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La PGN insiste en una reparación digna de Q21 millones por el caso Libramiento de Chimaltenango

El abogado de la PGN fue destituido por un mal procedimiento en el que obtuvo un reparo de Q350 mil

Fátima Najarro

9 de agosto de 2024

|

05:00h

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Solo en los primero tres años despúes de su inauguración se derrumbó más de 20 veces. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de que un abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) no sustentara la reparación digna de Q21 millones en el caso denominado Libramiento de Chimaltenango, el mencionado ente del Estado promovió una actividad procesal defectuosa en el Juzgado de Mayor Riesgo A, el  31 de julio.

Ahora con el recurso planteado, se busca una salida legal que permita una nueva resolución que beneficie a los intereses del Estado defendidos por la PGN. La acción señala que se cometieron algunos vicios en el desarrollo del proceso de aceptación de cargos.

La jueza Claudette Domínguez deberá conocer el recurso presentado por la PGN y resolverlo.

“La PGN considera que la jueza omitió verificar requisitos indispensables para la procedencia de la aceptación de cargos”, indicó el procurador, Julio Saavedra.

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En este caso, el abogado de la PGN, Otto Alvarado, presentó la reparación digna por Q21 millones, pero no la sustentó y ello condujo a que la jueza Domínguez no aceptara el monto por falta de respaldo con un documento técnico y dictaminara a la empresa Constructora Nacional, S. A. (Conasa) y Renova Ingenieros, S. A. un pago de Q350 mil.

Esta semana el presidente Bernardo Arévalo fue preguntado al respecto, y respondió que “contra esta persona se pedirá la destitución y las denuncias correspondientes por el hecho de haber incurrido en ese acto”.

Esto, porque el Ejecutivo sostiene que fue un mal procedimiento por parte de Alvarado, quien fue cesado el  martes último.

La jueza Domínguez sentenció a los directivos de ambas empresas a pagar Q350 mil cada uno, además de tres años y cuatro meses de prisión.

Los condenados fueron Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, S. A.

Los dos se sometieron a la figura de aceptación de cargos, por lo que se les redujo la pena de prisión, que  en un inicio era de cinco años.

Ambos directivos aceptaron los delitos de fraude. La resolución de la juzgadora ordena que se efectúen los pagos a siete instituciones de ayuda social por medio de la donación de insumos con un valor de Q50 mil cada una.

 No obstante lo anterior, la PGN insistirá en obtener la reparación digna de los Q21 millones, que es el monto equivalente a las reparaciones que la obra necesita.

De este monto requerido, Q15 millones 170 mil se utilizarán para arreglar el muro de suelo enclavado. Para la construcción de pasarelas en el área se solicita Q1 millón 920 mil y para el área de derecho de vía, Q4 millones 56 mil.

Una parte de los montos deberá ser pagado una parte por Renova y la otra Conasa. En un primer momento el proyecto fue adjudicado a Conasa, pero después pasó a la subsidiaria Renova debido a que la primera empresa fue inhabilitada por el caso denominado Construcción y Corrupción.

Curso legal

Desde que el libramiento de Chimaltenango fue inaugurado por el entonces presidente Morales los derrumbes e inundaciones en el tramo cuando hay lluvia no han dejado de registrarse, pese a que la inversión fue de Q528 millones 600 mil.

Un año después de la construcción se capturó 17 personas relacionadas con la obra, puesto que el proyecto presentaba anomalías técnicas, financieras y administrativas.

Tres meses después el juez Mynor Moto dictó falta de mérito en contra de los sindicados y los liberó.

El caso fue vinculado a otros procesos que enfrentaba el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en el mandato de Morales, José Luis Benito. El 24 de junio recién pasado, la Cámara de Amparos otorgó al exfuncionario un recurso para que recuperara su libertad condicional.

La defensa justificó el recurso por considerar que se le persigue por “tintes políticos”, además de que hace referencia al tiempo que Benito ha permanecido en prisión preventiva y la posible pena que pudiera recibir.

Por otro lado, en 2021 el Ministerio Público (MP) reveló que la experiencia de Renova fue simulada por parte de Tejada Argueta y Álvaro Mayorga. Ambos fueron condenados en otro caso en el 2018, y como resarcimiento debían construir dos carreteras el primero, y una el segundo.

De acuerdo con lo dado a conocer por el MP en su momento, las carreteras las construyó Renova y no hubo una transacción monetaria por parte de los condenados. Dichas obras fueron la justificación para obtener la adjudicación en el libramiento de Chimaltenango, después que Conasa quedara afuera.

Destituido abogado de PGN por fallas en reclamo de reparación digna en caso Libramiento de Chimaltenango

El abogado Otto Alvarado fue removido de su puesto en la PGN, luego de que el Gobierno señalara que por un mal procedimiento en el caso Libramiento de Chimaltenango no se logró una reparación digna de Q21 millones.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

6 de agosto de 2024

|

19:22h

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El contrato del abogado Otto Alvarado en la Procuraduría General de la Nación (PGN) fue rescindido luego de que el Gobierno de Guatemala señala que por un mal procedimiento el Estado dejó de percibir Q21 millones que eran reclamados como reparación digna en el caso Libramiento de Chimaltenango, informaron fuentes judiciales.

Alvarado confirmó este martes 6 de agosto que le fue rescindido su contrato como abogado de PGN, luego del anuncio del presidente Bernardo Arévalo, quien expresó que el jurista no cumplió con la gestión ordenada en la audiencia de reparación digna.

El pasado lunes, el Gobierno de Guatemala informó que destituiría y emprendería acciones legales contra el abogado de la PGN que representó el Estado en el caso Libramiento de Chimaltenango, pues debido a un mal procedimiento no se logró que los dos constructores confesos de fraude pagaran Q21 millones en reparación digna, y en cabio fueron condenados a cancelar Q350 mil cada uno.

Esto luego de que dos directivos de la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y Renova Ingenieros, Sociedad Anónima aceptaron cargos de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango, una “megaobra” de Q528.6 millones que desde su inauguración, en 2019, ha sido afectada por derrumbes e inundaciones; sin embargo, la Jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, los condenó a pagar por reparación digna al Estado de Guatemala Q350 mil a cada uno, porque la PGN no sustentó los requerimiento para que los constructores cancelaran Q21 millones.

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Previo a eso, Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, fueron condenados por fraude a 5 años de prisión, pero al haberse sometido al procedimiento de aceptación de cargos, la pena quedó en 3 años y 4 meses.

