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Asesinato de Solórzano Foppa, fugas e incursiones reavivan alertas sobre controles y posible infiltración en fuerzas de seguridad
Las irregularidades en la actuación de siete policías tras el asesinato del exfiscal y otros hechos recientes llevan a especialistas a analizar las fallas de control y los riesgos de infiltración del crimen en las instituciones de seguridad.
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Investigadores recaban indicios en el lugar donde fue asesinado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro el sábado 17 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre del 2026 en el Campo Marte, zona 5 capitalina, dejó en el centro de los cuestionamientos la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC).
Siete agentes fueron señalados de posibles irregularidades; abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte ilegal de armas de fuego.
El presidente Bernardo Arévalo afirmó que los policías habrían colocado evidencias contra los detenidos. La PNC también reconoció fallas en la cadena de mando y hubo cambios en la cúpula policial.
Para Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal de la PNC, este caso debe analizarse junto con otros episodios que reflejan los golpes del crimen organizado contra el Estado y la seguridad nacional.
“Al hacer un recuento de operaciones y asesinatos a gran escala, es obvio que las probabilidades de que exista una infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones de Seguridad y Justicia son sumamente altas”, afirmó.
El exfuncionario considera que el Consejo Nacional de Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad deben cumplir las funciones que establece la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y trabajar con el Ministerio Público para identificar posibles infiltraciones y colaboradores. Sostiene que de lo contrario, sin esa coordinación, "será imposible contener el crimen y seguirá cada vez mas escaladas de criminalidad y asesinatos en el país".
Para analizarlo citó diversos hechos, entre ellos las incursiones armadas en zonas fronterizas, la fuga de pandilleros de Fraijanes II, el robo de armamento militar y los ataques contra agentes policiales, entre otros episodios.
Velasco también advierte que la respuesta de las instituciones ante estas situaciones es determinante para recuperar la confianza pública.
“La experiencia nos confirma que una institución que se autodepura es una institución que se fortalece, la que hace lo contrario se destruye y pierde toda credibilidad”, señaló.
Riesgos para las instituciones
Mario Mérida, exdirector de Inteligencia del Ejército y analista de seguridad, también considera que debe contemplarse la posibilidad de que el crimen organizado busque penetrar las instituciones responsables de combatirlo.
“Definitivamente hay que pensar en esta posibilidad, porque el crimen organizado se esfuerza para lograr penetrar y cooptar las instituciones responsables de su contención. La cercanía de los hechos acontecidos en los alrededores de instalaciones militares o sedes policiales, indica el poco temor o respeto hacia la autoridad”, indicó.
A su juicio, la pérdida de credibilidad puede convertirse en una pérdida de legitimidad y afectar la moral del personal que cumple con su misión institucional.
“La pérdida de credibilidad termina por convertirse en pérdida de legitimidad, afectando la moral del personal mayormente comprometido con la visión y la misión institucional”, explicó.
Mérida considera que los ataques y hechos violentos cerca de instalaciones militares y policiales reflejan vulnerabilidades en la autoridad del Estado.
También señala que el control de las zonas fronterizas no ha alcanzado un nivel óptimo.
Sin embargo, no todos los especialistas consideran adecuado generalizar a partir de todos los hechos. Julio Camó, criminólogo y fundador de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), sostiene que cada caso debe investigarse de manera individual.
“Es bien difícil y bastante complicado que se pueda generalizar a toda la institución”, afirmó.
Sobre el caso Campo Marte, Camó plantea revisar los procedimientos policiales, entrevistar a los agentes y sus superiores, verificar las cámaras de vigilancia y establecer dónde ocurrió la falla y cómo llegó el arma al lugar donde fue localizada.
Para el criminólogo, la investigación debe determinar responsabilidades individuales, sin atribuir las actuaciones de algunos agentes a toda la PNC.
Una cadena de vulnerabilidades
Los cuestionamientos de los especialistas se producen en un contexto de distintos hechos que han puesto a prueba la seguridad estatal. Entre ellos figuran una incursión en La Mesilla, Huehuetenango, en junio del 2025; la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad de Fraijanes II, en octubre de ese año; y el robo de armamento del Comando Aéreo del Norte, en Petén.
También se registraron ataques atribuidos a estructuras del narcotráfico en la zona fronteriza entre Huehuetenango y San Marcos, enfrentamientos en San José Las Lágrimas, Esquipulas, y hechos violentos en Huité, Zacapa. A estos episodios se suman los motines y ataques contra agentes policiales en enero del 2026, que dejaron 11 policías muertos, y el ataque informático contra la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
Aunque estos sucesos tienen circunstancias y posibles responsables distintos, según los analistas consultados, muestran desafíos en el control territorial, la custodia de armamento, la seguridad penitenciaria y la capacidad de anticipar amenazas.
Para Camó, precisamente, una de las principales debilidades está en la inteligencia y su capacidad para anticiparse a los hechos.
“Inteligencia no está anticipándose. […] ¿Qué está haciendo inteligencia? Esa es la pregunta”, cuestionó.
El criminólogo considera que los cambios deben comenzar por la cúpula policial y continuar con procesos de formación, fortalecimiento de la ética institucional y aplicación de medidas disciplinarias o penales cuando correspondan. No obstante, advierte que una depuración generalizada de los más de 50 mil agentes activos de la PNC no sería adecuada sin respetar la presunción de inocencia y el derecho al trabajo.
Controles en el Ejército
Las preocupaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de las fuerzas de seguridad y estructuras criminales también han sido abordadas por el Ministerio de la Defensa.
El ministro Henry Sáenz afirmó, en una entrevista el 6 de mayo del 2026, que la cooperación de Estados Unidos permitiría realizar pruebas científicas a oficiales, especialistas y tropas para verificar posibles vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, no se han detallado públicamente el alcance de esas evaluaciones, la cantidad de militares examinados ni sus resultados.
En otra entrevista con Prensa Libre, el 21 de octubre, Sáenz aseguró que existe coordinación entre la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Digici y la Inteligencia Militar. También explicó que solicitó al grupo militar estadounidense nombres de oficiales con quienes pudiera trabajar, no listados de militares señalados de tener vínculos criminales.
El ministro defendió los cambios en los mandos del Ejército como parte de un proceso para despolitizar la institución y aseguró que las promociones responden a criterios de mérito y antigüedad.
El desafío institucional
Los especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer los controles y la capacidad de respuesta de las instituciones, planteando identificar posibles colaboradores del crimen organizado y advirtiendo sobre los riesgos de pérdida de legitimidad. Camó insiste en investigar cada caso por separado y establecer responsabilidades individuales.
El reto para las autoridades, coinciden, es determinar dónde fallaron los controles y evitar que las estructuras criminales vulneren o utilicen las instituciones encargadas de combatirlas.
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