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Permisos sanitarios se digitalizan: el atasco de 20 mil expedientes podría resolverse en 4 meses

Mon, 17 Nov 2025 11:00:00 +0000

negocios

Permisos sanitarios se digitalizan: el atasco de 20 mil expedientes podría resolverse en 4 meses

La nueva plataforma Siamed Web permitirá reducir los tiempos de trámite para registros sanitarios, renovar licencias y emitir permisos de importación. Autoridades estiman que los expedientes atrasados podrían resolverse en menos de seis meses.

Ximena Fernández

17 de noviembre de 2025

05:00h

Realizar trámites de forma digital permitirá el ingreso de nuevas medicinas al país. (Foto Prensa Libre: Freepik).

A partir de la digitalización de trámites de registros sanitarios de productos farmacéuticos, será posible que ingrese a Guatemala una amplia gama de medicamentos. Es decir, nuevos productos de medicinas y cosméticos, además de una mayor cantidad de los que ya se comercializan en el país.

La nueva plataforma para gestionar licencias sanitarias, registros sanitarios de productos farmacéuticos, autorizaciones de productos afines, así como permisos de importación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue presentada el pasado 4 de noviembre con el nombre de “Siamed Web”, desarrollada gracias a una alianza con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, el MSPAS registra una acumulación de aproximadamente 20 mil expedientes, entre los que se incluyen nuevos registros, renovaciones y otros procedimientos, según Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS. Además, el ministerio recibe mensualmente unos tres mil expedientes nuevos, destacó Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala.

Para resolver esta acumulación, González afirmó que se elaboró un plan de gestión para atender el rezago, con el objetivo de procesar los expedientes pendientes en un plazo no mayor de seis meses. Por otro lado, estimaciones de la CIG indican que podría resolverse en un período de tres a cuatro meses.

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Beneficios para los usuarios y exportadores

Al reducir el tiempo de los procesos para registros y licencias sanitarias, aumentará la competitividad de cada producto e industria, lo que se traducirá en más opciones en el mercado, según Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Agregó que, si se acorta el tiempo para obtener nuevos registros, podrán lanzarse más cosméticos por temporada: “Más alternativas es igual a más competencia en precio y en calidad para la población”.

Desde el sector de alimentos y bebidas, Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, indicó que la demora en los trámites impacta en el proceso para sacar los productos al mercado y hacerlos llegar al consumidor final. Es decir, gracias a la digitalización, las empresas podrán operar con mayor eficiencia, lo cual se reflejará en una mayor competitividad y reducción de costos.

Para los exportadores, Schellenberg señaló que contar con trámites más ágiles abrirá puertas en otros países. El directivo afirmó que eso permitirá responder con mayor rapidez y evitar riesgos por vencimientos de registros locales.

Además, Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, señaló que se eliminarán los tiempos muertos, ya que no habrá recepción en ventanillas ni traslados a evaluadores, entre otros pasos que provocaban pérdidas de tiempo para los usuarios.

¿Cómo se limpiará la presa?

Las mayores acumulaciones de expedientes, según Édgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, corresponden a registros de productos nuevos. También se reportan demoras en renovaciones de productos afines. “Hemos tenido acumulaciones de incluso 12 meses para poder responder”, afirmó, y añadió que esta situación se ha prolongado en los últimos dos años.

Respecto de los trámites ingresados de forma física, González explicó que continuarán siendo evaluados en ese formato, mientras que la nueva plataforma permitirá realizar los nuevos trámites de forma digital. Añadió que habrá una jerarquización: se avanzará primero con los productos afines y se dejarán al final los medicamentos de mayor complejidad.

Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, subrayó que durante la fase inicial e implementación debe haber acompañamiento técnico para resolver cualquier inconveniente: “Realizar esto desde el inicio permitirá que las empresas tengan confianza en que la digitalización realmente mejora la eficiencia sin introducir nuevos obstáculos”.

“El mayor impacto que vamos a visualizar es la reducción de tiempos y el aumento en la transparencia”, señaló Andrés Schellenberg, quien añadió que los usuarios podrán seguir el proceso de su expediente y no se podrá escoger qué archivos analizar.

Según el directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, a partir de este cambio los permisos de importación podrán gestionarse en cuestión de horas, lo cual impactará de forma positiva en los tiempos dentro de los puertos.

González añadió que contarán con estadísticas de funcionamiento del sistema, con las cuales podrán establecer el tiempo exacto que toma cada trámite realizado a través de la plataforma.

Decreto 9-2025: Congreso deja sin efecto reforma ambiental tras veto de Arévalo, la ley sigue como estaba

Thu, 13 Nov 2025 00:10:51 +0000

comunitario

Decreto 9-2025: Congreso deja sin efecto reforma ambiental tras veto de Arévalo, la ley sigue como estaba

El Congreso de Guatemala aceptó el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 9-2025, que buscaba reformar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Glenda Burrión

12 de noviembre de 2025

18:10h

Reforma ambiental aprobada en septiembre no se aplicará: Congreso acepta veto del presidente y archiva el Decreto 9-2025. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El Congreso de la República de Guatemala decidió aceptar el veto presidencial al Decreto 9-2025, el 11 de noviembre, que proponía reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86).

Con el respaldo de 100 diputados, el Legislativo aprobó el Acuerdo 11-2025, que deja sin efecto las modificaciones y envía la iniciativa al archivo.

El Decreto 9-2025, aprobado el 30 de septiembre, pretendía modificar los estudios de impacto ambiental y promover un uso más sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo, vetó la norma al considerar que contenía disposiciones contrarias a varios artículos de la Constitución Política de la República.

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Motivos del veto presidencial

El veto fue oficializado el 5 de noviembre mediante el Acuerdo Gubernativo 192-2025, publicado en el Diario de Centro América. Según el documento, las reformas no se ajustaban a principios constitucionales, ya que podían vulnerar derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la seguridad de los ciudadanos y la protección del ambiente.

Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación del artículo 8 de la ley, que limitaba la exigencia de estudios de impacto ambiental solo a actividades de carácter comercial.

De acuerdo con el Gobierno y con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), esta redacción podía generar ambigüedades y dejar fuera a proyectos estatales o no comerciales, debilitando los mecanismos de control ambiental y de protección a la población.

El Ejecutivo argumentó que esta exclusión violaba los artículos 2, 4, 97, 125 y 126 de la Constitución, que establecen la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el uso racional de los recursos naturales. Además, se señaló que la reforma contradecía los tratados internacionales que comprometen a Guatemala a proteger el derecho humano a un ambiente sano.

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Cambio presentados en el decreto 9-2025

La normativa buscaba actualizar las disposiciones de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, vigente desde 1986, y detallar los procedimientos para los estudios de evaluación de impacto ambiental previos a cualquier proyecto, obra o actividad que pudiera causar deterioro ambiental o afectar el patrimonio natural y cultural del país.

Una de las reformas era la exoneración de la presentación de instrumentos ambientales a instituciones benéficas, religiosas, servicios profesionales individuales y ventas de la economía informal, siempre que no emitieran contaminantes y sus desechos fueran gestionados adecuadamente.

Tema	Decreto 68-86 (vigente)	Decreto 9-2025 (vetado)
Estudios de impacto ambiental	Obligatorios para cualquier proyecto que pueda dañar el ambiente.	Se delega al Ministerio definir cuándo aplica, según reglamento.
Excepciones	No contempla excepciones.	Excluye iglesias, Oenegés, profesionales individuales y economía informal sin emisiones.
Sanciones	Multas de Q5 mil a Q100 mil y clausura tras 6 meses sin cumplir.	Mantiene sanciones, pero condicionadas. El objetivo era establecer un plazo de cumplimiento.

Cambios propuestos en las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 9-2025. Elaboración propia

Con el veto presidencial, se mantiene vigente la normativa establecida en el Decreto 68-86. Los diputados que respaldaron la decisión señalaron que trabajarán en una nueva iniciativa que beneficie a los negocios, pero que priorice la protección del medio ambiente.

Reacción del Congreso y los diputados

Tras analizar el veto, el Congreso concluyó que los argumentos del Ejecutivo eran razonables y decidió no insistir en la aprobación del decreto.

El Acuerdo Legislativo 11-2025 fue aprobado con 100 votos a favor, lo que deja la reforma sin efecto y dispone su archivo definitivo.

La diputada Karina Paz calificó la decisión como “una gran victoria para el medio ambiente”, destacando que diversos sectores científicos y organizaciones ambientales habían expresado su rechazo a la iniciativa.

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También respaldaron el veto los diputados Román Castellanos y Luis Ventura, quienes consideraron que la medida “protege el entorno natural del país y fortalece la gobernanza ambiental”.

Por su parte, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, votó en contra, argumentando que la normativa buscaba beneficiar a pequeñas empresas y sectores productivos.

Implicaciones del archivo

Con la aceptación del veto, el Decreto 9-2025 queda sin vigencia y no entrará en efecto. El Acuerdo Legislativo 11-2025 entrará en vigor de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial, conforme a la ley.

La decisión marca un precedente sobre la importancia del control ambiental en Guatemala y reafirma el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la Constitución, según explicaron los diputados que apeoraron el veto presidencial.

Oleadas de flujo de lodo: el fenómeno detrás de los derrumbes en la carretera a El Salvador

Sat, 11 Oct 2025 18:03:00 +0000

COMUNITARIO

Oleadas de flujo de lodo: el fenómeno detrás de los derrumbes en la carretera a El Salvador

El material que se desprende de las laderas del km 24.5 de la Carretera a El Salvador se clasifica como oleadas de flujo de lodo, fenómeno más rápido y fluido que un deslizamiento de lodo.

Glenda Burrión

11 de octubre de 2025

12:03h

Equipo de emergencia trabaja dentro de un flujo de lodo el 9 de octubre de 2025, en labores de rescate y remoción de escombros en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador. (Foto, Prensa Libre: cortesía Bomberos Voluntarios)

Las intensas lluvias de octubre, combinadas con una construcción iniciada sin los permisos ni los estudios técnicos correspondientes, provocaron el derrumbe en el kilómetro 24.6 de la carretera a El Salvador.

El geólogo Jorge Girón, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Universidad Mariano Gálvez (UMG) y del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) expresa su preocupación por la seguridad del personal que trabaja en las labores de remoción de escombros.

“El deslizamiento de este tipo es rotacional, pero también se comporta como una oleada de flujo de lodo. Puede enterrar maquinaria y personas en cuestión de segundos”.

Jorge Girón, geólogo

Girón instó a que no se ingresen cargadores frontales ni cortadoras grandes al área inestable. “El riesgo es alto. Si alguien queda atrapado, las siguientes oleadas de lodo podrían cubrirlos completamente y causar asfixia”, advirtió.

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Suelos, deforestación y construcciones sin control

Girón recordó que el territorio guatemalteco está conformado por una base de roca y lava antigua, sobre la cual se asientan estratos arenosos y tobáceos. Encima de estos se encuentran suelos arcillo-arenosos y limosos, los más inestables y donde generalmente se produce la capa vegetal del país.

Cuando estos suelos se combinan con pendientes pronunciadas (de entre 50 y 60 grados) y deforestación en las zonas altas, las condiciones se vuelven ideales para la formación de deslizamientos.

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“Además, las construcciones, ampliaciones de carretera o cortes en la ladera sin estudios técnicos adecuados también pueden ser un factor de riesgo que agrava la inestabilidad del terreno”

Jorge Girón

Por esta razón, el Insivumeh mantiene más de 500 puntos identificados en el país con riesgo de deslizamiento, especialmente en áreas urbanas y de expansión vial.

Diferencia entre flujo de escombros y flujo de lodo

Un flujo de escombros, también conocido como deslizamiento de lodo, es una masa en movimiento compuesta por lodo, arena, tierra, roca, agua y aire, que desciende por una pendiente bajo la influencia de la gravedad. Para considerarse como tal, el material debe estar suelto y ser capaz de fluir, con más de la mitad de las partículas mayores que el tamaño de la arena, incluyendo grava, guijarros y rocas.

A diferencia del flujo de escombros, un flujo de lodo contiene partículas mucho más finas, del tamaño de la arena o menores, lo que le permite moverse con mayor rapidez y cubrir mayores distancias. Este tipo de fenómeno es considerado el equivalente más saturado de agua y arenoso del flujo de escombros.

Flujo de lodo, 9 de octubre de 2025, km 24 Carretera a El Salvador: Dos ingenieros quedaron atrapados parcialmente durante la remoción de escombros. Fueron rescatados con vida y trasladados al Centro Médico Militar, donde se reportan estables con lesiones leves. (Video: cortesía Cuerpo de Bomberos Voluntarios)

Cuando la cantidad de agua acumulada en los estratos arcillo-limosos rompe por presión los poros interconectados del suelo, el terreno se comporta como una gelatina fluida. Este fenómeno es lo que se denomina una oleada de lodo, y al alcanzar cunetas o carreteras, pasa a ser conocido como flujo de lodo propiamente dicho.

Guatemala: un terreno propenso a los deslizamientos

Girón recordó que el territorio guatemalteco está conformado por una base de roca y lava antigua, sobre la cual se asientan estratos arenosos y tobáceos. Encima de estos se encuentran suelos arcillo-arenosos y limosos, que son los más inestables y donde generalmente se produce la capa vegetal del país.

Cuando estos suelos se combinan con pendientes pronunciadas, de entre 50 y 60 grados, y deforestación en las zonas altas, las condiciones se vuelven ideales para la formación de deslizamientos y flujos de lodo. “Por esa razón, el Insivumeh mantiene identificados más de 500 puntos en el país con riesgo de deslizamiento”, explicó el especialista.

Un riesgo que aumenta con las lluvias

Durante la temporada lluviosa, las oleadas de lodo representan un peligro constante para las comunidades ubicadas en zonas montañosas y cercanas a barrancos o carreteras con fuertes pendientes.

En el caso de la carretera a El Salvador, los suelos debilitados, la acumulación de agua subterránea y las obras no autorizadas aumentan la posibilidad de nuevos derrumbes, especialmente si las lluvias continúan en los próximos días, explicó Girón.

Dos ejemplares lograron marcar posibles ubicaciones del cuerpo del guardia de seguridad, sin resultados positivos.

Durante la búsqueda se sucitaron dos derrumbes sin embargo, los binomios caninos están a salvo y todo el personal fue movilizado a un lugar seguro (2/2) pic.twitter.com/SpT0gfBNkD
— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 7, 2025

La combinación de deforestación, pendientes pronunciadas, suelos saturados y proyectos sin estudios técnicos convierte a Guatemala en un país altamente vulnerable a este tipo de eventos, que pueden afectar tanto a las infraestructuras viales como a la seguridad de los habitantes.

¿Qué es la licencia ambiental en Guatemala? requisitos, sanciones y quienes están obligados a tramitarla

Wed, 01 Oct 2025 23:44:48 +0000

economía

¿Qué es la licencia ambiental en Guatemala? requisitos, sanciones y quienes están obligados a tramitarla

La licencia ambiental en Guatemala busca reducir impactos ecológicos. Aunque ya no hay plazo fijo, proyectos sin autorización pueden enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos, según las reformas aprobados por los congresistas el 30 de septiembre.