La jueza Domínguez señaló que las peticiones de la PGN respecto a la reparación digna en dicho caso no podían ser atendidas porque no fueron debidamente acreditadas, al referirse a un informe que no fue adjuntado al expediente.

Durante la audiencia reiteró que no procedía el requerimiento de reparación digna planteado por la PGN, poque el abogado no sustentó las solicitudes con informes y documentación.

Por lo anterior, este lunes pasado, el presidente Bernardo Arévalo dijo que el abogado de la PGN que representó al Estado en el proceso de reclamo de reparación digna sería destituido y objeto de denuncias penales, debido a que incumplió instrucciones giradas por parte de las autoridades competentes.

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Arévalo dijo en conferencia de prensa que “va a ser destituida la persona responsable de no hacer la gestión que se le había ordenado”.

Agregó que el procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta, dio la instrucción que la demanda del Estado fuera por Q21 millones, pero esta no se cumplió por parte del abogado que representaba a la PGN en ese momento.

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El Gobierno destituirá al abogado que representó al Estado en el caso Libramiento de Chimaltenango, porque debido a un mal procedimiento dos constructores confesos de fraude solo pagarán Q350 mil de reparación digna, cuando el reclamo era de Q21 millones.

César Pérez Marroquín

5 de agosto de 2024

|

16:02h

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El libramiento de Chimaltenango fue construido en 2019, pero desde entonces ha sido afectado por derrumbes e inundaciones. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Gobierno de Guatemala destituirá y emprenderá acciones legales contra el abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que representó el Estado en el caso Libramiento de Chimaltenango, pues debido a un mal procedimiento no se logró que los dos constructores confesos de fraude pagaran Q21 millones en reparación digna, y en cabio fueron condenados a cancelar Q350 mil cada uno.

El pasado 26 de julio, dos directivos de la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y Renova Ingenieros, Sociedad Anónima aceptaron cargos de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango, una “megaobra” de Q528.6 millones que desde su inauguración, en 2019, ha sido afectada por derrumbes e inundaciones; sin embargo, la Jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, los condenó a pagar por reparación digna al Estado de Guatemala Q350 mil a cada uno, porque la PGN no sustentó los requerimiento para que los constructores cancelaran Q21 millones.

Previo a eso, Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, fueron condenados por fraude a 5 años de prisión, pero al haberse sometido al procedimiento de aceptación de cargos, la pena quedó en 3 años y 4 meses.

La jueza Domínguez señaló que las peticiones de la PGN respecto a la reparación digna en dicho caso no podían ser atendidas porque no fueron debidamente acreditadas, al referirse a un informe que no fue adjuntado al expediente.

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Por lo anterior, este lunes 5 de agosto el presidente Bernardo Arévalo dijo que el abogado de la PGN que representó al Estado en el proceso de reclamo de reparación digna será destituido y objeto de denuncias penales, debido a que incumplió instrucciones giradas por parte de las autoridades competentes.

Sin que se diera a conocer el nombre del abogado, Arévalo dijo en conferencia de prensa que “va ser destituida la personas responsable de no hacer la gestión que se le había ordenado”.

Agregó que el procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta, dio la instrucción que la demanda del Estado fuera por Q21 millones, pero esta no se cumplió por parte del abogado que representaba a la PGN en ese momento.

“Contra esta persona se pondrá la destitución y las denuncias correspondientes por el hecho de haber incurrido en ese acto”, agregó Arévalo.

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Pero dos años después, la carretera sufre seriamente en invierno; además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto.

La primera lluvia del año en que Morales inauguró el tramo fue el prólogo de una novela sin final, con inundaciones continuas y deslizamientos de tierra que han desnudado una polémica carretera de taludes con revestimientos de un concreto que se desmorona en varios sectores con cada acumulación importante de agua.

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César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

31 de julio de 2024

|

17:27h

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Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Rabanales se declararon culpables de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El pasado 26 de julio, dos directivos de la Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y Renova Ingenieros, Sociedad Anónima aceptaron cargos de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango, a quienes este miércoles un juez les hizo saber que deben pagar Q350 mil en reparación digna.

El libramiento de Chimaltenango es una “megaobra” de Q528.6 millones que, desde su inauguración, en 2019 durante el gobierno de Jimmy Morales, ha sido afectada por derrumbes e inundaciones, mismos que dieron paso a una investigación por parte del Ministerio Público (MP) que salpicó a exfuncionarios y constructores. Algunos de ellos se han declarado culpables y condenados a penas mínimas de prisión.

Este es el caso de Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo Administrativo y representante legal de Conasa, y Carlos Enrique Figueroa Rabanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, Sociedad Anónima, quienes aceptaron cargos en el caso Libramiento de Chimaltenango y fueron condenados por fraude a 5 años de prisión, pero al haberse sometido a ese procedimiento la pena quedó en 3 años y 4 meses.

Además, la Jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, determinó que Tejeda y Rabanales deberán pagar Q350 mil cada uno por reparación digna dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

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La resolución detalla que el pago deberá hacerse a siete instituciones de ayuda social mediante donación de insumos con un valor de Q50 mil para cada una.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) había solicitado que Renova pagara Q15 millones y Conasa Q4 millones; sin embargo, la jueza a cargo del proceso señaló que el abogado de esa institución no acreditó la forma en que fue agraviado el Estado de Guatemala, porque presentó documentación incompleta.

Detalles

El Libramiento de Chimaltenango desenreda el tránsito en la carretera Interamericana en Chimaltenango y fue inaugurada en 2019 por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020) a un costo US$68.3 millones (Q528.6 millones), pero pese a esa fuerte inversión, el tramo se desmorona con las lluvias y, según sectores, ejemplifica la corrupción en el país.

Pero dos años después, la carretera sufre seriamente en invierno; además, el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto.

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Un “megafraude”

En julio de 2020, fueron capturadas 17 personas por las anomalías técnicas, financieras y administrativas alrededor de la construcción de la autopista, pero tres meses después, en octubre, el juez a cargo del proceso, Mynor Moto, dictó falta de mérito en contra de los acusados y los liberó.

En el proceso judicial se vinculó a la supuesta trama de corrupción al exministro de Comunicaciones de la Administración de Jimmy Morales, José Luis Benito, quien también aceptó cargo y obtuvo una pena mínima.

Benito también fue acusado por la aparición en 2020 de US$15.7 millones en efectivo en maletas dentro de una residencia bajo su supuesta supervisión.

