Guatemala cerró el 2025 con un crecimiento del 4.7% del índice mensual de actividad económica (Imae), y varios sectores se preparan para atender una demanda extraordinaria por la Semana Santa y la realización de la Copa del Mundo 2026.

Empresarios y exportadores en Guatemala reaccionaron con cautela tras la anulación de aranceles por parte de EE. UU. y el anuncio de un nuevo tributo del 10%. Además, aún se espera claridad sobre la aplicación del Acuerdo de Comercio Recíproco.

El aumento en el precio de la gasolina en México ha impulsado el contrabando de combustible desde Guatemala por el río Suchiate. El impacto potencial sobre la población y el ambiente es crítico, porque un solo incidente puede desencadenar una tragedia, refieren entidades especializadas.

Las redes de contrabando que operan entre Guatemala y México se adelantaron para abastecer el mercado, luego de un inicio de año con poco movimiento.

La Junta Monetaria redujo de 3.75% a 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria durante su primera sesión del año, con lo cual inicia el ciclo en 2026. La decisión se sustentó, en parte, en que se han disipado los choques de oferta que afectaban los precios.

Una delegación de empresarios del sector agrícola no tradicional, afectados y excluidos del Acuerdo Recíproco Arancelario entre Guatemala y Estados Unidos, realizará una visita como parte de los esfuerzos por restablecer las condiciones para el sector.

En pausa se quedó el dictamen favorable a la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, por parte de la Comisión de Economía del Congreso, que lo postergó para el lunes 23 de febrero.

Cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala movilizaron más de Q5 mil millones. Una de ellas, el tráfico ilícito de migrantes generó ganancias por Q3 mil millones, según el último informe del Gafilat sobre las modalidades reveladas en el 2023-2024.

El informe del Gafilat detalla que una estructura vinculada al tráfico ilícito de migrantes movilizó entre US$104 millones y US$416 millones entre 2020 y 2023.

El informe del Gafilat expone una estructura de empresas sin capacidad técnica que adjudicaban proyectos de obra pública y triangulaban fondos para simular actividad económica. El esquema incluyó adjudicaciones menores a Q90 mil, retiros en efectivo y transferencias al extranjero sin respaldo tributario.