Repeju rechaza solicitud de Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo

El Repeju rechazó la petición de Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo, al considerar que el reglamento invocado no es aplicable por razones de irretroactividad.

César Pérez Marroquín

30 de marzo de 2026

|

18:20h

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El periodista Jose Rubén Zamora llega a la sede de Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Registro de Personas Jurídicas (Repeju) rechazó la solicitud del periodista Jose Rubén Zamora para cancelar la Fundación contra el Terrorismo (FCT), con el argumento de que el reglamento invocado no aplica a esa organización, ya que fue creada antes de su emisión, bajo el principio de irretroactividad.

Zamora afirmó a periodistas que la resolución desestima su petición, pese a estar sustentada en hechos y evidencia, y consideró que se basa en un juicio de valor personal y subjetivo.

El comunicador agregó que las organizaciones que transgreden sus estatutos deberían ser cerradas y expresó que espera que su solicitud sea conocida por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien, según dijo, deberá valorar la evidencia presentada.

Zamora, de 69 años y bajo arresto domiciliario, solicitó el 18 de febrero pasado la cancelación de la FCT, a la que señala de criminalizar y perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos.

La fundación actúa como querellante adhesiva junto al Ministerio Público en el proceso por supuesto lavado de dinero y otros delitos contra Zamora, quien permaneció tres años y medio en prisión antes de obtener arresto domiciliario con movilidad restringida.

“Vengo a pedir la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, que conocemos más como ‘Fundaterror’, una oenegé sujeta a reglamento”, declaró Zamora al presentar su solicitud ante el Ministerio de Gobernación.

La FCT también figura como parte acusadora en procesos contra exfiscales antimafia y líderes sociales e indígenas, muchos de ellos en el exilio, en casos impulsados por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras.

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, fue sancionado en el 2021 por Estados Unidos, que lo calificó como “corrupto” y “antidemocrático”. La Unión Europea también lo sancionó en el 2025, junto con el apoderado legal de la entidad, Raúl Falla, por su presunta participación en la persecución e intimidación de operadores de justicia y periodistas.

Zamora aseguró que la FCT opera como “un escuadrón de la muerte de reputaciones”, ya que, según dijo, las personas denunciadas pierden su presunción de inocencia por acusaciones sin fundamento.

Por su parte, Méndez Ruiz publicó este lunes 30 de marzo un video en redes sociales en el que respaldó la resolución y expresó que espera que el ministro de Gobernación actúe en la misma línea y rechace la solicitud, al considerar que carece de base jurídica.

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Jose Rubén Zamora pide anular personería jurídica de la Fundación contra el Terrorismo

Jose Rubén Zamora pidió la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, a la que acusa de perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos.

AGENCIA AFP y César Pérez Marroquín

18 de febrero de 2026 | 18:15h

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El periodista Jose Rubén Zamora, bajo arresto domiciliario, solicitó el miércoles 18 de febrero el cierre de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a la que acusa de criminalizar y perseguir a colegas y defensores de derechos humanos.

La FCT actúa como querellante adhesiva junto a la Fiscalía en el proceso por supuesto lavado de dinero y otros delitos contra Zamora, a quien un juez otorgó arresto domiciliario con movilidad restringida, tras haber pasado tres años y medio en prisión.

“Vengo a pedir la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, que conocemos más como ‘Fundaterror’, una oenegé sujeta a reglamento”, declaró Zamora al presentar su solicitud de anulación de la personería jurídica de la FCT ante el Ministerio de Gobernación.

La fundación también figura como parte acusadora en procesos abiertos contra exfiscales antimafia y líderes sociales e indígenas —muchos de ellos exiliados— impulsados por la Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras.

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, fue sancionado en el 2021 por Estados Unidos, que lo calificó como “corrupto” y “antidemocrático”, los mismos señalamientos que ese país hizo ese año contra Porras.

Zamora, de 69 años, afirmó que la FCT opera como “un escuadrón de la muerte de reputaciones”, ya que a los denunciados “les aniquilan su presunción de inocencia” mediante acusaciones sin fundamento.

La Unión Europea también sancionó en el 2025 a Méndez Ruiz y al apoderado legal de la fundación, Raúl Falla, por considerar que participan en la persecución e intimidación de periodistas, abogados, jueces y fiscales.

Anuncian defensa

Tras la acción de Zamora, Méndez Ruiz publicó un video en sus redes sociales en el que advirtió que se defenderán de ese “pequeño escollo”, en alusión a la solicitud del periodista.

“El día de hoy, José Rubén Zamora Marroquín se dirigió al Registro de Personas Jurídicas para solicitar la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo. Recordemos que el artículo 28 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de petición, es decir, cualquiera puede ir a cualquier entidad estatal a solicitar lo que se le dé la gana. Y eso fue lo que Zamora Marroquín hizo el día de hoy”, declaró Méndez Ruiz.

Agregó: “El Registro tendrá que analizar su solicitud y resolver en cuanto a derecho corresponde. Eso sí, nosotros, por supuesto, nos vamos a defender”.

Zamora fue arrestado el 29 de julio del 2022, tras publicar en el extinto diario elPeriódico casos de corrupción que involucraban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, en el cargo desde el 2018 y cuyo mandato finaliza en mayo.

La Fiscalía apeló la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al comunicador.

Nuestra respuesta al cínico
José Rubén Zamora, ante su solicitud de cancelación de la Fundación Contra el Terrorismo. pic.twitter.com/5KaFgyhG8c

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) February 18, 2026

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El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este viernes 9 de enero renovar otro año, hasta el 13 de enero de 2027, las medidas restrictivas selectivas contra los responsables de acciones que “socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.

Actualmente, estas medidas se aplican a ocho personas y una entidad, que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.

Las primeras medidas de la UE contra Guatemala fueron impuestas en febrero de 2024, cuando la UE sancionó a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, por sus supuestos intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero del mismo año.

Las sanciones afectaban también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávil, informó el Consejo de la UE en un comunicado.

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Por otra parte, en junio pasado el Consejo incluyó en la lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle “por acciones que menoscaban el Estado de Derecho en Guatemala, consistentes en la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales”.

El Consejo precisó que las medidas se aplican “estrictamente a quienes son responsables, participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.

Para leer más: Unión Europea renueva sanciones contra Fredy Orellana, Consuelo Porras y otros tres funcionarios del MP

Y recordó la “larga colaboración” entre la UE y Guatemala y su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país, como demostró, dijo, el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, así como la postura de la UE en defensa de los resultados electorales y su apoyo a la buena gobernanza.

El Consejo indicó que la UE “seguirá trabajando con el gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos”.

