Capturan a colombiano que llevaba dinero equivalente a más de Q117 mil y que no pudo justificar

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que capturó a una persona colombiana que portaba el equivalente a Q117 mil 865 y quien no presentó documentos respecto de la procedencia del dinero.

la Redacción

5 de abril de 2025

|

11:38h

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Según la PNC una persona colombiana revisada en un operativo en San Antonio La Paz, El Progreso, no presentó documentos sobre la procedencia del dinero que portaba, y fue consignado. (Foto, Prensa Libre: @PNCdeGuatemala).

La captura se dio el 4 de abril por la noche como parte del operativo instalado en el kilómetro 41 ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso.

Según información divulgada por la PNC en sus redes sociales, agentes de la División de Puertos Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) consignaron al colombiano Nelio T de 53 años.

Añade que dicha persona se conducía como copiloto en una camioneta Honda CRV, P-634KWM y al revisarlo detectaron que llevaba una mochila mariconera la cual tenía en interior Q9 mil 970 y US$ 13 mil 947, para el equivalente a Q117 mil 865, además de dos teléfonos celulares que, según la entidad policial, servirán para continuar con las investigaciones.

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La persona detenida no presentó ningún documento de la procedencia del dinero, además que según los investigadores antidrogas, tiene un antecedente por tráfico de drogas en el año 2011, y estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos por ese delito, añadió la PNC.

Durante la audiencia se ordenó auto de prisión preventiva para el señalado.

El acto conclusivo fue programado para el próximo 26 de mayo y la audiencia de etapa intermedia para el 12 de junio de 2023.

El 8 de marzo recién pasado, Hugo Rolando Gómez Osorio fue detenido por las autoridades por el secuestro y desaparición forzada del líder estudiantil y activista sindical, Fernando García, durante la época del conflicto armado interno en Guatemala.

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Gómez Osorio es un exagente de la Policía Nacional (PN), que llegó a funcionar como escuadrón para cometer violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y ejecuciones durante ese periodo.

Según los registros, fue prófugo de la justicia durante 13 años por una orden de captura que se emitió en marzo de 2009.

Su captura se registró al momento de reingresar a territorio guatemalteco en un vuelo de deportados desde Arizona, Estados Unidos.

En audiencia de primera declaración, la Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la Agencia Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, logró que Hugo Rolando Gómez Osorio fuera ligado a proceso penal pic.twitter.com/ABSGLtjJsY

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 28, 2023

Valiente, de 82 años, fue hallado culpable por un jurado federal de un cargo relacionado con el uso de una tarjeta de residencia permanente obtenida mediante una declaración falsa.

Según los documentos presentados en el juicio realizado en una corte federal de Los Ángeles, Valiente mintió en repetidas ocasiones a los agentes de inmigración al no revelar que había sido arrestado y juzgado por el secuestro y asesinato de dos activistas en Quetzaltenango, la segunda ciudad más poblada de Guatemala.

La muerte de las dos personas asociadas a protestas contra la Policía en Quetzaltenango en 1987 se dio después de que Valiente ordenara una “investigación”, explicó el DOJ.

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Las dos víctimas fueron secuestradas a plena luz del día por agentes policiales. Días después, sus cuerpos fueron encontrados en lugares separados en una carretera de la ciudad. Los dos habían sido golpeados y torturados antes de ser asesinados.

En diciembre de 1987, Valiente y otros miembros de la Policía fueron acusados en Guatemala en relación con los secuestros y asesinatos de los dos activistas.

El exjefe policial fue sentenciado a 30 años de prisión por el doble homicidio en 1989, pero en 1990, un tribunal de apelaciones de Guatemala anuló la condena, desestimó los cargos y ordenó su liberación.

En agosto de 1990, Valiente ingresó a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro (frontera entre California y México).

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Días después, presentó -bajo advertencia de perjurio- una solicitud de asilo. En esta solicitud negó falsamente que alguna vez hubiera sido detenido, condenado, sentenciado o encarcelado en otro país, recalcó el DOJ.

Para marzo de 1993, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la sentencia del tribunal de apelaciones y emitió una orden de arresto contra Valiente.

En septiembre de 1997, Valiente presentó una solicitud de residencia permanente en la que negaba haber sido arrestado, acusado, multado o encarcelado fuera de Estados Unidos por violar alguna ley.

Posteriormente, Valiente mintió bajo juramento a un funcionario de inmigración durante la entrevista de residencia permanente, que le fue otorgada.

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En abril de 2013 mintió nuevamente a un oficial de inmigración cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Tras las investigaciones, Valiente fue acusado en 2018 y se mantenía en libertad condicional, pero fue detenido el viernes pasado a la espera de su sentencia, programada para el 24 de mayo.

La sentencia máxima legal para el cargo es de 10 años en una prisión federal.

El DOJ no aclaró si la sentencia de la Corte Suprema de Guatemala contra Valiente sigue vigente.

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En la estación estaba el agente Aníbal Alias quien escuchó a la adolescente y salió corriendo para buscar donde estaba el menor. El niño se encontraba en los brazos de su madre, casi inconsciente, con el rostro de color azul y con dificultad para respirar y gesticular una palabra.

Al parecer, la familia estaba cenando cuando el menor se atragantó con un pedazo de comida. La madre y la hermana del niño se subieron al automóvil a buscar ayuda cuando se detuvieron frente a la estación de la policía.

Al ver la situación, el agente decidió aplicar la maniobra de Heimlich: le dio la vuelta al niño y lo abrazó por detrás. Con el puño cerrado entre el esternón y el ombligo le dio varios golpes.

El niño logró expulsar la comida, pero se desvaneció en los brazos de Alias. El agente decidió ingresar a la estación para pedir ayuda a sus compañeros.

En un video de seguridad se observa cómo el policía ingresa al lugar, entra la oficina a llamar a alguien, sale al pasillo y le da dos golpes secos en la espalda. Fue en ese momento cuando el niño recobra la conciencia y es abrazado por su madre.

El video fue compartido por la propia Policía Nacional de Lorca este 18 de diciembre con el mensaje: “Muy orgullosos de nuestro compañero por salvar la vida a un niño de 4 años que se atragantó con un trozo de comida en Lorca, Murcia. La madre del pequeño pidió auxilio y el agente, una vez comprobó que el niño se estaba asfixiando, le aplicó la #ManiobraDeHeimlich”.

A partir de esta publicación, el agente recibió cientos de elogios.

Tenéis el apoyo de millones de españoles que nos sentimos muy orgullosos de vosotros.

— Miguel Sánchez (@presiantas) December 18, 2019

Alias recibió a los medios de comunicación de su localidad y dijo que hace tres meses se había convertido en padre, un hecho trascendental para que le lograra salvar la vida al pequeño de cuatro años: “Estoy muy sensibilizado con todo lo relacionado con los niños y me he formado en las técnicas para atenderlos en primeros auxilios”.

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1990: asesinan a antropóloga Myrna Mack

El exdetective Alberto Encarnación Barrios Rabanales fue condenado a 35 años de prisión. Mientras que los también exdetectives Martín Alejandro García Mejía, Julio David López Aguilar y José Miguel González Grijalva deberán pasar 41 años y ocho meses en prisión.

Fueron culpables de los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Alberto de Jesús Guerra Galindo -desaparecido- y Gonzalo Cifuentes Estrada-asesinado- a quienes inculparon con la muerte de su compañero.

El fallo lo leyó la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo D, Sara Yoc, en la sala de audiencias del primer nivel de la Torre de Tribunales, donde se incrementó la seguridad del Organismo Judicial (OJ).

“Para este Tribunal quedó demostrado que el investigador Mérida Escobar estableció que el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a la antropóloga Myrna Mack y por su conclusión fue asesinado”, dijo Yoc.

Los jueces Wendy Coloma y Estuardo Morataya refrendaron la sentencia condenatoria a los exdetectives.

“El investigador Mérida solicitó el auxilio de sus superiores ya que que temía por su vida, se sentía perseguido, sin embargo, no se prestó el apoyo. Es más, este crimen fue planificado con anterioridad. Hubo complicidad de los cuatro acusados”, dijo Yoc.

En cuanto a los agravios el Tribunal especificó que después de haber consumado el asesinato del detective ya había sido aprehendido en Chimaltenango Guerra Galindo quien está desaparecido desde entonces. Además, Cifuéntes Estrada fue golpeado y torturado hasta obligado a confesar que había asesinado al detective.

Posturas

“Es una injusticia. Son pruebas implantadas. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Únicamente nos compromete. A nosotros de lo que nos acusan, nada que ver”, dijo González Grijalva al salir de la sentencia y ser llevado a una prisión.

A su lado iba Barrios Rabanales quien dijo: “Este es un caso político de la Fundación Myrna Mack. Ella -Helen Mack- sobrevive de eso para seguir manteniendo su fundación, nosotros no tenemos nada por la muerte que era un compañero. Es un caso político”.

Los otros dos condenados prefirieron abstenerse de emitir alguna opinión al respecto del fallo.

La activista Helen Mack estuvo en el debate -es querellante- y se refirió a que está tranquila por el final del juicio. “Ahorita lo que hemos probado mediante a prueba documental, científica y testimonial que el caso de mi hermana fue una operación especial de inteligencia”.

“Lo que perseguía era la impunidad y para poder dejar en la impunidad, pues mataron a Mérida Escobar quien fue el que identificó a Noel de Jesús Beteta Álvarez y desviar la investigación para procurar la impunidad”, agregó Helen Mack.

Este fue el segundo juicio debido a que los cuatro exdetectives ya habían sido condenados a 25 años de cárcel aunque por diversas acciones legales la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó repetir el fallo en 2017.

El crimen

La muerte de Mérida Escobar sucedió cuando este salió de la antigua sede de la PN, ahora Ministerio de Gobernación y caminaba por el parque Concordia.