Glenda Burrión

1 de octubre de 2025

17:44h

El trámite de la licencia ambiental en Guatemala sigue siendo obligatorio para proyectos, obras e industrias; omitirlo puede derivar en sanciones económicas de hasta Q100 mil (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La licencia ambiental en Guatemala es un instrumento legal que busca garantizar que todo proyecto, obra, industria o actividad minimice su impacto en el entorno natural.

Aunque desde 1986 la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente exige este requisito, el debate sobre su obligatoriedad se intensificó en el 2016, cuando se aprobó el reglamento respectivo, Acuerdo Gubernativo 137-2016, y se establecieron plazos para que las empresas se regularizaran.

Tras dos prórrogas, la última fecha límite estaba fijada para el 27 de septiembre del 2025. No obstante, el 9 de septiembre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció en sus redes sociales que dicho plazo quedaba sin efecto, dejando a discreción de cada interesado el inicio del trámite.

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Sin embargo, el anuncio generó dudas entre la población, por citar algunos: ¿qué implica realmente este cambio? ¿Sigue siendo obligatoria la licencia ambiental en Guatemala? ¿Existen multas o sanciones por no tramitarla? Y, ¿qué instituciones y actividades están obligadas a cumplir con este requisito?

¿Ya no es obligatoria la licencia ambiental en Guatemala?

De acuerdo con José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la licencia sigue siendo un requisito legal:

“Desde 1986, la ley exige que todo proyecto, obra, industria o actividad en Guatemala cuente con su instrumento ambiental”. José Rodrigo Rodas

Lo que cambió es que ya no habrá multas automáticas de Q5 mil por no haber iniciado el proceso antes de septiembre de 2025. Ahora, el trámite se podrá hacer de manera voluntaria, aunque la normativa sigue vigente.

¿Por qué se eliminó la fecha límite para la licencia ambiental?

Según explicó José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la práctica de otorgar prórrogas a quienes incumplen genera desventaja frente a las personas y empresas que sí cumplen con la normativa ambiental. Esto, además, transmite la idea de que los infractores no enfrentan sanciones reales.

“La concesión de prórrogas frecuentes puede interpretarse como una falta de voluntad para hacer cumplir la legislación ambiental, lo que desalienta a quienes desean cumplir y fomenta una cultura de incumplimiento”, puntualizó Rodas.

Multas y sanciones por no cumplir

Con la cancelación del plazo fijado para el 27 de septiembre del 2025, también quedó sin efecto la multa de Q5 mil establecida en el Acuerdo Gubernativo 148-2024 para las empresas que no hubieran iniciado el trámite de la licencia ambiental en Guatemala hasta esa fecha.

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Esto significa que la licencia ambiental continúa siendo obligatoria y que los proyectos que operen sin ella pueden enfrentar sanciones.

¿Quiénes están obligados a tramitar la licencia ambiental?

Según el Decreto 68-86, deben tramitar la licencia ambiental en Guatemala los siguientes sectores:

Proyectos de construcción: centros comerciales, urbanizaciones, edificios de vivienda.

Industria manufacturera: fábricas, plantas de producción y agroindustrias.

Minería y explotación de recursos naturales: canteras, minas, extracción de petróleo y gas.

Agricultura y ganadería intensiva: explotaciones a gran escala.

Proyectos de infraestructura: carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas.

Hoteles y desarrollos turísticos, especialmente en áreas ecológicas sensibles.

Pesca y acuicultura: granjas piscícolas y proyectos de gran escala.

Comercios con desechos peligrosos: talleres mecánicos, gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales.

Centros de salud: hospitales, clínicas y consultorios que generan desechos biomédicos.

Industria de energía: hidroeléctricas, plantas solares y eólicas.

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Reformas recientes a la Ley Ambiental

El 30 de septiembre del 2025, el Congreso aprobó con 83 votos reformas al decreto ambiental mediante la iniciativa 5698. Estas modificaciones:

Mantienen la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental para proyectos industriales y comerciales.
Iglesias, cultos y asociaciones religiosas: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.
Instituciones del Estado: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.

Se eliminó la responsabilidad de los funcionarios públicos para exigir instrumentos ambientales.

Se reafirmaron las sanciones económicas para los particulares que incumplan con la normativa, aunque con una reducción en los montos. Las multas ahora oscilarán entre dos y diez salarios mínimos, mientras que anteriormente se establecían entre Q5 mil y Q100 mil.

En síntesis, cualquier empresa, institución o persona que desarrolle proyectos de construcción, infraestructura, industria, energía o actividades agrícolas intensivas debe tramitar su licencia ambiental ante el MARN para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a la protección del medio ambiente.

Nota actualizada el 2 de octubre a las 10:31 horas.

MARN informó a comunitarios de Izabal que canceló 10 licencias ambientales de proyectos mineros

Thu, 31 Jul 2025 11:00:00 +0000

Industria Extractiva

MARN informó a comunitarios de Izabal que canceló 10 licencias ambientales de proyectos mineros

Proyectos de minería que recibieron licencia ambiental en el 2023, durante el último año del gobierno anterior fueron inspeccionados por la nueva administración ante solicitudes de las comunidades de Izabal.

Rosa María Bolaños

31 de julio de 2025

05:00h

En junio del 2025 comunidades de Lívingston, Izabal, efectuaron protestas y bloqueos de carreteras en contra de los proyectos mineros y pidiendo respuestas del MARN. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó el miércoles 30 de julio, en el Palacio Nacional de la Cultura, sus resoluciones sobre 10 licencias ambientales para proyectos mineros otorgadas en el 2023 en Izabal, durante la administración del gobierno anterior.

La resolución consiste en la cancelación de dichas licencias, según informaron representantes de las comunidades de la Sierra Santa Cruz, de Lívingston, Izabal, quienes asistieron a la reunión con autoridades del MARN.

Se trata de licencias otorgadas a proyectos de minería, cuya cancelación fue solicitada por la población. A raíz de ello, el MARN y otras autoridades realizaron inspecciones.

Se solicitó información al ministerio, pero no la proporcionó. La oficina de Comunicación indicó que será divulgada el jueves, en la conferencia gubernamental denominada La Ronda.

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Sin embargo, al concluir la reunión, representantes de las 54 comunidades del Cerro 1019, de la Sierra Santa Cruz de Río Dulce, Lívingston, manifestaron haber recibido una resolución favorable a sus peticiones de cancelar dichos permisos. Además, indicaron que continuarán con las mesas técnicas en el Congreso de la República.

El alcalde de Lívingston, Enrique Xol y miembros del concejo participaron en la actividad y recibieron la información, pero señalaron que esperan contar con documentación oficial que garantice la cancelación efectiva de las licencias.

Tras varios días de protestas y bloqueos en junio pasado por parte de comunidades mencionadas, el MARN se comprometió a emitir su resolución el 30 de julio.

Dos proyectos inspeccionados fueron denunciados penalmente en junio ante el Ministerio Público, las acciones legales incluyeron los proyectos mineros Santa Anita y Santa Anita II. Mientras que el 21 de julio, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, anunció que se presentarían más denuncias por irregularidades en proyectos que podrían poner en riesgo el agua de más de 50 comunidades.

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Según datos actualizados a junio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de los 10 proyectos inspeccionados por el MARN se reportan:

• Seis solicitudes corresponden a la compañía Río Nickel, S. A.: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I.

• Los otros cuatro proyectos son de Producciones del Atlántico, S. A.: Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III y Tzultaka IV.

Lista de 10 proyectos mineros en Lívingston, Izabal. Ya tienen licencia ambiental pero les hace falta licencia minera. (Foto, Prensa Libre: Infografía PL).

Hasta miércoles, el MARN no había revelado la lista de los proyectos cancelados.

En junio, la compañía Río Nickel expresó que había cumplido con el proceso para obtener licencias ambientales, pero que debía superar filtros adicionales ante autoridades como el MEM. Afirmó que aún estaba pendiente un proceso largo de consulta con las comunidades indígenas del área.

También argumentó que, en relación con las calicatas mencionadas por el MARN que encontraron en los campos denunciados, deben considerarse los antecedentes históricos de la zona, donde ha existido interés minero desde la década de 1960, cuando la empresa Inco realizó exploraciones en varias regiones del departamento, incluidas áreas donde actualmente están los nuevos proyectos aún en trámite.

FOTOGALERÍA

Bloquean carreteras en Livingston, Izabal, contra la explotación minera

Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Thu, 19 Jun 2025 11:10:00 +0000

Izabal

Comunidades exigen cancelación de licencias a proyectos mineros en Lívingston y el MARN promete entregar informe

Comunidades de Lívingston bloquearon la ruta CA-13 durante tres días en rechazo a proyectos mineros. El MARN se comprometió a entregar el 30 de julio un informe sobre 10 licencias ambientales, el MEM indicó que los proyectos aún no tienen licencia de operación y detalla de cuáles se trata.

Rosa María Bolaños, Andrea Domínguez y Óscar García

19 de junio de 2025

05:10h

Los manifestantes han colocado toldos y troncos sobre la carretera para impedir la movilidad, los pobladores piden la cancelación de licencias autorizadas para la actividad minera en ese municipio. (Foto Prensa Libre: Joseph Domínguez).

Tras tres días de bloqueos en un tramo carretero en Izabal, del 16 al 18 de junio, y varias horas de diálogo entre autoridades y líderes comunitarios este miércoles, se tomaron diversas decisiones.

Los pobladores se oponen a varios proyectos mineros, por lo que mantuvieron bloqueado el paso durante tres días en el kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, aldea San Antonio Sejá, Lívingston, Izabal.

Las medidas de hecho se extendieron al área comercial. El miércoles 18 de junio, medios locales informaron que grupos de manifestantes se desplazaron por calles del municipio para obligar al cierre de negocios como medida de protesta. Según videos divulgados desde Río Dulce, fueron cerrados varios comercios, y un grupo de manifestantes, algunos portando bates, verificaban que los comerciantes cerraran sus locales.

La comunidad expresó su malestar porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no llegó el lunes a una mesa de diálogo. Algunos manifestantes afirmaron que, por ello, decidieron tomar medidas de hecho, mientras otros se quejaban de no poder abrir sus negocios.

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En una reunión efectuada por la tarde en la sede de la subalcaldía de Río Dulce, el MARN se comprometió a entregar, en seis semanas (el 30 de julio próximo), el informe de las inspecciones realizadas a 10 proyectos mineros ubicados en el área boscosa de Lívingston. Según el ministerio, a estos proyectos se les otorgó licencia ambiental durante 2023, cuando aún ejercía la administración anterior.

Los líderes comunitarios solicitaron que las autoridades del MARN lleguen ese día a Río Dulce para presentarles el informe. Indicaron que podrían levantar el bloqueo el miércoles, pero hasta horas de la noche este continuaba. En esa sesión, expresaron que seguirán oponiéndose a la minería, y que, si la resolución no les es favorable, efectuarán manifestaciones permanentes a partir la fecha de la entrega de dicho informe.

Las autoridades informaron que entregarán el informe, que podrá ser consultado en la alcaldía y en las oficinas centrales del MARN. Sobre su presencia en Río Dulce, el 30 de julio, explicaron que analizarán la posibilidad si se les garantiza su seguridad, esto lo expresaron antes de que se dieran los disturbios al final de la tarde noche.

Durante la reunión, el ambiente se tornó tenso. Los comunitarios pedían conocer el contenido de las resoluciones de las inspecciones, pero se les explicó que el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, quien participó en la reunión por parte del MARN, no podía emitir opiniones ni anticiparlas, ya que se podría afectar el proceso. Las autoridades, por su parte, pedían el compromiso de desbloquear la vía. Los comunitarios expresaron que podrían hacerlo para respetar el debido proceso, mientras que representantes de la corporación municipal ofrecieron trabajar en conversar con las comunidades para lograr el desbloqueo. Tras unas tres horas y media de reunión, se firmó un acta. Aunque el bloqueo aún continuó por la noche.

Inspección

El MARN informó el 16 de junio, en un comunicado, que en abril funcionarios de esa institución asistieron a una citación con diputados distritales de Izabal para escuchar a representantes de 53 comunidades de Lívingston, preocupados por el impacto ambiental de la actividad minera en la Sierra Santa Cruz, fuente de agua para la zona. El ministerio indicó que se comprometió a inspeccionar los 10 proyectos mineros, de los cuales dos son de explotación y ocho de exploración. Estos recibieron licencia ambiental en 2023, pero aún no tienen licencia de operación del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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El MARN detalló que las inspecciones concluyeron el 15 de mayo y que el 16 de junio envió los informes a todas las partes interesadas, mientras que el viceministerio está analizándolos hallazgos.

Por la noche el ministerio emitió un boletín indicando que en la reunión de este miércoles la institución volvió a informar a las comunidades que, como resultado de los hallazgos de las inspecciones ambientales realizadas, el proceso administrativo continúa su curso en estricto cumplimiento de la normativa ambiental, y lo cual requiere agotar todos los pasos que establece la ley. Agregó que en aras de la transparencia el ministerio se comprometió con las comunidades a informar de los resultados del proceso administrativo el 30 de julio.

Durante la tarde se mencionó que ya se había presentado una denuncia contra una empresa, aunque no se detalló.

Estatus de los proyectos

Según el MEM, los 10 proyectos son: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III, Tzultaka IV y Coatepeque I. De estos, cinco son solicitados por Río Nickel, S. A., y uno por Nichromet Guatemala (también de Río Nickel, S. A. según se indicó en las respuestas). Estas empresas tienen otras solicitudes en trámite, pero no operan, añadió el Ministerio de Energía. Otros cuatro proyectos son de Producciones del Atlántico, S. A., indicaron.

Estos son 10 proyectos mineros que buscan operar en Lívingston, Izabal. (Foto, Prensa Libre: Infografìa).

Julio Luna, director de Minería del MEM, explicó que ya se aprobó el plan de trabajo y el polígono donde se desarrollará la actividad. El MARN otorgó las licencias ambientales en 2023. Actualmente, el MEM continúa con el proceso de revisión a través de la Unidad de Gestión Socioambiental (UGSA) y posteriormente se efectuará la consulta a los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.

De las 10 solicitudes, ocho son de exploración y dos de explotación, pero el MEM no ha otorgado licencias mineras, explicó. Luna advirtió que no puede haber extracción de material sin esa licencia porque constituiría explotación ilegal.

El MEM no ha recibido del MARN información sobre las inspecciones. Según Luna, el MEM fue invitado a una mesa de diálogo, pero no asistió porque esperaba respuesta del MARN, que analiza las licencias ambientales por posibles inconsistencias y considera revocarlas.

Hasta el miércoles, el MARN no ha revocado las licencias ambientales, si lo hace lo que procede es que se informe al MEM, y luego este tendría que detener los procesos y cancelar las solicitudes, explicó Luna.

El director de Minería indicó que se espera un entorno propicio para implementar una mesa técnica.

Respecto a las manifestaciones, Luna lamentó la desinformación solicitando la cancelación de licencias mineras, ya que ninguna ha sido otorgada y aún están en trámite.

Ambos ministerios enfrentan presión por los posibles permisos y nuevas protestas si no hay resultados favorables para los comunitarios.