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Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en favor del gobierno elegido democráticamente, la UE estableció un régimen de medidas restrictivas con respecto a Guatemala el 12 de enero de 2024.

Recordó que la UE movilizó una Misión Ad Hoc para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres importantes instituciones (el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General de la República), que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la democracia en el país.

Ministerio Público responde

Se le consultó al Ministerio Público y respondió: “tales sanciones impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico, no tienen efectos legales en el ordenamiento guatemalteco y no inciden en modo alguno en la labor investigativa que esta institución desarrolla en cumplimiento de su mandato constitucional”.

“El MP es un ente autónomo e independiente, sujeto únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, a su Ley Orgánica y al control jurisdiccional de los tribunales de justicia. En consecuencia, no está subordinado ni sujeto a la supervisión de ningún ente internacional, ni sus funciones pueden ser condicionadas por decisiones ajenas al sistema jurídico nacional”, remarcó.

Agregó: “resulta lamentable el desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco que evidencian este tipo de medidas, así como el uso de mecanismos externos para desacreditar el ejercicio legítimo de la acción penal. Más grave aún es que dichas acciones vulneran los derechos humanos de fiscales y personal del Ministerio Público, quienes han sido objeto de presiones, amenazas y señalamientos por el solo hecho de cumplir con su deber constitucional de investigar hechos denunciados”.

Según el MP, “estas acciones revelan un interés evidente en obstaculizar las investigaciones, desacreditar a la institución y procurar impunidad en favor de determinados actores, con el único fin que la verdad sea conocida y sometida al escrutinio de los tribunales de justicia”.

“El Ministerio Público reitera que investigar no es criminalizar y que su actuación se rige por los principios de legalidad, objetividad, debido proceso y respeto a los derechos humanos. Todas las investigaciones cuentan con respaldo jurídico y están sometidas al control de jueces y tribunales competentes”, afirmó.

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Embajador de la UE y presidente de fundación intercambian señalamientos por sanciones contra tres guatemaltecos

Diplomático señala amenazas y Ricardo Méndez Ruiz le responde con que se vea en el “espejo de Iván Velásquez”.

la Redacción

21 de junio de 2025

|

18:35h

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Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, y Thomas Peyker, embajador de la UE en Guatemala. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Las sanciones por parte de la Unión Europea (UE) contra tres guatemaltecos y una fundación continúan dando de qué hablar, pues un embajador y el presidente de la entidad señalada intercambiaron acusaciones en la red social X.

Primero, el embajador de la UE en Guatemala, Thomas Peyker, compartió un mensaje de la Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (Ricigt) publicado el 19 de junio último que dice: “Hoy la Unión Europea explicó por qué sancionó a Jimi Bremer, Ricardo Méndez-Ruiz, Raúl Falla y la #Fundaterror: meses de análisis, pruebas y unanimidad de los 27 Estados miembros”.

“Los acusa de socavar la democracia, intimidar autoridades y perseguir a la prensa y la justicia en Guatemala”, agrega Ricig.

El embajador, para acompañar dicho mensaje, publicó la frase: “¡La lista sigue abierta!”.

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Méndez Ruiz, uno de los sancionados, y presidente de la Fundación contra el Terrorismo, también sancionada por la UE, respondió al embajador al día siguiente: “Una amenaza indirecta contra jueces, fiscales y personas de derecha. Aquí le va una amenaza directa, @TPeyker pedazo de imbécil: recuerde que la inmunidad es para el cargo, no para la persona. Véase en el espejo de Iván Velásquez, ahora con orden de aprehensión internacional”.

A eso, el embajador contestó: “Una amenaza directa y pública contra el estado de Derecho y contra mi persona. Aún más evidencias de la justificación de las sanciones personales contra usted”.

Después, el presidente de la mencionada fundación prosiguió: “Así es; directo y público, como todo lo que yo hago, y no como lo que usted hizo: a nuestras espaldas, sin darnos la oportunidad de defendernos, contraviniendo de cabo a rabo el concepto mismo de estado de Derecho. Usted no es un diplomático, solo es un vulgar activista”.

“Usted jamás me va a intimidar. No tengo ningún miedo de usted, un sancionado en todo Europa y en los EE. UU.”, respondió Peyker.

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El intercambio, por ahora, terminó con Méndez Ruiz, quien publicó en la misma red social: “Al contrario, usted no intimida a nadie con sus sanciones tan ridículas e ilegales como las de su amigo Todd Robinson. Esas estupideces solo nos impulsan a seguir con más fuerza nuestra lucha, porque nos indican que estamos haciendo lo correcto”.

UE impone sanciones contra tres guatemaltecos y una fundación por “socavar la democracia”

La Unión Europea impone medidas restrictivas contra tres personas y una entidad en Guatemala por “socavar la democracia”.  

Óscar García y Elmer Vargas

12 de junio de 2025

|

09:20h

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En Guatemala ha habido manifestaciones contra la corrupción y para que se respete la democracia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Consejo de la Unión Europea (UE) informó este jueves 12 de junio que decidió imponer medidas restrictivas contra tres personas y una entidad “relacionadas con acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”.

Afirmó que el Consejo “sigue profundamente preocupado por las acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, incluyendo la persistente instrumentalización del sistema de justicia”.  

“El Consejo está especialmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno democráticamente electo del presidente Arévalo y el uso indebido de medidas legales y procesales contra funcionarios electos, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes”, afirmó.

Indicó que, por ello, el Consejo ha incluido en su lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle “por acciones que atentan contra el Estado de derecho en Guatemala, consistentes en persecución e intimidación a representantes de los medios de comunicación, a abogados, jueces y fiscales”.

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“FCT y sus miembros atacados han iniciado una multitud de investigaciones criminales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno, y han intimidado a la sociedad civil y al poder judicial”, afirmó la UE.

Además, el Consejo ha impuesto medidas restrictivas al juez de Primera Instancia Penal del Juzgado Décimo de Primera Instancia de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, “por acciones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, como la persecución e intimidación a los representantes de los medios de comunicación, y a los abogados y fiscales en Guatemala”

Según la información, las medidas restrictivas de la UE se aplican ahora a ocho personas y una entidad en Guatemala.

 Qué implican las medidas restrictivas

Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición. Además, las personas físicas están sujetas a una prohibición de viaje, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

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“Estas sanciones selectivas están diseñadas precisamente para exigir responsabilidades y afectan únicamente a quienes participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. No constituyen, en ningún caso, sanciones contra Guatemala, su población ni su economía”, explicó el Consejo.