La investigación contiene el testimonio que brindó la víctima ante una judicatura en donde predijo su muerte, debido a que había logrado identificar a Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue especialista del Ejército, como el autor del crimen contra la antropóloga Myrna Mack.

Mack efectuaba un estudio por las víctimas que eran desplazadas en el interior del país por petición de pobladores de las Verapaces, según su hermana Helen Mack.

Ordena abrir pesquisas

El Tribunal ordenó que se abra una investigación contra Acisclo Valladares Molina,  exprocurador General de la Nación en ese entonces, ya que el detective había denunciado que estaba amenazado y “no se prestó el apoyo adecuado, por eso se ordena al Ministerio Público lo conducente contra Valladares Molina y exintegrantes del Ejército que participaron en los hechos”.

Antropóloga

Myrna Mack fue apuñalada en la 12 calle y 12 avenida, zona 1, el 11 de septiembre de 1990. Cuatro días antes fue presentado un informe que detalló detalles acerca de los desplazamientos humanos que estaban relacionados con las políticas de tierra arrasada, que fueron iniciados por los gobiernos militares desde 1980.

En este caso ya fue condenado Beteta Álvarez en 1993 a 25 años de prisión. El fallo cobró sentencia en otras instancias un año después.

El Tribunal ordena lo conducente contra el entonces titular de la @PGNguatemala, Acisclo Valladares Molina. pic.twitter.com/4gPqW2CChd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 6, 2019

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El Gobierno de Guatemala está buscando la forma para que los Archivos de la Policía se dejen de usar

Ericastilla lamentó este jueves su destitución (en curso desde el 8 de  julio) por supuestas anomalías cometidas como responsable del AHPN, pues desde julio del año pasado el Ministerio de Cultura la “aisló”.

Hasta hace un año, dijo, “no se me había señalado de nada y ahora lo hacen porque pareciera que no soy la persona apropiada para los planes que (el Gobierno) tiene para el Archivo Histórico”, que ha sido fundamental en juicios por crímenes cometidos por militares y policías durante el conflicto armado guatemalteco, sucedido entre 1960 y 1996.

En este sentido, recordó que la Corte Suprema de Justicia amparó provisionalmente a la Procuraduría de los Derechos Humanos diciendo que “el Archivo Histórico debe permanecer bajo el Ministerio de Cultura”, mientras el Gobierno buscaba “trasladarlo al Ministerio de Gobernación”, por lo que ahora “se me hacen señalamientos sin fundamento”.

En mayo, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, reconoció que buscaría que la Policía Nacional Civil tuviera algún tipo de participación en el Archivo Histórico policial, pese a que se trata de documentos de la extinta fuerza armada que se fundó en 1881 y se extinguió en 1997, tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Ericastilla dijo tener la impresión de que el Archivo policial enfrenta un proceso de transición “que no es el más apropiado”, pues no hubo “transferencia de capacidades”, debido a que no se le dio participación en el proceso al Archivo General de Centroamérica, la matriz del acervo policial.

Mientras el Ministerio aisló a Ericastilla de toda actividad del Archivo Histórico en julio del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió al mismo tiempo no renovar el contrato del coordinador por 13 años, Gustavo Meoño.

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Este martes, la viceministra de Patrimonio Cultural, Gladys Palala, aseguró que Ericastilla no había respetado “leyes y reglamentos” y que no supo explicar el origen de una cuenta bancaria “paralela” al PNUD a nombre del Archivo Histórico para gestionar donaciones, aunque reconoció que esta no tuvo “mal uso”.

Ericastilla dijo que la cuenta bancaria fue abierta en el 2006, tres años antes de que ella fuera nombrada como responsable de la transferencia de la documentación de la Policía Nacional al Archivo General de la región.

Y recordó que el propio exministro Héctor Escobedo, que fungió durante el gobierno de Álvaro Colom, firmó un convenio con los Archivos Federales de Suiza en el 2010 “autorizando que se encargara de conservar una copia digital de los documentos como un respaldo”, algo que también recrimina Palala a Ericastilla.

Además, en el 2010 el ministro se reunió con delegados de la Universidad de Texas en Austin “y tuvo conocimiento del proceso (traslado de copias digitales para la consulta pública) y en ese momento -ni nunca- se vio como un hecho negativo y tampoco se ocultó”, detalló Ericastilla.

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A este propósito, insiste que no hay ninguna ley que prohíba la entrega de fotografías de documentos de una entidad “pública o privada” a nivel local o internacional, además de que “los documentos no fueron categorizados como secretos o reservados por la extinta Policía o por la PDH.”, entidad rectora de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información y fue hasta el 10 de junio de 2019 cuando el acervo del Archivo Histórico contó con “carácter patrimonial”.

Mientras, Degenhart reconoció que la actual Policía podría declarar alguna información del Archivo Histórico como “sensible” y “protegerla” para impedir su consulta, Ericastilla sostuvo que esto deberá analizarse por esa entidad, ya que la documentación “no puede ser declarada secreto de Estado porque la Policía Nacional dejó de existir en 1997” y existe un máximo de siete años para restringir documentos, lo cual “feneció en el 2004”.

En más de 14 años, el AHPN digitalizó más de 24 millones de documentos, en su mayoría de la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), disponibles al público a través del acceso a la información, salas de consulta y -una buena parte- en el sitio web de la Universidad de Texas.

El Archivo General de Centroamérica, que cuenta con documentos de toda la región que datan desde 1521, consta de un aproximado de 220 millones de documentos, resguardados y accesibles a la consulta pública.

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Señaló que en la mesa técnica están “definiendo cuál va a ser la nueva forma que le vamos a dar al convenio”, dijo el funcionario.

“En ningún momento se ha dicho que no va a haber una continuidad del proceso. Lo que sí les puedo decir hoy es que no va a ser bajo las mismas condiciones, eso sí es seguro“, afirmó.

Degenhart manifestó que “es impensable el hecho que el Ministerio de Gobernación, a través de la PNC, no tenga ninguna participación en el manejo de sus propios archivos”. También negó que la PNC haya querido, en algún momento, ocultar dicho archivo.

El ministro añadió: “Lo que sí no vamos a permitir es que de forma masiva esos archivos sigan saliendo al exterior del país, eso sí no lo vamos a permitir. No pueden haber instituciones extranjeras que tengan los archivos completos”. Degenhart no precisó a que entidades se refirió.

En “grave peligro”

El pasado sábado 25 la Asociación en Guatemala de Amigos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertó que el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) está en “grave peligro”  y dijo que dentro de los puntos específicos que llevan adelante quienes impulsan la estrategia de cooptación del Estado “están realizando acciones concretas que podrían significar la destrucción del AHPN”.

El AHPN contiene registros de la historia del país de 116 años y es un referente fundamental para ofrecer información sobre procesos de esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia.

Agregó que el AHPN es un fondo documental del Archivo General de Centroamérica del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y se encuentra alojado en un edificio de la zona 6 capitalina propiedad del Ministerio de Gobernación (Interior) en donde la documentación fue escondida por el Estado pero descubierta accidentalmente por la Procuraduría de Derechos Humanos en 2005.

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Agregó que el AHPN es un fondo documental del Archivo General de Centroamérica del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y se encuentra alojado en un edificio de la zona 6 capitalina propiedad del Ministerio de Gobernación (Interior) en donde la documentación fue escondida por el Estado pero descubierta accidentalmente por la Procuraduría de Derechos Humanos en 2005.

Cuatro años después se firmó un convenio con el MCD y la cartera del Interior para el uso del edificio por 10 años que vencen en junio próximo.

Sin embargo, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart no ha firmado el convenio para la permanencia de los 70 millones de documentos para que permanezcan en el lugar, dijo.

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“Cualquier decisión que implique el traslado de los documentos supone un grave riesgo. La no renovación del convenio potencia este riesgo porque ante la ausencia real de una sede alternativa la documentación histórica y pública puede sufrir daños”, advirtió la referida asociación.

Explicó que la totalidad de la financiación delAHPN ha sido asumida por la comunidad internacional y han sido administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala.

Los donantes, indicó, han expresado su disposición de seguir apoyando al Archivo para lo cual se requiere la firma del convenio.

La Asociación en Guatemala de Amigos de la Unesco tiene entre sus funciones velar por la preservación del patrimonio documental y la memoria histórica de Guatemala.

“El AHPN constituye un fondo documental único de invaluable riqueza reconocido mundialmente como uno de los archivos más importantes de su tipo que debe ser protegido para las nuevas generaciones”, señaló

La organización expresó su preocupación por el destino de tan importante acervo y pidió a las instituciones involucradas tomar las acciones necesarias que garanticen la seguridad de los documentos.

Hallan archivo

El 5 de julio de 2005 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) descubrió los archivos de la extinta Policía Nacional durante una supervisión de remoción de explosivos bélicos en la zona 6.

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Este Archivo Histórico ha ayudado para que los documentos que guarda sean usados como pruebas concluyentes para resolver casos relacionados con violaciones de los derechos humanos durante la guerra interna.

Un ejemplo de ello fue la condena a 40 años de Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes eran miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional (PN) en 1984, al ser hallados culpables de la desaparición forzada de Fernando García, ocurrida el 18 de febrero de 1984. Mientras que Hugo Rolando Gómez Osorio y Alfonso Guillermo De León están prófugos.

El sindicalista, quien también era conocido como Chicará, fue detenido a eso de las 11 horas en 3a. avenida y 7a. calle, zona 11, cerca del mercado El Guarda, junto con Danilo Chinchilla.

Cuando ambos se vieron copados, dispararon contra miembros de la PN, que respondieron e hirieron a Chinchilla, quien fue llevado al Hospital Roosevelt.

En los archivos de la PN se encontró un oficio en el que las autoridades de esa institución habían propuesto a todos los mencionados para ser condecorados, por la captura de los supuestos subversivos.

Según la propuesta de condecoración, fechada el 24 de julio de 1984 por el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN, los cuatro agentes habían detenido a dos personas consideradas subversivas a inmediaciones del mercado El Guarda, mediante un operativo de limpieza.

