionista mexicano que solicitó registrar su nueva empresa a través del e-portal. Esta debía ser revisada por la SAT en tres días hábiles. Por un problema en la creación de la agencia virtual del representante legal, el trámite quedó inconcluso, atribuyendo la falla a un “colapso del sistema”.

Este y otros tropiezos siguientes demoraron la inscripción de la empresa hasta cuatro semanas, con costos adicionales para el inversionista, sin que existiera un canal institucional que explicara con claridad los motivos de cada demora, de acuerdo con una segunda fuente del sector privado que pide no ser citada.

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Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, coordina cinco registros adscritos, siendo el Mercantil el que opera con mayor volumen. En el 2024, se inscribieron más de 380 mil operaciones. Y en el curso de este año, los cinco registros suman más de 500 mil inscripciones.

Asegura que ya están interconectados con entidades como la SAT y el Renap, en donde el 95% de los trámites en los cinco registros ya están digitalizados. “Parte de las dificultades no es por falta de voluntad, sino una revisión normativa, además de recursos financieros para modernizar las plataformas y mejorar formas de pago, con soluciones tecnológicas en el corto plazo”.

Por su parte, Luis de la Roca, registrador mercantil, explica que los tiempos de tramitación promedio son de dos días para empresas y comerciantes individuales; y seis días para sociedades mercantiles.

“Este registro tiene el 100% de sus trámites digitalizados, puesto que cada vez más usuarios usan los servicios en línea”, indica. Están interconectados con la SAT y el RENAP. Para reducir tiempos y evitar rechazos se implementan una serie de acciones, como la digitalización, con hasta el 83% de sociedades inscritas en forma digital. Modernización, a través de la mejora continua de plataformas; simplificación de requisitos, como “eliminar fotocopias”, guías registrales, capacitaciones, implementación de inteligencia artificial para el 2026, que evitará rechazos de expedientes y un chat interactivo que mejore la eficiencia de los servicios.

Discusión postergada

De acuerdo con Antillón parte de las razones de este rezago se debe a una discusión que no se ha tenido por muchos años, donde el funcionario público debería ejercer una función más sustantiva, como el análisis de expedientes, en vez de limitarse a recibirlos y poner un sello.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”, expone. Además, parte de la problemática es que los trámites digitalizados funcionan en los ministerios como islas, sin comunicar información con el resto de instituciones. Esto hace que se pierda competitividad, para los ciudadanos y como país, comenta.

Para Lee, parte del problema es que se corrió con cumplir con la ley y digitalizar los formatos, pero no se corrigieron los procesos. “Esto lleva a automatizar los vicios de los procesos, en lugar de simplificarlos primero”, señala.

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”.

Ana Isabel Antillón, líder de la Mesa Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene

Considera que la falta de transparencia en la publicación de los tiempos de los trámites por parte de cada ministerio contribuye a una percepción negativa, a pesar de que pueden darse mejoras parciales. Así, un empresario puede tardar entre seis y 18 meses en iniciar operaciones porque, aunque tenga permisos de algunas instituciones como la SAT o el Registro Mercantil, le faltan los del Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente.

Cita el caso de un migrante en Los Ángeles que no puede comprar una casa en Guatemala sin viajar al país, a pesar de que la firma electrónica podría facilitar este proceso. Enfatiza que el problema no es la digitalización, sino los procesos. “El país falla en que, a pesar de tener trámites digitales, aún se requiere la presencia física en ventanillas”, subraya Lee.

Cacif: “Hay impacto económico”

Para el presidente del Cacif, Charles Bland, los avances en la simplificación de trámites en Guatemala han sido pocos, a pesar de la insistencia. De esa cuenta, la lentitud en los procesos, trámites y resoluciones tiene una serie de impactos económicos, como que las empresas pequeñas deben dedicar una parte importante de sus recursos a personal para gestionar, lo que les resta competitividad y posibilidades de desarrollo.

“Aunque no hay indicadores específicos de las pérdidas económicas, la tramitología encarece los productos para el consumidor final”, asegura Bland.

En el afán de proponer mejoras, comenta que Cacif ha tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, de Salud y otros para apoyar la digitalización y facilitación de trámites, buscando que los requisitos sean mínimos, fáciles de cumplir y con tiempos claros.

“La razón de la persistencia de muchos trámites, incluso digitalizados, se atribuye a una cultura burocrática donde se le da más importancia al proceso que al resultado. Por eso se busca un balance de trámites mínimo necesario, lo que aumentaría la competitividad del país”, asegura.

A lo que Lee añade que la competitividad en general – aranceles, infraestructura, trámites – facilita incursionar en nuevos mercados.

Un nuevo modelo de gobernanza

Para Antillón debe darse una actividad interconectada, interoperabilidad, en donde la entidad coordinadora -GAE- tenga un rol vinculante con estándares, indicadores de desempeño y otros.

El Comisionado de la GAE es consciente de este necesidad y añade que para que los trámites sean efectivos una vez simplificados y digitalizados, dicha Comisión promueve estándares como la trazabilidad de la información, ciberseguridad, interoperabilidad, pasarelas de pago, resultados electrónicos y el uso de firma electrónica avanzada.

Para abordarlo, anuncia la firma de un apoyo para el gobierno de Guatemala para fortalecer la gobernanza electrónica con la Unión Europea, e implementada con Estonia, por un monto de 2 millones de euros no reembolsables.

Consciente de esta limitación, propone tres soluciones para los próximos meses enfocadas en: propiciar la conversación sobre protección y gobernanza de datos; seguimiento a entidades clave como Salud, Agricultura y Ambiente, para mejorar los controles de calidad y por último, actualizar el Acuerdo Gubernativo de la GAE para fortalecer la coordinación y rectoría.

Charles Bland considera que para avanzar, se necesita la voluntad de los ministros y la presión del presidente para que la digitalización y la facilitación de trámites sean una prioridad, ya que la falta de agilidad en los registros afecta la economía. “La colaboración del sector privado está disponible, pero la presión debe venir desde el gobierno”.

Con información de Ximena Santiago.

Línea temporal de la GAE

Los primeros esfuerzos por la rendición de cuentas y digitalización del país comenzaron en el 2012, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). La instancia perdió fuerza y con la crisis política se debilitó. Posteriormente fue desactivada. En el 2016, el gobierno de Jimmy Morales crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que sustituyó a la Copret con el fin de promover de nuevo el gobierno digital.
Uno de sus cuatro ejes de trabajo es la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, amparado en el Decreto 5-2021, concebido para modernizar la gestión administrativa del Estado.
Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la GAE, indica que esta ley establece un seguimiento general para dicho ente, excepto los relacionado con el comercio exterior, que es competencia del Ministerio de Economía.
La GAE tiene un presupuesto ordinario de Q14 millones en 2025. Parte de sus limitaciones es que no tiene un rol vinculante, sino de asesor en el Ejecutivo. “La ley otorga facultades, pero no una rectoría con capacidad de control, regulación y sanción; apostamos por la gobernanza para fortalecer sus capacidades y vinculación política con las autoridades, lo cual es clave para avanzar”, asegura Cux.

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Opinión: Digitalizar registros públicos es clave para generar confianza

Thu, 02 Oct 2025 11:58:00 +0000

certeza jurídica

Opinión: Digitalizar registros públicos es clave para generar confianza

Llevar los trámites a lo electrónico es una acción que debe ir más allá de la digitalización: urge liderazgo con visión institucional y enfoque ciudadano.

Christian Villatoro

2 de octubre de 2025

05:58h

La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los registros públicos desempeñan un papel importante en la sociedad. En ellos se inscriben actos y hechos jurídicos de trascendencia que, al estar debidamente registrados, generan la certeza jurídica correspondiente en un Estado de derecho.

Diversas situaciones, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, los derechos de propiedad sobre un bien inmueble o la constitución de una sociedad anónima, se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad y el Registro Mercantil.

El objetivo de las inscripciones registrales es brindar seguridad y certeza jurídica a situaciones de carácter social y económico que pueden surgir en la vida de las personas, como las mencionadas anteriormente. La información contenida en los registros permite que cualquier persona conozca el contenido de las inscripciones, por ejemplo, el estado civil de una persona o si un bien inmueble está hipotecado.

Hasta hace algunas décadas, los registros públicos realizaban las inscripciones de forma manuscrita en libros compuestos de varios folios. Estos documentos debían conservarse en buen estado para resguardar la información y emitir certificaciones cuando fueran requeridas. Sin embargo, estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, lo que ocasionaba deterioros inevitables y, en algunos casos, pérdidas irreparables por incendios o inundaciones.

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No resistirse a la modernización

Esa forma de llevar los registros ocasionaba que los trámites demoraran semanas o incluso meses, lo cual afectaba directamente a los usuarios, al desarrollo de los negocios y, por supuesto, a la inversión, tanto nacional como extranjera, ante la ausencia de certeza legal.

La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. Sin embargo, con el tiempo se han logrado superar algunos de esos obstáculos.

Con la llegada de la tecnología a mediados de los años noventa comenzó la era de la digitalización. Se inició con el escaneo de los libros antiguos para resguardar todas las inscripciones que contenían, y se generaron varias copias de esa información para garantizar la seguridad de los usuarios. También comenzó el uso de los registros electrónicos.

Este primer paso se dio en el Registro General de la Propiedad, institución pionera en el uso de la tecnología en Guatemala. Posteriormente fue replicado por el Registro Mercantil, los registros civiles —a través del Registro Nacional de las Personas— y otras entidades que hoy se encuentran en etapa de actualización.

Transparencia y rapidez

La modernización y el acceso remoto a los registros han significado eficiencia, rapidez y transparencia en la tramitación de solicitudes, al tiempo que brindan seguridad y confiabilidad a esas instituciones.

En el Registro General de la Propiedad, actualmente es posible presentar documentos en forma electrónica para solicitar su inscripción. El testimonio de la escritura pública es escaneado y suscrito con la firma electrónica avanzada del notario, para luego ser cargado en la plataforma creada para ese fin. Los aranceles e impuestos pueden pagarse mediante banca electrónica o con tarjetas de crédito o débito, según el caso. Una vez completada la inscripción, las razones pueden descargarse desde la página web sin necesidad de acudir al Registro, lo cual resulta útil para los usuarios, sin importar en qué departamento del país se encuentren.

Otros registros también son ejemplo del uso eficiente de la tecnología. Entre ellos se pueden mencionar el Registro Mercantil, el Registro de Garantías Mobiliarias, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de la Propiedad Intelectual.

El Registro Mercantil fue el primero en autorizar a los notarios el uso de la firma electrónica avanzada. Hace más de diez años, se implementó el sitio web www.minegocio.gt. que permitió gestionar a distancia la inscripción de sociedades mercantiles. Este sistema facilitaba el registro de una sociedad en un plazo de entre ocho y quince días hábiles. Sin embargo, aún era necesario acudir de forma presencial al registro para presentar los documentos originales, entregar sus copias y recoger las razones y patentes, lo que restaba eficiencia al proceso.

En la actualidad, el Registro Mercantil ha avanzado considerablemente en el uso de la tecnología. La inscripción de una sociedad mercantil puede hacerse completamente en línea y se efectúa de forma simultánea en la Superintendencia de Administración Tributaria. Usualmente, el trámite se completa en un plazo que rara vez excede los tres días hábiles, lo cual representa un avance positivo para el clima de negocios en el país.

Revertir el rezago

No obstante, no todo es favorable. Algunos registros se han rezagado significativamente en la modernización de sus procesos, por lo que deberán tomar medidas urgentes para ponerse al día con esa tarea pendiente, que sin duda afecta tanto a los usuarios como al país.

Todo esfuerzo encaminado a mejorar la gestión de los registros públicos es plausible. En la medida en que los ciudadanos perciban un sistema transparente y eficiente, aumentará la confianza en las instituciones. Esto contribuirá a fortalecer el Estado de derecho y generará certeza jurídica, abriendo paso a una mayor inversión, tanto nacional como extranjera.

Debemos ser conscientes de que los avances tecnológicos en esta época son constantes. El acceso remoto a los registros, el uso de la firma electrónica avanzada y la digitalización de documentos ya no son suficientes. Nos encontramos en una nueva etapa, en la que la incorporación de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío.

Como reto legal, será necesario afrontar posibles reformas legislativas que permitan la incursión en nuevas tecnologías. Esto generará debates en torno a la seguridad y fiabilidad de los medios empleados, y exigirá una especial atención en la protección y resguardo de los datos personales, información privada que será manejada por sistemas de inteligencia artificial.

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Proponen formar a jueces y abogados mientras avanzan reglas para reorganizar empresas en crisis

Thu, 17 Jul 2025 12:02:00 +0000

empresas

Proponen formar a jueces y abogados mientras avanzan reglas para reorganizar empresas en crisis

El reglamento para implementar la Ley de Insolvencias en Guatemala todavía está en revisión, por lo que expertos recomiendan aprovechar la ventana temporal para capacitar a los árbitros y administradores concursales que gestionarán esos procesos.

Ximena Fernández

17 de julio de 2025

06:02h

Expertos indican que, si todo avanza con normalidad, la normativa de insolvencias podría estar aprobada en tres meses (Foto Prensa Libre: Freepik).

En el actual contexto guatemalteco, un pequeño restaurante que emplee a unas 20 personas, pero que atraviese una crisis de ingresos —ya sea externa, como una pandemia, o interna, por problemas de gestión del negocio— y que llegue a un punto de impago de sus deudas, podría enfrentarse a serios problemas. No solo por la responsabilidad con sus acreedores, sino también por carecer de un proceso legal que le permita reestructurar esas obligaciones de forma integral. Al tener que negociar cada cobro por separado, el cierre del negocio podría volverse inevitable, dejando al propietario sin una forma ordenada de salir del mercado.

Según el Banco Mundial, en casos de quiebra en el país, solo se recuperan US$28 por cada US$100 en un plazo de tres años.

Negocios como el del ejemplo requieren que se publique el reglamento de insolvencias y sea una de las prioridades del Gobierno, según explica Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene. La especialista subraya que, debido a que todos los plazos fijados por la ley están vencidos, se requiere un impulso decidido por parte de las autoridades.

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“Es simplemente decisión política para aprobar los reglamentos. Que ya haya un borrador me parece una buena señal; lo que se necesita es sentido de urgencia”, sostiene Sigfrido Lee, investigador del CIEN.

Lee afirma que si todo avanza con normalidad, la normativa podría estar aprobada en tres meses, aunque advierte de que la formación e implementación tomarán más tiempo.

El reglamento de insolvencias es necesario para implementar la Ley de Insolvencias, norma que se aprobó en el 2022. Esta ley, explica Lee, cambia la forma en que se aborda el proceso de insolvencia en el país. “Pasamos de un régimen punitivo a un proceso que refuerza el mecanismo de entrada y salida de las empresas”, destaca Lee.

Según el investigador, la ley permite que las empresas que enfrentan insolvencia puedan salir del mercado de forma ordenada y ofrece una oportunidad para que muchos emprendedores se recuperen y vuelvan a empezar. No obstante, la falta de reglamento ha impedido su implementación.

Actualmente, según el Viceministerio de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía comentó a Prensa Libre, el reglamento está en revisión por parte del Organismo Judicial. Sin embargo, y a pesar de la importancia de ese paso, Antillón destaca que no era necesario seguir ese procedimiento. Recuerda que la Constitución establece la separación de poderes y delimita las facultades de cada organismo del Estado, siendo esta una atribución propia del Organismo Ejecutivo.

Con ley, pero sin instrumentos

Fue durante el 2020, a raíz del inicio de la pandemia del covid-19, que se logró avanzar en el desarrollo y aprobación de la ley, relata Lee, quien añade que esto se debió al temor ante la situación de la actividad económica. No obstante, al salir de la emergencia, se perdió el sentido de urgencia.

“Realmente tenemos que retomar ese sentido de urgencia, porque lo que estamos perdiendo aquí son muchas oportunidades de inversión, de nuevas empresas, de investigación y desarrollo y, por supuesto, la generación de empleos”, destaca Lee.

Por otro lado, Antillón menciona que no contar actualmente con un reglamento que establezca las funciones o el tarifario de los administradores concursales genera una falta de certeza jurídica para la población. Esto, según Antillón, limita el acceso a los mecanismos de reestructuración de deudas.

Lee recalca que, cuando un inversionista internacional analiza la posibilidad de colocar grandes montos de inversión en Guatemala, uno de los primeros aspectos que examina es la facilidad para salir del mercado. Si el costo es demasiado alto —afirma—, el inversionista simplemente no entra. “Muchos emprendedores en Guatemala prefieren registrar sus emprendimientos en otros países donde se sienten más seguros”, destaca Lee.

La falta de un reglamento, según Antillón, representa una barrera para aquellas empresas que quieran ingresar eventualmente, pues existe un capital en riesgo para el que no se cuentan con mecanismos que salvaguarden su patrimonio.

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Paso a paso del reglamento

A pesar de que la Ley de Insolvencias fue aprobada en el 2022, esta ha recorrido un proceso exhaustivo que aún no concluye, ya que falta la aprobación del reglamento.

Los primeros esbozos de la ley se formularon en el 2012.
En el 2018, el Ministerio de Economía presentó la iniciativa, la cual fue conocida ese mismo año por el pleno del Congreso de la República.
En febrero del 2022 se aprobó la iniciativa, convirtiéndose en el Decreto 8-2022, Ley de Insolvencias. La norma obtuvo 110 votos a favor.
En septiembre del 2022, entró en vigor la Ley de Insolvencias, aunque aún queda pendiente la emisión del reglamento y la creación de nuevos juzgados especializados.
Durante el 2023 continuó la redacción del reglamento.
En el 2024 fue enviado a la Procuraduría General de la Nación para su dictamen favorable y devuelto al Mineco para afinar detalles.
En febrero del 2025 se remitió al Organismo Judicial. El borrador ha permanecido en ese paso durante los últimos cinco meses.

Según información del Ministerio de Economía, la ley requiere la intervención tanto del Mineco como del Organismo Judicial. En diciembre del 2022, el Mineco envió a la Presidencia del Organismo Judicial la propuesta para incorporar la normativa correspondiente. Actualmente, el reglamento se encuentra en fase de revisión final por parte del Organismo Judicial, institución que aún debe emitir sus comentarios.

Además del Mineco, Lee indica que existen otros actores que deben estar al tanto del reglamento. El proceso de aprobación, explica, debe pasar por la Procuraduría General de la Nación y por la Secretaría General de la Presidencia. “Eventualmente lo tiene que firmar también el presidente, y es parte del proceso normal de revisión y análisis de cualquier normativa”, señala Lee.

El hecho de haberlo trasladado al Organismo Judicial, según Lee, fue una cortesía del Mineco para que dicha entidad conociera y revisara el documento. Al final —añade—, es un proceso que involucra a ambas instituciones. En este punto, Lee argumenta que el Organismo Judicial tiene la mayor carga, ya que debe establecer los juzgados especializados.

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Administradores y jueces

Para crear el registro de administradores concursales —el siguiente paso tras la aprobación del reglamento—, el Mineco asegura que ya realiza las gestiones administrativas necesarias. Además del reglamento, la cartera afirma que trabaja en una norma específica para los puestos de trabajo dentro del organigrama estatal.

Por su parte, el Organismo Judicial, según el Mineco, debe avanzar con la creación de juzgados especializados en insolvencia.

Se intentó tener una postura del Organismo Judicial sobre el tema de los reglamentos de insolvencias pero indicó que no había un equipo de comunicación para procesar la solicitud.

El Mineco subraya que se requiere coordinación con el Organismo Judicial para implementar los procesos concursales. Esta coordinación —explica— se logrará con jueces especializados en insolvencia.

“La coordinación interinstitucional se basará en que, cuando los acreedores de personas o entidades privadas sujetas a la ley soliciten a un juez de primera instancia el inicio del proceso de insolvencia, los jueces solicitarán al Registro de Procesos y Administradores Concursales del Mineco propuestas de administradores concursales para proponer un plan de reorganización de las entidades insolventes”, informa el Mineco.

Según la institución, los jueces contarán con herramientas electrónicas para acceder a la información contenida en el Registro. Esto permitirá establecer canales de comunicación que faciliten la interacción entre los juzgados y los administradores concursales.

Lee sostiene que, ante una situación de insolvencia, es necesario contar con un árbitro que medie entre acreedores y deudores, y que ese proceso debe realizarse ante un juez. El reglamento —explica— establece las tarifas de estos árbitros concursales.

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Jacqueline Bolaños, abogada especializada en insolvencias, señala que aún hay elementos clave de la ley que no se han puesto en marcha. Hasta la fecha —afirma— no se han realizado los exámenes para los administradores concursales, un requisito indispensable: “No existe ninguna persona que, a la fecha, se haya sometido al examen para desempeñarse como administrador concursal”.

Además, Bolaños indica que la Ley de Insolvencias establece que los administradores concursales deben solicitar la publicación de su informe mensual en el Boletín del Registro de Procesos y Administradores Concursales; no obstante, dicho boletín aún no ha sido creado.

Oportunidad de aprendizaje

Lee sostiene que esta etapa, en la que todavía no se ha aprobado el reglamento, no debe desaprovecharse. A su criterio, el tiempo debería utilizarse para crear las capacidades necesarias que permitan atender este tipo de casos. “La Escuela Judicial también debe participar en todo esto, precisamente para ir formando las capacidades que se necesitan para implementar esta nueva normativa”, afirma.

Según Lee, también deben integrarse las universidades. Propone que el tema se incorpore en los planes de estudio actuales y que se actualice a los profesionales que se graduaron en años anteriores.

Por su parte, Antillón señala que las gremiales, el Colegio de Abogados y Notarios, los centros de pensamiento y las universidades pueden desempeñar un papel importante en la formación sobre estos asuntos. “Se requiere que exista un proceso no solo de educación en jueces, sino también de formación para los abogados que van a presentar sus demandas ante los tribunales”, manifiesta Antillón.

Según el Mineco, en junio del 2025 se llevó a cabo un curso de formación para jueces en conjunto con el Banco Mundial. Este curso —afirma la institución— tenía como objetivo promover los procedimientos legales de insolvencia como mecanismos que protejan los derechos de acreedores y deudores.

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Opinión: Familias y pequeños negocios desprotegidos

Thu, 17 Jul 2025 12:00:00 +0000

negocios

Opinión: Familias y pequeños negocios desprotegidos

La moderna Ley de Insolvencias aprobada por el Congreso de la República en 2022 no termina de materializarse, ya que sus reglamentos siguen pendientes de emisión.

Lisardo Bolaños

17 de julio de 2025

06:00h

La implementación de un proceso abreviado para agilizar y reducir los costos de la insolvencia de micro y pequeñas empresas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Ante el temor por el incremento súbito de familias sin vivienda, así como por la destrucción masiva y permanente de empleos causada por el covid-19, varios países se vieron en la necesidad de revisar sus leyes de insolvencia e introducir nuevos mecanismo
s para enfrentar los problemas financieros de familias y empresas.

En junio del 2020, el Reino Unido decidió actualizar su legislación sobre insolvencias, permitiendo, entre otras medidas, la continuidad del suministro por parte de proveedores cuando una empresa entra en proceso de insolvencia. La Corporate Insolvency and Governance Bill, conocida como CIGA 2020, incluyó otros aspectos como la imposición del plan de reorganización entre clases de acreedores (cramdown), que faculta al tribunal a imponer un plan de reorganización a clases de acreedores que no lo aprobaron, bajo ciertas condiciones preestablecidas.

En enero del 2021, Holanda aprobó una reforma que habilitó a sus empresas a proponer planes de reestructuración extrajudicial para enfrentar sus problemas financieros. Dicha reforma, denominada Planswet homologatie onderhands akkoord, que se traduciría como Ley de Confirmación Judicial de la Reestructuración Extrajudicial, se diferencia de la británica en que la moratoria se otorga a solicitud del deudor o del experto en reestructuración —equivalente a lo que aquí se conoce como administrador concursal—. Esta modificación legislativa responde no solo a los retos planteados por las quiebras derivadas del covid-19, sino también a la competencia internacional por atraer sedes para la resolución de insolvencias, dado que grandes empresas neerlandesas pueden optar por tramitar sus procesos de quiebra en Estados Unidos o en Inglaterra. Con esta reforma, no solo se facilitó el proceso de insolvencia, sino que también se recuperó el atractivo regional para atraer procesos de quiebra de otros países europeos, generando oportunidades de negocio para abogados, economistas y otros profesionales vinculados a la resolución de este tipo de situaciones.

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En octubre del 2022, España introdujo, entre otras disposiciones, la creación de un procedimiento especial para microempresas —aquellas con menos de 10 trabajadores—, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad y reducir los costos del proceso. Muy en línea con lo que adoptaría Guatemala, la norma contempla aspectos como la celebración de audiencias orales por medios electrónicos y una menor intervención judicial para agilizar la resolución.

En el caso de Guatemala, fue en febrero del 2022 cuando el Congreso de la República aprobó la Ley de Insolvencia, Decreto 8-2022. Esta normativa posiciona al país como líder regional en materia de insolvencia al introducir elementos relevantes como:

La posibilidad de reorganización empresarial antes y durante el proceso judicial.
La promoción de mecanismos y principios que aporten agilidad al proceso, incluido el nombramiento de un administrador concursal —experto designado por el juez para administrar la insolvencia—, con lo cual se evita sobrecargar a los juzgados.
La implementación de un proceso abreviado para agilizar y reducir los costos de la insolvencia de micro y pequeñas empresas.
Lastimosamente, la modernización aprobada por el Congreso de la República no termina de materializarse, ya que sus reglamentos siguen pendientes de emisión: el Reglamento de la Ley, la reforma al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía y el Tarifario de los Administradores Concursales. Dichos acuerdos gubernativos debieron aprobarse en septiembre del 2023; van casi dos años de retraso. A ello se suman otras acciones necesarias, como la elección del primer registrador de administradores concursales, la organización del registro —que debe funcionar de manera electrónica— y un proceso intensivo de capacitación para profesionales de las ciencias económicas y jurídicas, a fin de que existan administradores concursales y jueces que puedan implementar la ley.

La falta de implementación de la normativa deja desprotegidas a cientos de familias y empresas guatemaltecas, pues no hay mecanismos que les permitan obtener auxilio al afrontar problemas financieros. La organización de mesas de trabajo con profesionales expertos en la materia, junto con personal del Ejecutivo, permitiría resolver esta situación en pocos meses.

El reto es considerable. Promover estos espacios resulta valioso para generar confianza y evitar errores derivados del escaso análisis de los textos propuestos. Además, hay una razón importante: la Ley Antitrámites establece mecanismos relevantes en los que el trabajo conjunto con el público y los usuarios potenciales puede ser de gran ayuda. Considero oportuno copiar a continuación algunos de los artículos que resultan pertinentes en esta situación:

“Artículo 3. Principios. La presente ley tiene como principios rectores para las dependencias reguladas por la misma los siguientes:
Participación ciudadana: para la optimización y modificación de los trámites administrativos, se debe contar con la participación de sus usuarios, tomando en consideración sus sugerencias y necesidades.”

“Artículo 10. Transparencia. Previo a la creación o modificación de un trámite administrativo, y de conformidad con el artículo 5 de la presente ley, la dependencia deberá publicar en internet, con un mes de anticipación, la propuesta del nuevo procedimiento desde el punto de vista del usuario, con el objeto de darlo a conocer y recibir observaciones.

La aplicación del presente artículo se realizará sin perjuicio de otros mecanismos de participación ciudadana, de recopilación de información y/o de medición de satisfacción de los usuarios.”

No hay razón para seguir esperando.

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Una agencia para defenderse de ataques digitales y 3 propuestas más de ciberseguridad

Thu, 05 Jun 2025 12:00:00 +0000

estado digital

Una agencia para defenderse de ataques digitales y 3 propuestas más de ciberseguridad

Guatemala no tiene una autoridad ni un centro de respuesta a incidentes especializado en ciberamenazas, por lo que se preparan iniciativas legales para sobrellevar esas eventualidades.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

5 de junio de 2025

06:00h

La iniciativa de ley sobre ciberseguridad e infraestructuras críticas espera dictamen. Implica crear un centro de respuesta y una secretaría

Aunque se descartó que fuera un ciberataque, en abril de 2025 España y Portugal sufrieron un apagón eléctrico masivo que activó los mecanismos de respuesta a nivel nacional. Estos centros coordinan la respuesta a incidentes en sectores estratégicos como energía, transporte, banca, salud y telecomunicaciones.

En Guatemala, en este momento no existe un centro de respuesta con estándares internacionales, aunque en estos momentos se trabaja un paquete de tres iniciativas de ley que busca acelerar la reglamentación que persigue a los estafadores en línea y a los cibercriminales que atacan a escala nacional.

“No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, sentencia Jorge Mario Villagrán, diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República durante un foro transmitido por Guatevisión dentro de la alianza con Guatemala No Se Detiene.

La preocupación del panel de expertos se centró en que en Guatemala no existe un marco normativo uniforme que obligue a hospitales, centrales eléctricas, redes de agua o al control del tráfico aéreo a adoptar estándares mínimos de ciberseguridad.

“Hoy nadie nos defiende, porque no tenemos un marco regulatorio que nos haga perseguir los ciberdelitos… muy pronto vamos a tener un marco legal en el cual podemos trabajar para protección de los ciberdelitos” dice Villagrán.

Particularmente se refirió al paquete de iniciativas que incluye la 6347, Ley de Ciberseguridad; la relativa a infraestructuras críticas, y la de protección de datos. Todas están a la espera de dictamen para iniciar su camino en el pleno legislativo.