“La UE y Guatemala mantienen una larga colaboración y la UE mantiene su compromiso de apoyar la democracia en el país. La Misión de Observación Electoral de la UE de 2023, la clara postura de la UE en defensa de los resultados electorales, su apoyo a la buena gobernanza y las sanciones específicas mencionadas forman parte de este esfuerzo”, destacó.

Afirmó: “la UE seguirá trabajando con el Gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos.

Explicó que para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco respecto del gobierno elegido democráticamente, la UE adoptó el 12 de enero de 2024 un marco específico para medidas restrictivas respecto de Guatemala, a fin de exigir responsabilidades a quienes socaven la democracia, el Estado de derecho u obstruyan una transición democrática tras las elecciones generales de 2023, que dieron como resultado una clara victoria del presidente Bernardo Arévalo, como lo atestiguó la Misión de Observación Electoral.

Motivos de inclusión en la lista

Según la UE, “la FCT participa en una campaña de enjuiciamientos penales por motivos políticos dirigida por la FiscalíaGeneral de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han participado en la denuncia de la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el Gobierno de Guatemala, elegido democráticamente, en particular el presidente Bernardo Arévalo”.  

“La FCT ha incoado multitud de investigaciones judiciales contra distintos intervinientes en el sistema judicial, periodistas y representantes del Gobierno mediante la presentación de denuncias penales y la intervención como tercera parte demandante en causas penales que no respetan los derechos fundamentales de los demandados”, afirmó la UE.  

“A través de dichas actuaciones, la FCT participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios, abogados, jueces y fiscales”, aseguró.

Para leer más: Unión Europea renueva sanciones contra Fredy Orellana, Consuelo Porras y otros tres funcionarios del MP

De acuerdo con la UE, a través de dichas actuaciones, Raúl Falla Ovalle participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios, abogados, jueces y fiscales.

Afirmó la UE que Ricardo Méndez Ruiz Valdés también participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales.

Motivo de sanción contra juez

A decir de la UE, el juez Jimi Bremer Ramírez “ha emitido órdenes de arresto y ha autorizado investigaciones basadas en acusaciones falsas, y además ha suspendido las vistas de dichos procesos, limitando así el derecho de los demandados a una audiencia pública, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo”

“Como juez supervisor, Jimi Bremer Ramírez autorizó en febrero de 2023 la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que depende del Ministerio Público, de investigar a varios periodistas de los periódicos El Periódico y Prensa Comunitaria, a raíz de su cobertura de la corrupción de alto nivel en Guatemala”, remarcó la UE.  

También, “suspendió y retrasó las vistas del fundador de El Periódico, Jose Rubén Zamora, en al menos seis ocasiones en una de las causas penales contra él. Además, Jimi Bremer Ramírez dilató los procesos en las causas penales contra los antiguos fiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, y contra la abogada de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Claudia González Orellana”.

“A través de dichas actuaciones, Jimi Bremer Ramírez participa en acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, entre las que se encuentran la persecución y la intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados y fiscales de dicho país, y apoya esas acciones”.

Otros sancionados en Guatemala

El 2 de febrero de 2024, la UE sancionó a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero de ese año y por socavar la democracia.

Las sanciones también afectan a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); a la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Según la Unión Europea, se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Se señaló que el Consejo de la UE sancionó a las cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

Ricardo Méndez Ruiz se pronuncia

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, en su cuenta en la red social X se pronunció por las sanciones que le impuso la UE. “¡Una medalla más!”, escribió.

¡Una medalla más! pic.twitter.com/VEHjb8ba35

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) June 12, 2025

En declaraciones a la prensa, Raúl Amílcar Falla Ovalle, representante legal de la FCT, manifestó que aceptan las sanciones y es una condecoración más para ellos y que seguirán con más “empeño” en denunciar hechos de corrupción y “perseguir” a aquellos fiscales y funcionarios públicos que quebranten la ley.

“Sentimos una enorme satisfacción por eso, es otra condecoración que nos colocan, la primera fue la de la lista Engel. Lo están haciendo diplomáticos que son parte de esa Europa, que son parte del motivo por el cual Europa se está arruinando, por el cual Europa cada vez es menos cristiana y más musulmana”, afirmó Méndez Ruiz también en declaraciones a la prensa.

Dijo que el objetivo de la UE es “presionar a jueces” para que resuelvan de determinada manera.

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Fundación contra el Terrorismo denuncia a ministro Jiménez por destitución de agentes en caso Masaya

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, es señalado de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia.

Ana Lucía Ola

1 de febrero de 2025

|

15:00h

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El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, es señalado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Fundación contra el Terrorismo (FCT) denunció ante el Ministerio Público al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por remover de su puesto a agentes de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) que capturaron al abogado Eduardo Masaya, candidato a secretario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Se le señala de cometer los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia, según la denuncia electrónica presentada por Ricardo Rafael Méndez Ruiz en calidad de presidente del consejo directivo de la FCT.

“Es punible que un ministro de Gobernación impida el cumplimento de una orden judicial o de un acto de investigación solicitado por el Ministerio Público”, dice la denuncia.

Agrega que con su actuar incumplió con las funciones propias de su cargo como dar apoyo y obediencia a las órdenes judiciales “sin calificar si las mismas se deben o no cumplir”.

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Además de que dio “una orden ilegal” a los agentes de la PNC, y destituyó a los que “de forma legítima” ejecutaron la orden judicial.

La denuncia también es contra el director general de la PNC y cualquier agente de la ley que se niegue o impida cumplir una orden judicial o actos de investigación del MP. En estos casos se solicita su aprehensión inmediata, ya que no gozan del derecho de antejuicio.

#URGENTE
La FCT presentó denuncia contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por su responsabilidad en graves delitos.
Estamos en la disposición de auxiliar en el área legal, sin costo alguno, a los agentes de la PNC víctimas de los abusos de Jiménez en este caso. pic.twitter.com/uF2VyqqROr

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) January 31, 2025

Antecedentes

El pasado 29 de enero fue capturado el abogado Eduardo Gabriel Masaya Juárez, integrante de la Planilla 10 que compite por la presidencia del CANG, por supuestamente estar implicado en el caso Corrupción Semilla.

La detención fue calificada por Masaya como persecución política. El abogado fue ligado a proceso por los delitos de falsedad ideológica.

Al día siguiente, de que los agentes realizaron la captura fueron removidos de sus puestos, pues de acuerdo con Jiménez no actuaron conforme lo establecido.

“En el marco de las acciones ordenadas por el Juez Fredy Orellana dentro del caso de Eduardo Masaya se ha encontrado que los agentes de DEIC realizaron acciones fuera del procedimiento policial”, publicó el ministro de Gobernación en sus redes sociales.