Bloquean carreteras en Livingston, Izabal, contra la explotación minera

Otros impactos

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó los bloqueos, que afectan a la industria, educación, comercio y a la ciudadanía. Señaló que estos repercuten en los costos de la cadena productiva y encarecen los productos de la canasta básica.

Mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), indicó que los bloqueos interrumpen la logística, en este caso en el corredor nororiental que es clave para la conexión con la Franja Transversal del Norte y Petén.

Impactos específicos:

Miles de camiones de carga detenidos, con filas de hasta 5 kilómetros.
Riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en comunidades rurales.
Pérdidas económicas por entregas incumplidas, cancelaciones y productos perecederos deteriorados.

Productos más afectados:

Alimentos perecederos (frutas, verduras, lácteos, pescados).
Víveres y productos básicos.
Materiales de construcción, insumos agrícolas y bienes de consumo general.

Negocios más afectados:

Tiendas y pequeños comercios en Río Dulce y Livingston.
Mercados y abarroterías, con escasez y alza de precios.
Empresas de transporte y logística.
Turismo y servicios asociados (hoteles, restaurantes, farmacias).

Sector minero

La Gremial de Recursos Naturales de Minas y Canteras (Grenat) respondió que Río Nickel, es una empresa socia de dicha organización, pero que no opera actualmente y está en trámite de permisos. La Gremial pidió respeto a los derechos de las personas y a la gobernanza, y solicitó que se investigue la causa real del conflicto en la zona y que se respeten los derechos humanos y la legislación nacional.

𝐄𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚: pic.twitter.com/yvMeUbjPLD
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marnguate) June 19, 2025

En contexto

El bloqueo comenzó el 16 de junio, en rechazo a proyectos mineros en Lívingston. Medios locales mostraron imágenes de largas filas de transporte pesado. Manifestantes colocaron toldos y troncos para impedir el paso y exigieron la cancelación de licencias mineras.

También se cerraron comercios. En videos se observa a manifestantes, algunos con bates, verificando cierres. Hoteles, restaurantes y farmacias operan con normalidad.

Comerciantes afirman que la situación es tensa y que algunos negocios están cerrados desde el lunes 16. No pueden abastecerse de víveres debido al bloqueo.

Algunos manifestantes indicaron que buscan diálogo con el MARN para proteger los nacimientos de agua en la Sierra Santa Cruz. Advirtieron que, si no son escuchados, podrían ampliar las medidas a otros tramos carreteros.

Mayaníquel busca que le levanten suspensión de licencia ambiental y analiza más acciones legales

Fri, 24 Jan 2025 23:06:12 +0000

Industria Extractiva

Mayaníquel busca que le levanten suspensión de licencia ambiental y analiza más acciones legales

La minera Mayaníquel busca que se le reactive la licencia ambiental del proyecto de extracción Sechol, en Alta Verapaz, para lo cual presentó evidencia histórica de que ha cumplido los compromisos ambientales, según informó este viernes.

Rosa María Bolaños

24 de enero de 2025

17:06h

En diciembre del 2024 fue suspendida de forma temporal la licencia ambiental del proyecto Sechol de Mayaniquel. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La compañía dio a conocer que el 16 de enero de 2025 presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) “información y evidencia histórica que soporta y comprueba el cumplimiento de la totalidad de los compromisos ambientales de la empresa”.

Agregó Mayaniquel que anteriormente dentro de los plazos de ley, se presentaron diversas acciones legales en contra de las últimas resoluciones del MARN porque es del criterio que estas contienen graves vicios procedimentales y también diversas violaciones a garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa y la aplicación retroactiva de normas.

El 13 de diciembre del 2024 el MARN decidió suspender de manera temporal la licencia en mención argumentando incumplimiento de compromisos ambientales.

Mayaniquel sostiene que está en pleno cumplimiento de sus compromisos ambientales, aspecto que ha sido reconocido y admitido por la actual administración del MARN en la auditoría practicada en el mes de mayo de 2024 donde se indica que el proyecto cumple con todos los compromisos ambientales correspondientes a las medidas de mitigación establecidas en el instrumento ambiental y a los correspondientes a la resolución aprobada en el 7 de diciembre de 2011.

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La decisión del MARN se dio alrededor de dos semanas después de que la empresa había logrado obtener las credenciales de exportación por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y un día después de que se divulgara dicha información.

Esas credenciales le permitirían al proyecto reactivar sus operaciones luego de que la compañía las suspendió en diciembre del 2022 tras ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La OFAC la relacionó en esa oportunidad a un caso de esquemas de soborno donde participaban dos ejecutivos extranjeros y en esa ocasión también fueron sancionadas otras dos empresas del sector minero.

Sin embargo, el 2022 Mayaniquel calificó esa designación como errónea y en el 2024 logró que se le levantara la sanción.

La compañía International Metal Supply Holding, S. A. (IMSH), inversionista de Mayaniquel presentó en junio del 2024 una intención de arbitraje contra el Estado de Guatemala a llevarse a cabo en el Ciadi, y argumentó daños a las inversiones señalando tardanza en brindarles las credenciales de exportación, entre otras posturas asumidas por el Estado.

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La reclamación internacional es de US$100 millones, dentro del proceso ambas partes tenían 90 días para conciliar, plazo que finalizó el 13 de diciembre del 2024, sin lograr acuerdos. Aunque hasta el 24 de enero del 2025 el arbitraje aún no ha sido registrado en el Ciadi. La compañía expuso en su comunicado de este 24 de enero que continuará emprendiendo acciones legales contra quien corresponda con el fin de corregir la situación y “deducir responsabilidades personales de quienes actúen en abuso de su autoridad”, y en diciembre del año pasado la minera argumentó que la nueva suspensión se dio en base a un procedimiento que sucedió hace casi 10 años, aunque ya se tenía el resultado de la auditoría mencionada de mayo 2024.

Acciones presentadas y no descartan continuar con arbitrajes

El viernes por la parte la empresa amplió información por medio de la oficina de comunicación.

Indicó que la licencia continúa suspendida por las resoluciones de diciembre del 2024, añade que han apelado de forma oportuna estas decisiones y que siguen analizando todas las consideraciones legales con el equipo legal.

“Mayaniquel está confundida y sorprendida por las acciones del Estado. La empresa y el Proyecto de Extraccion Minera Sechol han cumplido al 100% con sus obligaciones ambientales, como lo certificó el propio Gobierno en mayo de 2024 a través de una auditoría ambiental. Por lo tanto, la conducta del Gobierno no tiene sentido”, se añadió.

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Dentro de la información que fue presentada al MARN, se destaca el resultado de la auditoría ambiental realizada por la actual administración del ministerio, la cual concluye que Mayaniquel cumple con el 100% de sus compromisos ambientales, se añadió. También detallan otras acciones presentadas hasta la fecha que incluyen los recursos administrativos que la ley permite contra las resoluciones del MARN ante la Dirección de Cumplimiento Legal (DCL) y la Dirección de Gestión Ambiental (DIGARN) esperando que se resuelvan las acciones que califica como “perjudiciales e indebidas” del Gobierno. Aunque indican que no pueden comentar sobre otras vías legales que se encuentran en evaluación y que podrían emprenderse en el futuro.

“De no obtenerse una resolución sobre el tema, no tendremos más opción que iniciar un arbitraje contra el Gobierno por sus actos ilícitos”, añade la compañía en la ampliación de información.

Por el momento, el inversionista de Mayaniquel, que presentó la intención de arbitraje, International Metal Supply Holding, S. A. (IMSH), considera que el plazo de conciliación sigue abierto para una resolución amistosa del asunto, pero que el registro de la demanda de arbitraje de inversión depende de la pronta actuación del Gobierno de Guatemala.

Respecto a cuánto ha dejado de producir Mayaniquel de diciembre del 2022 a la fecha, no brindan un monto específico, indicando que “los daños y pérdidas que ha sufrido IMSH por las malas acciones del Gobierno ascienden a cientos de millones de dólares. Nos hemos quedado completamente sin poder operar”, además de las familias que dependen de la inversión y el desarrollo en esa zona.

Guía completa para tramitar la licencia ambiental en Guatemala

Fri, 11 Oct 2024 11:00:00 +0000

Economía

Guía completa para tramitar la licencia ambiental en Guatemala

La Licencia Ambiental es un permiso regulado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y, de acuerdo con la ampliación aprobada, entrará en vigor el 27 de septiembre de 2025.

Glenda Burrión

11 de octubre de 2024

05:00h

Aunque el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 137-2016, se aprobó desde el 2016, a la fecha ya se han autorizados 2 prórrogas derivado de la presentación de solicitudes de instrumentos correctivos para regularización en el ministerio, por lo que se consideró necesario ampliar el plazo.

De esto, ahora se estableció que la nueva fecha límite para que la empresas o negocios se regularicen ante el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) será el 27 de septiembre de 2025.

Qué es una licencia ambiental y para qué sirve

Es una normativa que busca asegurar que cualquier actividad que realicen entidades, negocios, proyectos minimicen sus impactos ambientales y sigan procedimientos adecuados de mitigación cualquier daño que puedan causar en el entorno. En Guatemala la institución que vela por el cumplimiento de la ley es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

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Cada proyecto es clasificado en una de cuatro categorías (A, B1, B2, C), dependiendo del nivel de impacto que pueda generar, lo cual determina los requisitos específicos y estudios que deben presentarse.

Qué empresas o negocios deben tener licencia ambiental

En Guatemala, la Licencia Ambiental es obligatoria para una amplia variedad de negocios, actividades, proyectos e industrias que puedan generar un impacto en el medio ambiente. Se deben contar con esta licencia los siguientes tipos de negocios o actividades:

Proyectos de construcción (centros comerciales, viviendas, edificios, urbanizaciones, etc.).

Industria manufacturera (fábricas, plantas de producción, agroindustrias, etc.).

Minería y explotación de recursos naturales (explotación de minas, canteras, extracción de petróleo, gas, etc.).

Agricultura y ganadería intensiva (plantaciones a gran escala, explotaciones ganaderas intensivas).

Proyectos de infraestructura (carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, redes de distribución eléctrica).

Hoteles y desarrollos turísticos (particularmente aquellos situados en áreas de alto valor ecológico).

Pesca y acuicultura (granjas piscícolas, proyectos de pesca en gran escala).

Comercios que generen desechos peligrosos o contaminantes talleres mecánicos, gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Centros de salud, consultorios, clínicas y hospitales por la generación de desechos biomédicos.

Industria de generación de energía (hidroeléctricas, plantas solares, plantas de energía eólica, etc.).

Iglesias, cultos y asociaciones religiosas, en este caso no pagarán por el ingreso del instrumento ambiental, ni el trámite para obtención de la licencia, pero sí deberán cumplir con el debido cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley de Protección Mejoramiento del Medio Ambiente.

Instituciones del Estado que al igual que las entidades religiosas estarán exentas de los pagos respectivos, pero sí deberán cumplir con el trámite en los casos de obras de infraestructura.

Cómo obtener la licencia ambiental en Guatemala

El proceso para obtener la Licencia Ambiental suele involucrar los siguientes pasos:

Clasificación del proyecto: Verificar la categoría de su negocio, empresa o proyecto según el listado taxativo. (AM 402-2021). En ese listado, podrá determinar los formularios a utilizar para presentar su solicitud.

Descargue los Términos de Referencia (TdR), esto es para los proyectos de las siguientes cuatro categorías, dependiendo del grado de impacto ambiental que puedan tener:

A: Proyectos de alto impacto.

B1: Impacto moderado alto.

B2: Impacto moderado bajo.

C: Proyectos de bajo impacto.

CR: Categoría registros (CR) y es la de menor impacto ambiental. En estos casos no aplican los TdR,

Descargue los formularios correspondientes a cada categoría. Si su caso es un CR solo no aplican los TdR. Luego deberá presentar su instrumento ambiental (formulario) para obtener su Resolución Ambiental Aprobatoria.

Ingresar la solicitud al MARN. A la fecha se están recibiendo las solicitudes de manera presencial o bien en línea a través de Sistema Ágil de Gestión Ambiental (Saga). Se puede hacer la gestión en línea o presencial.

Evaluación y emisión de la licencia: El MARN evalúa el estudio y, si se cumplen los requisitos, otorga la Licencia Ambiental, que permite la ejecución del proyecto bajo las condiciones establecidas.

Cuánto y dónde se paga por la licencia ambiental en Guatemala

El valor por licencia ambiental dependerá de dos factores, el primero es la categoría y el segundo será los años que desea tramitar la licencia —el sistema tiene los rangos de un año a cinco años máximo—.

Categoría C el costo oscila entre Q50 y Q250.

Categoría CR el costo es de Q50, se debe renovar cada año.

Categoría B2 el costo oscila entre Q1500 y Q7500

Categoría B1 el costo oscila entre Q1500 y Q7500

Categoría A el costo oscila entre Q7000 y Q35000

El costo por reposición, si la licencia está vigente, para todas las categorías tiene un valor de Q50

Trámite presencial

Los documentos deben entregarse en la siguiente oficina, allí mismo podrá realizar el pago en una ventanilla de Banrural:

Departamento de atención a la Gestión Ambiental

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 16:00 pm

Dirección 12 calle 0-93 Zona 9 local #27-02 C.C. Montufar

Trámite virtual

En este caso, primero debe crear un usuario para el sistema Saga, recuerde que todo dependerá de la clasificación de su negocio. Sin embargo, los pasos comunes son:

Ingresar a la plataforma oficial de Saga: https://saga.marn.gob.gt
Seleccionar la opción Crear Usuario y hacer clic en el botón de Crear usuario o Registrarse en la pantalla de inicio
Llenar sus datos personales Completa el formulario con tu nombre completo, Número de DPI, Número de NIT, correo electrónico, número de teléfono y otros datos solicitados
Activar su cuenta, es decir, confirmar en su correo electrónico la activación de usuario.
Ingresar con su nueva cuenta
Acceder a la plataforma con los datos de usuario y tramitar y gestionar solicitudes.
Cuando corresponda realizar el pago podrá generar un cobro para banca en línea de Banrural o podrá hacerlo en el sitio del Saga con tarjeta de crédito Visa.

Retos en la implementación

Lilian Caal, asesora jurídica del viceministerio del MARN, reconoció que el reglamento es extenso y la lista de documentos puede resultar confusa para algunos solicitantes. Sin embargo, explicó que los requisitos específicos para cada categoría están disponibles en los Términos de Referencia, que pueden descargarse desde la página web del MARN, en el menú de formularios.

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Ana Lucía Contreras, gerente de Agexport Consulting, señaló que aunque las reformas son necesarias y positivas, aún hay puntos sobre regulaciones que deben aclararse a medida que el proceso avanza. Contreras también destacó algunos desafíos en la coordinación entre entidades gubernamentales, mencionando que, en algunos casos, el MARN solicita la aprobación de entidades como el MAGA o el CONAP, mientras que estas instituciones requieren la Licencia Ambiental como requisito previo, lo que genera contradicciones para los solicitantes.

Acuerdo Gubernativo 148-2024: Reformas al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo 137-2016 pic.twitter.com/XAg1G3wGOE
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) October 1, 2024

Desde el punto de vista legal, los requisitos como escrituras públicas, patentes, nombramientos y la nomenclatura municipal pueden ser problemáticos, ya que no todas las municipalidades están preparadas para emitir certificados de nomenclatura, lo que dificulta el proceso de regulación.