En el foro, transmitido el pasado 2 de junio por Guatevisión –y disponible en YouTube–, también participaron Amílcar de León, experto privado en ciberseguridad, y María Zaghi, comercializadora de CampusTec y representante del Observatorio de Tecnología. El conversatorio fue moderado por el periodista Guillermo Velarde.

Vea aquí el foro completo:

Las propuestas incluyen puntos específicos que podrían cambiar la forma en la que Guatemala se defiende de los cibercriminales.

Un catálogo infraestructuras críticas

Según De León, “en Guatemala no contamos con un listado de qué es una infraestructura crítica o cuáles son, por ejemplo, el sector financiero, el azucarero, el cafetalero”. Sin embargo, añadió que unidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) han creado dependencias especializadas ante el aumento de incidencias.

Entretanto, los expertos abogaron por que Guatemala cuente, por primera vez, con reglas claras y un sistema coordinado para proteger sus servicios más vitales de las amenazas cibernéticas.

Dicha ley sentaría las bases legales para crear un catálogo oficial de infraestructura crítica, definir y clasificar qué tipo de instalaciones y sistemas deben incluirse e identificar activos concretos que, de ser comprometidos, pondrían en jaque al país. Además, establecería métodos y criterios para evaluar riesgos y vulnerabilidades de cada elemento.

“Tenemos el ejemplo del sitio arqueológico Xayá-Pixcayá, que en 2023 sufrió un ataque, y de la hidroeléctrica Chixoy, que ha sido blanco de intentos. No podemos tener infraestructuras críticas comprometidas”, complementa Villagrán.

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Añade que cada ministerio debería elaborar un catálogo de lo que considera sus activos críticos. “La ley contempla que estos catálogos no serán públicos para evitar que los ciberdelincuentes tengan acceso a la información”.

Su visión es que las cámaras también deben señalar cuáles son sus empresas críticas. “Debemos tener muchísimo cuidado con esa parte porque se puede creer que se está tratando de invadir la propiedad privada, pero no es así”, asegura.

Además de ríos, subsuelos o yacimientos minerales, que pueden ser considerados como infraestructuras críticas naturales, en Guatemala se han identificado otras como hospitales, puentes, aeropuertos, carreteras, puertos, aduanas, depósitos de combustible y centrales hidroeléctricas, que cada órgano del Ejecutivo debería categorizar de manera institucional.

Un centro de respuesta a incidentes

Para Zaghi, en esta etapa de discusión es importante coordinar lo que llama una “gobernanza inclusiva” y “descentralizada”, quizás apoyada en tecnologías como blockchain.

Según Villagrán, la ley contempla la fundación de una Secretaría de Infraestructuras Críticas dentro del Consejo Nacional de Seguridad, con autonomía para coordinar a todos los actores involucrados en la estrategia de ciberseguridad.

“Anualmente se registran más de 360 mil millones de intentos de ataques solo en Latinoamérica, según De León. Aquí estamos hablando solo de Guatemala. ¿Cuántos de estos llegan a ser efectivos? Hay un déficit de profesionales de más de 4 millones en el mundo. Entonces, no es solamente una cuestión de decir que existe o no una ley”.

Durante el Foro sobre ciberseguridad transmitido por Guatevisión, compartieron ideas Amílcar de León, experto en el tema; María Zaghi, comercializadora tecnológica y Jorge Mario Villagrán, diputado. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

En este marco, los panelistas también coincidieron en la necesidad de crear institucionalidad alrededor de la ciberseguridad y la ciberdefensa. En primer lugar, con la secretaría autónoma que mencionaba Villagrán, y en segundo, con lo que se conoce en inglés como un centro de respuesta a incidentes, o CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

Según una definición solicitada por Prensa Libre al equipo de Comunicación de Villagrán, este centro “contará con las facultades para dirigir y coordinar la respuesta a incidentes de seguridad informática con instituciones públicas y privadas; sean estos relativos a la ciberseguridad y ciberdefensa del Estado de Guatemala”.

“El problema que tenemos es dónde lo vamos a colocar –el centro de respuesta–, porque la gobernanza es una parte muy importante del sistema de seguridad no solo nacional, sino que de toda Guatemala”, dice Villagrán.

La propuesta debe establecer la institucionalidad, principios y normativa general que permitirán estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los diferentes organismos del Estado y particulares.

De León aporta que “España tiene siete CSIRT especializados; (pero) nuestro objetivo debe ser, primero, contar con un CSIRT robusto y luego descentralizar”. Para Villagrán, también el centro de respuesta debe ser autónomo, con participación público-privada y “sin politización”.

Ciberdelitos definidos

“En donde tuvimos un poco de más retraso fue en los ciberdelitos, que requería mucho trabajo de cómo tipificarlos. La ley va a estar un poco dura en lo que respecta a las penas, y evitar que sean de esas de que usted salga de prisión con un pago, porque si no los jueces se van a ir por lo más fácil”, informa.

De León complementa que existen en el Código Penal “algunos pocos artículos que no hablan de cibercrimen ni de ciberseguridad, pero es lo que tenemos hoy”. Por ejemplo, agrega, “la extorsión es un delito que ya está tipificado, solamente que hoy en día lo tenemos ejecutado con herramientas digitales, lo que ya crea el nuevo término de ciberextorsión”.

La Convención de la ONU contra el Delito Cibernético establece por lo menos una decena de nuevos ciberdelitos, que van desde el robo o fraude relacionados con un sistema de tecnología hasta la difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo o la falsificación informática. La lista la continúan violaciones como la instigación con fines sexuales contra menores o la interceptación ilícita de datos no públicos transmitidos a través de diversas tecnologías.

“Los que están detrás del ataque no están en Guatemala, y eso complica la situación enormemente porque, a diferencia de un crimen convencional, en donde tenemos un arma homicida en una escena del crimen, acá no sabemos en qué parte del mundo se puede encontrar a la persona que está detrás de la computadora haciendo el ataque”.

Según el equipo de comunicación de Villagrán, ya se completó la revisión de la mayoría de los puntos referentes a la iniciativa de ley de ciberseguridad, a excepción del apartado de ciberdelitos y gobernanza. Estiman que, en un mes, se contaría con el dictamen de la ley, no obstante, señalan que este podría retrasarse por motivos de agenda y reuniones.

Cooperación internacional

El experto De León es enfático en que Guatemala necesita del apoyo internacional. “No hay país que pueda independientemente con un ataque donde estamos hablando de que cuatro, cinco, seis países se unen con un ejército de cibercriminales para atacar una víctima”.

En este sentido, Villagrán informó que Guatemala renovó su suscripción al Convenio de Budapest el 12 de abril y tiene tres años más para alinearse.

El Convenio de Budapest es un instrumento que incluye estándares internacionales mínimos y normativa de derecho internacional relacionada con el tema de ciberseguridad.

“Es clave la cooperación público-privada e internacional (Convenio de Budapest). Sin regulación local no podemos formalizar un CSIRT ni hacer efectivo el convenio”, añade De León.

Paralelamente, está pendiente la socialización de las iniciativas mencionadas y su trámite para dictamen.

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Conectar ciudadanos con el gobierno: “Los usuarios esperan un Estado con madurez digital”

Thu, 06 Mar 2025 12:00:00 +0000

gobierno electrónico

Conectar ciudadanos con el gobierno: “Los usuarios esperan un Estado con madurez digital”

Antes de la identidad digital y el gobierno electrónico, experto llama a pensar más allá de incorporar tecnología, y a hacer una reflexión estratégica sobre el servicio que se busca resolver al ciudadano.

Ximena Santiago

6 de marzo de 2025

06:00h

“El usuario ya está acostumbrado al uso de plataformas electrónicas, al comercio electrónico, a las transferencias bancarias, a interactuar a través de medios digitales. ¿Qué nos hace pensar que cuando un ciudadano quiere vincularse con el sector justicia lo querrá hacer de manera física y en papel?”.

Mario Lara es contundente en su crítica a cómo las oficinas públicas no han logrado avanzar al mismo ritmo que las privadas en temas de transformación digital. Por décadas fue jefe del departamento de Desarrollo Institucional en el Poder Judicial de Chile, donde, entre otros proyectos, tuvo a cargo grandes tareas para introducir la innovación en Chile, que hoy es el país más avanzado en el tema en Latinoamérica, junto a Uruguay.

Hoy, Lara es consultor de Innovecito, y trabaja con gobiernos en toda la región para romper paradigmas y crear estrategias que funcionen a los usuarios, antes de pensar en toda la adopción tecnológica que conlleva.
Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

Hay una ley para la simplificación y digitalización de trámites en Guatemala, pero hay ministerios que todavía están con trámites pendientes. ¿Qué falta?

Las leyes son el soporte necesario para que se lleven adelante este tipo de modificaciones. Sin embargo, es un error pensar que la transformación digital, ya sea una institución, la prestación de un servicio o un poder del Estado, se reduce exclusivamente a la incorporación de tecnología. Son muchísimos los casos de fracaso rotundo, tanto en el mundo público como privado. Lo clave dentro del proceso de transformación digital es entender el problema que tenemos, luego identificar la solución tecnológica que va a apoyar ese problema. Por lo tanto, la clave tiene que ver con las personas que se desempeñan en la institución, en entender cuál es la problemática que se quiere solucionar, en darse la oportunidad de generar una reflexión estratégica de la manera en la que se hacen las cosas para darle la posibilidad de transformarse y luego viene lo digital como una solución, desde el punto de vista del soporte.

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Para lograr la transformación digital, ¿es oportuno iniciar con una ley?

Distintos países han apostado primero por la transformación digital de la administración central del Estado, aquellos servicios que dependen del Ejecutivo, a través de los diferentes ministerios, y otros países han sido otras instituciones las que lo han liderado. En el caso de Chile, el Poder Judicial ha sido un órgano que ha desarrollado una implementación mucho más agresiva de la tecnología, ha sido mucho más acelerado que el resto de los órganos del aparato estatal y eso generó algunas ventajas porque de alguna manera en distintos momentos de la vida, tanto social como institucional, se relacionan tanto los ciudadanos como las empresas y las instituciones con el poder judicial, por lo tanto, el establecer un poder judicial ágil y moderno acelera un poco el proceso de transformación digital del resto de los aparatos del sector público.

Pasa que los ciudadanos a veces acceden, por ejemplo, a un determinado servicio del aparato público, como, por ejemplo, relaciones exteriores a propósito de trámites de extranjería. Sin embargo, con el poder judicial se está en constante vínculo, por relaciones laborales, familiares, comerciales, tributarias o de comercio. Entonces, esto genera que sean los ciudadanos los que comienzan a tener en un apetito por un mejor estándar en la prestación de servicio y eso lleva finalmente a que los liderazgos de las distintas instituciones se pongan de acuerdo para poder mejorar ese estándar de prestación de servicio y no permitir que los ciudadanos tengan que pagar costos no financieros, costos de tiempo, costos de transacción, porque existen ineficiencias en el Estado como que no somos capaces de interconectarnos entre nosotros. Entonces, eso lleva a que el nivel de madurez tecnológica de una institución arrastra a él el avance y la progresión de las demás.

A partir de la experiencia de Chile, ¿cómo hacer digital un gobierno?

Lo primero tiene que haber una reflexión estratégica y una visión institucional respecto de la modernización independiente de quién está en la posición de liderazgo de la institución. Con eso el poder judicial chileno fue muy comprometido al tener un norte de modernización de la prestación del servicio de justicia independiente que, por ejemplo, los presidentes de la Corte Suprema en Chile cambian cada dos años. Ningún cambio de presidente ha significado que Chile retroceda implementación de tecnología. Hay una visión común del pleno de la Corte Suprema respecto de aquello.

Lo segundo es avanzar decididamente en la incorporación tecnológica en distintas etapas y la primera tiene que ver con este proceso de transformación digital hacia el interior de la institución. Repensar nuestros procesos, ver la forma en la que trabajamos, el entender cuáles son las necesidades de los ciudadanos para poder prestar un servicio que sea ágil desde punto de vista interno se logra con la implementación de ciertas herramientas que están ajustadas al diseño funcional de la institución.

La siguiente etapa tiene que ver con comprender cuáles son las necesidades de las personas. En general, las instituciones públicas tienen una particularidad, sus usuarios están cautivos. Yo no puedo ir al Ministerio de Hacienda a resolver un problema que tenga que ver con agricultura. Agricultura tiene sus usuarios cautivos, el poder judicial también los tiene. Entonces, a veces las instituciones se sienten con esta posición de que tienen que venir a mí y yo veré la manera en la que los atiendo y en la que respondo a sus necesidades, sin embargo, la sociedad ha cambiado. A 25 años de entrado en este siglo, los ciudadanos están acostumbrados al uso de plataformas electrónicas, al comercio electrónico, a las transferencias bancarias, al interactuar a través de medios digitales. Prácticamente, la vida la desarrollamos a través de diferentes aplicaciones en nuestro teléfono celular.

“¿Qué nos hace pensar que cuando un ciudadano quiere vincularse con el sector justicia lo que era hacer de manera física, a través de papeles y en forma presencial? “

Las instituciones tienen que comprender que los usuarios a los que atienden están acostumbrados a recibir un estándar de servicio de distintas instituciones públicas y privadas que están hoy día en el contexto digital: la banca, el comercio, las importaciones, las relaciones sociales. Por lo tanto, los poderes judiciales o los órganos de la administración del Estado tienen que comprender cuál es el usuario que están atendiendo y readecuar sus servicios a un contexto, en este caso digital e inmediato. Esa es la segunda etapa.

Teníamos la transformación inicial de carácter interno, después cómo nos transformamos en los servicios digitales hacia las personas y luego tenemos que volver a repensar en cómo las tecnologías más emergentes y potentes hacen más fácil el proceso de gestión de las causas judiciales, porque no es real que es más fácil leer un expediente que está en 400 páginas digitales que 400 páginas en papel. El digital tiene sus beneficios, pero también sus desafíos.

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En el papel, los jueces lo podían marcar, destacar, hacer una señal, doblar una hoja para poder decir “aquí está lo relevante”. Eso en digital cuesta bastante más y la experiencia de los usuarios con eso es diferente. Entonces, hoy los jueces enfrentan el mismo problema que tenían antes en otra plataforma. Antes tenían el problema de leer un expediente de 400 páginas y entenderlo. Hoy tienen ese mismo problema, solo que el expediente es digital y existen tecnologías que es lo que estamos trabajando de manera más avanzada, como por ejemplo, la inteligencia artificial que permite acelerar ese proceso, en una lógica en que la inteligencia artificial debe ser vista e incorporada dentro de la función jurisdiccional como una herramienta de asistencia a la labor del juez, sin que el juez pierda ni su independencia, ni su capacidad resolutiva ni la responsabilidad respecto de sus decisiones.

¿Qué fluyó de forma más fácil y qué fue lo que más tiempo les tomó?

La relación con los usuarios. Porque la sociedad ya tiene formas de trabajar y de relacionarse con distintas instituciones públicas, privadas, el mundo académico, el mundo del comercio, donde las herramientas digitales ya estaban presentes. Entonces, cuando el poder judicial propone una solución como una plataforma digital de atención de usuarios, era algo que la ciudadanía ya estaba ocupando con otras instituciones o con otras empresas con las que se relacionan. Por lo tanto, ese espacio es el que fluye más rápido, el diseño de soluciones para los usuarios porque socialmente son soluciones que ya están aceptadas.

“Si le preguntas a un funcionario de la institución, cualquier institución, ¿usted sabe usar el correo electrónico? Sí. ¿Tiene Facebook? También. ¿Hace transferencias electrónicas? Sí. ¿Ha comprado alguna vez por internet? Sí. ¿Tiene Instagram? También. sa persona sabe perfectamente usar la tecnología. El que tiene un problema con la tecnología es el que diseña un software de gestión institucional que no se adecua a las necesidades del usuario”.

Hace 10 años proponerles a los jueces hacer audiencias por videoconferencia era algo absolutamente imposible y descabellado, sin embargo, las personas ya teníamos Skype, ya hacíamos videoconferencias con tu familia, no pasaba nada, ya lo habías aceptado que era un canal de comunicación real y eso la sociedad en general lo tenía incorporado dentro de todo su desempeño comercial, económico, académico y social. Eso fue una innovación para la institución, pero no necesariamente para las personas.

La parte más difícil de implementar es cambiar el paradigma de funcionamiento interno. Pasar de la cultura del papel a la digital, porque en general estos procesos son bastante más largos, son desarrollos tecnológicos robustos que requieren de muchísimo más tiempo, pero hoy existen metodologías que te permiten de manera rápida y ágil estar constantemente entregando mejoras incrementales a esas plataformas sin dejar de lado la experiencia de uso desde el inicio.

¿Cuáles fueron los desafíos para los funcionarios públicos?

Los equipos de tecnología de las distintas instituciones siempre tienen una frase, que dice: “Lo que pasa es que los funcionarios son antiguos, no están alfabetizados digitalmente”. Ese mismo discurso lo emplean respecto de los ciudadanos: “Es que hay una brecha digital en la ciudadanía, la ciudadanía no está alfabetizada digitalmente”. Pero si le preguntas a un funcionario de la institución, cualquier institución, ¿usted sabe usar el correo electrónico? Sí. ¿Tiene Facebook? También. ¿Hace transferencias electrónicas? Sí. ¿Ha comprado alguna vez por internet? Sí. ¿Tiene Instagram? También. Capaz que tenga TikTok. Esa persona sabe perfectamente usar la tecnología. El que tiene un problema con la tecnología es el que diseña un software de gestión institucional que no se adecua a las necesidades del usuario que lo tiene que ocupar.

Entonces, el principal desafío no está en el nivel de ustedes o seguridad de las plataformas tecnológicas. Está en que la experiencia de usuario sea lo suficientemente buena para que la persona se acostumbre. A ninguno de nosotros que se compra un teléfono inteligente le costó acostumbrarse, es más, esos teléfonos ni siquiera vienen con manuales de uso. Antes te comprabas algo y venía con un manual. ¿Por qué? Porque estaba diseñado en complicado. Hoy es tan fácil de ocupar que ni siquiera vienen con manuales. ¿Por qué un sistema de gestión interna tiene que ser más complejo? Y te paras hoy día frente a un sistema de gestión de casos y parece la pantalla parece un avión de combate lleno de botones y cosas por todos lados. Hay que trabajar en la experiencia de los usuarios.

¿Cuáles son los servicios más importantes para el ciudadano chileno?

En el caso chileno hay dos experiencias positivas. Una es la del poder judicial, que partió antes que el resto de las instituciones con un vínculo digital con los ciudadanos, donde se implementaron diferentes formas. La primera es que la relación fuera digital desde el origen, entonces el vínculo entre los ciudadanos y el poder judicial es un portal que denominamos Oficina judicial virtual. Pero luego también comprendimos que no todos los usuarios hablan el lenguaje juez, el lenguaje jurídico. Entonces se diseñaron ciertos espacios de guía, de orientación y además de presentarles trámites que están prediseñados para que el usuario que necesite, por ejemplo, tramitar una pensión de alimentos, simplemente seleccione el tipo de trámite que es, llene sus datos y la plataforma complete este documento por la persona.

La otra experiencia que es muy positiva es la de la administración central del Estado, porque diferentes servicios públicos, la policía, extranjería, impuestos internos, aduana, el que quisieras, todos tenían sus plataformas de atención digitales, pero en cada uno de ellos tenías que registrarte con usuario y contraseñas diferentes. Hay un organismo en Chile que se llama Gobierno Digital, ellos pertenecen a un ministerio del Ejecutivo y trabajaron en la construcción de una aproximación a la identidad digital que se llama la clave única y es un usuario y contraseña que da el Estado y que es útil para todos los servicios públicos.

“En Chile, ya no necesitas aprenderte un usuario y contraseña de cada una de las plataformas, sino que siempre accedes con un único registro que tiene una evaluación previa biométrica”.

Entonces, ya no necesitas aprenderte un usuario y contraseña de cada una de las plataformas, sino que siempre accedes con un único registro que tiene una evaluación previa biométrica, que se te entrega presencialmente en un lugar y luego todo digital para poder acreditar de que tú eres tú, pero de ahí para adelante opera 100% en digital con todos los servicios. Esa misma clave única que tienen los ciudadanos para cualquier servicio del aparato gubernamental, el poder judicial la tomó para sí y hoy toda la interacción de los ciudadanos en el sector justicia también se realiza con la clave única y creo que las cosas más utilizadas por los ciudadanos son las que tienen que ver con los servicios que presta, lo que nosotros llamamos el Registro Civil, que es como el Registro Nacional de las Personas, en donde están los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, herencia, vehículos y todo lo demás.

¿Qué cree que Guatemala puede aprender de Chile para avanzar en la transformación digital?

Creo que lo importante es aprender de cuáles han sido esos errores y no cometerlos de nuevo y creo que Guatemala tiene una posibilidad desafiante y es que el proceso de transformación digital del Estado y entendamos al Estado a los tres poderes, hoy puede ser perfectamente liderado por una nueva corte suprema que se acaba de constituir en el país, de manera tal de que establezca un cierto estándar desde el punto de vista tecnológico y eso va a llevar a que los servicios, por ejemplo, del ejecutivo también lleguen a ese estándar tecnológico y empezar con este proceso de interoperabilidad tan necesario.

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La ruta digital de Guatemala: De la burocracia al gobierno electrónico

Thu, 06 Mar 2025 07:00:00 +0000

estado digital

La ruta digital de Guatemala: De la burocracia al gobierno electrónico

Guatemala avanza en con inversión en conectividad, reducción de trámites y crecimiento del comercio en línea. Sin embargo, la falta de talento especializado, un marco legal incompleto y la fragmentación de proyectos siguen siendo retos clave.

Juan Carlos Ruiz

6 de marzo de 2025

01:00h

La cooperación entre el gobierno y las empresas resulta clave para avanzar en la digitalización. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Para generar una ruta que permita a Guatemala convertirse en un país digital, es necesario analizar las acciones de otras naciones más avanzadas. En este punto, se evidencia que aún queda trabajo por hacer. Desde la digitalización de los trámites gubernamentales hasta el apoyo a nuevas tecnologías, es fundamental acelerar el proceso.

Un estudio de BBVA Research, denominado Índice DiGiX, evalúa el nivel de digitalización en 99 países. Entre los mejor posicionados figuran Luxemburgo, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur y Hong Kong. Estas naciones destacan por tres factores clave:

Infraestructura sólida y precios accesibles.
Uso de tecnología en los ámbitos personal, empresarial y gubernamental.
Reglamentaciones que fomentan la innovación.

Cuando se piensa en un país digital, se visualizan territorios con buena infraestructura, menor burocracia y generación de riqueza. Sin embargo, también se trata de países que promueven la inversión y la innovación. La digitalización de los servicios públicos y una conexión eficiente a internet son esenciales. Además, la cooperación entre el gobierno y las empresas resulta clave para avanzar en este proceso.

En los últimos cinco años, Guatemala ha logrado avances significativos en su proceso de digitalización. A continuación, se analizan algunos de estos progresos.

Simplificación burocrática

La Ley Antitrámites (Decreto 12-2022) permitió reducir la burocracia en un 30 %. Actualmente, el portal tramites.gob.gt ofrece 187 servicios en línea, desde la renovación del pasaporte hasta la obtención de permisos ambientales. Más de 2 millones de personas utilizan estos servicios cada año.

Un ejemplo destacado es el Registro Nacional de las Personas (Renap), que redujo el tiempo de emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) de 45 días a 72 horas, gracias a su plataforma digital.

Expansión de la conectividad

La empresa Millicom (Tigo) invirtió 1,000 millones de dólares para expandir la red 4G al 85 % del país y llevar fibra óptica al 40 % de los hogares urbanos.

En áreas rurales, el proyecto Conéctame GT instaló 150 centros de internet satelital, beneficiando a 50,000 personas en departamentos como Huehuetenango y Petén. A pesar de estos avances, solo el 35 % de las comunidades rurales cuenta con una conexión estable, aunque la cifra ha mejorado respecto al 18 % registrado en 2020.

Innovación local con impacto global

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) ha demostrado el potencial del país en el ámbito tecnológico. Recientemente, desarrolló el primer nanochip para dispositivos médicos portátiles, lo que atrajo una inversión de 20 millones de dólares por parte de empresas tecnológicas interesadas en el talento guatemalteco.

Crecimiento de la economía digital

El comercio en línea creció un 125 % entre 2020 y 2024, generando ventas anuales por 2,700 millones de dólares. Plataformas como el Marketplace de Facebook se han convertido en herramientas clave para 85,000 pequeñas empresas, muchas de ellas lideradas por mujeres.
Un estudio de PCMI estima que las ventas en línea podrían alcanzar los 5,300 millones de dólares en 2027.

Retos pendientes

A pesar de los avances en digitalización, Guatemala aún enfrenta desafíos importantes:

Marco legal incompleto: Algunas leyes, como las de ciberseguridad y protección de datos, aún no han sido aprobadas. Aunque existen proyectos de ley en discusión, es necesario adoptar las mejores prácticas de países más avanzados para agilizar el proceso y reducir brechas.
Desigualdad tecnológica: La mayoría de los usuarios de internet se concentran en la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, lo que deja una gran oportunidad para ampliar la conectividad en otras regiones.
Falta de talento especializado: Solo se gradúan 500 ingenieros en sistemas al año, una cifra insuficiente para la creciente demanda del sector tecnológico.
Proyectos aislados: En comparación con Estonia, que cuenta con una Estrategia Digital Nacional 2030 con 142 metas claras, en Guatemala existen más de 115 proyectos digitales distribuidos en 15 instituciones, sin una coordinación efectiva. Además, cada ministerio maneja su propia plataforma, lo que genera duplicidad de esfuerzos y desperdicio del 40 % del presupuesto destinado a tecnología.

Lecciones de otros países

Inversión en infraestructura: Luxemburgo invierte el 3 % de su PIB en tecnología y ha logrado que la fibra óptica cubra el 95 % del país. En Guatemala, el proyecto Conéctame GT busca llevar internet a comunidades rurales. A principios de este año, se reportó que 320 de las 1,200 comunidades planificadas ya cuentan con conexión. Si bien es un avance, es necesario acelerar la implementación.
Educación: En Singapur, la enseñanza de programación y robótica inicia desde la primaria. En Guatemala, existen iniciativas como Club de Robótica Guatemala, Codezilla.gt, la mesa de trabajo de Talento Digital de la comisión ITO de Agexport, Intecap y Kinal. Sin embargo, es necesario ampliar su alcance para lograr un impacto nacional. Para ello, la colaboración entre el sector privado y el gobierno es clave.
Emprendimiento: Fomentar el emprendimiento y la innovación es crucial para la creación de empleos y el desarrollo de un ecosistema digital sólido. Un ejemplo exitoso es Israel, donde el programa Yozma, impulsado por el gobierno, ofreció incentivos a inversionistas extranjeros. Como resultado, la inversión en startups pasó de 50 millones de dólares a 3,100 millones de dólares en solo 10 años, lo que generó un crecimiento en la industria tecnológica, de 5,000 a 150,000 empleos.

Si Guatemala lograra un modelo similar, podría consolidarse como un país generador de tecnología para el mundo. Para ello, es fundamental establecer incentivos, reglas claras y financiamiento para nuevos emprendedores.

Aunque el país aún no alcanza el nivel de Singapur o Luxemburgo, hay razones para el optimismo. La clave está en priorizar el acceso tecnológico, mejorar la educación y atraer inversiones.

Con estos pasos, Guatemala no solo generará empleo y riqueza para sus habitantes, sino que se convertirá en un referente de transformación digital, demostrando que una visión clara y la colaboración entre sectores pueden cambiar el rumbo de una nación en pocos años.

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¿Adiós al papel? Proponen una “super tienda digital” para bajar las colas en oficinas públicas

Thu, 12 Dec 2024 12:00:00 +0000

gobierno electrónico

¿Adiós al papel? Proponen una “super tienda digital” para bajar las colas en oficinas públicas

Proponen que desde el Poder Ejecutivo se lidere la creación de una plataforma que conecte a las instituciones públicas y reúna carpetas digitales de cada guatemalteco para eliminar poco a poco los támites físicos. El primer paso es la creación de una autoridad.

Ximena Fernández

12 de diciembre de 2024

06:00h

Según los consultados, desde el Ejecutivo y Legislativo se están construyendo leyes y marcos regulatorios para ofrecer más servicios digitales. Imagen con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Marcos Gálvez)

Un país con servicios electrónicos eficientes viene a ser como entrar a un gran supermercado virtual que reúne, en el mismo lugar, trámites como renovar el pasaporte, pagar los impuestos o pedir una licencia para poner en marcha un negocio. La diferencia con la actualidad es que los requisitos se presentan una sola vez, y el pago se hace en la misma plataforma electrónica, sin fotocopias de DPI, hojas que se arrugan o se extravían y largas colas afuera de varias dependencias de Gobierno.

Pero para tener ese “carrito” de gestiones digitales, el país debe tener, en primer lugar, la tecnología que conecte no solo a usuarios con instituciones, si no a las propias instituciones públicas entre sí. Luego, un sistema único de pagos y, lo más importante, una autoridad competente que “abra las puertas” cada día de esa gran tienda de servicios de gobierno. ¿Qué tan viable es para Guatemala ese universo?