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Todos están acusados de fraude en una construcción inicialmente adjudicada a la empresa Conasa y que, tras su inhabilitación por otros casos de corrupción con el Gobierno, pasó a su subsidiaria Renova.

Las labores de limpieza dieron inicio el domingo por la tarde por parte de Caminos, quienes removieron una cantidad de 900 metros cúbicos de tierra, desalojando únicamente dos carriles.

Para la mañana de este 24 de julio, Caminos ya no se presentó en el lugar, por lo que llegó una constructora particular de apoyo en las labores de limpieza, sin embargo, por las fuertes lluvias se suspendieron las labores.

Por su parte, la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa) no se hizo presente en el lugar del derrumbe.

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El lugar donde se produjo el derrumbe ya había presentado otros movimientos de masa desde octubre del 2019 poniendo en riesgo la casa hogar Mi especial Tesoro, de acuerdo a información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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“El Libramiento Chimaltenango informa a la población usuaria de la ruta y a los entes institucionales competentes que los diversos bloqueos de las cajas de captación de aguas pluviales que se utilizan para desfogar el agua de lluvia de la carretera y pueden poner en riesgo a los usuarios de la carretera, continúan”, dice un comunicado.

Agrega que “los taponamientos constituyen un hecho deliberado por parte de un grupo de pobladores de las áreas adyacentes a la carretera, lo que ha provocado, no solo la obstrucción del sistema de captación de las precipitaciones pluviales, sino perjuicios a los sistemas que en el momento de colapsar totalmente pueden representar, además de inconvenientes en el desfogue de las aguas, accidentes a los usuarios que transitan por la ruta diariamente”.

El comunicado añade que los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierten que el área del Libramiento de Chimaltenango es susceptible a lluvias constantes que “provocan no solo saturación de suelos, sino también fuertes precipitaciones que, en el caso de la carretera deben desembocar en los lugares en donde se construyeron las cajas de captación, mismas que han sufrido bloqueos y taponamientos por parte de personas con intereses particulares”.

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Esas acciones, según detalla el documento, podrían afectar la transitabilidad de los usuarios de la ruta.

“Reiteramos el llamado institucional al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos para agotar las vías de intervención en favor de una pronta solución”, porque “las cajas deben ser destapadas con urgencia, para que las corrientes de agua fluyan de manera adecuada.

Con base a declaraciones recientes del presidente Alejandro Giammattei y del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, el comunicado refiere que, de no actuar con prontitud, podría ocurrir algo parecido a los que pasa en carretera a El Salvador, donde el taponamiento de una tubería constituyó en daños a la vía.

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“El libramiento presenta la misma situación, la cual ha sido denunciada al Ministerio Público por lo que implica; la acción identificada en ruta a El Salvador, según las declaraciones de prensa referidas, representa una deducción de responsabilidades legales en contra de las personas que las realizan. En virtud de la similitud de hecho que hay en el Libramiento Chimaltenango, en donde personas en favor de sus propios intereses, actúan al margen de la ley, obstruyendo las cajas de captación pluvial, una vez más solicitamos que los entes institucionales intervengan en la resolución del mismo, dado que los taponamientos podrían perjudicar el paso en la carretera, que es una vía alterna que optimiza tiempo, efectiviza traslados y por la cual que se moviliza el desarrollo del país”.

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https://twitter.com/LibraChimal/status/1575192646557270016?s=20&t=Ex3Q4rofMGqdsj_DtEUOnA

Costo millonario

El Gobierno de Guatemala hizo una millonaria inversión ese proyecto, pues en total el estado desembolsó US$68.3 millones (unos Q528.6 millones).

Los 14.5 kilómetros de cuatro carriles que se planificaron para aliviar el paso de la carretera, denominada “Libramiento de Chimaltenango”, fueron presumidos en abril de 2019 por Morales como una “megaobra” e “hito histórico” para beneficiar a más de seis millones de guatemaltecos.

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Ahora la carretera es afectada seriamente durante la temporada de lluvia y el costo de la inversión creció una cuarta parte de su presupuesto original y la obra aún no ha sido recibida de manera oficial por el Gobierno.

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Originalmente el costo era mucho menor. En julio de 2014, Caminos suscribió un contrato con la empresa Conasa por Q312.9 millones para la construcción del Libramiento de Chimaltenango, el cual fue incrementado en 17 ocasiones, a través de la emisión de documentos de cambio por Q74.2 millones.

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La obra está bajo proceso de investigación, pues el Ministerio Público sostiene que en noviembre de 2017 se suscribió un contrato modificatorio por Q64.5 millones, por lo cual la obra alcanzó los Q451 millones; luego de esto se creó la empresa Renova Ingenieros, entidad que no estaba inscrita en el Registro de precalificados de obras del CIV y presentó documentos falsos. Para luego recibir otro contrato que elevó a Q528.6 millones la obra.

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Este día, Sinibaldi empezó a declarar luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad terminara hace una semana con la imputación por hechos de corrupción, que incluyen las irregularidades del caso Odebrecht.

El 16 de septiembre pasado, cuando el proceso aún no estaba en reserva, Sinibaldi dijo que el caso de construcción de la carretera CA-2 Oriente es muy similar al de Odebrecht y que en total se compararon 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa.

Sobre esa compra de voluntades se supone que empezó a declarar el exfuncionario.

Hace tres semanas Sinibaldi indicó que, en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa “son las Odebrecht de Guatemala”, en referencia a la constructora brasileña señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluida Guatemala, para obtener proyectos de construcción.

El exministro de Comunicaciones ha señalado al exministro de Cultura y Deportes, Luis Chea Urruela, como parte de quienes se reunieron con directivos de Odebrecht.

“En el hotel Presidente, de México, en una reunión en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña y donde hubo varios testigos, dentro de los cuales están; por ejemplo el exembajador -José Luis- Chea Urruela, el exembajador -Julio- Ligorría, y los candidatos” -en relación a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que buscaban la Presidencia de Guatemala, expresó Sinibaldi el 16 de septiembre pasado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia el 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016.

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Sinibaldi dijo que en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa son las Odebrecht de Guatemala, en referencia a la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluida Guatemala, para obtener proyectos de construcción.

Agregó que en caso de construcción de la carretera CA-2 Oriente, es un caso muy similar al de Odebrecht y que en total se compararon 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa.

Dijo que estas compras de voluntades habrían sido 146 para Sigma y 106 Odebrecht, para Conasa.