“Por este caso los agentes han sido removidos de sus puestos y he ordenado al director de la PNC que instruya a la Inspectoría General que realice una investigación exhaustiva e inmediata. Del resultado de esta investigación se deducirán las responsabilidades administrativas o penales”, agregó el ministro.

En el marco de las acciones ordenadas por el Juez Fredy Orellana dentro del caso de Eduardo Masaya se ha encontrado que los agentes de DEIC realizaron acciones fuera del procedimiento policial.

Por este caso los agentes han sido removidos de sus puestos y he ordenado al Director…

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) January 31, 2025

Fundación contra el Terrorismo presenta dos acciones legales contra Bernardo Arévalo

La Fundación contra el Terrorismo señala al presidente Bernardo Arévalo de cometer tres delitos, entre ellos, abuso de autoridad.

Ana Lucía Ola

4 de agosto de 2024

|

18:34h

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La Fundación contra el Terrorismo presenta dos acciones legales con el presidente Bernardo Arévalo De León. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, informó este domingo 4 de agosto que interpuso una denuncia contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo De León, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, por pretender beneficiar a sus financistas de campaña.

La acción es consecuencia del “supuesto mecanismo de pago” que la arquitecta Jazmín De la Vega, exministra de Comunicaciones, se negó llevar a cabo y cancelar deuda de arrastre a un grupo de constructores a los que Arévalo De León buscaba favorecer. Ella se reusó a seguir esa solicitud por lo que fue destituida, dice Mendez Ruiz por medio de un video colgado en la red social X.

Como parte de las pruebas que se presentaron al Ministerio Público (MP), el presidente de la Fundación contra el Terrorismo menciona la entrega de cinco hojas con los nombres de proveedores y con la firma de Arévalo De León, en su calidad de Presidente de Guatemala.

Con estos documentos, asegura, se pretendía que De la Vega “de manera ilegal” efectuara el pago a los proveedores con los que el mandatario “tenía una deuda política”, pues estos habrían financiado su campaña política durante la segunda vuelta electoral del 20 de agosto del 2023.

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En el video, Méndez Ruiz hace un llamado a la Fiscal General de la Nación, Consuelo Porras, para que dé tramite a la denuncia con celeridad, a fin de que Arevalo De León responda ante la Justicia por los tres delitos señalados.

#URGENTE
Fue presentada una nueva solicitud de antejuicio contra Bernardo Arévalo por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución y tráfico de influencias, por pretender beneficiar a sus financistas de campaña. pic.twitter.com/Ugdni7sSIF

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) August 4, 2024

Acción de amparo

Por otro lado, el sábado trascendió que la Fundación Contra el Terrorismo interpuso una acción de Amparo a favor del MP y de la Corte de Constitucionalidad (CC), y en contra de Arévalo De León; del ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos; del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y del Director de la Policía Nacional Civil, Henry David Sáenz Ramos.

Según el documento, dicha acción legal fue presentada ante “la amenaza real e inminente” de que Arévalo De León “viole la separación de funciones de los organismos del Estado y la independencia de los mismos, así como la defensa del orden constitucional y la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad y la autonomía funcional del Ministerio Público”.  

Esto “mediante el uso abusivo y arbitrario de la fuerza pública, alzándose en armas o impartiendo órdenes ilegales para que mediante cualquier otro medio violento atente contra el sistema Republicano, Democrático o Representativo de la República de Guatemala”.

Las acciones presentadas por Mendez Ruiz se dan luego de días convulsos entre el Ejecutivo y el MP.  

Mientras que el Gobierno criticó acciones del MP relacionadas con el supuesto secuestro del Padrón Electoral, la fiscal general, María Consuelo Porras, presentó la debida ejecutoria en la CC, para que se cumpla con un amparo provisional que fue otorgado el pasado 8 de mayo a favor de la fiscalía, en el que se ordena que el Ejecutivo evite acciones “que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público”.

Además de pedir que cuatro funcionarios sean separados de sus cargos y que se investigue al presidente Bernardo Arévalo.

Mientras que el Ejecutivo respondió con una solicitud de antejuicio en contra de Porras, y ante la CC, una solicitud para revocar el amparo otorgado de manera privisional a la jefa del MP.

Por las acciones presentadas por Mendez Ruiz este fin de semana se solicitó a la Presidencia un pronunciamiento al respecto, pero no ha respondido.

No es la primera solicitud de amparo que colocan contra Arévalo De León, pues en mayo pasado Miguel Estuardo Barrios Martínez, oficial con el grado de coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, presentó una acción en la CC al considerar ilegalidades en posibles ascensos en el Ejército de Guatemala.

#URGENTE
La Fundación Contra el Terrorismo interpuso acción de Amparo, a favor del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, ante un inminente rompimiento del orden constitucional por parte de Bernardo Arévalo en complicidad con los ministros de Defensa y Gobernación. pic.twitter.com/xChv7zvwaZ

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) August 4, 2024

Señalamientos de MP y Gobierno

Las acciones contra el presidente Arévalo se dan en un contexto de enfrentamientos y señalamientos que el Ministerio Público ha tenido con funcionarios del Gobierno de la República.

Arévalo y funcionarios han señalado a la fiscal Porras de no investigar casos de corrupción que han denunciado.

Aparte, la fiscal Porras y personal a su cargo ha señalado a funcionarios de Arévalo de haber incurrido en delitos al haber brindado información sobre el caso Corrupción Semilla, por el cual se efectuaron diligencias en el Tribunal Supremo Electoral.

Los señalamientos también alcanzaron a la presidenta electoral, Blanca Alfaro, quien también ha participado en la polémica que se vive en el ámbito político nacional.

El documento que presentó el juez Gálvez, también solicita a la CSJ que se pronuncie por las acciones que se han tomado en su contra en el ejercicio de su función jurisdiccional por enviar a juicio a nueve implicados en el caso mencionado.

Hasta el momento el Organismo Judicial solo ha recibido la petición de Gálvez, la cual ingresó la mañana del 17 de mayo a Secretaría de la CSJ, pero los  magistrados primero deben conocer el documento y luego del análisis emitir un pronunciamiento.

El juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El pasado 9 de mayo, el juez Gálvez denunció que luego que el viernes 6 de mayo envió a juicio a implicados en el Diario Militar, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llegó a la oficina del juez Gálvez a expresarle su apoyo y el juzgador mencionó que Guatemala vive momentos difíciles y que la situación está bastante sensible, pero que ya se animaran a amenazar a un juez después de una resolución era más preocupante.

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez.

Ese día Gálvez dijo que haría del conocimiento de la CSJ las amenazas en redes.