El fin último es que los guatemalteos puedan contar con una identidad digital desde el momento en el que nazcan, tal como ocurre en países como Estonia, lugar en donde desde el primer momento, se cuenta con una carpeta dentro del mundo digital que facilita trámites y ahorra recursos para los ciudadanos. Pero para que esto suceda, debe haber una transformación digital que cuenta con la interoperabilidad de todas las entidades gubernamentales, digitalización de trámites y un ente rector encargado de regular esta modernización.

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A partir de un Estado digital, los ciudadanos tendrían que hacer cada vez menos trámites presenciales, lo que puede representar ahorros de dinero y tiempo, además de tener acceso a mejores servicios. Así demuestra los beneficios de contar con este tipo de gobierno María del Carmen Aceña, vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Para la vicepresidenta del Cien, este es el momento de reinventar a Guatemala y modernizar al país y de esta manera contar con un estado más eficiente. “Lo más importante es que usted como ciudadano debe tener los mejores servicios de manera rápida y pronta, pero eso requiere que se inicie con gobierno digital y los servicios estén al alcance de la población”, sentencia Aceña.

Para que el surgimiento de un Estado digital no sea una visión lejana, Gabriela Montenegro, secretaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt), explica que se cuenta ya con una hoja de ruta que se presentó al Presidente de la República. Dentro de dicho mapa, se muestran los pasos a seguir para modernizar el país.

Según el índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, Guatemala se encuentra en el puesto de 122 de 193 países evaluados. Además de esto, está en el lugar 132 en la evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones y se encuentra por delante solo de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Según Edie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), esto se debe a un estancamiento que se busca revertir con digitalización.

¿Cómo será el ente rector?

Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, asegura que para que exista una transformación y digitalización de forma ordenada, debe existir una entidad que oriente, guíe y dicte las normativas necesarias que faciliten la operación entre las diferentes instituciones. Según Antillón, sin este ente rector, difícilmente se alcanzará el ideal que es contar con una identidad digital.

Aceña argumenta que se necesita una estrategia nacional que defina específicamente quién será el encargado de diseñar la institucionalidad. Además de esto, la vicepresidenta del Cien menciona que la entidad rectora debe tener rasgos como liderazgo, independencia, cercanía a la presidencia y el poder de ejecutar con los recursos necesarios.

Desde el sector gobierno, Montenegro asegura que se ha trabajado un plan y dentro de este, se encuentra el tema de la gobernanza y quién será el ente rector. “Ya vamos avanzando en cuál debe ser el perfil y cómo va a ser el ente”, señala la secretaria del Senacyt, quien añade que el ente debería ser autónomo.

Antillón coincide en que la entidad rectora debería ser autónoma con la independencia que alcance a regir a todas las instituciones del estado. La coordinadora del eje de Certeza Jurídica añade que además de la gobernanza desde el sector público, también se debería contar con la participación ciudadana y la academia.

¿El Legislativo o el Ejecutivo?

A pesar de que dentro del gobierno se cuenta con un consenso general de la necesidad de crear una entidad rectora encargada de la digitalización del país, todavía no se ha concretado desde qué sector se deberá levantar esta nueva institución. Antillón declara que se tiene que crear por ley y por lo tanto, el liderazgo tiene que tomarlo el Congreso de la República.

Francisco Marroquin, quien es parte del equipo de comunicación del diputado Nery Rodas, asegura que desde el Congreso, se encuentran realizando una Ley de Marco de Transformación Digital que buscarán presentar a inicios de 2025. Dentro de esta ley, se propone crear un ente autónomo de transformación digital y se encuentran en discusiones sobre si será una superintendencia o una agencia, así como funciona en Uruguay.

Uruguay también fue un ejemplo por parte de Aceña, quien expresa que en el país suramericano, se cuenta con una agencia específica para el tema que se encuentra adscrita a la Presidencia, factor que le da la libertad, según Aceña, de llamar a los mejores expertos para trabajar en la institución, la cual fue calificada como ágil por Aceña. No obstante, según Cux, la creación de una agencia es jurídicamente inviable.

Según Aceña, al Congreso no le compete diseñar al ente que se hará cargo de la digitalización del Estado. En su lugar, Aceña asegura que debe ser el Ejecutivo el que trabaje en el diseño de la misma. El Congreso cuenta con un Foro Parlamentario de Transformación Digital, desde el cual nacen las iniciativas que tienen que ver con la modernización del Estado. No obstante. Aceña reitera que el foro se está adelantando y por lo tanto no tendrá la misma visión.

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Cux argumenta también que es el Ejecutivo el que debe definir el ente rector. “Es quien provee los servicios públicos y tiene la facilidad de ejecutar los servicios públicos digitales”, plantea el comisionado.

Julissa Cifuentes, subsecretaria de Gestión Estratégica de la Secretaría Privada de la Presidencia, destaca que desde este 2024, en el ejecutivo se ha comenzado a trabajar en el comité nacional de modernización del Organismo Ejecutivo. “Es el modelo de gobernanza que tenemos en este momento pero también quien va a sentar las bases para la modernización a largo plazo”, decreta Cifuentes.

El bus de datos

Otro de los aspectos importantes para el afianzamiento de la digitalización del estado, según Antillón, es la definición de interoperabilidad (o, bus de datos) entre las diferentes instituciones del gobierno. Antillón expresa que muchas de las entidades ya han logrado en buena medida simplificar y digitalizar los procesos, no obstante, el punto que hace falta es que los entes puedan intercambiar y compartir información de los ciudadanos que ya tienen en sus bases de datos.

Para Antillón, un factor importante es la participación del Renap, puesto que cuentan con todos los datos personales de los ciudadanos. “Ese es el camino que tenemos que recorrer, porque el ideal es llegar a tener una carpeta ciudadana veloz en donde las personas puedan acceder a su carpeta y buscar información con un solo usuario”, señala Antillón.

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Además de esto, Antillón menciona la creación de plataformas de pagos que faciliten los recaudos para la administración pública. Reitera que estos puntos deben ser coordinados desde una autoridad central, “en tanto no la tengamos, vamos a tener esfuerzos aislados de las instituciones”, sentencia Antillón.

Cux asegura que en dos años, a partir de contar con toda la voluntad política, podrían lograr lo mismo que en República Dominicana, país en donde consiguieron conectar 70 dependencias y contar con un marco de interoperabilidad.

El camino que resta

El comité encargado de la transformación digital del Ejecutivo está presidido por el Ministerio de Finanzas (Minfin) mientras que la Secretaría Privada funge como Secretaría Técnica, explica Cifuentes. “Con el comité estamos construyendo la agenda nacional de modernización 2024-2028, la cual guiará todos los esfuerzos que vamos a hacer como gobierno”, señala Cifuentes.

Además de la participación del Minfin, se cuenta con otras mesas de trabajo. La interoperabilidad está a cargo de la GAE, la ciberseguridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Superintendencia de Telecomunicaciones está a cargo de la reducción de la brecha digital y el Senacyt de la innovación y tecnologías emergentes.

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Cifuentes espera que el próximo año se pueda definir un mecanismo que se haga cargo de la transformación digital. Mientras tanto, Cifuentes comparte que se realizó un diagnóstico de todos los esfuerzos a nivel gobierno en cuestiones de digitalización y luego construyeron un plan de acción que se está validando con la Agenda Nacional de Modernización para analizar si se están llegando a las metas propuestas.

Asimismo, Cifuentes compartió que los pasos a seguir son la revisión del plan de acción por parte del comité, lo cual se realizará durante el mes de diciembre y a partir de esto se priorizarán las acciones de corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, se comenzará a analizar el costeo del plan de transformación digital.

Cux puntualiza que se cuentan también definidas algunas prioridades como la creación de una identidad digital, interoperabilidad y la digitalización de trámites. Asimismo, Cux recalca que los estándares para los marcos regulatorios específicos para la protección de datos se están construyendo actualmente por medio de expertos. Estos marcos deberían, según Cux, aplicar al Legislativo también.

Montenegro argumenta que entre los puntos que son de suma importancia y de los cuales el país todavía carece es luz, electrificación, equipo electrónicos en todo el país y que estos sean accesibles, además de inversión específica para este cometido.

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Opinión: El cambio para un Estado digital empieza por la voluntad política

Thu, 12 Dec 2024 11:59:00 +0000

certeza jurídica

Opinión: El cambio para un Estado digital empieza por la voluntad política

Para que los guatemaltecos se beneficien de las gestiones digitales en instituciones públicas, es vital una autoridad central que coordine esfuerzos y que tenga recursos para la interoperabilidad, la conectividad y la inclusión digital.

Ana Isabel Antillón

12 de diciembre de 2024

05:59h

La identidad digital es uno de los proyectos de la agenda de transformación digital que se busca impulsar en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La transformación digital del Estado requiere de una voluntad política expresa de los tres poderes del Estado y debe contar con una autoridad central, un marco regulatorio adecuado y la asignación de recursos suficientes.

Desde hace algunos años Guatemala inició el recorrido de modernización y digitalización de las instituciones públicas, cada una a su ritmo, el cual, de la misma forma que el resto de los países del mundo se vio acelerado con motivo de la pandemia. Entre las instituciones precursoras en este campo podemos mencionar el Registro Nacional de Personas, que podría asumir el liderazgo implementado la identidad digital, y, la Superintendencia de Administración Tributaria, ambas instituciones iniciaron a compartir datos y a generar servicios para los ciudadanos en forma electrónica mucho antes del covid-19.

De igual forma la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, así como la implementación del modelo de ventanillas únicas ha venido a modificar la forma de acceder a los servicios, sobre todo aquellos dedicados a la facilitación del comercio. Sin embargo, todos estos avances, requieren de la estandarización de la forma de compartir información entre instituciones, de formas amigables en que el ciudadano accede a la información o bien de la estandarización de la forma en que se visualiza la información, es decir adaptar los procedimientos administrativos a la experiencia ciudadana y no al revés como ocurre hoy.

Priorizar las necesidades del ciudadano, en la forma de cómo accede a la información y a los servicios públicos requiere que Guatemala cuente con una autoridad rectora en materia de transformación digital, una institución que ejerza liderazgo y coordinación en la implementación de políticas públicas digitales. Esto permitiría una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

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Una autoridad central o rectora en transformación digital, creada por el Congreso de la República, es fundamental para implementar lo las siguientes acciones: a) Crear un marco normativo a nivel reglamentario, identificar y estandarizar el uso de la tecnología y las buenas prácticas, y en general proponer regulaciones que permitan la implementación efectiva de la transformación digital; b) Contribuir en el desarrollo de infraestructura digital para mejorar la conectividad y la infraestructura tecnológica para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos digitales; c) Fomentar la participación ciudadana, de manera que la transformación digital sea más incluyente; y, d) contribuir al desarrollo económico, mediante el impulso de la creación de empleos en el sector tecnológico e impactando en la atracción de inversión extranjera.

Diferentes sectores productivos requieren de mucha agilidad en sus procesos, es importante que los ministerios o entes reguladores cuenten con trámites automatizados y digitalizados para que los procesos de las empresas sean más ágiles. Por ejemplo, en Singapur se puede habilitar una empresa en 3 horas mientras que en Guatemala el tiempo es de 4,870 horas. Pensemos en las MIPYMES, en los emprendedores que están en el área rural o en los proyectos de inversión extranjera que se verían altamente beneficiados con el acceso a todos los servicios públicos en forma digital.

Una autoridad rectora en transformación digital es esencial para que Guatemala pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. En la región latinoamericana nos aventajan otros países que cuentan con esta autoridad desde hace muchos años ya, dentro de los que podemos citar: Costa Rica con la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital del Bicentenario; El Salvador con la Secretaría de Innovación de la Presidencia; Uruguay con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic); modelos existen, y se han realizado múltiples estudios comparativos a disposición de las autoridades, falta que se tomen las decisiones legislativas del rumbo que se ha de seguir.

Sobre una ley marco, debemos destacar la importancia, de esta no solo porque establece la autoridad rectora a la que nos hemos referido sino porque además fija las pautas generales para la interoperabilidad de las diferentes plataformas digitales utilizadas por organismos de Estado, el ecosistema de justicia por ejemplo, entidades autónomas y descentralizadas, en síntesis entre las diversas entidades gubernamentales; aspectos de generales del uso de firma electrónica por los funcionarios públicos, los mecanismos de retroalimentación por el usuario final a las instituciones y estandarización de tecnologías.

Sobre la asignación de recursos, expertos extranjeros han expuesto, en diferentes foros públicos realizados durante 2024, que la más clara expresión de voluntad política se ve reflejada en las asignaciones presupuestarias efectivamente implementadas en planes y proyectos derivados de una agenda digital de país, en la que confluye la acción de tanto del sector público como diferentes actores de la sociedad. La importancia de contar con recursos financieros para la transformación digital de un país es primordial por varias razones, pero principalmente porque se necesita el desarrollo de una infraestructura sólida, contar con sistemas de almacenamiento en la nube y sobre todo para mejorar la conectividad para reducir la brecha de población que no tiene acceso a la misma, debiendo invertir en educación para desarrollar habilidades digitales en la población y aumentado las posibilidades de educación en línea. Así mismo, la inversión se debe dirigir al fortalecimiento a nivel nacional en materia de ciberseguridad creando las instancias de respuesta a posibles ataques, así como la protección de infraestructura crítica.

En resumen, contar con recursos financieros para la transformación digital es básico para impulsar la innovación, mejorar la educación y la capacitación, fortalecer la ciberseguridad, promover la inclusión digital y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La transformación digital del país es una tarea en la que contribuimos todos, es una transformación cultural que requiere compromiso, colaboración y visión de largo plazo, pero estoy convencida de que podemos construir ese estado digital, donde los servicios públicos sean accesibles, eficientes y transparentes, en donde cada uno de estos procedimientos automatizados, contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.

La autora es coordinadora del Eje de Certeza Jurídica en Guatemala No Se Detiene

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Opinión: Aquí hay una oportunidad para la creación de nuevos negocios en Guatemala

Thu, 17 Oct 2024 13:00:00 +0000

ley de insolvencias

Opinión: Aquí hay una oportunidad para la creación de nuevos negocios en Guatemala

La Ley de Insolvencia de 2022 representa una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial de Guatemala.

Edgar Ortiz

17 de octubre de 2024

07:00h

La Ley de Insolvencia de 2022 representa una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En 2022, Guatemala dio un paso importante hacia la modernización de su sistema económico con la aprobación del Decreto Número 8-2022, Ley de Insolvencia. Esta legislación surge como una respuesta necesaria ante la creciente demanda de un entorno económico más resiliente y eficiente, capaz de gestionar situaciones de insolvencia de manera efectiva. La Ley de Insolvencia no solo establece procedimientos claros para la reorganización y liquidación de empresas en dificultades, sino que también, indirectamente, promueve un entorno más favorable para la creación de nuevas empresas e incentiva la actividad emprendedora al facilitar la salida ordenada de negocios inviables.

La Ley de Insolvencia reemplazó al régimen de insolvencias del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107) de 1963, derogando una serie de artículos que regulaban los procesos concursales de manera más compleja y burocrática. Esta nueva normativa introduce cambios significativos que simplifican y modernizan los procedimientos, adaptándolos a las necesidades actuales.

Simplificación de procedimientos concursales

La nueva ley facilita la convocatoria y el funcionamiento de los procesos, permitiendo el uso de medios electrónicos para la comunicación con los acreedores y estableciendo plazos más cortos para agilizar las decisiones (Artículos 24, 28, 35-38). Este cambio reduce considerablemente el tiempo necesario para resolver casos de insolvencia, beneficiando tanto a deudores como a acreedores. Además, la creación de la figura del Administrador Concursal garantiza una gestión profesional y eficiente de los procesos concursales, asegurando transparencia y equidad en la administración de los recursos de la empresa en concurso (Artículos 6, 20).

La nueva normativa establece una clara jerarquización de créditos, priorizando aquellos que cuentan con garantías específicas (Artículos 48-52). Los créditos privilegiados, como los hipotecarios y prendarios, son atendidos primero, seguidos por los créditos con privilegio general, comunes y de segundo orden. Esta estructura asegura que los acreedores con garantías reales sean protegidos adecuadamente. Además, la ley incluye sanciones para administradores concursales negligentes (Artículos 15, 23), reforzando la integridad del proceso y buscando garantizar una gestión correcta.

Mecanismos alternativos de resolución

Mecanismos Alternativos de Resolución

La Ley de Insolvencia también promueve el uso de mecanismos alternativos de resolución, como la mediación y la conciliación, para resolver conflictos concursales de manera consensuada (Artículo 60). Estos métodos permiten acuerdos más rápidos y reducen la carga judicial, beneficiando a ambas partes y facilitando una resolución más eficiente de las disputas. Los out-of-court workouts (OCWs), establecidos en los Artículos 59 a 62, son una herramienta valiosa para la reestructuración de deudas sin necesidad de recurrir a procesos judiciales prolongados.

Desafíos en la implementación

A pesar de los avances que representa, la plena efectividad de la Ley de Insolvencia aún está por materializarse. Dos años después de su promulgación, la ley permanece sin implementarse debido a la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Economía (MINECO) y del Organismo Judicial. Según el Artículo 151, el Ministerio de Economía debía emitir los acuerdos gubernativos necesarios para la implementación de la ley en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, es decir, hasta finales de 2023. Estos acuerdos incluyen el Reglamento del Registro de Procesos y Administradores Concursales (Artículo 28) y el tarifario para Administradores Concursales (Artículo 14). En una citación ante el Congreso de la República, la actual administración del MINECO anunció que ya trabaja en la elaboración de dichos reglamentos y se espera su publicación en los próximos meses.

Por otro lado, el Organismo Judicial debe crear juzgados especializados en insolvencia, tal como lo estipula el Artículo 150, en un plazo de cinco años contados a partir de septiembre de 2022. Estos juzgados facilitarán una gestión más ágil y especializada de los casos concursales. La nueva magistratura de la Corte Suprema de Justicia enfrenta el desafío de planificar la creación de dichos juzgados y, sobre todo, de capacitar adecuadamente a jueces y personal auxiliar para contar con la formación necesaria para resolver eficazmente los casos de insolvencia.

Impacto e importancia de la Ley de Insolvencia

Diversos estudios, incluyendo el reciente reporte Business Ready (B-READY)del Banco Mundial, destacan los beneficios de un sistema de insolvencia eficiente. Un marco regulatorio sólido no solo facilita la salida ordenada de empresas inviables, permitiendo que los emprendedores reinventen sus negocios, sino que también promueve la reubicación de capitales hacia usos más productivos. Esto incentiva la creación de nuevas empresas y el acceso al financiamiento, aspectos cruciales para el desarrollo del sector privado y la generación de empleo. Además, la protección de los derechos de los acreedores y la profesionalización de los procesos concursales fortalecen la confianza en el sistema financiero, esencial para la estabilidad económica del país.

En este sentido, la Ley de Insolvencia de 2022 representa una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial de Guatemala. Al proporcionar un marco legal claro y eficiente para la gestión de la insolvencia, facilita la recuperación de empresas viables y promueve una liquidación ordenada de aquellas que no lo son. Esto no solo protege los derechos de acreedores, sino que también fomenta un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, para que esta ley cumpla con su propósito, es imperativo que las autoridades competentes actúen con prontitud y compromiso. La emisión de reglamentos específicos (Artículo 151), la creación de juzgados especializados (Artículo 150) y la capacitación y certificación adecuada de jueces y administradores concursales (Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 20) son pasos esenciales para asegurar que la Ley de Insolvencia cumpla con su objetivo de impulsar la resiliencia y prosperidad empresarial en Guatemala.

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¿Se puede “ir a la quiebra” en Guatemala? Lo que hace falta para reglamentar las insolvencias

Thu, 17 Oct 2024 13:00:00 +0000

ley de insolvencias

¿Se puede “ir a la quiebra” en Guatemala? Lo que hace falta para reglamentar las insolvencias

Desde 2022 se aprobó la Ley de Insolvencias en Guatemala, pero desde la administración pasada no avanzó el reglamento, que ahora podría estar listo en 2025. ¿Cómo funcionará el proceso para quedar insolvente en el país?

Ximena Fernández

17 de octubre de 2024

07:00h

Para que se pueda declarar a alguien "insolvente" en Guatemala, se requiere de un Registro de Administradores y Procesos Concursales, que funcionaría dentro del Ministerio de Economía. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El reglamento para poder declararse insolvente en Guatemala —un proceso legal que se realiza cuando una persona o empresa no puede pagar sus deudas o obligaciones económicas— podría estar listo el próximo año. Pese a que la ley se aprobó en 2022, el marco normativo es necesario para aplicar la ley en el país.

Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco), confirma que ya se ha desarrollado un 80% del reglamento “que debería haberse publicado en 2023” pero que hasta el 2025 podría entrar en vigencia.

Antes de 2022, el país “tenía un sistema desactualizado pero a partir de la aprobación de la Ley de Insolvencias —la cual permite la reorganización de una empresa que se encuentra en situación de quiebra—, se observó un avance en la estructura guatemalteca”, afirma Andrés Martinez, especialista senior en el sector financiero del Banco Mundial.

La mayoría de casos judiciales que hay en Guatemala se deben a las deudas, explica Amán Sánchez, abogado especialista en clima de negocios, quien argumenta que la mayoría de estas deudas se deben a temas de tarjetas de crédito. “Todas esas personas que se encuentran en una situación similar necesitan una salida y poder reintegrarse tanto de manera social como económicamente a la sociedad guatemalteca”, expresa Sánchez.

No obstante, para que la ley pueda aplicarse, falta un paso muy importante: un marco normativo claro. En el artículo 151, se establece la necesidad de un reglamento que acompañe a la ley que, en el papel, tenía un plazo de 12 meses para su creación. Prado asegura que al asumir el cargo como viceministra se encontró con este incumplimiento, por lo que durante este año se han enfocado en desarrollar el pliego de reglas.

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“El paso más difícil ya se dio, el desafío ahora es que la ley se aplique”, puntualiza Martínez, quien argumenta que este tipo de leyes requieren de tiempo. Añade que el principal reto es poder dejar todos los aspectos de la ley listos y enfatizar de qué maneras se va a aplicar la ley.

Adicionalmente, Rodrigo Callejas, abogado y notario con más de 22 años de ejercicio y dedicado a temas de insolvencia, indica que el Organismo Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debía crear sistemas especializados en temas de insolvencia en un plazo de cinco años después de que la ley entrara en vigor.

Reglamento es clave para la inversión

Sánchez, quien fue parte del proceso de creación de esta ley, enfatiza que las primeras ideas de su creación fueron en el 2012, por lo que el esfuerzo fue de 10 años. “Actualmente hay muchos guatemaltecos que están en problemas de deuda, que no pueden pagarlas y no cuentan con procesos claros y ágiles para resolverlas” reclama.

“Hay un cambio de cultura en materia de insolvencia: privilegiar la reestructuración”, complementa Callejas, quien indica que esto puede resultar beneficioso. A su vez, Martinez recalca que esto ayuda a que, en lugar de disolver una empresa, se ayude a su reestructuración monetaria y “salir adelante”.

Sin una ley operativa, se debilita el valor del país ante los inversionistas, explica Sánchez. “Nadie va a querer venir a Guatemala si no tienen certeza de que en el momento en que algún socio quiebre, puedan recuperar parte del dinero que se les debe, o si ellos quedan insolventes, que puedan llevar un proceso para la finalización de estos negocios”, sostiene el abogado.

Qué hace falta para que funcione

El reglamento cubre dos áreas imprescindibles para la implementación de la ley: el registro y el tarifario de los administradores concursales. Estos puntos se deben crear dentro del Mineco, precisa Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene.

Registrar los procesos de administradores concursales, explica Sánchez, sería una dependencia del Mineco y tendría a su cargo temas como la inscripción de los administradores concursales, quienes son las personas que van a ayudar en procesos de insolvencia, como lo son auxiliares del juez y los que deben gestionar los procesos de finanzas de la entidad que debe el dinero.

Dentro de este reglamento también se tendrán en cuenta los requisitos a presentar para que las personas puedan ejercer como administradores concursales. Asimismo, a partir del reglamento se podrán registrar, notificar y publicar ciertos avisos sobre los planes concursales —lo cual actualmente es imposible—.

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Próximos pasos

Según Antillón, para finalizar con la creación de este reglamento se debe cumplir con una serie de pasos. El Mineco debe terminar de desarrollar el reglamento y, luego de esto, llevarlo a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que esta entidad lo eleve al Presidente de la República y este pueda suscribirlo.

Prado asegura que desde que tomó posesión se ha desarrollado este reglamento, sin embargo, reitera que no es un esfuerzo solo del Ministerio. La viceministra puntualiza que ha tenido conversaciones con la PGN, el Organismo Judicial y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), debido a que, a partir de este reglamento y la creación de la dependencia, se crea también una estructura con nuevas plazas. Para este nuevo registro se necesitarán, para comenzar, seis plazas y habrá un incremento según su demanda. La viceministra complementa que el registro funcionará de manera electrónica.

Asimismo, Prado indicó que a pesar de discusiones entre las tres instituciones, se ha demostrado interés por todas las partes. “No veo que esto esté estancado”, asegura Prado.

La viceministra asegura que, actualmente se ha desarrollado el 80% del reglamento y que ya se envió una propuesta de este a revisión, con la expectativa, según dice, de una respuesta favorable o con mínimas modificaciones. “Espero decir que el otro año se pueda comenzar con un reglamento ya establecido y ya estar comenzando con la creación del registro”, destaca Prado.

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Insolvencias transfronterizas

Martínez señaló que la ley no contempla las insolvencias transfronterizas. “Establecer mecanismos de coordinación es muy importante”, asegura Martínez.

Callejas también menciona este tema como importante, puesto que, explica, los nuevos modelos de negocios ya no se hacen en un solo país. Existen distribuidoras, empresas multinacionales y otras compañías que, estando en otros países, podrían beneficiarse de esta ley. “La dinámica del comercio es multi-jurisdiccional, y por ende, es importante que nuestra ley contemple los casos de insolvencia transfronteriza”, concluyó Callejas.

Figuras propuestas en la nueva ley

Plan de reorganización: Le permite una segunda oportunidad a persona y negocios, porque reconoce las condiciones económicas y las capacidades de producir y evalúa eso contra el endeudamiento adquirido. Se elabora un plan de pago parcial o total de la deuda para seguir a flote, en lugar de la alternativa de vender activos y que el acreedor absorba lo que queda.
Administrador concursal. Es un auxiliar del juez para hacer el mecanismo más ágil, con la experiencia y los conocimientos adecuados, la persona puede retroalimentar al juez las condiciones reales de la persona para elaborar el plan concursal, que si no funciona, procederá a la etapa de la liquidación de los activos.
Proceso concursal: Sustituye a un juicio, es un proceso entre las partes donde el deudor podrá tener una segunda oportunidad al limpiar su récord crediticio y el acreedor recuperará una mayor cantidad de su deuda que en la actualidad.
Velocidades de la justicia. Habrá dos tipos de proceso o concurso. Primero, el proceso expedito, que se reduce el tipo de requisitos, número de audiencias, cualidades del administrador que apoya al juez, deudas por el rango de 6 mil dólares, en tres o cuatro meses. Un proceso de mayor duración por debajo del año (de 6 a 10 meses) para niveles de endeudamiento mayores.
Registro de Administradores y Procesos Concursales.: Se busca promover la virtualidad y que el registro sea electrónico y que se siga apoyando la digitalización de la Justicia, que incluye Juzgados de Insolvencia y reformas y acciones para todo el Organismo Judicial.

*Con información de Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene.

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Certeza jurídica en Guatemala es la clave para fortalecer la confianza en las instituciones

Fri, 11 Oct 2024 00:21:00 +0000

ENADE

Certeza jurídica en Guatemala es la clave para fortalecer la confianza en las instituciones

En el ENADE 2024, Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de justicia de la iniciativa Guatemala No se Detiene, destacó la importancia de combatir la corrupción a través de reformas que prevengan conflictos de interés.

Glenda Burrión

10 de octubre de 2024

18:21h

Nery Rodas, José Blanco, Jonathan Menkos, Juan Carlos Zapata, Valeria Prado, Luciana Torchiaro y Edie Cux participaron en el panel que abordó cómo lograr la certeza jurídica en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Erick Ávila).

Para fortalecer la certeza jurídica y mejorar la confianza en las instituciones, se subrayó la importancia de simplificar la regulación y optimizar los procesos de selección de magistrados en los tribunales superiores.

Estas medidas son fundamentales para el desarrollo económico y social de Guatemala, y se propone lograrlas mediante el trabajo en cuatro pilares relacionados con el eje de certeza y seguridad jurídica:

Crear reformas que incentiven la competitividad y el empleo, promoviendo un entorno legal más favorable para la inversión.

Modernizar el Organismo Judicial para garantizar una administración de justicia más eficiente, transparente y accesible.

Aprobar un Acuerdo Nacional por la Transparencia, que involucre a todos los sectores para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.
Convertir a Guatemala en un Estado 100% digital, facilitando la digitalización de los servicios públicos para mejorar la eficiencia y reducir la burocracia.

La transformación digital y su impacto en la certeza jurídica

Nery Rodas, presidente del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, también resaltó la importancia de avanzar hacia un Estado 100% digital. Detalló una serie de reformas e iniciativas, como la Ley Marco de Transferencia Digital, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Protección de Datos, y la Ley de Portabilidad Numérica, que buscan mejorar la interoperabilidad y la seguridad en las comunicaciones.

La simplificación de los procesos legales mediante tecnologías avanzadas permitirá no solo mayor transparencia, sino también una mayor confianza en el sistema jurídico guatemalteco.