Desmiente a colaboradores eficaces

“Quiero comentar que en el caso específico de los colaboradores eficaces brasileños en el caso Odebrecht, en sus declaraciones tienen muchas imprecisiones, y entiende que se tomaban como verdad, puesto que faltaba su versión.

Añadió que él está en Guatemala para contar la otra parte de la verdad, o lo que hace falta del caso.

Puso como ejemplo el caso del colaborador Marcos Machado, de Odebrecht Brasil, quien asegura que conoció a Sinibaldi en diciembre de 2011, pero que existen pruebas, fotografías y se pueden consultar registros migratorios que comprueban que en realidad se conocieron en México a mediados del 2010.

“En el hotel Presidente, de México, en una reunión en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña y donde hubo varios testigos, dentro de los cuales están, por ejemplo el exembajador -José Luis- Chea Urruela, el exembajador -Julio- Ligorría, y los candidatos” -en relación a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que buscaban la presidencia de Guatemala, expresó Sinibaldi.

Agregó que esas declaraciones de Machado están llenas de imprecisiones.

“Solo es la punta del iceberg”

El exministro Sinibaldi, dijo que su función ahora, al enfrentar la justicia, es contar lo que hace falta por contar y por eso dice que lo que se sabe del caso Construcción y Corrupción y del caso Odebrecht es solo “la punta del iceberg”, y solo es lo que se ha dicho en su contra.

Añadió que con sus declaraciones se va a completar la verdad y espera que eso ayude a ir transformando el sistema actual que ocasiona la corrupción.

Personeros de la empresa Conasa aseguraron que no se va a pronunciar por los señalamientos de Sinibaldi.

Prensa Libre se comunicó a las oficinas de Sigma para obtener una declaración sobre lo dicho por el exministro Sinibaldi, pero nadie respondió las llamadas.

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Expresó que el 30 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió el contrato 047-2014-DGCCONSTRUCCIÓN con la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por un valor de Q312 millones 997 mil 671.55, pero este se modificó en 17 veces, se pagaron otros Q74 millones 205 mil 487.80, por lo que el costo total de la obra subió a Q387 millones 203 mil 159.35.

Agregó que el 13 de noviembre de 2017 se suscribió otro contrato modificatorio por la suma de Q64 millones 533 mil 855.20 por lo que el valor del libramiento llegó a los Q451 millones 737 mil 014.55.

Según el MP, la Ley de Contrataciones del Estado le impedía a Conasa participar en una segunda licitación para concluir dos kilómetros del libramiento que estaban pendientes, pues había llegado al límite máximo para las modificaciones que pueden realizarse en relación con el valor inicial de la adjudicación.

Además, porque las nuevas Bases de Licitación que fueron diseñadas por la Dirección General de Caminos, se establecía esta limitante para las entidades cuyos personeros estuviesen vinculados en casos que se llevaran en los tribunales de Justicia del país, como era el caso de Juan Luis Tejada Argueta, quien fungía como gerente general y representante legal de Conasa, vinculado al Caso denominado Construcción y Corrupción.

Las anomalías

• Según el MP, debido al impedimento de Conasa, se constituyó la Sociedad Anónima denominada Renova Ingenieros, S.A., para poder concursar en los futuros eventos de contrataciones estatales para la ejecución de obras públicas, pero cuando se creó el 28 de marzo de 2017 el objeto social estipulado en su constitución no se hacía referencia a la construcción de carreteras.
• Los socios fundadores de Renova eran Alejandro Díaz Bonatti y Otto David Ortiz Aldana con un capital autorizado de Q2 millones y el capital suscrito y pagado fue únicamente de Q9 mil 500.Una de las anomalías que encontró el MP es que el 4 de octubre de 2017, Díaz Bonatti, en su calidad de representante legal de Renova Ingenieros S.A. requirió los servicios de una notaria para modificar la escritura social de la empresa, aumentó el  capital autorizado a Q27 millones y puso como la actividad principal a la construcción.
• Según el Ministerio Público, eso fue pensando en su futura participación en la licitación del tramo de construcción del Libramiento, pues el 14 de septiembre de 2018, cuando faltaban aproximadamente 3 meses para que se produjera la participación de Renova en la licitación pública se nombró a Carlos Enrique Figueroa Ravanales como representante legal de esa empresa.
• Otra anomalía que halló el MP es que las bases de la licitación pública fueron adecuadas “artificiosamente” para propiciar y facilitar la participación de Renova Ingenieros S.A., en el concurso, pues como se sabía que esta no poseía la capacidad económica necesaria se abrió la posibilidad de que se pudiese asociar con otra empresa que sí tuviera los recursos y la logística para la ejecución del proyecto. Renova concursó y le fue adjudicada de forma fraudulenta la obra, sin haber acreditado la existencia de contrato de participación con alguna otra empresa, resalta el MP.
• Una de las principales irregularidades que según el MP detectó la Fiscalía contra la Corrupción fue que Renova Ingenieros, S.A., no fue inscrita dentro del Registro de Precalificados de Obra del Ministerio de Comunicaciones, pues su limitada capacidad económica y logística le impidió dictamen técnico favorable.
• En la investigación se determinó que Renova presentó una constancia de inscripción ante el Registro de Precalificados de Obras del CIV, en la cual se indicaba falsamente que poseía una capacidad económica anual de hasta Q302 millones 548 mil 694.27; sin embargo, al verificarse el número de resolución del documento se constató que el mismo corresponde a otra entidad mercantil y por lo tanto la constancia era falsa.
• Renova no tenía la capacidad económica para participar en la licitación del libramiento de Chimaltenango, pues en una certificación bancaria se establecía que el saldo promedio de los últimos meses era de 6 cifras bajas (es decir una cantidad igual o menor a los Q500 mil). Además, en la declaración trimestral del Impuesto Sobre la Renta, del periodo de julio a septiembre del año 2018, se reportó una pérdida fiscal acumulada de Q1 millón 346 mil 490.58.Según el MP dicha empresa reportaba dentro de sus planillas ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social únicamente 11 trabajadores, además de no poseer la maquinaria y logística necesaria para la ejecución del Proyecto Vial.
• La Junta de Licitación, integrada por Gustavo Alejandro Fong Araujo, Mario Alberto Rojas Alvarado y Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, adjudicaron fraudulentamente el evento al único oferente participante en la licitación, es decir a la entidad Renova Ingenieros S.A., pese a haber tenido a la vista la documentación que demostraba que la constructora participante carecía de la capacidad económica y logística para la ejecución del proyecto y no poseer la inscripción en el registro de precalificados.
• El MP considera que la junta debió rechazar la oferta presentada por Renova ante el incumplimiento de requisitos fundamentales para su participación y por no ser conveniente para los intereses del Estado; sin embargo, pese a tales circunstancias, a través de las Actas 089- 2018 y 098-2018, de fechas 17 y 31 de diciembre de 2018, por unanimidad resolvió adjudicar el evento al contratista referido, por una cantidad inicial de Q77 millones 798 mil 535.34.
• José Luis Benito Ruiz, quien era el Ministro de Comunicaciones, a través de la resolución SA-859-2018, del 31 de diciembre de 2018, aprobó la actuación, que el MP califica de fraudulenta, de la junta de licitación y adjudicó el proyecto a una entidad mercantil que no poseía la capacidad financiera para la ejecución de la obra y que además habría incumplido con requisitos fundamentales establecidos en las bases del concurso. El 16 de enero del año 2019 se suscribió el contrato para el proyecto.