Dentro de la información que se descubrió se encuentran fichas de control criminal, pero también de seguimiento político y social, tal como lo demuestran los casos de Manuel Colom Argueta y Oliverio Castañeda, ambos perseguidos por el Cuerpo de Detectives, el departamento encargado de llevar a cabo el trabajo de inteligencia.

En relación con Castañeda, un informe confidencial del 4 de agosto de 1978 lo tilda de “agitador” por haber participado en una manifestación de repudio por la muerte de un sindicalista.

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Casi tres meses después (20 de octubre), el sancarlista fue asesinado. Respecto de ese hecho, la PN mantuvo una comunicación sin remitente fechada el 7 de noviembre de 1978 en la que se menciona que el supuesto autor material fue el Chino Lima, apelativo con el que se conocía al coronel de policía Juan Antonio Lima López, quien aparecía en una nómina de la Sección de Investigaciones Especiales Comando Seis, donde era el segundo al mando después de Pedro García Arredondo, consigna el libro Del Silencio a la Memoria; revelaciones del AHPN.

En un Kardex del Departamento Judicial de la extinta Policía Nacional, fechado el 15 de octubre de 1957, en el cual se comunicaba sobre la vigilancia secreta que se hacía sobre el reconocido abogado Manuel Colom Argueta,quien, en 1955, formó parte de un grupo de ciudadanos que se opuso al plebiscito destinado a reafirmar en la presidencia a Carlos Castillo Armas.

Colom Argueta, tiempo después, fue dirigente del partido Frente Unido de la Revolución (FUR) y alcalde de la capital entre 1970 y 1974 por la Unidad Revolucionaria Democrática (URD).

Por eso, este líder opositor fue víctima de acoso político por 22 años, desde 1957 hasta su asesinato, en 1979. Su persecución es comprobable al consultar documentos que están al resguardo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

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Nota: Esta nota fue editada el 27 de mayo de 2019 a las 15.30 horas con la aclaración que hizo la agencia EFE sobre la entidad que emitió el pronunciamiento.

El debate que se programó para el 18 de septiembre de 2019, mientras tanto sigue en prisión preventiva, según información del ente investigador. 

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Se les otorgó ese criterio porque manifestaron haber participado en los allanamientos ilegales, pero porque fueron contratados para realizar los servicios, porque ha eso se dedicaban. 

Otto René Zamora Valladares, Édgar Tomás Solloy, Carlos Roberto Pineda, Jorge Alfredo López, Dimas Grave Chumil, Julio Obispo Tucubal Bulux, eran señalados por allanamiento ilegal y encubrimiento propio  y obtuvieron ese beneficio.

Hechos

La tarde del 20 de mayo del 2017, dos agentes de la Policía Nacional Civil, en un recorrido de rutina en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, identificaron a seis personas, con chalecos del Ministerio Público realizando un allanamiento.

A los policías les pareció sospechosa la diligencia y pidieron información vía radio a la estación y al MP sobre el allanamiento, mientras el grupo ingresaba una retroexcavadora a la propiedad.

Nadie confirmó nada en esa ocasión, por ende la Policía irrumpió en la supuesta diligencia, donde se  detuvo al grupo, liderado Villatoro Mazariegos,

En esa ocasión el MP confirmó que Villatoro Mazariegos era fiscal, sin embargo, dirigía un allanamiento que nunca fue autorizado y la diligencia no obedecía a ninguna investigación.

Cuando fueron capturados, tenían en su poder un vehículo agrícola, una escopeta y varios chalecos con logotipos del MP, además de un detector de metales, un tanque de acetileno y herramientas para soldar.

Nueve meses después la Fiscalía determinó que la fiscal, en ese entonces, buscaba en el lugar una caja fuerte con dinero en efectivo y lingotes de oro, información que obtuvo por el acceso privilegiado que tenía a una investigación oficial.

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El nuevo director de la PNC perteneció a la extinta Policía Nacional. Hay un registro de él en el AHPN.

Colom Argueta, tiempo después, fue dirigente del partido Frente Unido de la Revolución (FUR) y alcalde de la capital entre 1970 y 1974 por la Unidad Revolucionaria Democrática (URD).
Por eso, este líder opositor fue víctima de acoso político por 22 años, desde 1957 hasta su asesinato, en 1979.
“Tal persecución es comprobable al consultar documentos que están al resguardo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)”, indica su director, Gustavo Meoño Brenner.
El fondo documental, tanto los pertenecientes a la extinta Policía Nacional (PN) como a la Policía Nacional Civil (PNC), tiene más de 80 millones de folios.

El descubrimiento

“Todo estaba tirado, desordenado y sucio; muchos papeles estaban humedecidos y, además, proliferaban las plagas”, rememora Luisa Fernanda Rivas, encargada de Comunicación y difusión del AHPN. “El trabajo de rescate se llevó a cabo casi de inmediato”, agrega.

El terror

“Dentro de la información se descubrió que la PN redactaba fichas de control criminal, pero también de seguimiento político y social, tal como lo demuestran los casos de Colom Argueta u Oliverio Castañeda, ambos perseguidos por el Cuerpo de Detectives, el departamento encargado de llevar a cabo el trabajo de inteligencia”, indica Meoño Brenner.

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Control ciudadano

La obra Del Silencio a la Memoria; revelaciones del AHPN indica que existía otro seguimiento similar denominado Registro Maestro de Fichas, el cual se implementó entre 1935 y 1986, tiempo en el que se calcula que hubo al menos un millón de personas registradas.
Asimismo, en el marco de la estrategia de contrainsurgencia, se construyó una idea básica sobre las fuerzas enemigas para así controlar y actuar en contra de la población, de los líderes y de organizaciones políticas, sociales, religiosas o guerrilleras.

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También resulta interesante saber que la PN manejaba información sobre la vida cotidiana, la cual plasmaba en informes llamados “novedades comunes”, en los que se incluían accidentes, eventos sociales, culturales, económicos, religiosos y deportivos. De esa cuenta, las fuerzas de seguridad controlaban los movimientos de la población calificada como “sospechosa” o “peligrosa”, aunque solo fuesen caminando por la vía pública. “… A eso de las 17.20 horas sospechosamente se encontraba un individuo a inmediaciones del Parque Central, por lo que procedieron a detenerlo preventivamente; al identificarlo este responde al nombre de Francisco Sar Barrios”.

Rescate y transparencia

En el archivo de la PNC, dirigido por el experto en investigación criminal Fernando Rodríguez Klarck, se conserva toda la información para transparentar la labor policial. “Aquí se guarda todo, desde las denuncias de los ciudadanos o prevenciones policiales, hasta las papeletas de servicio diario u órdenes de captura”, explica.
“La importancia de estos archivos es que así es posible rescatar la memoria histórica de nuestro país, así como de acercarnos a la verdad y a la justicia”, expresa Rivas.

Informes secretos

La Policía Nacional (PN) reclutó a agentes confidenciales, que eran personas particulares que apoyaban a esa institución en materia de control ciudadano e inteligencia. Estos entregaban información a sus contactos en la PN acerca de supuestos “subversivos”, “reductos guerrilleros” u opositores al régimen. Fuente: AHPN

Transcripción

(Documento fechado el 16 de septiembre de 1970).

Señor jefe,
Adjunto a la presente le remito un folleto de propaganda subversiva que el muchacho Carlos Alfredo Sam dejó la semana pasada sobre mi escritorio en una de las aulas del departamento de Mercadotecnia de la Universidad Landívar.
De lo anterior, puedo dar fe con toda seriedad puesto que vi personalmente a dicho compañero repartir los folletos.
Con todo respeto y consideración, me suscribo atentamente,
Julio César Valdéz
P.D.: El mencionado compañero dejó de asistir a clases hace algunos meses y solo llega de vez en cuando.

Los aportes

El Archivo Histórico de la Policía Nacional tiene numerosos documentos que han contribuido en el ejercicio de la justicia, pues han servido como base para investigación criminal y como elementos de prueba en la persecución penal.

Quema de institución diplomática

El 31 de enero de 1980, la sede de la Embajada de España en Guatemala fue tomada por campesinos y estudiantes que intentaban llamar la atención internacional por los abusos y la represión que cometía el Ejército en contra de la población de Quiché.
Ese día, las fuerzas de seguridad del Estado incendiaron la sede diplomática con lanzallamas y vedaron el ingreso de los cuerpos de socorro para controlar el fuego.
Por esa masacre, el 1 de octubre del 2014 empezó el juicio contra Pedro García Arredondo, entonces jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional; el 20 de enero del 2015 fue sentenciado a 40 años de prisión inconmutables y a 50 años más por la muerte de los universitarios Jesús Alberto España Valle y Gustavo Adolfo Hernández González, quienes participaron en el cortejo fúnebre de las víctimas.

Desaparición forzada

El 4 de marzo de 1981, el estudiante sancarlista Édgar Enrique Sáenz Calito fue capturado por agentes del Comando 6 de la Policía Nacional (PN), acusado de tener propaganda subversiva.
El 9 de junio del mismo año recobró su libertad; minutos después de salir de la carceleta del segundo cuerpo, cuando apenas había caminado unos 123 metros, hombres fuertemente armados, presuntos miembros de la PN vestidos de particular, lo detuvieron y lo metieron en un vehículo. Nunca más se volvió a saber de él.
Sobre el caso fueron localizados 646 documentos dentro del AHPN, los cuales fueron vinculados al expediente judicial. Por ese motivo, Pedro García Arredondo, jefe del Cuerpo de Detectives de la PN por entonces, fue capturado en julio del 2011 y fue ligado a proceso. Fue condenado a 70 años de prisión inconmutable por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Diario Militar

En 1999, este expediente le fue entregado extraoficialmente a Katherine Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional de EE. UU., y se convirtió en la “prueba reina” sobre la sistematización de la represión en Guatemala durante la Guerra Interna.
En su contenido se detalla la desaparición forzada y el destino que supuestamente tuvieron algunos de los 198 capturados durante agosto de 1983 a marzo de 1985, que fue la muerte bajo tortura o por ejecución extrajudicial.