Nuevas propuestas tecnológicas para la inclusión financiera

Por su parte, Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, anunció que en las próximas semanas se presentará una propuesta para ampliar el uso de la tecnología en el ámbito financiero.

Entre los objetivos se incluye el fomento de la inclusión financiera y la mejora de la transparencia fiscal. Estas iniciativas están alineadas con el impulso a la ciberseguridad y la cooperación internacional para garantizar una administración financiera eficiente.

Transparencia: Un desafío clave para Guatemala

Luciana Torchiaro, consejera regional de Transparencia Internacional, explicó que Guatemala enfrenta serios desafíos en términos de transparencia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el país ocupa la posición 150 de 180, con una puntuación de 24 sobre 100. Esta cifra refleja un retroceso en la lucha contra la corrupción, lo que pone en riesgo la estabilidad política, social y económica del país.

EN ESTE MOMENTO

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Torchiaro subrayó que la corrupción y la impunidad, alimentadas por la falta de independencia judicial, erosionan la confianza pública en las instituciones, lo que obstaculiza el desarrollo del país.

Mejorar la certeza jurídica y la transparencia es esencial para revertir esta tendencia y fortalecer las instituciones públicas en Guatemala.

“Persisten retos importantes para lograr la modernización”

En su participación en Enade 2024, el presidente Bernardo Arévalo destacó los avances en la incorporación de trámites digitales en las instituciones públicas de Guatemala. En su discurso, subrayó que, aunque se han logrado importantes progresos en la modernización de los procesos burocráticos, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una plena digitalización de los servicios públicos.

Además, reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción, un eje central de su gobierno. Arévalo enfatizó que la digitalización es una herramienta clave en este esfuerzo, ya que puede reducir los espacios para prácticas corruptas, al hacer que los trámites sean más transparentes y accesibles para la ciudadanía.

El presidente también mencionó que, si bien el proceso de transformación digital avanza, persisten desafíos en términos de infraestructura, capacitación y resistencia al cambio dentro de algunas instituciones, lo que implica la necesidad de seguir trabajando en estos aspectos para garantizar una verdadera mejora en la gestión pública.

En su discurso, subrayó que se han logrado importantes progresos en la modernización de los procesos burocráticos. Señaló que, a la fecha, el 80% de los trámites gubernamentales han sido digitalizados, pero aún faltan aproximadamente 200 trámites por incorporar a plataformas digitales.

Entrevista a Toomas Ilves: ¿Por qué Estonia es un modelo de gobernanza digital?

Mon, 30 Sep 2024 11:00:00 +0000

enade

Entrevista a Toomas Ilves: ¿Por qué Estonia es un modelo de gobernanza digital?

Toomas Hendrik Ilves, presidente de Estonia de 2006 a 2016, se ha destacado como un pionero en la gobernanza digital. Durante su mandato, Estonia se transformó en un referente mundial en innovación tecnológica y digitalización.

Glenda Burrión

30 de septiembre de 2024

05:00h

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa), creada en 1984 por empresarios guatemaltecos, tiene como objetivo generar propuestas de políticas públicas para el desarrollo social y económico del país.

Desde hace 18 años, Fundesa organiza anualmente el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), que congrega a líderes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil. Este año, el evento se llevará a cabo el 10 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real, con la participación de Toomas Ilves, quien abordará la importancia de la digitalización en el gobierno.

El eslogan del foro Enade 2024, ¡Cambiemos el Chip!, destaca la importancia de la certeza jurídica y la creación de un estado digital y transparente para lograr una mayor eficiencia en el país. Estos elementos son cruciales para fortalecer las capacidades nacionales y convertir a Guatemala en un atractivo centro de inversión extranjera. Al enfocar los esfuerzos en la digitalización, se busca mejorar la competitividad y productividad, posicionando a Guatemala como un referente en la región para la inversión.

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Antes de su charla magistral en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) en Guatemala, Ilves compartió su visión sobre la digitalización y su impacto en la gobernanza moderna.

Quién es Toomas Hendrik Ilves

Ilves nació el 26 de diciembre de 1953 en Suecia, en una familia de refugiados estonios que huyeron del régimen soviético. Él se crió en los Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo una maestría en Psicología en la Universidad de Pensilvania.

Toomas Hendrik Ilves fue presidente de Estonia durante el periodo de 2006-2016, Durante su mandato, Ilves impulsó reformas tecnológicas, uno de los procesos de digitalización más avanzados del mundo, transformando a Estonia en una sociedad digital modelo.

Antes de ser presidente, trabajó como periodista y diplomático. Ocupó varios cargos, incluyendo vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y ministro de Relaciones Exteriores, donde lideró la adhesión de Estonia a la UE y la OTAN. También fue el primer embajador de Estonia en EE. UU. y Canadá tras la independencia y trabajó en RFE-RL como director del servicio estonio.

En 2018 como una de las 100 personas más influyentes en Gobierno Digital y recibió el Premio Reinhard Mohn en 2017 por su trabajo en habilidades digitales.

Prensa Libre tuvo la primicia de entrevistar a Ilves antes de su charla magistral en Guatemala. En la conversación, compartió sus motivos y los obstáculos que tuvo que superar para alcanzar sus objetivos.

Sobre el éxito digital de Estonia

El motor fue el factor humano, es decir, la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida, ya que muchas personas comenzaban a migrar a otros países en busca de mejores oportunidades.

¿Cuáles considera usted que fueron las claves del éxito para lograr convertir a Estonia en un país modelo y digital?

El éxito de Estonia como país digital se debe a varios factores clave que viví de cerca. Primero, la necesidad de mejorar nuestras condiciones de vida tras un periodo de pobreza fue un gran motor de cambio. Desde 1996, decidimos priorizar la digitalización en las escuelas, y en solo dos años logramos que todas tuvieran acceso a laboratorios digitales e Internet, impulsados por el sector privado, especialmente los bancos.

A finales de los 90, entendí que para avanzar necesitábamos una identidad digital única y segura para cada ciudadano, lo que facilitó la interacción entre los sistemas gubernamentales. En 2001, comenzamos a trasladar toda la gobernanza a Internet, enfocándonos en garantizar la seguridad del sistema, que ha resistido ataques sin ser hackeado y ha sido adoptado por otros 25 países.

Hoy, utilizo el sistema de autenticación del gobierno para acceder a mi banco, ya que es la opción más segura. Creo que la clave para la digitalización es motivar a las personas a participar en el proceso. Estos elementos han sido fundamentales para nuestro desarrollo digital, y compartiré más detalles en mi charla en Guatemala.

¿Qué fue lo que les motivó o les impulsó a no desistir en este proyecto?

Lo que me motivó a no renunciar a este proyecto fue la necesidad urgente de salir de nuestra situación como un país post-soviético, atrasado y pobre. Era crucial encontrar un camino diferente y nosotros elegimos avanzar hacia el futuro. A diferencia de otros países que no tomaron esa decisión en su momento, nosotros sí lo hicimos y los resultados han sido positivos. Esa determinación y el deseo de mejorar nuestra situación fueron lo que realmente nos impulsó a seguir adelante.

¿Cuánto tiempo le tomó a Estonia convertirse en un gobierno digital, cuál fue la hoja de ruta que ayudó a lograr ese objetivo?

Estonia se convirtió en un gobierno digital de manera experimental, ya que éramos pioneros y no teníamos un camino claro. Al principio, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo; solo pensábamos que era una buena idea. Con el tiempo, después de cinco o seis años, nos dimos cuenta de que necesitábamos un sistema más seguro y la implementación de identidades digitales se volvió crucial.

El proceso fue una evolución constante, donde cada paso nos llevó a entender mejor lo que necesitábamos para avanzar. A medida que trabajábamos en ello, nos dimos cuenta de las características y elementos esenciales para lograr un gobierno digital efectivo.

¿Cuál fue el primer trámite que empezaron a hacer en línea?

El primer trámite que los estonios comenzaron a hacer en línea fue la declaración de impuestos, y este se convirtió en uno de los más populares debido a su simplicidad. El sistema está diseñado de tal manera que, en gran medida, los impuestos se calculan automáticamente, lo que transforma la experiencia en un servicio accesible y eficiente para los ciudadanos.

La digitalización permite que la gobernanza se enfoque en servir a la gente, eliminando la carga que tradicionalmente implica el proceso de completar impuestos. En lugar de complicar el proceso, se busca facilitarlo al máximo, asegurando que todos cumplan con sus obligaciones fiscales sin complicaciones innecesarias.

¿En Estonia todavía hay trámites que se hacen en persona o ahora todo es digital? Si fuera el caso, cuáles son los trámites que se hacen personalmente

En Estonia, la mayoría de los trámites se realizan de manera digital, lo que hace que el proceso sea mucho más fácil y eficiente. Sin embargo, todavía hay algunos trámites que requieren presencia física. Por ejemplo, el divorcio debe hacerse en persona, mientras que el matrimonio se puede formalizar en línea, aunque la mayoría de las personas prefieren no hacerlo así.

La ley permite que los matrimonios se realicen digitalmente, pero implica que ambas partes deben estar presentes y conectadas de forma segura a través del sistema de identificación. A pesar de esta opción, es poco común que las personas opten por casarse en línea, lo que refleja una preferencia por los encuentros en persona para estos eventos significativos.

Importancia de un gobierno digital

La digitalización puede beneficiar a todos los países, ya que ayuda a reducir la corrupción cotidiana. En Estonia, se han eliminado prácticas corruptas comunes, y el proceso digitalizado hace imposible evadir la responsabilidad.

¿Por qué es importante crear un gobierno digital? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en Guatemala, ¿crees que nos beneficiaremos?

Creo que la digitalización puede beneficiar a países como Guatemala al reducir drásticamente la corrupción cotidiana. En Estonia, hemos logrado eliminar prácticas corruptas comunes, como el soborno a funcionarios para obtener permisos o evitar multas. Todo el proceso se digitaliza, lo que hace imposible evadir la responsabilidad; por ejemplo, las multas de tráfico se envían automáticamente por correo, basadas en registros digitales.

Además, el gobierno se vuelve mucho más eficiente, lo que permite que las gestiones se realicen de inmediato sin largas esperas. Para mí, la comodidad de los servicios digitales es notable; no he tenido que visitar un banco en años porque puedo hacer casi todo en línea. Esta eficiencia y conveniencia son algunas de las ventajas que trae la digitalización, facilitando la vida diaria y mejorando la transparencia gubernamental.

La digitalización dificulta la evasión fiscal, especialmente para las empresas. En Estonia, es complicado evadir el IVA, lo que nos permite obtener mayores ingresos fiscales. El sistema digital facilita la detección de infracciones. Aunque otros países tengan estructuras impositivas similares, sus ingresos son mucho menores por no estar digitalizados. Esto demuestra la importancia de adoptar tecnologías digitales para mejorar la recaudación fiscal.

¿Cuál es la importancia y la ventaja de ser un residente electrónico?

La importancia de ser un residente electrónico radica en las oportunidades que ofrece en el mundo digital. Antes, solo se podía abrir una cuenta bancaria o registrar una empresa si se residía en el país, pero con la residencia electrónica, esto ya no es necesario. Este programa permite a personas de fuera de la Unión Europea crear y gestionar empresas en Estonia, beneficiándose de las leyes y regulaciones de la UE, como la posibilidad de importar y exportar sin aranceles.

Sin embargo, es importante destacar que la residencia electrónica no otorga derechos sociales o políticos, como el voto o la seguridad social. Desde la perspectiva del gobierno, esta iniciativa es ventajosa porque las empresas registradas en Estonia contribuyen con impuestos al país. En cuanto a los costos, aunque la inversión inicial para establecer un negocio puede variar, el acceso a un mercado europeo y las ventajas fiscales hacen que esta opción sea atractiva para muchos emprendedores.

Guatemala aún enfrenta grandes retos, y uno de ellos es su cobertura de internet, en algunos lugares aún no llega la señal. ¿Cómo se debe trabajar en conjunto con las empresas que brindan este servicio para garantizar la cobertura y que los cambios que haga el gobierno estén al alcance de toda la población?

Ese es un problema en todas partes. Mi consejo sería hablar con el Banco de Desarrollo Interamericano. Para mejorar la cobertura de internet en Guatemala, mi consejo es colaborar con empresas de telecomunicaciones y buscar financiamiento de instituciones como el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Mundial. Hay que explicar que necesitan implementar proyectos de infraestructura que incluyan la instalación de cables de fibra óptica en todo el país, ya que esto es esencial para garantizar el acceso a internet.

Sin una cobertura adecuada, muchas personas se sentirán excluidas. También considero que es importante explorar soluciones inalámbricas como 4G y, eventualmente, 5G, pero todo depende de construir la infraestructura necesaria. Si no contamos con muchos recursos, es vital priorizar estos proyectos para asegurar que los beneficios del gobierno lleguen a toda la población.

Construcción de confianza y protección de datos

El sistema utilizado en Estonia para gestionar el gobierno digital es X-Road, una plataforma segura y eficiente que garantiza la protección de datos y la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Su arquitectura descentralizada permite que cada entidad, tanto gubernamental como privada, gestione su propia información, facilitando la colaboración sin importar la tecnología utilizada. Las características clave de X-Road incluyen:

Interoperabilidad: Facilita la comunicación entre diversos sistemas, permitiendo una colaboración fluida.
Seguridad: Implementa protocolos de cifrado y autenticación para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan a la información, registrando cada transacción para asegurar trazabilidad.
Accesibilidad: Ofrece a los ciudadanos acceso a múltiples servicios gubernamentales a través de una única interfaz, simplificando su experiencia.
Eficiencia: Reduce la burocracia y los tiempos de espera al permitir la realización de trámites en línea, mejorando la eficiencia para ciudadanos e instituciones.

Cada acción queda registrada, por lo que no es posible realizar sobornos en una oficina gubernamental como solía hacerse. Esto impacta significativamente en la corrupción de bajo nivel que afecta a los ciudadanos. Aunque existen dos tipos de corrupción—la menor y la mayor—la digitalización ayuda a mitigar la corrupción cotidiana, mientras que la corrupción a gran escala es más difícil de erradicar, pero también se vuelve más transparente y difícil de ocultar.

¿Cómo se deben manejar los datos sensibles de la población, cuál debe ser el mecanismo para que el gobierno al convertirse en digital pueda ganarse la confianza de quienes utilizarán esos servicios electrónicos?

En Estonia, Finlandia y Suecia los ciudadanos tienen la capacidad de ver quién accede a sus datos públicos, lo que proporciona transparencia y seguridad. Si un periodista, por ejemplo, revisa mi historial, puedo saber quién lo hizo. Claro hay excepciones, especialmente datos sensibles, como los historiales médicos, que solo pueden ser accedidos por personas autorizadas.

Es crucial que cada acceso a datos sensibles quede registrado. Si en algún momento se filtra información médica, podemos rastrear quién la consultó. Si una persona no autorizada accede a esos datos, la policía puede investigar el incidente. Por lo tanto, contar con buenas leyes y un sistema que registre cada interacción es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de la información.

Educación y comunicación sobre digitalización

Es fundamental que todos los involucrados—altas autoridades, sociedad civil y empresarios—entiendan a fondo lo que implica ser parte de una sociedad digitalizada, incluyendo los beneficios que esto puede aportar.

¿Cómo se puede educar o convencer a los tomadores de decisiones sobre la importancia de un gobierno digital?

Para educar o convencer a los tomadores de decisiones sobre la importancia de un gobierno digital, es fundamental destacar los beneficios tangibles que esto trae al país, como el crecimiento y el desarrollo. Un gobierno digital puede conducir a un período de crecimiento espectacular, lo cual es atractivo para los políticos que buscan implementar políticas exitosas.

Además, se puede presentar un argumento negativo, señalando que, si no se avanza en esta dirección, el país quedará rezagado frente a otros, como Costa Rica, que están haciendo un gran trabajo en digitalización. La idea de no querer quedarse atrás de un vecino que está avanzando puede ser un motivador poderoso para impulsar el cambio hacia un gobierno digital.

¿Cuáles fue su plan de comunicación para expandir la idea del gobierno electrónico en su país?

Al principio, Estonia no contaba con un plan de comunicación formal para expandir la idea del gobierno electrónico. Sin embargo, el apoyo de grupos de interés fue clave para su éxito. Los estudiantes fueron los primeros aliados, impulsando la idea porque creían en su valor. Posteriormente, una ONG se unió a la causa, promoviendo la digitalización y desarrollando diversas iniciativas.

EN ESTE MOMENTO

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Los bancos también jugaron un papel fundamental, reconociendo que la digitalización haría su sistema más eficiente, seguro y económico. Ellos se convirtieron en una fuerza impulsora, convenciendo al gobierno de la necesidad de avanzar en este camino, argumentando que beneficiaría al sector bancario y a la economía en general. Este apoyo interno dentro del gobierno también fue crucial para el impulso de la idea.

Pasos para avanzar hacia un gobierno digital

Desarrollar una infraestructura que conecte los servicios, además, es importante evaluar y ajustar continuamente el sistema para garantizar su efectividad y seguridad.

¿Cómo podría Guatemala seguir el ejemplo de Estonia? ¿Cuál debería ser el primer paso para avanzar con esta idea?

Bueno, no conozco la situación política en Guatemala, pero el primer paso esencial sería crear una identidad digital para todos los habitantes del país. Esto es fundamental, ya que una gobernanza digital solo es efectiva si se sabe quién está detrás de ella. La identidad digital debe ser única y segura.

Luego, es importante desarrollar una plataforma que conecte todos los servicios digitales, aunque la creación de esta plataforma puede no ser lo más crítico al inicio. También es vital contar con el apoyo del público, y para ello, es necesario explicar cómo funciona un gobierno digital y sus beneficios.

Además, se necesitan leyes que respalden la firma digital y la protección de datos. Muchas de estas leyes ya existen en otros países y pueden ser adoptadas y traducidas, como la legislación sobre firma digital que ya está disponible en español debido a su aplicación en España.

Guatemala tiene una alta tasa de corrupción. ¿Cree que un gobierno digital puede ayudar a reducirla?

Creo firmemente que un gobierno digital puede ser una de las herramientas más efectivas para reducir la corrupción, y esta es una de sus mayores ventajas. Estonia se ha convertido en uno de los países menos corruptos de Europa, y esto se debe en gran parte a la digitalización de sus servicios.

Las computadoras no pueden ser sobornadas, lo que dificulta el intercambio de dinero en situaciones corruptas. Es interesante notar que, a pesar de ser considerados países desarrollados, naciones como Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos tienen tasas de corrupción más altas que Estonia.

Fomento de la innovación entre los jóvenes

Estonia comenzó con la población joven porque son los más abiertos a lo nuevo y al futuro.

¿Por qué grupo de personas empezar?

Para mí, la creación de Skype, por parte de cuatro jóvenes estonios, fue un gran catalizador que inspiró a muchos a aprender a programar y emprender. Este éxito ayudó a fomentar una mentalidad de innovación en nuestra sociedad, donde los jóvenes se convirtieron en los verdaderos impulsores del cambio.

Estonia ha logrado destacarse en el mundo de las empresas emergente (startups), alcanzando el liderazgo en unicornios per cápita con 10 en total, lo que equivale a un unicornio por cada 130 mil habitantes. Aunque no somos Silicon Valley, hemos creado un entorno que fomenta la creatividad y el emprendimiento. Sin embargo, siempre subrayo que este tipo de desarrollo requiere tiempo y no sucede de la noche a la mañana. Es fundamental contar con un ambiente propicio donde las personas puedan pensar y ser creativas para alcanzar el éxito.

Digitalización obligatoria: ¿Están listos los ministerios para la automatización total?

Thu, 29 Aug 2024 12:00:00 +0000

ley "antitrámites"

Digitalización obligatoria: ¿Están listos los ministerios para la automatización total?

Ley obliga a gobierno a tener disponible cualquier gestión de gobierno por la vía electrónica y sin límite de horario. El 30 de agosto de 2024 es la fecha límite.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

29 de agosto de 2024

06:00h

Además de digitalizar trámites para evitar la presencialidad, el sector privado llama a que s importante simplificarlos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Cuando se aprobó la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos en mayo de 2021, varios sectores la celebraron porque esta regulación permitiría que las gestiones de trámites administrativos estuvieran disponibles sin restricción de horario y que no se repitieran entre entidades.

A la espera del reglamento de esta ley, que tiene tres años de vigencia, el avance es dispar entre las entidades del Estado.

Según el artículo 41 de la también llamada “ley antitrámites”, en el primer año las dependencias deben implementar medios electrónicos y, en su segundo año, que se cumple este próximo 31 de agosto, los sistemas deben permitir la gestión de trámites electrónicos en su totalidad.

De acuerdo con el comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico Eddy Cux, un 80 por ciento de los trámites de todas las dependencias de gobierno ya estarán disponibles digitalmente a partir de la próxima semana. Sin embargo, quedará un remanente de procesos por digitalizar. En este contexto, solo 10 de las 26 dependencias cuentan con los sistemas informáticos al 100% para la implementación.

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Sobre este tema, Guatemala No Se Detiene convocó a un foro transmitido por Guatevisión el pasado 26 de agosto, en el que participaron Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, y Devadit Barahona, directivo de Agexport y experto en tecnología, quienes conversaron sobre los desafíos de cara al cumplimiento de la fecha límite establecida por la ley.

Exceso de trámites afecta competitividad

Reducir los trámites administrativos es un tema de interés para el sector privado. Barahona reconoce que “a veces estamos listos para exportar algún producto y somos competitivos tanto en calidad como en precio, la demanda está ahí, pero un registro nos puede llevar puntualmente hasta año y medio, eso en otros países no se da y definitivamente nos afecta porque otros países ya tienen sus procesos más simples y, sobre todo, digitales”.

Insiste en que, antes de digitalizar un trámite, primero lo que se debe hacer es simplificarlo. “Por ejemplo, el hecho de que haya un requisito de tener que ir a una dependencia o un ministerio, subir una cantidad de niveles en un edificio para pedir una fotocopia de un documento emitido por el mismo ministerio, no tiene sentido que sea digitalizado; es decir, primero tiene que ser simplificado. Esto es de interés de la población, porque el tiempo es dinero”, reclama.

Para Prado, digitalizar implica una inversión importante y “va a depender también de institución en institución y del estado en el que se encuentre cada una, porque cada una tiene una brecha muy distinta por atravesar”.

Remarca la importancia de asegurar la interoperabilidad de todos los sistemas entre cada una de las instituciones “justamente para garantizar que los trámites que yo hago en una entidad de una u otra forma me estén apoyando para trámites en otra entidad. Eso es un reto importante que lo tenemos claro como gobierno y hacia el cual estamos trabajando”.

Según la funcionaria, cada una de las entidades que tuvo que hacer una simplificación tuvo que entrar en un acuerdo gubernativo para reformar las distintas normas que se verían afectadas. “Ya no hay necesidad de regular más, lo que hay es necesidad de implementar y sobre la marcha ir trabajando en esos pequeños retos”

Riesgo de no cobrar trámites

Los trámites que no estén digitalizados para el 2 de septiembre podrían correr el riesgo de no poder cobrarse.

Barahona se refirió al caso de uno de los ministerios que dependía en más del 40 % de sus ingresos anuales por parte de estos trámites, que ya estaban comprometidos para simplificarse: “Entonces, decirle a un ministerio que prácticamente va a perder esa fuente de ingresos, que es tan importante, definitivamente es un impacto gigante y creo que es un incentivo lo suficientemente grande como para que ellos cumplan el 31 de agosto con esta fecha límite”, señala.

Prado complementa que esto constituye un incentivo o desincentivo muy importante, porque hay algunas dependencias que necesitan esos fondos privativos para poder asegurar su operación. “Por ejemplo, en el caso de los registros que yo tengo bajo mi responsabilidad, el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad Intelectual, vamos a cumplir el 100 % y, por lo tanto, no nos vamos a ver en esa situación. Sin embargo, seguramente va a ser una situación complicada para aquellos que no lo puedan lograr”.

El representante empresarial considera importante, de cara a que caduque la fecha límite en la ley, hacer un planteamiento de fechas: “Como una contrapropuesta de las fechas en las cuales estos procesos van a ser simplificados y, además, cómo se va a poner en marcha posterior a esta fecha límite. Eso conlleva la adaptación incluso presupuestaria de cada ministerio que precisamente no cumpla”.

¿Cuál es el estatus a la fecha?

Según Cux, este proceso de digitalización de trámites cuenta con varias etapas, la primera de las cuales consistió en inventariar la cantidad de trámites que ejecutaban las entidades obligadas por la Ley, siendo el resultado contar con un inventario de 1,561 trámites por simplificar en la segunda etapa.

En la siguiente se dio el análisis de simplificación y se determinó suprimir 367 trámites que resultaron innecesarios, quedando un inventario de 1,194 trámites que se requirieron para completar el proceso de simplificación, el desarrollo de los sistemas electrónicos y de la normativa jurídica.

“Actualmente se encuentran en funcionamiento 252 trámites, los cuales están disponibles para uso de los ciudadanos desde agosto de 2023, quedando pendientes a la fecha 942 trámites” según Cux.

Añadió que, de los 942 trámites indicados, 837 ya cuentan con los sistemas electrónicos y tienen en desarrollo las normativas por parte de las dependencias, lo cual significa que en un “plazo breve” estarán disponibles para los usuarios.

Es importante aclarar que, la GAE según el artículo 34 del Decreto 5-2021 es el encargado de impulsar la simplificación de trámites en el Organismo Ejecutivo. Sin embargo, según el último párrafo, el Ministerio de Economía “desarrollará las funciones detalladas en el presente artículo en trámites administrativos vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de la inversión y registros públicos a su cargo”. En el cuadro únicamente se registra la cantidad de trámites que la GAE brinda acompañamiento a este ministerio; es decir, el número de trámites que el Mineco brinda a sus usuarios es mayor a lo que se reporta en el cuadro.

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¿Un DPI digital en Guatemala?: Primero debe haber dinero y un sistema único de pagos

Thu, 29 Aug 2024 12:00:00 +0000

gobierno electrónico

¿Un DPI digital en Guatemala?: Primero debe haber dinero y un sistema único de pagos

Expertos señalan ruta que debe seguir el país para digitalizar uno de los servicios ciudadanos del futuro: la identidad digital almacenada en todas las oficinas de gobierno.

Juan Manuel Fernández C. y Ximena Santiago

29 de agosto de 2024

06:00h

Para que Guatemala tenga una identidad digital unificada, expertos dicen que debe contar con medidas adecuadas de seguridad informática y legislación para proteger a los ciudadanos. (Foto Prensa Libre: Freepick)

Abrir sesión en el dispositivo, ingresar a la página del Ministerio de Salud o a la Cancillería con un identificador único, sin necesidad de fotocopias. Hacer el pago electrónico y repetir el proceso cuantas veces sea necesario, sin salir de casa, porque los datos están seguros en un servidor y el país ha cambiado la cultura de papel por un Estado digital.

Este podría ser un futuro no muy lejano en Guatemala, menos de 10 años, según la proyección de los expertos, en un proceso que debería tener al ciudadano como el centro de la estrategia.

Sin embargo, el camino por recorrer todavía es largo, y, según conclusiones en un foro de expertos convocado por Guatemala No Se Detiene y transmitido por Guatevisión el pasado 26 de agosto, deben resolverse ciertas limitaciones relacionadas con la conectividad, el presupuesto y la digitalización de los servicios del Estado.

Identidad digital en Guatemala

“Si hablamos de identidad digital y de un DPI digital, fortalecer el Registro Nacional de las Personas (Renap) es crucial, junto con la legislación adecuada y el apoyo presupuestario a otras entidades, es el punto de partida para la digitalización”, señaló durante el encuentro la líder de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, Ana Isabel Antillón. La experta hizo énfasis en la unificación de los trámites y la centralización de la información en un solo usuario para todos los registros y trámites del Estado.

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El diputado Nery Rodas, quien preside el Foro Parlamentario para la Transformación Digital, es del criterio de que, sin una conectividad adecuada en todas las regiones, los esfuerzos de digitalización no serán efectivos. Dicho foro desarrolla un Plan Maestro de Transformación Digital, que ha implicado la instalación de una mesa temática en el Congreso para revisar y proponer nuevas iniciativas de ley, especialmente en áreas como la ciberseguridad y la protección de datos. Otra de estas es la Ley Marco de Transformación Digital, que va a permitir que todas las instituciones puedan intercambiarse la información y que esta esté unificada.

El legislador del bloque Cabal, que además es tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, apeló a la voluntad política como pilar indispensable para avanzar en la agenda, y llamó a la colaboración entre el Legislativo, el Ejecutivo y otras instituciones del Estado, así como a la participación de entidades internacionales que deseen apoyar la transformación digital en Guatemala. Según Rodas, se ha reunido con el presidente y la vicepresidenta del país para discutir la necesidad de transformación digital. Además, mencionó que el proceso de digitalización no debe limitarse a los trámites actuales, sino que debe abarcar áreas como la identidad personal, la salud, la educación y el comercio electrónico.

“Se necesitan fondos y un cambio cultural”

Antillón dijo que se debe colocar al ciudadano como el centro de todo el proceso de digitalización. Afirmó que muchas veces se considera únicamente lo que necesitan los funcionarios públicos, pero es fundamental sensibilizar a las instituciones para que se enfoquen en el usuario final.

La líder de la mesa de Certeza Jurídica también habló sobre los retos que enfrenta Guatemala en el camino hacia una identidad digital unificada, mencionando que es esencial contar con medidas adecuadas de seguridad informática y legislación para proteger a los ciudadanos. A lo largo del proceso, han identificado varios obstáculos, como la necesidad de asignación presupuestaria a cada institución y la fuga de recurso humano especializado en tecnología.