Anomalías técnicas en el libramiento de Chimaltenango

• Según el MP, se firmó el acuerdo de trabajo extra número 1 entre el Estado y Renova, para la construcción del muro de suelo enclavado por un valor de Q15 millones 170 mil 643.50, pero se detectaron fallas notorias en el recubrimiento de los taludes, particularmente a inmediaciones del kilómetro 61 del tramo carretero en donde se han producido deslizamientos de tierra, según ellos como consecuencia de las deficiencias constructivas detectadas por los Ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas.

• El recubrimiento de concreto en ese muro debió ser colocado en dos capas (la primera con espesor de 6 cm y la segunda de 5 cm para un total de 11 cm); sin embargo, el espesor medido y comprobado en las visitas técnicas efectuadas, oscila únicamente entre los 4 y los 7 centímetros.

• El drenaje horizontal de los taludes presenta una longitud interna de drenado relativamente corta con respecto al volumen del talud a drenar. También hay diferencia entre las especificaciones con las que cuenta la Dirección General de Caminos, pues en ellas se indica que la colocación de la electromalla se hará utilizando ganchos con una longitud no menor de 75 centímetros para asegurarla, habiéndose establecido en los planos de la obra una longitud de la varilla de 1 metro.

• Con relación a los espaciamientos horizontales y verticales de tales inclusiones, al efectuarse las verificaciones de campo fueron observadas distancias de 1.60 metros entre cada una, en tanto que la distancia especificada en los planos era de 1 metro. Asimismo, las varillas de hierro de ½ pulgada no tienen recubrimiento con pintura anticorrosiva y tampoco se observaron evidencias de la existencia de las varillas que debían usarse como uniones longitudinales en las mencionadas inclusiones.

• La electromalla verificada por los expertos de la Contraloría General de Cuentas posee un diámetro de 2.9 milímetros, mientras que en las especificaciones generales y en los planos de la obra se establecía que debían utilizarse con un diámetro de 6.2 milímetros.

• Según el MP, los integrantes de la Comisión de Auditores Gubernamentales nombrados por la Contraloría General de Cuentas hicieron constar la inexistencia de documentación legal, suficiente y pertinente, que pudiese avalar los decrementos relativos a la disminución de calibre, longitud y espaciamientos de los materiales utilizados en el muro.

• Se pudo determinar que en las estimaciones de trabajo se consignó el valor del metro cuadrado de la electromalla calibre 3/3 a un costo de Q133, mientras que los costos cotizados por el equipo de Auditoría para el mismo material de calibres 3/3 y 10/10, es de Q29.10 y Q9.62 respectivamente, poniéndose de manifiesto la posible sobrevaloración de costos.

• Para el Ministerio Público, las fallas e inconsistencias antes descritas evidencian la ejecución de una obra de mala calidad así como la utilización y colocación de materiales de inferior calidad, longitud y diámetro en relación a los que debían emplearse conforme a los planos del proyecto, circunstancias que en todo caso, no fueron advertidas ni corregidas oportunamente por los funcionarios y empleados de la Dirección General de Caminos.

• Además, que Renova no ejecutó los renglones de trabajo conforme a las especificaciones generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, ni tampoco conforme a los planos de la obra pública lo que ocasionó un serio detrimento a los intereses económicos del Estado, por una cantidad estimada de Q. 15,170,643.60.

• Agrega que la Contraloría General de Cuentas, al practicar la auditoría del proyecto de forma integral, estableció que en cuatro de las Estimaciones de Trabajo que sirvieron de base para la realización de los desembolsos monetarios a las entidades constructoras se insertaron datos falsos y se hicieron pagos anticipados e improcedentes por la cantidad de Q5 millones 963,749.60 a los Contratistas del Estado.

• Otras de las falencias detectadas en las distintas fases de la ejecución del proyecto fueron las distintas modificaciones realizadas al trazo de la línea central que inicialmente se tenía previsto para la carretera, y para el cual ya se habían realizado los estudios hidrológico e hidráulico correspondientes; lo anterior, como consecuencia de no haber adquirido previamente el derecho de vía en los terrenos necesarios para la construcción y además se incumplió con la elaboración de los nuevos análisis para determinar las condiciones del suelo, así como para establecer los dimensionamientos y los trabajos que eran necesarios para garantizar la estabilidad de los taludes.

• El MP también refirió que hubo carencia de una adecuada supervisión de la ejecución de la obra, causada por la recisión del contrato con Ingeniería y Arquitectura Tekton.
• Las investigaciones revelaron que Renova recibió Q90 millones 406 mil 091.97 provenientes de la Tesorería Nacional, derivado del Contrato para la ejecución del libramiento de Chimaltenango, y de esos fondos, el 98.45%, es decir Q89 millones 013 mil 500, fueron a parar a cuentas de Conasa, proveniente de una serie de transferencias realizadas durante el año 2019 desde las cuentas bancarias de Renova.

El Estado delegó función pública a Conasa

• En la presentación del MP, resalta que dentro de los principales actos ilegales perpetrados durante la ejecución del libramiento de Chimaltenango, el equipo de auditoría gubernamental de la Contraloría estableció que arbitrariamente se produjo la delegación de una función pública en Conasa, pues esa entidad mercantil fue la encargada de realizar las gestiones de adquisición del derecho de vía del proyecto, cuando era obligación de la Dirección General de Caminos.
• Conasa recibió de Caminos, según el MP, Q56 millones 917 mil 274.61 y de esa suma Q39 millones 091 mil 534.76 (sin incluir el iva) fueron utilizados para el pago de las indemnizaciones por la adquisición de los terrenos por donde pasaría la carretera, mientras que un 30% de los fondos públicos erogados, es decir Q13 millones 134 mil 755.68 fueron para Conasa bajo el concepto de gastos administrativos, que según el ente investigador eran innecesarios pues Caminos debía hacer ese trabajo.