Para los proyectos de categoría A (alto impacto ambiental), es necesario presentar el proyecto ante un grupo multidisciplinario y el viceministro de ambiente, lo que puede resultar en dificultades de coordinación debido a la disponibilidad de las altas autoridades.

Asesoría y capacitación

Agexport Consulting ofrece asesoría a las empresas que necesiten apoyo en la tramitación de la Licencia Ambiental. Los interesados pueden contactar a Ana Lucía Contreras en ana.contreras@agexport.org.gt.

Por su parte, el MARN ha programado una capacitación intensiva abierta al público durante la semana del 7 de octubre. Además, el ministerio está atendiendo consultas a través del correo consultas@marn.gob.gt, donde las empresas pueden recibir orientación específica para el ingreso de sus instrumentos ambientales.

Es importante mencionar que los documentos se están recibiendo tanto en formato digital como físico, aunque el sistema digital ha presentado algunas fallas.

Marn afirma que ampliarán un año la entrada en vigor la obligatoriedad de la tenencia de licencia ambiental

Tue, 27 Aug 2024 19:45:59 +0000

Comunitario

Marn afirma que ampliarán un año la entrada en vigor la obligatoriedad de la tenencia de licencia ambiental

El 27 de septiembre próximo vence el plazo para que proyectos, obras, industrias o activades cuenten con la licencia aplicable, la medida también alcanza a iglesias.

Enrique García

27 de agosto de 2024

13:45h

El viceministro de ambiente dijo este jueves que el actual gobierno busca anular la licencia ambiental de la mina Cerro Blanco, debido a "presuntas anomalías" en su aprobación. (Foto Prensa Libre: AFP)

La titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, anunció este 27 de agosto, luego de una reunión con diputados de la bancada Cabal, que se dará una prórroga de un año mas para que los proyectos, obras, industrias o actividades ya existentes cuenten con su Licencia Ambiental.

El 2 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la república, Alejandro Giammattei y el exministro de Ambiente, Gerson Elías Barrios, aprobaron un acuerdo gubernativo en el que reformaron el artículo 119 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y dieron como fecha límite el próximo 27 de septiembre de este año para que todos cuenten con dicha licencia.

“Platicamos con la bancada que ahorita tenemos una solución a la puerta y es la modificación del acuerdo gubernativo que rige el Reglamento de Licencias Ambientales (…) este viernes -30 de agosto- tendría que estar el acuerdo”, dijo Orantes quien agregó que hay preocupación en la sociedad por la emisión de este documento que sería obligatorio.

La medida según el acuerdo 298-2022 alcanza también a las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso con o sin actividades complementarias y conexas.

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“Se simplificarán los trámites y daremos un año de prórroga para que toda obra o proyecto esté regularizado en el Ministerio de Ambiente”, reiteró la funcionaria, quien agregó que “hay una falla estructural en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente ya que hay muchas obras que no tienen impacto y otras en que es mínimo, agregó Orantes.

La actual normativa detalla que quien no cuente con el estudio de evaluación del impacto ambiental será sancionado con una multa de Q 5mil a Q100 mil, y que, en el caso de no cumplir con este requisito, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.

Según manifestaron -Orantes y Luis Aguirre – la otra semana se trabajará una iniciativa de ley para regularizar quienes deben contar con licencia de ambiental y no se descarta que se apruebe de urgencia nacional.

La minera Cerro Blanco y el Marn inician batalla legal por revocatoria de autorización

Tue, 25 Jun 2024 11:00:00 +0000

licencia ambiental

La minera Cerro Blanco y el Marn inician batalla legal por revocatoria de autorización

Cinco días de concluir la administración gubernamental anterior, la empresa obtuvo autorización para operaciones o cielo abierto, lo que fue detenido recientemente por las autoridades actuales.

Rosa María Bolaños

25 de junio de 2024

05:00h

Las operaciones de la mina Cerro Blanco están suspendidas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Elevar Resources)

La compañía Elevar Resources presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) una solicitud de revocatoria a la suspensión de la Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA 2024) para el proyecto minero Cerro Blanco, emitida por dicha cartera.

La minera había solicitado un cambio de modalidad de extracción pasando de subterráneo o cielo abierto, lo cual fue aprobado en enero del 2024, cinco días antes de finalizar el período del gobierno anterior.

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Sin embargo, el 14 de junio último, por la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, anunciaron la medida tomada. Ante esto, la empresa presentó una solicitud de revocatoria el 20 de junio, califica de “notoriamente ilegal” la resolución de enmienda con la que el Marn emitió la suspensión.

La compañía expuso en un comunicado que, al presentar la solicitud de revocatoria, se mantiene vigente la aprobación de la actualización mencionada, aparte de que fue autorizada por ese ministerio después de 26 meses de proceso y aunque se cumplió con todos los requisitos legales y normativas establecidas por el Marn y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tardó más tiempo de lo habitual que se estima en nueve meses.

“La Actualización del Plan de Gestión Ambiental se mantiene vigente, está en regla y continuará implementando acciones que garanticen la legalidad”.

En otra parte de su boletín, elevar Resources afirma que “ha sido transparente en todas sus acciones y ha proporcionado la documentación que le ha sido formalmente requerida en los tiempos y momentos en que se le ha indicado, por lo tanto, considera que la decisión de dejar sin efecto la resolución de que aprobó el APGA 2024 viola los principios del debido proceso, poniendo en riesgo la certeza jurídica de una inversión que supera los $350 millones, y sienta un mal precedente a nivel internacional en un momento en el que se busca atraer más inversión extranjera directa por parte del gobierno actual”.

Marn: Está suspendido

A la consulta de Prensa Libre, el Marn respondió que la licencia ambiental del proyecto Cerro Blanco “no se encuentra vigente por lo que deberá tramitar una nueva solicitud por ser un proyecto diferente al actual de explotación subterránea”.

Agregó que durante el presente mes, el ministerio decidió enmendar el procedimiento de actualización de la licencia ambiental que fue otorgada el 9 de enero de 2024 por el anterior gobierno.

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Y que derivado de la constantes denuncias internas y externas, el ministerio concluyó que no correspondía una actualización de licencia ambiental, sino que, por ser un proyecto diferente y nuevo, debe presentarse una nueva solicitud de licencia ambiental para explotación a cielo abierto, ya que este nuevo método de minado conlleva potenciales riesgos e impactos ambientales mayores y diferentes.

Además, presentó tres denuncias penales ante el Ministerio Público sobre este caso, mientras que Elevar Resources ha presentado dos amparos, los cuales han sido suspendidos por la Sala Quinta y Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Ante esto, la compañía replicó que una resolución no cobra firmeza hasta que pase el plazo para ser impugnada; en este caso, dentro de los 5 días hábiles para impugnar la resolución se interpuso el recurso se revocatoria, lo cual hace que no cobre firmeza la misma. En caso la ministra ilegalmente no dé con lugar el recurso de revocatoria, se acudirá a la instancia judicial de lo contencioso administrativo, pues el plazo para revocar la resolución venció en enero del 2024, por lo que ya estaba firme y ejecutada. “Entonces, es notoriamente ilegal y extemporánea este intento de revocación 6 meses después de plazo, es un fraude de ley y violación flagrante de la certeza jurídica que debe de regir todos los actos públicos”.

Argumentos de ambas partes

La minera Cerro Blanco cuenta con licencias de operación subterránea desde el año 2007.
En el 2021 solicitó cambio de método de minado para pasar a cielo abierto.
Elevar Resources expone que esta modalidad permite un aprovechamiento óptimo de los minerales existentes, aspecto que conllevaría más inversión y empleos. Además, que es más seguro para las personas, además de tener una planeación y control minero más sencillos.
Añade que el cambio se solicita con base a los artículos 39 y 40 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA) y que en 2021 presentó una solicitud de opinión al Marn para consultar el procedimiento para ese cambio.
Según la empresa, el Marn respondió por escrito que debía presentarse una Actualización del Plan de Gestión Ambiental (APGA), para lo cual también indicó por escrito a la empresa los Términos de Referencia que detallaban lo que debía contener esta solicitud de actualización al momento de presentarse. Y argumenta que esa solicitud se realizó durante más de 8 meses y tuvo un costo de varios millones de dólares, pues participaron firmas nacionales e internacionales de alta reputación, por lo que presentó más de los requerimientos detallados en los términos de referencia del MARN.
La actual ministra de Ambiente explicó el viernes 14 de junio que la compañía aplicó a la figura de actualización, pero que esta no procedía porque el cambio de actividad implica un proyecto enteramente nuevo y diferente al original.
El ministerio está solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental y presentó una denuncia adicional contra el exdirector de Gestión Ambiental por supuestas irregularidades detectadas.

Constructores denuncian retraso en emisión de licencias ambientales y el Marn se defiende

Mon, 10 Jun 2024 11:00:00 +0000

Construcción

Suscriptores

Constructores denuncian retraso en emisión de licencias ambientales y el Marn se defiende

La CGC demanda al Ministerio de Ambiente agilizar gestiones para aprobar una presa de 1 mil 900 licencias y de esa forma, agilizar la ejecución de proyectos inmobiliarios.

Urias Gamarro

10 de junio de 2024

05:00h

El sector construcción señala atrasos en el otorgamiento de licencias ambientales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una presa de 1 mil 992 solicitudes de licencias ambientales para la construcción está aún pendiente de aprobación en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), lo que retrasa el inicio de inversiones privadas en la edificación de vivienda, comercial e industrial, así como de otras actividades productivas relacionadas.

En tanto, las autoridades encargadas expusieron que al final del proceso de evaluación correspondiente, el Marn entrega una resolución aprobatoria y a continuación, el proponente debe llenar un formulario en el que solicita su licencia ambiental; posteriormente, se le acepta el formulario y tras un pago, se le entrega el documento en un plazo no mayor de 10 días.

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El sector construcción considera que la no agilización de las gestiones para obtener las licencias ambientales podría impactar de manera negativa a la industria, ya que hay proyectos que no pueden comenzar por no contar con los permisos obligatorios.

El recuento

Con el cambio de autoridades ministeriales de enero a abril de este año, los constructores indican que han percibido un retardo en la emisión de los permisos de licencias ambientales. “En promedio, los proyectos de construcción demoran, en promedio, de uno a tres años; por lo tanto, entre el 30 y 40% de los proyectos de construcción de este año se encuentran en la etapa de solicitud de licencias, lo que representa unos Q6 mil 35 millones solo en el período de enero a abril 2024”, sustenta un informe de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).

El documento apunta que durante el primer cuatrimestre del año, hay una caída del 49% mensual de las licencias que se gestionan en el Marn, con un promedio de 498 expedientes. Por esa tardanza gubernamental, estarían pendientes de desarrollo aproximadamente 1.2 millones de metros cuadrados de construcción y al hacer un promedio mensual, hay una variación negativa del -24% con 306 mil metros cuadrados, según el estudio privado.

Por tipo de obra

El documento detalla que de cada 10 licencias ambientales que aún están pendientes de aprobación, siete corresponden a la construcción de edificios, dos para la edificación de obras civiles y una para actividades especializadas de construcción, con datos revisados al 22 de mayo.

El análisis también expone que la presa podría repercutir en la producción nacional, ya que en los expedientes hay licencias de grandes, medianos y pequeños proyectos, lo que al final impacta en la inversión en parques industriales, fábricas, hospitales, comercio y edificios de viviendas, entre otros.

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La industria de la construcción es de la opinión que, en la actualidad, es urgente y prioridad la inversión en infraestructura, por su múltiple impacto y derrama en otras actividades económicas, pero se mantiene la percepción de que el Marn está enfocado solo en temas de protección y cuidado ecológico.

¿Qué se encontró?

Prensa Libre consultó al viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, sobre lo que encontró en la unidad que conoce los permisos y el seguimiento de los expedientes, quien respondió que el departamento de Atención a la Gestión Ambiental es el encargado de notificar las resoluciones ambientales y de tramitar la emisión de las respectivas licencias ambientales cuando corresponda, según la categoría de cada proyecto.

“Hemos encontrado que esta unidad funciona satisfactoriamente con algunos puntos de mejora en cuanto a sistemas informáticos para agilizar el procesamiento de datos e información”, aseguró.

Y sobre la presa que indica la CGC, el funcionario respondió que la actual administración de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales asignó tres ingenieros civiles para la evaluación de los instrumentos ambientales y el Departamento de Calidad Ambiental ha girado instrucciones para dar prioridad a estas licencias, apuntó.

En cuanto a los proyectos de construcción ingresados en físico y BIAWEB -plataforma- se han estandarizado procesos para agilizar el análisis y evacuación de expedientes relacionados con la construcción. Esa estandarización también se implementado para otros sectores, considerando que las categorías C y CR constituyen el 80% de los expedientes ingresados en el ministerio.

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“Las medidas implementadas por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales han permitido disminuir de seis mil a 1 mil 800 los expedientes de instrumentos ambientales pendientes de resolver”, destacó.

El funcionario añadió que como autoridad, esa institución está alineada con las políticas de desarrollo de país y consciente del aporte del sector construcción a la economía nacional.

“La Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, se encuentra implementando estrategias para la realización pronta y eficiente de la evaluación y resolución de los instrumentos ambientales que se encuentran en trámite para evitar retrasos a todos los usuarios del Marn, y realizar una gestión ambiental eficaz y eficiente”.

Dentro de sus funciones

Al Marn también se les requirió brindar una perspectiva, como autoridad, sobre los procesos de licencias de construcción para este ejercicio, que involucra la parte de licencias ambientales.

La respuesta fue que a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y las delegaciones departamentales, se evalúan, dictaminan y resuelven expedientes de instrumentos ambientales, otorgando o no la procedencia de viabilidad ambiental de los proyectos, obras, industrias o actividades, pero eso no los autoriza, sino que su aprobación final queda sujeta a la autorización de las instituciones correspondientes; lo cual se establece en las resoluciones respectivas. “Este ministerio no otorga licencias de construcción”, se aclaró.

El trámite

Las autoridades dieron a conocer el proceso actual de entrega de licencias ambientales:

Al final del proceso de evaluación del instrumento ambiental, el Marn entrega una resolución aprobatoria, el proponente solicita su licencia ambiental, paga y se le entrega el documento en un plazo de 10 días.

Para proyectos de construcción categoría C y CR, no hay obligatoriedad de tramitar la licencia ambiental y solamente con la resolución aprobatoria, se cumple lo establecido en el Reglamento de Control Evaluación y Seguimiento Ambiental.

Al Ministerio de Ambiente Ingresan los expedientes en tres modalidades: En físico, en la plataforma digital BIAWEB y por medio de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC).

Respecto a la cantidad de expedientes de instrumentos ambientales resueltos, se informó que de los instrumentos ingresados en físico se han aprobado 124 expedientes de las categorías C y CR.

De acuerdo con los registros, en el cuatrimestre la VAC entregó un total de 26 resoluciones aprobatorias de instrumentos ambientales y por parte del Departamento de Atención a la Gestión Ambiental, se han otorgado 13 licencias ambientales.

En la VAC hay 25 expedientes pendientes de analizar en las categorías B1 y B2.