Antillón se refirió al tema de la voluntad política que mencionaba Rodas, y señaló que es necesario trabajar en la experiencia del usuario y en la simplificación de trámites, incluyendo la creación de una ventanilla única de pagos. “La voluntad política no es suficiente por sí sola; también es necesario abordar la resistencia al cambio dentro de las instituciones y fomentar una cultura digital interna”.

“Si vamos a hacer nuestros trámites en forma digital y aportar nuestra documentación, en ese mismo lugar deberíamos tener la posibilidad de hacer el pago por medio de una transferencia bancaria o con pago de tarjeta de crédito o de débito”, indicó.

Hay muchas personas que no se atreven a dar datos, porque quién va a manejar esa información, el tema de la ciberseguridad, ciberdelitos; sí hay una legislación que se tiene que empezar a trabajar, revisar las que hay y fortalecer las que se requieran, pero todo esto va de la mano de la conectividad.

Servicios digitales en consulados

En relación con los servicios para los guatemaltecos en el extranjero, Rodas se refirió a implementar una ventanilla única en los consulados, lo cual permitiría aumentar la eficiencia en la atención a los ciudadanos. Afirmó que este sistema ya está listo para ser implementado y que solo falta coordinar los detalles entre las instituciones involucradas.

“Hay que ayudar a las personas que están fuera —la mayoría en Estados Unidos— a agilizar el tema de sus documentos, poder tener un pago digital y no tener que hacer todo lo que hoy hacen en los Estados Unidos. Dentro de eso, se requiere voluntad política, ya que se tiene la mayoría de las herramientas para hacerlo. Hoy, los consulados, para poder capturar la información de las personas que viven en los Estados Unidos, tienen que pasar por cuatro sillas diferentes para poder capturar sus datos”, señaló.

“Lo que se requiere aquí es que la gente de Relaciones Exteriores, del Renap y del Instituto Guatemalteco de Migración se pongan de acuerdo”, añadió. Concluyó sobre la importancia de fijar esa visión de transformación digital y la unión de los esfuerzos de los poderes del Estado, “aprendiendo de los errores” de otros países en temas de legislación.

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Identidad digital en Guatemala: “Primero debe haber confianza y compromiso político”

Thu, 20 Jun 2024 12:05:00 +0000

certeza jurídica

Identidad digital en Guatemala: “Primero debe haber confianza y compromiso político”

Experto en transformación digital señala puntos cruciales en la ruta para que el país dé servicios de gobierno electrónico asociados a una agenda digital para el guatemalteco.

Ximena Santiago

20 de junio de 2024

06:05h

La identidad digital es necesaria en nuestro país para facilitar y agilizar los procesos de trámite que realizan los guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La identidad es probablemente el primero de los derechos de un ciudadano, porque de esto depende las responsabilidades del Estado para dar acceso a servicios como la salud, la seguridad o la educación. Esto aplica tanto al mundo digital como al físico.

José Clastornik es elocuente cuando habla de transformación digital. Él fue uno de los que lideró la agenda que permitió que Uruguay diera sus primeros pasos para identificar a su población virtualmente. Además de haber sido director ejecutivo de la Agencia Nacional de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Crecimiento (Agesic) en el país sudamericano, durante su gestión se crearon regulaciones, políticas e iniciativas para el desarrollo del Gobierno Digital, protección de datos personales, acceso a la información pública, contrataciones públicas, certificación electrónica, ciberseguridad, entre otros.

Guatemala ya inició la exploración de ese camino. Pero Clastornik es enfático en que para concretar este servicio básico en una estrategia de gobierno electrónico, se necesita compromiso político, personas e instituciones dispuestas a cumplir, una visión clara y un instrumento de alineamiento de las agendas digitales y de todo el ecosistema.

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Guatemala No Se Detiene

“Atrás de eso está implícito que se necesita una institución con las capacidades de rectoría y financieras para promover determinadas prácticas o proyectos. Si se tiene un poco de todo eso es posible recorrer el camino” esboza.

A la luz de su experiencia, sin ese liderazgo político no sería viable impulsar la agenda. Durante su visita por Guatemala en 2024, concedió una conversación a Prensa Libre respecto a cómo implementar la identidad digital en Guatemala.

¿Qué es la identidad digital?

La identidad digital es el conjunto de atributos que te permiten ser una persona. En la vida real, no virtual, se tiene una determinada identidad que es validada por determinados mecanismos de gobierno. Tienes que presentarte e identificarte en algún lugar, tienes una cédula de identificación o un pasaporte con el que te presentas e identificas. Pero la dinámica de la identidad puede ser extendida, no es solo de personas, sino en necesidades que se dan a través de la identificación, por ejemplo identificar a un animal en trazabilidad ganadera u objetos en gobierno inteligente, que en las ciudades puede ser un semáforo para que esté sincronizado con otros. En el gobierno inteligente también hay que identificar esos instrumentos.

Hay una lógica general que es la identidad, es el conjunto de atributos que te definen y hay un proceso de identificación asociado a esa identidad por el cual la entidad se presenta o se identifica ante alguien, a través de determinados procesos o caminos.

¿Qué facilita la identidad digital a un ciudadano?

La identidad es probablemente el primero de los derechos, si una persona no tiene identidad, no tiene ni derecho ni obligaciones con el Estado. De alguna forma, el que pueda tener servicios de salud, derecho a la seguridad y a la educación en determinados niveles dentro del Estado está asociado a cómo te identificas frente al Estado.

¿A qué servicios se pueden acceder?

Cada persona debe tener un número de identificación en el ambiente físico, pero también en el virtual. Para acceder a los derechos hay que contar con una identidad y utilizar los atributos para identificarte tanto en el mundo físico como en el digital. Cuando mapeas el espacio analógico en el digital valen lo mismo, no se puede interactuar con ese mundo digital si no se tiene una identidad digital con cuál hacerlo.

Se necesita de esa identidad digital para poder interactuar con el mundo o con la presentación digital del Estado en el que vivimos o con el que interactuamos. Después, existe la dinámica de decir con qué nivel de seguridad necesitas identificarte, por ejemplo, si lo que quiero es conseguir información de vuelo para ir o venir de Guatemala no necesito identificarme demasiado, pero si voy a realizar un pago digital para cerrar la transacción, necesito un nivel de seguridad mayor. Los mecanismos de identificación tienen distintos niveles de seguridad, dependiendo de la seguridad con la cual lo registraron y con cuál se identifica ante la institución con la que esté interactuando.

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¿Cuáles son los mecanismos de identificación y de seguridad que deben existir?

En el proceso de identificación tenemos tres formas de identificarnos. La primera es relativa a algo que sabemos, por ejemplo, un usuario y una contraseña. La segunda es referida a lo que somos, por ejemplo, el celular que nos identifica porque colocamos un dedo o porque reconoció nuestra cara. Y una tercera forma es relacionada con algo que se tiene físico, puede ser con el celular o una cédula de identidad digital que tiene un chip con un número específico.

Los niveles de seguridad mayores implican la utilización de dos factores de autenticación distintos, por ejemplo, algo que sé y algo que tengo. Si visualizamos determinadas transacciones bancarias, entramos en la aplicación o en el sitio web con un código que es algo que sabemos, pero para terminar la transacción nos pide un número, un token, que está en un dispositivo o en una aplicación, que es algo que se tiene. Lo que hace el banco es utilizar dos factores de autenticación para la identificación.

¿Qué avances ha logrado Uruguay con la implementación de la identidad digital?

El sistema de identificación es un ecosistema, no hay una sola institución que esté haciendo las cosas, sino que son múltiples instituciones. Existe una unidad rectora que definirá los distintos procedimientos de registro en función de los niveles de seguridad. Si hay mecanismos de autenticación, por ejemplo, con el celular o con una cédula entidad electrónica, esa misma Unidad Reguladora deberá decir cuáles son los estándares que se deben cumplir desde el punto de vista tecnológico, si alguien quiere dar certificados electrónicos la Unidad Reguladora tendrá los mecanismos de que la entidad certificadora cumple sus estándares.

No son solo personas las que se pueden certificar. En Uruguay, por ejemplo, hay tres millones de personas y se dan a los mayores de edad cédulas con chip que permite la autenticación y la firma digitales. Están las empresas que son personas jurídicas que tienen chips para facturación electrónica y hay otras instituciones que son las que dan esos certificados. En Uruguay hay 12 millones de vacas con trazabilidad ganadera, entonces todas las vacas tienen una caravana en el oído con las cuales las identifican y entonces hay otras instituciones que pueden dar esos certificados. Se trabajó para que haya un uso importante de los mecanismos de autenticación digital y aplicaciones que usen la autenticación digital para el beneficio de la gente.

Respecto a la privacidad y seguridad del uso de los datos, ¿cómo se puede generar la confianza en los ciudadanos?

Prácticamente, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue generar la institucionalidad y el marco legal de la Unidad Reguladora de privacidad de protección de datos. En Uruguay lo que había cuando nosotros arrancamos hace unos 20 años era una Unidad Reguladora pensada para el tema crediticio, para esas empresas que daban información personal asociada a su capacidad de crédito. Pero, con una lógica de interoperabilidad en el Gobierno Digital, es crítico tener una regulación de privacidad de protección de datos que lo ampare. Desde el principio tuvimos que hacer la regulación. Todo el tema de ciberseguridad, de privacidad y protección de datos se engloba bajo un gran paraguas que se llama confianza. ¿Cómo se genera confianza en el uso de estos instrumentos? ¿Cómo uno garantiza que existen para cuidar la información?
Después del marco institucional hay que comunicarlo a la población. Existen muchas formas de trabajar, una forma es exigir que todas las instituciones tengan un responsable de datos ante la Unidad Reguladora. Otro es sensibilizar a la gente, en nuestro caso empezamos con campañas con los chicos de la escuela, por ejemplo, en una campaña que se llamaba “Tus datos valen” explicaban el valor de los datos y su uso. Había concursos de afiches o de videos promocionales del tema que hacía que los chicos trabajaran en talleres y compitieran. Obviamente, estaban interesados en ganar el premio, que era ir a Montevideo y tener un día menos de clase, pero la estrategia funciona.

Es un país con varias lenguas, como Guatemala, ¿cómo se puede llegar a toda la población?

Siempre el tema de la inclusión en los países con distintas culturas, distintos lenguajes y distintas nacionalidades existe la necesidad de cómo incluirlos y es un tema que está en la dinámica de los trabajos. Un país como Uruguay, que tiene solo un idioma y una cultura homogénea, tiene menos dificultad que la que se pueden tener aquí o en otros países. En la medida que se incorporen diccionarios que permitan la traducción simultánea de la página web, se empieza a contar con instrumentos de acercamiento, de inclusión. El tema pasa porque las empresas privadas son las que tienen esas herramientas de traducción, que pueden o no ser económicamente viable hacerlo, entonces ¿cuál es la política del país para que en caso de que haya comunidades que no estén incluidas se incluyan? Quizás financiando herramientas de traducción.

¿En qué debe priorizar la inversión un gobierno?

No se puede pensar en un proyecto aislado en el que digas: “esto es un pedazo de hardware o de software o de un consultor que viene y me explica algo. La dinámica es entender la iniciativa de principio a fin, hacerle el seguimiento y medir el impacto que genera. Las iniciativas tienen que ser coherentes entre sí y estar alineadas. Muchas de estas son de instituciones distintas, hay que alinearlas a una sola iniciativa y para eso necesitas un mecanismo de gobernanza, necesitas tener agendas digitales o planes de acción digitales que te ayuden a hacer el seguimiento y proyección de las acciones que estás teniendo hoy y que se visualicen en una lógica de continuidad en el tiempo.

¿Cómo se construye una legislación?

Cada una de las de los temas que estamos hablando termina en una ley. Si se va a crear una Unidad Reguladora de privacidad de Protección de Datos, necesitas una ley que genere la institucionalidad, por ejemplo, si sale por un decreto del Poder Ejecutivo se necesita que alcance a toda la sociedad, que salga como una ley.

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VIDEO | Ciudadanos digitales: cómo contar con una identidad digital única en Guatemala

Wed, 19 Jun 2024 22:32:52 +0000

CERTEZA JURÍDICA

VIDEO | Ciudadanos digitales: cómo contar con una identidad digital única en Guatemala

La tecnología puede ser aplicada en los servicios que realizamos como ciudadanos digitales con una entidad de gobierno o algún servicio público. En este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene descubrimos la ruta para que Guatemala identifique a sus ciudadanos con un código único electrónico y los pasos para avanzar en ese camino.

Juan Pablo Corado

19 de junio de 2024

16:32h

En esta emisión de Guatemala No Se Detiene descubrimos cómo sería el país si se da el salto digital que tanto necesitamos. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

En Guatemala, actualmente las personas deben afrontar muchos papeleos para realizar un solo trámite, lo cual les significa al usuario costos innecesarios y procesos lentos, esto ante la falta de una estrategia digital en el país.

Implementar el uso de un código único electrónico podría facilitar distintos trámites que realizamos, en el cual podríamos tener toda nuestra información personal (como temas médicos y de identidad) y utilizarlo con tan solo sacar nuestro teléfono inteligente de la bolsa o simplemente activarlo por medio de un reconocimiento facial.

En este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene, durante sus distintos segmentos, descubrimos qué tan empinado es el camino hacia la digitalización y cuánto nos falta para contar con un método digital como este en nuestro país.

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Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo

Thu, 25 Apr 2024 12:05:00 +0000

certeza jurídica

Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo

País está entre los que tienen más “retrasos injustificados” de procesos en justicia civil. Una propuesta piloto en tres salas en el país busca formas de reducir tiempos en ingreso y entrega de expedientes.

Ximena Santiago

25 de abril de 2024

06:05h

Los procesos de trámites judiciales pueden durar años y los guatemaltecos se ven obligados a perder tiempo y enfrentar gastos altos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El servicio de justicia civil en Guatemala es uno de los más lentos del mundo, según el Índice del Estado de derecho (IED) que evalúa 142 países con base en ocho factores, publicado por el World Justice Project (WJP). El país ocupa el lugar 111 entre 142 países en el índice general (0,44 puntos).

Sin embargo, cuando se desagregan los subfactores del apartado “Justicia civil”, la calificación más baja es en los tiempos de respuesta. “Guatemala tiene una nota de 0.13 sobre uno, básicamente allí lo que se evalúa es si el sistema de justicia civil no está sujeto a retrasos que no son razonables, es decir, los tiempos que se tarda el sistema de justicia civil en resolver”, explica David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). En este subfactor que mide si la justicia civil no está sujeta a retrasos injustificados, Guatemala se posiciona en la casilla 141 de 142, superando solo a Venezuela.

Una de las preguntas para este subcomponente es respecto a qué extensión en tiempo le tomará a un juez llegar a una decisión desde que se presenta el caso hasta el momento en que se llega un acuerdo. Una buena nota refleja que la resolución se alcanza en menos de un mes y una mala nota, en más de cinco años. Para Casasola, la calificación de 0.13 refleja “que la mayoría de las personas encuestadas valora que los procesos toman más de cinco años”.

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El IED mide a los países en cuanto a límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia criminal. Cada uno de ellos incluye subfactores, que entre los ocho suman 44 ítems, los cuales se miden con una escala entre cero y uno, de modo que el uno representa la nota que evidencia un Estado de Derecho más fuerte y cero uno más débil.

Para obtener este dato, el WJP realiza un estudio cualitativo, en donde se asigna el punteo a 463 preguntas realizadas a dos grupos de cada país: una muestra de mil personas representativa de la población y otro grupo de expertos en distintas ramas del derecho.

Mora judicial alta

Estos plazos extensos para una resolución no se limitan al ámbito civil, también se presentan en otras ramas tales como tributaria, mercantil, o penal, lo que genera en cualquiera de estas materias una mora judicial.

En los últimos cinco años, los rubros en que el país sale peor evaluado tienen que ver con “ausencia de corrupción”, justicia civil y justicia criminal.

Guatemala está entre los países en los que se percibe que las personas no pueden acceder y costear justicia civil (lugar 140 de 142); que la justicia civil está sujeta a retrasos injustificados (141/142) y que la justicia civil no se aplica efectivamente (139/142).

Existe una propuesta que funciona como un plan piloto para diagnosticar los puntos donde están los cuellos de botella de la mora judicial y que podrían dar insumos para empezar a revertir un problema sistémico.

Se trata de salas que han comenzado a implementar la Norma 9001:2015 en políticas, procesos y procedimientos documentados para poner un tope, a través de un sistema de gestión de calidad, a los plazos de los servicios del juzgado a la población.

Las salas que hoy están certificadas son la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango; la misma instancia, pero en Quiché y la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz. Esta última está presidida por la magistrada Irma Judith Arrazate, quien en 2018 optó por tramitar la certificación.

“Empecé con la idea de mejorar el servicio, con la voluntad del personal auxiliar con el que se cuenta en esta sala lo platicamos y de nuestro bolsillo pagamos para recibir 16 cursos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)”. Arrazate y sus compañeros cubrieron los gastos de cada uno de los cursos sobre liderazgo, comunicación asertiva, rapidez de manejar el despacho y tener la mesa limpia, que se refiere a la entrada y salida de procesos en el menor tiempo posible. Con esto ya cumplían con los requisitos para solicitar la norma ISO, certificado que también financiaron y trajeron de Colombia.

Obtener esta certificación de gestión de calidad conlleva cumplir con tres indicadores que permiten obtener métricas para evaluar el rendimiento y el desempeño “en lo que se refiere a ingreso de documentos y salidas, a plazo para notificación y devolución de expedientes”, explica Arrazate. De acuerdo con la magistrada, entre los 16 procedimientos que registran en la Sala Sexta de Cobán cada uno tiene un tiempo: el mayor es de 60 días y el menor, que son las apelaciones, no más de dos semanas.

La auditoría en el proceso de certificación también documenta que los plazos de respuesta también impactaron en el dictamen de la sentencia, ya que Arrazate contabilizó que antes de la certificación “se dictaban únicamente 10 sentencias al mes, ahora hemos dictado hasta 40, tomando en consideración que solo se trabajan 20 días hábiles en un mes calendario.

Para Arrazate la diferencia de la sala que preside en comparación con las que no cuentan con la certificación es que, si bien completan los mismos procesos, en su sala los resuelven en menor tiempo con el uso de una metodología basada en leer, analizar y resolver. El resto de salas tiende a aplazar los tiempos de respuesta teniendo como consecuencia la mora judicial, concepto que Arrazate separa en dos tipos: el primero se debe a que hay “mucho trabajo, pero depende de la organización y la cantidad de audiencias que se celebren en el mes. El segundo es la mora judicial del funcionario que, teniendo ya la fecha vencida para dictar la resolución, no la dicta”.

Rogelio Can Sí, magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Cobán, que está en camino para lograr la certificación, afirma que este podría ser un modelo para aplicarlo paulatinamente en otras salas del país, pero que la capacitación del personal y el cambio de “mentalidad” y “actitud” del personal de sus jueces es indispensable para que se refleje un cambio.

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Masificar prácticas

Si bien existen solo tres salas certificadas bajo la norma ISO y otras en vías, como la sala mixta de apelaciones en Cobán, hay una tarea pendiente para masificar la práctica de este modelo en todo el país.

Gregorio Saavedra, abogado y analista político, considera que el tema le compete a las máximas autoridades del Organismo Judicial y que “tiene que ver con un incentivo a quienes ocupan las judicaturas y las magistraturas, porque uno de los elementos de evaluación para los magistrados tiene que ver con el cumplimiento de sus cargos”.

Al aplicar este modelo para una justicia rápida se podría lograr el diagnóstico para “encontrar en dónde están las motivaciones de la mora judicial y si están inclinadas a un exceso de carga de trabajo”, pero afirma que abordar las cargas implica construir estrategias y mecanismos para eficientizar la gestión, cuando ninguna de las dos se atiende tenemos el resultado de lo que puede ser una excesiva saturación”.

Lo que otorga la certificación, resalta Saavedra, es una comprensión clara y panorámica del proceso que identificará “en dónde están las potenciales soluciones y si esas pueden tomarse por vías administrativas o necesitan reformas institucionales de tipo legal por parte de las máximas autoridades”.

Saavedra apunta que mientras no se impulse este estándar para cumplir con los tiempos en los diversos procesos, la lentitud de respuestas seguirá afectando en dos aspectos al país: la imagen que proyecta al mundo y en el aumento de costos para el ciudadano. El primero se refiere a que, debido a una justicia lenta, hay falta de “condiciones apropiadas para que la inversión se genere”, así lo considera Saavedra, respecto a la competitividad del país.

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) apunta que el criterio influye en “cómo atraer mayor inversión y ser más relevantes. Cuando lo vemos a nivel internacional es un elemento que siempre surge y está presente también en los ejercicios de calificación de riesgo país”.

Añade que la falta de resolución pronta en las salas judiciales “encarece todo”. Por ejemplo, el crédito, si alguien que está otorgando crédito mira que la posibilidad de retorno se va a complicar porque un incumplimiento no va a tener la efectividad del sistema de justicia, lo que hace, es decir: ‘mi riesgo es mayor, y cuando aumenta tengo que subir los costos’. “Esto genera una cadena, ya que, si el crédito es más caro, por ende, el costo de vida también se verá afectado”, sentencia.

En Guatemala “todos los procesos pueden demorar años, hasta los que debieran ser más ágiles, como el cobro de pensiones alimenticias o los procesos sucesorios se han vuelto un tema en donde someterse al sistema de justicia por cualquier tipo de juicio es casi tormentoso” explica el académico.

A esto, Hurtado agrega que para cambiar este panorama las prácticas de la norma ISO en las salas son importantes, ya que en“la medida en que se puedan ir replicando, con o sin certificación, lo que interesa es que el servicio de administración de justicia tenga la eficacia que necesita”.

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“Una justicia lenta es como no tener justicia”

Thu, 25 Apr 2024 12:00:00 +0000

cERTEZA JURÍDICA

“Una justicia lenta es como no tener justicia”

Experto en temas legales explica por qué la poca celeridad en procesos judiciales eleva los riesgos e impacta en las decisiones de inversión.

Ximena Santiago

25 de abril de 2024

06:00h

En Guatemala, hacer trámites requieren más tiempo de lo normal, incluso con procesos que deberían ser sencillos y rápidos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Un país que tenga mecanismos claros de solución de controversias es una garantía para un inversionista que coloca su capital en esa plaza. Por el contrario, cuando esos mecanismos no están claros, el efecto inverso es directamente proporcional, y se pueden ahuyentar capitales.

Esta es parte de la explicación que da Manuel Ramírez, experto en temas legales y country managing partner EY Guatemala, quien hace una correlación entre esa certeza jurídica y el efecto no solo en empresas, si no en aspirantes a obtener un empleo en el país, y de cómo es importante alejarse del escenario de una justicia lenta.

Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de certeza jurídica de Guatemala no se detiene, complementa que “existen diferentes índices que reflejan la celeridad y calidad con la que se presta la justicia en Guatemala y son tomados en cuenta por diferentes inversores o instituciones que recomiendan a qué países llevar su capital. En la medida en que mejoremos la administración de justicia, el país va a ser más atractivo para la inversión extranjera, y eso genera empleos de mayor calidad”. Apunta que la transparencia y la celeridad en los procesos de justicia puede ayudar a bajar los costos para el ciudadano.

Este es un breve extracto de una entrevista que Ramírez concedió a Guatevisión y a Prensa Libre sobre el tema:

¿De qué forma afecta la mora judicial a las empresas?

Todas las compañías tienen que tomar decisiones desde varios ángulos, por ejemplo, un cliente que no les está pagando el tiempo, deben considerar si deben o no acudir a un tribunal para hacer el cobro por la vía judicial. O si tienen una relación comercial que consideran no se está ejecutando conforme al contrato es natural que se evalúe si acuden o no a un tribunal para obtener una solución de esa controversia.

La mora judicial es sin duda uno de los elementos que toman en cuenta porque todos se preguntan cuánto tiempo voy a tardar en este juicio, o pagando honorarios a mis asesores de distintas ramas, como abogados o economistas. Es una pregunta natural para considerar si dan o no el visto bueno a la decisión de proceder judicialmente.

Cuando la justicia es lenta, ¿cómo provoca pérdidas de dinero a las empresas?

Se suele decir que en una justicia lenta es igual a no tener justicia. Si usamos esa idea como base, la ausencia de justicia nos lleva a un ecosistema de falta de certeza jurídica muy amplia, y en ese escenario todos los empresarios tienen una preocupación constante de lo que se garantiza su inversión y de su apuesta por un país, de cómo se resuelven las controversias cuando existan, si se van a resolver conforme a la ley o a ciertos intereses o a cómo se están ejerciendo ciertos poderes en determinado momento. Eso crea un riesgo alto a los capitales y tiene una incidencia en los resultados de las organizaciones.

¿Por qué a los guatemaltecos que buscan empleo les conviene que la justicia sea rápida? La pregunta nos permite dar visibilidad a una situación que los de a pie tenemos en el día a día. Si tenemos un desacuerdo con la manera en que se nos pagó una indemnización al momento de la terminación de una relación laboral sin justa causa, lo natural es que acudamos a un tribunal de carácter laboral para que se haga el cálculo correcto sobre quién tiene la razón de cuánto debía ser la indemnización. Si eso va a durar mucho tiempo, habrá un buen número de trabajadores que tienen esa inquietud, prefieren no hacerlo, por no tener el tiempo para resistir lo largo que es un proceso judicial. Ese es un caso donde una persona individual también se ve afectada por la tardanza en los tribunales.

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VIDEO | Acelerar la Justicia de Guatemala: ¿Por dónde empezar?

Thu, 25 Apr 2024 01:19:27 +0000

certeza jurídica

VIDEO | Acelerar la Justicia de Guatemala: ¿Por dónde empezar?

Algunas de las prioridades en un restaurante, es entregar la comida rápidamente y bajo estándares de calidad; mientras que, en las salas judiciales del país, sucede lo contrario. En este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene, analizamos por qué nos urge una Justicia rápida y cómo los procesos de trámites lentos están afectando a los guatemaltecos.

Juan Pablo Corado

24 de abril de 2024

19:19h

En esa nueva entrega de Guatemala No Se Detiene, dramatizamos un caso real que tomó más tiempo de lo esperado en resolverse. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

¿Qué tiene que ver la preparación de una hamburguesa con el funcionamiento del sistema judicial del país? Pareciera una analogía complicada, pero existen muchas similitudes entre ambos ejemplos. En un restaurante que vende hamburguesas, a pesar de pasar por diversos procesos en los que se busca entregarle al cliente un producto de alta calidad en cada uno de sus ingredientes, los pedidos se entregan de manera muy rápida al cliente y este queda satisfecho con la atención. Lo mismo se esperaría de las salas judiciales de nuestro país, sin embargo, allí los procesos de atención y seguimiento de casos son muy lentos, engorrosos y a veces caros.

En esta nueva emisión, analizaremos la manera en que esto afecta a los guatemaltecos y lo que las autoridades deben hacer para ofrecer mejores y más ágiles servicios judiciales. Si la Justicia es más rápida, los usuarios perderán menos recursos, como tiempo y dinero, y definitivamente Guatemala funcionará mejor.

Además, con un sistema judicial rápido y transparente, más empresas podrían instalarse en el país y, por lo tanto, más guatemaltecos podrían conseguir empleo, tema que también abordamos en El Reportaje y otros segmentos de este programa.

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¿Hacer la práctica profesional en el gobierno?: Buscan mayor uso de servicios digitales

Thu, 14 Mar 2024 12:05:00 +0000

CAPITAL HUMANO/CERTEZA JURÍDICA

¿Hacer la práctica profesional en el gobierno?: Buscan mayor uso de servicios digitales

Proponen convenios entre el sector público y la academia para multiplicar adopción de trámites de gobierno electrónico.

Ximena Santiago

14 de marzo de 2024

06:05h

Una de las tareas tecnológicas más importantes para Guatemala es masificar los servicios de gobierno digital. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Si el Ministerio de Economía contrata a un mensajero para completar un trámite físico que implica llevar papelería a Huehuetenango, un mensajero esperará a reunir la paquetería necesaria para ir hasta ese departamento, ocasionando un gran atraso en los servicios públicos. “Pero si ese trámite es automatizado, se puede recibir en segundos”, ejemplifica Lisardo Bolaños, exviceministro de Economía.

En esta línea, Guatemala tiene una tarea por impulsar los servicios vinculados con gobierno digital. Las calificaciones actuales son retadoras, tomando en cuenta el Índice de Desarrollo de la Administración Electrónica, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, donde Guatemala se posicionó en el puesto 126 de los 193 países que formaron parte del estudio. Además, en el Índice de Participación Electrónica ocupó el lugar 114 de 193. Estos números reflejan que Guatemala está “rezagada respecto de varios países”, según Eddie Cux, coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

Impulsar las prácticas existentes

Para que estas cifras mejoren es necesario masificar los servicios de gobierno digital, una tarea que involucra tanto al gobierno como a otro actor que podría ser crucial: las universidades. Particularmente, las facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas son el primer grupo que puede influir desde la academia “para llevar a cabo el proceso de digitalización y analizar cómo se empieza a acostumbrar al sector académico, en este caso los que están estudiando leyes que empiecen a adaptarse a la implementación de los trámites legales”, resalta Bolaños, quien además es coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene.