Resueltos y en curso

El AHPN ha brindado documentos para esclarecer casos como el de la masacre ocurrida el 24 de noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, Chimaltenango, donde fueron ejecutados 22 campesinos. El imputado: Fermín Felipe Solano Barillas, excombatiente de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), quien fue sentenciado a una larga condena de prisión inconmutable.
Otros peritajes pendientes de sustentarse en debate oral y público son los que se refieren a las desapariciones forzadas de Marco Antonio Molina Theissen —cuatro militares enfrentan cargos— y de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez. 

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Archivo digital con millones de documentos de la Policía Nacional

Si es declarado culpable, Valiente Alonzo, enfrentaría una condena de hasta diez años de prisión. El exjefe policial compareció la tarde del pasado viernes ante tribunal federal en el centro de Los Ángeles.

En 1987, Valiente Alonzo y otros policías fueron acusados del secuestro y asesinato de los universitarios Danilo Sergio Alvarado Mejía y René Haroldo Leiva Cayax, estudiantes de Agronomía en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

• 2005: descubren el archivo de la extinta Policía Nacional

Valiente, quien era el jefe de la PN en Xela, fue condenado dos veces, pero ambas condenas a 30 años de prisión fueron revocadas en una corte de apelaciones que regresó el caso a un juzgado de primera instancia.

Este caso fue tomado por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Equipo Especial contra el Fraude de Documentos y Beneficios (DBFTF), en coordinación con el agente de la HSI en la Ciudad de Guatemala y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Además, los investigadores recibieron el apoyo del Centro contra Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC) del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que fue establecido en 2009 para identificar, rastrear y procesar a los violadores de derechos humanos.

Valiente es el más reciente exfuncionario guatemalteco que es detenido en EE. UU.

• 1999: Chupina rompe silencio de 17 años

En 2016, el ICE arrestó y deportó a Santos López Alonzo, un exmiembro del Ejército acusado de participar en la matanza de más de 200 hombres, mujeres y niños en 1982.

En 2017, otro implicado en esa masacre, José Mardoqueo Ortiz Morales, fue arrestado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Baltimore.

Con información de Univisión y Los Ángeles Times.

El herido fue identificado como Eleodoro Andrés López, quien pertenecía a una empresa particular de seguridad. El otro sujeto no portaba documentos de identificación, por lo que fue llevado a la morgue de La Verbena como “XX”.

La nota indicaba en el párrafo final: “Los bomberos municipales esperaban anoche la llegada del juez de paz de turno para que practicara las diligencias de rigor y ver si era posible identificar a la víctima. Esta vestía una camisa beige, pantalón y chompa del mismo color, calcetines cafés. Era un poco calvo y tenía aproximadamente 46 años”. Uno de los misterios fue que los zapatos no aparecieron por ningún lado.

Las versiones de los testigos eran contradictorias y difusas, porque nadie había visto el autopatrulla atacado. Otra versión fue que los dos sujetos habían discutido. Ninguna de las versiones resultó ser cierta.

Era fray Augusto

El 9 de noviembre, Prensa Libre publicó en portada la muerte violenta de Ramírez Monasterio, un sacerdote querido y respetado en la comunidad franciscana y en Antigua Guatemala, donde tenía a su cargo el templo de San Francisco El Grande. Nació el 5 de noviembre de 1937 y fue secuestrado y asesinado el 7 de noviembre de 1983.

“Como el padre Augusto Rafael Ramírez Monasterio, de 46 años, miembro de la Orden Franciscana, superior general de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala y presidente del Comité del Hermano Pedro, fue identificado el cadáver localizado antenoche en el anillo Periférico, cerca del puente Martín Prado Vélez, zona 3”, indicó la nota de ese día.

“El cuerpo, con lesiones y balazos, del sacerdote, quien a su vez era consejero de la Orden Franciscana en Centroamérica, fue reconocido ayer después del mediodía por un sobrino suyo, en la morgue de La Verbena, a donde había sido llevado antenoche y estuvo a punto de ser enterrado como XX, por falta de documentación”, se resaltó. Estos hallazgos dieron pauta para pensar que el sacerdote había sido torturado antes de morir, y que probablemente esa era la causa por la cual estaba descalzo al momento de ser localizado.

El religioso había cumplido años el 5 de noviembre, y estaba en la capital porque había recibido en el aeropuerto La Aurora a otro miembro de la orden. En esos días había planificado viajar a El Salvador en vías de descanso.

El cadáver del padre Ramírez Monasterio fue velado el 8 de noviembre en Funerales Reforma de la zona 9, de donde salió el cortejo hacia Antigua Guatemala, donde luego de oficiada una misa de cuerpo presente fue sepultado en la propia iglesia de San Francisco El Grande, la cual dirigió por cinco años.

Versión policial

El 10 de noviembre, la PN envió a los medios un comunicado con la que, suponía, era la versión oficial del hecho. Según se supo, Ramírez Monasterio había sido secuestrado y luego lanzado en el Anillo Periférico. Según la PN, el vehículo en el cual era llevado el religioso había sido abandonado el 9 de noviembre en un sector de Mixco.

El texto de la PN decía: “De acuerdo a las informaciones de la dotación policial, los investigadores iniciaron de inmediato las pesquisas para esclarecer estos sucesos, lo que ha dado como resultado hasta el momento la localización del vehículo donde viajaban los atacantes de la unidad policial, encontrándose abandonado a eso de las 17:30 horas del día de ayer en el sector “A”, entrada a la colonia El Campanero de Ciudad San Cristóbal, municipio de Mixco.

“El vehículo es marca Toyota, tipo pick-up, placas P-45626, color amarillo, perteneciente a los señores Pedro Pineda García y Serafín Hernández Marcos, con residencia en la Iglesia San Francisco El Grande de Antigua Guatemala, orden a la cual pertenecía el sacerdote Ramírez Monasterio. El vehículo presenta impacto de bala en la portezuela lado derecho, windshil delantero y trasero destruidos”.
“La Policía Nacional no descarta la posibilidad de que cuando los tripulantes del pick-up se encontraron casualmente con la unidad policial, llevaban al padre Augusto Ramírez Monasterio, secuestrado o sin vida, dadas las características que presentaba su cadáver, el hecho de que haya sido localizado en la ruta ole escape y momentos después de la persecución de los delincuentes; y que dichos individuos ante la inesperada presencia policíaca no les quedó más alternativa que evadir por cualquier medio la posibilidad de ser descubiertos y capturados, situación que dio lugar
a la acción de atacar a los elementos policíacos, y que en su precipitada fuga, lanzaron el cadáver del sacerdote en el lugar donde fue localizado. Esta posibilidad se refuerza por la forma de actuar de los atacantes. “Ante estas acciones criminales, la Policía Nacional agotará los recursos a su alcance para el esclarecimiento de hechos como el presente”.

El entonces jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores, también lamentó el asesinato del sacerdote y condenó el hecho, que incluyó dentro de la ola delincuencial común. También la hipótesis de Mejía resultó contradictoria.

Postura de la Iglesia

La Secretaría de Relaciones públicas del Arzobispado de Guatemala se manifestó el 8 de noviembre de ese año mediante un comunicado de prensa.
El documento indicaba:
La Venerable Curia Eclesiástica y la Orden Franciscana con profundo pesar comunican al pueblo de Guatemala el asesinato del Padre Augusto Ramírez Monasterio, Superior y Párroco de San Francisco El Grande en Antigua Guatemala.
Este incalificable hecho cometido contra un sacerdote ejemplar viene a sumarse a la serie de atentados contra la Iglesia Católica, denunciados reiteradamente por nuestros pastores.
El Arzobispado de Guatemala recuerda que todo aquel que atente contra una persona sagrada está excomulgado. Monseñor José Ramiro Pellecer, Vicario Capitular, ha sido informado en Roma de este crimen y expresó su profunda indignación y pesar; a la vez que pidió a las autoridades militares el pronto esclarecimiento de este hecho.
– Guatemala de la Asunción, 8 de noviembre de 1983.

La Iglesia, que también sufrió el embate del conflicto armado interno, lamentó en esa ocasión la muerte de Ramírez Monasterio, a quien consideró, por la forma de su muerte, como un mártir.

Pesar generalizado

La noticia del secuestro y muerte de Ramírez Monasterio cayó como balde agua fría sobre la sociedad, especialmente el pueblo antigüeño y la comunidad franciscana.

Fray Ignacio Ramírez , delegado general de los franciscanos ese año, lamentó profundamente la muerte de Ramírez Monasterio, a quien consideraba un gran elemento dentro de la congregación.  Fray Ignacio dijo en esa oportunidad que Ramírez Monasterio había sido amenazado y detenido por la Policía en junio de ese año, pero que la investigación al respecto nunca había prosperado.

Años más tarde, familiares y amigos revelaron que le habían quemado con cigarrillos las manos y los pies, para que revela información de un presunto guerrillero. Ramírez Monasterio no habría traicionado el secreto de confesión y por eso era perseguido y asediado.

Sepelio

Las exequias de Ramírez Monasterio fueron todo un acontecimiento el 9 de noviembre de ese año. San Francisco El Grande no fue suficiente para albergar a miles de dolientes de todas parte del país. En los funerales había seglares, religiosos, asociaciones y extranjeros que lloraron con desconsuelo la pérdida de un pastor.

La estudiantina de San Francisco, la cual había fundado, también amenizó la misa de cuerpo presente. Luego, sus restos fueron inhumados en el interior del templo, muy cerca de donde entonces se encontraba la tumba del Hermano Pedro de San José de Betancourt.
Pronto, miles de personas empezaron a reconocer y difundir la santidad de Ramírez Monasterio, a quien exaltaban como un mártir de la fe, el silencio y la caridad.

