Rafael Curruchiche, destituido este 20 de mayo como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), llegó al Ministerio Público hace más de una década y desde agosto del 2021 estuvo al frente de esa fiscalía, unidad creada para investigar estructuras criminales y corrupción de alto impacto en Guatemala.

En días recientes, el nuevo fiscal general Gabriel García Luna anunció la liquidación de la unidad, argumentando pérdida de credibilidad de esa fiscalía. Seguidamente se vino la destitución de quien fue parte del círculo cercano de Consuelo Porras Argueta.

Curruchiche fue nombrado jefe de la Feci el 3 de agosto de 2021 por la entonces fiscal general Consuelo Porras, luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval.

Su nombramiento en la Feci ocurrió apenas 11 días después de la destitución de Sandoval, una decisión que generó fuertes críticas nacionales e internacionales. Diversos medios y organizaciones señalaron que bajo su dirección, la fiscalía cambió el enfoque de investigaciones anticorrupción hacia casos cuestionados por supuesta persecución política.

Antes de asumir la jefatura de la Feci, Curruchiche se desempeñaba como jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Había llegado a esa unidad en 2016 y fue nombrado jefe en 2019, tras sustituir a Óscar Schaad.

De acuerdo con registros públicos, Curruchiche inició su carrera dentro del Ministerio Público en fiscalías municipales de Malacatán, San Marcos, y Rabinal, Baja Verapaz, antes de ser trasladado a fiscalías especializadas.

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Casos bajo la gestión de Curruchiche

Entre los casos de más impacto dirigidos por Curruchiche al frente de la Feci figura el denominado “Corrupción Semilla”, relacionado con supuestas irregularidades en la conformación del partido Movimiento Semilla.

Las acciones de la fiscalía incluyeron allanamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y solicitudes judiciales que buscaron suspender la personalidad jurídica de la agrupación política en medio del proceso electoral de 2023.

La FECI también encabezó investigaciones contra magistrados y personal del Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en actas, sistemas informáticos y afiliaciones partidarias.

Desde que Curruchiche asumió la jefatura de la Feci en el 2021, la fiscalía quedó a cargo de varios casos de alto impacto político, judicial y mediático. Estos son algunos de los más relevantes:

• Caso “Corrupción Semilla”: probablemente el expediente más mediático de la gestión de Curruchiche. La Feci investigó supuestas irregularidades en la conformación del partido Movimiento Semilla, incluyendo firmas falsas y financiamiento no reportado. En julio del 2023 la fiscalía pidió la suspensión de la personalidad jurídica del partido durante el proceso electoral.
• Investigaciones contra magistrados y personal del TSE: derivadas del caso Semilla, la Feci realizó allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral y presentó señalamientos sobre el sistema informático electoral y posibles anomalías en actas y afiliaciones.
• Solicitudes de retiro de inmunidad contra Bernardo Arévalo: ya durante el gobierno de Arévalo, la Feci promovió acciones para retirarle la inmunidad presidencial por supuestos abusos de autoridad relacionados con decisiones administrativas.
• Caso UNOPS: Curruchiche también presentó el caso “UNOPS: Corrupción Presidencial”, una investigación en la que señalaba al exministro de Salud, Óscar Cordón, así como a otros funcionarios y personas vinculadas al gobierno de Arévalo, por supuestas anomalías y posibles hechos de corrupción en un convenio millonario entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de medicamentos e insumos médicos. El expediente profundizó la confrontación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, cuyos funcionarios denunciaron que las acciones de la fiscalía respondían a una estrategia de persecución política contra la actual administración.
• Caso contra Jose Rubén Zamora: la Feci encabezó la investigación y acusación contra el fundador de elPeriódico por lavado de dinero. Zamora fue capturado en julio de 2022 y condenado en 2023, aunque el caso fue ampliamente cuestionado por organizaciones internacionales y entidades de libertad de prensa.
• Procesos contra abogados y exfiscales anticorrupción: durante la gestión de Curruchiche, la Feci impulsó casos contra exintegrantes de la Cicig y antiguos fiscales anticorrupción, varios de los cuales salieron al exilio. Entre ellos figuraron investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, incluyendo al extitular de la fiscalía Juan Francisco Sandoval.
• Caso Odebrecht reactivado contra exfuncionarios de Cicig y el MP: la FECI promovió órdenes de captura y señalamientos contra antiguos investigadores del acuerdo de colaboración con Odebrecht, incluyendo solicitudes contra el excomisionado Iván Velásquez y la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo. Finalmente, las órdenes terminaron por ser desestimadas el 13 de abril de este año.

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De fiscalía anticorrupción a la persecución política

La Feci evolucionó desde una unidad fiscal creada en el 2008 como parte del acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato era investigar estructuras criminales y redes de corrupción de alto impacto infiltradas en el Estado.

Durante el trabajo conjunto entre la Cicig y el MP se investigaron alrededor de 120 casos emblemáticos, entre ellos el caso La Línea, que derivó en la condena del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Tras la salida de la comisión internacional en 2019, la Feci continuó operando únicamente bajo la estructura del MP.

Parte de los expedientes investigados durante la etapa de la Cicig no tuvieron continuidad o terminaron con desestimaciones y cierres de casos. En varios de esos procesos, las resoluciones judiciales no fueron apeladas por la fiscalía, lo que permitió que implicados recuperaran su libertad o quedaran desligados de los señalamientos sin mayor seguimiento.

Paralelamente, el MP impulsó investigaciones contra antiguos integrantes de la Feci y exmiembros de la Cicig, y entonces comenzaron cuestionamientos nacionales e internacionales por el rumbo de varias investigaciones y por los procesos impulsados contra exfiscales, jueces, periodistas y operadores de justicia que posteriormente salieron al exilio denunciando persecución política.

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