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Guatemala No Se Detiene

Actualmente ya existen 119 trámites relacionados al comercio y trabajo en Guatemala que se pueden completar digitalmente, cifra que registra el portal Asísehace.gt, una herramienta desarrollada por el Mineco a través del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).

Entre las instituciones que ya cuentan con estas facilidades en línea se encuentra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que lidera la lista con 27 trámites; los bancos automatizados, con 14; el Registro general de la propiedad, que contabiliza 13; le sigue el Registro Mercantil, con 12 y el Registro general de adquisiciones del Estado, con ocho. Sin embargo, esos 119 trámites no representan ni la cuarta parte del pastel total.

Además de los abogados, el gremio de contadores y auditores puede ser dinamizador de las diligencias en línea, ya que son las principales carreras en donde la enseñanza superior, a criterio de Bolaños, se pueden “incluir el eje digitalización dentro de las clases”.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ya cuenta con una carrera 100% virtual.

Jaime Augusto Saravia, Coordinador de la Licenciatura en Criminología y Criminalística, resalta que se deben celebrar convenios interinstitucionales entre las entidades del Estado y las universidades, porque por ejemplo muchas plataformas como las consultas electrónicas del Registro de la Propiedad, los archivos del de los procesos digitales que hoy en día tienen el Organismo Judicial solo están disponibles para profesionales debidamente colegiados, “entonces el hecho de tener convenios puede dar la oportunidad que ya los estudiantes se puedan tener un usuario que puedan iniciar procesos de consultas”.

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Añade que, desde el año pasado se implementó el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares y Palmares (AFIS, por sus siglas en inglés) del Gabinete Criminalístico (Gacri) de la Policía Nacional Civil (PNC) -por motivos didácticos-. “Tiene grandes ventajas entre ellas es que está enlazado con el Renap que tiene acceso a todas las empresarias de alquileres de del Renap, que es el registro de huellas más importantes de Guatemala y con solo ingresar determinados datos de la persona que está fichada en cuestión de segundos se puede saber todo el historial de una persona” indica Saravia.

Por su parte, Roberto Carlos Escoto, director de comunicación de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), asegura que: “la ley de simplificación de trámites prácticamente lo agregamos al pénsum. Tenemos muchas cartas de entendimiento con el Registro de garantías mobiliarias, Registro de la propiedad intelectual, el registro y prestadores de servicios de certificación que es la firma electrónica, donde prácticamente a los estudiantes se les están dando herramientas para que se tecnifiquen y lo mismo estamos haciendo en la Escuela de Estudios de Posgrado: tecnificar a los estudiantes.

Para Angélica Rocha, directora de Innovación y Tecnologías para el aprendizaje en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), las universidades deben ser “punta de lanza, para quienes sí llegan con nosotros comprometernos de que van a tener esas habilidades o esas competencias digitales”.

Desde las universidades, los futuros profesionales no solo tienen la oportunidad de aprender cómo aprovechar los trámites que se realizan en línea, sino a desarrollar habilidades digitales que les permitan implementar nuevos procesos en línea. Esto acompañado de la “fluidez digital, que no es solamente saber utilizar las herramientas tecnológicas, sino comprender cuál es el mejor uso que se debe hacer de ellas”, destaca Rocha.

Desde la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, Cux recalca la tarea que tienen para liderar esta “incorporación de la academia, así como a los estudiantes, especialmente para que contribuyan en generar aplicaciones y plataformas en apoyo hacia las instituciones públicas que vayan mejorando esa esa innovación digital”.

Milton Argueta, decano de una Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y miembro del Consejo de la Enseñanza Privada Superior, señaló que además de incluir tres cursos de Derecho y Tecnología en sus programas, dijo que el verdadero desafío es “cambiar la cultura que durante años ha prevalecido en el gremio de abogados y notarios. Una solución fácil es enseñarle a las nuevas generaciones, que ya tienen esa predisposición a la tecnología, implementar soluciones digitales en trámites o en situaciones legales que puedan automatizarse”.

Añade que, “si el Organismo Ejecutivo empieza a flexibilizar, a digitalizar y a modernizar y automatizar sus propios trámites, al usuario no le quedará otra cosa más que acoplarse y lo mismo le pasará a quienes se forman en las universidades”.

Servicios pendientes por digitalizar

El portal Asísehace.gt contabiliza 547 trámites que se deben realizar de manera presencial. Ante ello, Bolaños identifica que otro de los puntos en donde pueden influir las universidades es en la “conversación de los retos que implica a futuro abordar las áreas que todavía no son sujetos de esa digitalización, para que las universidades sean proponentes importantes de cómo se necesita avanzar en esa dirección y referentes valiosos de la modernización que requiere el sector público guatemalteco”.

Para Cux, otra forma de avanzar hacia la digitalización es por medio de certificaciones con validez internacional –como programas de Microsoft– “que permitan contribuir con certificación de profesionales en interoperabilidad (se refiere a las tecnologías y mecanismos que permiten el uso de datos entre sistemas) e innovación digital, con el fin de generar aplicaciones”. Hacer uso de estas herramientas en Guatemala es importante, ya que, de acuerdo con Rocha, “tenemos que ser capaces de adoptar tecnologías emergentes en el trabajo, no solamente en industrias que se dedican propiamente en el desarrollo de tecnologías, sino en todos los sectores donde la tecnología puede generar un impacto”

Prácticas en entidades públicas

Además, otra de las formas es aprovechar las herramientas que aprenden desde las aulas para implementarlas en las diversas instituciones públicas. “El gobierno puede gestionar la coordinación de prácticas profesionales dentro de las instituciones públicas para desarrollar las plataformas a nivel interno y también la contribución hacia la sociedad a través de la alfabetización digital. Estos son mecanismos que se pueden aprovechar desde la academia”, añade Cux.

El siguiente paso para avanzar es establecer “convenios entre el sector público y las universidades para poder identificar cuáles son esas técnicas que ya se están realizando de manera digital, de tal manera que exista una capacitación a los profesores”, sugiere Bolaños.

Por otro lado, hay que buscar la forma de apoyar con investigación desde la universidad respecto a cómo llevar a cabo los procesos de digitalización. “Entre más factores se involucren en el proceso, se puede lograr una Guatemala más digital. O, por ejemplo, una alianza con una universidad que te ayude a hacer una evaluación de las actualizaciones reglamentarias y de los manuales operativos. Lo que hemos aprendido con las digitalizaciones y simplificaciones es el rol del ingeniero industrial en el proceso para entender los pasos” añade. Esto acompañado de la labor complementaria de un programador, un abogado y un economista, que apoyaría con la evaluación del costo de los procesos.

Socialización de gobierno digital

Si bien Guatemala está en un proceso para alcanzar la digitalización, ya existen prácticas que permiten realizar diligencias desde un dispositivo electrónico, sin embargo, no todos los guatemaltecos tienen noción de cómo aprovecharlas.

En este camino hacia un gobierno digital es importante comunicar, tanto desde las aulas de las universidades como desde el gobierno, los cambios en la modalidad para realizar los trámites, ya que hay una labor de dar a conocer “ las reformas que se están haciendo y las modificaciones que representa también un cambio muy importante del paradigma de cómo se manejan los procesos por parte del sector público. Se requiere mayor nivel de información de cómo se está realizando para que la población se dé cuenta que es más transparente, más eficiente y rápido”, indica Bolaños.

Esto “plantea un reto en cuanto darle a conocer a la población que estos trámites ya están en línea, que tienen que confiar en que hay sistemas que están disponibles y facilitan realizar las gestiones en las dependencias públicas”, señala Cux. Sin embargo, esta difusión debe estar acompañada de un “trabajo de alfabetización digital para que la gente entienda la tecnología, que en los departamentos se pueda acceder a un café internet o a ventanillas que puedan poner a disposición el Estado para realizar gestiones desde el departamento, pero para eso se necesita que la gente comprenda desde cómo abrir un correo hasta cómo realizar una gestión pública”.

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Opinión: La cultura digital empieza por la transparencia y el acceso a la información

Thu, 14 Mar 2024 12:00:00 +0000

certeza jurídica/capital humano

Opinión: La cultura digital empieza por la transparencia y el acceso a la información

Resulta innegable la importancia que en la época actual tienen las nuevas tecnologías y el internet.

Juan Pablo Corado

14 de marzo de 2024

06:00h

El uso de herramientas tecnológicas en actividades gubernamentales provee más transparencia en sus procesos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los medios electrónicos determinan hoy, en gran medida, la forma como nos comunicamos, a la vez que han reconfigurado distintos aspectos de la vida en sociedad, en los campos educativo, laboral, económico y cultural, por mencionar algunos. Basta solo atender al impacto que las redes sociales tienen en la formación de la opinión pública para advertir el efecto ciertamente innovador y transformador de las tecnologías en la dinámica social.

La actividad de la administración pública y la forma como la ciudadanía se relaciona con las autoridades de gobierno también se han visto impactadas por los constantes cambios a nivel tecnológico y por los usos que los medios electrónicos permiten desarrollar en el ámbito de los servicios públicos y en el acceso a la información en poder de los órganos estatales. En buena medida, el internet y la tecnología pueden constituirse en herramientas útiles para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, con los indudables alcances que ello tiene en materia de transparencia y rendición de cuentas en torno al quehacer gubernamental. A la postre, todo lo anterior repercute en el fortalecimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho.

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Por su parte, corresponde a las autoridades propiciar la utilización de tales herramientas en función de facilitar el ejercicio de los derechos, marco en el cual tiene sentido hablar de E-government o gobierno electrónico, entendido, precisamente, como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las funciones de la administración pública, a efectos de procurar la eficacia y eficiencia de su gestión, elevar sus niveles de transparencia y publicidad, y facilitar la participación de la ciudadanía en el debate público y el devenir de la actividad administrativa.

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Guatemala No Se Detiene

El contexto actual hace necesario reflexionar sobre la cultura digital, es decir, el conocimiento y manejo de las TIC, la conciencia sobre la utilidad de estas y su empleo libre y responsable en coherencia con los propósitos personales, profesionales o académicos perseguidos. El uso adecuado y eficiente de las TIC a fin de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en las tareas de gobierno exigen el desarrollo de una cultura digital, ámbito en el que la educación juega un papel preponderante, con especial mención de la educación universitaria derivado del impacto que sus acciones podrían tener a nivel social. En efecto, además de adquirir los conocimientos sobre el uso y las posibilidades de las TIC, resulta esencial que la persona tenga una visión crítica, reflexiva y consciente acerca de los alcances de su utilización, la oportunidad de expresar opiniones y generar conocimiento por su medio, y, en lo que aquí interesa destacar, los beneficios que en función de la prestación de los servicios públicos y el acceso a la información pueden conllevar las nuevas tecnologías.

Por supuesto que el fomento y desarrollo de una cultura digital desde las aulas universitarias hace indispensable tener presente siempre, cuales valores esenciales, que el manejo de las TIC demanda el respeto permanente a los derechos humanos, así como el uso de tales herramientas con libertad, ética y responsabilidad. Se trata de valores que, además de informar al sistema educativo en el marco de una sociedad democrática, las instituciones de educación superior están en capacidad de promover y consolidar en la población estudiantil.

La cultura digital afianzada desde la educación universitaria podría determinar una perspectiva distinta en el uso de las tecnologías como instrumento para acceder a la información pública, no solo por la facilidad que conllevan para requerir la información y conocerla, una vez que es puesta a disponibilidad por las autoridades, sino por las posibilidades mismas que las herramientas tecnológicas proveen con relación al análisis de los datos, en tanto permiten estudios analíticos y comparativos, entre otras opciones, los que resultan sumamente útiles en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. Esa distinta perspectiva denotaría la necesidad de mayores esfuerzos en materia de transparencia activa, con la correspondiente difusión proactiva de una mayor cantidad de datos de interés para la fiscalización ciudadana y en formatos que permitan su adecuado procesamiento.

La cultura digital así entendida redundaría también en una mayor conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de transparencia en la actividad gubernamental y el carácter esencial del derecho de acceso a la información, es decir, de su respeto y garantía. A su vez, los órganos de la administración se verían motivados, o posiblemente forzados, por aumentar sus estándares de transparencia y por ofrecer mayores opciones de acceso y prestación de los servicios públicos por medio del empleo de las TIC. Incluso, el órgano garante en materia de acceso a la información vería la necesidad de ejercer mayor y mejor fiscalización con relación al cumplimiento de los deberes a cargo de los sujetos obligados. Como se adelantó, todo ello repercutiría en beneficio del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, la reconducción de las actividades de gobierno con miras a cumplir los fines constitucionales, y, finalmente, la consolidación del sistema democrático y las condiciones necesarias para afirmar la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

En suma, se trata de múltiples esfuerzos conjuntos, desde las aulas universitarias, desde la función pública y desde la visión crítica y responsable de la ciudadanía, por afianzar una cultura digital que se dirija a aprovechar las TIC como herramientas óptimas de una dinámica de transparencia y publicidad en la toma de decisiones y la acción del Estado, en ejercicio del derecho de acceso a la información, de expresión libre de las opiniones y de participación activa en los asuntos de interés general.

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Lentitud y mucho papeleo vs. rapidez y trámites digitales. ¿Cuál situación identifica más a Guatemala y qué país deberíamos ser en cuanto a digitalización de procesos? Lo averiguamos en este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene.

Juan Pablo Corado

13 de marzo de 2024

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Para 2027, Guatemala debería contar con muchos de sus trámites de manera digital y dar el gran salto hacia una nueva era tecnológica a nivel general. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

En esta emisión veremos la importancia de convertir a Guatemala en un país más digital, un reto que empieza desde la formación del estudiante en sus diferentes etapas, así como el trabajo de las autoridades educativas y la modernización de las entidades de gobierno y sus procesos de trámites que, hasta el día de hoy, muchos de ellos se deben hacer de manera presencial.

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Aunque existe una brecha muy grande con otros países en donde sí se forman a jóvenes profesionales que en un futuro saldrán a ocupar puestos de trabajo modernos e importantes, Guatemala está a tiempo de implementar estrategias ideales para digitalizarse, pero se necesita del trabajo de varios sectores.

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Hasta 31 trámites en un ministerio: Empresa privada pide a ministros de Arévalo acelerar digitalización

Thu, 25 Jan 2024 12:05:23 +0000

Una empresa en Guatemala que se dedica a la importación de surfactantes —elemento químico que puede actuar como detergente o humectante— que planee importar uno nuevo para su comercialización, primero debe obtener el registro. De acuerdo con Gerardo Valenzuela, presidente de la Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Productos Químicos Industriales (Grequim) de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), este proceso no debería exceder las dos semanas, pero cuando se gestiona se puede tardar hasta un mes.

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“En el caso del sector de productos químicos, una empresa podría perder un ingreso del 20% al 30% a causa de las demoras en los trámites. Estas gestiones las realizan, principalmente, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)”, señala el ejecutivo.

Este no es un caso aislado. Las empresas en Guatemala, como la del ejemplo, se pueden enfrentar a cuatro trámites recurrentes para operar en el país, los cuales deben resolver en la cartera Salud: primero, solicitud de licencia sanitaria; segundo, inscripción de empresas que se dedican a actividades relacionadas con estupefacientes, sicotrópicos precursores y sustancias químicas; tercero, previsión de cuota anual de materia prima de estupefacientes, sicotrópicos, precursores y sustancias químicas y, luego, certificados, tanto de importación como exportación.

“Otro caso relacionado con las importaciones, cuando se compra un producto y se ingresa al país, es necesario tener el permiso antes de comercializarlo. A través de cuotas, ellos —Ministerio de Salud— notifican la cantidad que se puede vender de un producto; por ejemplo, 200 toneladas de ácido sulfúrico en un año. Entonces, si su necesidad comercial se incrementa, se tiene que hacer otro trámite adicional para pedir el aumento de la cuota, y esto complica más la cosa”, explica Valenzuela. Además, considera que este tipo de trámite, que genera pérdidas en cuanto al potencial de ventas, también limita el crecimiento de las empresas que pertenecen a este sector.

Avalancha de trámites

Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), los trámites que más demanda la industria productiva se centran en cuatro ministerios. El primero es el Ministerio de Salud, que lidera la lista con 31 gestiones, entre las que se encuentran el registro sanitario de alimentos, licencia sanitaria, certificado de libre venta, registro sanitario de medicamentos nuevo y renovación, entre otros. Le sigue el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) con 12 trámites, como el certificado fitosanitario de importación, el registro nuevo y renovación de funcionamiento, así como la licencia o prórroga de acuicultura comercial. Luego, el Ministerio de Economía (Mineco), con tres diligencias, que serían la calificación 29-89, el registro de marcas y el registro mercantil. Por último, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) con el trámite para la solicitud de licencia ambiental.

Ana Lucía Contreras, responsable de Agexport Consulting Group, identifica que las gestiones en el Ministerio de Salud son las más costosas. Por otro lado, los trámites en el Ministerio de Agricultura son los más tardados, como el registro de insumos agrícolas, que asegura puede durar hasta un año. “Los trámites que se realizan hoy en el Ministerio de Salud se tardan mucho, por la forma en que se están analizando, porque hay poco personal y porque siguen pidiendo documentos físicos. Creemos que para mejorar los tiempos es necesario fortalecer la cartera con la automatización y simplificación de procesos”, agrega.

En cuanto a Agricultura, durante su experiencia como asesora, identifica que esa cartera es clave para los registros de agroinsumos y de agroquímicos, gestiones que los inversionistas están requiriendo para instalarse en el país y comenzar operaciones.

A pesar de que identifica un avance en la reducción de los trámites de dicho Ministerio, que logró un salto de 234 a 130 gestiones totales, tomando en cuenta todos los trámites, este esfuerzo no es suficiente, porque aún persiste la lentitud para resolverlos. Ese es un factor que no solo perjudica al empresario local, también al extranjero, puesto que puede ser un desincentivo para que nuevas operaciones se instalen.

“Es un impacto que nos va a afectar negativamente en la generación de empleo, es decir, en la creación de oportunidades en el país. Los inversionistas buscarán otras opciones para poder a instalarse en los países que les ofrezcan mejores condiciones y mayor facilidad en tiempos para obtener los trámites” añade.

Restituir viceministerio

Los viceministerios que regulan al sector privado son claves para la competitividad. El miércoles 20 de septiembre del 2023 se publicó el acuerdo gubernativo 217-2023 en el Diario de Centro América, que entró en vigor un día después, el jueves 21. Este acuerdo, firmado por el expresidente Alejandro Giammattei, indicaba la reestructuración en el Ministerio de Agricultura y con ello cambios a las plazas de viceministros, con la finalidad de fortalecer la cartera. Sin embargo, para Contreras esto fue todo lo contrario.

Parte de la reestructuración indicaba que el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) dejaría de tener esta jerarquía y pasaría a ser una dirección con dependencia del despacho del ministro, es decir, de menor rango. “Es importante a nivel jerarquía la importancia de las funciones que presta el Visar. Este se debe mantener como viceministerio y no como dependencia, porque lo que ocasiona es retroceder en el fortalecimiento institucional”.

Cabe mencionar que el Visar es el que efectúa los controles fitosanitarios y certifica el cumplimiento de la normativa internacional; por lo tanto, es reconocido como representante de país y juega el papel de la contraparte con las autoridades ante Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica, México y otros países, respecto de la atención de las inspecciones, los controles e información para mantener dichos mercados de los productos de exportación. Por ello, “el acuerdo va a limitar la representación internacional del Visar, eso genera un impacto negativo para los usuarios, que es la falta de certeza jurídica y el atraso en los tiempos de los trámites”, menciona Contreras.

Contreras destaca en materia de agilización de registros es importante eliminar el acuerdo gubernativo 217-2023 para regresar el Visar al Ministerio de Agricultura y fortalecer la institución, una tarea más para el gobierno de Arévalo. Además, se requiere de un nuevo acuerdo que restituye la estructura anterior, donde el viceministerio es clave en la comunicación con los departamentos de Agricultura de compradores como Estados Unidos y la Unión Europea.

Sobre el tema, Maynor Estrada Rosales, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que ya está el expediente para la Procuraduría General de la Nación para derogar un artículo y modificar otros cuatro que pretenden volver los nombres de los viceministerios a cómo están en su reglamento orgánico interno original, que es el acuerdo gubernativo 338-2010”.

“Las funciones del Visar nunca fueron suspendidas. Ahora lo que estamos haciendo es modificando todo lo que se había actuado y obviamente volviendo a la unidad en plenitud al acuerdo gubernativo 338-2010. El acuerdo gubernativo 217-2023 solo generó confusión y rechazo. Ellos (la anterior administración) no consideraron la opinión de las cámaras, ni de los sectores campesinos, pero por fortuna este cambio no se dio en su totalidad, solo modificaron los nombres y las funciones siguieron siendo las mismas” reafirmó.

Acelerar digitalización

La coordinación interinstitucional es el reto que, según Valenzuela, tiene el gobierno de Arévalo para lograr la agilización de trámites, especialmente entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, ya que cuentan con gestiones que se relacionan entre sí o una significa la primera etapa del otro.

En este contexto, el liderazgo del Ministerio de Economía es clave en la tarea de simplificación y digitalización en todas las dependencias.

Valenzuela también resalta la necesidad urgente de digitalizar los procesos y contar con un sistema electrónico para el control de estos. “Normalmente, estos permisos —previsión de cuota anual de materia prima— son bastante ágiles, pero el problema que hemos tenido es una resistencia de la institución —Ministerio de Salud— a los permisos electrónicos para trabajarlo en línea. Sería una gran ayuda realizar los trámites vía electrónica”, agrega Valenzuela.

Actualmente, según estadísticas del portal asisehace.gt, una herramienta desarrollada por el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), el Ministerio de Salud registra apenas seis trámites que se pueden realizar en línea, mientras que el Ministerio de Agricultura suma cuatro. Apenas el 5% del total de trámites se encuentra digitalizado.

En esta línea, para Contreras es vital “garantizar la efectiva aplicación de la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, el decreto 5-2021, en todas las instituciones a cargo del Organismo Ejecutivo. También fortalecer la comunicación entre instituciones públicas para que no se dupliquen los requisitos que se piden”, así como establecer tiempos de respuesta para que los expedientes que se tramitan no se demoren.

Ana Isabel Antillón, líder de la Mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, coincide con Contreras y Valenzuela respecto de impulsar la simplificación de trámites y digitalización en dichos ministerios, pero resalta que para lograrlo se requiere de un factor clave: los recursos financieros. “Se necesita de un equipo técnico, de nuevas tecnologías y sobre todo que exista seguridad informática para todos los sistemas, eso requiere una inversión y de presupuesto” indica.

“Cada uno de los ministros que están asumiendo les corresponde revisar la asignación presupuestaria que tienen en cuanto a transformación digital e incluso eventualmente fortalecerla para tener mayor seguridad en las diferentes plataformas”, agrega Antillón.

Leslie Samayoa, exviceministra de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, defiende que durante la gestión que recién entrega se avanzó en el pago en línea, tanto en alimentos como en medicamentos. “Eso provocó que se disminuyeran los procesos, porque las personas ya no tenían que venir de Petén, San Marcos o Huehuetenango para realizar su pago”. Sin embargo, queda pendiente implementar que el pago de los trámites a cargo de la cartera sea por medio de tarjeta de crédito y débito, tarea que según Samayoa queda en manos de las nuevas autoridades.

También se deberá dar el seguimiento a la reforma del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines (Acuerdo Gubernativo 712-99), con el fin de que “los tiempos de respuesta de los registros sean autorizados únicamente de manera documental y la vigilancia sea poscomercialización y se reduzcan los precios”.

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Un futuro digital: Un paso necesario y urgente para Guatemala

Thu, 25 Jan 2024 12:00:39 +0000

Vivimos en una era donde la tecnología y el internet han transformado nuestra manera de vivir, trabajar y comunicarnos. En este contexto, la simplificación de servicios y procesos gubernamentales no son un lujo, sino una necesidad vital. En Guatemala, las demandas ciudadanas claman por un Estado más moderno, accesible y transparente, que se adapte a las exigencias del mundo contemporáneo.

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Desde nuestro punto de vista como ciudadanos, la transformación digital implica simplificar nuestra vida. Significa menos filas, menos papeleo, menos tiempo perdido en trámites. Queremos un gobierno que hable nuestro idioma digital y que entienda nuestras necesidades y expectativas. Queremos servicios públicos que estén a la altura de los tiempos, y que nos permitan gestionar nuestras necesidades de forma rápida y sencilla, desde la comodidad de nuestro hogar o desde nuestro teléfono móvil.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha mostrado un camino positivo con iniciativas como el Estudio de Tiempos de Despacho. Esta herramienta busca optimizar los tiempos requeridos para el despacho de mercancías y alinea a Guatemala con compromisos internacionales de facilitación del comercio. Pero necesitamos que estas iniciativas se multipliquen y expandan a todos los rincones de la administración pública.

Este refinamiento en los procesos administrativos no solamente optimiza el tiempo y los recursos de los ciudadanos, sino que también promueve un ambiente laboral más organizado y efectivo para los servidores públicos. La simplificación de trámites es equivalente a eliminar los obstáculos en un camino saturado de burocracia, permitiendo a los ciudadanos y a las entidades gubernamentales interactuar en un marco de mayor eficiencia y cordialidad.

En términos más amplios, la simplificación de trámites se traduce en la construcción de un puente de armonía y cooperación entre el Estado y la sociedad, constituyendo así un pilar fundamental para la consolidación de un Guatemala más moderno, inclusivo y funcional. En este contexto, cada procedimiento simplificado se convierte en un paso adelante hacia la consolidación de un Estado más accesible, transparente y eficiente, reflejando un compromiso irrevocable con la mejora continua y la excelencia en el servicio público.

Digitalizar trámites y servicios nos beneficia a todos. Los tiempos de espera se reducen, ya no tenemos que desplazarnos, y hasta se ahorra papel. Esto se traduce en una gestión pública más eficiente y sostenible. Nosotros, los ciudadanos, recibimos servicios más rápidos y cómodos, y el Estado ahorra recursos que puede invertir en salud, educación y otros sectores vitales.

Los procesos digitales dejaron de ser un lujo para convertirse en parte esencial del día a día del guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Además, un gobierno digital es un gobierno transparente. Con la simplificación, podemos acceder a información pública de manera más sencilla y rápida, lo que contribuye a la rendición de cuentas y al combate de la corrupción. Podemos estar más informados y ejercer mejor nuestros derechos, participando activamente en la construcción de un país más justo y equitativo.

El estudio de Tiempos de Despacho realizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es un componente importante, ya que está enfocado en medir y optimizar los tiempos en los procedimientos de despacho de mercancías, no solamente eleva los estándares de eficiencia y efectividad en el sector, sino que también sienta precedentes para otras instituciones gubernamentales.

La relevancia de este estudio radica en su capacidad para identificar cuellos de botella y áreas de mejora en los procesos existentes, proveyendo así un mapa detallado para implementar soluciones digitales de manera informada y estratégica. Este tipo de iniciativas contribuye significativamente a la construcción de un gobierno más transparente, accesible y orientado al servicio del ciudadano, marcando el camino hacia una administración pública más moderna y responsable.

Pero claro, la simplificación también nos plantea retos. Necesitamos que todos tengan acceso a internet y sepan cómo usar las nuevas tecnologías. No podemos dejar a nadie atrás. Por eso, es crucial invertir en infraestructura digital y en educación tecnológica. La equidad en el acceso a la tecnología es fundamental para construir un país más inclusivo.

La simplificación de servicios, como la realizada por la SAT, es un paso adelante. Pero necesitamos una estrategia integral que abarque todas las áreas del gobierno. Es tiempo de que todos los guatemaltecos tengamos acceso a un Estado más moderno, eficiente y cercano.

Transformar nuestro país en la era digital requiere del compromiso y la participación de todos. Necesitamos un diálogo fructífero entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para definir el camino a seguir. Todos tenemos un rol en la construcción de un Guatemala más moderno y equitativo.

La simplificación no es el futuro, es el presente. Y nosotros, los guatemaltecos, merecemos un gobierno que esté a la altura de los tiempos. La tecnología está aquí para facilitarnos la vida, y es responsabilidad del Estado aprovecharla para brindarnos servicios de calidad, con transparencia y equidad. En esta travesía hacia la era digital, el diálogo entre el sector público y privado son fundamentales para construir una Guatemala más justa, inclusiva, y próspera en la era de la información.

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VIDEO | Simplificación de trámites: ¿Por qué Guatemala debe acelerar su digitalización antes del 31 de agosto?

Wed, 24 Jan 2024 17:50:24 +0000

El Estado se encuentra en una carrera a contrarreloj en cuanto digitalizar trámites a nivel general. Y es que enfrenta el riesgo de dejar de cobrar por estos procesos si se pasa del 31 de agosto de 2024, la fecha límite para conseguirlo.

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En este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene pusimos a pruba los procesos de trámite de instituciones como el Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y algunos ministerios, para evidenciar la necesidad que existe en el país de simplificarlos.

A lo largo de esta emisión, entrevistamos a expertos y ciudadanos que nos dieron su punto de vista sobre la situación del país en cuanto a tramitología: ¿Qué debemos mejorar?, ¿Cuáles son los avances hasta la fecha?, ¿Podremos cumplir con la digitalización general antes del 1 de septiembre? Lo descubrimos en este programa.