Trascendió después que había sido secuestrado, torturado y aniquilado por no revelar un secreto de confesión. Años más tarde, cuando fueron abiertos los Archivos de la PN, se descubrió que había sido investigado y vigilado desde esa institución. Como muchos crímenes contra religiosos durante el conflicto armado interno, la muerte del padre Monasterio quedó en la impunidad.

Beatificación

La causa de canonización de Ramírez Monasterio fue presentada el 17 de mayo de 2006 al extinto Rodolfo cardenal Quezada Toruño, para ser elevada a Roma. Junto a la de Ramírez figuran también están la de Sor Cecilia Charrín y el médico Ernesto Cofiño.

Ramírez Monasterio era superior de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, cuando el Gobierno, en 1983, declaró amnistía para todo aquel que estuviera involucrado en la guerrilla.

A Ramírez le agradaba trabajar con los jóvenes, a quienes les dedicaba tiempo, destacó fray Damián Muratori, entonces párroco de ese templo. Fue aquí donde fundó el grupo juvenil Mojufra. También participaba constantemente en programas de radio y trabajó sin descanso en el proceso de beatificación del Hermano Pedro de Betancourt.

El libro Semblanza del mártir de la caridad relata que un campesino se acercó al padre para que lo ayudara con lo de la amnistía. Ramírez lo acompañó en todos los trámites, pero un día empezó a ser perseguido.

Fue retenido, una primera vez, en la estación policial y en la zona militar de Chimaltenango, pero esto no lo intimidó. Siguió con su labor, pese a que también recibía amenazas. Cinco meses después, el 7 de noviembre de ese año, fue encontrado muerto con señales de tortura. Tenía 46 años. “Sus muñecas estaban lastimadas, estuvo colgado toda la noche, con varias costillas fisuradas”,  recordó Muratori.  Ramírez no perteneció a ninguno de los bandos de la guerra. Se dedicó a ayudar a personas que lo buscaban.

El haber sido asesinado en la época del conflicto armado interno de Guatemala sería la causa para buscar su beatificación, por ser considerado un mártir.

El informe con los datos de fray Augusto ya está listo y se ha solicitado abrir lacausa para su beatificación. En este caso no es necesaria la comprobación de un milagro, porque los mártires siguen un camino diferente a otros candidatos a la santidad. “No se investiga a profundidad la vida, porque quien dio su vida lo dio todo”, dijo Muratori. Eso sí, el proceso para que el Vaticano lo apruebe puede llevar años.

Testimonio familiar sobre muerte de fray Augusto Ramírez Monasterio (Video: tomado de Youtube)

Guatemala no fue ajena a estas situaciones en especial durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250 mil muertes y 45 mil detenidos según las demandas de las organizaciones de derechos humanos.

Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Desde el periodo de la firma de la paz hasta hace unos años atrás el clamor por la aparición de las personas desaparecidas no tenía eco por el clima de impunidad. Sin embargo una luz al final del tunel abrió una esperanza.

En julio del 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) descubrió 80 millones de folios en el Archivo de la extinta Policía Nacional (PN), la cual había funcionado desde 1881 hasta 1997 cuando fue sustituida por la Policía Nacional Civil.  La existencia del archivo de la PN había sido negada durante años por el mismo Estado. 

La documentación fue entregada por la PDH al Ministerio de Cultura, bajo la rectoría del Archivo General de Centroamérica, quien tiene a su cargo el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). 

El objetivo de la creación del AHPN es el de aportar pruebas en casos de masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Además del resguardo, conservación y digitalización de los folios. 

En una primera fase el AHPN entregó al Ministerio Público un archivo con cientos de documentos históricos sobre desapariciones de líderes estudiantiles ocurridas entre 1978 y 1980, régimen de Romeo Lucas García, el cual tenía una estrategia policial y militar contrainsurgente que se concentró en eliminar al movimiento social urbano y rural, según señala el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron los más afectados y reprimidos por medio de capturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Represión

El informe presentado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) cita en forma textual: “Durante los años 1979 y 1985, la espiral de violencia aumentó hasta alcanzar niveles inimaginables”.

“Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no solo a combatir a la guerrilla, sino atacar sistemáticamente al movimiento social”. “Con Lucas García (1978-82), la estrategia se concentró en eliminar al movimiento social, tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente”.

Ese documento responsabiliza de la violencia al régimen de Lucas García, a su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y al coronel Germán Chupina.

La CEH señala que la toma de la Embajada de España, con saldo de 37 muertos, fue la cúspide del clima de agitación política de la época. También se registró la desaparición forzada de 27 miembros de la Central Nacional de Trabajadores.

Justicia tardía

Pasarían 26 años para que un caso de desaparición forzada obtuviera justicia. El 28 de octubre de 2010 fueron declarados culpables Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes eran miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional en 1984, por la desaparición forzada del dirigente estudiantil y sindical Fernando García, ocurrida el 18 de febrero de ese año.

Una de las pruebas presentadas fue un documento descubierto en el AHPN que señalaba una propuesta de condecoración a agentes de la PN por la captura de supuestos subversivos.

Según el documento, fechado el 24 de julio de 1984 por el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN, los agentes habían detenido a dos personas consideradas subversivas a inmedicaiones del mercado del Guarda, entre las que se encontraba Fernando García. A pesar de la sentencia, el paradero de García nunca fue aclarado. 

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Otro caso que obtuvo justicia es el de la desaparición de Édgar Enrique Sáenz Calito, sucedida el 4 de marzo de 1981 en la zona 9. El ex jefe del Cuerpo de Detectives de la PN, Pedro García Arredondo, fue condenado a 70 años de prisión por la desaparición de Sáenz Calito y sentenciado por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. García Arredondo sería condenado posteriormente por la quema de la Embajada de España en 1980. 

Sáenz Calito era estudiante de la Facultad de Agronomía de la USAC cuando fue detenido, supuestamente por haber atentado contra la seguridad interna de la Nación, ya que según los agentes que lo detuvieron, le encontraron propaganda de la Organización del Pueblo en Armas. Sin embargo, una sala de Apelaciones ordenó su libertad porque no encontró evidencia de su culpabilidad. 

El estudiante tendría que haber sido liberado el 9 de junio de 1981 junto a otros 11 presos, los cuales salieron una hora antes de lo establecido. Sáenz Calito salió a las 6 de la tarde. Según un documento localizado en el AHPN, tres minutos después de haber abandonado el Segundo Cuerpo y cuando había caminado unos 123 metros, la víctima fue capturada de nuevo y desaparecida hasta la fecha. 

Un comando de hombres fuertemente armados vestidos de civil, forma de operar del Comando Seis, le salió al paso y lo introdujo en un vehículo. 

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Otras condenas

Los tribunales del país han dictado pocas sentencias por hechos perpetrados durante el conflicto armado.

• Diciembre de 2009: 53 años de prisión por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, Chiquimula.
• Agosto de 2009: 150 años de prisión por la desaparición de seis personas en Choatalum, Chimaltenango.
• Agosto de 2008: 780 años de cárcel por la masacre de 26 personas en Río Negro.
• Marzo de 2013: 50 años de prisión a Isidro Cardona, excomisionado militar de Chiquimula, por la desaparición de Édgar Leonel Paredes Chegüen, en 1982.
• Febrero 2016: Dos militares fueron condenados por deberes contra la humanidad por la masacre de Sepur Zarco.

Dos agentes de la Policía Nacional fueron acusados de haber asaltado al señor Simón Solares Cerezo, vecino del municipio de Castillas, Santa Rosa.

El señor Solares, indica la nota, visitó ayer las oficinas de este diario para denunciar públicamente que el martes, a las tres de la mañana, en la esquina de la décima avenida y diecinueve calle fue asaltado por dos policías nacionales uniformados, quienes le robaron la suma de Q.180.

Ambos policías se encuentran ya consignados al juzgado octavo de paz.

Juez ordena examen médico

El juez segundo de primera instancia de lo penal, licenciado Humberto Velásquez Aguirre, ordenó el 29 de agosto de 1962 que al reo Juan José Pineda Morales se le practicara un examen médico para establecer si fue torturado por los elementos que lo capturaron.

Morales había dicho en una exhibición personal el día anterior que fue sometido a torturas por agentes de la policía judicial. Supuestamente estaba sindicado de pertener a una banda de asaltantes.

El juez Velásque Aguirre, indica la nota, necesita la información del médico forense para resolver lo que proceda en derecho, en el recurso de habeas corpus, interpuesto por el detenido.

Todos los sindicados de pertener a la banda de asaltantes que operaba con ametralladoras, han sido ya indagados en dicho tribunal y se les motivó auto de prisión provisional, finaliza la nota.

Juez tercero señaló exhibición

En el juzgado tercero de primera instancia de lo penal será exhibido esta mañana Luis Alberto Tahuite Soto, a quien la Policía detuvo ayer bajo la acusación de ser miembro de una banda de asaltantes, indicó la nota publicada el 30 de agosto de 1962, en la página 2.

El recurso fue planteado por sus familiares ante la Corte Suprema de Justicia, pero por razones de competencia fue cursado al juzgado tercero de instancia de lo penal.

La nota indica que, según los familiares de Tahuite Soto, éste era de oficio ferrocarrilero, y que se dedicaba por entero a su trabajo.

La temida “judicial”

La Policia Judicial fue un cuerpo técnico de investigación de la Dirección General de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala (PN).

Hasta el Gobierno de Jorge Ubico se llamó Policía Secreta. En 1944 se le cambió el nombre por el de Guardia Judicial.

Durante el gobierno de Carlos Castillo Armas se le denominó Policía Judicial. A sus integrantes se les llamaba “judiciales”, y regularmente operaban vestidos de particular.