Pagaron por terrenos que no existían

• Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones consintieron la sustracción de la cantidad de Q.15,388,357.35, según el MP, pues se conformaron 12 expedientes administrativos falsos para que se hicieran pagos por concepto de indemnizaciones por expropiación de 12 terrenos por los cuales pasaría el libramiento.

• Se detalla que había 471 expedientes de propietarios de terrenos que sí iban a ser expropiados de sus tierras para el libramiento y que iban a recibir la indemnización, pero utilizando la información de estos copiaron planos de ubicación, registro y las coordenadas de localización para hacer otros 12 expedientes falsos.
• La investigación señala que Vilma Patricia Duque Estrada, en su calidad de Secretaria Accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, insertó información falsa en 12 certificaciones extendidas por ella, en expedientes administrativos para adquisición de áreas de derecho de vía del proyecto de construcción del Libramiento de Chimaltenango, que llevaron a un perjuicio económico al Estado por la cantidad total de Q15 millones 388 mil 357.35 que corresponde al total de los pagos indebidos efectuados a las distintas personas individuales que figuran en cada expediente como supuestos poseedores.
• Los supuestos dueños de terrenos fueron identificados como Rosa Isabel Caal, Herber Geovanni Cahuec Velásquez, Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, Cristian Steven Martínez Yos, Estiben Alexander Mérida Mayén, Francisco Monzón Cute, Joel Olcot Burrión, Josué Venancio Orellana Sabán, Wilson Ottoniel Puac Joj, Rafael Sajbochol Sisimit, Carlos Alfredo Sicay y Diego Estuardo Sicay Puac, varios de los cuales fueron capturados este viernes 10 de julio.

Conasa responde

La Constructora Nacional Sociedad Anónima emitió un comunicado en el que expresa su postura sobre las diligencias que se llevaron a cabo por el Libramiento de Chimaltenango.

Según Conasa, el fiscal a cargo de ha sostenido que solicitó la captura de uno de los representantes legales de Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Consa), de quien la propia fiscalía está plenamente enterada fue diagnosticado con quebrantos de salud y está bajo medidas sanitarias estrictas, ya que la semana pasada el abogado de la empresa informó y justificó a la fiscalía el diagnóstico.

Añade que al momento se desconocen los motivos de las aprehensiones y los señalamientos individuales, pero se han indicado una serie de ilícitos sobre los cuales esta entidad prestará toda colaboración para que sean esclarecidos.

El documento menciona que en dos ocasiones anteriores la empresa ha señalado de forma pública, que ha colaborado con las autoridades, entendiéndose por autoridades la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, poniendo a su disposición toda la documentación que incluye informes técnicos, legales y de soporte, así como la contabilidad de Conasa.

Expresa que en reiteradas ocasiones, durante meses, se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que el  representante legal declarara, lo cual no se materializó por “falta de tiempo” del personal del Ministerio Público y  por eso ahora les sorprende la orden de captura.

Sobre los derrumbes

Sobre los constantes derrumbes en el Libramiento de Chimaltenango, Conasa explica que los deslizamientos de tierras registrados en la obra se encuentran plenamente documentados en los expedientes administrativos respectivos, así como sus orígenes. La fuerza mayor o caso fortuito fue manifestado, de acuerdo con las cláusulas contractuales. Asimismo, se tramitan dos amparos por silencio administrativo toda vez que las autoridades no han dado respuesta a los planteamientos hechos para reparar los taludes.

Conasa rechaza que haya existido dolo o lavado de activos en una obra cuya fuente de pago es pública, y que conforme el ordenamiento jurídico es libre de contratar con otras empresas, personas y proveedores sin limitación.

Para finalizar, Conasa reitera su compromiso con las investigaciones de forma irrestricta pero dice que no deja de lamentar que el ámbito penal se utilice para la discusión de aspectos técnicos de una obra, y que esto esté sucediendo cuando siempre han colaborado y entregado la información que les  han solicitado.

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La fiscalía también indicó que empezarán a programar las citaciones a funcionarios y empresarios involucrados en la construcción de esa carretera.

“El lunes tuvimos una reunión con la comisión de exámenes especial de auditoria que fue nombrada por el contralor general de cuentas, tanto los auditores que van a practicar el análisis financiero como los ingenieros que van a encargarse de ver los aspectos de infraestructura, la parte técnica. Hemos dado los lineamientos precisos en cuanto los puntos de la pericia que nosotros necesitamos que ellos puedan plasmar en los informes que rindan”, expuso Stuardo Ernesto Campo Aguilar, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción que investiga la obra.

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción dijo: “Estamos sopesando citar a algunos personeros de la Dirección General de Caminos, sin embargo; queremos precisar algunos detalles previo a poderlos convocar para asistir a la fiscalía para que puedan pronunciarse por esta obra”.

Este proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ), que contrató a la empresa Proyectos de Constructora Nacional S. A. (Conasa).

Las pesquisas del MP iniciaron el 2 de octubre cuando fiscales realizaron una inspección ocular para verificar los derrumbes en el lugar y las posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del proyecto.

“La próxima semana vamos a estar desarrollando una diligencia de reconocimiento judicial en calidad de anticipo de prueba, esto fue autorizado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en esta diligencia estará presente Contraloría General de Cuentas, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y otras instituciones”, anunció Campo.

El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, indicó que hasta el momento han entregado la información técnica y financiera que ha requerido el MP por escrito, pero que aún no han sido notificados de alguna citación.

La Fiscalía contra la Corrupción del @MPguatemala hará una auditoría de los daños del Libramiento de Chimaltenango la próxima semana y empezará a programar citaciones de funcionarios y empresarios involucrados en la construcción de esa carretera. pic.twitter.com/PSZbyamnO1

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 31, 2019

La obra tuvo un costo final de Q452 millones y fue inaugurada en abril de este 2019, trece años después que se empezara a construir la carretera. Sin embargo, se calcula que el costo puede aumentar un 40% debido a los constantes derrumbes reportados en el kilómetro 61.

La inauguración de este tramo carretero de 14.5 kilómetros de longitud, fue hecha por el presidente Jimmy Morales quien la calificó como una “mega obra”, pese a que horas antes del evento se observaban tramos carreteros inconclusos y se miraba cómo los trabajadores corrían a contra reloj para culminar la vía.