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El 12 de mayo pasado, en una publicación de Prensa Libre, el juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.

Qué amenazas son y de dónde vienen

Consultado el procurador Jordán Rodas, el pasado 9 de mayo, sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana.

Apoyo al juez

El 10 de mayo, pasado la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Dicha asociación también manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el estado de Derecho.

El 17 de mayo pasado, varias organizaciones internacionales solicitaron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que tome medidas de protección para el juez Gálvez.

En la cuenta de Twitter de Due Procces of Law Foundation (DPLF), o Fundación para el Debido Proceso, se publicó un comunicado en donde ellos y las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York y Washington D. C., pedían dichas medidas de protección.

Ese día, también varias organizaciones civiles de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraban su respaldo al juez Gálvez e invitaban a una marcha el próximo 20 de mayo a las 10 horas frente al Ministerio Público.

Los representantes de las organizaciones informaron que el “Pacto de Corruptos”, ha cooptado la totalidad de instituciones del Estado y ha emprendido una campaña de criminalización hacia el juez Gálvez y más de 20 operadores de justicia en Guatemala, que han sido encarcelados, procesados o están en el exilio.

El juez Gálvez recibió este 9 de mayo la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dijo que las amenazas de procesarlo comenzaron luego de decidir enviar a juicio a los involucrados en el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte.  

El juez Gálvez dijo sentirse muy satisfecho por la presencia de Rodas en el juzgado y afirmó que son momentos difíciles y que la situación en Guatemala está bastante sensible, pero que ya se animen a amenazar a un juez después de una resolución es más preocupante. 

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez. 

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Señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se le está haciendo. 

“Una amenaza directa que conlleva en determinado momento y a participación de otras de otras instituciones como el Ministerio Público”, comentó Gálvez.  

Dijo que en las amenazas indican que ahora le toca a él y eso podría decir e la persona que las está efectuando ya hecho cosas similares en el pasado.  

Gálvez agradeció a Rodas y le reiteró que las resoluciones se han dictado apegadas a derecho y después de un análisis, de un estudio para garantizar la legítima defensa.   

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Expresa su solidaridad 

Jordán Rodas, acudió al juzgado de Gálvez para manifestarle su solidaridad por las amenazas que ha recibido luego de su resolución en el caso Diario Militar.  

Recordó que el juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que era necesario actualizar a los organismos lo que está pasando en el país. 

“La justicia es un derecho humano y se tiene que tener una justicia independiente. Los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman tribunales, las salas de apelaciones, los propios magistrados de la Suprema todos son independientes y no pueden estar siendo sujeto de intimidación y amenazas y eso es preocupante. 

Dijo que es importante recordar que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que una resolución no está apegada a derecho tiene los recursos legales para impugnar, pero que no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia.  

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El @PDHgt @JordanRodas realiza visita a Juez @Miguelgalvezag ante actitudes intimidatorias y amenazantes después de fallo en #CasoDiarioMilitar pic.twitter.com/OnB4Frn1kG

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 9, 2022

 Qué amenazas son y de dónde vienen 

Consultado el procurador Jordán Rodas sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.  

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana. 

Hernández fue noticia en abril del 2020, cuando fue encontrada en una vivienda de Sumpango Sacatepéquez, en donde se suponía estaba el exdiputado Estuardo Galdámez, en ese tiempo prófugo de la justicia por varios hechos de corrupción.  

Méndez Ruiz publicó hace unos días, en su cuenta de Twitter, una foto blanco y negro del juez Gálvez en la que decía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo haría pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura.  

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“Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”, citaba en mensaje.  

La foto de Gálvez tenía su nombre y el texto “se busca por prevaricador”. 

Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista.
Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán.
Empeño mi palabra en eso. pic.twitter.com/by86uiB0Mz

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 8, 2022

Es el turno de Miguel Ángel Gálvez.
La @FCTGuatemala se hace cargo. pic.twitter.com/L37qxj0LO7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 7, 2022

Este 9 de mayo, luego del encuentro entre Gálvez y Rodas, Méndez Ruiz publicó otro mensaje con el siguiente texto “Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto. Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso”, y abajo el video el encuentro entre Rodas y Gálvez.  

Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto.
Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso. https://t.co/lqIjGhLxa7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 9, 2022

Hernández, por su parte ha publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes y fotografía en alusión al juez Gálvez.  

“Ni perdón ni olvido. Víctimas de la prisión provisional, cuyo diseñador es el delincuente terrorista judicial Miguel Ángel Gálvez”, acompañada de una fotografía con imputados que murieron cuando eran procesados.  

También hace mención, en otros mensajes, que la prisión provisional debería ser considerada un delito de lesa humanidad y las acompaña con una etiqueta en la que pide cárcel para el juez Gálvez.  

El Diario Militar 

El pasado 6 de mayo, el juez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país. 

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas. 

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa. 

El juez Gálvez explicó ese día que la resolución es con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), y porque “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público. 

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1982 y 1986. 

Los señalados son Ricardo Méndez Ruiz, director de esa fundación, y Raúl Falla, abogado de esa entidad, quienes son sindicados de agredir verbalmente a las dos procesadas e intentar agredirlas físicamente el viernes pasado durante una audiencia.

Las dos señaladas, mediante un comunicado, expresaron que durante años, la FCT ha desarrollado campañas y ataques en medios y redes sociales para intimidar a personas con demostrada independencia dentro del sistema de justicia y en la sociedad civil.

Agregan que este tipo de esfuerzos tienen como objetivo “amedrentar, infundir temor, minar la reputación y últimamente silenciar a quienes hemos enfrentado las redes criminales y de poder en el país”.

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Explica que la campaña se ha ensañado contra las mujeres, en particular, “utilizando prejuicios y acciones misóginas para atacar a las juezas, magistradas, fiscales y abogadas que hemos contribuido al proceso anticorrupción”.

“Esta semana, denunciamos que los representantes de este grupo radical pasaron de los ataques virtuales a la confrontación directa contra nosotras. En un tribunal, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla insultaron a las firmantes y amenazaron con el uso de la fuerza. Estamos convencidas de que las mujeres y las niñas violentadas a través de redes sociales debemos exigir que se investiguen este tipo de hechos porque tenemos derecho de una vida libre de violencia de cualquier tipo”, se lee en el comunicado.

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Recordaron que el sistema judicial debe garantizar que no sean doblemente agredidas las mujeres que están siendo limitadas en su libertad y mientras se dilucida su situación.