La PN fue estructurada y organizada en 1955 por Carlos Castillo Armas, quien emitió la Ley Orgánica respectiva, que se mantuvo vigente hasta su disolución el 15 de julio de 1997. En el marco de esta ley se creó el Cuerpo de Detectives como instancia de investigación criminal. Éste sufrió cambios y no adquirió relevancia hasta la década de 1970. En 1954, Castillo Armas estableció la Policía Judicial con atribuciones similares, pero con carácter más secreto.

De triste recordación, fue acusada de múltiples crímenes y violaciones a los derechos humanos. Fue disuelta el 7 de abril de 1982. En su lugar fue creado el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT).

Desde 1900 aparece la Policía Secreta como instancia de investigación dentro de la institución. Fue la primera versión de un cuerpo que sería denominado y reestructurado en múltiples ocasiones durante el siglo XX.

Además, en distintas épocas, el Estado estableció dependencias de investigación criminal paralelas a la de la PN, como el Departamento Judicial en las décadas de los años 50 y 60, subordinado a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

Agentes de la Policía Nacional Civil intimidan a reportero en Amatitlán (Video: Youtube)

La denuncia en su contra fue interpuesta en el Ministerio Público por Adriana Margarita Portillo, madre de dos niñas que desaparecieron el 11 de septiembre de 1981, junto a una bebé de 18 meses y tres mayores de edad, y en los que vincula a las fuerzas de seguridad de ese entonces.

¿Qué opina de la denuncia interpuesta en su contra?
De eso no hay nada cierto. No conozco a esa gente que me está imputando, y no me consta nada de esos hechos.

Se dice que cuando estuvo al frente de la Policía Nacional, existía un comando que perpetraba secuestros, ¿es cierto?
Absolutamente falso. Todas la capturas que se efectuaban eran con orden de juez competente. Eso que dicen, que yo traté de violar los Derechos Humanos, es falso. ¿Y no soy humano yo también, pues? A mí no me hubiera gustado que me hicieran cosas absurdas, pero sí estaría de acuerdo en que si yo hubiera cometido un delito, aun in fraganti, me llevaran ante la ley. Pero sólo porque dicen, porque cuentan, porque oyen, con eso no estoy de acuerdo. Lo que dicen es lo peor. Por mi parte, no he hecho nada.

¿Está dispuesto a someterse a los tribunales?
Por supuesto, pero que no le falten el respeto a quienes lleguen a declarar, como pasó con el general Mejía Víctores, a quien sólo faltó que consiguieran un galón de gasolina y lo quemaran.

¿Qué opina de los señalamientos contra el ex jefe del Comando Seis, Pedro García Arredondo, y del entonces ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz?
A mí no me consta que esta gente haya hecho cosas de esa naturaleza. Además, veo que los señalamientos que se formulan son más oportunos en este momento, por la proximidad de las elecciones.

Entonces, ¿podría ser una maniobra política?
No me atrevo a decir eso con toda claridad porque no soy político. De política no sé nada; por ello, no le puedo decir si es asunto político o no.

¿Qué opina de Valiente Téllez?
Ese sí era un muchacho muy malo. Le averiguamos algunas cosas feas; yo mismo pedí su destitución y dije a mis superiores que se iba él o me iba yo.

¿Pero usted contrató a Garcia Arredondo?
Efectivamente, pero antes lo sometí una prueba sicológica y de aptitud, la cual me dio como resultado que era un buen elemento, por eso lo confirmé en el cargo.

Otro tema que se le achaca es la quema de la embajada de España en 1980. ¿Qué opina?
Que recuerde, no hubo participación de las fuerzas de seguridad. Pero la mejor explicación está en los periódicos de ese tiempo, con lo que dijo el señor embajador sobre el asunto, quien indicó que las personas que estaban adentro -campesinos del CUC- habían lanzado un artefacto hacia afuera, pero éste no pasó de los balcones y eso produjo la quema.

Al mandato del general Lucas García, durante el cual usted fue director de la PN, se le califica de régimen de terror, ¿por qué?
No podría responderle. Serían quienes nos acusan los que deben decir por qué motivo creen que fuimos un grupo de personas que sólo cosas malas hizo. Debo decir que el general Lucas tenía muy buenas intensiones, como dejar el puente de Río Dulce, hospitales, y el aguinaldo del 100 por ciento.

¿Teme por su seguridad?
Desde que tengo conocimiento, siempre temí por mi seguridad, pues ninguno quiere morirse así por así.

¿Se ha comunicado con otros ex funcionarios?
Con el general Lucas, la última vez que hablé, fue precisamente el día del golpe de Estado. Con Donaldo Alvarez y Pedro García Arredondo no he tenido comunicación desde hace mucho tiempo.

El Ministerio Público lo citará de nuevo, ¿acudirá?
¡Ah, claro! Pues, ¿por qué no vamos a ir? Si hay que aclarar algo, se debe acudir.

¿Piensa usted irse del país?
No salí, no he salido ni saldré. Pienso morir en mi país porque no debo nada; muestra de ello es que después del golpe, nunca me fui.

Huellas de un general cuestionado

Durante el gobierno de Kjell Laugerud, German Chupina se destacó como oficial de Inteligencia Militar. En el régimen de Romeo Lucas fue nombrado director de la Policía Nacional, con jerarquía sobre el Comando Seis y el Cuerpo de Detectives.

El informe de Recuperación de la Memoria Histórica, Remhi, y el documento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico incluyen, entre otros, decenas de crimenes cometidos por subalternos de Chupina.

• Asesinato del líder estudiantil Oliverio Castañeda, en octubre de 1978.
• Secuestro de 32 manifestantes frente al Parque Centenario, el 1 de mayo de 1981. !8 aparecieron con señales de tortura en los días posteriores.
• Asalto a la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, con saldo de 39 muertos.
• Secuestro de 44 sindicalistas, de junio a agosto de 1980.
• Agentes policíacos participaron, de 1980 a 1982, en nueve masacres dirigidas por el Ejército, según el Remhi.
• De 1978 a 1981, 35 líderes de dos partidos de izquierda (FUR y PSD) fueron asesinados. Asimismo, unos 100 estudiantes y catedráticos de la Usac.

Meses después de esta entrevista, Chupina Barahona fue denunciado ante la Audiencia Nacional de España junto a otros miembros del ejército por Rigoberta Menchú en diciembre de 1999. En 2006 Chupina fue arrestado y presentó recursos legales para impedir su extradición, sin embargo permaneció la mayor parte hospitalizado. Fue favorecido en diciembre de 2007 por una resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que se revocó la oren de captura girada por España. 

German Chupina falleció el 17 de febrero de 2008 por enfermedad y sin enfrentar las acusaciones vertidas en su contra.

En el Archivo Histórico de la Policía Nacional (PN), ubicado en la zona 6 capitalina, no hay ni un solo documento que contenga una orden de ejecución o de desaparición forzada. Se cuidaron mucho de no ser tan específicos, pero dejaron pistas que —bien hiladas por expertos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)— podrían ayudar a dar con los culpables de los abusos cometidos durante la época de la represión en el país.

Para probar el papel contrainsurgente que la Policía desempeñó de 1975 a 1985 ha hecho falta una gran dosis de paciencia y muchos ojos críticos, atentos a cada nombre, a cada dato, por muy insignificante que pareciera, que pueda ir completando el rompecabezas de las cientos de violaciones a los derechos humanos, cometidas por los agentes de la época y comandadas por personajes como el difunto Germán Chupina Barahona, ex director de la PN, o el prófugo Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación.

Todo este rompecabezas que han ido formando los 160 trabajadores de la PDH, a cargo del rescate y análisis del archivo de la PN durante los últimos dos años, podrá servir como prueba documental, para presentar ante un tribunal, si es que las ejecuciones y 45 mil desapariciones forzadas son juzgadas algún día.

Este es el objetivo primordial por el que la Procuraduría se responsabilizó de este almacén de documentos en julio del 2005, luego de que el archivo de la PN fue hallado casualmente por una comisión del Área de Investigaciones, a cargo del historiador Edeliberto Cifuentes.

De los más de 80 millones de documentos que contiene este archivo, por ahora han sido clasificados y digitalizados cinco millones, los cuales ya han arrojado numerosas evidencias sobre las estrategias de la PN, los métodos que utilizaba para apoyar en el plan contrainsurgente, las cadenas de mando y las políticas de represión operativas.

Espías, en todos lados

Los documentos más sustanciosos son los enviados por los infiltrados y los clasificados como confidenciales. Según se ha podido constatar, la PN tenía espías en las fábricas, las iglesias, las universidades, los sindicatos y hasta en oficinas públicas. Uno de los reportes que más llamó la atención a los investigadores fue el que religiosamente enviaba todos los días un funcionario del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que tenía como única función vigilar de cerca a sus compañeros.

“Estos documentos demuestran que la Policía tenía infiltrado absolutamente todo, ¿quién se iba a imaginar que hasta en el Insivumeh?”, se sorprende Gustavo Meoño, director del Archivo.

Estas personas reportaban a las distintas unidades de la PN las conversaciones de sus compañeros, los libros que leían y con quién se relacionaban. Algunos informantes aparecen identificados con sus nombres reales.

Los informes que se consideraban relevantes eran mecanografiados en un formato estándar, en el que no figuraba ni el emisor ni el remitente, al que se le ponía un sello de confidencial y que siempre era enviado al director de la PN.

En varios de los documentos que se han rescatado aparece una anotación en el margen izquierdo del folio, de puño y letra de Chupina Barahona, en la que dice: “Al Comando 6, se investigue y proceda”. Los documentos no pueden ser reproducidos en este reportaje, porque existe una prohibición expresa de su divulgación.

El Comando 6

El temido Comando 6, dirigido durante mucho tiempo por Pedro García Arredondo, junto con la antigua División de Investigación Criminal (DIC) eran los encargados de verificar la información y, finalmente, definir qué se hacía con el “sospechoso”.