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Incentivos a largo plazo: La primera tarea del nuevo gobierno para repensar la estrategia de parques industriales

Thu, 18 Jan 2024 12:05:45 +0000

A septiembre del año pasado, Costa Rica atrajo US$2 mil 691 millones de los cuales el 51% provinieron de empresas instaladas bajo el régimen de zonas francas. En el mismo período, Guatemala atrajo US$1 mil 136 millones, menos de la mitad de lo que logró nuestro par centroamericano.

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Los resultados de Costa Rica responden a una estrategia de largo plazo que, entre varios incentivos para atraer inversión, cuenta con una Ley que le permite otorgar incentivos por 8 años, frente a los 10 que ofrece Guatemala. La diferencia, es que, mientras en Guatemala los incentivos ya no se pueden extender, en Costa Rica, los incentivos se pueden prorrogar, de manera total o parcial, por otros 8 años, en función del monto de reinversión que realicen las empresas. Otro ejemplo es República Dominicana, donde los incentivos se otorgan hasta por 50 años.

“Existe otra gran diferencia para atraer inversión: Costa Rica cuenta con numerosos parques industriales, de calidad mundial. Lograron esto gracias a los incentivos que otorgan al desarrollador del parque industrial, con relación a la construcción de instalaciones y los servicios que presten a los inversionistas. Esto último, por ejemplo, los ha llevado a proveer servicios de reclutamiento, capacitación, transporte y salud a los trabajadores de las empresas”, señala Wendy Mena, líder de la mesa de atracción de inversiones en Guatemala No Se Detiene.

De acuerdo con Ignacio Basterrechea, socio de Urbop, una firma especializada en estrategia inmobiliaria, “el repago del costo de un parque industrial está entre 12 y 15 años. Para poder conseguir financiamiento se necesita respaldarlo con contratos durante la vigencia del crédito. Dado que el usuario goza de incentivos fiscales de 10 años, el monto que está dispuesto a invertir en Guatemala se reduce y por consiguiente, el plazo del contrato de arrendamiento también. Esto crea incertidumbre y dificulta la capacidad de producción de naves industriales para aprovechar la alta demanda que existe en la región.”

Tanto el gobierno que recién asume del presidente Bernardo Arévalo como los diputados de la X Legislatura, se encuentran ante el desafío de equiparar este panorama con los avances que se dan en la región.

Miguel Ángel Par, líder de mercado para Guatemala de Cushman & Wakefield AB Advisory es crítico y sentencia que los regímenes del país no son competitivos, deben modernizarse para atender lo que buscan las empresas, tener un horizonte limitado de 10 años va contra las compañías que quieren permanecer más tiempo, explicó Par al hablar de incentivos que puedan prorrogarse ante criterios como la reinversión.

¿Por dónde empezar?

Para empezar el país debe identificar los giros de negocios en los que se va a enfocar para atraer inversiones, explicó José Ignacio González, director regional de Business Intelligence de Cushman & Wakefield AB Advisory, para luego hacer una revisión de las normas y ver la actualización que se necesita, esto es mejor que abarcar todo en general y que tarde más tiempo.

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En este sentido, dentro de Guatemala No Se Detiene y con el respaldo de estudios de McKinsey Global Institute, NASSCOM y Gartner, ya se ha delineado que el sector farmacéutico, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos o EMS, y BPO ITO GBS son las apuestas que el país debe perseguir y, por ende, alinear a estos la oferta de parques industriales. Otras oportunidades identificadas son: agroindustria y manufactura liviana, como juguetes.

Además de incentivos fiscales, Alejandro Guillén, gerente de negocio de Synergy Industrial Park, señaló que, en algunos países en el desarrollo de parques industriales de innovación, el Gobierno proporciona el terreno urbanizado, lo cual abarata y acelera el proceso de construcción de parques industriales. A cambio, el cliente asume el compromiso del plazo para iniciar la operación y la cantidad de empleos a generar.

Los parques industriales deben contar con suficientes atracciones para los inversionistas extranjeros. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

¿Qué más interesa a los inversionistas?

Si bien, el país encara una gran oportunidad, la incertidumbre política y tener que lidiar durante varios meses para obtener los permisos necesarios para instalarse, ponen cuesta arriba atender la demanda de los inversionistas interesados en instalarse en el país, indicó Bastarechea.

En el actual contexto, lo que buscan las empresas es mejorar el manejo de sus cadenas productivas, estabilidad social y política de largo plazo, menores costos y sobre todo talento humano capacitado, comentó González. Los parques industriales pueden ayudar al manejo de cadenas de suministros, a reducir costos de producción y a encontrar y capacitar talento humano.

“Países competidores también ofrecen incentivos no fiscales para ser más efectivos en atraer empresas sofisticadas. Estos incluyen apoyos para pagos de salarios de trabajadores nuevos que requieren recibir entrenamiento para entrar a nuevas industrias. También la simplificación y digitalización de los trámites para iniciar operaciones, que abarca desde la inscripción de la empresa y la normativa para que extranjeros abran cuentas bancarias, hasta los trámites para obtener las licencias de construcción en las municipalidades. Adicionalmente, se facilitan las condiciones para acceso a financiamiento e incluso se otorgan subvenciones para cubrir la construcción de fábricas y maquinaría en industrias estratégicas”, señala Wendy Mena.

González agregó que Centroamérica y el Caribe se han posicionado de forma positiva por los incentivos fiscales, la cercanía con el mercado estadounidense y el valor agregado que cada país tiene —Costa Rica, para empresas de alto valor generado en áreas como ciencias de la vida y dispositivos médicos, y Guatemala, en maquila, productos agroalimentarios y autopartes. En ese sentido, si Guatemala busca avanzar hacia el tipo de industrias que atrae Costa Rica, se requiere hacer estrategias para que nuestro talento humano cuente con las habilidades requeridas, empezando desde secundaria. Aquí el rol del Ministerio de Educación y de Intecap es vital.

¿Cómo están respondiendo los parques industriales para atraer inversión?

Las empresas transnacionales buscan sofisticación en la oferta y la atención adecuado a sus requerimientos específicos. Esto representa un reto pues Guatemala se ha orientado a las ofibodegas que tienen estándares de altura menores a los 10 metros, lo que se queda corto para las empresas de capacidad global, señaló Par.

Se tienen bodegas individuales que no forman parte de un parque y hay complejos pequeños, mientras que los parques industriales son relativamente recientes en Guatemala, apuntó González al advertir de que los desarrolladores instalan los proyectos en terrenos que tienen disponibles, y que no siempre son las mejores ubicaciones. “Lo que ha faltado es buscar la tierra donde va la demanda”, indicó.

Guatemala necesita construir más parques industriales y ponerse en el mapa de las inversiones, afirmó Basterrechea, al poner la apuesta en la urbanización del país para generar empleos de calidad en todos los departamentos. Entre los parques industriales y complejos de bodegas se encuentran Michatoya Pacifico, Puerta del Istmo, Zona Libre Quetzal, CAES, Las Tunas y Distripark. Según el experto de Urbop, están en proceso de aprobación 16 ZDEEP. Esto se suma a 4 ZDEEP y 7 zonas francas en operación.

Par agregó que “uno de los hallazgos que hemos encontrado es que, Guatemala, por el tamaño del mercado interno tiene mucho potencial, sin embargo, tiene camino que recorrer en la sofisticación de la oferta y el tipo de inventario que ofrece”.

Guatemala pudo haber atraído más inversión en los últimos años, pero no contaba con parques industriales listos para recibir a las empresas. Los expertos de Cushman & Wakefield AB Advisory comentaron que las tendencias internacionales son el desarrollo especulativo de parques industriales basado en estándares de tamaños de andenes, parqueos, y el build to suit (BTS) o bajo demanda, enfocado en requisitos específicos, como el caso de las compañías de los dispositivos médicos que hay en Costa Rica.

El país debe planificar desarrollos y un plan maestro que responda al tipo de inversión de empresas que busca atraer, lo ideal es contar con la capacidad de proveer ambas opciones, principalmente porque hay empresas que deciden no invertir porque necesitan las instalaciones en uno o dos trimestres y un BTS tarda entre 18 y 24 meses en estar listo, eso influye en que se escapen las oportunidades, indicaron los expertos.

Guatemala puede voltear a ver a la región, la cual avanza hacia propuestas integrales con proyectos que incluyen zona comercial, servicios financieros, hoteles, estacionamientos públicos y privados, renta de autos, loft ejecutivos, instalaciones deportivas y servicios médicos.

Es el caso del corredor el corredor industrial Valle de Naco (Honduras), un parque industrial ecoeficiente, con telecomunicaciones avanzadas, ubicado en una zona de libre comercio y con infraestructura personalizada, así se describe el Green Valley, mientras que el TMEX Park, en el Estado de México, ofrecerá más de tres millones de metros cuadrados para instalar naves industriales, empresas que podrán conectar con los principales corredores logísticos multimodales y recintos fiscalizados conectados al servicio aduanero.

Hacia ese esquema apunta Synergy Industrial Park, de grupo Pantaleón y Spectrum, que entre sus incentivos busca ofrecer precios preferenciales de energía eléctrica, diésel y apoyo logístico. Guillén indicó que el parque de 500 hectáreas está concebido dentro de un plan maestro amplio en el que se desarrollará vivienda, comercio, hoteles, entretenimiento, áreas verdes, hospitales y centros educativos.

Una mini ciudad industrial de primer nivel, para ser considerada como tal, debe tener desde espacios para recreación hasta vías de transporte. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Vocación especializada

La tarea por hacer es identificar proyectos de parques industriales bajo una planificación que permita ubicarlos en áreas cercanas a los puertos y en municipios donde hay una vocación de producción específica, al mismo tiempo que se mejore la legislación para acelerar la construcción de los complejos, sugirió Mena.

Por su parte, Guillén consideró que la prioridad para incentivar la construcción de los parques debe enfocarse en la inversión para infraestructura, incluyendo puertos, aeropuertos, autopistas nuevas, puentes; y que el sector empresarial, la academia y el Gobierno realicen un trabajo conjunto que contribuyan a generar condiciones que impulsen la atracción de capital extranjero, crear carreras técnicas y universitarias para preparar a la mano de obra.

En los lugares donde se construyen los parques industriales se impulsa el desarrollo, se generan empleos para disminuir la migración ilegal y se mejoran las condiciones de vida de las comunidades, agregó Guillén.

Un paso importante, es facilitar el desarrollo de la infraestructura y crear programas de apoyo gubernamentales para agilizar los trámites para obtener una licencia de construcción y revisar los regímenes especiales bajo los que operan las zonas francas y nuevas inversiones, aseguró mena, puesto que Guatemala esta rezagada en estos aspectos frente al resto de países de la región.

Con el adecuado desarrollo de infraestructura productiva y la cercanía con México, fácilmente el país podría capturar un rebalse del 5% de la demanda no atendida por el mercado mexicano, lo que sería un boom para el nearshoring, anticipó Par.

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En Guatemala hay leyes que tienen 75 años: Urgen actualizar y “desenredar” reglas que complican al comercio

Thu, 23 Nov 2023 13:05:38 +0000

A grandes pasos la tecnología se ha instalado en el mundo financiero facilitando múltiples operaciones, pero el país tiene pendiente modernizar su legislación para incorporar regulaciones que se adapten a esos cambios. Uno de los temas rezagados es el mercado bursátil, una actividad con potencial para abrir mecanismos atractivos de financiamiento para las empresas, y de ahorro e inversión para las personas.

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La ley bajo la que opera la Bolsa de Valores Nacional, S.A. (BVNSA) data de 1996, con algunas reformas aprobadas en 2008, pero que están desactualizadas. Según Rolando San Román, gerente de la BVNSA, temas prioritarios a revisar son fortalecer la regulación, la inversión colectiva, infraestructuras de mercado y la titularización.

San Román agregó que desde que se promulgó la Ley del Mercado de Valores han avanzado los estándares internacionales, se han creado nuevas figuras y mecanismos bursátiles, que países como El Salvador están aprovechando el sector público y privado.

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Es necesario fortalecer la figura de un ente regulador para que cumpla con aspectos de supervisión y vigilancia del mercado, puesto que actualmente el Registro del Mercado de Valores no tiene ese alcance, mientras que en los mercados más desarrollados se cuenta con un organismo independiente que cumple esas funciones.

¿Hora de “deslegislar”?

Pero actualizar este mercado no es lo único pendiente. En la agenda del Congreso de la República se tiene la iniciativa 6287 que busca derogar 30 decretos, algunos que datan de 1948, y que, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Apoyo Técnico, es parte del proceso de “deslegislación” normativa.

El dictamen cita la necesidad de actualizar la legislación para hacerla moderna y eficiente, por lo que se propone excluir de la normativa decretos para exonerar el pago de impuestos para donaciones específicas, una rifa que se realizó en 1949; la importación de tres obras pictóricas; el estado de excepción en mayo de 1962, y para facilitar el cumplimiento de la ley de alcoholes y bebidas fermentadas que data de hace 75 años.

La antigüedad de algunas leyes es problema que está en proceso de revisión en el Congreso, pero hay otras situaciones en las que ha sido la redacción de un artículo lo que complica la interpretación de una norma.

Por ejemplo, lo aprobado en el Decreto 7-2017, que reformó el Código de Trabajo, que en uno de los artículos indica: “se derogan las disposiciones que expresamente se consignan en el texto de esta Ley y las que se oponen a su cumplimiento”.

Con esta redacción se derogan las mismas reformas que aprueba el decreto, indicó el abogado Alex Franco, al señalar que, en el Congreso hay una comisión de redacción y estilo para evitar este tipo de fallas, además se lee en el pleno cada artículo para que los diputados lo aprueben. Pero las presiones, en algunos casos, para cumplir con compromisos internacionales o las aprobaciones de decretos ante una coyuntura, provocan ese tipo de errores, agregó.

El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Francisco Quezada comentó que en los errores de redacción lamentablemente influyen aspectos como la presentación de iniciativas con deficiencias y la aprobación de enmiendas de curul. “Se da trámite a iniciativas de baja calidad y hasta la Corte de Constitucionalidad ha llamado la atención al Congreso por la mala redacción de las leyes”, dijo.

También “hay exceso de normativa vigente y representa un reto para el sector privado, el poder mapear la regulación que resulte aplicable y cumplirla”, al igual que existe un reto enorme en personal calificado e infraestructura operativa en el sector público para garantizar el cumplimiento de las leyes, según el criterio de Ginny Castillo, senior manager y líder de práctica de EY Law Guatemala.

A pesar de que las últimas legislaturas han reformado o promulgado pocas leyes en materia mercantil, lo que se ha hecho es aceptable, señaló Rodolfo Salazar, socio de la firma BLP Guatemala, quien menciona con mayor preocupación el rezago en esta materia, ya que el Código Mercantil data del siglo pasado, con algunas reformas.

Es una ley con más de cinco décadas que obliga a las entidades del derecho mercantil a regularse con normas antiguas, mientras que los países desarrollados impulsan normativa para incentivar y aprovechar las oportunidades para desarrollar negocios, agregó Salazar.

Tropiezos y avances

Es precisamente una legislación dispersa; normativa desactualizada, y poca confiabilidad en el sistema de impugnaciones —administrativas y judiciales—, según Castillo, así como de la interpretación de la ley, por parte de los usuarios, ciudadanos y empresas.

El país ha evolucionado de una cultura de inercia en el hacer negocios a una cultura de cumplimiento, señaló Castillo, pero hay problemas por las interpretaciones oportunistas o del momento político que viva Guatemala, y las influencias políticas, económicas o sociales “impiden una estabilidad, predictibilidad y certeza interpretativa de las normas”.

La abogada de EY Law Guatemala destacó el avance sustancial en el Registro Mercantil (RM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la adopción de tecnología en los procesos internos y de frente a los diferentes usuarios.

Por su parte, Franco dijo que, en 2021 con la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos y el efecto de la pandemia, se aceleró la adopción informática, “se quitó el criterio de ventanilla que había en muchas instituciones”. Aunque no todas las entidades han hecho acopio de modernizar sus procesos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que presenta rezagos principalmente, en las inspecciones laborales, comentó al destacar los cambios en el RM y la SAT, agregó.

El timbre fiscal electrónico y la facturación en línea son avances que contribuyen a agilizar los trámites, falta que todos los abogados, contadores y auditores tengan firma electrónica avanzada para darle mayor certeza y agilidad a los trámites, indicó Franco.

Para el CEO de la firma Denarium, José David López Morales, en cuanto a normativas en materia tributaria no se han realizado cambios recientes que compliquen los procesos. Guatemala es uno de los países que más ha avanzado en facturación, fiscalización y auditorias electrónicas, agregó.

Con un inversionista, lo primero que hay que hacer, según López Morales, es presentarle los procesos de contribución tributaria, que no tiene mayor complejidad para cumplirlos, excepto en los casos en que se aplica la interpretación del ente fiscalizador en aras de analizar el gasto para aceptarlo o no como deducible.

Mientras que el abogado Iván Romero, explicó durante la jornada académica organizada por el Instituto de Derecho Tributario, que, para agotar la vía administrativa, la legislación actual deja como juez y parte en los recursos de revocatoria al Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero (Tributa), que depende de la SAT, mientras que otros países se han creado órganos independientes que resuelven y esas decisiones son tomadas por los órganos colegiados especializados.

Además, en las regulaciones para determinadas actividades que requieran autorizaciones gubernamentales especificas se pueden tener algunos retrasos, como puede ser en el caso en empresas bajo el régimen 29-89, que requiere una reforma a su reglamento para poder cumplir con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Pocas leyes, valores fuertes

El caso de la reforma a la ley del mercado de valores es una muestra de que el uso de tecnología y mecanismos ágiles para realizar trámites plantean posibilidades de mejora, sobre todo ante las enormes brechas de confiabilidad, falta de planes de trabajo para el corto, mediano y largo plazo y la descentralización, declaró Castillo.

La abogada propone trabajar en la percepción ciudadana, gobierno corporativo en cada institución pública y fortalecer los valores y la ética de los funcionarios y empleados estatales, mientras que a nivel técnico se debe trabajar en derogar, actualizar o promulgar leyes de acuerdo con la realidad del país, profesionalizar a los trabajadores públicos y revaluación de los mecanismos de nominación a cargos públicos.

Para los aspectos tributarios, López Morales indicó que una buena medida sería que la SAT publique las guías de auditoría o cómo realizará los procesos de fiscalización para que los contribuyentes puedan preparar la documentación.

Falta, además, según Salazar, actualizar el régimen de sociedades porque no responde a las necesidades actuales, tal es el caso del reconocimiento de las sociedades unipersonales, que ya se hace en otras jurisdicciones.

De acuerdo con San Román próximamente las autoridades estarían presentando una iniciativa para cambiar la legislación del mercado de valores, incluyendo nuevas figuras que pueden servir para proyectos de infraestructura o energía, entre otros. “Con una legislación adecuada que permita esas inversiones tanto privadas como públicas”.

Para Salazar, la certeza jurídica va más allá de las leyes. Su visión es que ni el Organismo Judicial ni el Ministerio Público funcionan para resolver las controversias entre comerciantes, acreedores o deudores, o perseguir actos criminales de falsificación de documentos. El trípode para dar certeza jurídica es una buena ley; buen aparato de justicia para interpretarla, y que sea posible ejecutar las sentencias que se emitan, indicó Salazar. “Un país puede tener pocas leyes, pero el aparato judicial llena los vacíos que surgen —con criterio— para crear jurisprudencia y certeza”.

Hay un trabajo pendiente desde la institucionalidad de los partidos políticos para llevar a diputados con mayor conocimiento de la problemática nacional y la gestión pública, para aspirar a que tal como ocurre en otros países los debates en el Congreso sean en torno a intereses de legislar en beneficio de la nación, finalizó Salazar.

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El país donde las empresas deben cumplir 278 reglas laborales y de seguridad social

Thu, 23 Nov 2023 13:00:38 +0000

Aunque no existen indicadores que cuantifiquen el volumen de normas o reglamentaciones que tiene un país, en México, la creación de un ente técnico que apoye con el diseño de leyes ha evidenciado que muchos sectores tienen una “sobrerregulación” que termina afectando los costos de las empresas, la dinámica de los mercados, y hasta atenta con el cumplimiento de las reglas.

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Jesuswaldo Martínez Soria, economista e investigador del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado mexicano, visitó Guatemala y conversó sobre el quehacer de la institución que presenta análisis e investigaciones para sustentar la producción de leyes en el Senado. En entrevista, aborda la necesidad de “adelgazar” el marco normativo para que sea más eficiente.

También revela que en su país hay 278 disposiciones reglamentarias que las empresas deben cumplir en materia laboral y de seguridad social para estar al día con las obligaciones frente a la ley . “Tanto la cantidad, como la calidad sigue siendo un problema, pero no nos hemos dado a la tarea de adelgazar el marco normativo para que sea más eficiente” indicó.

El IBD se autodefine como un órgano especializado en investigaciones sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura para contribuir con la deliberación y la toma de decisiones legislativas. Martínez Soria estuvo de visita recientemente en Guatemala en una capacitación a personal legislativo y este es un extracto de la conversación de con Prensa Libre.

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¿Cómo los análisis del IBD han servido para formular leyes en México?

En el Instituto, luego de la reforma 2013, se generan conocimientos basados en el estudio e investigación de todos los temas de la agenda pública para facilitar datos, evidencia e información que sean de utilidad para la toma de decisiones legislativas (senadores), pero nuestro trabajo objetivo, imparcial y apartidista llega hasta la presentación de los datos de la realidad de los problemas nacionales, luego la toma de decisiones es un asunto político. Hay casos en los que la información ha sido útil, por ejemplo, en la discusión de las iniciativas de la pensión universal y del seguro de desempleo, para lo que se generaron datos del impacto en beneficios y los costos, entre otros para que se pudiera tomar una decisión.

¿Se puede replicar la experiencia del IBD en Guatemala?

Creo que sí, es un instrumento muy importante para acercar conocimiento científico, datos y estadísticas que resulten útiles en la toma de decisiones de los legisladores. Hay experiencias como la biblioteca del Congreso de EE. UU., la de Chile y otros países que impulsan la generación de datos confiables, evidencia que sustente las decisiones y genere una mayor calidad en el debate legislativo. En Guatemala se puede empezar con un pequeño instituto, con presupuesto y atribuciones pequeñas para ir creciendo como institución.

Al aprobar un decreto o acuerdo, ¿dónde están las principales fallas que complican implementarlo?

Una de las tareas del IBD es darle seguimiento a las decisiones legislativas y a las políticas públicas con estudios, estadísticas y otras evidencias que permiten valorar el efecto de las decisiones tomadas. En algunos casos se encuentran errores de diseño, de proceso o de resultados, y el Instituto realiza y publica estudios advirtiendo de la ineficacia de determinadas decisiones, pero también se hace cuando están bien orientadas.

Lo que aprueban al final, es una toma de decisiones, acuerdos y trabajo político, en el que el IBD no participa, es decir, es trabajo de los políticos y es responsabilidad de ellos lo bueno o lo malo que surja de la ley o políticas.

¿Cómo se mantienen apolíticos en este ámbito?

Es algo que requiere de mucho esfuerzo con la claridad de la responsabilidad del trabajo, que debe estar apegada a los principios del Instituto. Evitamos que exista una carga en la perspectiva o el enfoque para hacer un trabajo equilibrado. No ha sido fácil, porque incluso se tienen solicitudes en las que se pretende que se tenga una orientación particular del estudio, pero siempre se ha logrado que prevalezcan los principios del IBD.

¿Cuáles pueden ser los indicadores para establecer si un país tiene exceso de leyes, de regulaciones?

Es un tema que nos hemos preguntado, porque no se refiere solo al tema del volumen de la legislación, sino también a la calidad de la reglamentación y por qué una ley, aunque esté bien definida no termina aplicándose correctamente. No hay indicadores específicos que cuantifiquen el volumen de normas o reglamentaciones, sin embargo, al hablar con diferentes sectores de la sociedad nos hemos dado cuenta de que hay sectores o actividades que tienen cierto grado de sobrerregulación que termina afectando los costos de las empresas, la dinámica de los mercados, y hasta atenta con el cumplimiento de las reglas. Un especialista en materia de seguridad social me comentó que hay 278 disposiciones reglamentarias que las empresas deben cumplir en materia laboral y de seguridad social para estar al día con las obligaciones frente a la ley. ¡Son 278!, luego hay que ver la calidad de estas, la pertinencia, si se duplican o ya dejaron de tener sentido por la antigüedad de la norma. Tanto la cantidad, como la calidad sigue siendo un problema, pero no nos hemos dado a la tarea de adelgazar el marco normativo para que sea más eficiente.

¿Cómo ayudaría la Inteligencia Artificial (IA) en estos procesos?

Ayuda principalmente en los trabajos que son técnicos; de análisis y comparación de iniciativas, leyes aprobadas, o dentro del marco internacional específico. Es un trabajo que suele hacerse de forma manual, con los investigadores o con los asesores y que la IA puede facilitar. Se puede incorporar información a estas tecnologías para sintetizar el análisis de la comparativas o los escenarios económicos de previsión, pero en la toma de decisiones es más complejo, por factores como el pensamiento y valoración humana que interviene. No hay que negarse a la tecnología, hay que arropar el esfuerzo que se puede lograr con la IA en los procesos de análisis.

¿Qué tan necesaria es la certeza jurídica en un país?

La teoría económica sostiene como importante generar un ambiente de certidumbre en los mercados y en el sistema productivo para que las decisiones económicas se puedan tomar con un alto grado de previsibilidad. Eso implica que, quienes deciden invertir lo hagan teniendo la certeza de que sus inversiones no corren mayor riesgo del que quieran correr; que los contratos mercantiles se van a respetar y que los mercados van a funcionar bien —salvo que se presenten graves crisis—, pero la certidumbre es fundamental para todos los tomadores de decisiones económicas. Para el ahorrador, saber que recibirá el rendimiento acordado; para que las empresas puedan expandir sus actividades productivas y establecer relaciones comerciales con otros países, etc.; para los trabajadores, apoya la estabilidad del trabajo y el pago a tiempo, es decir todos los agentes económicos necesitamos esa certeza jurídica que ofrece crear un entramado que garantiza el funcionamiento de los agentes económicos en orden, con estabilidad y cumplimiento. Es un tema fundamental para cualquier economía de mercado y cualquier economía moderna.

La falta de certeza jurídica desalienta las inversiones…

Sin duda. Con un contrato que se rompa, no se renueva la inversión; un pago que no se realice a algún proveedor o trabajador genera un conflicto, y en esa parte, las instituciones del Estado tienen que involucrarse para que cuando se rompa la certeza jurídica se generen mecanismos de conciliación que restituyan la certidumbre y sancione a quienes haya que penalizar. La certeza genera incentivos suficientes para que los trabajadores hagan su labor con alto grado de estabilidad, lo que permite mantener las bases del crecimiento y desarrollo.

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VIDEO | Cómo las leyes mal redactadas confunden a los guatemaltecos y afectan el desarrollo del país (y qué sectores resultan más perjudicados)

Thu, 23 Nov 2023 13:00:15 +0000

Las leyes y normas están presentes en nuestro día a día, sin embargo muchas de estas no están redactadas de la manera más entendible y generan confusión entre la población y sectores que buscan el desarrollo de la productividad del país.

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La mala redacción de leyes, además, provoca muchos conflictos y rezagos en el país, las cuales se prestan a la interpretación de usuarios y abogados.

En este nuevo programa de Guatemala No Se Detiene, investigamos qué actualizaciones legislativas modernas le urgen al país por medio de entrevistas con diferentes expertos en el tema, además de otros segmentos que le ampliarán al respecto de las posibles soluciones a esta problemática.

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Además, en uno de ellos, le damos a conocer cómo funcionan los Centros de Mediación y la forma en que buscan asesorar a los guatemaltecos en material legal y de manera gratuita.

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Excesivos permisos y revisiones: ¿Cómo acelerar los tiempos de importación en Guatemala?

Thu, 05 Oct 2023 12:00:01 +0000

La ineficiencia en un puerto para poder importar diferentes productos y materias primas es un costo que al final se traslada en el precio al consumidor. Si el ingreso de un contenedor se retrasa, puede costar hasta US$150 por día por tener detenida la carga, también se suman otros gastos como la estadía en la terminal portuaria que representarían hasta US$100 diarios.

Si la carga se detiene por revisiones o para completar la documentación, durante cuatro días, solo en estos dos cobros adicionales, el importador debe pagar US$1 mil, cifra que se traslada al costo final de la mercadería, indicó Carlos Steiger, especialista en logística y comercio internacional de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

El impacto de los retrasos en los puertos significó el año pasado US$70 millones, que el sector de graneles debió pagar por las demoras, refirió Juan Suárez, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) que suma el costo de oportunidad que tienen las empresas por la pérdida de contratos debido a incumplimiento en la entrega de productos.

Guatemala hizo el primer Estudio de Tiempos de Despacho (ETD) para la importación definitiva de carga contenerizada y general en el 2019 en las aduanas marítimas, Express Aéreo y en la aduana Tecún Umán II. En noviembre de este año, se presentará el resultado del Plan de Acción 2020-2023 que se impulsó a partir de los estudios, y aunque hay mejoras en los despachos, todavía quedan grandes desafíos que atender.

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Avances insuficientes

El tiempo promedio de despacho de carga contenerizada en los puertos en 2019 fue de siete días, cinco horas y 26 minutos, y según datos al primer semestre de este año, se tuvo una reducción a seis días, siete horas y 15 minutos. La leve disminución, desde Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se toma con relativo optimismo ya que los retos de la pandemia de covid-19 y el incremento del movimiento de carga marítima, pudieron ser un fuerte tropiezo, que incluso subiera el tiempo de despacho.