Conceden prórroga al plazo para tramitar y contar con licencia ambiental, pero nadie se librará de una sanción

Sat, 03 Dec 2022 11:00:45 +0000

Este viernes fue publicado en el Diario de Centro América la decisión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de prorrogar, hasta el 27 de septiembre de 2024, el plazo para que toda obra, proyecto o empresa, que no cuente con un estudio de impacto ambiental (si está obligada a hacerlo), regularice su situación y presente ese instrumento.

Mediante el Acuerdo Gubernativo 298-2022, el MARN reforma el artículo 119 del Acuerdo Gubernativo 137-2016, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que establecía para el próximo 16 de diciembre el plazo para cumplir con la regularización.

Esa disposición busca que los sujetos obligados cumplan con lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que establece la obligación de contar, previo al desarrollo de una actividad, con un estudio ambiental aprobado por el MARN. La norma establece multas a quienes no cumplan, que van de Q5 mil a Q100 mil, según la categoría de cada proyecto.

La Unidad de Comunicación Social del MARN, informó a Prensa Libre que la decisión de prorrogar el plazo para que las empresas regularicen su situación se tomó en “consideración de los fenómenos hidrometeorológicos que han impactado al país en los últimos años; la pandemia Covid-19 que afectó a los guatemaltecos y la Política de Reactivación Económica”.

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Multa mínima

De acuerdo con Jersson Gudiel, gerente de la consultora ambiental Soluciones Avanzadas para Negocios, Proyectos, Asesorías y Servicios Ambientales, S.A. (NEPRASA), si bien el MARN prorroga el plazo para cumplir con el requerimiento, las empresas que acudan voluntariamente a regularizar este instrumento deberán pagar una multa de Q5 mil, sin importar la categoría.

“Esta multa mínima de Q5 mil solo aplica si el proyecto, negocio o empresa no tiene una denuncia, que haya resuelto el proceso incidental (que haya sido multada por no tener licencia ambiental en el lapso de la prórroga) y se presente voluntariamente a regularizar su situación”, dijo Gudiel.

La nueva disposición también prorroga el plazo para que los proyectos, obras, industrias o actividades aprobadas antes de la vigencia del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, presenten su estudio de impacto ambiental.

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Ministerio de Energía deroga licencia para hidroeléctrica Pontila

Fri, 06 Mar 2020 15:35:01 +0000

La derogatoria fue publicada este viernes 6 de marzo en el Diario de Centro América.

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Marn suspende licencia de Hidroeléctrica Pontila, señalada por afectar ecosistema en Cobán

La licencia del MEM fue aprobada el 13 de enero del 2020 por el acuerdo gubernativo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Dicho acuerdo fue publicado el 27 de enero y establece que se tienen 30 días a partir de la publicación para firmar el contrato. Según el MEM ese plazo vencería el 9 de marzo.

El actual ministro, Alberto Pimentel, firmó la derogatoria por medio del acuerdo 101-2020 emitido el 5 de marzo de este año.

En la parte de considerandos del documento se expone que el proyecto no cuenta en la actualidad con licencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Para el proyecto hidroeléctrico de 40 megavatios, y que busca instalarse en Cobán, Alta Verapaz, el Marn aprobó desde el 2016 al 2019, tres licencias ambientales.

En sus exposiciones el MEM detalla que la primera licencia emitida por Ambiente quedó suspendida por una decisión judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras que la segunda y la tercera emitidas en el 2018 y en diciembre del 2019 fueron canceladas por el mismo Ministerio de Ambiente en febrero del 2020. Por ello no puede mantenerse vigente el permiso que brindó el MEM, se agregó.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) señalaron inicialmente, en el 2016 y 2017, que la posible operación de la hidroeléctrica conlleva riesgos al ecosistema del lugar aledaño al Parque Nacional Laguna Lachuá.

El @MEMguatemala derogó hoy el acuerdo con el cual el gobierno anterior dejó aprobada la licencia para el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila que busca instalarse en #AltaVerapaz @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/OLRpIDslS8

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) March 6, 2020

Aún así en el 2016 el Marn le otorgó la licencia aunque luego fue suspendida por las cortes.

En el 2019 la empresa logró un nuevo dictamen de la oficina regional de Conap en Las Verapaces donde refieren que no afectaría el afluente al Parque y actualizó su expediente, pero la oficina central de esa institución mantuvo su decisión en contra del proyecto.

Empresa accionará contra derogatorias del MEM y del Marn

La empresa sostiene que el proyecto no se encuentra en el área protegida del Parque en mención, además de que no afecta el ecosistema o afluentes aledaños y que con los programas sociales que impulsa apoyará el desarrollo de las comunidades en la zona.

El director técnico del proyecto Aurelio Asturias, refirió también que es ilegal derogar un acuerdo ministerial basado en la cancelación de una resolución ambiental que no está firme porque la decisión del Marn se encuentra en un proceso de revocatoria planteado por la empresa.

Agregó que “la acción cometida en Marn también es ilegal y se está favoreciendo a un sector que no quiere más competencia, damnificando a las poblaciones más pobres y vulnerando la certeza jurídica del país” y que da una mala señal que la decisión del MEM se haga un día antes de vencerse el plazo para la firma del contrato.

En tanto Edgar Sandoval, director de la empresa expuso que tal decisión manda un mal mensaje para cualquier inversionista ya que no existe certeza jurídica para las inversiones del país. Agregó que no se escucha a la población que pide desarrollo en el lugar.

Sandoval comentó que la empresa accionará legalmente para corregir el rumbo que califica como “equivocado de las autoridades, que se deben a la población no a intereses oscuros”.

Marn suspende licencia de Hidroeléctrica Pontila, señalada por afectar ecosistema en Cobán

Wed, 26 Feb 2020 11:00:58 +0000

En tanto la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A., propietaria de dicho proyecto, presentó un recurso de revocatoria.

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MEM aprobó hidroeléctrica de 40 megavatios un día antes del cambio de gobierno

La entidad estatal respondió a Prensa Libre por medio de la oficina de Comunicación Social, que la cartera de Ambiente, a cargo del ministro Mario Rojas Espino, efectuó una serie de análisis sobre el proceso de concesión de la licencia ambiental otorgada por la anterior administración.

Con base en esa revisión la actual administración determinó dejar sin efecto la resolución identificada como 05508-2019/DIGARN/RFDF/rjop, la cual fue emitida el 18 de diciembre de 2019 cuando aún ocupaban fungían como presidente Jimmy Morales y como ministro de Ambiente Alfonso Alonzo.

Por medio de esa resolución se había actualizado el expediente aprobado para el proyecto y dio lugar a la emisión de la licencia ambiental 08136-2019/DIGARN de categoría “A” por el plazo que cubre del 18 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2021.

Agregó el ministerio que la decisión “tiene asidero legal en resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, formulada en torno al caso” y que se determinó que no se cumplió con los requisitos que establece la ley para emitir una licencia.

Además, se determinó que en la gestión no se cumplió con los procedimientos establecidos para un proceso como ese.

El Ministerio de Energía y Minas extendió la autorización a la hidroeléctrica Central Rocja Pontila con base a resoluciones contradictorias emitidas por diferentes oficinas tanto dentro del Conap como del INAB. https://t.co/92jy9kqkq3

— Mundo Económico (@Economia_pl) February 11, 2020

La licencia fue emitida para el plazo del 4 de noviembre del 2016 al 3 de noviembre del 2018.

Sin embargo, en junio del 2017 la Corte de Constitucionalidad la suspendió en forma provisional, pero en noviembre de ese año la empresa desistió de una impugnación del proceso por lo que quedó firme la suspensión.

Posteriormente, con actualizaciones del expediente, el Marn emitió la segunda licencia número 07518-2018 cuya vigencia vencía el 3 de noviembre del 2020, y luego se volvió a actualizar el expediente por lo que se emitió la tercera licencia el 18 de diciembre del 2019 cuyo plazo vencería el 17 de diciembre del 2021. Con base a esta última el MEM aprobó la hidroeléctrica el 13 de enero del 2020.

“Esta serie de determinaciones legales y deficiencias en los procedimientos para la emisión de la licencia, llevaron a las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- a suspender dicha licencia” agregó la entidad la cual insiste que la decisión que se tomó está respaldada en el fallo emitido por la CC.

Empresa impugna decisión

Aurelio Asturias, director técnico del proyecto hidroeléctrico, indicó que recibieron dos notificaciones, una el 10 de febrero y otra el 14. La empresa presentó un recurso de revocatoria, pero a la fecha no han recibido respuesta.

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El ejecutivo dijo que la cancelación de la licencia se hizo de forma arbitraria y se abre la puerta para que el ministerio pueda cancelar de esa manera y sin orden de juez cualquier proyecto en el país. Primero hicieron una enmienda administrativa al proceso y luego decidieron la suspensión, añadió, al indicar que “la ley es muy clara, el único que puede revocar esto es un juez luego de un proceso, pero el ministerio se está atribuyendo funciones de un juez”.

Asturias expuso que forzaron al Director de Gestión Ambiental del Marn para firmar la cancelación y posteriormente le pidieron su renuncia.

¿Qué sucederá con el contrato?

El proyecto, con capacidad de 40 megavatios, fue autorizado por el MEM para usar los bienes de dominio público por 50 años, específicamente el caudal de río Icbolay en Cobán, Alta Verapaz.

Dicha aprobación se efectuó el 13 de enero del 2020 por el acuerdo gubernativo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

El acuerdo fue publicado el 27 de enero del 2020 y establece que se tienen 30 días para firmar el contrato.

La empresa es del criterio que ese plazo vence el 27 de febrero ya que se cuentan días calendario.

Además, mencionan que la revocatoria presentada por la firma deja sin efecto la suspensión de la licencia ambiental por lo que el MEM debe firmar el contrato.

En tanto el MEM es del criterio que se cuentan días hábiles y que el plazo vence el 9 de marzo del 2020.

#Entrevista | Ejecutivos de la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A., aseguran que cumplen con todas las licencias para la hidroeléctrica Central Rocja Pontila y exponen varios puntos relacionados con el expediente. https://t.co/5vskH0yZDX

— Mundo Económico (@Economia_pl) February 14, 2020

Ese ministerio sin embargo considera que la licencia ambiental es un requisito indispensable para la suscripción del contrato en mención por lo que solicitó su oficina jurídica que se pronuncie respecto a la continuidad de la vigencia del acuerdo gubernativo 19-2020 (firmado por Chang) y trasladará la opinión a la Procuraduría General de la Nación (PGN) “para los efectos correspondientes”.

En el 2017 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) se pronunciaron en contra del proyecto. Se indica que aunque se está fuera del área protegida del Parque Nacional Laguna Lachuá, se pone en riesgo su ecosistema.

Aunque en el 2019 para la tercera licencia la oficina de Conap Alta Verapaz emitió dictamen a favor ante una consulta de la empresa, pero la oficina central indica que mantiene su postura en contra.

La empresa argumenta que no afecta ni la laguna, ni el parque, ni las comunidades aledañas y que el proyecto está fuera del área protegida.

Hidroeléctrica Pontila: El Inab reafirma que el proyecto no se debe construir

Sat, 15 Feb 2020 11:00:32 +0000

La opinión institucional sigue siendo que no procede el proyecto. El subgerente y el coordinador de la Dirección Regional de Las Verapaces e Ixcán del Instituto Nacional de Bosques (Inab) expusieron a Prensa Libre que aparte de informe técnico hay otros documentos emitidos por dirección, los cuales adjunta la empresa en su expediente, pero en ninguno se aprueban la hidroeléctrica, sino que responden a una consulta efectuada por esa compañía acerca de si dos áreas específicas necesitan licencia de cambio de uso de suelo.

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El subgerente del Inab Bruno Arias explicó que en enero del 2016 emitieron la opinión en contra del proyecto y esa postura se mantienen a la fecha ya que consideran que se afectaría el ecosistema el Parque Nacional Laguna Lachuá y el área aledaña de la cual se alimenta el humedal.

Con el acuerdo ministerial 019-2020 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la autorización definitiva para el uso de bienes de dominio público para dicha generadora con capacidad de 40 megavatios, con lo cual podrá usar el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.

Arias es quien elaboró y firmó el informe del Inab con la opinión desfavorable al proyecto en el 2016, cuando ocupaba de forma interina el cargo de Director de Manejo y Conservación de Bosques de ese mismo instituto.

Sin embargo, en el 2014 y en el 2019 la Dirección Regional II de Las Verapaces e Ixcán emitió dos documentos indicando que dos áreas que se usarán para el proyecto no ameritan cambio de uso de suelo y la empresa los presenta en su expediente como una aprobación de parte del Inab.

Tanto el funcionario como el coordinador de la regional, Ulicer López, explican que con esos documentos no se está aprobando el proyecto, sino que respondieron a dos consultas específicas que le hace la empresa al Inab.

Expusieron que la Ley Forestal establece las licencias de cambio de uso de suelo, pero que estas se requieren si el terreno o área donde se efectuará algún proyecto tiene cobertura forestal. Como Inab, se tiene la obligación de responder ante esas consultas, si no hay árboles en el terreno no se debe tramitar una licencia de cambio de uso independientemente de cuál sea el proyecto, agregaron, al explicar porqué emitieron esos dos oficios mencionados.

Inab y empresa difieren por impacto

Respecto a autorizaciones y posible impacto, directivos de la empresa argumentan que el río Icbolay, en el cual se instalaría la hidroeléctrica, no alimenta la Laguna Lachuá, no entra en área protegida ni área declarada como Ramsar y que proyectos aledaños que proponen no causan efectos negativos.

Agregan que debido a ello no se necesita una opinión del Inab acerca del proyecto como tal ya que el ente rector del tema ambiental es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Ante la opinión negativa del Inab y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en el 2016 y la suspensión judicial de la licencia ambiental emitida por al MARN en ese año, la empresa decidió solicitar de nuevo la licencia ambiental.

Para ello, entre otros trámites, actualizó su expediente y agregan un segundo documento del Conap emitido por Dirección Regional de Las Verapaces que aprueba el proyecto y refiere que usar el río en mención no producirá impacto negativo. Si embargo la postura institucional del Conap sigue siendo desfavorable y en las oficinas centrales de la entidad se indicó que se encuentran analizando qué sucedió con la emisión del documento que contradice su postura.

La empresa también agregó a su expediente la opinión de la Dirección Regional del Inab de Las Verapaces e Ixcán emitida en el 2019. Ejecutivos de la compañía explicaron que en el 2016 con el informe emitido por la sede central de esa institución no se les aprobó el proyecto, pero cuestionaron que no se realizó una visita de campo para emitir tal opinión, por lo que en el 2019 solicitaron una evaluación en el sitio.

Sin embargo, López, coordinador de la regional mencionada, insistió que con el documento efectuado en el 2019 no se está aprobando el proyecto, sino que se refieren a que no es necesario un plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo, pero para el proyecto de restauración que propone la empresa y con el cual pretenden reforestar. El proyecto y solicitud de evaluación les fue planteado y consultado por la empresa.

El proyecto Central Hidroeléctrica Rocja Pontila muestra este mapa en sus redes sociales. (Foto, Prensa Libre: Facebook).

La compañía propietaria del proyecto afirma que algunas entidades sostienen que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, pero según la empresa eso no es posible porque la laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay está más abajo en 161 metros sobre el nivel del mar. “Esta más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe” dijo el director técnico de la empresa Aurelio Asturias.