El trabajo de los investigadores de la PDH es precisamente verificar qué sucedió con estas personas. En algunos casos se ha encontrado el parte de su detención, el registro de ingreso en prisión e incluso la exhibición personal, presentada por sus familiares ante el juez, tras su desaparición.

Hasta ahí llega el registro de la PN. Pero si esta persona apareció muerta después con signos de tortura, no es difícil deducir qué significaba la orden “investigue y proceda”, aunque no lo diga explícitamente ningún documento.

También se han encontrado listas de personas que fueron detenidas durante allanamientos, en operativos especiales o en redadas de rutina. Estas aprehensiones, en apariencia legales, se convirtieron después en desapariciones forzadas, ya que no se volvió a saber de ellas.

El Archivo también ha arrojado información sobre las diferentes estrategias que se trazó el Estado, desde 1954 hasta 1985.
Aunque la PN se creó el 2 de septiembre de 1881, su papel represor no empezó hasta la caída del gobierno de Jacobo Árbenz, en 1954, y llegó a su etapa más crítica en 1975 a 1985, durante los gobiernos de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.

Entre 1954 y 1964, la estrategia del Estado era anticomunista, dirigida a impedir que volviera a organizarse un movimiento político pro comunista. Buscaba golpear en todos los ámbitos y generar temor en la ciudadanía. El papel de la Policía era fichar a gran número de población, denunciada por los comités anticomunistas, y encarcelarla.

Entre los documentos se ha encontrado una orden en la que se solicitaba la ubicación, detención y encarcelamiento preventivo de una lista de personas, para evitar que pudieran manifestarse durante la visita al país del vicepresidente estadounidense Richard Nixon, en 1955.

Los cadáveres

En los años 1960, el número de personas que aparecían muertas con signos de violencia en la metrópoli era relativamente bajo, y los datos que aparecían en los reportes policiales sobre las características de los cadáveres eran bastante específicos.
En la década de 1970, las cosas cambiaron. El número de asesinatos creció, pero en los circunstanciados policiales la causa de la muerte de cientos de jóvenes de entre 20 y 30 años quedó registrada como “paro cardiaco”.

Tras el surgimiento del movimiento guerrillero, se puede identificar con mayor claridad el desarrollo de la estrategia contrainsurgente en la PN. En ese momento, el Estado le asignó una función más específica, subordinada al Ejército.

La Policía actuaría solo en las áreas urbanas y se dedicaría a crear redes de informantes, que les permitieran desarticular cualquier movimiento intelectual, sindical o político que pudiera apoyar directa o indirectamente a la guerrilla.

La Sección de Investigaciones Internas de la DIC era la encargada de procesar gran parte de esta información. Según se ha establecido, aunque la DIC cambió de nombre varias veces durante su historia, su estructura básica nunca varió, por lo que este tipo de secciones permanecieron en el tiempo.

De hecho, según consta en los documentos, había incluso una estrategia encaminada a la permanencia en la institución de figuras clave de la represión.

A lo largo de 20 años, hubo diferentes caras visibles en el papel represivo asignado a la Policía. “Cada vez que había un escándalo alrededor de la institución, estas caras visibles se convertían en cabezas cortables, mientras las personas con verdadero poder en la institución se mantenían ocultas e inamovibles”, afirmó Meoño.

Éstas no eran estructuras clandestinas, sino que constaban dentro del organigrama, pero siempre en un segundo plano.
De 1975 a 1985, la PN estaba compuesta por un director general, un subdirector, un inspector general y seis cuerpos operativos, junto con las delegaciones departamentales.

Método de investigación

Para hacer más eficiente la investigación, la PDH seleccionó las unidades que consideró podrían haber cometido mayores excesos y que a la vez servirían de modelo para el análisis de las restantes. Asimismo, los investigadores fueron divididos en grupos, para el estudio de los documentos, y tenían como base en estas mismas unidades: Dirección General, Inspectoría Interna, Segundo Cuerpo, Jefatura de Quetzaltenango, División de Investigación Criminal, Gabinete de Identificación y Comité de Operaciones Conjuntas.

Es obvio que se le puso especial atención al Comando 6, brazo operativo del Segundo Cuerpo, que generalmente recibía órdenes del director y que operó durante todo el gobierno de Lucas García, y al Sexto Cuerpo, unidad creada durante el gobierno de Ríos Montt, para sustituir al comando.

Palabras clave

Dentro de los documentos que analizan estos equipos de trabajo, se buscan palabras clave, como desaparición, secuestro, tortura, cadáver XX o nombres de personas cuyos familiares hayan denunciado su desaparición o ejecución ante la PDH. Ya se han identificado 30 mil documentos clave, que han sido digitalizados e introducidos en una base de datos, para ir armando los casos.

Los documentos tienen un gran valor, para establecer la cadena de mando y el control que los jefes tenían sobre sus subalternos. Nada se movía en la Policía sin que las autoridades superiores lo supieran. Para mantener informado al director, cada cuerpo de la PN emitía informes de novedades, que eran resumidos en la Inspectoría.

La Inspectoría General asumía también el control interno de los agentes e imponía duros castigos a quienes no cumplían las normas. Se ha encontrado reportes de castigos de un mes de encierro, por hablar por la radio de la patrulla temas personales.
Los planes operativos eran generados principalmente por el Comité de Operaciones Conjuntas, es decir, por el grupo de tarea formado por policías y militares.

A esta unidad también llegaba mucha correspondencia confidencial de informantes. Esta es la sección que confirma la subordinación de la Policía a los militares, quienes finalmente recibían a muchos de los detenidos, para sacarles información o enviarlos a prisiones militares.

Aunque por ahora solo se ha podido analizar el 6 por ciento de los documentos que alberga el Archivo, a través de un programa estadístico que toma muestras aleatorias de todos los papeles se ha establecido que por lo menos el 15 por ciento contienen pruebas de violaciones a los derechos humanos.

Si esto es así, ¿por qué nunca destruyeron el Archivo? Según Alberto Fuentes, uno de los encargados del proyecto, lo conservaron porque “esta es la prueba de su triunfo”, pero lo que no sabían es que quizá se convierta en la de su condena.

Actualidad

• En julio de 2009 el Archivo Histórico de la Policía Nacional pasó de depender del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura y Deportes, bajo la supervisión del Archivo General de Centro América. 
• A julio de 2017 se contabilizan más de 20 millones 260 mil folios digitalizados.

Automóviles, autobuses, camiones, remolques, motocicletas y bicicletas, están hacinados en aquel lugar y destruidos, muchos de ellos por la mano del hombre y otros por efecto de los elementos.

• Policías cometen abusos

Millones de divisas que salieron del país han hallado la tumba entre montarrales, sin que de aquellos vehículos pueda obtenerse algún beneficio positivo, sino por el contrario, han sido motivo de depredación.

Amontonados

Testigos mudos de múltiples tragedias, los vehículos permanecen unos  sobre de otros, en extensiones hasta donde la vista se pierde, destruyéndose a medida que pasan los días.

Algunos policías nacionales cuidan los restos de lo que  fueron flamantes automóviles, poderosos camiones, veloces motocicletas y endebles bicicletas.

Aquel cúmulo de hierros da la impresión de un verdadero cataclismo, a pesar de que actualmente, el departamento de tránsito de la policía nacional, bajo la jefatura del teniente coronel Manuel de León López, trata de organizar en mejor forma el ingreso y la salida de vehículos del mencionado predio, especialmente para evitar que se continúe con la depredación de que han sido objeto.

Durante once años han llegado toda clase de vehículos a aquel sitio, a razón aproximada de 100 automóviles, 20 motocicletas y 30 bicicletas mensualmente.

Juicios

Algunos de tales vehículos han sido reclamados por sus dueños, inmediatamente después de finalizados los juicios correspondientes por diversas infracciones, pero muchos son los que han quedado allí, abandonados, para que el tiempo los destruya, sin haberse logrado utilidad alguna para las autoridades.

Da tristeza ver cómo cientos, miles o quizá millones de quetzales tienden a desaparecer en el predio, donde no existe ninguna protección para los vehículos que son requisados.

Aquello no es un depósito de vehículos, es un cementerio en el que millones de quetzales esperan en vano ser rescatados, a través de algún medio legal.

Una ingrata herencia

Mucho antes de que los vehículos incautados por la policía nacional, por diferentes motivos, fueran a dar al actual predio del Mariscal Zavala, habían permanecido en unos terrenos del barrio San Pedrito, en la zona 5, donde por falta de espacio, se hacía necesario dejarlos en la calle.

Desde aquel tiempo, se cometieron hechos ilícitos en los que, desafortunadamente, participaran elementos de la propia policía.

Saqueos

Todo vehículo que en suerte le correspondía permanecer durante algunos días en aquel lugar, era objeto de un verdadero saqueo y cuando el propietario se presentaba a reclamarlo, se encontraba con que aquella máquina habla sido objeto de un completo desmantelamiento.

A medida que llegaron más y más vehículos, se hizo necesario buscar un terreno ad-hoc para mantener los vehículos Incautados y fue así como se utilizó un terreno que pertenecía a la municipalidad capitalina.

• Predio de la PNC, a merced de la delincuencia

Se trasladó el depósito de vehículos del departamento de tránsito, al lugar que ahora ocupa, en 1959 y se considera que desde su propio establecimiento, aquel lugar fue motivo para que personas inescrupulosas iniciaran un negocio ilícito, al vender piezas de los vehículos que llegaban a ese lugar.

Un reciente estudio estadístico, llevado a cabo, luego de investigaciones que comprobaron la acción ilegal de algunos agentes policiacos, dio como resultado comprobar que en los últimos tiempos, aquella acción había dejado a los depredadores, una suma no menor de los Q40,000.

Dos de los responsables de estos hechos se encuentran consignados a los tribunales correspondientes, como parte de la acción depurativa que lleva a cabo la actual dirección general de la policía nacional.