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Cinco meses después de habilitar el libramiento, se reportaron los primeros derrumbes que provocó que el paso se cerrara.

El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, aseguró que el tramo estará habilitado para este 1 de noviembre, sin embargo, hasta el momento no se tiene certeza de ello.

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Esas especificaciones señalan que debido al tipo de geología del lugar “los taludes con ángulos menores a 60 grados son más susceptibles de ser afectados por erosión” y que los taludes de corte y de relleno “debe ser protegidos con vegetación arbustiva o gramínea para evitar erosión local y retroceso de taludes”.

Además, se indica que “el área del proyecto está expuesta a inundaciones en las partes bajas de los ríos principales (…) donde ya han ocurrido desbordes con daño a infraestructura y la carretera existente”.

“Por su geomorfología, el área está más bien expuesta a la escorrentía -escurrimiento- y a ocasionales torrentes en las quebradas en época de inviernos severos (…) el diseño de los puentes y bóvedas deben prever los efectos de erosión del relleno de bóveda (…) para evitar asentamientos significativos que puedan hacer colapsar la obra”, indica el documento.

También señala que las entradas del flujo de agua deben estar protegidas y estabilizadas, ya que algunos rellenos podrían alcanzar entre 85 a 70 metros de alto y los caudales, entre 30 y 80 centímetros cúbicos por segundo.

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Los costos

En el Estudio de Impacto Ambiental se estimó en Q5 millones 495 mil el costo de implementar las especificaciones técnicas ambientales, las cuales, además de la revegetación incluyen la contratación de un supervisor ambiental y un ejecutor ambiental y la siembra de árboles.

Para la revegetación se sugerían plantas como el vetiver, un tipo de planta que por sus características se utiliza para estabilizar taludes y pendientes.

La segunda opción era sembrar pangola, un tipo de pasto con facilidad de crecimiento que se utiliza para pastoreo y conservación.

Además de los estimados en el documento, existen otros métodos de estabilización de taludes, como el que se hace con anclajes y evita derrumbes como los que de forma recurrente ocurren en el Libramiento de Chimaltenango, explicó la ingeniera Andrea Meyer, de Grupo Precon.

Meyer indicó que este método de estabilización tiene un costo aproximado de Q1 mil por metro cuadrado, pero este se debe aplicar con un diseño y ejecución correcta. Además, es lento y se pueden trabajar hasta cien metros cuadrados por día, según el equipo y capacidad.

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Otra alternativa es el control de erosión, cuyo costo es de Q350 por metro cuadrado, aproximadamente. Este consiste en aplicar concreto lanzado con drenes, hidrosiembra, o mantos de control de erosión, según la experta.

“Al controlar erosión siempre es importante, independientemente del método usado, el manejo adecuado de aguas al respecto de cunetas, canalizaciones y control de sedimentos”, explicó la ingeniera.

Taludes

En el Estudio de Impacto Ambiental también se recomendaba no hacer taludes con menos de 60 grados de inclinación, pero la razón técnica no se cumplió, señala Flor González, doctora en Ingeniería, máster en medioambiente y exasesora de la Dirección General de Caminos.

Según la experta, en términos generales, se decide que los taludes tengan ángulos de entre 30 a 60 grados, según la resistencia a la compresión y el tipo de suelo, pero con una altura de entre cuatro a siete metros. Sin embargo; en el Libramiento de Chimaltenango hay cortes que alcanzan los 12, 19 y hasta 37 metros, señaló González.

Desde que se abrió el paso para los automovilistas por el lugar, la exasesora de Caminos aseguró que el ángulo de corte de los taludes es casi vertical y no tiene la inclinación necesaria para que funcione el ángulo de rozamiento.

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También explicó que estos taludes tienen cavernas de arena, “la arena tiende a desplazarse y posee un ángulo de rozamiento nulo, al saturarse de agua, el suelo consolidado por medio de arenas es incapaz de mantener el talud vertical”, explicó.

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental, González, dice que los estudios técnicos “solo quedan en papel” y que pueden convertirse en “machotes”, lo que quiere decir que hay un modelo de estudio generado previamente que solo se cambia un poco para adecuarse al proyecto actual.

Una muestra de ellos, indica la experta, es que el estudio técnico del Libramiento de Chimaltenango considera a los derrumbes y deslizamientos “como amenazas mínimas y de vulnerabilidad media” y señala que, a pesar de que se mencionan el uso de la planta vetiver y el tratamiento de la zona, era necesario conocer antes el tipo de suelo y la altura de cada talud para tomar las decisiones sobre el tipo de tratamiento requerido.

Deslizamientos recurrentes

Desde la segunda quincena de septiembre, cuando se intensificaron las lluvias, se comenzaron a registrar derrumbes en algunos tramos del Libramiento de Chimaltenango, el más reciente ocurrió durante la mañana del 27 de octubre.

Pese a que desde el principio el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, dijo que se trataba de un problema focalizado en el kilómetro 60.5, estos también han ocurrido en los kilómetros 56 y 62.

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En respuesta, Constructora Nacional, S.A., empresa encargada de la construcción de los tramos donde se han registrado los derrumbes, aseguró que los taludes se revegetaron en las áreas de relleno correspondientes.

Sobre las medidas de mitigación que se toman para evitar más derrumbes y deslizamientos, Guillermo Hernández, Gerente de Proyectos de la empresa, indicó que no se puede determinar con qué frecuencia ocurrirán estos, por lo que se hacen estudios sobre las soluciones necesarias a corto plazo.

Uno de estos estudios es para determinar el tratamiento y la captación de flujo de aguas subterráneas y se trabaja en lograr un ángulo adecuado en la zona de los deslizamientos para evitar desprendimientos, explicó el empresario.

“Al completarse las mediciones de los estudios se logrará atender de forma segura esa zona del proyecto”, explicó.

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Hernández agregó que la empresa realiza actividades de abatimiento, lo que puede generar desprendimiento de materiales; además, se sigue con maquinaria y equipo en las áreas afectadas para habilitar el proyecto en los próximos días.

Por su parte, Juan José Hanser, director de Caminos, quien firmó como responsable de la obra de parte del Ministerio de Comunicaciones, indicó que respondería a las consultas de Prensa Libre  pero al cierre de la nota esta no se había dado.

“La decisión que estamos tomando es solo poner el talud más acostado, pero de repente que los estudios puedan decir que hay que hacer enclavados”, dijo Hanser el 21 de octubre, al referirse al tema.