Consultado Arias, acerca de qué impacto podría tener el uso del río Icbolay en el cual se instalaría la hidroeléctrica expuso que, aunque el proyecto busque usar un río que no está en zona protegida ni declarada Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional), el Inab opina que se afectaría el Parque Nacional Laguna Lachuá porque el ecosistema y los flujos internos superficiales y manto subterráneo son los que conforman el humedal.

Agregó que en la propuesta del Estudio de Impacto Ambiental (IEA) del proyecto se incluye dentro de las acciones de mitigación el manejo del agua no solo en el área superficial del río sino en los sumideros que existen en una parte de este.

Además, explicó que la empresa plantea el sellamiento de sumideros (fuera del área del parque nacional) que causan una inundación natural del área, esto lo proponen porque si el agua se va en forma subterránea hacia ese sumidero no llega a la represa, expuso. Pero agregó que se trata de un ecosistema. “E tema es que a la hora de que haya una interrupción en el ciclo natural de ese ecosistema seguro que habrá un efecto secundario”, expuso el subgerente del Inab.

Argumenta que la opinión de la empresa y de Inab son diferentes porque la compañía se concentra en mencionar que no se afectará la Laguna Lachuá y que el río mencionado no la alimenta. Sin embargo, la postura del Instituto se basa en el riesgo que corre todo el parque nacional que lleva el mismo nombre, y el cual está bajo su administración.

Añadió que en el informe del año pasado se mantiene la postura del 2016 respecto que el río Icbolay es afluente del parque nacional de forma directa. “El agua del río no puede subir directamente pero el proyecto estaría afectando la dinámica de los humedales y de las especies, puesto que además de diques y sellamientos (de sumideros) planean evitar las inundaciones naturales que ocurren cerca del poblado denominado Faisán II, ubicado en el área”, dijo el subgerente del Inab.

“El impacto sería directo porque se interrumpe el cauce superficial del río” argumentó.

“El Inab se pronunció porque lo que iban a hacer a la vecindad nos afectaría como parque. De parte del Ministerio de Ambiente nos pidieron una opinión de parte del MARN, que es el ente rector sobre el tema ambiental. La consulta hacia nosotros no fue tanto por nuestro expertise ambiental sino por ser los guardianes del parque”, agregó el funcionario.

Ejecutivos de la empresa, como el director Edgar Sandoval, el director técnico Aurelio Asturias y el representante legal Carlos Lemus, explicaron esta semana a Prensa Libre que esas obras complementarias no afectarán, porque incluso la misma comunidad de Mansión del Norte les ha pedido el manejo del agua del cauce del río para que no ocurran inundaciones, pero también para que en la época seca mantengan agua, ya que en la actualidad sin existir las obras, baja mucho el caudal.

Los directores de la compañía agregaron que están a la espera de la firma del contrato con el MEM, ya que cumplieron todos los requisitos, incluyendo la licencia ambiental del ente rector en esa materia como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

La licencia ambiental se aprobó la primera ocasión en el 2016, pero fue suspendida definitivamente por un juzgado en el 2017.
La empresa expuso que a pesar de eso no se suspendió el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que retomaron los trámites, subsanaran requerimientos y con lo cual se aprobaron otras dos, una en el 2018 y otra en el 2019 cuando la empresa efectuó la actualización del expediente.
Con la licencia ambiental emitida por el MARN en diciembre del 2019, se aprobó luego la autorización definitiva del MEM para el uso de bienes de dominio público, como el cauce del río Icbolay por 50 años. Se encuentra pendiente de efectuarse la firma del contrato.

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“Aquí no hay gente sucia”: Directivos de hidroeléctrica Pontila defienden proyecto

Fri, 14 Feb 2020 11:00:29 +0000

En el extracto de esta entrevista Aurelio Asturias (AA), director técnico; Edgar Sandoval (ES), director; y Carlos Lemus (CL), representante legal de la entidad, explican que pudieron reactivar los trámites para una nueva licencia ambiental porque la primera que les aprobó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo no se suspendió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y con base al cual lograron posteriormente la aprobación de otras dos licencias.

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También explican que obtuvieron algunas opiniones a favor, provenientes de entidades como Conap, contrario a la primera ocasión cuando esa entidad se pronunció en contra del proyecto; explican los documentos que posee de parte del Inab, y exponen presiones en contra que han recibido como empresa.

Uno de los cuestionamientos que han efectuado ciertas entidades estatales son los riesgos que correría el Parque Nacional Laguna Lachuá con el proyecto hidroeléctrico que está aprobado para usar el río Icbolay.

Luego de la suspensión de la licencia en el 2017 ¿cómo retomaron el proceso para aprobar el proyecto?

ES: La CC lo que suspendió fue la licencia y ésta no es el instrumento ambiental principal. No suspendió la resolución con la cual se aprobó ni el instrumento principal que es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esos quedaron vigentes.

¿Qué hicieron para retomar los trámites?

ES: Tratamos de gestionar un segundo instrumento que sirve para tener al día vigente la fianza. Al actualizar el expediente lo mandamos a la PGN luego de que habíamos cumplido todo el proceso. Pero PGN volvió a regresarlo al proceso anterior. Entonces solicitamos al Conap e Inab que nos hicieran visitas técnicas en campo porque en los primeros dictámenes que ellos dieron no hicieron visitas al campo, fueron emitidos sobre escritorios muy presionados por el Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

Conap e Inab opinaron en sus primeros dictámenes que no procedía el proyecto. Dijeron que no estaba en área protegida pero expusieron que usar el río Icbolay afecta parte de los afluentes a Lachuá y luego otras oficinas de esas mismas instituciones emitieron opiniones diferentes indicando que no afectaba ¿Qué influyó en la emisión de opiniones diferentes?

AA: El Conap y el Inab tienen oficinas regionales que son realmente las encargadas, los primeros dictámenes (que establecen que no es procedente) los sacaron aquí en Guatemala sin ir a hacer visitas técnicas. El proyecto y nuestro personal allá nunca fueron visitados por estas personas que hicieron las opiniones desfavorables. Yo creo que fueron presionados para emitir dictámenes desfavorables.

¿Presión de quién?

AA: Aquí hay muchos intereses, es una hidroeléctrica que va a bajar el precio de la energía a nivel nacional, entre más hidroeléctricas han entrado a generar en el sistema nacional la energía ha ido bajando de precio y eso a mucha gente no le conviene. Hay intereses aquí que se están tocando, que es echarnos (en contra) fuerzas políticas.

Le explico lo que se ha dicho: primero se decía que el proyecto estaba dentro de un área protegida lo cual no es cierto. Después, dijeron que el río cruzaba el parque. Los linderos del parque no abarcan la finca donde pasa el río Icbolay ni donde se instalará el proyecto.

Además, el río Icbolay tiene dos hidroeléctricas más, una que se llama Santa Rita y otra que se llama Raaxha que está aguas abajo.

¿Qué es lo que afecta entonces?

ES: Los biólogos, ambientalistas y entidades sociales no hacen referencia que el verdadero riesgo de la Laguna Lachuá son las invasiones que hacen las comunidades por falta de desarrollo, hay varias comunidades metidas en el parque.

AA: Las invasiones que hay aquí son porque la gente vive en extrema pobreza, (vive) únicamente del maíz y ya no alcanza la tierra, entonces la presión social es tan fuerte que la gente está metiéndose a invadir el lugar. No se ha industrializado, desarrollado y ni siquiera luz eléctrica tienen en muchas de esas comunidades, la comunidad de Rocja Pontila no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable y es parte de los acuerdos que como proyecto hemos hecho con ellos.

ES: Se les dará energía gratis. Se les llevará después un desarrollo para crear fuentes de trabajo. La idea es llevar industrias a la frontera para poder poner maquilas y otras (actividades) para evitar la migración, lo que se volvió un problema después de que tuvimos que abandonar el proyecto hace dos años es la migración. De Pontila son 250 familias y de estas ya hay 70 personas que emigraron a Estados Unidos por falta de trabajo.

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¿Las otras dos hidroeléctricas que mencionan ya están operando?

AA: Santa Rita no, pero tiene todas las autorizaciones, empezaron la construcción y la pararon. Y Raaxha sí está operando.

En un documento del expediente se informaba que le darían a cada comunidad Q100 mil anuales mientras opera la hidroeléctrica, ¿de qué se trata?

ES: Hay montos variados, se le darán a unas Q600 mil, a otras Q400 mil, a otras Q100 mil cada una de manera anual. También se le dará gratis la energía eléctrica, en algunos lugares arreglamos 25 kilómetros de caminos porque era casi inaccesible la comunidad.

Aparte del proyecto de electricidad, y que se les brindará energía gratis, tenemos planes para turismo, para reforestación, para siembras de cultivos que son más rentables y que son compatibles como bosques como cacao, café robusta. Queremos ayudarles a organizar sus proyectos.

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AA: El proyecto se puso de acuerdo con las comunidades y obtuvimos ya todos los derechos de las tierras para poderlo realizar. Un aspecto muy importante es que todos los proyectos hidroeléctricos hacen simbiosis con los bosques y todas las hidroeléctricas en el mundo protegen su cuenca, sembrando y protegiendo sus bosques. Y, esos ingresos que se obtienen al generar energía eléctrica, muchos se van para proteger su fuente de energía. Cuando nosotros estuvimos allá pagamos guardabosques para cuidar esos bosques privados que había en esta finca y cuando tuvimos que abandonar el proyecto la gente repartió esas zonas y ya las volvieron agrícolas, cortaron el bosque.

Adquirimos una parte del terreno para el proyecto, el resto son las fincas privadas de ellos; lo que pasa es que ellos por la presión y la presión demográfica, van teniendo hijos y teniendo más familia, entonces empiezan a cortar los bosques.

ES: También hubo un factor que influyó mucho en que ellos dividieran la finca. Llegaron los campesinos liderados por un exdiputado, que prefiero no mencionar, a decirles que les iban a invadir esas tierras porque no las tenían habilitadas. Imagínese, como campesinos protegen su bosque y les deberían de haber dado un reconocimiento. Después vino la presión de estas personas que dicen que son propueblo a decirles que les iban a invadir sus tierras y entonces se las repartieron. Ese fue el resultado del problema al que nos metieron por no habernos dejado desarrollar la hidroeléctrica.

Una de las críticas que surgieron es que el proyecto se aprobó por el MEM un día antes del cambio de Gobierno…

ES: Llevamos 10 años en este proceso (de trámites y autorizaciones) de la hidroeléctrica. Dicen que el gobierno anterior nos favoreció, pero ni nos hubiera favorecido desde el primer mes o el primer año nos hubiera dado la licencia.

AA: Desde el año 2010 estamos tratando de hacer este proyecto, a nosotros no nos ha favorecido nadie.

ES: Precisamente porque no nos hemos prestado a mordidas y extorsiones, porque no es nuestra forma de actuar.

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Pero generó dudas que el ministro de Energía y Minas (Luis Chang) firmó el acuerdo para aprobar el proyecto un día antes de retirarse del cargo por el cambio de Gobierno…

ES: He estado encargado del proyecto por cuatro años, les pasé todos los videos de la comunidad y le dije que nos iba a dejar a medias (el proyecto), porque no le dimos ni un centavo. No les dimos un solo centavo, sino que se logró a pura base de demostrar y convencer sobre las características del proyecto. Si no, no nos hubiéramos tardado todo el gobierno de Jimmy Morales.

Ingeniero Asturias, también leímos en otros medios de comunicación que (la aprobación) podría ser por su relación de parentesco (primo) con el entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart Asturias y con el hermano Ernesto Degenhart Asturias. ¿Qué sucede en este caso?

AA: Le voy a aclarar eso, ellos no tienen absolutamente nada que ver en este proyecto. La gente lo ha utilizado difamando el proyecto por mi relación de parentesco con ellos, pero ni siquiera con el exministro hablé en todo el período del Gobierno pasado. Llevo seis años de no hablar con él. No hay ningún tipo de relación ahí.

¿Con el hermano del exministro cuál es la relación?

AA: Con el hermano yo sí me hablo muy de vez en cuando por temas familiares nada más, no tienen ninguna relación con esta empresa.

¿Él es inversionista de esta empresa?

AA: No es inversionista. Ninguno de los dos.

¿Ustedes tres (Asturias, Sandoval y Lemus) son inversionistas?

ES: Somos parte de los inversionistas, pero no somos los únicos. No hay gente política, no hay gente sucia, le puedo decir que el proyecto está limpio. Somos empresarios emergentes, como le comenté yo vengo de la agricultura y Aurelio ha sido un técnico que ha instalado maquinaria.

AA: Tengo 25 años de instalar maquinaria para hidroeléctricas, a mí me conocen en el medio porque llevo vendiendo maquinaria para hidroeléctrica para mucha gente en toda Centroamérica y en Suramérica.

ES: Ni siquiera es inversionista mayoritario, pero han hecho creer que el proyecto es de él y que él es un magnate porque trabaja en la hidroeléctrica.

Y, ¿sobre una foto que se divulgó en un medio acerca de que estaba acompañando al señor Samuel Morales (hermano de Jimmy Morales) durante la campaña política del 2015?

AA: Sí, eso es cierto.

ES: Fue casual.

AA: Así es. Pero nosotros no teníamos ningún tipo de relación más que querer hacer nuestro proyecto.

ES: Hay una realidad que uno no puede esconder y es que a cada uno le toca que acercarse a los funcionarios, casi que a rogarles, que les autoricen las cosas, porque como dijo el presidente que quedó ahorita (Alejandro Giammattei), cada papelito vale.

Pero si uno no quiere pagar, sino que lo hace por convicción ese es el resultado de 10 años (de trámites). Si va (a ver) a dictámenes de las Cortes, de la CC, dictámenes del ministerio de otros proyectos que han salido mucho antes sobre esos no hay escrutinio, pasaron de noche, entonces creemos que es injusto que se nos esté satanizando solo porque ahorita está de moda que no queremos hidroeléctricas. Es contradictorio porque los ecologistas no quieren hidroeléctricas

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AA: Pero no atacan nunca las carboneras (que es) de la generación realmente contaminante.

ES: Es inverosímil porque el país que más hidroeléctrica tiene en el mundo es Noruega y Suecia, vienen a financiar aquí a las oenegés para que estén en contra de las hidroeléctricas. No es posible, es una contradicción, que uno dice, si verdaderamente están en favor del ambiente por qué se oponen a las hidroeléctricas y no a las carboneras ni generadoras con diésel y búnker. En cambio, en nuestro proyecto, solo tenemos un muchacho cuidando el proyecto. No tiene armas, solo su machete. La comunidad nos sacó porqué ellos mismos cuidan el proyecto.

AA: Sí, la comunidad es la que protege el proyecto. Porque si no hay proyecto no va a haber energía eléctrica para la comunidad, ni agua potable, ni proyectos de desarrollo.

¿La comunidad sigue apoyando?

ES: Estamos dando beneficios de la comunidad Pontila. Nosotros adquirimos (terrenos) lo mínimo que necesitábamos y le vamos a demostrar la franja tan angosta que es.