“A ambos les reiteramos que no nos intimidan. Pero elevamos la voz porque este tipo de violencia misógina y machista no puede seguir siendo utilizada para preservar la impunidad y garantizar que la corrupción de siempre continúe imperando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y reiteramos al sistema de justicia la exigencia de garantizar la integridad de ambas”, concluye el comunicado, firmado este 21 de febrero de 2022, por Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, a través de su abogada Flor de María Gálvez).

El viernes 18 de febrero pasado, Santizo y Sosa denunciaron que Méndez Ruiz y Falla. Ambos abogados fueron incluidos en un listado de Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 1 de julio de 2021, sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala.

Hoy la defensa de Leily y Siomara presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla quienes agredieron de forma verbal e intentaron agredir físicamente a Leily y Siomara el viernes en la audiencia. ¡La misoginia no puede quedar impune! pic.twitter.com/0yEQBwnEkp

— #JusticiaYa (@justiciayagt) February 21, 2022

Postura de la Fundación contra el Terrorismo

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Prensa Libre y Guatevisión que: “si bien soy enérgico y duro en mi forma de pensar, no soy un patán, ni soy un maleducado, ni soy una persona que levante una mano contra una mujer, eso no lo he hecho y no lo voy a hacer jamás”.

En cuanto a la denuncia que presentaron en su contra y en contra de Raúl Falla, Méndez Ruiz, afirmó que esta es una estrategia que lo que realmente busca es separar a la Fundación contra el Terrorismo del caso.

“Hay una continuación de audiencia prevista para para esta semana, para el día viernes, si no mal recuerdo, a las 8 de la mañana, siempre por el caso Cooptación y Corrupción Judicial y lo que ellas buscan es que se otorgue una medida de restricción para que nosotros no nos podamos acercarnos a ellas, entonces lo que lograrían con eso es que nosotros no podamos asistir a esa a esa audiencia del viernes”, señaló Méndez Ruiz.

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Ricardo Méndez Ruiz, añadió que según las abogadas de las procesadas tienen fácil su denuncia, porque cayó en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, que está a cargo del fiscal Carlos de León, que según Méndez Ruiz, es gran amigo del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

También dijo que tienen en su poder un audio en el que consta el cruce de palabras entre Eva Sosa y ellos, y explicó que Sosa dio amplias declaraciones ante la prensa, pero no mencionó nada del incidente que había habido antes de la audiencia.

Él reconoce que él estaba sentado en una esquina de la sala, cuando Sosa se le acerca a unos 20 centímetros y le gritó, porque estaba descontrolada tras un incidente que tuvo él con con el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que no ejerciera presión al juez, y cuando ella se vio sin esa presión, se vieron desesperadas.

Dijo que luego de hablar con Rodas, se sentó en su silla y Eva Sosa le gritó algo que no recuerda y él respondió fue “licenciada usted no solo está presa por los graves delitos que cometió, usted está presa por soberbia”, y eso fue todo lo que pasó.

Este es el audio al que se refiere Ricardo Méndez Ruiz.

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La denuncia

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expresó que el pasado domingo 20 de febrero se enteraron que las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor Gálvez y Claudia González se habían reunido en un restaurante de la zona 10 de la capital con un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un miembro de la comunidad internacional en la que estaban planeando presentar este lunes una denuncia contra él y Ricardo Méndez Ruiz.

La denuncia buscaba obtener medidas de seguridad para que no pudieran acercarse a ellas y de esa cuenta no se presentaran a la audiencia señalada para finales de esta semana.

“Si nosotros no vamos, que somos los querellantes adhesivos, el caso podría perder solidez en contra de ellas y de esa cuenta se podrían, en determinado momento, beneficiar al no estar el querellante adhesivo que son los que presentamos la denuncia, conocemos a cabalidad los hechos, porque somos afectados por esta resolución de conexión”.

Denunciaron a las procesadas

Falla añadió que por eso presentaron una denuncia pues claramente descubrieron un plan de concertación por parte de ellos que pretende obstaculizar el caso que está juzgando el juzgado tercero, donde están detenidas. Además, que ellas ya están detenidas por obstaculizar el caso Odebrecht.

Añade que las detenidas están desnaturalizando la Ley de Femicidio o violencia contra la mujer para poderla utilizar como herramienta de persecución y criminalización en contra los representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

@FCTGuatemala presentó denuncia en contra de una ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA integrada por: Leidy Santizo, Eva Sosa, Claudia González, Flor Gálvez, por los delitos de obstrucción a la justicia, denuncia falsa, simulación de delito, asociación ilícita y conspiración. Justicia!! pic.twitter.com/Cvs69EZjAw

— Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) February 21, 2022

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Señaló que las procesadas buscan victimizarse y buscan una medida que las proteja y les impida acercarse al juzgado, lo cual pues de un punto de vista no puede ser legal y técnico porque los juzgados son dependencias públicas.

Según Falla, si de alguna manera les notifican las medidas de seguridad, ellos ya tienen preparado también un memorial para presentarlo al órgano jurisdiccional y haciendo ver artículo 82 del Código Procesal Penal, último párrafo, tendría que suspenderse la audiencia hasta que esto se discutiera.

“No sé si en la estrategia las abogadas analizaron a fondo porque nosotros ya tenemos listo nuestro escrito, nuestros argumentos, porque no puede darse una audiencia de primera declaración si se está excluyendo al querellante adhesivo”, expresó.

Falla puntualizó que la Fundación contra el Terrorismo no tiene otro representante legal y si no puede participar en la audiencia, obligadamente debe haber una suspensión del proceso hasta que se resuelvan las medidas de seguridad.

Santizo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 10 de febrero por un caso bajo reserva, aseguró a periodistas que las agresiones verbales e intento de agresiones físicas fueron obra de los abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, los dos sancionados en 2021 por EE. UU.

“El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y si no es por los policías del Sistema Penitenciario no sé hasta donde hubiera llegado el señor Méndez Ruiz”, dijo la abogada en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde tuvo lugar el altercado según mencionó.

“No solo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, añadió la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 empleó una histórica batalla contra la corrupción en el país centroamericano.

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Santizo enfatizó ante los micrófonos de los medios de comunicación que es “necesario que se conozca” la situación que está viviendo en prisión preventiva.

Un caso “bajo reserva”

La abogada fue detenida junto a otra fiscal extrabajadora de la Cicig, Eva Sosa, por un caso que se encuentra bajo reserva y del que el Ministerio Público no ha brindado mayores detalles.

Tanto Santizo como Sosa han indicado que sus detenciones obedecen a una “persecución” judicial por su labor como fiscales anticorrupción en la Cicig y el Ministerio Público, donde imputaron entre 2014 y 2019 a más de 200 personas por corrupción, incluidos presidentes, expresidentes y miembros de la élite empresarial.