Benito aseguró el 28 de octubre que el paso por el libramiento se habilitará el 1 de noviembre, pese a que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que aún no es prudente la circulación por la zona.

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La empresa Conasa habría pagado Q36 millones en sobornos a Sinibaldi

Con Mayorga ya suman 19 los detenidos por este caso.

Este caso de corrupción se deriva de tres empresas relacionadas con Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones en el gobierno del extinto Partido Patriota (PP), para simular servicios y facturaban montos millonarios, pero el dinero era producto de sobornos de constructoras.

Las empresas de cartón eran Benelli, SA; Agropecuaria y Constructora Agua Azul, SA; Agropecuaria El Florido, SA.

Mayorga habría participado en los sobornos por Q1.4 millones cuando fue parte de la constructora Ingenieros MYT, SA.

Por su parte, Conasa declaró en un comunicado que Mayorga no ocupa ningún cargo directivo ni es representante legal, pero le expresa su apoyo y solidaridad, así como a su gerente general, Juan Luis Tejeda, quien también está detenido.

El dinero producto de las coimas se lavaba en obras de arte, artículos de lujo y yates.  Sinibaldi, considerado el cerebro de este saqueo, está prófugo.

En junio del 2016, Boris Orlando Navas Aguilar, uno de los representantes legales de Sigma, quedó ligado a proceso por financiamiento ilícito en el caso Cooptación del Estado.

Max Roberto Burgos Fallaice, representante legal de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, empresa que supervisaba los trabajos de Sigma y HW Contractors, también están procesados. La misma sindicación enfrenta Álvaro Mayorga, uno de los propietarios de Conasa. Todos gozan de medida sustitutiva.

La Fiscalía contra la Corrupción presume que los constructores no están exentos del pago de sobornos.

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Miriam Portillo, encargada de relaciones públicas de Conasa, indicó: “Efectuamos un contrato privado con Odebrecht. Cumplimos con lo establecido en el contrato hasta donde ellos decidieron concluir la relación laboral, en el 2013”.

Prensa Libre intentó obtener una postura de Sigma, pero un guardia informó que no había quien atendiera.

La denuncia

El martes último, el Ministerio de Comunicaciones anunció que emprenderá acciones legales contra exfuncionarios de la cartera que firmaron la modificación del contrato.

En una conversación telefónica, García explicó que el contrato original requería  una vida útil de 10 años para la carretera y un “vehículo de diseño”; es decir, que el peso de los autos que transitaran no sobrepasaran las 66 toneladas. Pero las especificaciones fueron cambiadas a una vida útil de 20 años y que resistiera el paso de vehículos de 80 toneladas, indicó.

Con los cambios, según García, la obra que buscaba la construcción y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros que conducen de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, se redujo a  58, pues el dinero fue insuficiente.

Según documentación a la que tuvo acceso Prensa Libre,  Sinibaldi delegó al exdirector de Caminos, Jorge Rogelio Gálvez, la responsabilidad de modificar el contrato inicial. Pero fue Sinibaldi quien firmó el acuerdo ministerial 918-2013, con el que autorizó esos cambios.

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“Han trocado especificaciones por medio de notas de cambio que se hicieron con base en un crédito”, confirmó una fuente involucrada en la pesquisa.

García refirió que trabaja en recolectar todos los documentos que permitan conocer cuál fue la cadena de mando, hasta llegar a Sinibaldi, que autorizó las especificaciones.

El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, no descarta extender las pesquisas a otros exministros y exviceministros.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se sumará a las acciones legales hasta que conozca el nuevo informe de auditoría de infraestructura de la CGC, afirmó la portavoz de la institución, Lisbeth Vásquez.  Aunque García afirmó tener el aval de la PGN.

Las nuevas averiguaciones se encaminan a detectar la posible sobrevaloración de las obras. Los fiscales esperan despejar también las dudas sobre una compra “exorbitante” de hierro y el costo de un campamento que no estaba incluido en el contrato, confió una  fuente.

Campo confirmó que solicitó una ampliación sobre esos extremos a la CGC. “En cada uno de los renglones de trabajo podría haber una irregularidad”, comentó.

Los auditores presentaron en julio del 2015 una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que resalta las irregularidades cometidas por el Congreso, como omitir una licitación y aprobar de urgencia dos créditos por $399 millones a favor de Odebrecht, por lo que podrían citar a varios diputados.

Llama la atención de los investigadores que había una cláusula que estipulaba qué materiales serían comprados a empresas brasileñas. “Nos enfocamos también en el lado de los sobornos y de la realización del proyecto”, indican.

Pesquisa tardía

Diputados que razonaron su voto en la aprobación de los créditos consideran tardía las acciones del MP.

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), coincidieron en que las irregularidades se hicieron públicas desde que se aprobó el crédito.

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Luis Pedro Álvarez, quien en ese momento era diputado de EG, y Francisco Tambriz, de Libertad Democrática Renovada, aseguraron que durante la aprobación “se escuchó que había dinero para apoyar este y otros temas, entre ellos el crédito para la compra de los supertucanos”.

Los desembolsos de los créditos suman US$254.3 millones y Guatemala  ha pagado US$34.6 millones en intereses y comisiones.

UNE comenzó negociación de ruta

Aunque el proyecto de Odebrecht se aprobó durante el gobierno del Partido Patriota, fue en el período de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuando se comenzó la negociación.

El expresidente Álvaro Colom, al ser consultado, reconoció que surgió como parte de la relación diplomática sostenida con su homólogo de Brasil, Lula Da Silva, pero niega que haya habido ofertas de sobornos.

Durante el gobierno de la UNE también se negociaron, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, los créditos que dieron vida al proyecto del Transurbano y la compra de dos aviones supertucanos. Este último negocio fue desestimado porque se detectó sobrevaloración en las aeronaves, mientras que el primero está en un proceso de investigación en el MP.

Según altos funcionarios de la UNE, las negociaciones de los créditos fueron manejadas y dirigidas por el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien guarda prisión por los casos Negociantes de la salud y La Cooperacha.

Directivos de la UNE aseguraron que el brasileño Joao Santana, conocido como gurú de la publicidad política en América Latina, se ofreció para dirigir la campaña electoral de Colom, pero no fue contratado porque  cobraba US$5 millones, más el compromiso de dirigir la imagen presidencial durante los cuatro años de gobierno.  Colom  rechaza ese vínculo.

Santana fue ligado a la investigación de corrupción más grande de Brasil, Lava Jato.