Esto es la base técnica con lo que nosotros logramos demostrar según ley, que el proyecto no tenía efectos negativos. La ley indica que cuando no está en área protegida el que tiene la última palabra es el Ministerio de Ambiente.

En documentos del 2015 y 2016 el Conap declara no procedente el proyecto con base a opiniones de la regional de las Verapaces, pero es la misma oficina que en el 2019 se pronunció a favor. ¿Qué pasó en estos cuatro años para el cambio de opinión?

AA: Al declararlo no procedente los forzaron de acá (las oficinas de Guatemala).

ES: El dictamen que se emitió a favor se puede constatar en campo, no va haber un dictamen anterior que vaya punto por punto aclarando por qué sí o por qué no. Cómo va a ser que antes decían que estábamos adentro del parque con el proyecto, cuando está demostrado que no estamos. Dicen que el río Icbolay alimenta la laguna, cuando está demostrado que no.

Pero el primer dictamen fue negativo (en el primer documento)…

ES: Por presión del Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

AA: Hicimos una presentación en el Consejo Directivo del Conap en el 2015 o 2016, aún estaba el ministro (Sydney) Samuels (en el MARN), fue a principios del gobierno pasado, y el Cecon llevó a un biólogo que es esposo de la suplente en la Junta Directiva del Conap, ahí hubo conflicto de intereses, pero siempre lo llevan ahí.

Entonces se oponían a todo, porque disque habían leído el estudio. Decían también que el proyecto era un plagio de un estudio de la Laguna El Tigre y después estaban diciendo que era un plagio de la Laguna El Pino. Pero resulta que el estudio biótico para el proyecto lo hizo un catedrático de la Universidad de San Carlos, maestro de todos ellos (que forman el Conap), Mamerto Gómez, que además fue decano de la facultad de biología.

Cuando reactivaron la solicitud de las licencias acudieron de nuevo al Conap y al Inab pero no a las sedes centrales sino a otras oficinas de esas instituciones. ¿Cómo fue el trámite para lograr las opiniones favorables?

ES: Cuando tuvimos el revés en la CC y vimos que solo era la licencia la afectada, hicimos una actualización y ahí es donde está la confusión, el proyecto anterior ya no existe, este es un proyecto nuevo, es un trámite nuevo que tiene una licencia nueva, que tiene un dictamen nuevo.

AA: Es un Estudio de Impacto Ambiental actualizado, se hace una nueva resolución sobre esa actualización, (aspecto) que lo permite la ley, y sobre eso nos dieron una nueva licencia.

¿Cuándo se actualizó se corrigieron algunas medidas?

AA: Se subsanaron las cosas que había dicho la Corte (de Constitucionalidad) y por lo cual estaba suspendido. Como que el Inab y el Conap estaban en contra y el convenio 169 (de la OIT referente a consultas a comunidades indígenas en el área de influencia).

ES: Nos pidieron que estos dictámenes tenían que ser favorables, entonces lo que hicimos fue solicitar una comisión para que fuera a verificar (el proyecto).

Pero el EIA sigue apareciendo con el mismo número 139-2015 ¿por qué?

AA: Lo que se hizo fue actualizarlo en el 2019. Dejamos que se venciera el plazo de la licencia que había suspendido el juez, la cual era por dos años, del 2016 al 2018. Luego solicitamos una nueva licencia. El Conap había puesto un recurso de oposición ante el MARN pero lo perdió, y el MARN con ese fundamento nos emitió una nueva licencia una vez se venció la que el juez había suspendido.
Se siguió el trámite en el MEM, y ese ministerio estuvo revisando técnicamente el proyecto, después hizo la consulta comunitaria a los pueblos indígenas bajo el convenio 169 y mandó el expediente a la PGN para que esta le diera una asesoría jurídica.
La PGN dijo que necesitaba que se pidiera una opinión al Conap y al Inab porque estas entidades anteriormente habían dado opinión negativa. Primero fuimos como empresa a pedirles a ellos (Conap e Inab) una nueva evaluación. Ellos fueron al campo, hicieron un análisis técnico y emitieron sus opiniones.
Eso se le presentó al Ministerio de Energía, después ellos lo mandan otra vez, ya con estas opiniones, a la PGN. Sin embargo la procuraduría les dice: no nos gusta solo eso, queremos que actualicen el expediente porque es el mismo expediente con el EIA y con la resolución anterior. Piden eso a pesar de que el juez (en el 2017) solo suspendió la licencia, no todo lo demás.
Hicimos la actualización de todo el expediente, clarificando todos estos datos, con un documento de 250 páginas, con todas las pruebas, con las mediciones, las actas del medido original del Parque (Nacional La Laguna), donde están los linderos con planos del RIC (Registro de Información Catastral), con las coordenadas que aparecen en el plan maestro. Estas coordenadas demuestran que estamos fuera del (área) Ramsar y aunque esté fuera parte se explica que Ramsar también promueve las hidroeléctricas y los humedales artificiales.
Esa nueva actualización la enviamos al Ministerio de Medio Ambiente, ellos nos emiten una nueva resolución y se envía al Ministerio de Energía y Minas para actualizar el expediente con la tercera licencia, y entonces proceden a enviarlo a PGN. La Procuraduría General de la Nación les dice que es de ellos (del ministerio) la decisión de otorgar o no el uso de bienes de dominio público.

Se ha cuestionado también el tema de que se trata de un área declarada dentro de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). ¿Qué solucionaron de eso?

ES: Lo que dice Ramsar respecto al sistema de clasificación de obras en Ramsar: se aceptan reservorios, diques, represas hidroeléctricas, como humedales artificiales que vayan buscando mejorar las condiciones del área. Son estándares internacionales. Entonces, todos los técnicos anteriores habían dicho lo contrario, de que íbamos a afectar, pero no se estaba diciendo la verdad. No le han puesto atención a los datos de las coordenadas que comprueban que no es área protegida ni área Ramsar.

Es curioso que en dos resoluciones (del Conap y del Inab) en donde dicen que no, ellos aceptan que está fuera del área protegida y que le corresponde al MARN la decisión, pero entonces por qué se siguen metiendo si le corresponde al Ministerio de Ambiente. Eso es algo político, no sabemos si es un tema de ideología, pero nosotros estamos en orden, hemos sido muy respetuosos de la Ley, hemos tratado de que no se corrompa el proyecto, por eso nos ha costado muchísimo, si nos hubieran favorecido hubiera salido como otros proyectos en un mes, dos meses, tres meses.

¿El área donde están los sumideros es parte del Parque?

AA: No, además es propiedad privada.

En uno de los informes del Conap se menciona que no es positivo que se bloquee el paso de agua a los sumideros ¿Que les dijeron?

AA: No se va a bloquear. El agua va a pasar para usarla en la hidroeléctrica.

ES: La meseta de arriba, donde está (la comunidad de) Faisán, cuando hay inundaciones muy fuertes se inunda, porque ese sumidero no deja pasar más de un caudal de 250 metros cúbicos, y a veces llueve mil metros cúbicos en ese río. Entonces el proyecto también va ser un alivio para esas comunidades.

Es necesario diferenciar es que hay dos procesos diferentes de solicitud de autorización de licencia, y nos los están mezclando, no tiene que ver uno con el otro.

La PGN no emitió visto bueno, argumentando que había encontrado incongruencias en los dictámenes. ¿Podría atrasarse el proceso ya que el MEM tiene 30 días para analizar y firmar el contrato?

AA: Ya no tiene 30 días. Ellos están obligados a trasladarnos por ley el contrato, sino va haber incumplimiento de parte de ellos. PGN solo está dando una opinión y le está dejando toda la facultad al ministerio para tomar la decisión. Entonces es el ministro y el Ministerio el que tiene que tomar la decisión.

El ministerio estaba tratando de dejarle la decisión a la PGN, pero no es esta entidad la que tiene que tomar la decisión, sino que es el Ministerio de Energía y Minas, y ya lo hizo al aprobar el acuerdo gubernativo (019-2020).

Al haber dos dictámenes diferentes de Conap, la PGN habla de incongruencias en los documentos ¿el MEM pudiera decidir consultarle de nuevo y aplazar la firma?

AA: No puede hacerlo. Hay un acuerdo ministerial en el que se basa el reglamento de cómo se debe de dar la autorización. Es el Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes de dominio público, instalaciones de centrales generadoras y otras cosas. La Dirección (General de Energía) en un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de publicación, tenía que haber elaborado la minuta de contrato y remitirla al departamento de asesoría jurídica. Ese plazo ya pasó porque la publicación fue el 27 de enero (del 2020).

Ya, en este nuevo gobierno el ministerio publicó el acuerdo (de aprobación) y ya nos pasó un machote del contrato. Les remitimos ese documento con todos los pormenores de la empresa y del proyecto para su revisión. Ellos ya deberían de haberlo pasado y nos deben de llamar para suscribir ese contrato.

El envío del machote del contrato sí fue dentro del plazo, lo que ya se venció es el plazo de los 15 días (al sumar los 10 días para envío del contrato y 5 de revisión de asesoría jurídica), y ya nos tuvieron que haber llamado para firmar el contrato. El artículo 22 del manual dice que, sin exceder del plazo de 30 días, posteriores a la publicación del acuerdo ministerial, la administración solicitará la presencia del adjudicatario para la suscripción del contrato ante el ministerio. No nos han llamado.

La excepción que establece es por causa del adjudicatario, que en este caso es la empresa, si no le fuera factible elaborar el contrato se levantará el acta respectiva, la cual se adicionará el expediente y se remitirá a la Dirección para su archivo y efectos procedentes.

Es decir, el ministerio no tiene ahorita ninguna otra opción más, entonces nos tiene que llamar para suscribir ese contrato con nosotros, porque si no, hay incumplimiento de deberes, así de sencillo. Y nosotros los vamos a demandar si ellos no cumplen con esto, estamos en nuestro derecho.

El MEM respondió que el plazo se vence en 30 días hábiles después de la fecha de la publicación del acuerdo de autorización…

A criterio de nuestros abogados el plazo vence el 27 de febrero, porque las normativas dicen días contados (calendario o corridos) a partir de la fecha de publicación y no días hábiles.

ES: Insisto que son dos procesos distintos, que en ley el MARN no tenía por qué haber consultado a Inab ni a Conap, eso estaba clarísimo, y se le ha dado un tinte político (a este proyecto) que no se lo merece. Es un buen proyecto, es sumamente ecológico, que tiene muchas bondades para le región, saca del subdesarrollo y de la migración a muchas personas. Eso es lo que ofrecemos, le ofrecemos trabajo y le hemos cumplido a la gente porque ya le hemos invertido más de Q12 millones en carreteras, dos centros de salud, un instituto. Les hemos dado dinero para proyectos que ellos han decidido, para esto vamos entregando casi Q2 millones.

Respecto a la consulta comunitaria. ¿En cuántas comunidades se hizo?

AA: Se invitaron las 7 comunidades del área de influencia participó PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos), representantes de los pueblos Q´eqchies, la Universidad de San Carlos, Universidades privadas, la municipalidad. Fue un proceso como de seis meses. Se ha cumplido con todo.

CL: Se hicieron dos consultas. Una cuando no estaba el árbitro, que es el MEM, antes de que lo regulara la CC, y todo mundo estuvo de acuerdo. Luego buscando la certeza jurídica se hizo la consulta ya con el árbitro, que es el MEM, y los dos procesos están totalmente documentados.

¿Qué impacto pueden tener las posturas en contra emitidas por Conap e Inab?

ES: voy a decir algo que es bien importante. Si en este proceso, que está fuera del área protegida, se está pronunciando Conap e Inab, ahora cualquier proyecto que no esté en área protegida le va a dar armas a Conap e Inab para interferir y eso no es lo que dice la ley, eso no se debe interpretar antojadizamente.

AA: Pero el Inab ya nos ha dado dos dictámenes a favor. La Ley dice que se debe sacar un dictamen técnico del Inab si se necesita hacer cambio de uso de suelo para hacer el proyecto. Como el proyecto está en una zona ya agrícola, ya fueron a medir dos veces, primero en el 2014 y en el 2019, y volvieron a decir lo mismo acerca de que no hay necesidad de cambio de uso de suelo.

Se ha informado públicamente en varias ocasiones que Alfonso Alonzo, entonces ministro de Ambiente, usó un helicóptero de la hidroeléctrica Rocja Pontila. ¿Por qué se dio esa situación?

AA: El helicóptero él lo alquiló, así como nosotros lo alquilamos en su momento. El helicóptero ya no lo estamos alquilando más nosotros. Es de una empresa panameña, y nosotros lo alquilábamos bastante. Ahora lo tiene Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG). Lo ha usado muchísima gente, y nosotros ya no lo estamos usando.

¿En ese momento el exministro tuvo algún contacto con ustedes?

Ningún contacto con nosotros en ese momento. Cuando fue lo del ministro Alonso sí nosotros utilizábamos el helicóptero, pero él lo utilizaba alquilado. Nosotros hicimos un contrato de alquiler con esa empresa, eso ya salió en una investigación, la empresa se llamaba Usmalia.

La consulta es ¿si al mismo tiempo que ustedes lo alquilaban también alguna otra persona o empresa lo podría alquilarlo para su uso?

Muchas personas lo alquilaron también.

Características y diferencias de opiniones según argumenta la empresa

Los ejecutivos de la empresa argumentan de la siguiente forma detalles del proyecto y por qué, según las pruebas que ellos tienen, están en desacuerdo con dictámenes de Conap e Inab que no aprueban el proyecto:

“Hay una zona donde el río desaparece, ahí hay unos sumideros, que es una montaña en propiedad privada, luego vuelve a salir el río más abajo, pero en la misma comunidad, luego entra 1 mil 950 metros a una comunidad que se llama Mansión del Norte y vuelve a salir. El Conap decía que el área de Mansión del Norte estaba dentro del parque lo cual demostramos que no era así.
También decían que el río alimentaba la Laguna, que la iba a secar, pero el único río que alimenta la Laguna es el río Peyán, y luego sale de la laguna, pero ahí se llama río Lachuá o Tzetoc. Este va a desembocar aguas abajo donde está la hidroeléctrica de Raaxha. No tiene nada que ver un río con el otro.
Cuando demostramos eso, entonces empezaron con un argumento totalmente falaz y antitécnico de que como era una zona de karst, de roca caliza, y había muchas filtraciones de agua, que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, cosa que también es imposible porque la Laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay sale en la coba 161 metros sobre el nivel del mar.
La cota del proyecto está más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe. Si hubiera comunicación de vasos de un lugar a otro, sería al revés y la laguna ya se hubiera drenado.
Además, la laguna no está en una zona de karst, sino que es un área de sedimentos, el karst termina en las montañas según se detalla en los mapas geológicos y los mapas cartográficos y lo demostramos. Y, el río Peyán está muy retirado del río Icbolay.
Decían que el río se metía en el parque, pero no es así. La zona donde está el proyecto es una finca privada de la comunidad Mansión del Norte. Esta comunidad llegó a acuerdos con el proyecto (Central Rocja Pontila) después de cuatro años de estarlo socializando y junto con otras siete comunidades van a obtener beneficios del proyecto.
La comunidad Mansión del Norte le dio al proyecto derechos de las tierras para hacer el proyecto a cambio de estos beneficios que van a obtener. Al final vienen siendo socios del proyecto. Se destinarán Q60 millones para proyectos”.