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Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de la organización de derecha extrema Fundación Contra el Terrorismo y fue sancionado en 2021 por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio debido a su “demora y obstrucción” de procesos penales de alto impacto de acuerdo con sus intereses, al igual que Falla, también parte de la entidad.

Santizo había declarado el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han manifestado esta semana su “preocupación” por la persecución de fiscales en Guatemala.

Estados Unidos afirmó el miércoles mediante un comunicado que está “profundamente preocupado” por lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público, bajo el liderazgo de la fiscal general y jefa de la entidad, Consuelo Porras.

La fiscal general guatemalteca también fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos al señalarla de “obstruir” casos de alto impacto.

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La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.

Sin embargo, la entidad desapareció en 2019 después de que el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), ordenara su clausura mientras dos de sus familiares eran investigados en un caso por corrupción estatal.

Al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país centroamericano, según afirmó el miércoles uno de ellos, el exlíder de la lucha anticorrupción en Guatemala Juan Francisco Sandoval, radicado en EE. UU. desde 2021.

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Los señalados guatemaltecos son:

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara: exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana: diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado: exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez: exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros: expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera: magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España: diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana: excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle: abogado.
10. Moises Eduardo Galindo Ruiz: abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez: abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo: empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz: director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya: exjuez Tercero Penal.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio: excandidato presidencial.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez: viceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila: exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas: exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales: diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel: magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

El secretario de Estado Antony Blinken se pronunció respecto a la publicación. “Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, aseguró el funcionario del Gobierno de Joe Biden.

Today we take another step in the fight against corruption in Guatemala, Honduras, and El Salvador by announcing visa restrictions on corrupt and undemocratic actors. Corruption undermines democracy and public trust. Better governance means a better future.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, dijo que esta era una lista esperada y que no se sabía era los nombres de las personas allí incluidas y los criterios que tomó Estados Unidos para incluir a esas personas.

Explicó que serán las personas incluidas en la lista las que tendrán que exponer lo que piensan de ello, pero que el Gobierno de Guatemala no hace ninguna comunicación al respecto.

Reacciones de algunos señalados

El diputado Boris España es uno de los connacionales incluidos en el listado de sospechosos de corrupción de EE. UU., y dijo que las políticas de los gobiernos son de respetar. “Afortunadamente Estados Unidos es un país democrático, un país donde se privilegian las leyes y lógicamente es responsabilidad de cada una de las personas que han sido señaladas poderse también defender, argumentar las defensas del porqué de las acusaciones”.

España, quien había sido sancionado por EE. UU. el 17 de junio pasado como sospechoso de corrupción, tiene negada la entrada a ese país al igual que su esposa Liliana María Umaña Lemus de España; su hija, Karol Andrea España Umaña; y su hijo menor.

El congresista dijo que ahora debe contactar abogados, investigar e informarse de cuáles son las razones -de su inclusión en esa lista- para poder desvanecerlas en su momento.

Rechaza argumentos

Afirmó que es necesario conocer las argumentaciones y los procedimientos para desvanecer esa sanción moral.

Expresó que hasta el momento no se saben cuáles son las razones por las que cada persona fue incluida en el listado.

Rechazó los argumentos en los que se basa la lista de EE. UU. y afirmó que cada persona tiene derecho a desvanecerlos en un sistema de Derecho.

El diputado afirmó que acá e las cortes de justicia de Guatemala ha logrado desvanecer los procesos por los cuales ha sido señalado en su momento, la construcción de un hospital que nunca se hizo y la un ca y aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, que según él no votó favorablemente.

“Para mí es un honor”

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien también es señalado en la lista Engel, dijo en un video publicado en sus redes sociales que se enteró, con mucha satisfacción, que su nombre fue incluido en la lista Engel por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Para mí significa un enorme honor el haber sido incluido en esa lista debido a mi lucha en favor de nuestros veteranos de guerra, por hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno y también debido a los graves señalamientos y ciertos señalamientos que he hecho en contra de operadores corruptos del sistema de administración de justicia como Juan Francisco Sandoval -jefe de la Feci-, el juez Miguel Ángel Gálvez, la jueza Yassmin Barrios, la jueza Erika Aifán, y el juez Pablo Xitumul”.

Dijo que lo que hizo el Departamento de Estado es una condecoración, que acepta con mucho orgullo y que la decisión de Estados Unidos es la de un país soberano, que puede hacer lo que quiera con sus leyes y que es libre de autodestruir su sociedad como lo está haciendo actualmente, porque eso está haciendo el gobierno demócrata.

Mi inclusión en el listado del @StateDept y la @usembassyguate por defender a nuestros veteranos de guerra y señalar a operadores de justicia corruptos, es el más alto honor que he recibido. pic.twitter.com/8oCAv0AFTk

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) July 1, 2021

Raúl Falla Ovalle, abogado de dicha fundación también figura en la lista de EE. UU. y se le menciona por aparentemente retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

Puntualizó que no puede cuestionar la lista o refutarla, porque la lista es hecha en un ejercicio de soberanía de EE. UU.

Dijo su labor ha sido para defender la soberanía del país y del Estado de Derecho y que han denunciado a jueces, magistrados y fiscales y que prueba de ello es que Orlando Salvador López, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos está preso

Además,  que Thelma Aldana, exfiscal general del MP, tiene dos órdenes de captura “está huyendo en Estados Unido, por denuncias que puso dicha fundación. Además, que van accionando penalmente contra el fiscal Sandoval por el caso Odebrecht.

También reconoció que ha defendido a varios militares vinculados a violaciones de a derechos humanos durante el conflicto armado, pero que lo ha ejercido como su facultad profesional.

Agregó que la lista de Estados Unidos es administrativa y no significa que haya sido vencido en algún proceso y que únicamente servirá para uso en ese país y que aparecer en ella es un honor y una alta condecoración.

“Nadie se muere por ir a Estados Unidos y a nadie le interesa una lista. En Guatemala no tengo ningún proceso penal abierto”, afirmó Falla, quien concluyó que continuará con su trabajo.

Un orgullo ser el primer particular (no funcionario público ni ex) a quien el imperio yankee incluye en una lista pretendiendo acallar y evitar que siga denunciando a los corruptos protegidos por el @StateDept . Seguiré con mayor ímpetu promoviendo la defensa institucional. pic.twitter.com/y4bWtF6PG6

— Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) July 1, 2021

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El 24 de agosto pasado el Ministerio Público pidió la reserva parcial del caso, esa protección fue respaldada por la defensa de Sinibaldi y avalada por el juez Miguel Ángel Gálvez.