Dos casos de depredación

Casos recientes como el de un camión con placas hondureñas que, debido a un accidente fue a parar a aquel lugar y cuyas llantas totalmente nuevas fueron vendidas por Q20, al que también le fue quitado el radiador y otras piezas importantes, para causar pérdidas a su propietario en cerca de Q2,000, son parte de lo que está incluido en las investigaciones realizadas.

• PNC: 19 años entre carencias y corrupción

Pero a cada paso, es fácil encontrar lo que fueron automóviles, en simples carrocerías destruidas también en parte, mientras que de las motocicletas y bicicletas, solamente quedan pequeños vestigios.

Nada cambió

En el actual predio judicial, a cargo de  la Policía Nacional Civil (PNC), hay más de mil 500 vehículos y mil 800 motocicletas. Tiene siete manzanas y está  en Bárcenas, Villa Nueva.

Ahí, cientos de vehículos también son desmantelados o quemados  para borrar evidencias. 
 
Entre los incendios están los de marzo y abril  de 2005, y los de abril y mayo de 2013, en los cuales ardieron más de 200 autos, entre estos un blindado usado para transportar dinero defraudado al Ministerio de la Defensa.

Otro ocurrió el 25 de septiembre de ese año,  el mismo día de los allanamientos para desarticular una banda trasnacional de robacarros. Esa vez, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no descartó que el incendio haya sido provocado.

Robos, a diario

El 28 de diciembre de 2013, Prense Libre publicó: El predio de vehículos consignados y en resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicado en Bárcenas, Villa Nueva, ha sido pasto de las llamas en seis ocasiones y del robo de piezas a lo largo del 2013.

En el depósito, de al menos siete manzanas de terreno, se encuentran unos mil vehículos y dos mil 500 motos, según los reportes de ingresos y egresos del 2012 a la fecha, pero la cifra podría superar los 30 mil automotores.

Agentes de la PNC asignados para la custodia del predio, ubicado en el kilómetro 22.5 ruta al Pacífico, aseguraron que los incendios del 2013 han consumido más de 590 automóviles, buses y camiones, y que en años anteriores la cifra fue similar.

Un encargado de los agentes indicó que la falta de registro general de vehículos se debe a que en un incendio del 2011 se quemó el inventario de los automotores consignados, por lo que tienen únicamente un promedio de los automotores livianos y pesados.

La historia del predio de la PNC continúa entre incendios provocados, saqueos y comercio ilegal de piezas mecánicas.

Las sanciones han sido impuestas en  2 mil 49 operativos que se han llevado a cabo a nivel nacional y los incumplimientos más recurrentes son: excesiva velocidad, usar el celular al conducir y no respetar las señales de tránsito, entre otras.

El reporte también establece que la ruta Interamericana es en donde más se registraron accidente viales en ese periodo, principalmente entre la capital y Huehuetenango. 

Dalia Santos, portavoz del Departamento de Tránsito, manifestó que los informes de las carreteras que tiene a cargo establecen que en los primeros cuatro meses del año, 261 buses extraurbanos y urbanos se han visto involucrados en accidentes viales.

“Los accidentes principalmente se han suscitado en las cabeceras de los departamentos, área metropolita, que incluye la ciudad capital”, informó la vocera.

Accidente ocurrido esta madrugada dejó un motociclista muerto en 27 calle final y 28 avenida, z 5.
Vía @bomberosmuni pic.twitter.com/ZPH8MQW6jE

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 1, 2016

Víctimas mortales

Además, Santos dijo que en ese periodo murieron 75 personas y 65 resultaron con lesiones producto de los incidentes viales.  

Recomendó a los conductores no conducir si han consumido bebidas alcohólicas, estacionarse si debe contestar el celular y a los usuario no abordar buses sobrecargados.

Accidentes más recientes

Una familia salvadoreña murió el pasado fin de semana al colisionar el picop en el que viajaban contra un autobús en el kilómetro 242.5, jurisdicción de Pajapita, San Marcos.

Las víctimas mortales son ocho, cuatro fallecieron en el lugar del accidente y otras cuatro en el Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango.

Fueron identificados como José Ignacio Marroquin, de 33 años; Cristofer Adelso Marroquin, 14; Berta Luz Argueta Mérida, 65, y Guillermo Marroquín, 11.

En el hospital murieron Hilda Reyes Argueta, 40; Lisandro Herrera Reyes,7; Guadalupe Eunice Reyes,13; y Javier Herrera, 5.

El ayudante del bus, César Adán Ramírez Escobar, 28, resultó herido y fue trasladado al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Coatepeque.

Información preliminar indica que se trata de una familia de origen salvadoreño y que tenían algunos meses de vivir en Tecún Uman, San Marcos.

Curiosos dijeron que los fallecidos viajaron a El Salvador a traer el resto de sus pertenencias.

Estuardo Ruiz, socorrista de la Cruz Roja Guatemalteca, expresó que que el picop llevaba un amueblado de sala y “transportaba a demasiadas personas”.

Debido al impacto, el vehículo de la familia quedó destruido y fue necesario utilizar equipo especial para rescatar los cuerpos.

El bus quedó a unos 75 metros del accidente, dentro de una plantaciones de palma africana.

Los magistrados de la sala tercera de la Corte de Apelaciones determinaron que Estuardo de Jesús Santana Arana, Adelso García y García, Carlos Enrique Soto y Soto, Julián González Tum, Eduardo Antonio Campos Hernández, Luis Francisco Carías Reyes, fueron responsables del asesinato y de herir a los estudiantes. Se les impuso la pena de 30 años de prisión inconmutables.

Los ex agentes Adán Cazun Valenzuela, (jefe del grupo) Tirso Salvador Hidalgo Villatoro, Francisco Amado Rivera Ramírez, Esaú Omar Delgado López, Melvin Arnoldo Aldana Guzmán, José Armando Mendoza Corado, Basilio Roel Sánchez López, Adolfo Humberto Castillo López, Germán David Cruz Rivera, Natalio Roca, Mario René Alarcón Rosil, Ezequiel Isaías Ríos Rodas, José Domingo González Rivas, Roberto Esteban Antón Pineda y Andrés Navarro, fueron condenados también a la pena máxima como autores y comisión por omisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves.

Sentencia

La sala reformó así la sentencia de 12 años 8 meses de prisión inconmutables dictada por el juez primero de primera instancia penal de sentencia, Luis Alberto Mazariegos, a los primeros 6 condenados quienes apelaron el fallo y pidiendo su absolución, mientras que el rector de la USAC, Alfonso Fuentes Soria, como acusador particular pidió aumentar la pena al estimar que la tipificacíon de homicidio hecha por Mazariegos no se apegaba al fallo. Además los reos manifestaron premeditación, dado que hay una manifestación de voluntad reiterada.

Los magistrados Mario Salvador Jiménez Barillas, presidente y los vocales Héctor Raúl Orellana Alarcón y María Eugenia Villaseñor Velarde, estimaron que era necesario aumentar en una cuarta parte la condena por el agravante especial de ser miembros de las fuerzas de seguridad.

En cuanto a dejar abierto procedimiento en contra del comandante de la Fuerza de Tarea Hunapú, coronel Otto Alfredo Aragón Menéndez, el tribunal de alzada lo estima así en vista que él “bajo juramento manifiesta que al enterarse del suceso acaecido, lo que hizo fue recoger el equipo de los reos y consignarlos lo cual es correcto en su caso, pero tal como lo asienta el juez de primer grado, en su declaración testimonial que obra a folio 1,235, de la pieza octava del proceso, indica que no los encubrió sino los consignó, pero manifiesta que ninguno de los miembros de la patrulla aceptó haber disparado”.

Y al preguntarle sobre las fotos que obran en autos de los dos grupos de la patrulla, dice que no sabe cómo entró la prensa y que es falso que dieran un paso al frente los que dispararon, contra lo cual es incongruente con las declaraciones analizadas y con las fotografías por lo que se hace necesario que esclarezca su situación jurídica porque sus actos discrepan con las declaraciones y su dicho es una apreciación subjetiva que lo hace incurrir en contradicciones.

Los estudiantes que resultaron heridos de bala el día de ese suceso son: Axel Oswaldo Morales Gaitán, Julio Felipe Sajché, Otoniel Estuardo Morán Arana, Alfonso Pérez Aldana, María Isabel Cabeiro Bruni y Otto René Pérez Figueroa.

Los hechos

El 10 de abril de 1992  se realizaban los preparativos de la Huelga de Dolores a inmediaciones del Paraninfo Universitario ubicado en la 2a. avenida y 13 calle zona 1. Un grupo de estudiantes de Ciencias Económicas que preparaban las carrozas, salieron del Paraninfo con dirección a la Avenida Elena y 13 calle a comprar cigarrillos. Cuando iban de regreso al recinto universitario se encontraron con un camión que transportaba elementos de la Policía Nacional, Guardia de Hacienda y Policía Militar Ambulante, miembros de la fuerza de tarea Hunapú.

De acuerdo con la sentencia,  los agentes trataron de secuestrarlos y quitarles las capuchas. Al oponer resistencia, fueron agredidos. Miembros del comité de orden de la Huelga se percataron y solicitaron a los agentes que liberaran a sus compañeros. Sin embargo dispararon en contra de los estudiantes matando en el instante a Julio Rigoberto Cu Quim, estudiante de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, e hiriendo de bala a otros seis estudiantes más.

El exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional, fue condenado también al pago de Q9 millones como resarcimiento a los familiares de seis de las víctimas de la quema de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, según la sentencia del Tribunal B de Mayor Riesgo.

El exjefe policial fue declarado culpable del siniestro en la sede diplomática el 19 de enero de 2015 y sentenciado a cumplir una condena de 90 años inconmutables, además de 70 años de prisión adicional por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz Calito.

La defensa había presentado al menos 20 amparos que buscaban revertir la sentencia, sin embargo este martes trascendió que la CC había evacuado el último y dejado en firme la pena impuesta a García Arredondo.