No es el resultado que quisiéramos, reconoció Werner Ovalle, intendente de aduanas que espera con los nuevos modelos de gestión se logre un mayor impacto en la competitividad aduanera. El primer modelo se implementó en la Aduana Express Aéreo y se irán sumando los cambios para las actividades marítimas y terrestres.

Ovalle le apuesta también a la implementación de la Ventanilla Única Marítima (VUMAR), prevista para marzo de 2024, y la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que establece el Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio, que aprobó Guatemala en 2017.

Según el ETD que presentó la SAT, en una importación marítima participan 10 actores y se requiere de 84 actividades, indicó Suárez. El estudio identificó a los actores de la cadena logística y el impacto positivo o negativo que tienen en el tiempo de despacho, y permite que los sectores público y privado cuentan indicadores para tomar acciones que mejoren los procesos, agregó Suárez.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) señaló que la reducción en tiempos de despacho ha sido mínima y preocupan todos los problemas que afectan la logística del país.

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La SAT ha trabajado por agilizar los procesos, pero las operaciones en puertos a cargo de otros ministerios afectan los tiempos, para lo que Sterkel sugirió invertir en infraestructura, aumentar el número de personal y que coordinen los horarios, así como lograr que los sistemas informáticos estén interconectados.

Más coordinación y tecnología

En el proceso de despacho no todo depende de la SAT, hay algunos permisos no arancelarios que vuelven lento el despacho, comentó Steiger.

Los permisos no arancelarios incluyen revisiones del Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob) las unidades de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Cargando

Se inspeccionan todos los buques que ingresan al país, para dar la autorización correspondiente, indicó el MAGA, que realiza las inspecciones junto con el Mingob, la Dirección General de Migración, la SAT y la capitanía del puerto. El SEPA verifica que la carga esté libre de plagas de interés cuarentenario y que cumpla con normas de inocuidad de los alimentos.

La revisión documental se realiza en 15 minutos y una hora como máximo para verificar la mercadería y contenedores, pero cuando se trata de carga de mediano y alto riesgo puede tomar hasta cuatro horas, explicó el MAGA.

En el caso de medicamentos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social da el registro sanitario de las medicinas que se importan y la licencia sanitaria a la empresa distribuidora, sin estos documentos no se permite el ingreso al país. La revisión de una solicitud de importación en esta cartera, puede tomar entre uno y tres días, según esa entidad.

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El Mingob por su parte, indicó que en las inspecciones a determinados contenedores no representa retrasos porque se utilizan procesos de inteligencia y manejo de información de agencias nacionales e internacionales para determinar si hay contaminación de sustancias ilegales —drogas—.

Desde marzo está en marcha el plan piloto de la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio en Puerto Quetzal, una unidad élite que emitirá y recibirá alertas internacionales para el seguimiento de contenedores con incidencias que amenacen la salud, seguridad y recaudación tributaria, dijo Suárez.

Se espera que esta fuerza de tarea utilice herramientas tecnológicas, equipo especializado en análisis para control y facilitación del comercio, y que tenga las habilidades en inspección y uso de herramientas no intrusivas, agregó el empresario.

Hay instituciones que no tienen automatizados los procesos, ni los sistemas están interconectados, señaló Ovalle al explicar que esos son los retos, por ejemplo, poder verificar en aduanas los permisos no arancelarios del MAGA.

El SEPA tiene una plataforma informática que genera un código QR para que el usuario pueda tener la información de su caso, y se trabaja para mejorar este servicio y que la plataforma tenga actualizada la información de los permisos emitidos.

Para Suárez el desarrollo digital es fundamental para mejorar el desempeño y productividad de los puertos, es necesario consolidar de forma ordenada un Port Community System (PCS) que permita crear Puertos Inteligentes (Smart Port) y que tengan como meta la interoperabilidad entre todos los actores e instituciones.

Además de crear Comunidades Portuarias y realizar una transformación digital, Steiger consideró importante que se tenga coordinación para poder trabajar con plataformas de trazabilidad y que, por parte de los importadores, es deseable que cuando el buque llegue al puerto ya tengan todos los documentos en orden (factura comercial, Bill Of Landig y todos los requisitos del Código Aduanero Unificado de Centroamérica y su reglamento, entre otros) para que las operaciones sean más ágiles.

Puerto Quetzal busca ser Smart Port

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) busca ser reconocido como un Smart Port y está en proceso de poner en marcha el uso de tecnología de punta —como la utilizada en los puertos de primer mundo—, para que los usuarios vean en tiempo real todas las operaciones en cada área.

“Se tendrá visibilidad de manera inmediata de la llega de los buques, rotación de las ventanas de atraque, índice de ocupación de los muelles, ubicación de las mercancías y otros procesos que actualmente se realizan de forma manual”, la trazabilidad dará transparencia y mejor control a usuarios del puerto y a las autoridades competentes, informó la EPQ.

En infraestructura y sistemas informáticos la portuaria ha invertido el 11% de su presupuesto, para modernizar todos los procesos para implementar un Smart Port. Una de las inversiones fue en equipos con los que la EPQ “se hará cargo de todos los movimientos de carga dentro de sus instalaciones”.

El jefe de aduanas dijo que hay inversiones en el sistema marítimo, la SAT tiene scanner y acceso a CCTV en los cuatro puertos, y en Puerto Quetzal se tiene el sistema de citas electrónicas previas, como funcionan desde 2017 en APM Terminals.

Con el nuevo modelo de despacho marítimo, previsto para 2024, se implementará la Lista de Embarque Automatizada y se busca que todos los sistemas permitan la trazabilidad de las operaciones, indicó Ovalle al declarar que una de las complicaciones para la SAT es que cada puerto tiene tecnologías diferentes y dificulta poder conectarlos al sistema de monitoreo.

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Asignaturas pendientes

La inversión en infraestructura es insuficiente al punto que los recintos portuarios pierden competitividad debido a que el calado que se tiene impide recibir buques más grandes, los carriles para transportar la carga son limitados y obligan a hacer colas, inclusive si se tiene selectivo verde para poder salir.

LA EPQ tiene un calado entre 10.5 y 11 metros, cuando en la región hay puertos con calados arriba de los 14 metros, dijo Suárez al advertir que es impostergable la inversión en infraestructura portuaria, y otros proyectos logísticos, desde carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas.

Actualmente, cada puerto tiene una ley específica de creación y aplica sus propias políticas según esa legislación, que deja fuera a la SAT de las juntas directivas de las portuarias y realiza inversiones en sistemas informáticos que cada entidad aprueba, factores que representan retos para mejora la interoperabilidad.

Algunas de las propuestas que surgen son la aprobación de una ley portuaria nacional, para crear una autoridad que rija y coordine la actividad en puertos, permita la certeza jurídica y garantice el desarrollo portuario, incluyendo la inversión en terminales privadas.

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Puertos en Guatemala: Por qué serían más eficientes si los servicios en tierra y agua fueran con alianzas público-privadas

Wed, 04 Oct 2023 13:00:58 +0000

En el tema portuario se debe tener claro que existe diferente tipo de carga: contenerizada, que viene en cajas de metal y la carga a granel. En las operaciones y normativas internas de los puertos se le da un trato distinto a cada una.

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Opinión: Alianzas Público-Privadas como mecanismo de inversión, una verdadera solución al desarrollo del país

Hugo Maul, director económico del Cien, recuerda que Guatemala depende de la carga a granel, porque son materias primas para la industria agrícola y alimentaria, como cereales que sirven para concentrados; maíz y trigo que se destinan a tortillas y pan; y los insumos agrícolas como fertilizantes y otros insumos agrícolas claves. En el caso, de los contenedores, son importaciones de artículos de consumo y maquinaria, así como las exportaciones principales, como el vestuario y el sector agrícola no tradicional.

Además de que los tiempos de despacho en aduana pueden ser altos, las dificultades que hay son de operación de los puertos. “Hay grandes diferencias entre Puerto Quetzal, Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla. Los dos primeros tienen una eficiencia superior. Puerto Barrios, tiene un acuerdo con el que se maneja bajo estándares privados y es un puerto pequeño, mientras que Puerto Quetzal tiene la operación en carga contenerizada de APM” indica.

Maul puntualiza sobre los principales desafíos para mejorar en materia de puertos en el país, en el extracto de esta entrevista.

¿Qué hace falta para mejorar en los puertos de Guatemala?

Tenemos atrasos porque los niveles de los puertos en el Atlántico están por debajo de los puertos del Pacífico. También hace falta ampliar las inversiones sobre todo en Puerto Quetzal para que haya más capacidad y equipo para el manejo de la carga. Mientras no se realice el país mantiene limitaciones importantes de cara al futuro y al crecimiento que se espera. La carga que maneja APM es más del 100% para lo que fue diseñada. Para la carga a granel, el problema es que Puerto Quetzal, con el muelle que siempre existió, desde antes del 2015 se encuentra saturado y opera a niveles mayores del 70% de su capacidad, lo que hace que no se pueda manejar más carga.

Hace falta pensar en nuevas inversiones para carga contenerizada y dejar el muelle comercial para que sea especializado para la carga a granel, que junto con la optimización de las operaciones dentro de los puertos reduciría la espera que tienen los barcos.

Los puertos no tienen un nivel de eficiencia de estándares internacionales, los que están mejor, están por debajo de un puerto panameño o mexicano, y son muy ineficientes si se comparan con uno de Asia o Europa.

¿Quién debe invertir para esas mejoras?

La forma en que se administran los puertos en casi todo el mundo es con una figura en la que el puerto es dueño de la tierra, pero las operaciones que se realizan en esa tierra y en el agua la hacen privados. De manera que las portuarias no prestan el servicio, sino que son operadores privados, que, con concesiones, que se otorgan con licitaciones y contratos de arrendamientos trasparentes y competitivos ofrecen los servicios de grúas, transporte de carga, almacenamiento, estiba y otros. Esas inversiones no corresponderían a las empresas portuarias, sino a empresas privadas, pero se necesita planificación de largo plazo —para no solo estar gestionando los cuellos de botella en cada coyuntura—, para licitar y contratar con diferentes modelos de Alianzas Público Privadas, contratos de arrendamientos, de construcción-operación y devolver al Estado.

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En Guatemala, planificamos las necesidades portuarias para la siguiente década, pensando en lo que se tuvo que hacer hace más 20 años, y con esa mentalidad no se logrará la calidad y eficiencia que requiere un país que le apuesta al modelo exportador y de nearshoring.

¿Se mantiene la competitividad en precios al cambiar el modelo?

En materia de puertos el indicador básico es cuánto tiempo pasa la carga antes de salir. Lo óptimo es que sea el menor, porque esos retrasos son tiempo y dinero perdido. Ese el indicador es el que hay reducir, porque se traslada en costos y cuando los barcos no pueden atracar porque hay colas, se pagan multas por los barcos que se quedan en alta mar.

En la medida en que vengan barcos más grandes a Guatemala, es más fácil bajar costos del transporte marítimo, pero esos grandes buques no entran en los puertos por el nivel de calado que tienen. Es como decir, vamos a traer mercadería en un gran camión, en lugar de usar un montón de picops pequeños. Puerto Quetzal tiene la ubicación estratégica para ser el puerto del Pacífico que pueda dar cabida a los buques que lleven toda la carga consolidada de Honduras y El Salvador.

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VIDEO | Compras en línea: ¿Por qué tarda tanto en llegar a Guatemala lo que pedimos por internet?

Wed, 04 Oct 2023 13:00:32 +0000

El reloj no se detiene y Guatemala tiene que avanzar en cada eje importante.

En este décimo programa de Guatemala No Se Detiene, emitido el 2 de octubre pasado, y difundido en otras plataformas (web, redes sociales y prensa escrita) investigamos cuál es el proceso real de importación de productos traídos a Guatemala desde países como Estados Unidos.

En sus diferentes segmentos, Guatemala No Se Detiene evidenció las razones por las que un producto tarda muchos más días en llegar hasta nuestro domicilio en comparación con otros países. ¿Qué autoridades nacionales deberían trabajar en conjunto para agilizar este proceso? ¿Es verdaderamente funcional una Ventanilla Ágil de Importaciones en Guatemala? Lo averiguamos en este nuevo programa.

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VIDEO | El camino para la Justicia Cero Papeles en Guatemala: ¿Qué tan lejos estamos de convertirnos en un país más digital?

Thu, 07 Sep 2023 13:00:59 +0000

El reloj no se detiene y Guatemala tiene que avanzar en cada eje importante para hacer de este un país atractivo en turismo.

En este quinto programa de Guatemala No Se Detiene, emitido el 4 de septiembre pasado, y difundido en otras plataformas (web, redes sociales y prensa escrita) el punto de enfoque es claro: la importancia de implementar la estrategia Cero Papeles para lograr una Justicia menos burocrática.

Y aunque ya existen entidades que ponen en marcha esta política, Guatemala aún se encuentra muy lejos de implementarlo de manera más general. Además, existen personas que se resisten a esta modernización y prefieren realizar sus trámites de manera tradicional.

¿Qué nos conviene más como país?, ¿El trámite físico o el digital?

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Además, puede disfrutar de cada programa vía internet pulsando en este enlace, y leer notas especiales en nuestro apartado web de Guatemala No Se Detiene, en Prensa Libre.

Opinión: ¿Puede una justicia sin rimeros de papel contribuir a crear empleos en Guatemala?

Thu, 07 Sep 2023 13:00:18 +0000

Cuando hablamos de justicia ágil y creación de empleos, tendemos a colocarlos en estancos separados. Pensamos en justicia ágil para temas penales o de familia, y la creación de empleo la relacionamos más con la instalación de nuevas empresas o con el estado de las carreteras –que es una tarea pendiente para el nuevo gobierno–. Pero no, hay un componente de la agilidad de la justicia que impacta directamente en la creación de empleo y se puede resumir en un concepto: “cero papel”, o decirles adiós a los rimeros de papeles en cada proceso y darle la bienvenida al mundo digital.

Índices internacionales que ayudan a los empresarios a decidir en qué países invertir, como el World Justice Project o el World Economic Forum, tienen indicadores dedicados a la seguridad jurídica, que en la letra pequeña incluyen el tiempo en la resolución de conflictos, la mora judicial y el costo que tiene para los ciudadanos el acceso a la justicia es fundamental en ese sentido.

Tanto grandes inversionistas como pequeños y medianos empresarios deben poner atención a los costos que una disputa comercial, laboral o tributaria puede representar. En su informe sobre transformación digital de la justicia, el BID destaca los beneficios de la justicia digital, que entre abogados y transformadores llamamos justicia “cero papel”. Acá, tres ejemplos: Brinda mayor acceso a la justicia, ya que tanto los ciudadanos como los abogados litigantes pueden acceder al expediente en forma remota, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dota de mayor seguridad, ya que brinda el resguardo de la información sin el riesgo de deterioro de los documentos o pérdida de estos. Reduce costos, pues abona a una justicia pronta, ágil, eficaz y transparente. Con esto se refuerza la seguridad jurídica del país y por lo tanto la idea de que es un buen lugar vivir e invertir.

Muchos países en Latinoamérica dieron este salto hace más de una década. Guatemala inició este proceso hace algunos años en materia penal, y avanzamos hacia la “transformación digital de la justicia” con el Decreto Número 13-2022; una ley que parte de la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia durante la pandemia y que obliga a que progresivamente adoptemos la carpeta judicial electrónica, en sustitución del expediente en papel.

Llevamos más de un año con esta ley y la velocidad de su aplicación depende ahora de los operadores de justicia, de los abogados litigantes, y de la exigencia de los ciudadanos en su uso. Para lograr el cambio de pensamiento de la forma tradicional de acceder a la justicia, el reto recae en las universidades, el Colegio de Abogados y la Escuela de Estudios Judiciales, que juegan un papel insoslayable en la formación de los nuevos profesionales y en la actualización de todos aquellos que llevan muchos años en este sistema de justicia, acostumbrados a trabajar sobre la base de mucho papel, iniciando con la actualización en aspectos fundamentales como el uso de la firma electrónica avanzada y del timbre forense electrónico.

La formación que las universidades brindan a los nuevos profesionales debe estar a la altura para propiciar el cambio cultural que beneficie realmente la implementación de la justicia “cero papeles”, en donde se supere ágilmente la etapa en la que nos encontramos, de audiencias orales grabadas y pasemos al diligenciamiento de los juicios en forma totalmente digital.

Volviendo a la pregunta original ¿Será importante la justicia “cero papel” para la generación de empleo? Sí. representa la garantía para el pequeño, mediano o gran inversionista de que las disputas en las que se vea involucrado se resolverán en forma ágil, eficiente y transparente. Por los múltiples beneficios sociales y económicos que representa para los guatemaltecos, la iniciativa Guatemala No Se Detiene incentiva y apoya las acciones encaminadas a la transformación digital del Estado.

Digitalización de la justicia suspendida: Las razones por las que dos timbres electrónicos están frenados en Guatemala

Thu, 07 Sep 2023 12:10:19 +0000

El 6 de diciembre pasado, en asamblea extraordinaria convocada, la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) obtuvo luz verde para iniciar el proceso que permite habilitar la versión electrónica de los timbres Forense y Notarial, contenidos en el Decreto 82-96, por lo que la tarea pendiente es realizar modificaciones al reglamento respectivo.

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Sin embargo, ponerlo en la práctica no es tan sencillo. Primero, porque pesa un amparo en lo relacionado con el Timbre Forense Electrónico interpuesto por el abogado Mario René Cano Gutiérrez, en el cual argumenta que no se cumplieron los pasos para la convocatoria de la citada asamblea. Segundo porque pese a que no ha sido suspendido por amparo, hace falta la implementación del reglamento coordinada entre el OJ y el CANG. Con relación al timbre notarial, por estar regulado en el Código de Notariado Decreto 314 se requiere una reforma a la ley, aprobada por el Congreso de la República, para hacerlo realidad.

El Timbre Forense es utilizado en memoriales o demanda que lleve el auxilio de un abogado.

El Timbre Notarial se utiliza para colocarlo en documentos que requieren la intervención de un notario tales como actas notariales, legalización de firmas o fotocopia de documentos, testamento abiertos y donaciones por muerte, así como resoluciones notariales entre otros documentos.

Digitalización en suspenso

El caso del Timbre Forense Electrónico, “se encuentra en proceso por el órgano competente. Derivado a lo anterior, no se puede opinar más al respecto por estar en un proceso en curso”, indica la secretaria del CANG, Sherly Maldonado.

El amparo que detiene la habilitación electrónica del Timbre Forense, específicamente, fue interpuesto en la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual el 3 de enero pasado, notificó al CANG, que fue admitido para su trámite respectivo, con el expediente número 01011-2022-00429. El amparo provisional no fue otorgado, por lo que se está a la espera de la resolución final.

Esa condición implica que el proceso de modificación del reglamento para habilitar su vigencia tiene el paso expedito, pero para tener certeza de lo que se puede hacer, el gremio ha decidido esperar a que haya una resolución por parte Sala Primera.

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Esa situación no permite lograr el objetivo de digitalizar ese tipo de impuestos para evitar el uso de papel, pues lo que rige actualmente sigue siendo el uso convencional de adherir estampillas en los documentos que conforme a la ley lo requieren.

Según Ana Isabel Antillón, de la mesa de certeza jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, le han dado seguimiento a este proceso de digitalización del Timbre Forense y Notarial, los cuales están regulados por el Decreto 82-96. Luego, de que el amparo sea dilucidado por la sala que lo tiene a su cargo, si es favorable, el CANG a lo interno puede retomar el proceso de habilitación. Sin embargo, en el caso del Timbre Notarial, dicho proceso puede llevar más tiempo, pues primero tiene que presentarse al Congreso, ya que, por estar regulado por un Decreto Legislativo, como lo es el Código de Notariado, es el pleno al que le corresponde aprobar una modificación que habilite su uso en forma digital.

“Es un problema de redacción, pues la norma pide que se pegue o adhiera la estampilla. En el caso del Timbre Forense, dice que cuente con el timbre, no dice que se adhiera”, explica Antillón.

Se buscó conocer de primera mano la versión de Cano Gutiérrez, pero lo único que se pudo saber de él, es que lideró la planilla número 2 en las elecciones para la actual Junta Directiva del CANG, la cual quedó electa en febrero pasado.

En esa ocasión, las planillas 2, 4 y 7, alertaron sobre un posible fraude en la elección de dicho cuerpo colegiado.

Modernización de los sistemas

En la actualidad hay varios proyectos públicos dirigidos a la digitalización de la documentación en papel y sus procedimientos, como la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, Decreto 13-2022. Es por ello que la implementación de los timbres electrónicos contribuye a la ejecución de estos mecanismos. No obstante, el objetivo de este impuesto sigue con el mismo uso y finalidad, lo cual no genera ninguna modificación con respecto a su finalidad.

De acuerdo con los estatutos del CANG, es en Asamblea General donde se deberán resolver los asuntos que no correspondan a la Junta Directiva, como en el caso de un reglamento que regularía el timbre notarial, tema del cual no se tiene conocimiento al respecto, asegura Maldonado.

En el caso específico del Timbre Notarial Electrónico, de igual manera no se ha incorporado a la práctica en su totalidad. Así mismo, “existe el proyecto para reglamentarlo y el CANG se encuentra trabajando en crear las bases para su implementación”, comenta Cilia Castellanos, senior manager de Impuestos en la firma EY.

Entre los beneficios que de esta figura electrónica está el avance para facilitar el ejercicio de los profesionales, brindar certeza ante las autoridades y seguridad para las personas que forman parte de los actos y contratos que están sujetos a dicho timbre.

Además, viene a simplificar el pago de obligaciones respecto a actos y contratos gravado con Timbre Notarial y permite tener un respaldo electrónico del cumplimiento de la obligación.

Pesos y contrapesos

El Decreto 82-96 del Congreso de la República da vida al Timbre Forense y al Timbre Notarial, cuyos fondos son de carácter privativo a cargo del CANG. Estos recursos son destinados para programas de prestaciones sociales a favor de los miembros colegiados activos.

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Para obtener los mejores resultados en el ejercicio profesional, dice Maldonado, es conveniente que los aspectos que benefician a los agremiados, puedan ser tramitados. Concretamente en este caso, que los profesionales se puedan expresar al respecto, para tener un punto de medición real y homogéneo, sobre lo que sería la vigencia de los timbres electrónicos.

Ahora, se podría decir que en lo referente al Timbre Forense Electrónico, su vigencia es un proceso detenido en espera de una resolución del órgano competente en la materia de amparos, por lo cual, aún no está vigente, pese a contar la Junta Directiva del Colegio de juristas, con la mayoría de votos de la asamblea extraordinaria celebrada en diciembre pasado.

De acuerdo con la secretaria del CANG, “según el artículo 28 de la Constitución Política de Guatemala, todos los ciudadanos tienen derecho de petición, para dirigir sus peticiones a la autoridad competente. Se tiene desconocimiento si es oposición política o no, por lo cual no se puede opinar al respecto”.

En cuanto al aprovechamiento de la digitalización de estas dos figuras impositivas, la percepción de los profesionales del derecho sobre su implementación, es que tiene que pasar por un proceso de desarrollo y de continua actualización, por lo que la educación ante la implementación y uso del Timbre Forense y Notarial electrónico, sería la clave para obtener los resultados deseados.

De igual manera, considerando que diversas instituciones promueven la digitalización de sus procesos, la implementación de este mecanismo no debería representar un reto para los profesionales y por el contrario, sería bien recibido por parte del gremio, indica Castellanos.

Entre las ventajas mencionadas de habilitar la opción electrónica, están la accesibilidad en cualquier parte del país, las 24 horas los 365 días del año, facilidad de cumplir con obligaciones notariales, el ahorro de tiempo y recursos y transparencia para el usuario.

La desventaja que se observa es la posibilidad de un fallo o error informático que pueda obstaculizar este trámite e impedir cumplir de forma oportuna, con las obligaciones respectivas.

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Leasing: Quiénes lo utilizan más en Guatemala y cuánto ha aumentado desde que la ley rige

Thu, 07 Sep 2023 11:55:45 +0000

Centros médicos, bancos y empresas del sector construcción están haciendo uso de los beneficios que ofrece la vigencia de la Ley de Leasing. Luego de su aprobación en 2021, la inscripción de garantías, empezaron a aumentar, inclusive hasta más de 250 en un mes, mientras que, sin la normativa para esta figura, dichas inscripciones no superaban las 50 mensuales.

Sin embargo, aunque ahora hay más sectores que utilizan la figura, aún hay espacio para aumentar las operaciones. Incluso, usuarios de esta advierten que hace falta mayor difusión de cómo usarla.

El Leasing es un producto financiero que fomenta el crecimiento económico y la inversión. Es una forma de financiamiento en renta, con más ventajas competitivas, comparado con un crédito fiduciario, en la cual se puede ejercer la función de compra. Es decir, la persona interesada obtiene un bien en calidad de renta, pero con la oportunidad de quedárselo definitivamente con la opción de compra, pagando un valor residual acordado, de acuerdo con lo considerado en el inciso “l”, artículo 2 del Decreto 2-2021.

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Desde la vigencia de la ley en el 2021, la Asociación de Empresas de Arrendamiento y Factoraje de Guatemala (Asoleasing) estima que el uso de esta herramienta ha crecido entre el 7% y el 10% en promedio.

Un indicador que se puede acercar a conocer el pulso de las transacciones es el que divulga el Ministerio de Economía, en su informe económico de la ultima semana de agosto, donde se evidencia que a partir de 2021, las inscripciones de garantías mobiliarias de Leasing empezaron a incrementarse, de estar en menos de 50 mensuales en ese año, a más de 100 entre mayo y agosto 2022.

El 2023 empezó con buen pie al superar las 250 inscripciones en enero y ha promediado las 100 en lo siguientes meses, según se puede observar en la gráfica referida.

De acuerdo con la gremial, antes de la vigencia de la ley, el mercado con financiamiento de Leasing era cerca del 5%. Las expectativas eran de que, al contar con una normativa propia, llegue a alcanzar el 15% y 20% en un futuro cercano. No obstante, dichas proyecciones siguen siendo pequeñas con respecto al de países avanzados que registran hasta un 60%.

Sectores usuarios de leasing

Dentro de los sectores que se han visto beneficiados, podemos hablar de los agentes económicos en la geografía del interior del país. En especial los sectores farmacéuticos, construcción y de equipo agroindustrial de apoyo a la mecanización y trabajo de la tierra, indica Hermann Girón, presidente de la Cámara de Finanzas.

De igual manera, entre quienes más utilizan la herramienta, está la banca donde hay nuevos competidores, lo cual es un indicador de que hay mayor demanda, arrendadoras de vehículos, electrodomésticos entre otros y, vivienda. Esta última ha sido clasificada de manera separada.

Una es el Leasing en vivienda habitacional y la otra, el Leasing en vivienda de interés social. Aunque algunas constructoras sí han analizado la implementación de la figura, en general, el sector no lo ha explotado suficiente, principalmente, porque no hay incentivos que motiven a hacer uso de esta modalidad de financiamiento, indica Mirella Juárez, CEO de Arrend Leasing y presidenta de la Asoleasing.

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“Sobre todo en lo referente a vivienda social, falta esa parte del incentivo fiscal, tanto para el constructor como para la persona que la está adquiriendo”, comparte Juárez.

Algo importante es alinear la ley con otras normativas, como en el caso de la ley de movilidad eléctrica. “Aquí, se incluyó en el artículo 8, el cual dice que todas las rentas o cuotas que se den a vehículos híbridos, eléctricos y todas las compras que se tienen exentas en esta ley, aplican en los pagos de las rentas que se tengan cuando se hacen a través de arrendamientos. Esa es una especie de motivante alineado”, refiere la presidenta de la Asoleasing.

Mayor conocimiento, el desafío

Las telecomunicaciones es uno de los sectores que no lo están utilizando, podría ser por falta de entender cómo funciona. Es por ello que precisa promover dicha ley para dar a conocer, sobre todo al sector de las micro y pequeñas empresas que podría tener grandes beneficios sabiendo cómo funciona esta modalidad de financiamiento.

De hecho, en la gremial de Leasing y Factoraje de la Cámara de Industria, se están haciendo esfuerzos para introducir y educar al mercado guatemalteco sobre este producto financiero que, ha sido muy bien utilizado en países como Estados Unidos, Colombia y Chile, comenta José Figueroa, gerente general de Leasing Industrial.

El Leasing es una herramienta idónea para invertir en activos productivos y genera un crecimiento económico y nuevos empleos en el país. Al renovar o adquirir nuevo equipo o maquinaria, por medio de esta modalidad de financiamiento, ayuda a que las empresas logren conquistar una participación de mercado adicional, sin tener que verse afectados en sus flujos de efectivo, asegura Figueroa.

El mercado actual en Guatemala es muy pequeño en comparación con otros países y, creemos que en un futuro esta forma de adquirir activos será más común, agrega.

Previo a la ley, se pactaban derechos y obligaciones entre las partes, utilizando figuras y reglas generales contempladas en el Derecho Civil y Derecho Mercantil, para los contratos de arrendamiento, así como de compraventa. “La ley ofrece claridad en el tratamiento fiscal y contable para todas las partes de una transacción de Leasing”, explica Cilia Castellanos, senior manager de Impuestos en EY.

“La ley está llamando el interés en otros países, como Colombia, incluso el Banco Mundial, ha manifestado que es la mejor ley en América Latina, mientras que aquí, no se está aprovechando como debería”, cuestiona Mirella Juárez.

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