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Wed, 12 Feb 2020 11:00:02 +0000

En tanto la empresa defiende el proyecto y asegura que cumple con todos los requerimientos para la autorización de una hidroeléctrica.

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Según el documento entregado a la Corte de Constitucionalidad (CC) el acuerdo en mención viola 7 artículos de la Constitución como el 1, 3, 12, 44, 66, 97 y 154.

Estos se refieren a la protección de la vida humana, el derecho de defensa, el debido proceso, la certeza jurídica, el ambiente, el equilibrio ecológico y las personas. Además, refiere que se afecta el orden y la gobernabilidad no obstante el crecimiento de la conflictividad social, según se explica en el documento.

Así como las facultades que la ley establece para los funcionarios y la responsabilidad que los cargos conllevan.

“El problema es que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas jugaron la vuelta a la resolución que la Corte de Constitucionalidad dio anteriormente, volvieron a sacar la licencia sin tomar en cuenta lo que la CC resolvió” dijo el jefe de bancada Carlos Barreda.

En el documento se argumenta que las aprobaciones de ambas carteras se dieron a pesar de que existen dictámenes en contra del proyecto emitidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab). La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió dictamen en el cual no brindó el visto bueno a la aprobación del proyecto por de parte del MEM debido a las incongruencias en las opiniones del Conap y del Inab porque la empresa agregó documentos donde esas mismas instituciones emiten dictámenes favorables.

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La Une agregó que luego de ser suspendida la primera licencia ambiental se realizó una consulta comunitaria, pero el MARN creó un nuevo expediente con otro número por lo que consideran que es necesaria otra consulta.

Empresa defiende proyecto

Por parte del proyecto Central Rocja Pontila, respecto a la inconstitucionalidad planteada, se indicó que los políticos se están oponiendo al desarrollo de la zona, aspecto que no es congruente con el discurso que brindan.

Se agrega que la Laguna Lachuá no será afectada y que el proyecto no se ubicará en área protegida y tampoco está como área Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). “Lo único que han dado los políticos a esa zona es pobreza y migración”, se agregó.

La bancada de la UNE presentó en la CC una inconstitucionalidad en contra acuerdo emitido por el MEM que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila. (Foto, Prensa Libre: Cortesía).

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Hidroeléctrica recibió licencia del MEM con documentos contradictorios de Inab y Conap

Tue, 11 Feb 2020 11:00:57 +0000

Además de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) no dio el visto bueno a la resolución de ese ministerio para aprobar ese proyecto que busca ubicarse en Alta Verapaz, argumentando que hay incongruencias en las resoluciones efectuadas por el Conap y por el Inab. También cuestiona que se deja duda que se hayan corregido o variado las condiciones que llevaron a la suspensión del proyecto en el 2017 (resueltas por la Corte de Constitucionalidad y un juzgado de instancia civil).

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Con base al Estudio de Impacto Ambiental, EIA-0139-2015, que aprobó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este mismo ministerio autorizó la licencia ambiental 06904-2016 para el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila, con capacidad para 40 megavatios.

Tanto el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), emitieron dictamen desfavorable entre el 2015 y el 2016. Sus opiniones iban dirigidas al daño que el uso del caudal del río Icbolay podría causar a la Laguna Lachuá, ya que afectaría el afluente hacia este lugar y a su área de influencia. En el caso del instituto agregó riesgos al ecosistema del área que posee fauna y flora.

En junio del 2017 fue suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) y en forma definitiva en noviembre de ese mismo año, luego de un amparo presentado por representantes de varias comunidades.

Meses después la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. reactivó su solicitud en el MARN el cual se otorgó dos nuevas licencias, una identificada como 07518-2018, sobre la cual el MEM empezó a consultar su situación jurídica para emitir la autorización de bienes de uso de dominio público.

En medio de ese proceso se presentaron diversos documentos, incluso algunos que, siendo de las mismas instituciones se contradicen en lo dictaminado. Finalmente, el MARN emitió licencia ambiental como 08136-2019 con vigencia del 18 de diciembre del 2019 al 17 de diciembre del 2021.

Para el proceso reiniciado en el 2018 el MEM consultó de nuevo al Conap y al Inab, a la PGN y a la empresa interesada.

Dos opiniones diferentes de Conap

El Conap le respondió mediante el informe técnico legal conjunto del 28 de octubre del 2019, en el cual ratifican su postura emitida en el 2016 respecto de opinión no procedente. Sin embargo, refieren que es el MARN el ente rector respecto a instrumentos ambientales por lo que si se emite una nueva licencia dentro del proyecto “es competencia y responsabilidad estricta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”. Este oficio fue firmado por Horacio Ramírez, director de Gestión Ambiental del Conap, por Juan Francisco García de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Conap, y con el visto bueno de Óscar Alexander Gaitén, director de dicha unidad.

Mientras que el INAB envió su respuesta mediante el Informe Técnico-CEFE-01/2019, firmado por Silvia Anaité López Alquijay, jefe de conservación de ecosistemas forestales estratégicos y con el visto bueno de José Gilberto Cifuentes, director de Manejo y Conservación de Bosques. Con este ratifican la opinión emitida el 7 de enero del 2016 “debido a que se mantienen las mismas condiciones”. El documento de esa fecha detalla 8 debilidades del EIA para el proyecto lo establece como no procedente. Y, también refieren que si se emite una nueva licencia es bajo responsabilidad del MARN.

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. envió un oficio al MEM argumentando que cumplieron con todos los requisitos. Entre estos menciona que, aunque el Conap y el INAB emitieron opinión estas no deben verse vinculada a la decisión final del ente rector en instrumentos ambientales (en este caso el MARN).

Sin embargo, para fortalecer su postura, la firma recurrió a otras direcciones u oficinas de las dos entidades en mención, y logró posturas a favor del proyecto. La empresa solicitó a la Dirección de Análisis Geoespacial del Conap la ubicación del proyecto y el dictamen otorgado el 25 de octubre del 2019 es que está fuera.

Mientras que a la Dirección Regional Verapaces (DRVE) de ese Consejo le respondió el 28 de octubrea la empresa que según una inspección de campo el proyecto se encuentra fuera del área protegida de la laguna además que por los lugares donde se ubican el río y el proyecto, no puede haber flujo de ese río hacia la Laguna, agrega que tampoco se encuentra dentro del área reconocida como sitio Ramsar (reconocimiento internacional de humedales).

El documento fue firmado por el director regional Pablo César Valdéz Aguilar.

Sin embargo, en el documento 121-2015 emitido por la misma DRVE en el 2015, si bien mencionaba que el proyecto no estaba en un área protegida se estableció que sí se contravenía el Plan Maestro del Parque Nacional de la Laguna Lachuá, debido al área en que se propone colocar la toma de agua del cauce del río Icbolay es un lugar donde el río conecta en un espacio de sumideros y luego surge en el lugar denominada El Renacimiento.

La oficina de Comunicación de la oficina central del Conap emitió un comunicado el 30 de enero del 2020 recordando que en el 2016, mediante dos resoluciones se emitió dictamen no procedente para el proyecto y el cual sigue en vigencia. Agregó que no fue consultado sobre un nuevo instrumento ambiental. La opinión anterior se basa en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por al Empresa y aprobada por el MEM en el 2015.

Las posturas del INAB

Respecto al INAB, la compañía buscó la opinión de la Dirección Regional II (Las Verapaces e Ixcan). Esta oficina le respondió a la empresa que la proyecto no presenta cobertura forestal por lo que no es necesario un plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo, además le recomienda con qué plantas efectuar la reforestación que el proyecto propone. Agrega que la restauración que se pretende efectuar contribuirá al desarrollo y mejora de la diversidad de la región, por lo que es factible su ejecución”.

El documento fue emitido en Cobán Alta Verapaz el 30 de octubre del 2019 y fue firmado por Ulicer Cleotilde López Armas, coordinador técnico; y con el visto bueno del director regional, Carlos Ernesto Archila Cardona.

Presentan oposición en el MEM

Sin embargo, Leocadio Juracán, representante de varias comunidades que en el 2017 accionaron contra la primera licencia, presentó, junto a otros comunitarios una oposición ante el MEM por la nueva licencia cuestionando las incongruencias en los dictamenes y cuestionan que la empresa recurra a oficinas regionales para lograr respuestas favorables a los proyectos.

PGN: no dio visto bueno, hay posturas incongruentes

Luego de ser consultada por el MEM, la Procuraduría General de la Nación emitió el 2 de diciembre del 2019 su dictamen y no le dio el visto bueno a los dictámenes del MEM para aprobar la hidroeléctrica.

Citó en su análisis los argumentos por las diferentes partes del proceso, incluyendo el dictamen conjunto favorable (877-IX-2019), en el que el Departamento de Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía, así como la Unidad de Gestión Socioambiental y la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, indican que es procedente la autorización del proyecto.

Sin embargo, la PGN hace ver que incongruencia en las posturas emitidas en los diferentes documentos emitidos por el Conap y el INAB.

En el requerimiento que hizo el MEM a esas dos entidades debieron abordar todos los elementos necesarios con el objeto de no generar incertidumbre, independientemente que las dependencias sean en la ciudad de Guatemala o se trate de direcciones regionales”, agrega el documento firmado por Carlos Eduardo Anleu Jiménez, abogado y consultor legal de la PGN. El dictamen del del abogado de la Procuraduría tiene el visto bueno de Luis Joel Recancoj Mejía, director de consultoría y el Procurador Luis Donado Vivar.

Agrega que si bien se permite autorizar una nueva licencia siempre que las circunstancias varíen, pero considera que no se efectuaron modificaciones, y lo actuado carece de certeza debido a que se presume que los escenarios de fondo que motivaron dejar en suspenso la primera licencia no se corrigieron para la segunda.

Cita que tanto el INAB como el Conap respondieron al MEM que las condiciones se mantienen, menciona que la empresa que solicita la aprobación del proyecto, incorporó otras ponencias de ambas instituciones incluyó otros documentos la cuales según refiere la PGN no son contradictorias con las anteriores, “sí denotan cierto tipo de incongruencia al existir pronunciamientos disímiles de las mismas dependencias” de esas dos entidades.

Decisiones de diferentes entes

La autorización definitiva para usar los bienes de dominio público para instalar la generadora en la Aldea Rocja Pontila que se ubica en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, fue aprobada el 13 de enero del 2020 mediante el Acuerdo 019-2020 del MEM, un día antes del cambio de gobierno, y fue firmado por el entonces ministro Luis Chang.

Las actuales autoridades del MEM analizan el expediente ya que el acuerdo, publicado el 27 de enero del 2020, establece que dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de dicho documento deben firmar el contrato.

En el documento de la PGN se menciona que el viceministro de ambiente del MARN argumentó que en la sentencia donde se suspendió definitivamente la primera licencia emitida en el 2016, no se prohíbe la extensión de una nueva licencia, ni agregan requisitos para otorgarla.

La empresa añade que se subsanó las razones por las que se suspendió la licencia anterior, porque se efectuó por el MEM la consulta a los pueblos indígenas según el convenio 169 de la OIT.

Tanto las nuevas autoridades del MEM como el MARN indicaron que se pronunciarán luego de haber analizado el expediente en su poder, postura similar asumió el Conap.

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Fri, 31 Jan 2020 22:00:34 +0000

El proyecto, con capacidad de 40 megavatios, fue autorizado para usar los bienes de dominio público para instalar la generadora en la Aldea Rocja Pontila, municipio de Cobán, Alta Verapaz, luego de varios años de trámites.

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MEM aprobó hidroeléctrica de 40 megavatios un día antes del cambio de gobierno

Dicha aprobación se efectuó el 13 de enero del 2020 por el acuerdo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang, y otorga la autorización de usar el cauce del río Icboy por 50 años.

El acuerdo, basado en la Ley General de Electricidad y su reglamento, establece que en el plazo de 30 días luego de cobrar vigencia se debe firmar el contrato. Se contabilizan días hábiles por lo que el plazo vence el próximo 6 de marzo del 2020.

Respecto del caso el actual ministro, Alberto Pimentel dijo que al asumir el cargo encontraron que el acuerdo estaba para publicación en el Diario de Centro América, aspecto por el cual decidieron evaluar el expediente de ese proyecto.

En la revisión inmediata se encontró que el expediente está completo ya que consta que hay una resolución ambiental favorable y una licencia ambiental.

También consta que las autoridades anteriores del viceministerio de Desarrollo Sostenible efectuaron el proceso de consulta comunitaria en el 2019, según información del MEM.

¿Qué han encontrado?

“Administrativamente el expediente está terminado y por tanto, en virtud del mandato legal, lo que correspondía es la publicación del acuerdo ministerial” dijo el funcionario.

Sin embargo, agregó que no conocen las razones que llevaron al ministerio de Ambiente a emitir un dictamen favorable, eso “es algo que el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tendrá que investigar a fondo” ya que el ministerio de Energía no tiene facultad legal para cuestionar esa licencia.

El MARN “es el que nos tiene que decir si esa licencia fue aprobada conforme a todos los procedimientos legales o no”.

Ahora el MEM está efectuando una revisión exhaustiva de lo actuado en ese caso el mismo ministerio, análisis que prevé poder conocerlo en los próximos días.

Agregó que la entidad que ahora dirige no tiene facultad para suspender la autorización a menos que se encuentre que los documentos del expediente que conoció el MEM estuvieran falseados de alguna manera, pero mencionó que hasta ayer no tenía evidencias que haya algo incompleto o falso y si no hay evidencias de anomalías “en ley estoy obligado a autorizar la escritura” añadió Pimentel.

“Para operar una central hidroeléctrica, más allá de los estudios técnicos, como cualquier proyecto tiene que contar con una licencia ambiental vigente. Si esa licencia fuera revocada por algo que el Ministerio de Ambiente encuentra que fue anómalo, entonces en ese supuesto no tendríamos facultad legal para firmar la escritura o si en nuestra revisión interna encontramos que las consultas (comunitarias) realizadas el año pasado no se efectuaron, pero tampoco tengo elementos para afirmarlo” explicó el titular de la cartera de Energía.

MARN también evalúa licencia otorgada

El MARN se informó por medio de la oficina de Comunicación Social que “es un tema que en estos momentos se encuentra en análisis, luego de que el ministro Mario Rojas solicitara una revisión sobre lo actuado por la anterior administración” en este expediente.

También se realiza un diagnóstico sobre la situación en que se encuentra la institución, se añadió.

¿Por qué han surgido dudas del proyecto?

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. presentó solicitud del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 y debió repetirlo en varias oportunidades hasta que en el 2016 le fue aprobada la licencia ambiental. En el 2017 fue suspendida en forma provisión por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo en el 2016 hubo posturas de otros entes ambientales como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto NacionaI de Bosques (Inab) acerca de que el proyecto ponía en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, también ubicado en Alta Verapaz.

El Estado declaró como un área protegida dicho Parque Nacional y su área de influencia que incluye el río Icbolay. Fue aceptado en mayo del 2006 como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006.

En la página electrónica del proyecto se explica que Añaden que el cauce de 11 kilómetros intervenido del río Icbolay, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros en tierras de la Comunidad Mansión del Norte y que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto. Además que que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.

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