La reserva se dispuso debido a que la publicación de alguna información podría vulnerar el proceso.

El 4 de septiembre pasado, Méndez-Ruiz publicó un tuit en cual contenía una imagen del oficio  No. 432-2020 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Delitos Menores y Faltas,  Anexo B de la zona 18 de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El oficio, del 2 de septiembre del 2020, está dirigido a Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, y le informan que en respuesta a su solicitud le envían el reporte diario de visitas al privado de libertad Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.

En la imagen se observa que el 1 de septiembre Sinibaldi fue visitado por el juez Miguel Ángel Gálvez y por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Según Méndez-Ruiz, ese informe demuestra que el juez y fiscal “violaron el principio de inmediación procesal, el cual obliga a las partes a reunirse solamente en un juzgado”.

El 5 de septiembre, a través de Twitter, Méndez Ruiz también publicó que presentaría una denuncia contra Sandoval y el juez Gálvez, por haberse reunido ilegalmente con Sinibaldi.

“No estoy obligado a guardar secreto”

Este 8 de septiembre, Méndez-Ruiz respondió a la acción del juez Gálvez de ordenar que se le investigue y publicó en Twitter el siguiente mensaje:

“Bienvenida la denuncia de Miguel Ángel Gálvez, que es una respuesta a la denuncia que presenté ayer en su contra, por reunirse en secreto con Sinibaldi en la cárcel. No soy parte del proceso. No estoy obligado a guardar secreto por los abusos del juez y de Juan Francisco Sandoval”.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Alejandro Sinibaldi está señalado en cinco procesos

1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
3. Odebrecht
4. Transurbano
5. Caso Arca

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Las denuncias contra Sandoval señalan que el fiscal no tenía la facultad de acordar con personeros de Odebrecht el monto de resarcimiento al país luego de que la empresa pagó sobornos a funcionarios guatemaltecos para obtener contratos millonarios en el país.

Estas denuncias, que incluye un señalamiento por la reunión de Sandoval y otros investigadores con el entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en El Salvador, Iván Velásquez el 22 de octubre de 2018, fueron desestimadas en el 2019 por la Fiscalía de Asuntos Internos, luego de una investigación que incluyó una citación a Sandoval.

Sandoval interpuso una recusación contra Moto en la que adujo enemistad, por la cual el juez no debía conocer la petición de la Fundación.

“He tratado de resolver según mi experiencia, la interpretación -de la ley-, y las facultades que me da la ley para resolver cada caso. Si es favorable, que bueno, pero si es adversa, hay mecanismos -para impugnar-, puede que se revierta o se confirme”, dijo Moto.

El juez estima que no hay enemistad grave entre Sandoval y él y que sus resoluciones no han afectado al órgano investigador. “No he resuelto de esa manera porque es el Ministerio Público (MP) o es Feci”, aseguró.

“He analizado los casos y en cada uno está la respuesta, no hay una resolución que me diga que no puedo conocer casos de Feci. Hay abogados que no pueden letigar aquí, por mí, o con ningún juzgado, ni en Villa Nueva ni en Mixco por resolución de sala que acepta la causa para conocer casos”, agregó.

Petición

Raúl Falla, abogado de Méndez Ruiz, indicó que se retomen las denuncias contra Sandoval y que están en contra de tres acuerdos de colaboración que fueron documentados por el fiscal y Eva Sosa el 6 de septiembre de 2017 en Sao Paulo, Brasil.

“Nos oponemos a que se desestime la denuncia porque el patrimonio del Estado fue afectado”, expresó.

De acuerdo con Falla, el fiscal habría actuado en contra de la Constitución, “abusando de su cargo, usurpó atribuciones y cometió el delito de representación ilegal” al firmar esos convenios, pues argumentó que la ley penal se puede aplicar en el territorio nacional y no se puede extender fuera de las fronteras, “se violentó la soberanía”.

El abogado indicó que la Procuraduría General de la Nación ha denunciado las inconsistencias relacionadas a la fianza del caso Odebrecht que no fue ejecutada.

Después de la intervención de Falla, correspondió a la fiscal de Asuntos Internos, Angela Gudiel, exponer sus puntos al respecto, quien explicó que los convenios de colaboración eficaz fueron homologados por la jueza que dirigió la investigación.

“El juez es el encargado de vigilar que no se violen las garantías y los convenios están en el expediente, no se están ocultando”, explicó.

Agregó: “Cada diligencia del fiscal Sandoval y de la Feci puede ser verificada, el juez que vigilaba la investigación y que evaluó los medios de investigación estaba enterado. La denuncia señala que Sandoval se robo una personería que no le corresponde, pero Sandoval fue nombrado y designado en 2017 para investigar el caso”.

Gudiel pidió a Moto que confirme la resolución del 22 de octubre de 2019 que desestima la denuncia de Méndez Ruiz por no constituir delitos los hechos señalados. “Con la investigación se puede verificar que la participación de Sandoval fue en aras de llegar a la verdad histórico de un hecho que investigó la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, reiteró.

El representante de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Estado, indicó que en su momento la institución no fue comunicada sobre los convenios de colaboración y no se les extendieron copias de esos documentos y pidió que se ordene al MP que continúe con la investigación penal contra Sandoval.

Indicó que debe nombrarse un fiscal especial para asegurar que haya una investigación objetiva.

Luego de la exposición de la abogada de Sandoval, Claudia González, para oponerse a la petición de la Fundación, quien explicó que el jefe de la Feci “fue el encargado de la investigación penal contra una organización criminal. El fiscal se sujeto a la ley en cuanto a los convenios de colaboración y que el tema de la reparación al Estado se conoce en otra fase del proceso”.

Moto aplazó su resolución para las 15 horas de este 28 de enero. Sin embargo, a esa hora, citó para el miércoles 29, a las 11 horas.

El caso

El 22 de julio de 2019 el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante, condenó a Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo por este caso, y a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años.

“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó entonces Barrios.

El Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con el país el 13 de diciembre del 2012 para dar mantenimiento y ampliar la CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones 361 mil 901.65.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Sinibaldi, supuesto líder de la organización criminal, habría negociado con los directivos el 7.5% como soborno del monto total que el Estado le pagaría a la empresa por la carretera.

La obra inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta 2016 cuando se conoció el caso de corrupción. El avance fue de 54% y para recibir los sobornos, Sinibaldi habría ordenado a los ya sentenciados que firmaran documentos para abrir cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.

Según las pesquisas, Odebrecht transfirió US$17.9 millones a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, según la investigación de la Feci y la ahora inhabilitada Cicig.

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